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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00289-01

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00289-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación del Ministerio de Hacienda y la petición de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la ARL Positiva Compañía de Seguros, por los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. TERCERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Sandra Milena Fonseca Silva. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991. QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2023-00289-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

7 de septiembre de 2023

Demandante: Sandra Milena Fonseca Silva
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander y otros
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00289-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00289-01
Demandante: SANDRA MILENA FONSECA SILVA
Demandados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
SANTANDER Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – revoca y en su lugar declara improcedente
– requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver los recursos de impugnación presentados por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander contra la sentencia proferida en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, el 7 de julio de 2023.
En ese fallo se accedió a las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La señora Sandra Milena Fonseca Silva interpuso acción de tutela contra la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga. La
peticionaria consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la salud, a la vida, integridad
personal e igualdad.

1.2. Pretensiones

2. Con base en lo anterior, la accionante solicitó:

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y, en
consecuencia:

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1

Demandante: Sandra Milena Fonseca Silva
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander y otros
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00289-01

SEGUNDO: Ordenar al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander y al Director Ejecutivo Seccional de Administración
Judicial y/o quien corresponda, que habilite el funcionamiento con calidad del aire
acondicionado centran de los juzgados del circuito de Bucaramanga, en su
defecto, se asigne un aire acondicionado al Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Bucaramanga que me garantice ejercer mis actividades laborales en condiciones
dignas. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia1:

3. La señora Sandra Milena Fonseca Silva es empleada de la Rama Judicial y
labora como escribiente en el Juzgado 6.º Civil del Circuito Judicial de
Bucaramanga. Despacho que cuenta con una planta de 7 personas distribuidos en
cubículos.

4. La accionante indicó que el aire acondicionado es compartido para su
funcionamiento desde una central con otros despachos judiciales2. Sin embargo,
aquel no funciona correctamente.

5. La señora Sandra Milena narró que para finales del mes de junio de 2023 el
calor es extremo, al punto que su rendimiento laboral se ha visto afectado porque
tiene que trabajar en la sede judicial bajo altas temperaturas y sin circulación de
aire.

6. Finalmente, indicó que el juez titular del despacho judicial en el que trabaja
ha solicitado en 13 oportunidades que sea habilitado el servicio de aire
acondicionado, sin resultado positivo al respecto.

1.4. Fundamentos de la solicitud

7. La señora Sandra Milena Fonseca consideró que las autoridades
demandadas desconocieron sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, a la salud, a la vida, integridad personal e igualdad.

8. Para fundamentar sus reproches, en primer lugar, la accionante indicó que
las altas temperaturas que debe soportar al interior del despacho judicial en el que
trabaja afecta su condición psicológica, pues le produce crisis de ansiedad que la
obligan a pedir ayuda y asistir a la enfermería del palacio de justicia en donde se le
ha indicado que su frecuencia cardiaca es alta.

1
Este apartado se desarrolla a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y los elementos de
convicción que obran en el expediente digital que reposa en SAMAI.
2
Juzgados 1.º, 2.º, 3º., 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º Civil del Circuito de Bucaramanga.

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Santander y otros
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9. En segundo lugar, señaló que el encierro sin circulación de aire y el exceso
de calor tienen un efecto directo en su condición de salud, reflejando síntomas como
sudor excesivo, deshidratación, mareo, migraña, náuseas y confusión, los cuales
también tienen sus compañeros de trabajo.

10. Finalmente, la accionante expuso que las funciones para las cuales fue
contratada no pueden ser desarrolladas en su lugar de trabajo porque no se
garantiza condiciones dignas debido al calor extremo que debe soportar y la falta
de ventilación del despacho judicial en el que labora debido al mal funcionamiento
del aire acondicionado.

1.5. Trámite de la acción de tutela

11. Mediante auto del 26 de junio de 2023, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar al
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, así como a la Procuraduría
Judicial 159 II Delegada en Asuntos Administrativos.

12. Además, se dispuso la vinculación del Ministerio de Salud y Protección
Social, de la Secretaría de Salud Municipal de Bucaramanga, de la ARL Positiva
Compañía de Seguros y de los Juzgados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º
Civiles del Circuito Judicial de Bucaramanga.

13. Posterior a ello, el juez de tutela de primer grado, mediante auto del 28 de
junio de 2023, requirió a la Dirección Seccional de Administración Judicial para que
remitiera con destino a este proceso constitucional copia del informe técnico de
mantenimiento realizado por la empresa INCOMS3 al aire acondicionado central de
los despachos judiciales; y a la ARL Positiva Compañía de Seguros para que
informara sobre la visita realizada a las instalaciones de los juzgados y de las quejas
y peticiones que por el tema del aire acondicionado se hayan radicado en el año
2023.

1.6. Intervenciones

14. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:

3
Contratista encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para
los equipos de aire acondicionado, según contrato No. BGA-106 de 2022 suscrito entre esta empresa
y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.

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1.6.1. Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Bucaramanga4

15. Los Juzgados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º Civiles del Circuito rindieron
informe y coadyuvaron las pretensiones de la demanda presentada por la señora
Sandra Milena Fonseca Silva.

16. Los titulares de los Juzgados coinciden en afirmar que trabajan en espacios
cerrados, que no permiten la apertura de ventanas debido al exceso de ruido en la
calle y bajo condiciones climáticas hostiles debido a las altas temperaturas; y que
no cuentan con ventilación por la falta de funcionamiento del aire acondicionado
instalado en dichas instalaciones.

17. Sobre el mal funcionamiento del aire acondicionado, algunos titulares de los
Juzgados indicaron que desde el año 2018 a la fecha5 han solicitado a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga el arreglo del aire
acondicionado sin que a la fecha hayan obtenido una respuesta positiva.

18. Los titulares de los despachos judiciales indicaron que las circunstancias
narradas afectaron negativamente las condiciones de salud de los servidores
judiciales, quienes se han visto sometidos a un aumento de la presión arterial,
deshidratación, dolor de cabeza, mareos constantes y fuertes salpullidos.

19. Por lo anterior, los titulares de los Juzgados solicitaron que se habilitara el
funcionamiento en debidas condiciones del aire acondicionado central para que se
brinde una ventilación de calidad y de forma permanente a todas las dependencias
que cubre ese sistema de ventilación, pues incluso algunos de ellos han tenido que
comprar ventiladores con sus propios recursos los cuales deben permanecer
encendidos produciendo ruido que genera contaminación auditiva. En su defecto
solicitaron que se asignen aires acondicionados individuales para cada juzgado
involucrado que garantice el ejercicio de las actividades de todos los servidores
judiciales en condiciones dignas.

20. Por otro lado, el Juzgado 1º Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga indicó
que debido a la alta congestión del despacho en procesos antiguos que no fueron
digitalizados y que deben estudiarse físicamente para atender el plan de
descongestión implementado, impone la asistencia a las instalaciones. Además,
4
Obran informes a índices 9, 11, 12, 13, 23, 24, 27, 28, 30 y 34 SAMAI.
5
Obran las siguientes peticiones: i) el 2 de noviembre y el 27 de septiembre de 2018 por el Juzgado
4º Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga; y ii) el 13 de febrero de 2020 por los funcionarios de los Juzgados 1º, 2º,
3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º Civiles del Circuito Judicial de Bucaramanga. Índice 34 SAMAI.
También, obran peticiones del 1º, 29, 31 de mayo, 5 de junio de 2023 y del 26 de junio de 2023
presentada por los Juzgados 1 y 2º Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga en la que solicita que se habilite el
servicio de aire acondicionado. Índice 30 SAMAI.
Finalmente, obran peticiones del 18 de mayo, 13 de junio y 4 de julio de 2023 presentada por el
Juzgado 6º Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga en las que solicitó el arreglo del aire acondicionado, el cual
no funciona desde el 2018.

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4

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señaló que, en esa oficina judicial, no se acreditó la totalidad de requisitos exigidos
por las normas que regulan la materia para hacer uso de la modalidad de teletrabajo.

21. Finalmente, el Juzgado 6º Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga allegó
un memorial del 30 de junio de 2023 de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga en la que esta entidad le informó que «la
fecha en la que quedará en funcionamiento el aire acondicionado, una vez el equipo
técnico realice las actividades autorizadas con cargo al contrato BGA-106-2022,
cuya fecha se aclara es el 30 de julio de 2023».

1.6.2. Funcionarios del Juzgado 6º Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga6

22. Los funcionarios del despacho judicial rindieron informe en el que indicaron
que coadyuvan la acción de tutela. Esto, porque tal como lo expuso la accionante
desde hace varios años se viene presentando una problemática de calor extremo
en el despacho judicial en el que trabajan, lo que ha desembocado en deficientes
condiciones laborales que afectan su salud. Así, indicaron que han tenido
constantes dolores de cabeza, subidas de tensión, mareos, entre otros síntomas.

23. Además de lo anterior, indicaron que desde el año 2018 han presentado
numerosas solicitudes a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bucaramanga con el fin de lograr una solución al mal funcionamiento del aire
acondicionado del palacio de justicia. No obstante, a la fecha persiste tal
problemática.

1.6.3. Consejo Seccional de la Judicatura de Santander7

24. La entidad accionada rindió informe en el que solicitó que se declarara su
falta de legitimación en la causa por pasiva. Esto, porque no le corresponde atender
lo pretendido por la accionante, lo cual le corresponde a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga de conformidad con el
artículo 103 de la Ley 270 de 19968.

1.6.4. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga9

25. La entidad accionada rindió informe en el que solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela. Esto, porque no se encuentra configurado un

6
Índice 17 SAMAI.
7
Índice 10 SAMAI.
8
ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Corresponde al Director
Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes,
directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes
funciones: (…)
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y
responder por su correcta aplicación o utilización.
9
Índice 26 SAMAI.

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perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional y que
comporte la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante. Máxime cuando lo que pretende la tutelante es incidir en las
competencias legales de esa Corporación previstas en el artículo 103 de la Ley 270
de 1996.

26. Como sustento de su defensa, la entidad accionada indicó que no cuenta con
el personal para efectuar el mantenimiento de aires acondicionados. Por esto,
celebró el contrato No. BGA.106-2022 con la empresa INCOMS el cual se encuentra
en ejecución y cuyo objeto es la prestación del servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo incluidos repuestos para los equipos de aire acondicionado instalados
en los despachos judiciales y oficinas seccionales de Bucaramanga.

27. Dicho lo anterior, la entidad indicó que el 30 de junio de 2023 recibió por parte
del contratista INCOMS un informe en el que se da cuenta del estado actual en el
que se encuentra el aire central instalado en el palacio de justicia de Bucaramanga,
en concreto, en el tercer piso donde están las oficinas en las que funcionan los
Juzgados Civiles vinculados a este proceso.

28. Luego, la entidad demandada informó que el contenido del oficio del 30 de
junio de 2023 fue puesto en conocimiento del Juzgado 6º Civil del Circuito Judicial
de Bucaramanga mediante mensaje de datos enviado ese mismo día, en el que
además le indicó a ese despacho judicial que «la fecha en la que quedará en
funcionamiento el aire acondicionado, una vez el equipo técnico realice las
actividades autorizadas con cargo al contrato BGA-106-2022, es el 30 de julio de
2023».

29. Dicho lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional indicó que ha efectuado
los trámites pertinentes para dar solución a los inconvenientes presentados
respecto del aire acondicionado central que surte al referido Juzgado. Además,
señaló, que la entidad presenta un cumulo de solicitudes referentes al
mantenimiento del aire acondicionado que obliga a la Dirección Seccional a
determinar la necesidad respectiva para el tiempo de intervención, conforme a los
recursos materiales, económicos10 y humanos con los que se cuentan.

1.6.5. ARL Positiva Compañía de Seguros11

30. La compañía de seguros rindió informe en el que solicitó su desvinculación
de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Esto,
porque no ha trasgredido los derechos fundamentales de la accionante aquí
reclamados.

10
Al efecto, mencionó que el presupuesto anual para los gastos de funcionamiento, inversión de la
Rama Judicial equivalen a $405.629.300.000.000. Esto, de conformidad con lo previsto en la Ley
2276 de 2022, por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
11
Índice 25 SAMAI.

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31. En este punto, indicó que no le corresponde a la ARL realizar algún tipo de
obra o adecuación de instalaciones, toda vez que ello, es de responsabilidad del
empleador, limitándose su función como administradora de riesgos laborales a los
servicios de asesoría y acompañamiento en el sistema de gestión y seguridad y
salud en el trabajo que ha desarrollado diligentemente atendiendo a las necesidades
del empleador.

32. De otro lado, la compañía vinculada informó que el 2 de marzo de 2022 llevó
a cabo la asesoría para la inspección de seguridad industrial en las instalaciones
del palacio de justicia de Bucaramanga en la que evidenció un disconfort térmico en
las oficinas del palacio de justicia en las que se encuentran los Juzgados 1º al 9
Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga. Por esto, le solicitó al Consejo Seccional
de la Judicatura, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a dichas
instalaciones. La ARL adjuntó con su informe, el acta de la visita realizada en la
fecha en comento.

33. Finalmente, la ARL indicó que, de acuerdo con lo manifestado por la
accionante en su escrito de tutela, respecto a su estado de salud, no obra ningún
reporte de accidente de trabajo o enfermedad laboral ante esa compañía.

1.6.6. Oposición de la accionante12

34. La señora Sandra Milena Fonseca Silva presentó escrito en el que se opuso
a lo expresado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga. En aquel, insiste en que el objeto de la acción de tutela es la
protección de sus derechos fundamentales, los cuales se han visto vulnerados dado
que no cuenta con las condiciones laborales dignas para ejercer sus laborales.

35. La accionante indicó que tanto su nominador, como ella junto con otros
compañeros del despacho han solicitado desde el 2018 el arreglo del aire
acondicionado, sin que a la fecha se haya dado respuesta favorable a su
requerimiento.

36. Además, la peticionaria indicó que, si bien la entidad accionada indicó que el
aire acondicionado quedaría funcionando el 30 de julio de 2023, lo cierto es que no
existía ninguna garantía para que ello ocurriera debido al estado de abandono en el
que se encuentran los equipos.

37. La Secretaría de Salud del municipio de Bucaramanga, el Ministerio de Salud
y de la Protección Social y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, pese a que
fueron notificadas guardaron silencio.

12
Índice 25 SAMAI.

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1.7. Fallo impugnado13

38. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 6 de julio de
2023 14,15 , declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado integrante
de esa sala de decisión y aceptó la coadyuvancia de los Jueces 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º, 9º y 10º Civiles del Circuito Judicial de Bucaramanga. Luego, de ello, resolvió:

TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Sandra Milena
Fonseca Silva a la administración de justicia, la salud y al trabajo digno vulnerados
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga, conforme
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Bucaramanga que, a más tardar el día (02) de agosto de 2023 rinda un informe
sobre el mantenimiento de la evaporadora detallando si por parte del contratista se
garantiza el funcionamiento del aire acondicionado central que surte el aire fresco
a las oficinas ubicadas en el tercer piso 314-315-316-317-318-319-320-322-323
del Palacio de Justicia, ello en el marco de la ejecución del contrato BGA-106-
2022.

Si posterior a dicho mantenimiento correctivo, se concluye que el daño persiste se
otorgará el término de 6 meses contados a partir del vencimiento del término
anterior, para que se adelante las gestiones financieras y administrativas
correspondientes para la adquisición de un nuevo aire acondicionado central o
individuales, según sea el caso, garantizando que al interior de las oficinas se
mantenga una temperatura ambiente dentro de los límites normales para el
desarrollo de las actividades laborales.

QUINTO: ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
decisión implemente la modalidad de trabajo en casa que, permita a los servidores
judiciales de los despachos judiciales aquí mencionados desempeñar las
funciones o actividades laborales desde su casa o domicilio, privilegiando el uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los medios informáticos
o análogos, respetando el horario y la jornada laboral el derecho al descanso y la
desconexión laboral de los servidores judiciales hasta tanto se supere la situación
excepcional causada por las altas temperaturas al interior de las oficinas y salas
de audiencias.

39. Como fundamento de la decisión, el Tribunal Administrativo de Santander, en
primer lugar, encontró que las temperaturas máximas en la ciudad de Bucaramanga

13
Índice 35 SAMAI.
14
Si bien en la titulación de la decisión se indica que la fecha es del 6 de junio de 2023, se advierte
en el aplicativo SAMAI así como en la notificación de esta decisión, que aquella se adoptó el 6 de
julio de 2023. Esta decisión fue notificada el 7 de julio de 2023.
15
El Juzgado 10º Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga solicitó que se adicionara el fallo de
primer grado para incluir a la oficina 421 del palacio de justicia en donde se encontraba ubicado esa
oficina judicial, pues en aquella tampoco funciona el aire acondicionado. A su vez, el Consejo
Seccional de la Judicatura solicitó la modulación del fallo de tutela en cuanto a la orden contenida
en el numeral 5º bajo el principio de «ad impossibilia nemo tenetur». Sin embargo, estos
requerimientos fueron negados por el Tribunal Administrativo de Santander en auto del 17 de julio
de 2023.

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llegan a los 29º C.16, razón por la que la peticionaria y coadyuvantes han
implementado el uso de ventiladores, apertura de puertas y ventanas en los
despachos que cuentan con esa posibilidad. Sin embargo, tales medidas no son
efectivas pues de una parte los ventiladores sin corrientes de aire fresco recargan
el ambiente y de otra el ruido de la parte exterior del palacio de justicia dificulta el
desarrollo de las actividades diarias repercutiendo en afecciones a la salud y el
rendimiento laboral.

40. En segundo lugar, el juez de tutela de primera instancia consideró preciso
contar con un sistema de aire acondicionado y ventilación adecuada para el buen
desempeño de las funciones laborales de los servidores judiciales, más cuando está
acreditado que desde el año 2020, los jueces civiles del circuito de Bucaramanga a
través de peticiones formales han solicitado a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial atender la situación referida a la falta de aire.

41. En este punto, el Tribunal Administrativo de Santander resaltó que, según las
pruebas allegadas, algunas peticiones elevadas ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bucaramanga no son atendidas en los términos previstos
en la Ley 1715 de 2015.

42. En tercer lugar, el juez de tutela de primer grado trajo a colación la Resolución
No. 2400 de 197017 en la que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social clasificó
como riesgo en los establecimientos del trabajo la temperatura y se estableció que
era obligación de los empleadores renovar el aire de manera constante18.

43. Sin embargo, el Tribunal de primera instancia encontró que tal condición no
se cumple en las instalaciones donde labora la accionante ni los servidores
judiciales de los demás Juzgados por depender de un aire acondicionado que se
encuentra fuera de servicio hace más de 3 años.

44. Además de lo anterior, el Tribunal de primera instancia indicó que con
fundamento en esta regulación debe precaverse o aminorarse las enfermedades
causadas por las altas temperaturas como el salpullido, los calambres, el edema, la
tetania, el sincope, el agotamiento, el golpe, entre otros. Sin embargo, aquello
tampoco se cumple en el caso concreto, pues algunos de los servidores judiciales
que coadyuvan esta acción de tutela aducen padecer tales enfermedades y refieren
dificultad en la realización del trabajo y aumento de los riesgos de trastornos
derivados de la exposición al calor.

45. Por los motivos aquí indicados, el juez de tutela de primera instancia
consideró que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga
vulneró los derechos fundamentales a la administración de justicia, a la salud y al

16
Esta situación que rebasa la temperatura ambiental que de acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud (en adelante OMS) debe oscilar entre 18º y 24º.
17
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.
18
Artículo 70 de la Resolución en cita.

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trabajo digno de los servidores que deben acudir a las instalaciones ubicadas en el
tercero piso del palacio de justicia de esa ciudad.

1.8. Impugnaciones

1.8.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Santander

46. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander impugnó la decisión de
primer grado19. Esto, debido a que, en su sentir, le es imposible cumplir la orden
contenida en el numeral 5º del fallo de primera instancia, ya que no es el encargado
de autorizar el teletrabajo a los servidores judiciales. Lo anterior porque de
conformidad con el Acuerdo PSCJA22-12024 del 14 de diciembre de 202220 los
servidores judiciales pueden acceder a la modalidad de teletrabajo previo acuerdo
de voluntades con el nominador.

47. Por otro lado, la entidad demandada mencionó que escaló ante la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga la necesidad urgente de
solucionar los espacios de trabajo en tanto se espera el arreglo de los aires
acondicionados.

48. Por los motivos aquí expuestos, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander solicitó la revocatoria de la decisión de primer grado, debido a que se
encuentra imposibilitado de dar cumplimiento al fallo de tutela emitido.

1.8.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga

49. A su turno, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga impugnó la decisión de primera instancia21, por los siguientes
motivos.

50. En primer lugar, acompañó el argumento esgrimido por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander de que le es imposible a esa entidad cumplir el
numeral 5º del fallo de tutela recurrido. Esto, porque desborda sus competencias
legales, pues el encargado de reglamentar el teletrabajo es el Consejo Superior de
la Judicatura, de conformidad con lo señalado en los Acuerdos PCSJA22-12024 del
14 de diciembre de 2022 y PCSJA23-12042 del 1º de febrero de 2023.

51. En segundo lugar, la entidad demandada señaló que es imposible el
cumplimiento de la orden dada en el numeral 4º del fallo de tutela de primer grado.
Esto, porque dicha decisión desborda las competencias legales asignadas a la
Dirección Seccional, pues al hacer esta entidad parte del presupuesto general de la
Nación, la cartera que asigna las partidas presupuestales es el Ministerio de

19
La entidad demandada presentó escrito de impugnación el 12 de julio de 2023. Índice 41 SAMAI.
20
Por el cual se establece la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial.
21 La entidad demandada presentó escrito de impugnación el 13 de julio de 2023. Índice 42 SAMAI.

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Hacienda y Crédito Público y, a su vez, el presupuesto anual asignado a la Rama
Judicial es distribuido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – nivel
Central.

52. Por lo expuesto, solicitó la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – nivel central.

53. En tercer lugar, indicó que discrepa de la decisión porque todas las
solicitudes elevadas por los funcionarios de los Juzgados 1º al 10º Civiles del
Circuito Judicial de Bucaramanga han sido resueltas por esa entidad, conforme a
los recursos materiales, económicos y humanos con los que se cuentan.

54. Reiteró que, a efectos de demostrar la ejecución de actividades de
mantenimiento de aires acondicionados, allegó los documentos contractuales que
dan cuenta de las actividades desplegadas por el correspondiente contratista
conforme al cronograma de trabajo.

55. En consecuencia, la entidad consideró que ha efectuado todos los trámites
pertinentes para dar solución a los inconvenientes presentados respecto al aire
acondicionado central del tercer piso del palacio de justicia de Bucaramanga. Por
esto, reiteró que presenta un exorbitante cúmulos de solicitudes referentes al
mantenimiento de aires acondicionados, entre otros asuntos de competencia del
Área Administrativa de esa Seccional que la obliga a determinar la necesidad
respectiva para el tiempo de intervención, conforme a los recursos materiales,
económicos y humanos con los que se cuentan, y que corresponde a la fecha de
radicación de la solicitud, es decir, se van efectuando los mantenimientos
correctivos, según el orden de llegada, insistiendo que aquellos están sujetos a la
disponibilidad de recursos del contrato en ejecución.

56. En cuarto lugar, la entidad impugnante reiteró todos los argumentos
expuestos en el informe rendido en primera instancia. Por lo anterior, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga solicitó que se
revocara la decisión de primer grado y, en su lugar, pidió que se declarara
improcedente la presente acción de tutela.

1.9. Trámite de segunda instancia

57. El despacho ponente de esta decisión mediante auto del 1º de agosto de
2023 ordenó la vinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
nivel central. Además, se solicitó a las entidades demandadas que rindieran un
informe sobre el estado del mantenimiento y funcionamiento del aire acondicionado
que surte aire fresco a las oficinas ubicadas en el tercer piso del palacio de justicia
de Bucaramanga.

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1.9.1. Intervenciones en segunda instancia

58. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (nivel central)

59. La entidad vinculada rindió informe en segunda instancia en el que solicitó su
desvinculación porque no tiene legitimación en la causa por pasiva. Esto, por cuanto
la función de adelantar las labores necesarias para el correcto funcionamiento de
todos los despachos judiciales del país fue desconcentrada en las Direcciones
Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial, entidades que, además, actúan
como ordenadores del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan.

60. En consecuencia, la entidad vinculada indicó que el presente asunto es de
pleno conocimiento y competencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga, pues tiene a su cargo la administración
del despacho judicial en el que labora la accionante, así como de la infraestructura
donde funciona la sede judicial.

61. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga

62. El 2 de agosto de 2023, la entidad demandada rindió un informe en el que
señaló que requirió al contratista INCOMS para que realizara las actividades
correspondientes de mantenimiento preventivo y correctivo del aire central que surte
de aire fresco a las oficinas ubicadas en el tercer piso del palacio de justicia de
Bucaramanga.

63. Posterior a ello, el 10 de agosto de 2023, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga allegó a este trámite tutelar un informe
suscrito por el contratista INCOMS en el se indicó que no le resultaba posible
garantizar el funcionamiento del aire acondicionado central que surte de aire fresco
a las oficinas ubicadas en el tercer piso del palacio de justicia; y el registro
fotográfico que da cuenta de los arreglos que se están realizando.

64. Por ello, la entidad demandada señaló que existían situaciones que excedían
su voluntad, ya que el mantenimiento y reparación del equipo del aire central
ubicado en el tercer piso del palacio de justicia de Bucaramanga se encuentra a
cargo del contratista en el marco del desarrollo del objeto contractual BGA-106-
2022.

65. Luego, en escrito allegado el 29 de agosto de 2023, la entidad demandada
informó que el contratista se encuentra realizando las labores de mantenimiento de
aires acondicionados.

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66. Juzgado 6º Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga

67. La autoridad judicial coadyuvante rindió informe en segunda instancia en el
que indicó que a la fecha en que presenta el memorial (9 de agosto de 2023) el aire
acondicionado seguía sin funcionar.

68. El titular del Juzgado también informó que no se han adelantado las
actividades de los ductos del aire acondicionado, circunstancia previa que se debe
realizar para la puesta en funcionamiento del aire.

69. Luego, el 28 de agosto de 2023, el titular del juzgado en el que se encuentra
adscrito la accionante informó que el aire acondicionado seguía sin funcionar, lo que
hacía adversa la realización de las actividades laborales debido al calor que deben
soportar, lo cual, en su criterio, torna indigna su labor de administrar justicia.

70. Asimismo, indicó que a pesar de abrirse las ventanas que dan hacia la calle,
el flujo de aire fresco en esencia es nulo; y que las medidas de teletrabajo tampoco
son idóneas porque en el mejor de los casos deben asistir a la oficina 2 días a la
semana, luego deben igual someterse por lo menos 2 veces a la semana a las
adversas condiciones laborales.

71. Sandra Milena Fonseca Silva

72. La accionante remitió los oficios emitidos por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial que dan cuenta que desde el 2018 tienen conocimiento
sobre el defectuoso funcionamiento de los aires acondicionados del palacio de
justicia de Bucaramanga.

73. El Consejo Superior de la Judicatura pese a que fue notificado en segunda
instancia de la presente acción tutela22, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

74. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de
la acción de tutela presentada por la señora Sandra Milena Fonseca Silva. Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1.
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 2019.

22
Índice 13 SAMAI.

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2.2. Cuestiones previas - Solicitudes de vinculación y desvinculación

2.2.1. Solicitudes de desvinculación

75. La Sala encuentra que la ARL Positiva Compañía de Seguros solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional. Sin embargo, se negará tal
petición, pues en su condición de administradora de riesgos laborales de la Rama
Judicial, le asiste un interés en el trámite de la acción constitucional. Máxime cuando
en ejercicio de sus competencias, le corresponde entre otras cosas, ejercer la
vigilancia y control en la prevención de los riesgos profesionales de las empresas
que tengan afiliadas, en este caso, la Rama Judicial23, como en efecto lo hizo con
la inspección realizada el 2 de marzo de 2022 a las instalaciones del palacio de
justicia de Bucaramanga.

76. A su vez, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central
solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela. Sin embargo, la Sala
tampoco accederá a tal petición.

77. Lo anterior, porque considera que le asiste un interés en las resultas de este
proceso constitucional, pues es el órgano técnico y administrativo que tiene a su
cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial24. Esto, sin
desconocer que la Ley 270 de 1996 estableció la desconcentración de aquellas
funciones en las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial,
pues se torna imposible que desde el nivel central se puedan atender los
requerimientos de cada despacho judicial que se encuentre dentro del territorio
nacional. Así, en el caso concreto, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga como su par a nivel seccional, tiene a su
cargo la administración del despacho en el que trabaja la accionante, así como de
la infraestructura donde funciona la sede judicial.

23 Decreto Ley 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema

General de Riesgos Profesionales.
ARTÍCULO 56. Responsables de la prevención de riesgos profesionales. La Prevención de Riesgos
Profesionales es responsabilidad de los empleadores.
Corresponde al Gobierno Nacional expedir las normas reglamentarias técnicas tendientes a
garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población en general, en la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Igualmente le corresponde ejercer la vigilancia
y control de todas las actividades, para la prevención de los riesgos profesionales.
Los empleadores, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el
programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, son responsables de
los riesgos originados en su ambiente de trabajo. Las entidades administradoras de riesgos
profesionales, por delegación del estado, ejercen la vigilancia y control en la prevención de los
riesgos profesionales de las empresas que tengan afiliadas, a las cuales deberán asesorar en el
diseño del programa permanente de salud ocupacional.
24
Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia.
ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL. La
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su
cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas
y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

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78. Por los motivos antes expuestos, la Sala negará las solicitudes de
desvinculación presentadas por la ARL Positiva Compañía de Seguros y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel central.

2.2.2. Solicitud de vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

79. Esta Sección encuentra que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga solicitó en el escrito de impugnación la
vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, tal petición
no tiene vocación de prosperar.

80. Al respecto, esta cartera no es la llamada a responder por las presuntas
vulneraciones a los derechos fundamentales invocados por la parte accionante; ni
tampoco le corresponde adelantar ninguna labor para el correcto funcionamiento
del aire acondicionado ubicado en el tercer piso del palacio de justicia de
Bucaramanga.

81. Además de lo anterior, esta Sección no pasa por alto que de conformidad con
el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 le corresponde al Director Seccional de la
Rama Judicial ejercer conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del
Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial como ordenador del gasto
para el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.

82. También es preciso indicar que la Rama Judicial goza de autonomía y cuenta
con un presupuesto propio, el cual es asignado anualmente en la Ley del
presupuesto general de la Nación25. Por tal razón esta cartera no tiene injerencia en
el presente asunto.

83. Por lo anterior, la Sala no accederá a la petición de vinculación del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga.

2.3. Legitimación en la causa

84. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

2.3.1. Legitimación en la causa por activa

85. La Sala advierte que la señora Sandra Milena Fonseca Silva se encuentra
legitimada en la causa por activa. Esto, porque en su condición de empleada

25
De acuerdo con la Ley 2276 de 2022 «por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023»,
la Rama Judicial cuenta con un presupuesto de $726.909.850.000.oo.

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judicial26 adscrita al Juzgado 6º Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga consideró
desconocidos sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la
salud, a la vida, integridad personal e igualdad.

86. Lo anterior, debido al mal funcionamiento del aire acondicionado al interior
del juzgado donde labora y del cual tienen conocimiento las autoridades
demandadas desde el 2018. Según la accionante, dicha falla ha afectado su estado
físico y mental, pues debe desarrollar las actividades propias de su cargo en un
espacio sin la ventilación adecuada y bajo altas temperaturas.

87. No cabe duda, por lo tanto, de que la solicitud de amparo, al estar
encaminada a la protección de los derechos cuya titular es la propia peticionaria en
su condición de empleada judicial, se encuentra legitimada en la causa por activa.

2.3.2. Legitimación en la causa por pasiva

88. La Sala encuentra que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander se
encuentran legitimadas en la causa por pasiva. Lo anterior, porque de aquellas
autoridades se desprende la posible vulneración de los derechos fundamentales de
la accionante.

89. En efecto, como viene de decirse, la señora Sandra Milena Fonseca Silva
consideró que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales,
debido a que, en el marco de sus competencias, desde el 2018 tienen conocimiento
del mal estado de aire acondicionado que surte el tercer piso del palacio de justicia
de Bucaramanga –lugar donde se encuentra el despacho en el que actualmente
trabaja–; y pese a ello, no han realizado las actuaciones tendientes a lograr su
correcto funcionamiento, lo cual es necesario para el desarrollo cotidiano de sus
labores debido a las altas temperaturas de la ciudad de Bucaramanga.

90. Por lo anterior, la Sala negará la solicitud presentada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander consistente en que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva.

2.4. Previo a plantear el problema jurídico, la Sala considera pertinente indicar
que no se pronunciará sobre las coadyuvancias presentadas en primera instancia,
pues fueron aceptadas en la decisión de primer grado y sobre aquellas no hubo
reproche alguno por parte de los impugnantes.

26
Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia.
ARTÍCULO 125. DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL SEGUN LA NATURALEZA DE
SUS FUNCIONES. Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones
Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que
ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades
administrativas de la Rama Judicial. La administración de justicia es un servicio público esencial.

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2.5. Problema jurídico

91. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y los
recursos de impugnación presentados, esta Sala debe determinar si confirma,
modifica o revoca el fallo de primera instancia. Para tales efectos, se resolverán el
siguiente problema jurídico:

• ¿El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga vulneraron los
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la salud, a la
vida, a la integridad personal e igualdad de los servidores judiciales que
trabajan en las oficinas ubicadas en el tercer piso del palacio de justicia de
Bucaramanga donde actualmente funcionan los Juzgados Civiles del Circuito
de esa ciudad? Esto, por el mal funcionamiento del aire acondicionado que
se encuentra allí y que afecta el desarrollo de las actividades judiciales,
debido al disconfort térmico27 al que se ven sometidos por las altas
temperaturas de la ciudad de Bucaramanga.

2.6. Naturaleza de la acción de tutela

92. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

93. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.7. Procedencia de la acción de tutela en este asunto

94. Como se mencionó, el artículo 86 de la Constitución Política condiciona la
procedibilidad de toda acción de tutela a que solo procederá cuando el afectado «no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como un
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Lo anterior implica que
su ejercicio solo es procedente de manera subsidiaria, es decir, cuando no sea

27
El disconfort térmico es la sensación de incomodidad que experimenta el organismo humano
cuando permanece en condiciones ambientales de calor o frío y los mecanismos fisiológicos de
termorregulación propios no permiten que se mantenga el equilibrio térmico. Instituto Nacional de
Salud de los Trabajadores. “Estrés térmico, salud y confort laboral. Apuntes sobre estrés térmico,
salud y confort laboral”. Página 12. 2016. Disponible en
https://www.paho.org/es/documentos/estres-termico-salud-confort-laboral

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posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

2.7.1. Análisis del requisito de subsidiariedad

95. En el presente caso, se tiene que la accionante acudió a la presente acción
constitucional, debido a que en las instalaciones donde labora, esto es, el Juzgado
6º Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga ubicado en el tercer piso del palacio
de justicia de Bucaramanga, el equipo de aire acondicionado no funciona, teniendo
que soportar altas temperaturas, lo cual atenta contra su salud y la de sus
compañeros que coadyuvan esta solicitud de amparo.

96. Sin embargo, la Sala considera que no se cumple con el requisito de la
subsidiariedad, ya que, para las pretensiones descritas en la presente solicitud de
amparo cuenta con el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos (acción popular) consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política
y la Ley 472 de 199828, por los motivos que se pasan a exponer.

97. En efecto, el artículo 4º de la Ley 472 de 1998 proscribe que son derechos e
intereses colectivos, entre otros los siguientes:

Artículo 4º. Derechos e intereses colectivos. Son derechos e intereses colectivos,
entre otros, los relacionados con:

(…)
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

98. Al respecto, esta Corporación, en relación con el derecho de acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, ha sostenido que
aquel esta ligado al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para
evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de
determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemia u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria29.

Constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido
general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las
contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el
caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos
colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario,
para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o
de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras

28
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 5 de
octubre de 2009. Rad. 19001-23-31-000-2005-00067-01.

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circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y
en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria.

99. Así, para esta sección, todo lo expuesto en la solicitud de amparo debe
estudiarse en el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos (acción popular), puesto que es en ese escenario judicial donde debe
surtirse el debate sobre la concreta vulneración al acceso a una infraestructura de
servicios, en este caso el palacio de justicia de Bucaramanga en condiciones que
garanticen la salubridad pública, es decir, libre de circunstancias que puedan afectar
la salud de la comunidad, como puede ocurrir con la exposición a altas
temperaturas30 sin posibilidad de ventilación y que la Sala no desconoce puede
conllevar a eventos de estrés térmico por calor31.

100. Además de lo anterior, la Sala no pasa por alto que en este caso
eventualmente se puede ver comprometido el derecho colectivo al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna32. Esto, debido a
que deben trabajar bajo altas temperaturas sin posibilidad de ventilación, razón por
la que la actividad judicial encomendada a los empleados judiciales se puede ver
afectada, razón por la que no puedan prestar de manera eficiente dado el disconfort
térmico al que se ven sometidos.

101. En efecto, el artículo 228 de la Constitución Política indica que la
administración de justicia es una función pública. A su vez, esta Corporación en una
interpretación armónica y sistemática del mandato constitucional, ha indicado que
la administración de justicia comporta el carácter de servicio y que por ello puede
tutelarse su prestación eficiente y oportuna en sede popular33. Al respecto, ha
indiciado:

Siendo los servicios públicos inherentes a la finalidad del Estado Social de
Derecho, resulta evidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la
Carta Política, en virtud del cual se consagra como fin esencial del Estado asegurar
la vigencia de un orden justo, que se tenga a la administración de justicia como un
servicio público, y por ende, sea susceptible de ser tutelada mediante la acción
popular cuando se vean menoscabados intereses colectivos por la imposibilidad
de acceder a ella, o porque su prestación es ineficiente o inoportuna. (Subrayado
fuera de texto).

30
Según los reportes de la página web del IDEAM, la temperatura máxima en la ciudad de
Bucaramanga, a la fecha de esta providencia llega a los 31 ºC, lo cual como lo indicó el Tribunal de
primer grado, rebasa la temperatura ambiental ideal. De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) debe oscilar entre 18 y 24ºC.
31
El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su
cuerpo, como resultado de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan,
la actividad física que realizan y la ropa que llevan puesta. Cuando se acumula excesivo calor en el
cuerpo, éste puede causar diversas alteraciones y efectos patológicos en el individuo. Apuntes sobre
estrés térmico, salud y confort laboral”. Página 12. 2016. Disponible en
https://www.paho.org/es/documentos/estres-termico-salud-confort-laboral.
32
Previsto en el literal j) del Artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 10 de
marzo de 2011. Rad. 52001-23-31-000-2005-00908-01 (AP).

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102. Luego entonces, es claro concluir que la parte accionante cuenta con otro
medio de defensa judicial idóneo para evitar un daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre el derecho colectivo denominado
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública o de
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, por
los motivos antes mencionados.

103. Así las cosas, la procedencia de la acción de tutela se supedita a la eficacia
de esta acción para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable, en razón de
las particularidades del caso y los elementos de juicio obrantes en el expediente.

104. Sobre este último punto, pese a que, en la acción de tutela, la señora Sandra
Milena Fonseca Silva afirmó que la procedencia excepcional de esta solicitud de
amparo obedece a las afecciones a la salud, en particular de su salud mental,
debido a que el estar trabajando bajo altas temperaturas le produce ansiedad; la
Sala no encuentra acreditada que precisamente aquella patología sea producto de
la exposición a las altas temperaturas en el despacho judicial en el que trabaja.

105. Al respecto, la accionante allegó junto con el escrito inicial el diagnostico del
7 de junio de 2023 dado por el médico general del Instituto del Sistema Nervioso del
Oriente – Clínica Psiquiátrica ISNOR en el que se consta que la señora Sandra
Milena Fonseca Silva padece de los trastornos «depresivo recurrente, episodio
moderado presente» y «trastorno de los hábitos y de los impulsos no especificado».
Sin embargo, no se indica la causa de aquellas enfermedades, como por ejemplo,
la exposición al calor durante un prolongado tiempo.

106. La Sala reitera34 que el alegado quebramiento del derecho fundamental no
debe ser hipotético, sino que debe ser demostrado en el trámite de la acción de
tutela o hallarse virtualmente amenazado, pues la regla 86 de la Carta dispone
«cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública».

107. Además de lo anterior, revisado el expediente, esta Sección no encuentra
ninguna situación grave e inminente que requiera la adopción de medidas
impostergables y urgentes para evitar que ocurra un daño irreparable y que amerite
la intervención excepcional del juez de tutela. Al respecto, no se desconoce que en
el palacio de justicia de Bucaramanga no funcionan el equipo de aire acondicionado
que surte las oficinas judiciales ubicadas en el tercer piso de dicho establecimiento.
Sin embargo, tal afectación inició en el 2018 (año en el que se reportaron los
primeros problemas) por lo que es evidente que el perjuicio alegado no es
irremediable o insoportable dado que la presente acción fue interpuesta 5 años
después de iniciado el problema.

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 27 de
julio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-00974-01.

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Demandante: Sandra Milena Fonseca Silva
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander y otros
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00289-01

108. En este punto, para la Sala es preciso indicar que la accionante ha dejado
transcurrir un término de alrededor 5 años desde el momento en que tuvo
conocimiento del mal estado del aire acondicionado que surte el despacho judicial
en el que actualmente trabaja la actora, quién dejó transcurrir un término más que
prudencial para iniciar la presente acción de tutela.

109. Por lo tanto, la inactividad de la accionante, deje entrever que no existe una
amenaza de los derechos fundamentales invocados por la accionante derivado del
mal funcionamiento del aire acondicionado; y es que de ser así, aquella se hubiese
presentado la solicitud de amparo en un lapso menor, con el fin precisamente que
se impartiera una orden de inmediato cumplimiento encaminada a la defensa actual
y cierta de los derechos en disputa, atendiendo a la eficacia de la acción de tutela.

110. Así las cosas, la Sala encuentra que en el presente asunto no se presenta un
perjuicio irremediable que amerite la intervención excepcional del juez de tutela
como garante de los derechos fundamentales, dado que no se advierte ninguna
circunstancia que dé cuenta de una grave e inminente vulneración de los derechos
fundamentales, al punto que se torne urgente e impostergable la actuación del juez
constitucional. Tanto es así, que la actora no acudió a la acción de tutela
inmediatamente presentado el problema, sino 5 años después.

111. Finalmente, esta Sección le recuerda a la accionante que tiene la alternativa
de solicitar en caso de que no lo haya hecho, ante su nominador, la posibilidad de
trabajar bajo la modalidad de teletrabajo prevista en el Acuerdo PCSJA22-12024
del 14 de diciembre de 202235. En dicho acto, se estableció esta alternativa laboral
que permite a los interesados desempeñar sus funciones mediante el uso de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones desde un lugar distinto a su
sitio habitual de trabajo, previo cumplimiento de los requisitos para tal fin36 y contar
con la anuencia de su nominador.

112. Por los motivos aquí expuestos, esta Sección encuentra que la acción de
tutela no es procedente, en tanto que no se cumple con el requisito de

35
El Acuerdo PCSJA23-12042 de 2023 modificó los artículos 1, 7 y 10 del Acuerdo PCSJA22-12024
de 2022 en el cual se establece la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial.
36
Artículo 7. Condiciones para acceder al teletrabajo. Pueden acceder al teletrabajo todos los
servidores judiciales vinculados en cargo de carrera, de libre nombramiento y remoción y de
descongestión, cualquiera que sea su forma de provisión, que cumplan las siguientes condiciones,
según corresponda:
a) desempeñar cargos o cumplir funciones que no demanden presencia física para la prestación del
servicio.
b) Tener un (1) año de antigüedad en la Rama Judicial, aún cuando sea de manera discontinua en
los últimos tres (3) años.
c) Los funcionarios judiciales deberán estar al día en el reporte de información del SIERJU y tener el
despacho a su cargo con un índice de evaluación parcial igual o superior al 80% conforme a la
publicación realizada por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura.

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Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander y otros
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subsidiariedad. Esto, por cuanto la acción de tutela no es procedente para la
defensa de los intereses colectivos37.

2.8. Conclusión

113. Por los motivos aquí expuestos, la Sala revocará la decisión de primer grado
y en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela, pues no encuentra
acreditado el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación del Ministerio de Hacienda y la
petición de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de
la ARL Positiva Compañía de Seguros, por los motivos expuestos en esta
providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de declaratoria de falta de legitimación en la causa
por pasiva presentada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.

TERCERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela presentada por la señora Sandra Milena Fonseca Silva.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

37
Al respecto, esta Sección en reciente oportunidad indicó: «los jueces de tutela deben declarar
improcedente las acciones formuladas para la defensa de intereses colectivos, salvo que se
demuestre un vinculo con un derecho fundamental individual. Esto es así porque la doctrina
constitucional ha reiterado esa postura en el sentido de evitar que mediante un trámite sumario, como
lo es la acción de tutela, se tramiten pretensiones que requieren el agotamiento de varias etapas
procesales para garantizar la protección de los intereses difusos en la sociedad y adoptar las
correspondientes medidas, que de ser el caso se ajusten a las necesidades de protección general».
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 27 de julio
de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-00974-01.

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Santander y otros
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ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/

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