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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06188-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06188-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Modifícase la sentencia de primera instancia de 1º de febrero de 2024 que declaró improcedente la acción de tutela y la falta de legitimación por activa del abogado Jesús Ricardo Mora Guerrero para representar a la señora María Inés Portillo de Maya. En su lugar, dispónese: 1º) Niéganse las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 2º) Declárase la falta de legitimación por activa del abogado Jesús Ricardo Mora Guerrero para representar a la señora María Inés Portillo de Maya, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06188-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de abril de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06188-01
Demandante: LIGIA ELSA CABRERA Y OTROS
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
ANÁLISIS DE DEFECTO FÁCTICO. NIEGA
PRETENSIONES

Síntesis del caso: los actores cuestionaron la sentencia de segunda instancia que revocó la
decisión que había accedido a las súplicas del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo por las aspersiones con glifosato que realizó la Policía Nacional en unos
cultivos de su propiedad. La Sala negará la acción de tutela porque no se incurrió en un defecto
fáctico, ya que la valoración de las pruebas fue razonable y conforme a la sana crítica.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 1 de febrero de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
en la que se decidió:

“PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA del abogado JESÚS RICARDO MORA GUERRERO para representar
a la señora MARÍA INÉS PORTILLO DE MAYA, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia”. (negrillas del original – archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 9 de octubre de 2023, la parte actora promovió proceso
de acción de tutela en contra de la sentencia de 17 de marzo de 2023, mediante el cual
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de
primer grado que había accedido a las pretensiones de la demanda de reparación de
perjuicios causados a un grupo y, en su lugar, negó las pretensiones.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06188-01
Actor: Ligia Elsa Cabrera y otros
Acción de tutela

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción los demandantes señalaron, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 9 de mayo de 2015, la Policía Nacional realizó varias aspersiones aéreas con
glifosato sobre varios cultivos ubicados en veredas pertenecientes al municipio de
Cumbitara (Nariño), lo cual conllevó a que estos se marchitaran, descompusieran y
murieran.

2) Tras observar el efecto dañino y residual del glifosato en sus cultivos, le solicitaron a
la Alcaldía Municipal de Cumbitara que realizara una visita técnica a cada uno de los
predios, razón por la cual la oficina Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
de la Alcaldía Municipal de Cumbitara (en adelante UMATA) fue a los predios de los
afectados y determinó la fumigación como causa del daño y que allí no existían
plantaciones ni rastrojos de cultivos ilícitos.

3) Promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
para que se le declarara patrimonialmente responsable al Estado por los perjuicios
derivados de la aspersión de glifosato sobre los cultivos de su propiedad.

4) Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Nariño
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a la Policía Nacional
al pago de una indemnización colectiva por los perjuicios ocasionados a la totalidad de
los demandantes.

5) El grupo demandante apeló para solicitar el reconocimiento de perjuicios inmateriales,
lucro cesante actual y futuro, por considerar que con los testimonios de los señores Ángel
Daniel Mesa Padilla, Gina Paola Hoyos Posso y Gloria Amparo Maya Portillo se logró
acreditar la afectación psicológica y emocional que sufrieron como consecuencia de la
fumigación de sus cultivos; en cuanto al lucro cesante, manifestaron su desacuerdo
debido a que el tribunal se limitó a reconocer perjuicios materiales sin hacer una
diferenciación entre lucro cesante y daño emergente.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06188-01
Actor: Ligia Elsa Cabrera y otros
Acción de tutela

6) La Policía Nacional también interpuso recurso de apelación en el que reiteró que el 9
de mayo de 2015 no se realizaron operaciones de aspersión aérea sobre la zona
supuestamente afectada, de modo que no era posible acreditar la relación causal entre
las afectaciones que sufrieron los cultivos y la posible conducta de la entidad, además,
carecían de legitimación en la causa por activa dado que en el proceso solo se probó la
posesión sobre los predios afectados, no la propiedad de los demandantes.

7) A través de sentencia de 17 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado revocó la decisión recurrida y, en su lugar, denegó las
pretensiones de la demanda con fundamento en que “las conclusiones a las que llegó el
ingeniero no están técnica o científicamente sustentadas, ni dan cuenta de su concepto
profesional respecto a la posible causa real de afectación de los cultivos, situación que
lleva a que el informe carezca de certeza y eficacia probatoria, por lo que resulta inútil
para demostrar los daños en que se soportaron las pretensiones de la demanda”.

Fundamentos de la vulneración

Los actores alegaron que, en la providencia de 17 de marzo de 2023, la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico con base en los
siguientes argumentos:

Desconoció que el ingeniero agrónomo de la UMATA, que hizo las visitas a los cultivos,
lo que rindió fue un informe técnico de lo que observó conforme con su misión y funciones,
que eran verificar los hechos objeto de la queja, por lo tanto, no se podía exigir que este
sustentara el informe como si se tratara de un peritaje basado en pruebas científicas.

Dicha prueba documental se practicó por autoridad administrativa que, por su naturaleza
pública, es ajena a los intereses de los demandantes, además, dicha probanza no fue
objetada ni controvertida.

Respecto de la manifestación expresa en las actas técnicas de visita sobre la causa de
los daños a los cultivos de propiedad según la cual “obedecen a una presunta fumigación
con glifosato realizadas en fecha del 9 de mayo de 2015”, no significaba que esta prueba
perdiera credibilidad y certeza para demostrar los daños de los cultivos; por el contrario,
se debe tener en cuenta que esos informes son técnicos, debido a que fueron emitidos

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06188-01
Actor: Ligia Elsa Cabrera y otros
Acción de tutela

por un profesional de la agronomía y, por tanto, debieron ser valoradas en su conjunto
con las pruebas testimoniales.

Lo antes expuesto, conllevó a que la autoridad judicial demandada incurriera en un error
de apreciación de los informes de visita, pues los confundió con un peritaje y, por ende,
exigió que debían ser acompañados con una prueba científica, con lo que desconoció
que el ingeniero que rindió el informe era un funcionario de la UMATA y sus afirmaciones
estuvieron sustentadas en lo que encontró en el lugar de los hechos1.

No se requiere siempre de pruebas técnicas o científicas para establecer una verdad,
puesto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 en casos similares ha
manifestado que las apreciaciones de los técnicos o científicos se consideran como
aspectos relevantes al proceso y en este caso lejos de oponerse o contradecirse, se
complementan con los aspectos fácticos no solo señalados en las mismas actas de visita,
sino con lo indicado en la prueba testimonial.

Además, no se valoraron los testimonios de los señores Gloria Amparo Maya, Yina Paola
Hoyos y Ángel Daniel Mesa Padilla, quienes afirmaron que efectivamente hubo una
fumigación de glifosato por parte de la Policía Nacional, así como los informes policiales
de fumigaciones e informes de quejas ante la UMATA que acreditaban que los cultivos
estaban sanos, no tenían enfermedades fitosanitarias y que no existía otra causa que les
generara la inmediata muerte o daño súbito, además, que los hechos ocurrieron de forma
unánime, similar y en la misma fecha, en sitios o veredas y cultivos de variedades
diferentes.

La sana crítica indica que los cultivos afectados tuvieron una causa común, uniforme, que
incluso afectó de igual forma las coberturas vegetales, sin que hubiere alguna causa
atribuible a plagas o enfermedades, las que incluso por reglas técnicas de la agronomía

1
“Esta prueba, es clara como indican las actas de visita, corresponde al informe de acuerdo al objeto de
su visita, que es la REVISION A CULTIVOS POR PRESUNTA FUMIGACION CON GLIFOSATO, para lo
cual se delegó al Ingeniero OMAR FELIPE ATIZ BERNAL funcionario de la UMATA, quien en sus informes
indica de forma técnica, ordenada, clara: La fecha de visita, nombre de finca, nombre del usuario, vereda
y precisa el objeto. Seguidamente relaciona los cultivos por su cantidad y área que tenía cada afectado y
describe los aspectos físicos que encontró. Relaciona lo que observó sobre los cultivos, que no tenían
evidencia de plagas o enfermedades; precisando con certeza los daños. De igual forma sobre la causa del
daño señala que: Los daños se atribuye a la presunta fumigación con glifosato realizada el 9 de mayo de
2015”.
2
Sentencia T-274 de 2012.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06188-01
Actor: Ligia Elsa Cabrera y otros
Acción de tutela

se sabe que no atacan de manera uniforme cultivos de variedades diferentes y menos
para la misma fecha.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“Primero. Tutelar los derechos fundamentales a LA IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO - DEFENSA CONTRADICION y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA y los demás derechos fundamentales que se consideren
vulnerados extrapetita a mis representados con el estudio de la presente acción.

Segundo. Como consecuencia, se ordene al H. Consejo de Estado – Sala De
Lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera – Subsección A, Consejera
Ponente Dra. MARÍA ADRIANA MARÍN, que realice el estudio de todas las
pruebas aportadas al proceso de forma conjunta y que resuelva lo que en
derecho corresponda en debida forma.

Tercero. Se tomen las medidas y ordenes que se consideren necesarias para
que cese la vulneración a los derechos invocados.

Cuarto. Se ordene al H. Consejo de Estado – Sala De Lo Contencioso
Administrativo- Sección Tercera – Subsección A, Consejera Ponente Dra.
MARÍA ADRIANA MARÍN, para que, en un término no mayor a 48 Horas, de
cumplimiento al fallo de tutela”.

Actuación procesal

Mediante auto de 27 de noviembre de 2023 la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados integrantes de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como la vinculación del
ministro de Defensa Nacional, el director de la Policía Nacional y los magistrados del
Tribunal Administrativo de Nariño con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 1 de febrero de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, toda vez que lo pretendido por los actores es que el juez constitucional
realice un nuevo examen de la situación fáctica y jurídica del caso, con la finalidad de que
se acoja la interpretación que propusieron.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06188-01
Actor: Ligia Elsa Cabrera y otros
Acción de tutela

Por otra parte, declaró la falta de legitimación por activa del abogado Jesús Ricardo Mora
Guerrero para representar a la señora María Inés Portillo de Maya.

Impugnación

La parte actora sostuvo que, contrario a lo manifestado en el fallo impugnado, la acción
de tutela sí reviste relevancia constitucional por cuanto no se analizaron de forma correcta
los informes de la UMATA ni se valoraron en forma conjunta con los testimonios de las
señoras Gloria Amparo Maya, Yina Paola Hoyos y el señor Ángel Daniel Meza Padilla.

A su juicio, tales testimonios coadyuvaron y confirmaron los datos consignados en las
respectivas actas de visitas técnicas realizadas, dado que fueron coherentes y llevaron a
un pleno convencimiento de los hechos en modo y tiempo.

En tal sentido, tanto el fallo cuestionado como el impugnado mantienen caprichosamente
el error de interpretación debido a que se enfocaron en analizar las actas de visita
levantadas por la UMATA, pero nada dijeron respecto de la prueba testimonial que debía
ser valorada de manera conjunta con lo plasmado en dichas actas.

Así las cosas, teniendo en cuenta la indebida valoración probatoria o la falta de valoración
o pronunciamiento de un medio de prueba (testimonios), la acción de tutela tiene
relevancia constitucional con el fin de verificar si dichos testigos merecen o no el valor
probatorio que en derecho corresponda.

En cuanto a la exigencia de una prueba científica sostuvo que no existe tarifa legal en
nuestra legislación colombiana, por lo tanto, en su condición de población vulnerable y
por pertenecer al sector rural, únicamente contaban con la dependencia administrativa
de la UMATA de ese municipio, por tanto, acudieron bajo el principio de buena fe a valorar
y reconocer los daños de sus cultivos y, por consiguiente, no estaban en la obligación de
aportar una prueba científica como le fue exigido por la autoridad demandada pues, la
UMATA -como unidad de asistencia técnica- tiene la capacidad documentadora de
certificar los daños, tal como lo hizo en el presente asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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Actor: Ligia Elsa Cabrera y otros
Acción de tutela

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, 3) análisis de
los requisitos específicos de procedibilidad, 4) caracterización del defecto fáctico y 5)
análisis del defecto fáctico en el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 17 de marzo de 2023.

Análisis de los requisitos específicos de procedibilidad

Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de
la inmediatez3; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de

3
La providencia cuestionada fue notificada el 12 de abril de 2023 y la acción de tutela se presentó el 9 de
octubre de 2023, esto es, dentro de los seis meses razonables determinados por la jurisprudencia
constitucional.

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manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia no se pronunció sobre
unas pruebas y le otorgó al informe técnico un carácter que no tiene, argumentos que no
constituyen una reiteración de lo discutido por el juez natural de la causa si se considera
que la decisión de primera instancia inclusive había sido más favorable a la parte actora.

a. Caracterización del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito específico de
acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional4 ha reconocido
que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i) ignorar
o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del
proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.

Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración por
completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya sea
(iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
invocado por las siguientes razones:

Análisis del defecto fáctico en el caso concreto

1) En términos generales, la parte actora alegó la configuración de un defecto fáctico
porque la autoridad judicial accionada desconoció que lo rendido por el ingeniero

4
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-041 de 2018, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.

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agrónomo de la UMATA, quien hizo las visitas a los cultivos, fue un informe técnico y no
un dictamen pericial, de ahí que no se le podía exigir que fuera sustentado en pruebas
científicas porque lo rindió con base en lo que “observó” y percibió en los predios.

2) Además, que si bien en dichas actas se consignó que el daño “presuntamente” pudo
provenir de las aspersiones ello no quiere decir que esa prueba carezca de certeza para
demostrar el daño.

3) Aunado a ello, consideró que no se valoraron los testimonios de los señores Gloria
Amparo Maya, Yina Paola Hoyos y Ángel Daniel Mesa Padilla.

4) No obstante, una vez revisado el expediente del proceso ordinario, la Sala advierte
que no es cierto, como lo afirma la parte demandante, que la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado haya confundido el “informe técnico” rendido por el
ingeniero Agrónomo de la UTAMA con un “dictamen pericial” y que esa confusión la haya
llevado a exigir una prueba o sustento científico.

5) Por el contrario, en la decisión cuestionada se reconoció de manera expresa, puntual
y con base en jurisprudencia de esta Corporación que la información consignada en los
informes elaborados por el ingeniero, que fueron el resultado de las inspecciones
oculares del lugar de los hechos, gozaban de presunción de autenticidad y permitían
inferir un alto grado de confianza respecto a su carácter técnico; no obstante, teniendo
en cuenta que el profesional no explicó las razones que lo condujeron a esas
conclusiones, la metodología científica que empleó ni las pruebas o exámenes que hizo
a los cultivos, los mismos no constituían prueba idónea que permitiera evidenciar la mera
afirmación de que el daño de los cultivos se debió al glifosato, en los siguientes términos:

“Por lo anterior, la Sala considera que el hecho de que la Umata del
municipio de Cumbitara hubiera certificado la elaboración de los
documentos aportados con la demanda, y, además de ello, al momento de
solicitarle información con respecto a la aspersión de glifosato ocurrida el
9 de mayo de 2015, hubiera aportado copia exacta de los certificados
originales allegados por los demandantes, permite darle plena validez a
esta prueba por informe.

Aclarado lo anterior, se observa que, si bien, la información consignada en
los informes elaborados por el ingeniero agrónomo adscrito a la Umata,
en principio, se presume auténtica y permite inferir un alto grado de
confianza respecto a su carácter técnico; lo cierto es que, de la evaluación
realizada a los citados documentos, bajo los criterios de la sana crítica y
las reglas de la experiencia, es dable concluir que las afectaciones

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alegadas por los demandantes no se sustentan en un documento concreto
que permita evidenciar el daño con carácter de certeza. Lo anterior, por
cuanto los informes rendidos, como resultado de la visita e inspección al
predio de cada uno de los integrantes del grupo, solo destacan las
características físicas que el ingeniero observó en la zona y en los
cultivos; sin embargo, no existe prueba idónea que permita evidenciar que
el funcionario constató científicamente las condiciones por las que se
generó la afectación que anotó haber observado; además, no explicó las
razones técnicas que lo llevaran a esas conclusiones, pues se limitó a
anotar las características físicas de los cultivos, que a simple vista se pueden
observar, restándole así credibilidad al experticio, ya que no refleja el
concepto propio de un experto, ni la metodología científica que permita
esclarecer los puntos objeto de análisis. En efecto, las conclusiones del
ingeniero están fundamentadas en supuestos fácticos, cuyo sustento es
lo dicho por terceros, por cuanto afirma que «los daños se atribuyen a una
presunta fumigación con glifosato realizada en fechas desde el 9 de mayo
de 2015».

Por lo anterior, es evidente que las conclusiones a las que llegó el
ingeniero no están técnica o científicamente sustentadas, ni dan cuenta
de su concepto profesional respecto a la posible causa real de afectación
de los cultivos, situación que lleva a que el informe carezca de certeza y
eficacia probatoria, por lo que resulta inútil para demostrar los daños en que se
soportaron las pretensiones de la demanda.

De esta forma, la Sala considera que la parte demandante no logró demostrar
el primer elemento para declarar la responsabilidad extracontractual de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, cual es el daño”. (negrillas
de la Sala).

6) A partir de la cita expuesta, la Sala estima que la valoración probatoria que efectuó la
autoridad judicial demanda es razonable y se fundó en criterios que atienden al principio
de la sana crítica, por cuanto si bien reconoció que los informes constituían un medio de
prueba y que fueron rendidos por un experto de la agronomía que hace parte de una
entidad de carácter técnico como es la UMATA, no es menos cierto que no contó con al
menos un grado mínimo de información o rigor científico que conllevara al convencimiento
al juez sobre el nexo causal entre la aspersión y el daño de los cultivos de los
demandantes.

7) En efecto, el juez de la reparación advirtió que el informe se rindió única y
exclusivamente a partir de lo que el experto “vio” y observó en los predios, sin que se
haya sometido los cultivos, el suelo o los predios a ningún tipo de análisis, aunado a que
las conclusiones a las que arribó no se sustentaron en un criterio científico, informado y
riguroso que permitiera advertir que una vez empleado el método científico se logró
constatar que la aspersión fue la supuesta causante del daño a los cultivos.

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8) Se reitera, la accionada no solo reconoció la diferencia entre un dictamen y un informe
técnico5, sino que explicó en detalle las características de cada uno de esos medios de
prueba, sin embargo, advirtió que en este caso lo concluido por el experto, según se
consignó en el propio informe, se derivaba de lo que terceros le indicaron pues, reconoció
expresamente que “los daños se atribuyen a una presunta fumigación con glifosato
realizada en fechas desde el 9 de mayo de 2015”; en otros términos, fundó sus
conclusiones en el dicho de los afectados sin que se haya constatado, corroborado y
verificado mediante pruebas científicas que ello en efecto ocurrió de esa forma.

9) En ese sentido, para esta Sala el análisis probatorio es razonable y se sustentó en los
principios de independencia y autonomía judicial sin que le sea dado al juez de tutela
inmiscuirse en el asunto para proponer una mejor solución al caso.

10) Ahora bien, en cuanto a la falta de valoración de los testimonios de los señores Gloria
Amparo Maya, Yina Paola Hoyos y Ángel Daniel Mesa Padilla, quienes afirmaron que
efectivamente hubo una fumigación de glifosato por parte de la Policía Nacional, la Sala
considera que, en efecto, no se aprecia que esas pruebas hayan sido objeto de mención
expresa en la sentencia, sin embargo, en todo caso, dichas declaraciones no tienen la
entidad suficiente para cambiar el sentido de la decisión dado que no se trata de testigos
técnicos que pudieran declarar sobre aspectos científicos de la controversia como es
precisamente si la aspersión con glifosato fue la causa del daño de los cultivos, que fue
lo que se echó de menos en la providencia cuestionada, además, razón suficiente para
que se hubiesen descartado.

11) En ese orden de ideas, la Sala negará la acción de tutela, toda vez que el defecto
fáctico aludido no tiene vocación de prosperidad.

12) Por último, se confirmará la falta de legitimación por activa del abogado Jesús Ricardo
Mora Guerrero porque se constató que efectivamente no aportó poder que lo acreditara
como apoderado de la señora María Inés Portillo de Maya y tampoco se invocó ni justificó
su condición de agente oficioso, tal como lo manifestó el juez de primera instancia, de
modo que como, además, dicho aspecto no fue impugnado se impone confirmarlo.

5
“En este sentido, es claro que la prueba por informes ha sido reconocida como una prueba judicial técnica
distinta al dictamen pericial, dado que, en la primera, la entidad especializada transmite información que
posee, mientras que la segunda elabora y emite conceptos sobre el objeto de litigio, que están fuera de la
ciencia jurídica -técnicos, científicos o artísticos-, y llevan al juez del proceso al convencimiento sobre los
hechos relevantes. En ese sentido, como los demás medios de prueba, el informe técnico está sometido a
los principios de pertinencia, conducencia, utilidad, valoración en conjunto y contradicción”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06188-01
Actor: Ligia Elsa Cabrera y otros
Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modifícase la sentencia de primera instancia de 1º de febrero de 2024 que declaró
improcedente la acción de tutela y la falta de legitimación por activa del abogado Jesús
Ricardo Mora Guerrero para representar a la señora María Inés Portillo de Maya. En su
lugar, dispónese:

1º) Niéganse las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

2º) Declárase la falta de legitimación por activa del abogado Jesús Ricardo Mora
Guerrero para representar a la señora María Inés Portillo de Maya, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4º) Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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