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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06284-00

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06284-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la solicitud de amparo solicitada por la señora Julia Emma Castelblanco Araos, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06284-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de enero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06284-00
Demandante: Julia Emma Castelblanco Araos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-06284-00
Demandante JULIA EMMA CASTELBLANCO ARAOS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales
de procedencia: la inmediatez. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, lesividad. Reconocimiento pensional
por gerente de la empresa Puertos de Colombia. Defectos fáctico,
sustantivo y por violación directa de la Constitución Política.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Julia Emma Castelblanco Araos de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de octubre de 20231, la señora Julia Emma Castelblanco Araos interpuso
acción de tutela, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por
considerar vulnerados sus derechos a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad
social, al mínimo vital, a la vida digna y a la salud.

En consecuencia, presentó las siguientes pretensiones:
“1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, legalidad, seguridad
social, mínimo vital, vida digna, salud, seguridad jurídica y acceso a la administración de
justicia de la señora Julia Emma Castelblanco y en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS
la sentencia de segunda instancia proferida el 01 de septiembre de 2022 por el Consejo
de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, expedida dentro
del expediente No. 250002342000201503958-02 (No. Interno: 4062-2021) y en su lugar
se profiera la decisión que en derecho corresponda conforme al Derecho al debido
proceso y en virtud de los principios de legalidad, acceso a la administración de justicia y
de la seguridad jurídica, los cuales se están viendo afectados con la decisión censurada,
por la inaplicación de las normas jurídicas correspondientes al caso, por la indebida
interpretación de las normas jurídicas aplicadas y violación directa de la Constitución y
del bloque de Constitucionalidad.
2. En consecuencia se ORDENE al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Segunda, que dentro de la semana siguiente a la notificación de
la sentencia que acoja favorablemente la protección de tutela constitucional, modifique la
sentencia atacada, en el sentido de indicar que las normas aplicables para el
reconocimiento de la pensión del señor JAIRO RAÚL HURTADO CETINA, son la Ley 1
de 1991 y el Decreto 2318 del 9 de noviembre de 1988 por lo que las resoluciones

1 Tutela radicada en el correo de la Secretaría General de la Corporación.
1

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expedidas en el marco de la facultad por estas están revestidas de completa legalidad, y
así mismo, no podrá verse afectada la situación jurídica consolidada en cabeza del señor
JAIRO RAÚL HURTADO, transferida por medio de la sustitución pensional a la señora
JULIA EMMA CASTELBLANCO ARAOS.
Lo anterior, por configurarse una circunstancia específica de procedencia de tutela contra
providencias judiciales al entrañar ésta ostensiblemente defectos fácticos y sustantivos,
además, de un flagrante desconocimiento al principio de la seguridad jurídica, explicado
en sentencia T-502 de 2002”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Al señor Jairo Raúl Hurtado Cetina le fue reconocida pensión de jubilación por
parte del Gerente de General de la Empresa Puertos de Colombia, mediante
la Resolución Nro. 989 del 25 de noviembre de 1991; reajustada
posteriormente mediante la Resolución Nro. 238 del 10 de febrero de 1995.

2.2. Mediante la Resolución Nro. 1261 del 20 de junio de 1996 el Fondo de Pasivo
Social de la Empresa de Puertos de Colombia, Foncolpuertos, ordenó un
primer pago del acta de conciliación llevada a cabo el 22 de marzo de 1996 en
la que se acordó el pago de la reliquidación de unas vacaciones que habían
sido canceladas de manera irregular por la empresa Puertos de Colombia y
que, a su vez, trajo como consecuencia la reliquidación de la pensión
inicialmente reconocida al señor Hurtado Cetina.

Mediante la Resolución Nro. 177 del 19 de febrero de 1997, Foncolpuertos
ordenó el pago del saldo restante por concepto del acta de conciliación
mencionada y, posteriormente por la Resolución Nro. 1625 del 7 de noviembre
de 1997 se ordenó el pago de las diferencias de los intereses ocasionados por
la mora en el pago de la Resolución 1261 de 1996.

2.3. El 11 de diciembre de 2008 el Grupo de Interno de Trabajo para el Pasivo de
la Empresa Puertos de Colombia solicitó al área de sistema nacional de pagos,
revisar integralmente la pensión concedida en su momento al señor Jairo Raúl
Hurtado Cetina, quien al momento del reconocimiento ocupaba el cargo de
Jefe de División, razón por la que de conformidad con el acuerdo de Junta
Directiva Nro. 016 de 1990, era empleado público.

2.4. El señor Jairo Raúl Hurtado Cetina falleció el 6 de mayo de 2009, razón por la
que mediante la Resolución Nro. 11831 del 16 de octubre de 2012, la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP, le reconoció pensión de sobrevivientes
a la accionante, señora Julia Emma Castelblanco Araos.

2.5. La investigación en torno al reconocimiento pensional del fallecido señor
Hurtado Cetina continuó y el 17 de julio de 2013, estando en la etapa
probatoria, se solicitó a la señora Castelblanco Araos el consentimiento
expreso para revocar el acto administrativo de reconocimiento pensional
convencional en calidad de empleado público al señor Jairo Raúl Hurtado
Cetina, el que no fue otorgado por la accionante.

2.6. Por lo anterior, la UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, demandó los actos

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administrativos de reconocimiento pensional y demás actos de reliquidación y
pago de unas sumas producto del acta de conciliación, a favor del fallecido
señor Jairo Raúl Hurtado Cetina y, en consecuencia, pidió que se ordenara a
su beneficiaria la devolución de las sumas recibidas por estos conceptos.

2.7. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C (radicado Nro. 25000-23-42-000-2015-03958-
00), que en sentencia del 2 de diciembre de 2020 accedió a las pretensiones
de la demanda.

Sostuvo que conforme con la Constitución Política de 1991, el régimen
prestacional y pensional de los servidores públicos era de competencia
exclusiva del legislador y del Gobierno Nacional, por lo que el Gerente General
de la empresa Puertos de Colombia carecía de competencias y de facultades
para dictar normas que regularan aspectos del orden prestacional y pensional
de los empleados que allí laboraban y que tenían la condición de empleados
públicos. Concluyó que las pensiones reconocidas conforme a convenciones
colectivas como lo fue el caso del ya fallecido señor Hurtado Cetina,
contrariaba los postulados constitucionales razón por la que declaró la nulidad
de los actos administrativos demandados y, en cuanto al restablecimiento del
derecho, sostuvo que no habría lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe.

2.8. La anterior decisión fue apelada por la parte demandada, ante el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B que, en sentencia del 1º de
septiembre de 2022 <<notificada por correo electrónico el 3 de noviembre de
2022>>, confirmó la decisión del tribunal al encontrar acreditado que el gerente
de la empresa Puertos de Colombia había expedido el acto administrativo de
reconocimiento pensional del señor Jairo Raúl Hurtado Cetina sin tener
competencia para ello, conforme lo dispuesto en la Constitución Política tanto
de 1886 como de 1991, al ser una competencia exclusiva del Congreso de la
República y del Gobierno Nacional.

En ese orden de ideas, concluyó que no era dable a la administración
reconocer la pensión de jubilación al citado señor Hurtado Cetina en su
momento, ya que ese acto administrativo se había fundado en una resolución
expedida sin competencia para ello, por lo que era nula junto con los actos por
los que se reajustó la pensión y se sustituyó en la señora Julia Emma
Castelblanco Araos en calidad de cónyuge supérstite del fallecido ex servidor.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora consideró que al proferir la sentencia del 1º de septiembre de 2022
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad Nro. 25000-23-42-000-2015-03958-00/02, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por violación
directa de la Constitución Política.

3.1. Defecto fáctico. Porque el Consejo de Estado no tuvo en cuenta que en las
decisiones administrativas demandadas se desprendía que, existía una
situación jurídica consolidada desde hacía más de dos décadas no solo frente
al señor Jairo Raúl, sino con respecto a ella en su calidad de beneficiaria de la
pensión de sobrevivientes.
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Sostuvo que los documentos fueron valorados de manera irrazonable y
arbitraria y que su aplicación se limitó a afirmar que tanto de la Constitución
de 1886 como de la Carta Política de 1991 se entendía que la competencia
exclusiva para emitir actos administrativos de naturaleza prestacional solo
estaba en cabeza del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, sin
entrar a considerar que la Ley 1 de 1991 y el Decreto 2813 de 1988 contaban
con plena aplicación y de forma expresa concedían facultad al Gerente
General de la entidad para regular los factores que estaban en discusión.

De los elementos de prueba solo puede desprenderse la buena fe con la que
actuó tanto el causante como ella, razón por la que los beneficiarios no podían
verse afectados por los presuntos defectos formales que no estaban llamados
a reconocer.

En tal virtud indicó que en sede de tutela debía analizarse el material probatorio
para que, de acuerdo con los principios de sana crítica, de manera objetiva y
racional se corrigieran los defectos fácticos del fallo, sin que se entrara en
contradicción con la autonomía judicial y el juez natural.

3.2. Defecto sustantivo. En relación con este defecto, afirmó que la decisión
desconoció normas de rango legal o infra legal aplicables al caso del señor
Jairo Raúl Hurtado, por no tener en cuenta la Ley 1 de 1991 y el Decreto 2318
de 1988 que regulan la facultad bajo la cual se expidieron los actos que
otorgaron la prestación reconocida al causante y posteriormente a ella en
calidad de beneficiaria.

Así mismo, acusó una aplicación indebida de los artículos 150 de la
Constitución Política de 1991 y 76 de la Constitución de 1886, debido a la
“errada valoración probatoria”, en ese sentido, dijo que se interpretaron estas
normas de manera incompatible con las circunstancias fácticas que permitían
evidenciar la configuración de una situación jurídica consolidada que no podía
afectarse de manera intempestiva por parte de la administración.

3.3. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Dijo que se aplicó una
ley al margen de los principios constitucionales, sin tener en consideración la
situación concreta, ni las normas que citó en el punto del defecto sustantivo,
reiterando que se dejaron de lado situaciones jurídicas consolidadas.

Señaló que, con la decisión, se deja sin el ingreso del que dependía
económicamente, que no declara renta y que actualmente con la decisión ha
quedado fuera del sistema de salud y que, actualmente le aquejan dolencias
a nivel de osteoporosis y demás disminuciones propias de la edad.

Hizo mención a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y
sostuvo que se desconocía su jurisprudencia, que frente a lo relacionado con
la modificación o retiro de la pensión y el desconocimiento de la jurisprudencia
interna de un país, señalaba que "Desde el momento en que un pensionista paga
sus contribuciones a un fondo de pensiones y deja de prestar servicios a la institución
concernida para acogerse al régimen de jubilaciones previsto en la ley, adquiere el
derecho a que su pensión se rija en los términos y condiciones previstas en dicha ley”2.

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 5 Pensionistas v. Perú, Párr. 103 Y Caso Muelle Flores
v. Perú, párr. 213.
4

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4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 19 de octubre de 2023 el despacho ponente admitió la presente
acción, ordenó la notificación a las partes accionante y accionada y dispuso
vincular como tercero con interés a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), quien fue parte demandada en el proceso ordinario y, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que emitió la decisión de
primera instancia.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, se pronunció e
indicó que la decisión por sí misma explicaba de manera suficiente las razones
en las que se fundamentaba y que, se acogía a lo que se demostrara durante
el respectivo trámite.

4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, rindió informe
en el que manifestó que no se cumplía con el requisito de inmediatez, al haber
transcurrido más de 1 año entre la decisión que se cuestionaba y la
presentación de la presente acción.

Adicional, señaló que la tutela no estaba para entrar en una discusión de orden
legal y económico que había hecho tránsito a cosa juzgada y que no se
evidenciaba un perjuicio irremediable.

4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, no se pronunció en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
5

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y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la solicitud de
amparo cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad, en
concreto el de inmediatez.
De superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la providencia del 1º de
septiembre de 2022 en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en la modalidad de lesividad con radicado Nro. 25000-23-42-000-2015-
03958-02, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y por violación directa de la Constitución Política.
4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La inmediatez es un presupuesto procesal que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial,
con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna. En
todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la
tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un término
razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene conocimiento
de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional6 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un

iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
6 Sentencia T-123 de 2007
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término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados7.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.

Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de Estado8
fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término de
seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial
enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para que el interesado
interponga la acción. Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte
Constitucional9.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que “además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también:“(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de
tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.”.

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que “No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada
caso concreto, lo que constituye un término razonable”10. Por ende, para analizar si este
requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: i) la situación
personal del peticionario; ii) si la vulneración de derechos fundamentales se
extiende en el tiempo; iii) la naturaleza de la vulneración; iv) la actuación contra la
que se dirige la tutela; y v) los efectos de la tutela.

Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a “la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad”11.

7 Sentencia T-594 de 2008: “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela
contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta
que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la
incertidumbre indefinidamente”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9 Sentencia T-031 de 2016.
10 Sentencia SU-391 de 2016.
11 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
7

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5. Análisis del caso concreto

5.1. La accionante cuestiona la sentencia del 1º de septiembre de 2022 proferida
en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, la cual se notificó por correo electrónico el 3 de noviembre de 2022,
según se evidencia en el sistema de gestión de procesos SAMAI12. Esto quiere
decir que el plazo razonable para la interposición de tutela iba hasta el 9 de
mayo de 2023, teniendo en cuenta que el término debía iniciar a contabilizarse
a partir del 9 de noviembre de 202213.

Como la acción de tutela se radicó hasta el 11 de octubre de 2023, es claro
que la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. Esto se
debe a que transcurrieron 11 meses y 2 días entre la notificación de la
providencia acusada y la interposición de la acción de tutela, lo cual supera el
plazo razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.

5.2. En el escrito de tutela la accionante alegó que la tutela se presentó en un plazo
razonable teniendo en cuenta la fecha en que se emitió el auto de obedézcase
y cúmplase por parte del tribunal en primera instancia, con respecto a la
providencia de cierre que se cuestiona en esta oportunidad, el 18 de junio de
2023.

Al respecto, conviene recordar que la tesis pacífica de esta Sala consiste en
que el requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra
providencias judiciales, se computa desde que el accionante tuvo
conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la
providencia judicial que se cuestiona, pues es en ese momento en el que
adquiere conocimiento del presunto escenario de vulneración
iusfundamental14.

De manera que, la señora Julia Emma Castelblanco Araos debió acudir a la
acción de tutela dentro de un plazo razonable contabilizado desde la
notificación de la decisión de cierre del 1º de septiembre de 2022, de
considerar que le ocasionaba un perjuicio y que vulneraba derechos de rango
fundamental.

5.3. Esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente
para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden
existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante. Sin
embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de
Estado y por la Corte Constitucional15 no se encuentra acreditada en este caso
12
Información consultada en Samai, en el proceso adelantado en segunda instancia, índice 18.
13 El anterior término, contabilizado conforme con la regla de unificación establecida en la decisión del 29 de
noviembre de 2022, en el auto de unificación con radicación Nro. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177),
en el que se indicó: «La notificación de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del
artículo 203 del CPACA se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 205 del CPACA».
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Sentencia de tutela del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio
Roberto Piza; sentencia de tutela del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00.
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).
15 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06284-00
Demandante: Julia Emma Castelblanco Araos

una situación que justifique la interposición de la acción de tutela luego de la
pauta de los seis meses.

5.4. Establecido esto, se recuerda que cuando la acción de tutela se interpone
contra una sentencia judicial, la carga de diligencia en la interposición de la
acción es más estricta, dado que el paso del tiempo reafirma la legitimidad de
las decisiones judiciales y consolida los efectos de las sentencias16. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios, es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. Lo que
no aconteció en el presente asunto.

5.5. Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos
generales de procedencia de este mecanismo constitucional contra
providencias judiciales, concretamente el de la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la solicitud de amparo solicitada por la señora Julia
Emma Castelblanco Araos, por las razones expuestas en la motivación
precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

16 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9

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