Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03958-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03958-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-03958-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
1 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2015-03958-02 (4062-2021)
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandada : Julia Emma Castelblanco Araos
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación con
fundamento en acto administrativo expedido por el
gerente general de la Empresa Puertos de Colombia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionada
contra la sentencia de 2 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), mediante la
cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 369 a 386). La Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la señora Julia Emma
Castelblanco Araos, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones (i) 989 de 25 de
noviembre de 1991, expedida por la entonces Empresa Puertos de Colombia,
mediante la cual reconoció «pensión de jubilación convencional» al señor Jairo
Raúl Hurtado Cetina (q. e. p. d.); (ii) 238 de 10 de febrero de 1995, 1261 de 20
de junio de 1996, 177 de 19 de febrero y 1625 de 7 de noviembre, ambas de
1997, y «2689» (sic) de 10 de agosto de 1998, emanadas del Fondo de Pasivo
Social de la referida empresa; (iii) 264 de 3 de mayo de 2002, 92 de 13 de marzo
de 2003 y 1069 de 28 de agosto de 2009, proferidas por el extinguido grupo
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UGPP contra Julia Emma Castelblanco Araos
interno de trabajo para la gestión del pasivo de Puertos de Colombia; y (iv) RDP
11831 de 16 de octubre de 2012, a través de la cual la UGPP sustituyó la pensión
de jubilación en la accionada.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada «[…]
devolver todas y cada una de las sumas de dinero recibidas por concepto de
pensión, reajuste, reliquidación y sustitución pensional […], efectiva a partir
del 25 de noviembre de 1991, fecha desde la cual se empezó a hacer el pago
injustificado […]», lo anterior de manera actualizada. Por último, se le condene
en costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la UGPP que el señor Jairo Raúl Hurtado
Cetina (q. e. p. d.) nació el 2 de febrero de 1949 y prestó sus servicios en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia durante 1 año, 3 meses y
15 días y en la Empresa Puertos de Colombia del 25 de marzo de 1977 al 24 de
noviembre de 1991 (14 años y 8 meses).
Que, mediante Resolución 989 de 25 de noviembre de 1991, la extinguida
Empresa le «reconoció [al citado señor] una pensión especial de jubilación en
cuantía mensual de $716.018,38, equivalente al 65.96% del promedio mensual
del último año de servicios, a partir de» la fecha de expedición del acto
administrativo. Luego, con Resolución 238 de 10 de febrero de 1995, el Fondo
de Pasivo Social de la referida empresa reajustó la prestación «a la cuantía de
$774.819.78 […] a partir del 25 de noviembre de 1991; así mismo ordenó
pagar […] por concepto de diferencias de reajustes pensionales […] entre el
25 de noviembre de 1991 hasta el 30 de enero de 1995 incluyendo mesadas
adicionales de diciembre para los años 1991, 1992, 1993, 1994 y la prima de
junio; ingresar a n[ó]mina a partir del 01 de febrero de 1995 la mesada
pensional por valor de $1.812.534 […]» (sic).
Afirma que, a través de Resolución 1261 de 20 de junio de 1996, «[…] el fondo
Pasivo Social de la Empresa Puerto de Colombia – Foncolpuertos, ordenó un
primer pago del acta de conciliación N° 17 celebrada el día 22 de marzo de
1996 […] en la cual se acordó el pago de reliquidación de vacaciones que
fueron canceladas en forma irregular […] y en consecuencia reajustó la
pensión de JAIRO RA[Ú]L HURTADO CETINA […]» (sic); y, con Resolución
177 de 19 de febrero de 1997, el aludido Fondo pagó el saldo de la precitada
conciliación; de igual forma, por conducto de Resolución 1625 de 7 de
noviembre de 1997, se sufragó las diferencias de los intereses ocasionados por
la mora en la cancelación de los valores reconocidos en el acuerdo conciliatorio.
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Dice que, por medio de Resolución «2689» (sic) de 10 de agosto de 1998, «[…]
el fondo Pasivo Social de la Empresa Puerto de Colombia – Foncolpuertos, en
liquidación, ordenó el pago del Acta de Conciliación N° 097 de fecha 05 de
agosto de 1998 […] efectuada ante la Inspección Dieciséis de Trabajo y
Seguridad Social Regional de Cundinamarca […] de los cuales al señor JAIRO
RA[Ú]L HURTADO CETINA, le correspondió la suma de $134.975.377,75
[…]» (sic), tope ajustado por Resolución 264 de 3 de mayo de 2002, «[…]
fijando la mesada pensional a la suma de $5.253.000,00 […], es decir al […]
convencional de 17 SMLMV […]»; cuantía que fue modificada con Resolución
92 de 13 de marzo de 2003 «[…] a la suma de $4.847.683.61 […]».
Que, con ocasión del fallecimiento del señor Jairo Hurtado el 6 de mayo de
2009, el grupo interno de trabajo para el pasivo de la Empresa Puertos de
Colombia «reconoció el traspaso provisional de la pensión» a la demandada,
por Resolución 1069 de 28 de agosto de esa anualidad. Posteriormente, la UGPP
le sustituyó la prestación por conducto de Resolución RDP 11831 de 16 de
octubre de 2012.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos censurados los artículos 4 y 150 (numeral
19, letra e) de la Constitución Política; 1º de la Ley 33 de 1985, 5 del Decreto
3135 de 1968 y 1º del Decreto 1848 de 1969 y los Decretos 1050 de 1968 y
2465 de 1861.
Aduce que la pensión reconocida al señor Jaime Hurtado (q. e. p. d.), «[…]
quien al momento de su retiro 24 de noviembre de 1991, ocupaba el cargo de
JEFE DE DIVISI[Ó]N, contaba con 42 años de edad y un tiempo efectivo en la
Empresa de 14 años y 8 meses, toda vez que nació el 02 de febrero de 1949 e
ingresó a Puertos de Colombia el 25 de marzo de 1977 por lo tanto, es
procedente indicar que para el reconocimiento pensional le tuvieron en cuenta
tiempos de servicios prestados en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, que corresponde a 1 año, 3 meses y 15 días, para un total de tiempo
efectivo de servicio al Estado de 15 años, 11 meses y 15 días. Ahora bien, según
lo transcrito en el marco normativo, se tiene que el cargo desempeñado por el
ingeniero JAIRO RA[Ú]L HURTADO CETINA a su retiro como JEFE DE
DIVISI[Ó]N, ostenta la calidad de EMPLEADO P[Ú]BLICO, con vinculo
legal y reglamentario; por lo tanto se regía por lo establecido en la Ley 33 de
1985 y no por lo dispuesto en las convenciones colectivas aplicables a los
trabajadores oficiales sindicalizados con vinculo contractual con la Empresa
Puertos de Colombia, conforme lo establece el Acuerdo de la Junta Directiva
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N° 016 del 09 de octubre de 1990 […]» (sic para toda la cita).
Que los «[…] beneficios convencionales no podían ser extensivos a los
empleados públicos, toda vez que la COMPETENCIA EXCLUSIVA para fijar
dicho régimen recae en el Congreso de la República y en el Gobierno
Nacional, por lo cual, cualquier acuerdo convencional, transacción o
conciliación, celebrado entre empleados y empleadores en los que se pretenda
regular las condiciones y derechos prestacionales de los empleados públicos,
carece de efectos jurídicos y es inexistente, toda vez que contraría el orden
público vigente, al tenor del artículo 150 numeral 19 Literal e) de la C.N. de
1991» (sic para toda la cita).
Agrega que «[…] el causante solo computa un tiempo total de servicio al estado
de 15 años 11 meses y 15 días, aunado a que a la fecha de efectividad del
reconocimiento de la prestación económica contaba con tan solo 42 años de
edad, se evidencia que no cumplía con los requisitos legales establecidos en el
artículo 1º de la Ley 33 de 1985 por lo tanto […] tampoco acreditó los
requisitos exigidos por la precitada norma para el reconocimiento de una
pensión de jubilación […]».
1.5 Medida cautelar. La UGPP, en el escrito de demanda, solicitó suspender
provisionalmente los efectos jurídicos de los actos controvertidos, medida
cautelar decretada parcialmente por el a quo con auto de 26 de mayo de 2016
(ff. 11 a 16 cuaderno de medida cautelar), decisión que fue objeto de recurso de
apelación por la demandada, por cuanto «[…] al suspender su mesada
pensional se le estaría generando un perjuicio irremediable vulnerando el
mínimo vital y móvil dado que el único medio de subsistencia que posee es su
pensión […]»; concedido en el efecto devolutivo en providencia de 7 de julio
de 2016 (f. 25 ibidem), sin embargo, para la fecha en que se profirió el fallo aún
no se habían aportado las copias de las piezas procesales que esta Corporación
requirió para desatar dicha alzada.
1.6 Contestación de la demanda (ff. 418 a 424). A través de apoderado, la
accionada contestó el libelo introductorio con oposición a las pretensiones;
frente a los hechos afirma que algunos son ciertos y otros no, y opuso las
excepciones que denominó falta de causa para demandar, inexistencia de las
causales de nulidad alegadas, caducidad, prescripción y buena fe.
Arguye que «[…] la pensión reconocida al señor Jairo Raúl Hurtado NO ES
DE CARÁCTER CONVENCIONAL, fue reconocida por haberse acogido a
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un plan de retiro voluntario de la Empresa Puertos de Colombia el cual se fijó
por medio de la resolución No 805 del 9 de octubre de 1991 [y] no fue liquidada
con ley 33 de 1985 ni con ley 71 de 1988. Por el contrario fue reconocida por
haberse acogido a un régimen especial derivado de la Ley 01 de 1991 […] y
demás normas concordantes».
1.7 La providencia apelada (ff. 537 a 549 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), en sentencia de 2 de
diciembre de 2020, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin
condena en costas), al considerar que «[…] el señor Hurtado Cetina (Q.E.P.D.),
se acogió a los beneficios establecidos en la Resolución de la Gerencia General
No. 805 del 9 de octubre de 1991 [y] al momento de su retiro […] tenía la
calidad de empleado público. Ahora bien, […] al nueve (9) de octubre de mil
novecientos noventa y uno (1991), fecha en la cual el Gerente de la Empresa
Puertos de Colombia expidió la Resolución en cita, ya se había publicado la
Constitución Política de Colombia de 1991, en cuyo artículo 150, ordinal 19,
literal e), atribuye a la Ley dictar las normas generales y señalar en ellas los
objetivos y criterios, a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del Estado. Por lo
tanto, el régimen prestacional y pensional de los servidores públicos de la
Empresa Puertos de Colombia, […] era competencia privativa y excluyente del
legislador y del Gobierno Nacional, por lo que es claro para la Sala, que el
Gerente General de la entidad carecía de competencia y de facultades para
dictar normas que regularan aspectos del régimen prestacional y pensional de
los empleados de tal naturaleza […]» (sic para toda la cita).
Que «[…] en lo referente a los empleados públicos de COLPUERTOS, estos se
rigen por el régimen general de prestaciones sociales de la rama ejecutiva del
poder público. Por lo tanto, se concluye en principio, que el plan de retiro que
sirvió de fundamento para el reconocimiento pensional del señor Hurtado
Cetina (Q.E.P.D.), no se ajustó al ordenamiento jurídico, por ser expedido por
funcionario incompetente […]».
Sostiene que «[…] la Resolución No. 989 del 25 de noviembre de 1991, que
reconoció la pensión especial de jubilación al señor Jairo Raúl Hurtado Cetina
(Q.E.P.D.), se fundamentó en un acto administrativo expedido por un
funcionario que carecía de competencia, y sin el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos para los empleados públicos, y por lo tanto, está viciado
de nulidad. Igual efecto se predica de los actos que reliquidaron dicha
prestación con aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo aumentando
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el monto de la mesada, en razón a que ésta no podía ser extensiva a los
empleados públicos […]. Así entonces, se logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos demandados y en consecuencia se accederá a las
pretensiones suplicadas» (sic).
Concluye que «[…] [r]especto del reembolso de las sumas de dinero recibidas
por concepto de la pensión especial de jubilación que le fue reconocida al señor
Jairo Raúl Hurtado Cetina (Q.E.P.D.) y sustituida a la señora Julia Emma
Castelblanco Araos, la Sala advierte que, de conformidad con el literal c) del
numeral 1) del artículo 164 del C.P.A.C.A, la administración puede demandar
en cualquier tiempo los actos que reconozcan prestaciones periódicas, sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares
de buena fe. Por tanto, no se ordenará el reintegro de dichos pagos, pues, de
conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, se presume en la
actuación de los particulares la buena fe […]» (sic para toda la cita).
1.8 Recurso de apelación (ff. 555 y 556). La demandada, por conducto de
apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] [s]i bien el
Tribunal argumenta que regular el régimen pensional y prestacional de los
empleados públicos está reservada en la Constitución y la ley, de manera
general, para dichos empleados, pero no analiza de manera puntal que la
regulación efectuada exclusivamente, a los empleados públicos de Puertos de
Colombia se hizo específicamente para estos, por tratarse de un acto de
ejecución, es decir, por el hecho de la liquidación de una Empresa del Estado,
y no por arbitrio propio de regulación de prestaciones sociales y pensionales
de manera general para cualquier empleado público. Es más, la misma
administración de justicia, esto es, el juez laboral, analizó desde el punto de
vista jurídico las conciliaciones que se efectuaron con motivo de los planes de
retiro que se estipularon con motivo de la liquidación de la Empresa Puertos
de Colombia, y les dio su aprobación. Igualmente, la misma administración,
con fundamento en dichos acuerdos derivados de los planes de retiro de los
empleados públicos, los avaló y procedió durante más de 15 años a pagar las
pensiones de manera continua a los referidos empleados […]» (sic para toda la
cita).
Que «[…] no hay que dejar de un lado, que fue la misma administración la que
creó una situación jurídica particular para los empleados públicos de la
Empresa Puertos de Colombia y a sus beneficiarios, los cuales son titulares de
intereses jurídicos que comportan situaciones favorables creadas de buena fe
y obviamente amparadas por los principios del respeto por el acto propio y de
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la confianza debida o leg[í]tima […]».
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 23 de septiembre
de 2021 (f. 563) y admitido por esta Corporación a través de auto de 20 de mayo
de 2022 (f. 588 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1 y en
la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la accionante aportó escrito
de alegatos de conclusión2, para reiterar los argumentos expresados en la
demanda.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al señor Jairo Raúl Hurtado Cetina
(q. e. p. d.) le asistía o no derecho a la pensión de jubilación que le reconoció la
extinguida Empresa Puertos de Colombia en virtud de la Resolución 805 de
1991, expedida por su gerente general.
3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.
3.3.1 Competencia para fijar las normas generales y del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos. En principio debe precisar la Sala que
a través del Acto legislativo 1 de 1968, se atribuyó al Congreso de la República
la potestad de determinar «[…] las escalas de remuneración correspondientes
a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones
sociales», sin embargo, en lo que atañe a los requisitos para acceder a pensión
de jubilación, la Constitución Nacional de 1886 ya consagraba en su artículo 62
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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que «La ley determinará…las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie
o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro
público».
Posteriormente, la Constitución Política de 1991, en el numeral 19 (letra e) del
artículo 150, le asigna al Congreso de la República competencia para dictar las
normas generales, desde luego a través de las leyes, a las cuales debe sujetarse
el Gobierno, entre otras materias, en punto de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso Nacional y
de la fuerza pública.
En ejercicio de las anteriores atribuciones, el Congreso de la República expidió
la Ley 4ª de 1992, por medio de la cual se señalan las normas, objetivos y
criterios que debe observar el Gobierno nacional para establecer del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
y de la fuerza pública y respecto de la fijación de las prestaciones sociales de
los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, la cual previó, en su
artículo 1°, lo siguiente:
El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y
prestacional de:
a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional,
cualquiera que sea su sector[4], denominación o régimen jurídico;
[…].
Es decir, que la función de establecer el régimen prestacional de los servidores
públicos está reservada al Congreso de la República y al Gobierno nacional,
pero este último bajo los lineamientos del legislador.
3.3.2 De la Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos). La Ley 154 de 1959
creó la Empresa Puertos de Colombia como una entidad autónoma, con
patrimonio y organización propios; luego, el Decreto 561 de 19755, dispuso que
aquella funcionaría como empresa comercial del Estado, la cual fue
reorganizada por Decreto 1174 de 1980.
4
Recuérdese que, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998, las empresas
industriales y comerciales del Estado hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva
del poder público en el orden nacional.
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Por medio del cual se reestructura a la Empresa Puertos de Colombia, Colpuertos
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Por medio del Decreto 287 de 19916, el Gobierno nacional, sobre la condición
de trabajador oficial y empleado público de las personas que trabajan en la
Empresa Puertos de Colombia, preceptuó:
Artículo 1°. El artículo 38 del Acuerdo número 857 de 1981,
aprobado por Decreto número 2465 de 1981, quedará así:
"Artículo 38. Las personas que trabajan al servicio de la Empresa con
las excepciones que a continuación se precisan son trabajadores
oficiales vinculadas a ellas por contrato de trabajo. Son empleados
públicos de libre nombramiento y remoción, además del Gerente
General, las personas que desempeñan los siguientes cargos:
a) En la Oficina Principal (Bogotá):
Subgerentes, Jefes de Oficina, Secretario General, Asistente de la
Gerencia General, Director Financiero, Jefes de División, Jefe de
Suministro, Asesores, Asistentes, Coordinadores, Auditores, Jefe de
Sección de Personal, Abogados, Médicos, Odontólogos, Ingenieros,
Arquitectos, Jefe de Supervisión Administrativa Laboral, Supervisor,
Administrativo Laboral, Evaluador de Programas Estadísticos,
Analista de Investigaciones Económicas, Experto en Seguridad
General.
A través de la Ley 1ª de 19917 (artículo 37), el Congreso de la República revistió
de facultades extraordinarias al presidente de la República, por el término de un
año, contado a partir de la publicación de esa Ley, para:
37.1. Crear un Fondo, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto consistirá en atender,
por cuenta de la Nación, los pasivos y obligaciones a los que se
refieren los artículos 35 y 36 de esta Ley. En uso de tales facultades
el Presidente podrá definir la naturaleza jurídica del Fondo;
determinar su estructura, administración y recursos; el régimen de sus
actos y contratos; y sus relaciones laborales. Los recursos del Fondo
provendrán de apropiaciones presupuestales, de la venta de las
acciones a las que se refiere el inciso quinto del artículo 35, de la parte
de las tarifas que cobren las sociedades portuarias oficiales con
destino a este propósito, y de los demás recursos que reciba a
cualquier título.
6
«por el cual se aprueban los Acuerdos números 0016 y 0018 de 1990, originarios de la Junta Directiva Nacional
de la Empresa Puertos de Colombia, Colpuertos, que modifican los estatutos de la entidad».
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«por la cual se expide el estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones».
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37.2. Dictar normas especiales sobre contratación, régimen laboral y
de presupuesto para la liquidación de la Empresa Puertos de
Colombia, para la formación de las sociedades portuarias regionales
de que tratan los artículos 34 35 y 36 de esta Ley, y para asegurar la
protección del empleo de que trata el artículo 36.
[…]
En ejercicio de las precitadas facultades, se expidieron los Decretos 358, 369 y
3710 de 1992, los cuales fueron objeto de estudio de constitucionalidad, junto
con la citada Ley 1ª de 1991, mediante sentencia C-013 de 21 de enero de 1993,
en lo referente al cargo consistente en la falta de competencia del presidente de
la República para dictar normas especiales sobre el régimen laboral de los
empleados de la Empresa Puertos de Colombia, porque esa atribución
corresponde al Congreso de la República; al respecto, la Corte Constitucional
precisó:
[…]
Cuando la Carta señala en su artículo 150-19 que al Congreso le
compete fijar las pautas generales a las cuales debe sujetarse el
Gobierno para regular el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos y el régimen de prestaciones mínimas de los
trabajadores oficiales, se refiere a una ley que debe trazar los
principios y límites para la regulación de las referidas materias con
carácter general por parte del Ejecutivo.
Los reglamentos que dicte el Ejecutivo revisten cierto grado de
generalidad. Sus destinatarios serán el universo de los trabajadores o
una categoría más o menos extensa de los mismos. En consecuencia,
es equivocada la afirmación del actor en el sentido de que las normas
acusadas no podían ser objeto de facultades extraordinarias por
tratarse de materias objeto de una ley marco y, por tanto, excluidas
expresamente por el artículo 150-10 de una eventual concesión de
facultades extraordinarias. La regulación del monto de las
indemnizaciones y de las pensiones de jubilación de los trabajadores
oficiales y de los empleados públicos de Colpuertos, lejos de ser una
regulación genérica, se circunscribe al caso específico de la
liquidación de Puertos de Colombia, decidida por el Congreso,
dentro de las facultades que le confiere el artículo 150-7 de la Carta
8
«por el cual se dictan normas sobre el régimen labor de la Empresa Puertos De Colombia, en liquidación».
9
«por el cual se crea el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, se determina
su estructura, organización y funcionamiento».
10
«por el cual se fija el Régimen Presupuestal para la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación».
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y, por ello, perfectamente atribuible al Ejecutivo, tanto a la luz del
anterior ordenamiento constitucional como del ahora vigente.
[…]
La Ley 01 y los Decreto Ley 035, 036 y 037 en los apartes pertinentes
son materia especial en cuanto representan la legislación expedida
para regular la liquidación de una empresa pública individual, cuyo
objeto y práctica social tenían una dimensión desproporcionada con
la que pudiera tener otra entidad del sector social. Colpuertos en un
momento determinado significó el principal obstáculo para la
modernización del sector portuario, y por ende ameritó un
tratamiento singularizado, aparte del régimen contractual, societario
y laboral vigentes. Este carácter especialísimo constituye el término
de comparación que llevó al legislador a otorgar un tratamiento
distinto a supuestos distintos.
En este sentido, declaró la constitucionalidad de las anteriores normas, con
excepción del artículo 6º del Decreto 35 de 1992, al estimar que «la liquidación
de la Empresa Puertos de Colombia no puede asimilarse a la liquidación de
cualquier empresa, ni mucho menos puede pretenderse que la situación de sus
trabajadores se homologue a la situación de trabajadores en empresas que no
estén sufriendo un proceso de liquidación […]».
3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Según cédula de ciudadanía, el señor Jairo Raúl Hurtado Cetina (q. e. p. d.)
nació el 2 de febrero de 1949 (f. 307).
b) Contrato de trabajo a término indefinido suscrito el 13 de abril de 1977, entre
el representante de la entonces Empresa Puertos de Colombia y el referido señor,
en el que este último se comprometió a ejecutar labores como ingeniero de
producción a partir del 25 de marzo siguiente (f. 213 y vuelto).
c) Acuerdo 886 de 12 de enero de 1982, a través del cual se establece el sistema
de nomenclatura, clasificación y remuneración de los cargos directivos y
profesionales de la aludida empresa y se dictan otras disposiciones (ff. 177 a 181).
d) Acuerdo (sin fecha legible) con el que la junta directiva de la precitada empresa
dispone «[…] hacer extensivos a los Empleados Públicos y a los trabajadores
Oficiales no sindicalizados los beneficios asistenciales y prestacionales pactados
en las recientes Convenciones Colectivas de Trabajo firmadas con los Sindicatos
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UGPP contra Julia Emma Castelblanco Araos
de la Oficina Principal, Terminales Marítimos de la Costa Atlántica,
Buenaventura y Tumaco» (sic) [f. 182].
e) Convención colectiva de trabajo suscrita entre la Empresa Puertos de Colombia
y el sindicato de trabajadores de esta de 1991 a 1993 (ff. 89 a 146).
f) Resolución 805 de 9 de octubre de 1991 (ff. 217 a 220), con la que el gerente
general de la extinguida Empresa Puertos de Colombia fija unas condiciones para
el retiro de los empleados públicos de esta y establece lo siguiente:
[…]
Los empleados públicos de la EMPRESA PUERTOS DE
COLOMBIA, que a la fecha de la vigencia de la presente Resolución
o durante el t[é]rmino de liquidación […] tuvieren quince (15) años o
más y menos de veinte (20) años de servicio a entidades públicas y
cuenten con cuarenta (40) años o más de edad, tendrán derecho a la
pensión de jubilación proporcional con un mínimo de tiempos de
servicios a la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, así:
de 5 a menos de 10 más de 10 y menos de 20
3 a menos de 5 años
años años
15 años 50% 60% 65%
16 años 51% 61% 66%
17 años 52% 62% 67%
18 años 53% 63% 68%
19 años 54% 64% 69%
[…]
g) Escrito de 6 de noviembre de 1991, con el que el señor Jairo Raúl Hurtado
Cetina (q. e. p. d.), en su condición de jefe de división de estudios y programación,
informa a la Empresa Puertos de Colombia que «[…] por determinación del
Gobierno Nacional avanza el proceso de liquidación de la Empresa y después
de haber laborado catorce años y medio (14.5), presento renuncia del cargo
que desempeño, a partir del 30 de noviembre de 1991, para acogerme al
reconocimiento de la Pensión Proporcional establecida en la Resolución de
Gerencia General No. 805 del 9 de octubre de 1991» (sic) [f. 23].
h) A través de Resolución 989 de 25 de noviembre de 1991 (ff. 332 y 333), la
aludida empresa concedió pensión de jubilación al ingeniero Jairo Hurtado, al
trabajar 15 años, 11 meses y 15 días al servicio oficial y porque «[…] reúne los
requisitos para acogerse a lo establecido en la Resolución de Gerencia General
No. 805 del 9 de octubre de 1991», efectiva a partir del 25 de noviembre de 1991,
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UGPP contra Julia Emma Castelblanco Araos
con el 65.96% «de su salario promedio mensual»; asimismo, indica:
Que el Ingeniero JAIRO RA[Ú]L HURTADO CETINA […]
presentó renuncia al cargo de Jefe de División que venía
desempeñando en la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA –
Oficina Principal – Santafé de Bogotá […] para acogerse a los
beneficios establecidos en la Resolución de Gerencia General No. 805
del 9 de octubre de 1991 […]
Que la Gerencia General mediante oficios No. 020932 del 7 de
noviembre de 1991 y No. 021020 del 20 de noviembre de 1991, aceptó
la renuncia presentada […] a partir del 25 de noviembre de 1991.
Que el Ingeniero JAIRO RA[Ú]L HURTADO CETINA, para
acogerse a lo dispuesto en la Resolución de Gerencia General antes
mencionada, concilió con la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA,
en Audiencia Pública Especial celebrada en el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., según consta en providencia
(Auto) de fecha 22 de noviembre de 1991 […]
Que el solicitante acreditó los siguientes servicios al Estado:
AÑOS MESES D[Í]AS
EMPRESA PUERTOS DE
14 08 00
COLOMBIA
UNIVERSIDAD
PEDAG[Ó]GICA Y
01 03 15
TECNOL[Ó]GICA DE
COLOMBIA
[…] (sic para toda la cita).
i) Resolución 261 de 10 de febrero de 1995, por medio de la cual el Fondo de
Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos) reliquida unas
prestaciones sociales al causante por un monto de $1.850.757 (ff. 45 y 46).
j) Resolución 238 de 10 de febrero de 1995, por conducto de la cual el referido
Fondo reajustó la pensión del señor Jairo Hurtado en cuantía de $774.819,78 a
partir del 25 de noviembre de 1991; ordenó pagar la suma de $3.952.982 por
concepto de las correspondientes diferencias e ingresar en nómina desde el 1º de
febrero de 1995 la mesada pensional por valor de $1.812.534 (ff. 47 y 48).
k) Resolución 1261 de 20 de junio de 1996, por la cual el citado Fondo reconoce
el primer pago y abono al acuerdo conciliatorio de 22 de marzo siguiente, suscrito
entre el abogado del fallecido Jairo Hurtado y Foncolpuertos y ordena a la
coordinación de prestaciones económicas actualizar el monto de la pensión del
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causante a partir de junio de 1996 por valor de $901.866,00 (ff. 247 a 250).
l) Resolución 177 de 19 de febrero de 1997, con la que Foncolpuertos otorga al
señor Hurtado Cetina el pago del saldo por concepto de la precitada conciliación
por un monto de $64.281.970,15 (ff. 254 y 255 vuelto).
m) Resolución 1625 de 7 de noviembre de 1997, por cuyo conducto el aludido
Fondo ordena sufragar al citado señor la diferencia de intereses causados por el
no pago oportuno de la precitada Resolución 1261 de 20 de junio de 1996 (ff. 256
y 257).
n) A través de Resolución 2389 de 10 de agosto de 1998, Foncolpuertos canceló
lo acordado en el acta de conciliación 97 de 5 de agosto del mismo año, celebrada
con la apoderada del causante (ff. 262 y vuelto).
o) Resolución 264 de 3 de mayo de 2002, con la que el grupo interno de trabajo
para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia ajustó las mesadas
pensionales de algunos extrabajadores de la empresa, incluido el señor Jairo
Hurtado, a los topes máximos legales y convencionales (ff. 479 a 485).
p) Resolución 92 de 13 de marzo de 2003, mediante la cual la entidad descrita en
la letra anterior ajusta la cuantía de la pensión otorgada al señor Hurtado Cetina
al tope máximo autorizado y la fija en $4.847.683 (ff. 81 a 82).
q) Registro civil de defunción, que da cuenta de que el 6 de mayo de 2009 el señor
Jairo Raúl Hurtado Cetina falleció (f. 315).
r) Resolución 1069 de 28 de agosto de 2009, por la que el grupo interno de trabajo
para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia «ordena el traspaso
provisional de la pensión que en vida disfrutó el señor JAIRO RAÚL
HURTADO CETINA […] a favor de la señora JULIA EMMA
CASTELBLANCO CETINA […] en calidad de cónyuge […]» (sic) [ff. 473 a
475].
s) Mediante Resolución RDP 11831 de 16 de octubre de 2012, la UGPP sustituyó
la pensión de jubilación en la accionada, a partir del 7 de mayo de 2009, en
condición de cónyuge supérstite del causante (ff. 328 a 330).
De las pruebas relacionadas se colige que (i) el señor Jairo Raúl Hurtado Cetina
(q. e. p. d.) nació el 2 de febrero de 1949 y prestó sus servicios en la Universidad
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Pedagógica y Tecnológica de Colombia durante 1 año, 3 meses y 15 días11 y en
la extinguida Empresa Puertos de Colombia del 25 de marzo de 1977 al 25 de
noviembre de 1991 (14 años y 8 meses); (ii) dicha empresa, a través de
Resolución 989 de 25 de noviembre de 1991, le reconoció pensión de jubilación,
al trabajar 15 años, 11 meses y 15 días al servicio oficial y porque «[…] reúne los
requisitos para acogerse a lo establecido en la Resolución de Gerencia General
No. 805 del 9 de octubre de 1991»; efectiva a partir del 25 de noviembre de 1991,
con el 65.96% «de su salario promedio mensual».
De igual forma, se advierte que el último cargo desempeñado por el señor
Hurtado Cetina fue el de jefe de división de la oficina principal de Bogotá de la
Empresa Puertos de Colombia, clasificado como de empleado público, de
conformidad con el Decreto 287 de 199112.
Ahora bien, cabe destacar que el gerente general de la aludida empresa para la
expedición de la Resolución 805 de 1991, se fundamentó en la presunta facultad
que le otorgó el artículo 3 del Decreto 2318 de 9 de noviembre de 198813
(emitido por el Gobierno nacional) a la junta directiva nacional de esa empresa
para «fijar las escalas de remuneración y prestaciones sociales de los
empleados de la Empresa», por lo que en el artículo 2 preceptuó los requisitos
que debían cumplir los empleados públicos para acceder al derecho pensional.
No obstante, en armonía con lo explicado en el acápite precedente, la Sala
encuentra que la Resolución 805 de 9 de octubre de 1991, por la cual el gerente
general de Colpuertos previó los presupuestos para el retiro de los empleados
públicos de esa empresa con derecho a una pensión de jubilación, fue expedida
sin competencia, pues al tenor de los artículos 76 (numeral 9) de la Constitución
Nacional de 188614 y 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política de
199115, esa función está en cabeza del Congreso de la República y del Gobierno
11
De conformidad con lo indicado en Resolución 989 de 1991 (f. 332).
12
«por el cual se aprueban los Acuerdos números 0016 y 0018 de 1990, originarios de la Junta Directiva
Nacional de la Empresa Puertos de Colombia, Colpuertos, que modifican los estatutos de la entidad».
13
«Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021 de 2 de septiembre de 1988, originario de la Junta Directiva
de la Empresa Puertos de Colombia "Colpuertos"»
14
«Es función del Congreso reformar la Constitución por medio de actos legislativos, hacer las leyes y ejercer
el control político sobre los actos de Gobierno y de la administración de acuerdo con los numerales 3º y 4º del
artículo 103.
Por medio de las leyes ejerce las siguientes atribuciones:
[…]
9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos
Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las
distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales;
[…]».
15
«Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
[…]
15
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nacional, de lo que se deduce que el acto de reconocimiento pensional (acusado)
es ostensiblemente ilegal por violación del ordenamiento jurídico-
constitucional.
En un asunto similar, esta Corporación16 también se pronunció sobre la
competencia para determinar el régimen prestacional de los empleados públicos
de Colpuertos, en el sentido de que esta «la ostentan de manera conjunta el
Congreso de la República y el gobierno nacional».
Tanto es así que, con posterioridad a la aludida Resolución 805 de 1991, el
Gobierno nacional, por medio del Decreto 35 de 1992, fijó el régimen laboral de
la Empresa Puertos de Colombia y señaló las condiciones que tenían que
satisfacer sus empleados públicos con el fin de obtener el derecho a la pensión17,
al ser el competente para regular dicha materia en virtud del artículo 37 de la Ley
1ª de 1991.
Por lo expuesto, esta subsección concluye que no le era dable a la
Administración reconocer pensión de jubilación al señor Jairo Raúl Hurtado
Cetina (q. e. p. d.), en razón a que ese acto administrativo se fundó en una
resolución expedida sin competencia para ello, motivo por el cual adolece de
vicio de nulidad, junto con los que se reajustó la prestación y se sustituyó en la
accionada, en condición de cónyuge supérstite del finado exservidor, tal como
lo decidió el a quo.
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública;
[…]»
16
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, expediente 11001-03-25-000-2013-00480-00 (0983-13),
Actor: UGPP contra Ministerio de Salud y Protección Social.
«[…] se resalta que ha sido criterio de esta Sección que las Juntas o Consejos Directivos de entidades
descentralizadas, no tienen la atribución de fijar el régimen salarial o prestacional de sus servidores. Tal
facultad corresponde al legislador ordinario o extraordinario, por mandato del artículo 76, ordinal 9°, para
la entonces Constitución de 1886 y art. 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política de 1991.
La Subsección conforme con todo lo dicho, concluye que los actos acusados trasgreden la competencia
atribuida al Congreso de la República en virtud del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política de 1991, por cuanto la Junta Directiva de la Empresa Puertos de Colombia Colpuertos y el gerente
general, al expedir el Acuerdo 022 de 1991 y la Resolución 805 de 1991, respectivamente, se arrogaron la
competencia de determinar los requisitos de pensión de los empleados públicos de la empresa Colpuertos de
Colombia, cuya regulación expresa corresponde al Congreso y al presidente de la República en virtud de la
ley de facultades extraordinarias prevista en Ley 1ª de 1991.
[…]»
17
«Artículo 11. Los empleados públicos que a la fecha de publicación del presente Decreto o durante el período
de liquidación, tuvieren una edad de cincuenta y cinco (55) años o más, los hombres y cincuenta (50) años o
más, las mujeres, y tiempo de servicio igual o superior a veinte (20) años en el sector público o privado y no
menos de diez (10) años, continuos o discontinuos en la Empresa, tendrán derecho a la pensión de jubilación».
16
Expediente 25000-23-42-000-2015-03958-02 (4062-2021)
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Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda.
Por último, en lo atañedero a la apelación del auto de 26 de mayo de 2016, que
decretó la suspensión provisional de la Resolución RDP 11831 de 16 de octubre
de 2012, por la cual se sustituyó la pensión de jubilación en la demandada, dado
que al accederse a la pretensión de nulidad de los actos acusados ha quedado
definido de fondo el asunto litigioso, por sustracción de materia, la Sala se
abstendrá de decidir dicha alzada por resultar innecesario.
Por otra parte, comoquiera que quien se halla legalmente habilitado para ello
confirió poder en nombre de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), se
reconocerá personería al profesional del derecho destinatario de este18.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 2 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) contra la señora Julia Emma Castelblanco Araos,
conforme a lo consignado en la parte motiva.
2º. Reconócese personería al abogado Sergio Daniel Salazar Escalante, con
cédula de ciudadanía 1.032.471.755 y tarjeta profesional 302.424 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), en los términos del poder conferido.
18
Memorial adjuntado en SAMAI.
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Expediente 25000-23-42-000-2015-03958-02 (4062-2021)
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3º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
18
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