Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00480-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00480-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2013-00480-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020130048000 (0983-2013)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandados: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
Temas: Plan de retiro de los empleados de Puertos de Colombia
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
____________________________________________________________
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra el Ministerio de
Salud y Protección Social.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
1.1.1. Las pretensiones
2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137
del CPACA,1 actuando por intermedio de apoderado, interpuso demanda en orden
a que se anulen los siguientes actos: i) Acuerdo 022 del 11 de septiembre de 1991,
«por el cual se autoriza al Gerente General de la Empresa de Puertos de Colombia,
en liquidación, para acordar y extender a toda la Empresa las condiciones de retiro
de los Empleados Públicos»; y ii) Resolución 805 del 9 de octubre de 1991, «por
medio de la cual se fijan condiciones para el retiro de los Empleados Públicos de la
Empresa Puertos de Colombia».
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Demandante: UGPP
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3. El demandante sostuvo que el acto acusado quebrantó los artículos 4, 6, 48
y 150 de la Constitución Política; 10 de la Ley 4 de 1992; 26 del Decreto Ley 1050
de 1968 y el Decreto 2461 de 1981.
4. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:
i) La Resolución 805 de 1991 creó requisitos pensionales para los empleados
Públicos de la Empresa Puertos de Colombia, con lo cual desconoció que solo el
Congreso está facultado para fijar el régimen salarial y prestacional de aquellos,
mediante una ley marco.
ii) Puertos de Colombia no podía alterar el régimen legal de pensiones, pues
las normas que rigen a las empresas industriales y comerciales del Estado no
autorizan a sus directivas para establecer requisitos pensionales; conceder
pensiones proporcionales; fijar la edad, tiempo de servicio, semanas de
cotización o porcentajes base de liquidación de las pensiones.
iii) El Acuerdo 022 de 1991 modificó los estatutos de la entidad y las funciones
del gerente general sin contar con la aprobación del Gobierno nacional, en
contravía de lo previsto por el Decreto 1050 de 1968.
1.2. Contestación de la demanda
5. El Ministerio de Salud y Protección Social sostuvo que no suscribió los actos
demandados y que se acogía a lo que resultara probado en el proceso, teniendo
en cuenta que la entidad «siempre estuvo en desacuerdo con algunos
procederes de ex servidores de la desaparecida Empresa Puertos de Colombia
y del Liquidado Fondo Pasivo Social de Puertos de Colombia -
FONCOLPUERTOS- por el nefasto desfalco del que fue víctima el erario y la
Nación»; además, los actos demandados «sirvieron de vehículo o herramienta
para llevar a cabo ese fatídico accionar», conforme lo reconoció la Corte
Constitucional en la Sentencia T-555 de 2015.
1.3. Intervención de coadyuvantes
6. Los coadyuvantes de la parte demandada solicitaron negar las súplicas de la
demanda, con base en los siguientes argumentos:
i) El Gobierno nacional ordenó la liquidación de la Empresa Puertos de
Colombia y le prometió a sus empleados que no se afectaría su derecho
pensional, por lo que prestaron su colaboración para ejecutar la decisión.
Además, la Ley 1 de 1991 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la
República para crear un régimen laboral especial encaminado a surtir dicha
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liquidación y retirar a los servidores, atribución que se ejerció mediante los
Decretos 35, 36 y 37 de 1992.
ii) Para satisfacer el pago de las pensiones se creó Foncolpuertos; sin embargo,
sus directivas desplegaron actos de corrupción que afectaron a muchos
pensionados, a pesar de que adquirieron sus derechos con arreglo a la ley. Así,
se generó un manto de duda frente a todos los ex servidores de la empresa y
comenzó una persecución en su contra. Incluso, la presente demanda busca
extinguir las pensiones que fueron reconocidas al amparo de las disposiciones
cuestionadas.
iii) Desde su creación, la referida empresa modificó sus estatutos en varias
oportunidades, pero respetó los derechos adquiridos por los empleados públicos
en materia salarial, prestacional y asistencial.
iv) Los Decretos 2016 de 1961 y 2318 de 1988 facultaron a la Junta Directiva de
Puertos de Colombia para reglamentar con plena autonomía las prestaciones
sociales de sus empleados. Las normas especiales dictadas en ejercicio de dicha
potestad se mantuvieron vigentes hasta la liquidación de la empresa, ya que el
Decreto 1045 de 1978 dispuso que «las prestaciones que con denominación o
cuantía distinta a la establecida en la ley se hayan otorgado a los empleados
públicos en disposiciones anteriores a este decreto, continuarán reconociéndose
y pagándose en los mismos términos». De manera que la empresa durante su
existencia expidió acuerdos para el reconocimiento de las pensiones de sus
colaboradores, las cuales pagaba directamente porque el personal no estaba
afiliado a un fondo de pensiones.
v) El Decreto 135 de 1991 dispuso que los empleados de las empresas
industriales y comerciales del Estado que se hubieren vinculado con anterioridad
a dicha norma tendrían derecho a las prestaciones sociales creadas al 31 de
diciembre de 1990.
vi) El Acuerdo 022 de 1991 no modificó los estatutos de la empresa y, por lo
tanto, no requería la aprobación del Gobierno nacional.
vii) La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-013 de 1993, declaró
inexequible el Decreto Ley 35 de 1992, que incorporó las previsiones de los actos
ahora demandados, pero salvaguardó los derechos adquiridos.
II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
7. Mediante auto del 28 de mayo de 2015, se admitió la demanda.
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8. Por auto del 13 de octubre de 2016, se decretó la suspensión provisional de
los efectos jurídicos de los actos demandados. Esta decisión fue confirmada en
sede de súplica, mediante auto del 2 de mayo de 2018.
9. Mediante auto del 6 de junio de 2025 se abordaron los siguientes asuntos
procesales: i) coadyuvancias; ii) incidente de nulidad; iii) indebida escogencia del
medio de control, caducidad e incumplimiento del requisito de procedibilidad.
10. A través del auto de 22 de agosto de 2025, el despacho ponente evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del
artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de las
audiencias inicial y de pruebas, previstas en los artículos 180 y 181 ibidem; b)
resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; c) fijar el litigio; d) correr traslado
a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente.
2.2. Alegatos de conclusión
11. La UGPP, el Ministerio de Salud y Protección Social y los coadyuvantes
Javier Sierra Mejía y Zaida Luz Flores Urbia reiteraron los argumentos expuestos
en las respectivas etapas del proceso.
2.3. Ministerio Público
12. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Presentación del caso y metodología de decisión
13. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo 022 del 11 de
septiembre de 1991 y la Resolución 805 del 9 de octubre de 1991, expedidos por la
Empresa Puertos de Colombia, están viciados de nulidad por violación al
ordenamiento constitucional y legal en que debían fundarse.
14. Para acometer dicho propósito, se abordarán los siguientes aspectos
relevantes: i) texto de los actos acusados; ii) generalidades de la Empresa Puertos
de Colombia; iii) el caso concreto - problema jurídico - análisis de los cargos de
nulidad; y iv) costas y agencias en derecho.
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3.2. Texto de los actos demandados
15. Es preciso aclarar que no se transcribirán integralmente los actos enjuiciados
en razón a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su
contenido. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub
lite, cuyo tenor es el siguiente:
ACUERDO No. 022 DE 1991
(11 SET. 1991)
Por el cual se autoriza al Gerente General de la Empresa de Puertos de Colombia, en
liquidación, para acordar y extender a toda la Empresa las condiciones de retiro de
los Empleados Públicos.
LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, en
liquidación, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las
que le confiere el Articulo 18, numeral 11 del Decreto 2465 de 1981, modificado por
el artículo 3o. del Decreto 2318 de 1988, у
CONSIDERANDO:
[…]
ACUERDA:
ARTICULO 1o.- Autorizar al Gerente General de la Empresa Puertos de Colombia en
liquidación para acordar, unificar y extender a los Empleados Públicos de la Empresa
las condiciones de retiro actualmente vigentes para los empleados públicos de la
Oficina Principal- Bogotá, en un solo acto administrativo.
RESOLUCIÓN No. 805 de 1991
(9 OCT. 1991)
EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA EN
LIQUIDACIÓN, en uso de sus facultades contenidas en los Decretos 1174 de 1980,
2465 de 1981, Ley 01 de 1991 y en especial del Acuerdo de Junta Directiva Nacional
No. 022 de 11 de septiembre de 1991, y
CONSIDERANDO:
[…]
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Los términos de esta resolución se aplicarán a todos los
Empleados Públicos de la Empresa Puertos de Colombia, en general.
ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con la parte motiva de esta Resolución, la
Administración de la Empresa Puertos de Colombia determina los beneficios a que
tendrán derecho sus empleados, previo los condicionamientos y requisitos que en
esta misma se establecen:
Los Empleados Públicos de la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, que a la fecha
de la vigencia de la presente Resolución o durante el término de liquidación de la
misma, tuvieren veinte (20) años o más de servicios oficiales y cuarenta (40) años o
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más de edad, con un mínimo de tres (3) años de servicios a Colpuertos, tendrán
derecho a una pensión de jubilación proporcional correspondiente al servicio, así:
[…]
Los Empleados Públicos de la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, que a la fecha
de la vigencia de la presente Resolución o durante el término liquidación la EMPRESA
PUERTOS DE COLOMBIA, tuvieren quince (15) años o más y menos de veinte (20)
años de servicio a entidades públicas y cuenten con cuarenta (40) años o más de
edad, tendrán derecho a la pensión de jubilación proporcional con un mínimo de
tiempos de servicios a la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, así:
[…]
Igualmente tendrán este derecho los Empleados Públicos que tuvieren más de quince
(15) años y menos de veinte (20) años al servicio de la Empresa Puertos de Colombia
y cuente con menos de cuarenta (40) años de edad, a los cuales se les aplicarán los
porcentajes señalados en la columna IV.
Los Empleados Públicos de la Empresa Puertos de Colombia, que a la techa de la
vigencia de la presente resolución o durante el termino de liquidación de la Empresa
Puertos de Colombia, tuvieren quince (15) años o más y menos de veinte (20) años
de servicio a entidades públicas, de los cuales por lo menos diez (10) años hayan
sido prestados a la Empresa Puertos de Colombia y cuenten con menos de cuarenta
(40) años de edad, tendrán derecho a la pensión de jubilación proporcional, así:
[…]
PARÁGRAFO PRIMERO.-
a) Los porcentajes correspondientes los tiempos de servicio contemplados en este
artículo se incrementarán proporcionalmente a las fracciones de año trabajadas.
b) Las Pensiones especiales establecidas en este artículo, se liquidarán con base en
el salario promedio devengado en último año de servicio, para lo cual se aplicarán los
factores salariales vigentes en la Empresa de acuerdo con las normas pertinentes.
c) Las pensiones especiales a que hace referencia este artículo, se reajustarán
anualmente en la forma establecida por la Ley un tope máximo de diez y siete punto
cinco (17.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de retiro.
d) Para efectos de las pensiones e indemnizaciones, se tomará el tiempo del servicio
continuo o discontinuo servido a Colpuertos.
e) Las pensiones especiales establecidas en este artículo se asimilan, sustituyen y
son incompatibles con las pensiones o jubilaciones contempladas en la Ley o
Convención, así como con el denominado anticipo de jubilación contemplado en las
normas de la Empresa. Así mismo, las pensiones de que trata este artículo son
incompatibles con el pago de cualquier indemnización, por razón del retiro del
empleado de la Empresa. En caso de que quien reciba o se le reconozca una
indemnización, se pensione o jubile, el monto cubierto más intereses liquidados a la
máxima tasa de interés corriente bancario, se descontará administrativamente y en
forma periódica de las sumas que deban ser reconocidas e título de pensión o
jubilación en el máximo valor legal que se puede descontar.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El presente régimen especial de pensiones e
indemnizaciones no será aplicable a los Empleados Oficiales que a la fecha de
vigencia de la presente Resolución, se les haya reconocido, se hayan retirado, o se
encuentren gozando del correspondiente anticipo de pensión de jubilación, o sean
beneficiarios de iguales o parecidos derechos acordados en otros regímenes
especiales, Resoluciones o Convenciones Colectivas de Trabajo.
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PARÁGRAFO TERCERO.- Los Empleados Públicos que se pensionen acogiéndose
a lo dispuesto en este artículo tendrán derecho al reconocimiento de los servicios
médico- asistenciales establecidos para los demás Empleados Oficiales pensionados
de la Empresa.
PARÁGRAFO CUARTO.- Los derechos contemplados en el numeral 1o. de este
artículo, igualmente lo tendrán los Empleados Públicos que cuenten con veinte (20)
años o más de servicios al Estado, si cuentan con un mínimo de doce (12) años de
servicios a Colpuertos, sin consideración a la edad.
ARTÍCULO TERCERO.- BONIFICACIONES: A partir de la fecha de vigencia de la
presente Resolución, la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, pagará a los
Empleados Públicos que no tuvieren derecho las pensiones o jubilaciones previstas
en la Convención Colectiva de Trabajo Vigente, o en las leyes, o a las especiales que
se establecen en esta o anteriores Resoluciones, la siguiente bonificación:
[…]
ARTÍCULO CUARTO.- Para tener derecho a los beneficios, pensiones o
bonificaciones establecidos en este Resolución, el empleado o beneficiario DEBERÁ
SUSCRIBIR CON CARÁCTER PREVIO UN ACUERDO CONCILIATORIO con la
Administración, el cual debe cumplir con los requisitos, condiciones y términos
integrales de esta Resolución. El no cumplimiento del acuerdo conciliatoria, requisitos
y demás condiciones aquí establecidos, no dará ni creará derecho alguno al
empleado, ya sea para demandar o reclamar judicial o extrajudicialmente los
beneficios en esta ocasionados.
ARTÍCULO QUINTO.- Los beneficios pensionales de esta Resolución no se
aplicarán, en ningún caso, a los nuevos empleados públicos que ingresen a la
Empresa a partir de la fecha de la vigencia de esta Resolución.
ARTÍCULO SEXTO.- El reconocimiento de las bonificaciones o pensiones de que
trata esta Resolución son incompatibles con el pago de cualquier otra indemnización
y con las pensiones o jubilaciones de cualquier tipo, ya sean contempladas en la Ley,
en la Convención o en cualquier otra disposición de la Empresa o su Junta Directiva
Nacional.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- A los términos de esta Resolución podrán acogerse los
Empleados Públicos quienes se desvinculen o hayan sido desvinculados desde el 1º.
de marzo de 1991, con el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones exigidos,
siempre y cuando no se les haya reconocido o pagado ningún derecho similar a los
en la presente consignados, y, que no tengan demandas en curso, o que teniéndolas,
desistan total e incondicionalmente a ellas y declaren a paz y salvo a Colpuertos.
ARTÍCULO OCTAVO.- El Acuerdo entre las partes a que hace referencia esta
Resolución, podrá efectuarse antes de la desvinculación laboral o administrativa del
empleado o a más tardar treinta (30) días hábiles después de su desvinculación o
retiro, excepto para los casos contemplados en el artículo 7o., cuyo plazo será uno
mayor y necesario.
ARTÍCULO NOVENO.- Esta Resolución no se aplicará a quienes se hayan retirado,
por cualquier motivo, o beneficiado de resoluciones o actos administrativos anteriores,
sobre la misma o parecida materia ni a quienes se beneficien o hayan beneficiado de
las Convenciones Colectivas de Trabajo de Colpuertos.
Este régimen beneficiara exclusivamente a los Empleados Públicos de la Empresa
Puertos de Colombia, en liquidación. El Empleado Oficial, que por mandato legal o
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convencional pretenda acogerse a este régimen deberá hacerlo y se le aplicaré en
forma integral, sin dividir o escindir su contenido, tomando los topes y todos los
aspectos adjetivos y sustantivos pactados.
ARTÍCULO DÉCIMO. - La presente Resolución rice a partir del 11 de septiembre de
1991 y deroga las Resoluciones de Gerencia Nos. 072/91, 153/91 y 297/91.
3.3. Generalidades de la Empresa Puertos de Colombia
16. La Ley 154 de 1959 creó la Empresa Puertos de Colombia como una entidad
autónoma, con patrimonio y organización propios, la cual fue reestructurada por el
Decreto 561 de 1975 como empresa comercial del Estado y reorganizada por el
Decreto 1174 de 1980.
17. Mediante el Decreto 2318 de 1988, el Gobierno nacional aprobó el Acuerdo
021 de 1988, el cual modificó el artículo 18, numeral 11, del Acuerdo 857 de 1981,
aprobado por el Decreto 2465 de 1981. En suma, a la Junta Directiva Nacional de
la Empresa Puertos de Colombia se le asignó la función de «fijar la estructura
administrativa, la planta de personal, las escalas de remuneración y prestaciones
sociales de los empleados de la empresa».
18. Posteriormente, la Ley 1 de 1991 dispuso la liquidación de la referida
empresa y revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias para:
37.1. Crear un Fondo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio, cuyo objeto consistirá en atender, por cuenta de la Nación, los pasivos y
obligaciones a los que se refieren los artículos 35 y 36 de esta Ley. En uso de tales
facultades el Presidente podrá definir la naturaleza jurídica del Fondo; determinar su
estructura, administración y recursos; el régimen de sus actos y contratos; y sus
relaciones laborales. Los recursos del Fondo provendrán de apropiaciones
presupuestales, de la venta de las acciones a las que se refiere el inciso quinto del
artículo 35, de la parte de las tarifas que cobren las sociedades portuarias oficiales
con destino a este propósito, y de los demás recursos que reciba a cualquier título.
37.2. Dictar normas especiales sobre contratación, régimen laboral y de presupuesto
para la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, para la formación de las
sociedades portuarias regionales de que tratan los artículos 34 35 y 36 de esta Ley,
y para asegurar la protección del empleo de que trata el artículo 36.
19. En ejercicio de las precitadas facultades se expidieron los Decretos Leyes
35, 36 y 37 de 1992, los cuales fueron objeto de estudio de constitucionalidad, junto
con la Ley 1 de 1991, mediante la Sentencia C-013 de 1993. En lo referente al cargo
consistente en la falta de competencia del presidente de la República para dictar
normas especiales sobre el régimen laboral de los empleados de la Empresa
Puertos de Colombia, la Corte Constitucional precisó:
Cuando la Carta señala en su artículo 150-19 que al Congreso le compete fijar las
pautas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para regular el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen de prestaciones
mínimas de los trabajadores oficiales, se refiere a una ley que debe trazar los
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principios y límites para la regulación de las referidas materias con carácter general
por parte del Ejecutivo.
Los reglamentos que dicte el Ejecutivo revisten cierto grado de generalidad. Sus
destinatarios serán el universo de los trabajadores o una categoría más o menos
extensa de los mismos. En consecuencia, es equivocada la afirmación del actor en el
sentido de que las normas acusadas no podían ser objeto de facultades
extraordinarias por tratarse de materias objeto de una ley marco y, por tanto, excluidas
expresamente por el artículo 150-10 de una eventual concesión de facultades
extraordinarias. La regulación del monto de las indemnizaciones y de las pensiones
de jubilación de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos de Colpuertos,
lejos de ser una regulación genérica, se circunscribe al caso específico de la
liquidación de Puertos de Colombia, decidida por el Congreso, dentro de las
facultades que le confiere el artículo 150-7 de la Carta y, por ello, perfectamente
atribuible al Ejecutivo, tanto a la luz del anterior ordenamiento constitucional como del
ahora vigente.
20. La Sentencia C-013 de 1993 declaró la constitucionalidad de las normas
demandadas, con excepción del artículo 6 del Decreto 35 de 1992, que reguló la
pensión de jubilación proporcional para los trabajadores oficiales, en razón a que se
afectó el derecho a la negociación colectiva y los derechos adquiridos por dichos
servidores en las convenciones colectivas celebradas con anterioridad a la
expedición del citado decreto.
21. Igualmente, se aclaró que los razonamientos para la aludida declaratoria de
inexequibilidad no se predican «del régimen ordenado para los empleados públicos
en el artículo 12 del Decreto 035 de 1991, el cual tiene pleno sustento constitucional,
particularmente en las facultades legislativas consagradas en el artículo 150-7 de la
C.P. En todo caso, la aplicación de la mencionada disciplina legal no podrá
desconocer los derechos adquiridos por los empleados públicos de Puertos de
Colombia de conformidad con leyes anteriores».
3.4. El caso concreto. Problema jurídico - análisis de los cargos de
nulidad
22. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación,
le corresponde a la Sala determinar si los actos acusados quebrantaron el
ordenamiento superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por la UGPP,
los cuales serán agrupados con el fin de facilitar el estudio del presente debate.
3.4.1. Ausencia de aprobación gubernamental a la reforma estatutaria
23. La UGPP sostuvo que el Acuerdo 022 de 1991 modificó los estatutos de la
entidad y las funciones del gerente general sin contar con la aprobación del
Gobierno nacional, en contravía de lo previsto por el Decreto 1050 de 1968.
24. Ahora bien, el artículo 26 del Decreto 1050 de 1968 dispone que las juntas o
consejos directivos de las empresas industriales y comerciales del Estado tienen la
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función de «adoptar los estatutos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se
introduzca y someterlos a la aprobación del gobierno».
25. Ahora bien, conforme al marco normativo expuesto en acápites precedentes,
los Decretos 2465 de 1981 y 2318 de 1988 aprobaron los estatutos de la Empresa
Puertos de Colombia, de los cuales se destacan las facultades de la Junta Directiva
Nacional para: i) «adoptar la política general de la Empresa y los planes y programas
que se deban ejecutar»; ii) «fijar la estructura administrativa, la planta de personal,
las escalas de remuneración y prestaciones sociales de los empleados de la
empresa»; y iii) «delegar en el Gerente General alguno de sus funciones y
autorizarlo para que a su vez delegue en sus subalternos».
26. A su vez, al gerente general le compete «atender los negocios y actividades
de la Empresa, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias y las normas
que dicte la Junta Directiva Nacional» y «dirigir la ejecución de las políticas, planes
y programas de La Empresa y de los proyectos y actividades asignados a la Oficina
principal».
27. Por su parte, en las consideraciones del acto acusado se expresó:
«Que la JUNTA DIRECTIVA NACIONAL con base en la normatividad vigente
contenida en el Decreto 2318 de 1988, artículo 3o., expidió los Acuerdos No. 023 y
No. 028 del 17 de diciembre de 1990, autorizando al Gerente General para acordar
las condiciones de retiro de los Empleados Públicos de la Oficina Principal-Bogotá.
Que la Gerencia General con base en la autorización conferida en los Acuerdos
citados en el considerando anterior expidió las resoluciones No. 072, 153, 297 у 596
de 1991 que consagran las condiciones de retiro de los Empleados Públicos de la
Oficina Principal- Bogotá.
Que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 33 de la Ley 01 de 1991, por medio
de la cual se expide el "Estatuto de Puertos Marítimos", es necesario continuar y
acelerar el proceso de liquidación en todas las dependencias de la Empresa».
28. Bajo este escenario, la Sala concluye que el Acuerdo 022 de 1991 no
constituyó una reforma estatutaria, sino que la Junta Directiva Nacional de la
Empresa de Colombia actuó dentro del ámbito de las funciones asignadas en los
estatutos aprobados por los Decretos 2465 de 1981 y 2318 de 1988.
29. En efecto, dichas normas habían habilitado a la aludida junta para adoptar la
política general de la Empresa y los planes y programas a ejecutar, lo cual también
era predicable en el marco del proceso liquidatorio. A su vez, se le había facultado
para fijar las prestaciones sociales de los empleados de la empresa y delegar sus
funciones en el gerente general.
30. Bajo este contexto, puede concluirse que el Acuerdo 022 de 1991 se
encaminó a adoptar la política de retiro de los servidores de la empresa, la cual
debía ser materializada por el gerente general según las directrices adoptadas por
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la Junta Directiva.
31. Al respecto, llama la atención que dicho acto no fue el único que se expidió
en aras de agilizar el proceso liquidatorio; por el contrario, fue precedido por los
Acuerdos 023 y 028 de 1990, pero estos no fueron cuestionados en el sub lite, pese
a que el Acuerdo 022 de 1991 extendió las directrices impartidas en aquellos, con
miras a que no solo se aplicaran a la Oficina Principal de Bogotá D.C., sino a toda
la empresa.
32. En consecuencia, no se encuentran demostrados los cargos de nulidad
enrostrados al mencionado acuerdo y, por lo tanto, se negarán las súplicas de la
demanda en lo que a este concierne.
3.4.2. Competencia para fijar el régimen pensional de los empleados
públicos
33. La UGPP manifestó que la Resolución 805 de 1991 creó requisitos
pensionales para los empleados Públicos de la Empresa Puertos de Colombia, con
lo cual desconoció que solo el Congreso está facultado para fijarles su régimen
salarial y prestacional. Agregó que dicha entidad no podía alterar el régimen legal
de pensiones, pues las normas que rigen a las empresas industriales y comerciales
del Estado no autorizan a sus directivas para establecer requisitos pensionales;
conceder pensiones proporcionales; fijar la edad, tiempo de servicio, semanas de
cotización o porcentajes base de liquidación de las pensiones.
34. En relación con los anteriores argumentos, se destaca que el Acto legislativo
1 de 1968 le atribuyó al Congreso de la República la potestad de determinar «las
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos,
así como el régimen de sus prestaciones sociales»; sin embargo, en lo que atañe a
los requisitos para acceder a pensión de jubilación, el artículo 62 de la Constitución
Nacional de 1886 estableció que la ley determinaría «las condiciones de ascenso y
de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a
pensión del Tesoro público».
35. Posteriormente, el artículo 150 de la Constitución Política de 1991 le asignó
al Congreso de la República la competencia para dictar las normas generales a las
cuales debía sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos. En cumplimento de ello, se expidió la Ley 4 de 1992.
36. En lo que respecta a la Resolución 805 de 1991, esta corporación ha
efectuado los siguientes análisis:2
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de septiembre de 2022, radicado 25000-
23-42-000-2015-03958-02 (4062-2021). En similar sentido, ver las siguientes sentencias: i) del 9 de julio de
2015, radicado 25000-23-25-000-2012-00996-01 (2693-2013); y ii) del 16 de junio de 2022, radicado 52001-23-
33-000-2015-00334-01 (3601-2018).
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«Ahora bien, cabe destacar que el gerente general de la aludida empresa para la
expedición de la Resolución 805 de 1991, se fundamentó en la presunta facultad que
le otorgó el artículo 3 del Decreto 2318 de 9 de noviembre de 19883 (emitido por el
Gobierno nacional) a la junta directiva nacional de esa empresa para «fijar las escalas
de remuneración y prestaciones sociales de los empleados de la Empresa», por lo
que en el artículo 2 preceptuó los requisitos que debían cumplir los empleados
públicos para acceder al derecho pensional.
No obstante, en armonía con lo explicado en el acápite precedente, la Sala encuentra
que la Resolución 805 de 9 de octubre de 1991, por la cual el gerente general de
Colpuertos previó los presupuestos para el retiro de los empleados públicos de esa
empresa con derecho a una pensión de jubilación, fue expedida sin competencia,
pues al tenor de los artículos 76 (numeral 9) de la Constitución Nacional de 18864 y
150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política de 19915, esa función está en
cabeza del Congreso de la República y del Gobierno nacional, de lo que se deduce
que el acto de reconocimiento pensional (acusado) es ostensiblemente ilegal por
violación del ordenamiento jurídico-constitucional.
En un asunto similar, esta Corporación6 también se pronunció sobre la competencia
para determinar el régimen prestacional de los empleados públicos de Colpuertos, en
el sentido de que esta «la ostentan de manera conjunta el Congreso de la República
y el gobierno nacional».
Tanto es así que, con posterioridad a la aludida Resolución 805 de 1991, el Gobierno
nacional, por medio del Decreto 35 de 1992, fijó el régimen laboral de la Empresa
Puertos de Colombia y señaló las condiciones que tenían que satisfacer sus
empleados públicos con el fin de obtener el derecho a la pensión 7 , al ser el
competente para regular dicha materia en virtud del artículo 37 de la Ley 1ª de 1991».
37. Así las cosas, se concluye que la Empresa Puertos de Colombia carecía de
competencia para fijar el régimen de pensiones de sus empleados públicos, pues
para tal efecto la Constitución Política estableció una competencia compartida entre
el legislador y el ejecutivo nacional, pero esas atribuciones no se extienden a las
3 «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021 de 2 de septiembre de 1988, originario de la Junta Directiva
de la Empresa Puertos de Colombia "Colpuertos"».
4 «Es función del Congreso reformar la Constitución por medio de actos legislativos, hacer las leyes y ejercer el
control político sobre los actos de Gobierno y de la administración de acuerdo con los numerales 3º y 4º del
artículo 103.
Por medio de las leyes ejerce las siguientes atribuciones:
[…]
9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos
Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales;
[…]».
5 «Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y
de la Fuerza Pública;
[…]»
6
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, expediente 11001-03-25-000-2013-00480-00 (0983-13),
Actor: UGPP contra Ministerio de Salud y Protección Social. […].
7 «Artículo 11. Los empleados públicos que a la fecha de publicación del presente Decreto o durante el período
de liquidación, tuvieren una edad de cincuenta y cinco (55) años o más, los hombres y cincuenta (50) años o
más, las mujeres, y tiempo de servicio igual o superior a veinte (20) años en el sector público o privado y no
menos de diez (10) años, continuos o discontinuos en la Empresa, tendrán derecho a la pensión de jubilación».
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entidades públicas o a las empresas industriales y comerciales del Estado.
38. Es más, fue con la expedición del Decreto Ley 35 de 1995 que el Gobierno
nacional fijó el régimen pensional de los empleados públicos y trabajadores oficiales
de Puertos de Colombia y, respecto de los primeros, la Corte Constitucional
encontró que la normativa estaba ajustada a la legalidad.
39. Asimismo, en anteriores oportunidades esta corporación anuló acuerdos
expedidos por Puertos de Colombia en los que se regulaba el régimen prestacional
de sus empleados públicos, bajo el entendido de que la entidad carecía de
competencia para ello.8
40. Así las cosas, debe anularse la Resolución 805 del 9 de octubre de 1991,
teniendo en cuenta que el gerente general de la de la Empresa Puertos de Colombia
desbordó su competencia al fijar el régimen de pensiones de los empleados públicos
adscritos a la entidad.
41. Es pertinente anotar que dicho acto aludió a unas bonificaciones y adoptó
una serie de medidas en materia de acuerdos conciliatorios, exclusiones de su
ámbito de aplicación, incompatibilidades para recibir los beneficios y derogatorias y
vigencia, las cuales también deben ser anuladas, pues guardan una relación
inescindible con el régimen pensional allí previsto y, por lo tanto, el acto guarda
unidad de sentido en todo su articulado y el vicio de nulidad de falta de competencia
lo cobija integralmente.
42. Por otra parte, se levantará la medida cautelar de suspensión provisional
decretada en el sub lite, mediante auto del 13 de octubre de 2016, respecto del
Acuerdo 022 del 11 de septiembre de 1991.
43. Finalmente, es pertinente anotar que los coadyuvantes Javier Sierra Mejía y
Zaida Luz Flores Urbia, en su escrito de alegatos de conclusión expresaron lo
siguiente:
«De declararse la nulidad de los actos generales demandados, disponer
expresamente que dicha declaratoria no afecta la validez y la presunción de legalidad
de los actos administrativos de carácter particular y concreto que reconocieron las
pensiones de jubilación a favor de Javier Sierra Mejía y Zaida Luz Flores Urbia, tal
como fue precisado por esta Subsección en el Auto de 02 de mayo de 2018.
Alternativamente solicito aplicar el criterio de motivos y finalidades y declarar que el
medio de control adecuado era el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Art.
138 CPACA) y, consecuentemente, rechazar la demanda por haber operado la
caducidad (más de 25 años)».
8 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 29 de julio de 1991, radicado 2141; y ii) del 26 de
abril de 1994, radicado 5442.
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44. Ahora bien, estos argumentos fueron abordados en las providencias del 2 de
mayo de 2018 y 6 de junio de 2025. En esta última se concluyó:
«[…] una vez se ordenó la suspensión provisional de los actos generales enjuiciados,
la UGPP solicitó extender dicha medida a los actos particulares, pero esta
corporación, al resolver el recurso de súplica contra el auto que decretó la cautela,
negó tal petición por las siguientes razones:
La Sala considera oportuno aclarar, que el presente medio de control corresponde
a la simple nulidad de un acto general consagrado en el art. 137 del CPACA, en
consecuencia, los efectos de la decisión se surten únicamente respecto del acto
general acusado, sin que puedan extenderse los efectos suspensivos a los actos
particulares y concretos, los cuales continúan bajo presunción de legalidad.
[…].
[…] los pensionados de la Empresas Puertos de Colombia y la ciudadanía en general,
no tienen la condición de parte o litisconsortes necesarios, ya que no […] se
encuentran acusados actos particulares cuya eventual nulidad impacte de manera
directa un derecho subjetivo y tal afectación tampoco se deduce necesariamente de
la anulación de los actos generales cuestionados, conforme se explicó en
precedencia. Por el contrario, la UGPP debe adelantar las actuaciones administrativas
que considere pertinentes o acudir ante la jurisdicción, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a controvertir la legalidad
de los reconocimientos pensionales efectuados a cada uno de los beneficiarios.
[…]
En anterior oportunidad, en la que se alegó que la eventual decisión anulatoria
conduciría a un restablecimiento automático del derecho, esta corporación sostuvo
que tal afirmación carecía de fundamento legal y probatorio, pues se estaba
demandando «la legalidad de un acto de carácter general, proferido por una autoridad
del orden nacional, que se enmarca dentro de los parámetros establecidos en el
artículo 137 del CPACA para ser enjuiciado por vía del medio de control de nulidad».9
El citado entendimiento, también resulta aplicable al presente caso, pues se pretende
la nulidad de los actos generales que establecieron unas medidas para el retiro de los
Empleados Públicos de la Empresa Puertos de Colombia, pero tales determinaciones
se adoptaron de manera objetiva, impersonal y abstracta, por ende, fueron dirigidas
a una generalidad de personas indeterminadas.10
Entonces, la nulidad de esos actos no acarrearía un restablecimiento automático del
derecho para la UGPP ni una afectación a los derechos pensionales de los ex
empleados de dicha empresa, teniendo en cuenta que no fueron acusados actos
particulares ni se elevaron pretensiones que se encaminaran a proteger un interés
particular y concreto o a declarar derechos subjetivos.
Así las cosas, la sola nulidad de las decisiones administrativas demandadas no
implica de manera inmediata la afectación positiva o negativa de los derechos
subjetivos, pues la materialización de la decisión frente a casos concretos estará
sujeta a otro tipo de actuaciones administrativas y/o judiciales, según lo estime la
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 8 de abril de 2021, radicado 11001-03-25-000-
2017-00468-00 (2202-2018) - 11001-03-25-000-2017-00482-00 (2263-2017). En similar sentido puede
consultarse la sentencia del 24 de septiembre de 2015, radicado 11001-03-25-000-2010-00286-00 (2360-10).
10
En similar sentido, ver la sentencia del 25 de octubre de 2017, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, radicado 05001-23-33-000-2017-01836-01.
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UGPP.
De ahí que «un entendimiento distinto podría poner el riesgo el interés general y el
principio de legalidad que se reivindican en los procesos de nulidad simple».11
De otro lado, a partir de la premisa de que en este caso debió promoverse una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, los coadyuvantes concluyeron
que: i) operó la caducidad del medio de control […].
No obstante, los anteriores razonamientos carecen de vocación de prosperidad, ya
que el medio de control incoado es el de nulidad simple, el cual puede interponerse
en cualquier tiempo, conforme lo prevé el artículo 164 del CPACA».
45. En consecuencia, la Sala no encuentra necesidad de ahondar en
razonamientos frente a los alegatos de conclusión de los mencionados
coadyuvantes, ya que durante el trámite procesal fueron suficientemente
estudiados.
3.5. Condena en costas
46. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Declarar la nulidad de la Resolución 805 del 9 de octubre de 1991, «por
medio de la cual se fijan condiciones para el retiro de los Empleados Públicos de la
Empresa Puertos de Colombia», por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Tercero. Levantar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del
Acuerdo 022 del 11 de septiembre de 1991. Dicha cautela fue decretada mediante
auto del 13 de octubre de 2016.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 22 de junio de 2023, radicado 11001-03-25-
000-2017-00061-00 (0253-2017).
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Demandante: UGPP
Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley y el art. 186 del CPACA.
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