Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00608-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00608-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00608-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00608-00 (5511-2022)
Demandante: Enos David Viana Pérez
Demandado: Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Intereses a las cesantías docentes
Decisión: Accede a las pretensiones
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1.Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Enos David Viana Pérez contra el Ministerio de
Educación Nacional (MEN), y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG).
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
2.En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 el señor Enos David Viana Pérez, actuando en nombre propio, presentó
demanda en orden a que se anule el artículo 4 del Acuerdo 39 del 15 de diciembre
de 1998, expedido por el Consejo Directivo del FOMAG.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3.La parte demandante señaló que el acto acusado vulnera los artículos 13, 83, 84,
123, 150, 152 y 209 de la Constitución Política; 1 de la Ley 52 de 1975; 15 de la Ley
91 de 1989; 99 de la Ley 50 de 1990; y 2 del Decreto 116 de 1976.
4. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:
i) El acuerdo parcialmente enjuiciado dispuso que el FOMAG pagaría los
intereses a las cesantías de los docentes dependiendo de la fecha en que las
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Demandante: Enos Dav id Viana Pérez
entidades territoriales remitieran la información a la entidad fiduciaria
administradora del fondo en los meses de marzo, mayo o en fechas posteriores.
Sin embargo, tal forma de pago genera efectos nocivos en la economía de los
educadores, pues son los únicos trabajadores del Estado a quienes se les pagan
los intereses a las cesantías con posterioridad al 31 de enero de cada año, lo
cual vulnera el derecho a la igualdad.
ii) FOMAG expidió el acuerdo acusado sin competencia2 y con desconocimiento
del principio de reserva de ley, pues le corresponde al Congreso dictar las leyes
para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Además,
la entidad usurpó las competencias del legislador para «cambiar lo estipulado por
las leyes que rigen la materia en cuanto la consignación de los intereses de
cesantías» y obtener unos dividendos por la administración de los recursos en
contravía de los derechos laborales de los educadores.
iii) El acto demandado vulneró las normas superiores en las cuales se previó
que los intereses a las cesantías deben pagarse antes del 31 de enero de cada
año.
1.2. Contestación de la demanda
5. El 9 de marzo de 2023, la Secretaría de la Sección Segunda notificó la demanda
al MEN y al FOMAG,3 pero las entidades guardaron silencio.
II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
6. Por auto de 24 de enero de 2023, se admitió la demanda.
7.Mediante providencia del 24 de abril de 2024, se negó la solicitud de medida
cautelar incoada por la parte actora, decisión que fue confirmada el 4 de abril de
2025, en sede de reposición.
8. A través de auto del 26 de septiembre de 2025, el despacho evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del
artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de la
audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem; b) resolver sobre las pruebas
aportadas y solicitadas; c) fijar el litigio; d) correr traslado a las partes y al Ministerio
Público para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.
2.2. Alegatos de conclusión
2 El actor invocó la aplicación de la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 31 de octubre de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-00992-00 (4473-16).
3 Índice 16 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: Enos Dav id Viana Pérez
9. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda.4
2.3. Ministerio Público
10. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
11. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Problema Jurídico
12. Le corresponde a la Sala determinar si el artículo 4 del Acuerdo 39 del 15 de
diciembre de 1998, expedido por el Consejo Directivo de FOMAG, desconoció el
ordenamiento superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por el
accionante.
3.2. Texto del acto demandado
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
CONSEJO DIRECTIVO
ACUERDO No. 39 DE 19885
El consejo directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio:
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en los numerales
1° y 3 del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y
[…]
ACUERDA:
ARTÍCULO CUARTO: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
realizará el pago de los intereses en el mes de marzo, a los docentes cuya información
haya sido remitida a la Entidad Fiduciaria que administra los recursos del Fondo a
más tardar el cinco (5) de febrero de cada año, y en el mes de mayo a los docentes
cuya información haya sido remitida a la Entidad Fiduciaria en el periodo comprendido
entre el seis (6) de febrero y hasta el quince (15) de marzo de cada año. En los casos
en que la entidad territorial reporte la información con posterioridad a ésta (sic) fecha,
la entidad fiduciaria, programará pagos posteriores, de lo cual informará al Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
PARÁGRAFO 1: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
únicamente reconocerá y pagará los intereses a las cesantías causados a partir de la
4 Si bien el MEN presentó alegatos conclusión, el abogado interviniente no allegó el poder conferido por la
cartera ministerial que lo acreditara como apoderado de la entidad.
5 Mediante el Acuerdo 11 de 1999 suscrito por el consejo directivo de FOMAG se determinó «aclarar para todos
los efectos legales, que la fecha de expedición del Acuerdo No. 39 de 1998 […], es el de 15 de diciembre de
1998».
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Demandante: Enos Dav id Viana Pérez
fecha de corte para el cálculo del pasivo prestacional, para aquellos docentes que se
afilien mediante convenio, y los causados a partir de la fecha de posesión, para
aquellos por los cuales no se ha generado pasivo prestacional, siempre y cuando se
hayan realizado los aportes correspondientes.
PARÁGRAFO 2: En todo caso, la responsabilidad de reportar oportunamente, la
Información requerida para el pago de los intereses a las cesantías, es de la entidad
territorial.
3.4. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad
13. El actor afirmó que FOMAG expidió la disposición acusada sin competencia, con
desconocimiento del principio de reserva de ley y de las normas superiores en
cuales se previó que los intereses a las cesantías debían pagarse antes del 31 de
enero de cada año.
14. Ahora bien, la competencia es una manifestación del principio de legalidad y una
limitación al ejercicio del poder, así como una consecuencia lógica del sometimiento
del Estado al Derecho. En ese sentido, mientras los particulares tienen la facultad
de realizar todos los actos que no se encuentren expresamente prohibidos, la
administración únicamente podrá realizar lo permitido por el legislador6.
15. No solamente las disposiciones legales definen la distribución de competencias,
también lo establece la Constitución Política que en determinados asuntos confiere
la potestad de regulación en forma exclusiva y excluyente por ciertas entidades u
organismos. Así, dependiendo la autoridad administrativa a la que le fue asignada
la función se establecerá si se está en el ámbito de la reserva de ley o reserva de
reglamento.
16. Por su parte, la potestad reglamentaria comporta el ejercicio de una función
administrativa7 en la que se pretende hacer más precisa y detallada la ley8 para que
pueda ejecutarse en debida forma. En consecuencia, el acto de reglamentación es
un acto complementario de la ley desarrollada9.
6 La idea de que la regla general es la incompetencia y la excepción es la competencia explícita en norma ha
sido debatida en sede doctrinal. Íntegra la discusión sobre la distancia entre la noción de capacidad en el
derecho privado y la competencia en el público. Un sector defiende el postulado de la permisión amplia, según
la cual, siempre que se crea un órgano público y se le asigna un marco competencial, a la entidad puede hacer
todo lo que no esté prohibido o exceda sus competencias. Así lo explica Cassagne: «Se argumenta que el
axioma ontológico de la libertad rige tanto con relación a las personas físicas o ideales, como frente a los sujetos
estatales y sus órganos, y que si bien el principio de la juridicidad exige para que exista competencia en el sujeto
u órgano que una norma lo establezca, una vez creada una persona jurídica pública estatal, ésta y sus órganos
pueden hacer todo lo no prohibido dentro de sus respectivas competencias (axioma ontológico). Sin embargo,
en materia de actos de gravamen la exigencia de norma expresa para fundar la competencia resulta
insoslayable […]» (CASSANGNE, Juan Carlos. El acto administrativo: teoría y régimen jurídico. Buenos Aires:
Ediciones Olejnik, 2019. p. 191).
7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 21 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-06-000-2014-000120-00(2213).
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de marzo de 2016, radicado: 11001-03-26-000-2009-
00009-00(36312) y de la Sección Primera, sentencia del 18 de febrero de 2016, radicado: 11001-03-24-000-
2013-00018-00.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 6 de junio de 2013,
radicado: 11001-03-24-000-2006-00284-00.
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Demandante: Enos Dav id Viana Pérez
17. A su vez, la potestad reglamentaria tiene límites, correspondiendo uno de ellos la
subordinación a la ley, tanto jerárquica como sustancialmente de tal forma que, con
la expedición del reglamento la administración tiene proscrito ampliar, restringir,
modificar o contrariar la norma promulgada por el legislador (límite por competencia)
ni tampoco desconocer su contenido mínimo10.
18. El artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República
la facultad de dictar las normas generales a las cuales debía sujetarse el Gobierno
para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. De este
modo, se estableció una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo
nacional para desarrollar dicha materia; sin embargo, tales atribuciones no se
extienden a las entidades públicas o a las empresas industriales y comerciales del
Estado o a sus órganos directivos.11
19. Ahora bien, con antelación a la expedición de la Carta de 1991, se había expedido
la Ley 91 de 1989, esto es, cuando se encontraba vigente la Constitución Política
de 1886, modificada por el Acto legislativo 1 de 1968, la cual le atribuyó al Congreso
de la República la potestad de determinar «las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus
prestaciones sociales».
20. En este orden de ideas, en vigencia de las Constituciones Políticas de 1886 y
1991, las entidades públicas, históricamente, han carecido de competencia para
regular el régimen prestacional de los servidores públicos.
21. De ahí que el legislador, mediante la Ley 91 de 1989 creó el FOMAG y reguló,
entre otras prestaciones, el auxilio de cesantías a que tendrían derecho los docentes
oficiales, así como los intereses que deberían pagarse anualmente por dicho
emolumento.
22. En efecto, el FOMAG fue creado como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personaría jurídica, cuyos
recursos serían manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta,
en la cual el Estado tuviera más del 90% del capital.
23. Asimismo, al FOMAG se le encargó de atender las prestaciones sociales de los
docentes nacionales y nacionalizados que se encontraran vinculados a la fecha de
la promulgación de la Ley 91 de 1989 y de los que se vincularan con posterioridad
a ella. Para cumplir dicha función, a la entidad se le trazaron los siguientes objetivos:
10 Cita de cita. Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 14 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03-
06-000-2016-00066-00(2291).
11 Conejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de noviembre de 2025, radicado
11001032500020130048000 (0983-2013).
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Demandante: Enos Dav id Viana Pérez
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.
2. Garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, que contratará con
entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo.
3. Llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado
de los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir una
base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que
en materia prestacional deba atender el Fondo, que además pueda ser utilizable para
consolidar la nómina y preparar el presupuesto en el Ministerio de Hacienda.
4. Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le
corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes.
5. Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones
del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones.
24. Además, el artículo 6 de la Ley 91 de 1989 previó que el FOMAG contaría con un
Consejo Directivo integrado por los siguientes miembros: i) ministro de Educación
Nacional o el viceministro; ii) ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado;
iii) ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado; iv) dos representantes del
magisterio; y v) gerente de la entidad fiduciaria con la cual se contrate.
25. Elartículo 7 ibidem indicó que el referido Consejo tendría las siguientes
funciones:
1. Determinar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del
Fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento.
2. Analizar y recomendar las entidades con las cuales celebrará los contratos para el
funcionamiento del Fondo.
3. Velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo.
4. Determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridad, conforme al cual
serán atendidas las prestaciones sociales frente a la disponibilidad financiera del
Fondo, de tal manera que se garantice una distribución equitativa de los recursos.
5. Revisar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo y remitirlo al Gobierno
Nacional para efecto de adelantar el trámite de su aprobación.
6. Las demás que determine el Gobierno Nacional.
Parágrafo. El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, para el cumplimiento de sus funciones en las entidades territoriales,
considerará preferentemente recomendar o escoger a los Fondos Prestacionales, que
en algunas de aquellas vienen atendiendo a los docentes, a fin de contratar con
dichos organismos en el respectivo territorio. Ello sin perjuicio de que por razones de
buen servicio se recomiende a una o varias entidades diferentes. Tanto a la primera
como la segunda alternativa deberán estar plenamente autorizadas en el contrato de
fiducia mercantil a que alude el artículo 3º de la presente ley.
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Demandante: Enos Dav id Viana Pérez
26. Por su parte, FOMAG, en el artículo 4 del acuerdo demandado, reguló las fechas
de pago de los intereses a las cesantías y para ello se respaldó en las funciones
previstas en los numerales 1 y 3 antes citados; sin embargo, una lectura atenta de
dichas normas no permite extraer ningún tipo de potestad reglamentaria frente al
régimen prestacional de los docentes, específicamente en torno a las fechas en que
procedería el pago de los intereses a las cesantías.12
27. En contraste, el artículo 16 de la Ley 91 de 1989 precisó que el presidente de la
República tendría la función de reglamentar «todos los aspectos necesarios para
poner en funcionamiento el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio».
28. Bajo esta línea de intelección, se concluye que el Gobierno nacional debía
reglamentar los plazos para el pago de los intereses a las cesantías y no el Consejo
Directivo del FOMAG, pues esa atribución no le fue concedida constitucional o
legalmente.
29. Es pertinente anotar que el accionante enfocó la falta de competencia del
FOMAG para expedir el acuerdo demandado en que se vulneró el principio de
reserva de ley, pues, en su sentir, el legislador era el único facultado para determinar
los plazos en que debían pagarse los intereses a las cesantías de los educadores
oficiales; sin embargo, conforme ha quedado expuesto, dicha atribución está
radicada en el Gobierno nacional, por lo que la Sala entiende que el alcance del
reparo del demandante esencialmente es la falta de competencia de la autoridad
que expidió el acto, sin importar que el interesado hubiera señalado un órgano
alternativo para ejercer la competencia, esto es, el legislativo o el ejecutivo.
30. Así las cosas, el ejecutivo nacional era el competente para operativizar la Ley 91
de 1989, que en su artículo 15 reguló el derecho al pago de los intereses a las
cesantías en los siguientes términos:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[...]
3º Cesantías.
[...]
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
12 En sentencia del 8 de febrero de 2024, radicado 44001 23 33 000 2013 00079 01 (5016-2014), el Consejo de
Estado precisó que «los intereses a las cesantías constituyen un derecho accesorio al principal, pues dependen
del monto reconocido anualmente por esa prestación, el cual se debe tomar como base para liquidar el
porcentaje que el legislador ha establecido para el efecto».
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Demandante: Enos Dav id Viana Pérez
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. [...]
31. De la anterior cita, se evidencia que la Ley 91 de 1989 no estableció las fechas
de reconocimiento de los intereses de las cesantías de los docentes oficiales, razón
por la que el Gobierno nacional debía acudir a la potestad reglamentaria para
especificar dicho aspecto, pues resultaba relevante para el goce del derecho y
determinar su exigibilidad.
32. Por lo tanto, el presidente de la República, en ejercicio de la potestad
reglamentaria prevista en el artículo 189 de la Carta, debe llevar a cabo la
denominada «concreción administrativa» de los elementos esenciales del derecho
que se reglamenta, desde una «posición subordinada» al contenido y alcance de la
ley regulada.13
33. Comoquiera que se declarará la nulidad de la disposición demandada, la Sala se
relevará del estudio de los demás cargos formulados por el demandante.
3.6. Condena en costas
34. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
35. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Declarar la nulidad del artículo 4 del Acuerdo 39 del 15 de diciembre de
1998, expedido por el Consejo Directivo del FOMAG, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Ordenar al ministro de Educación y al representante legal del FOMAG,
o quienes hagan sus veces, que a través de las páginas web oficiales de esas
entidades, se publique este proveído. La Secretaría de la Sección Segunda del
Consejo de Estado requerirá al Ministerio de Educación Nacional para que presente
un informe sobre el cumplimiento de esta orden.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 2024, radicado 11001-03-
26-000-2021-00160-00 (67321).
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Demandante: Enos Dav id Viana Pérez
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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