Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06637-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06637-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06637-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06637-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
18 de enero de 2024
Demandante: Eric González Julio
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06637-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06637-00
Demandante: ERIC GONZÁLEZ JULIO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA
Temas: Tutela contra providencia de unificación. Sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Eric González, por medio de apoderado judicial, radicó acción de tutela el
31 de octubre de 2023, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con la sentencia de 11 de
octubre de 2023, en la que la Sección Segunda del Consejo de Estado, como órgano
de cierre especializado en la materia objeto de estudio, unificó jurisprudencia sobre
la procedencia de aplicar la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la indemnización de la Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
1.2. Pretensiones
Las peticiones son las siguientes:
Primero: Los anteriores hechos constituyen una violación al DEBIDO PROCESO,
AL DERECHO DE IGUALDAD, AL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA TUTELA
JURISDICCIONAL EFECTIVA consagrados en los artículos 29 y 229 de la
constitución nacional respectivamente.
Segundo: como consecuencia de lo anterior dejar sin efecto la SENTENCIA SUJ-
032- CE-S2-2023 DEL CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN
B CONSEJERO PONENTE JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR, JORGE IVÁN
DUQUE GUTIÉRREZ, CESAR PALOMINO CORTES, RAFAEL FRANCISCO
SUAREZ VARGAS, GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ, en virtud de: “Unificar
la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente: Los
docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eric González Julio
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06637-00
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989. (…)”, por encontrarse inmersa en el análisis de una prueba ilegal e
incongruencias entre lo demandado y lo fallado que perjudica los derechos
fundamentales de cientos de miles de docentes adscritos al magisterio
colombiano, y en su lugar ordenar a dicha autoridad judicial que, en el término de
30 días, profiriera un fallo de reemplazo en el que, al resolver el caso concreto
tenga en cuenta la línea jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte
constitucional en el sentido de la protección del régimen general sobre el especial
cuando es más beneficioso a solicitud del trabajador como se ordena en la
sentencia SU098/2018 De la Corte Constitucional en aplicación de los principios
de Favorabilidad, Inescindibilidad y retrospectividad de la norma en igualdad de
condicionales a los docentes afiliados al Fondo De Prestaciones Sociales del
Magisterio, la cual reza como voz de la constitución colombiana, lo siguiente:
“(…) La extensión de la sanción moratoria por la no consignación de cesantías a
los docentes del sector oficial con fundamento en la aplicación del principio de
favorabilidad laboral desconoce que “debe respetarse el principio de la
inescindibilidad o conglobamento, es decir, la norma escogida no solamente se
utiliza íntegramente, sino como un todo, como un cuerpo o conjunto normativo” .
Este es un presupuesto necesario para que proceda la protección de los derechos
de los trabajadores en virtud del principio de favorabilidad, dispuesto en el artículo
53 constitucional, tal como lo ha considerado la jurisprudencia constitucional. Es
por lo anterior que mediante el empleo del principio de favorabilidad para proteger
la situación del accionante, la Sala está creando una lex tertia al desconocer que
el régimen especial de cesantías de docentes es una norma del empleo público –
derecho laboral administrativo-, mientras que la Ley 50 de 1990 fue creada para
regular las cesantías de trabajadores del sector particular – derecho laboral
individual-.1
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor Eric González Julio se vinculó como docente oficial desde el 2 de agosto
de 1997 con el departamento de Córdoba.
Para los años 2018, 2019 y 2020, las cesantías le fueron consignadas con
posterioridad al 14 de febrero de cada anualidad, por lo que el 24 de junio de 2021
solicitó al Fomag el pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990.
Ante la negativa del pago, presentó demanda en ejercicio del medio control de
nulidad y restablecimiento del derecho que fue repartida al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Montería con el consecutivo 23001-33-33-
002-2022-00239-00.
El 11 de octubre de 2023, en un proceso ajeno al del aquí accionante identificado
con el radicado 66001-33-33-001-2022-00016-01, la Sección Segunda del Consejo
de Estado unificó su jurisprudencia sobre la sanción moratoria de cesantías
contemplado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para docentes oficiales afiliados
al Fomag, en el sentido de que no tienen derecho a ella por cuanto es incompatible
con el sistema de cesantías contemplado en la Ley 91 de 1989.
1
Transcripción de conformidad con el texto original incluyendo posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eric González Julio
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06637-00
1.4. Fundamentos de la solicitud
Consideró que, tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado como el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, autoridad que falló en
primera instancia el proceso 66001-33-33-001-2022-00016-01, incurrieron en una
incongruencia entre lo demandado y lo resuelto. A su juicio, el reclamo del
demandante de ese caso se basó en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y, en su
lugar, la sentencia de primera instancia y la que resolvió sobre la unificación
jurisprudencial se pronunciaron sobre la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990.
Afirmó, que el Tribunal Administrativo de Risaralda 2 no debió acceder a la solicitud
realizada por el agente especial de la Procuraduría General de la Nación,
consistente en que el proceso fuera enviado al Consejo de Estado para que se
valorara la posibilidad de proferir una sentencia de unificación. En su lugar, lo
adecuado era declarar la ineptitud de la demanda o negar las pretensiones, esto por
cuanto el demandante del proceso 2022-00016 estaba solicitando un pago
improcedente, en el entendido que el artículo 15 del la Ley 91 de 1989 no contempla
sanción alguna.
Aseguró que las decisiones que niegan el reconocimiento de la sanción por la
consignación moratoria de cesantías se están fundando en el artículo 4.º del
Acuerdo 39 de 1998 proferido por el Consejo Directivo del Fomag, acto
administrativo que fue demandado en el proceso 11001-03-25-000-2022-00608-00,
el cual no ha finalizado, en ese sentido, concluyó que la corporación accionada
debió aguardar a que se resolviera aquella controversia antes de proferir la decisión
de unificación.
Igualmente, puso de presente que en sentencia de 24 de octubre de 2019 la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del
inciso 1.º del artículo 5.º del Acuerdo 34 proferido por el Fomag, al respecto
consideró que el Consejo de Estado debió estudiar lo ocurrido con los mencionados
acuerdos por cuanto:
la consignación de los intereses la realizan a mediados del mes de marzo y el
maestro puede visualizar su consignación de cesantías el 01 de abril y las podía
retirar cada tres años pero con lo resuelto en el fallo del 24/10/2019 del consejo
de estado, lo puede hacer año a año pero con un problema, que cercena su
derecho laboral y es que debe hacerlo con posterioridad al 01 de abril porque del
15 de febrero al 31 de marzo no tiene la consignación del año inmediatamente
anterior laborado en su cuenta o en su extracto del Fomag para poder retirarlo.
Por otra parte, estimó que se debió «invitar» a la Corte Constitucional para que
esgrimiera argumentos en relación con la SU – 098 de 2018, puesto que fue una de
las providencias citadas por el Consejo de Estado en su decisión.
Ahondó en la presunta vulneración al derecho a la igualdad, en tanto que se le está
dando un trato menos beneficioso a los docentes afiliados al Fomag, a pesar de que
pertenecen a un sistema que debería ser más garantista.
2
Autoridad que en un principio debía resolver el expediente 2022-00016 en segunda instancia.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eric González Julio
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06637-00
Concretó que, a raíz de lo resuelto en la sentencia de unificación se ven afectadas
las pretensiones elevadas en el proceso que tiene en curso (2022-00239), puesto
que generó un precedente que es contrario a sus intereses y que contiene falencias
en sus fundamentos.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 3 de noviembre de 2023, se admitió la solicitud de amparo y se
ordenó notificar a los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y
se les otorgó el término de 2 días para que rindieran el informe de que trata el
artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, se vinculó al Juzgado Primero Administrativo de Pereira,
al señor Julián David Quintero Agudelo, a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional – Fomag, al municipio de Dosquebradas (Risaralda) y a la Fiduprevisora,
para que si lo consideraban se manifestaran en el presente trámite.
En auto de 11 de diciembre 2023 se consideró necesario que también participaran
en el trámite de la acción de tutela el Tribunal Administrativo de Risaralda y la
Procuraduría General de la Nación, por lo que se ordenó su notificación.
1.6. Intervenciones
Dentro de la respectiva oportunidad, se presentaron las siguientes manifestaciones:
1.6.1. Ministerio de Educación
La entidad consideró que lo pretendido por el actor carece de relevancia
constitucional, esto por cuanto no se identificó en qué consiste la presunta
vulneración de derechos fundamentales. Adicionalmente, resaltó la similitud entre
los propuestos en la presente acción de tutela y lo dispuesto en la sentencia SU –
573 de 2019, por medio de la cual la Corte Constitucional estableció que las
controversias relativas a la sanción por pago moratorio de cesantías son, por regla
general, improcedentes para ser discutidas por el medio constitucional.
1.6.2. Fiduprevisora
La fiduciaria solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y que se le
desvinculara del proceso, por cuanto de la narración del actor no se evidencia
ninguna acción u omisión de su parte.
1.6.3. Municipio de Dosquebradas
Para esta entidad territorial, la sentencia atacada sigue los lineamientos que ya se
habían presentado previamente respecto de la imposibilidad de que se cause la
sanción por consignación moratoria de cesantías de los docentes afiliados al
Fomag.
Con todo, estimó que de su parte se configura una falta de legitimación en la causa
por pasiva, en tanto que no fue quien adoptó la decisión atacada.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eric González Julio
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06637-00
1.6.4. Tribunal Administrativo de Risaralda
El magistrado que remitió el expediente ordinario para que fuera estudiada la posible
unificación jurisprudencial consideró que lo resuelto se ajustó al ordenamiento
jurídico vigente.
En todo caso, resaltó que el escrito inicial no satisface el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto no se explicó en qué consiste la vulneración de derechos
fundamentales ni los cargos que se endilgan contra lo resuelto, por el contrario, lo
pretendido es generar una tercera instancia.
A su juicio, tampoco se evidencia que se hubieran agotado todos los medios de
defensa ordinarios y extraordinarios con los que contaba el actor, aunque no
especificó cuáles mecanismos debieron haberse ejercido.
En consecuencia, ya que no se cumplen los requisitos para superar el estudio de
procedibilidad, solicitó que «sea denegado el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el accionante» 3.
1.6.5. Consejo de Estado, Sección Segunda
El magistrado ponente de la decisión de unificación atacada resaltó que el señor
Eric González Julio no fue parte en el proceso 66001-33-33-001-2022-00016-01,
motivo por el cual, consideró que carece de legitimación en la causa por activa.
Concluyó que, a pesar de que el señor González Julio figura como demandante en
otro expediente en el que reclamó el reconocimiento del pago de la sanción por
consignación moratoria de cesantías 4, esto no lo habilita para controvertir lo resuelto
en el fallo de unificación, por cuanto es el juez del medio de control de nulidad y
restablecimiento quien debe resolver de acuerdo con su independencia y autonomía
judicial.
A su vez, respecto de los otros expedientes en los que se atacaron los acuerdos
expedidos por el Fomag, no advierte relación alguna con lo discutido en la sentencia
de unificación. En especial por que nunca se solicitó su inaplicación o se cuestionó
su legalidad.
Ahora bien, en caso que se supere la legitimación en la causa por activa, el
magistrado consideró que no existe la aludida incongruencia entre lo solicitado en
el proceso 2022-00016 y lo decidido, puesto que, aunque en la demanda sí se adujo
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, lo cierto es que siempre fue claro que la
controversia versaba sobre la aplicación de la sanción contemplada en la Ley 50 de
1990, respecto de los docentes afiliados al Fomag.
Finalmente, defendió las consideraciones que llevaron a la unificación en el sentido
en que se profirió, en tanto que tuvo en cuenta un estudio de la jurisprudencia
vigente sobre el tema y los diferentes regímenes existentes en la materia.
3
Se entiende que lo pretendido es que se declare la improcedencia de la vía constitucional.
4
Hace referencia al proceso 2022-00239-00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eric González Julio
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06637-00
1.6.6. Procuraduría General de la Nación
El ente de control allegó el informe rendido por la procuradora 190 judicial
administrativa I, en el cual la funcionaria informó sobre el trámite de conciliación
previa iniciada por el señor Eric González Julio antes de iniciar el proceso 2022-
00239, más no hizo mención alguna al motivo de la presente acción de tutela.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Eric González Julio contra la Sección Segunda del Consejo
de Estado de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
La fiduciaria La Previsora S.A. y el municipio de Dosquebradas en sus
intervenciones solicitaron la desvinculación del presente trámite, las cuales serán
negadas en atención a que la presencia de las entidades en este escenario es como
terceros con interés y, en ese sentido, debe garantizarse su comparecencia.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales del señor Eric González Julio con ocasión de la sentencia de 11 de
octubre de 2023, en la que el Consejo de Estado, Sección Segunda unificó su
jurisprudencia respecto del cobro de la sanción por consignación moratoria de
cesantías a los docentes afiliados al Fomag.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
legitimación en la causa por activa, en caso de que se cumpla, se procederá con,
(ii) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (iii) los requisitos
de procedibilidad adjetiva y, de superarse, (iv) el caso concreto.
2.4. Legitimación en la causa por activa
En el presente caso se tiene que el señor Eric González Julio pretende controvertir
las decisiones adoptadas en el proceso 66001-33-33-001-2022-00016-01, que fue
iniciado por el ciudadano Julián David Quintero Agudelo.
Puntualmente, muestra su inconformidad contra la sentencia de 30 de junio de 2022,
proferida por el Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Pereira; con el
auto de 11 de agosto de 2023, por el cual el Tribunal Administrativo de Risaralda
remitió el expediente para estudio de unificación, y con la sentencia de 11 de
octubre de 2023, mediante la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado
resolvió la mencionada solicitud.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eric González Julio
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06637-00
Ahora bien, lo primero a resaltar es que el accionante no figura como parte o tercero
interviniente en el expediente 2022-00016, por lo que justifica su legitimación en la
causa por activa en el efecto que, eventualmente, puede tener la unificación
jurisprudencial en el proceso particular que lleva bajo el radicado 2022-00239.
En este punto, la Sala recuerda que la legitimación en la causa es un elemento
esencial para el ejercicio de la acción de tutela, no solo por constituir un requisito
que permite vislumbrar la afectación directa y clara frente a los derechos del
accionante y que justifican el ejercicio de la acción constitucional, sino, además,
porque está intrínsecamente relacionada con el cumplimiento de las exigencias
generales de procedibilidad.
Por ejemplo, contra la sentencia de primera instancia y el auto que remitió el
expediente para la unificación en el proceso 2022-00016 procedían los recursos de
apelación y reposición, respectivamente, los cuales obviamente no ejerció el señor
González Julio justamente porque no era parte.
A su vez, se resalta que uno de los argumentos centrales de esta acción de tutela
es la presunta incongruencia entre lo solicitado por el señor Julián David Quintero
Agudelo y lo resuelto por la Sección Segunda del Consejo de Estado, señalamiento
para lo cual existe el recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con la postura
de la Sala Veintidós Especial de Decisión de esta corporación5 en tanto que se
asimila a una nulidad originada en la sentencia. No obstante, dicha figura solo puede
ser ejercida por quien fue parte del proceso ordinario 2022-00016.
En ese sentido, si esta Sala, investida como juez constitucional, estudiara los
argumentos presentados por el señor Eric González Julio contra la sentencia de
unificación de 11 de octubre de 2023, estaría pasando por alto los mecanismos
procesales que tuvo o tiene el señor Julián David Quintero Agudelo, quien es la
persona que sí ostenta la titularidad del derecho de acción en el expediente 2022-
00016.
Aunado a lo anterior, se observa que la relación entre el señor González Julio y la
sentencia de unificación de 11 de octubre de 2023 es que es posible que lo allí
resuelto afecte lo que pueda decidirse en el proceso 2022-00239; no obstante, esto
no pasa de ser una eventualidad, un hecho futuro e incierto que, además, depende
de lo que pueda argumentar el Juzgado 2.° Administrativo del Circuito Judicial de
Montería cuando se pronuncie de fondo frente a la demanda del actor.
Al respecto, se tiene que, si para el accionante lo resuelto en la sentencia de
unificación de 11 de octubre de 2023 contiene falencias que impiden que pueda
afectar los derechos de los docentes afiliados al Fomag en lo relativo a la sanción
por consignación moratoria de cesantías, entonces podrá así argumentarlo al
momento que se le corra el traslado para alegar de conclusión.
Así las cosas, se evidencia que el señor Eric González Julio carece de legitimación
en la causa por activa para discutir lo resuelto en la sentencia de unificación de 11
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eric González Julio
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06637-00
de octubre de 2023 y, por lo tanto, así será declarado sin que haya lugar a ahondar
en el estudio del amparo deprecado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiduciaria
La Previsora S.A. y el municipio de Dosquebradas.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Eric González Julio.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.»
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.