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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06355-01

Fecha
7 de marzo de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06355-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 5 Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Radicado: 11001-03-15-000-2023-06355-01 Demandante: Efraín Orlando Martínez Peñaloza 2. Instar al conjuez ponente del proceso 11001-03-15-000-2023-04952-00 para que dé celeridad al trámite de la acción de tutela interpuesta por el señor Efraín Orlando Martínez Peñaloza. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06355-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

7 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06355-01
Demandante: Efraín Orlando Martínez Peñaloza

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06355-01
Demandante: EFRAÍN ORLANDO MARTÍNEZ PEÑALOZA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA Y OTRO

Temas: Mora judicial en trámite de acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por Efraín Orlando Martínez Peñaloza
contra la sentencia del 15 de noviembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, que resolvió:

1°) Niegáse la acción de tutela promovida por el señor Efraín Orlando Martínez Peñaloza, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Exhórtase a la Secretaría General del Consejo de Estado para que imparta con celeridad los
trámites correspondientes al proceso de acción de tutela con radicación 11001-03-15-000-2023-
04952-00, en los términos previstos en las consideraciones de esta decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 17 de octubre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela, Efraín Orlando Martínez
Peñaloza pidió la protección de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, la igualdad y la seguridad jurídica.

A juicio del demandante, la vulneración se presenta por la falta de admisión y decisión
sobre la medida provisional que solicitó en la acción de tutela 11001-03-15-000-2023-
04952 00.

2. Pretensiones

El actor formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Se conceda la medida provisional solicitada en el escrito que avoca conocimiento de
esta acción de tutela, mientras se surten las actuaciones solicitadas y se profiere fallo de la misma,
en aras de la protección de los derechos invocados.

SEGUNDO: Tutelar los derechos fundamentales invocados, esto es A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, IGUALDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, además de todos aquellos que el honorable
Magistrado evidencie han sido vulnerados, en virtud de su competencia para emitir fallos extra y
ultra petita.

PETICIÓN SUBSIDIARIA.

1 Índice 2 de Sama.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06355-01
Demandante: Efraín Orlando Martínez Peñaloza

Por último, solicito respetuosamente que se compulsen las copias pertinentes, ante la probabilidad
de materializarse un perjuicio irremediable en el presente proceso, llegado el caso de no existir
alguna causal debidamente fundada y razonable de falta de competencia para conocer del asunto
por parte de los jueces constitucionales.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Efraín Fernando Martínez Peñaloza es abogado y se presentó a un concurso
de méritos al cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución
Política y democracia.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto del 16 de diciembre
de 2022, decretó una medida cautelar en el proceso de simple nulidad con radicado
11001032500020220031800, para ordenar la «inclusión provisional en el apartado 2.1.4.4
del anexo técnico de la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, proferida por la ministra
de Educación Nacional, del título profesional en derecho como uno de aquellos que sirven para
acceder al cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y
democracia».

El 29 de marzo de 2023, la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó los resultados
de la verificación de requisitos mínimos y fue excluido por no cumplir el requisito de
educación requerida.

El 5 de septiembre del 2023, el señor Efraín Fernando Martínez Peñaloza presentó
acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional de
Servicio Civil y la Universidad Libre, porque, a su juicio, en atención a lo dispuesto por
el auto del 16 de diciembre de 2022, el título profesional en derecho debe tenerse como
uno de aquellos que sirven para acceder al cargo de docente de ciencias sociales,
historia, geografía, Constitución Política y democracia.

El demandante también pidió que se suspendieron los efectos del acto administrativo
que lo excluyó del concurso de méritos.

La acción de tutela fue repartida inicialmente al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Cúcuta, que, por auto del 11 de septiembre de 2023, declaró la falta de competencia
para conocer del asunto y dispuso remitir el expediente al Consejo de Estado. Esa
situación fue informada al actor por correo electrónico del 18 de septiembre de 2023.

El 12 de septiembre de 2023, la acción de tutela quedó radicada con el número 11001-
03-15-000-2023-04952-00 y asignada al magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez,
integrante del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

El 13 de septiembre de 2023, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó estar
impedido para conocer del asunto.

El 19 de septiembre de 2023, el proceso pasó al magistrado Rafael Francisco Suárez
Vargas, integrante del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que, por
auto del 28 de septiembre de 2023, declaró fundado el impedimento del consejero
Duque Gutiérrez.

El 28 de septiembre de 2023, el señor Martínez Peñaloza, copió el correo enviado por
el Juzgado Séptimo Penal de Cúcuta a la secretaría de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

El 28 de septiembre de 2023, la secretaría de la Sección Segunda del Consejo de
Estado le informó al actor que carecía de competencia para tramitar la acción de tutela,

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06355-01
Demandante: Efraín Orlando Martínez Peñaloza

por lo cual la remitiría a la Secretaría General de la Corporación, quien es la encargada
para esos efectos.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora alega que a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha sido
notificado del auto que admite la demanda de tutela 11001-03-15-000-2023-04952-00
ni de la providencia que resuelva la solicitud de medida provisional.

Que esa situación amenaza sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y la igualdad, que es contraria a los principios de seguridad jurídica, eficacia
y celeridad y puede derivar en la configuración de un perjuicio irremediable, porque el
concurso de méritos continuó sin que se adoptara una decisión por parte del juez de
tutela que impidiera su exclusión.

5. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Rafael
Francisco Suárez Vargas, pidió que se denegara la solicitud de amparo porque se le
ha dado el trámite correspondiente a la tutela 11001-03-15-000-2023-04952-00.

Dijo que el 12 de septiembre de 2023 fue asignada, por reparto, al consejero Jorge
Iván Duque Vélez, quien el 13 del mismo mes y año manifestó estar impedido para
conocer del asunto, que por eso pasó a ser ponente del expediente y la subsección por
auto del 28 de septiembre de 2023, declaró fundado el impedimento.

Que, el 26 de octubre de 2023, también se declaró impedido para conocer del asunto
por la causal prevista en el artículo 56, numeral 62 del CPP, razón por la que no podía
continuar adelantando la solicitud de amparo.

La sectaria de la Sección Segunda del Consejo de Estado rindió informe y explicó
que el 28 de septiembre de 2023 ingresó al buzón electrónico de esa secretaría el
requerimiento del actor y que, en esa misma fecha lo remitió por competencia a la
secretaría general de la Corporación.

La secretaría general del Consejo de Estado señaló que el 12 de septiembre la acción
de tutela fue asignada por reparto al Consejero Rafael Francisco Suárez Vargas, que
el 28 de septiembre el señor Martínez Peñaloza pidió información del trámite de la tutela
y el 23 de octubre de 2023 le fue comunicada el auto del 28 de septiembre de 2023,
que declaró fundado el impedimento del consejero Duque Gutiérrez.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 15 de
noviembre de 2023, denegó la solicitud amparo.

Explicó que, si bien la acción de tutela fue radicada el 12 de septiembre de 2023 y aún
no se había decidido sobre su admisión ni sobre la solicitud de medida provisional, lo
cierto era que eso obedecía a las diferentes manifestaciones de impedimentos
presentadas que condujeron a sortear el proceso a conjueces, actuación que se

2 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:

(…)
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso,
o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil,
o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.

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Demandante: Efraín Orlando Martínez Peñaloza

encontraba en trámite. Que esa situación justificaba la mora en la admisión de la acción
de tutela y en el pronunciamiento sobre la medida provisional.

En todo caso, exhortó a la Secretaría General de esta Corporación para que impartiera
con celeridad los trámites correspondientes al proceso de acción de tutela con
radicación 11001-03-15-000-2023-04952 00, con el objeto de que se asumiera de
manera definitiva el conocimiento de ese proceso y se emitiera una decisión de fondo.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y señaló que «se está́ vulnerando mi derecho a la administración
de justicia al no existir un pronunciamiento sobre la acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2023- 04952 00».

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
el actor, existe mora judicial injustificada por la falta de admisión y decisión sobre le
medida provisional en la tutela 11001-03-15-000-2023-04952 00.

La Sala anticipa que denegará la solicitud de amparo porque la mora judicial se
encuentra justificada en los diferentes impedimentos que han debido resolverse, así
como en la necesidad de sortear una sala de conjueces para que decida sobre el
asunto.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) la mora judicial y (iii) analizará el caso
concreto.

2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

3. Sobre la mora judicial

La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales
por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los
siguientes presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para
adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique

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Demandante: Efraín Orlando Martínez Peñaloza

la demora, y (iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión
sistemática de los deberes por parte del juez3.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial
genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces
cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se
presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios
judiciales adopten decisiones oportunas.

Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a
tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró
o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de
justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora
judicial solo estará justificada cuando:
i) Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una
diligencia razonable del juez que los atiende,

ii) Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras
circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se
comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.

Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se deben
tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite.4

4. Análisis del caso concreto

En el caso concreto, Efraín Orlando Martínez Peñaloza alegó que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, vulneró los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y la seguridad jurídica, por cuanto para la fecha
de presentación de la acción de tutela no había sido resuelta la admisión ni había sido
adoptada decisión sobre le medida provisional en la tutela 11001-03-15-000-2023-
04952-00.

Para resolver, la Sala realizará un recuento de las actuaciones registradas en el sistema
para la gestión Samai, dentro de la acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04952-00:

• El 12 de septiembre de 2023, la tutela 11001-03-15-000-2023-04952-00 fue repartida al
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

3 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de

2018 y T-441 de 2020.
4 La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(Corte IDH), en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la
violación al plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad
del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs
Italia, sentencia de 19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso
Genie Lacayo Vs Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06355-01
Demandante: Efraín Orlando Martínez Peñaloza

• El 13 de septiembre de 2023, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó estar impedido
para conocer del asunto a la luz del ordinal 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal5
y explicó que ese despacho sería destinatario de un eventual requerimiento en el trámite de la
acción de tutela dado que hizo parte de la Sala que adoptó la medida cautelar que se decretó en
el auto interlocutorio 65 del 16 de diciembre de 2022, en el proceso de simple nulidad con
radicado 11001-03-25-000-2022-00318-00
• El 19 de septiembre de 2023, el proceso le fue asignado al magistrado del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Rafael Francisco Suárez Vargas.
• Por auto del 28 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
declaró fundado el impedimento del consejero Duque Gutiérrez.
• El 26 de octubre de 2023, el magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, Rafael Francisco Suárez Vargas manifestó estar impedido para conocer del asunto porque
participó en la decisión que confirmó el auto del 16 de diciembre de 2022 dictada en el proceso
de nulidad simple 11001-03-25- 000-2022-00318-00 (2598-2022), por lo que dijo estar incurso
en la causal de impedimento prevista en el artículo 56, numeral 6 del CPP.
• El 30 de octubre de 2023, el proceso le fue asignado al magistrado del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Gabriel Valbuena Hernández, sin embargo, por terminación
del periodo, el 10 de noviembre de 2023, el magistrado Iván Duque Gutiérrez quedó encargado.
• Por auto del 10 de noviembre de 2023, el magistrado Duque Gutiérrez ordenó a la secretaría
general de la Corporación que realizara sorteo de conjueces para resolver sobre el impedimento
formulado por el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, y de encontrarlo fundado, tramitar
y proferir decisión de fondo sobre el asunto.
• El 22 de noviembre de 2023, fue llevado a cabo el sorteo de sala de conjueces y fueron
designados en esa condición Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Jorge Iván Acuña Arrieta y
Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, siendo ponente el doctor Carvajal Londoño.
• El 17 de enero de 2024, el conjuez, Héctor Alfonso Carvajal Londoño manifestó estar impedido
para conocer del asunto por estar inmerso en la causal prevista en la causal 1, del artículo 56
del CPP por ser apoderado en varios procesos con la misma naturaleza jurídica y relacionados
con la materia objeto de litigio.
• El 18 de enero de 2024, el proceso le fue asignado al conjuez, Miguel Arcángel Villalobos
Chavarro.

La Sala no desconoce que existe mora judicial en el trámite de la acción de tutela
11001-03-15-000-2023-04952-00, porque, a pesar de que la acción de tutela fue
radicada ante el Consejo de Estado el 12 de septiembre de 2023, aún no se han dictado
providencias que resuelvan sobre la admisión ni la medida provisional solicitada.

Sin embargo, para la Sala, la mora judicial está justificada en los cinco ponentes que
ha tenido el proceso debido a tres manifestaciones de impedimento, la terminación del
periodo de un consejero y la necesidad de adelantar el sorteo de conjueces, situaciones
que, además, implican adelantar actuaciones por parte de la secretaría general de la
Corporación.

En consecuencia, tal y como lo concluyó el a quo, no hay lugar al amparo. No obstante,
la Sala coincide en la importancia de instar a la secretaría general del Consejo de
Estado para que agilice los trámites correspondientes.

Además, teniendo en cuenta que el proceso actualmente ya se encuentra asignado a
un conjuez, se considera necesario instarlo para que dé celeridad al trámite, en atención
de los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela (artículo
3 Decreto 2591 de 1991).

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

5 Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del

cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06355-01
Demandante: Efraín Orlando Martínez Peñaloza

2. Instar al conjuez ponente del proceso 11001-03-15-000-2023-04952-00 para que
dé celeridad al trámite de la acción de tutela interpuesta por el señor Efraín Orlando
Martínez Peñaloza.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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