Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00318-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00318-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00318-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00318-00 (2598-2022) acumulado
11001-03-24-000-2022-00237-00 (5263-2022)
Demandantes: Luis Carlos López Sabaza y Favián Bolívar Ponce Melo
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Coadyuvantes: Jan Marco Cortés Guzmán, Álvaro Frías Cruz, Javier Emilio
Navarro Blanco y otros1
Temas: Títulos habilitantes para docentes no licenciados. Exclusión del
título de profesional en Derecho para cargos docentes.
Discrecionalidad administrativa. NIEGA LAS PRETENSIONES.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo –CPACA–, promovido por los señores Luis Carlos
López Sabalza y Favián Bolívar Ponce Melo, este último en proceso acumulado,
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que se acceda a
las siguientes:
PRETENSIONES2
2. Que se declare la nulidad parcial del apartado 2.1.4.4 del Anexo Técnico I de
la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, «por la cual se adopta el nuevo
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los Cargos de Directivos
Docentes y Docentes del Sistema Especial de Carrera Docente y se dictan otras
disposiciones», en cuanto no incluyó el título profesional en Derecho dentro de los
requisitos de formación académica exigidos a los profesionales no licenciados para
ocupar el cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución
Política y democracia.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Ministerio de Educación
1 Juan Pablo Hernández Albarracín, Jaime Alberto Alban Araújo, Mónica Isabel Hoyos Contreras, Jairo Andrés
Cortés Torres, Efraín Orlando Martínez Peñaloza, David José Peñaranda Forero, Santiago Andrés Bolaños
Ruíz, Steven Botero Castaño, Jaime McGregor Arango Castañeda, Jairo Andrés Cortés Torres y Alison Faylem
Cruz Mayo –véanse los autos donde se aceptaron como coadyuvantes, visibles a índices 00151 y 00161 de
SAMAI–.
2 Véanse los índices 00003 -demanda- y 000011 -subsanación- de SAMAI.
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Nacional incluir el título profesional en Derecho como una de las profesiones
habilitantes para el mencionado cargo.
4. En el proceso acumulado, el señor Favián Bolívar Ponce Melo solicitó la
nulidad de la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022 o, de manera subsidiaria,
su nulidad parcial en lo que respecta a los requisitos de formación académica
exigidos a los profesionales no licenciados para ocupar el cargo de docente de
ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución nro. 9317 de
2016, mediante la cual adoptó el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias
para los cargos de directivos docentes y docentes del sistema especial de carrera
docente. Que el anexo técnico de esa resolución fue subrogado por la Resolución
nro. 15683 de 2016, en la cual se incluyó el título profesional en Derecho dentro de
los programas habilitantes para ocupar el cargo de docente de ciencias sociales,
historia, geografía, Constitución Política y democracia.
6. Agregó que luego de la adición de algunos títulos habilitantes mediante la
Resolución nro. 253 de 2019, el Ministerio expidió la Resolución nro. 3842 del 18 de
marzo de 2022, por medio de la cual adoptó un nuevo manual de funciones,
requisitos y competencias para el sistema especial de carrera docente. Explicó que
el numeral 2.1.4.4 del Anexo Técnico I fijó los títulos habilitantes para el cargo de
docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia.
Sin embargo, a diferencia de la regulación anterior, no incluyó el título profesional
en Derecho dentro de los programas profesionales admitidos.
7. Que durante el trámite previo a la expedición del acto acusado se presentaron
observaciones relacionadas con la exclusión del programa de Derecho, frente a las
cuales el Ministerio indicó que solicitaría concepto a la Comisión Nacional
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –
CONACES–, para que determinara su afinidad con esas áreas.
8. Que, con posterioridad a la expedición de la Resolución nro. 3842 de 2022,
se formularon peticiones para que el Ministerio explicara los motivos por los cuales
excluyó el título profesional en Derecho y entregara copia del concepto de
CONACES.
9. Señalaron que la exclusión del título profesional en Derecho restringió
injustificadamente la posibilidad de que los abogados participaran en los procesos
de selección para el cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía,
Constitución Política y democracia, pese a que dicho programa había sido
reconocido en la regulación anterior y guarda relación con algunos componentes
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del área.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Constitución Política, artículos 25, 53 y 54; artículos 116 y 118 de la Ley 115
de 1994; artículos 3, 12, parágrafo 1, y 21 del Decreto Ley 1278 de 2002, y artículo
2.4.6.3.8 del Decreto 1075 de 2015. El demandante del proceso acumulado y
agregó los artículos 13, 40 numeral 7, 122 y 125 de la Constitución Política.
11. Sostuvieron que el Ministerio de Educación Nacional excluyó
injustificadamente el título profesional en Derecho de los programas habilitantes
para ocupar el cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía,
Constitución Política y democracia, pese a que la normativa superior permite que
profesionales no licenciados ejerzan la docencia en el área de su especialidad o en
una afín.
12. Señalaron que la Resolución nro. 15683 de 2016 incluía el título profesional
en Derecho para el mismo cargo, mientras que la Resolución nro. 3842 de 2022 lo
retiró del listado de programas admitidos, sin una justificación objetiva y suficiente.
En su criterio, esa exclusión desconoció la relación que existe entre la formación
jurídica y algunos componentes del área, en especial Constitución Política,
democracia, ciudadanía, organización del Estado, derechos y deberes.
13. El demandante agregó que la omisión careció del concepto técnico de calidad
de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior –CONACES–, pese a que el Ministerio había indicado que
acudiría a dicha instancia para determinar la afinidad del programa de Derecho con
el área.
14. Por su parte, el demandante del proceso acumulado agregó que la exclusión
vulneró los derechos a la igualdad y al acceso a cargos públicos, así como el
principio de mérito, porque impuso una restricción que, a su juicio, no resultaba
razonable ni proporcional frente a los profesionales en Derecho. Además, sostuvo
que el Ministerio excedió los límites de su potestad reglamentaria, pues la
competencia para adoptar el manual de funciones, requisitos y competencias no lo
habilitaba para restringir, sin fundamento objetivo, la participación de profesionales
cuya formación podía ser afín al área convocada.
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
15. La demanda principal fue admitida mediante auto del 23 de septiembre de
2022, luego de que el actor subsanara los defectos advertidos3. El Ministerio de
Educación Nacional4 se opuso a las pretensiones y señaló que la Resolución
003842 de 2022 fue expedida en ejercicio de la competencia atribuida a esa cartera
3 Véase índice 00013 de SAMAI.
4 Véase índice 00027 de SAMAI.
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para adoptar el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de los cargos del
sistema especial de carrera docente, en el cual deben definirse los títulos
habilitantes para el ejercicio de cada empleo.
16. Explicó que el acto fue resultado de un trámite previo que incluyó mesas
técnicas con organizaciones sindicales, publicación del proyecto para
observaciones ciudadanas y revisión de las propuestas presentadas durante esa
etapa. Frente a la exclusión del título profesional en Derecho, sostuvo que los
profesionales no licenciados solo pueden ejercer la docencia en áreas afines a su
formación, por lo que la inclusión de cada programa debía responder a criterios de
idoneidad, calidad educativa y correspondencia con las funciones del cargo.
17. Indicó que, para el caso del programa de Derecho, solicitó concepto a la
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior –CONACES–, con el fin de determinar si su propuesta curricular, perfil de
formación y perfil ocupacional guardaban afinidad con el área de ciencias sociales,
historia, geografía, Constitución Política y democracia. Según la entidad, a partir de
ese análisis se decidió no incluirlo como título idóneo para desempeñar el cargo de
docente de aula en dicha área. Además, afirmó que el título profesional en Derecho
no quedó excluido de todo el sistema especial de carrera docente, porque podía ser
tenido en cuenta para aspirar a cargos directivos docentes, siempre que se
cumplieran los demás requisitos exigidos.
18. El 16 de diciembre de 2022 se decretó medida cautelar y se ordenó incluir
provisionalmente el título profesional en Derecho como uno de aquellos admitidos
para optar al cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución
Política y democracia, en el apartado 2.1.4.4 del Anexo Técnico de la Resolución
003842 de 20225.
19. El proceso promovido por Favián Bolívar Ponce Melo fue remitido por
competencia a la Sección Segunda y admitido mediante auto del 19 de enero de
2023. En este, el Ministerio de Educación Nacional contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones con argumentos sustancialmente similares a los expuestos en el
proceso principal, relacionados con su competencia para adoptar el manual, el
trámite previo de expedición del acto y el concepto solicitado a CONACES para
determinar la afinidad del programa de Derecho con el área cuestionada.
20. Por auto del 23 de febrero de 2024 se decretó la acumulación del proceso
11001-03-24-000-2022-00237-00 (5263-2022) al expediente 11001-03-25-000-
2022-00318-00 (2598-2022), se dispuso estarse a lo resuelto respecto de la medida
cautelar y se reconocieron varias coadyuvancias de la parte demandante6.
21. El 12 de noviembre de 2024 se incorporaron las pruebas documentales
aportadas por las partes, se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar antes de
5 Véase índice 00031 de SAMAI.
6 Véase índice 00151 de SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00318-00 (2598-2022)
dictar sentencia anticipada7. En esa providencia se precisó que el proceso debía
definir la legalidad del apartado 2.1.4.4 del Anexo Técnico de la Resolución 003842
de 2022, al no incluir la carrera de Derecho dentro de los requisitos de formación
profesional para ocupar el cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía,
Constitución Política y democracia.
22. Vencido el término de traslado, el expediente ingresó al despacho para dictar
sentencia el 10 de diciembre de 2024
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
23. Favián Bolívar Ponce Melo8 reiteró que el debate se limita a determinar la
legalidad del apartado 2.1.4.4 del Anexo Técnico de la Resolución 003842 del 18
de marzo de 2022, en cuanto excluyó el título profesional en Derecho como requisito
habilitante para ocupar el cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía,
Constitución Política y democracia. Insistió en que dicha exclusión vulnera los
principios de igualdad, pluralismo y acceso a cargos públicos, y que el Ministerio de
Educación Nacional excedió su potestad reglamentaria al imponer una restricción
que, en su criterio, carece de justificación técnica, razonable y proporcional.
24. Jaime Alberto Albán Araujo9, en calidad de coadyuvante, solicitó acceder
a las pretensiones de la demanda. Señaló que participó en el concurso docente
convocado por la CNSC y que fue inadmitido en la etapa de verificación de requisitos
mínimos, pese a la medida cautelar decretada en este proceso. Agregó que la
Resolución 15683 de 2016 preveía el título profesional en Derecho como habilitante
para el cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución
Política y democracia, y que, según la información del SNIES que aportó, el
programa de Derecho pertenece al área de ciencias sociales y humanas.
25. Efraín Orlando Martínez Peñaloza10, en calidad de coadyuvante, indicó que
la exclusión del título profesional en Derecho carece de sustento y de una
motivación lógica o razonable. Sostuvo que los programas de Derecho forman en
materias relacionadas con Constitución Política, derechos, garantías y deberes,
ramas del poder público, organización del Estado, participación democrática,
sistema electoral, órganos de control, régimen económico y hacienda pública,
contenidos que, en su criterio, evidencian la idoneidad de los abogados para
desempeñarse como docentes en el área cuestionada.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
26. Corresponde a la Sala determinar si el apartado 2.1.4.4 del Anexo Técnico I
7 Véase índice 00166 de SAMAI.
8 Véase índice 00170 de SAMAI.
9 Véase índice 00171 de SAMAI.
10 Véase índice 00172 de SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00318-00 (2598-2022)
de la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, expedida por el Ministerio de
Educación Nacional, debe declararse nulo por no incluir el título profesional en
Derecho dentro de los requisitos de formación profesional para ocupar el cargo de
docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia.
Caso concreto
27. Para resolver el asunto, se analizará si la exclusión del título profesional en
Derecho configura una omisión reglamentaria relativa, un exceso en el ejercicio de
la potestad reglamentaria o una vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo,
al acceso a cargos públicos y al mérito, como lo sostuvieron los demandantes.
28. Antes de abordar el fondo, debe precisarse que el presente proceso tiene por
objeto el control abstracto de legalidad del acto administrativo general acusado. Por
tanto, no corresponde a la Sala pronunciarse sobre decisiones particulares
adoptadas en procesos de selección docente, verificaciones de requisitos mínimos,
inadmisiones de aspirantes, reclamaciones ante la CNSC, ni sobre situaciones
individuales expuestas por algunos coadyuvantes. Tales circunstancias fueron
puestas de presente para apoyar la posición de la parte demandante, pero no
modifican el objeto del medio de control.
29. En ese orden, deberá establecerse si el Ministerio de Educación Nacional
desconoció el ordenamiento superior al no incluir el título profesional en Derecho
dentro de los títulos habilitantes para ocupar el cargo de docente de ciencias
sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia; o si, por el
contrario, dicha determinación fue adoptada dentro del margen técnico de
apreciación que le asiste a la administración para definir los perfiles, requisitos y
títulos exigibles en el sistema especial de carrera docente.
30. La Sala sostendrá que las pretensiones no prosperan, porque no se demostró
que el Ministerio de Educación Nacional estuviera jurídicamente obligado a incluir
el título profesional en Derecho dentro del listado previsto en el apartado acusado.
Aunque dicho programa pueda guardar relación con algunos contenidos del área,
esa circunstancia no basta para concluir que su exclusión sea ilegal, ni autoriza al
juez de nulidad para sustituir el criterio técnico de la administración.
31. El artículo 116 de la Ley 115 de 1994 permite que la docencia sea ejercida
por quienes cuenten con título de normalista superior, licenciado en educación u
otro título profesional expedido por una institución de educación superior. Sin
embargo, esta disposición no define directamente qué programas profesionales
habilitan para cada área de conocimiento, ni impone al Ministerio de Educación
Nacional la obligación de incluir todos los títulos profesionales que puedan tener
alguna relación temática con una asignatura.
32. Por su parte, el Decreto Ley 1278 de 2002 regula el Estatuto de
Profesionalización Docente y parte de la necesidad de garantizar que la docencia
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sea ejercida por personas idóneas, con formación, experiencia, desempeño y
competencias acordes con las necesidades del servicio educativo.
33. En desarrollo de ese marco normativo, el artículo 2.4.6.3.8 del Decreto 1075
de 2015 atribuyó al Ministerio de Educación Nacional la función de adoptar el
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los cargos del sistema
especial de carrera docente. Ese manual debe contener los títulos habilitantes para
el ejercicio de cada cargo, así como los demás criterios necesarios para orientar los
procesos de selección.
34. De lo anterior se desprende que el Ministerio tenía competencia para definir
los títulos profesionales habilitantes para el cargo de docente de ciencias sociales,
historia, geografía, Constitución Política y democracia. En consecuencia, el debate
no se ubica en la falta de competencia formal, sino en establecer si la exclusión del
título profesional en Derecho desconoció una obligación legal concreta, resultó
arbitraria o excedió los límites propios de la potestad administrativa.
35. La competencia del Ministerio para adoptar el manual no corresponde a una
actividad puramente mecánica. La determinación de los títulos habilitantes exige
valorar la correspondencia entre los programas académicos, los perfiles de
formación, las funciones del empleo, el área de conocimiento y los fines del servicio
educativo. Esa valoración comporta un margen técnico de apreciación de la
administración, lo que se traduce en la existencia de una competencia discrecional.
36. La competencia discrecional se presenta cuando el ordenamiento jurídico
atribuye a la administración una función, pero no predetermina de manera única,
cerrada y automática la decisión que debe adoptarse, es decir, no lo hace a través
de una regla. En esos eventos, la autoridad cuenta con un margen legítimo de
apreciación para escoger, entre varias alternativas jurídicamente admisibles,
aquella que estime más adecuada para cumplir la finalidad pública encomendada 11.
37. Esa discrecionalidad no significa ausencia de regulación ni libertad absoluta.
La administración no actúa por fuera del derecho, sino dentro de un espacio de
decisión reconocido por el propio ordenamiento. Por ello, la competencia
discrecional siempre está vinculada a la norma que la atribuye, a la finalidad que
debe cumplir, a los hechos que justifican su ejercicio y a los principios que rigen la
función administrativa.
38. Su alcance consiste, entonces, en permitir que la administración valore
circunstancias técnicas –como en este caso–, institucionales, funcionales o de
11 La teoría del derecho administrativo explica sobre esta que: «[…] en otros casos las leyes y reglamentos no
regulan con tanta exactitud lo que la Administración debe hacer ante un supuesto de hecho, sino que le atribuyen
la capacidad de aplicar las normas de diferentes maneras en principio válidas, en función de las circunstancias
o de estimaciones de oportunidad, de conveniencia para los intereses públicos o de valoraciones técnicas que
a la propia Administración corresponde realizar. Cuando esto sucede —y sucede en la mayor parte de los
casos— la Administración tiene un margen de decisión propia en la aplicación de la ley, que es lo que llamamos
discrecionalidad administrativa» (Sánchez Morón, Miguel. Derecho Administrativo. Parte General. 6ª Ed. Madrid:
Editorial Tecnos, 2010. p. 88)
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conveniencia pública que la ley no podía definir de manera exhaustiva. La
discrecionalidad existe porque hay materias en las que la norma habilitante fija el
marco general de actuación, pero deja a la autoridad la concreción de ciertos
aspectos según criterios de razonabilidad, oportunidad técnica, necesidad del
servicio y adecuada satisfacción del interés general.
39. Cuando la discrecionalidad tiene contenido técnico, como ocurre en la
definición de perfiles, requisitos, competencias o títulos habilitantes, el margen de
apreciación se proyecta sobre la valoración especializada que debe realizar la
administración. En estos casos, la autoridad debe ponderar elementos como la
naturaleza del empleo, las funciones asignadas, las necesidades del servicio, la
formación exigida, la idoneidad requerida y la correspondencia entre los requisitos
fijados y la finalidad institucional perseguida.
40. Por ello, la competencia discrecional permite que la administración concrete
la norma general en una decisión específica. No se trata de crear requisitos al
margen de la ley, sino de desarrollar el mandato legal cuando este exige una
valoración técnica o funcional. La discrecionalidad opera precisamente en ese
espacio: entre el marco jurídico que habilita la actuación y la decisión concreta que
debe adoptarse para hacer efectiva la finalidad pública.
41. En este caso, la definición de los títulos profesionales habilitantes para el
cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y
democracia requería una valoración y análisis técnico sobre la afinidad entre cada
programa académico y el área docente. Por tanto, la sola discrepancia de los
demandantes frente a la conveniencia de excluir el título de Derecho no es suficiente
para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado; por el contrario, estos
debían demostrar que el Ministerio actúo por fuera de los márgenes permitidos por
la ley, o que su decisión estuvo motivada por intereses o aspectos contrarios
injustificados, irrazonables y ajenos a la función pública.
42. Se advierte que, como argumentó el demandante, durante la publicación del
proyecto de regulación, se formularon observaciones dirigidas a que el título
profesional en Derecho fuera incluido dentro de los programas habilitantes. Frente
a ellas, el Ministerio de Educación Nacional indicó que solicitaría a CONACES un
concepto sobre la afinidad de la propuesta curricular y los perfiles de formación y
ocupacional del programa de Derecho con el área de ciencias sociales, historia,
geografía, Constitución Política y democracia.
43. Dentro del proceso no se acreditó que el concepto hubiera sido efectivamente
expedido ni se allegó un documento que permitiera conocer su contenido,
metodología o conclusiones. Esa circunstancia, sin embargo, no determina por sí
sola la nulidad de la disposición demandada, porque su expedición –o incluso, la
falta de ella– no elimina la competencia discrecional ni el margen técnico de
apreciación que el ordenamiento atribuyó al Ministerio para definir los títulos
habilitantes; por lo contrario, lo mantenía en los términos descritos.
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44. Por otro lado, los demandantes sostuvieron que el Ministerio incurrió en una
omisión reglamentaria relativa al no incluir el título profesional en Derecho dentro de
los programas habilitantes para el cargo discutido. Para que esta se estructure no
basta con demostrar que la administración no incluyó un supuesto que
anteriormente estuviera previsto –en regulaciones anteriores–, y que los
demandantes estiman conveniente o deseable. Es necesario acreditar que existía
un deber constitucional o legal concreto de incluirlo en la regulación, o que la
exclusión produjo un trato discriminatorio injustificado frente a situaciones
verdaderamente asimilables.
45. En este caso, los actores no demostraron que la Constitución, la Ley 115 de
1994, el Decreto Ley 1278 de 2002 o el Decreto 1075 de 2015 ordenaran al
Ministerio incluir el título profesional en Derecho dentro de los requisitos habilitantes
para el cargo cuestionado. Se considera que las normas invocadas permiten que
profesionales no licenciados ejerzan la docencia, pero no eliminan la necesidad de
valorar la afinidad entre la formación académica y el área de desempeño, ni privan
al Ministerio de la facultad de concretar esa afinidad en el manual correspondiente.
46. Es cierto que el programa de Derecho comprende materias relacionadas con
la Constitución Política, la democracia, los derechos, los deberes ciudadanos, la
organización del Estado, la participación política y las instituciones públicas. Esos
contenidos guardan relación con algunos componentes del área de ciencias
sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia. Sin embargo, esa
relación parcial no impone, por sí sola, el deber jurídico de incluir Derecho como
título habilitante. El área regulada no se agota en Constitución Política y democracia.
También comprende ciencias sociales, historia y geografía, campos que tienen
desarrollos disciplinares propios y frente a los cuales el Ministerio podía exigir una
formación profesional que estimara más directamente relacionada con el conjunto
del área.
47. La Sala no desconoce que un abogado puede contar con conocimientos
útiles para la enseñanza de ciertos contenidos ciudadanos o constitucionales. No
obstante, el juicio de legalidad del acto acusado no consiste en determinar si un
abogado podría eventualmente enseñar algunos temas del área, sino en establecer
si el Ministerio estaba obligado a reconocer el título profesional en Derecho como
habilitante para todo el cargo docente regulado en el apartado 2.1.4.4. Esa
obligación no fue acreditada.
48. Los demandantes afirmaron que la Resolución nro. 15683 de 2016 incluía el
título profesional en Derecho como habilitante para el mismo cargo, mientras que la
Resolución nro. 3842 de 2022 lo excluyó. Esa circunstancia demuestra un cambio
de criterio administrativo, pero no configura por sí misma un vicio de nulidad.
49. La administración puede revisar, actualizar y modificar los manuales de
funciones, requisitos y competencias, siempre que actúe dentro del marco de sus
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competencias y con sujeción a los fines del servicio. La inclusión del título
profesional en Derecho en una regulación anterior no generaba un derecho
adquirido a su permanencia indefinida en el manual, ni impedía que el Ministerio
valorara nuevamente los perfiles académicos de los programas profesionales. La
legalidad del nuevo acto debe examinarse frente a las normas superiores vigentes
y no únicamente a partir de la comparación con la regulación derogada.
50. Adicionalmente, se advierte que los demandantes no demostraron que la
decisión hubiera obedecido a un criterio prohibido, discriminatorio o extraño a la
finalidad del servicio educativo. Estos no acreditaron que los títulos incluidos en el
listado y el título de Derecho fueran plenamente equivalentes frente al conjunto de
competencias requeridas para el cargo.
51. Tampoco se advierte vulneración del derecho a la igualdad. El hecho de que
algunos títulos profesionales hayan sido incluidos y Derecho no aparezca en el
listado no permite concluir, sin más, la existencia de un trato discriminatorio. La
diferencia se explica por la valoración técnica de afinidad entre los programas
académicos y el área docente, asunto que corresponde al Ministerio dentro de la
competencia asignada.
52. En cuanto a la vulneración al derecho de acceso a cargos públicos no se
advierte su configuración. Este derecho no implica que todos los ciudadanos puedan
participar en cualquier concurso sin cumplir los requisitos previamente definidos
para el empleo. El acceso a la función pública se ejerce dentro de las condiciones
establecidas por la Constitución, la ley y los reglamentos aplicables. En el sistema
de carrera, el mérito no elimina los requisitos mínimos del cargo; por el contrario,
opera sobre la base de que los aspirantes acrediten previamente las condiciones
exigidas para participar.
53. Tampoco se demostró vulneración del derecho al trabajo. La exclusión de un
título profesional de un cargo específico no impide el ejercicio de la profesión de
abogado ni cierra todas las posibilidades de vinculación al sistema educativo. De
acuerdo con lo indicado por el Ministerio, el título profesional en Derecho podía ser
tenido en cuenta para aspirar a cargos directivos docentes, siempre que se
cumplieran los demás requisitos exigidos, además de las demás posibilidades que
tiene la profesión en el ámbito laboral, que además de ser amplio, en muchos casos
sí está restringido para personas de otras profesiones, como los docentes.
54. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que el Ministerio de Educación
Nacional tenía competencia para adoptar el Manual de Funciones, Requisitos y
Competencias del sistema especial de carrera docente y para definir los títulos
habilitantes de cada cargo. También concluye que las normas superiores invocadas
por los demandantes no imponían el deber específico de incluir el título profesional
en Derecho dentro de los requisitos de formación profesional para ocupar el cargo
de docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y
democracia.
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55. La relación que el programa de Derecho puede tener con algunos contenidos
del área no basta para configurar una omisión reglamentaria relativa ni para declarar
la nulidad del acto acusado. La definición de los títulos habilitantes corresponde al
Ministerio dentro de su discrecionalidad administrativa, comprendida como un
amplio margen técnico de apreciación, lo que le permitió hacer las valoraciones
correspondientes para definir los cargos afines, y en el proceso no se acreditó que
la exclusión cuestionada fuera arbitraria, discriminatoria, irrazonable o contraria a
una norma superior.
56. En consecuencia, se negarán las pretensiones de las demandas
acumuladas.
Efectos de la nulidad
57. Mediante auto del 16 de diciembre de 2022 se decretó como medida cautelar
la inclusión provisional del título profesional en derecho como uno de aquellos
admitidos para acceder al cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía,
Constitución Política y democracia, en el apartado 2.1.4.4 del Anexo Técnico de la
Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022.
58. Como el acto demandado conservará su presunción de legalidad con ocasión
de esta sentencia, la medida cautelar decretada perderá sus efectos una vez quede
ejecutoriada la presente providencia. En este orden, la cesación de los efectos de
la medida cautelar operará exclusivamente hacia el futuro, a partir de la ejecutoria
de esta sentencia, sin afectar las situaciones jurídicas consolidadas ni las
actuaciones cumplidas mientras estuvo vigente y que sean consecuencia de ella.
Condena en costas
59. El artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no habrá
condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace
referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al
abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor
de un sujeto determinado.
60. En el caso concreto, se tiene que el medio de control fue presentado en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a
la general al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra los
actos administrativos demandados que debieron ser analizados tanto al decidir la
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medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR la pretensión de la demanda de nulidad presentada por los
señores Luis Carlos López Sabalza y Favián Bolívar Ponce Melo contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, relacionada con el apartado 2.1.4.4 del Anexo
Técnico I de la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, «por la cual se adopta
el nuevo Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los Cargos de
Directivos Docentes y Docentes del Sistema Especial de Carrera Docente y se
dictan otras disposiciones».
Segundo. REVOCAR la medida cautelar decretada el 16 de diciembre de 2022. La
cesación de los efectos de la medida cautelar operará exclusivamente hacia el
futuro, a partir de la ejecutoria de esta sentencia, sin afectar las situaciones jurídicas
consolidadas ni las actuaciones cumplidas como consecuencia de aquella, según
las consideraciones expuestas.
Tercero. SIN CONDENA en costas.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, REALIZAR
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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