Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04800-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04800-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04800-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
5 de octubre de 2023
Demandante: Nelson Jaimes Rivera
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-04800-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., cinco (5) de octubre dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04800-00
Demandante: NELSON JAIMES RIVERA
Demandados: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTROS
Tema: Temeridad en acciones de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la acción de tutela presentada por el señor Nelson Jaimes Rivera
contra el Ministerio de Educación Nacional y otros, por la presunta vulneración de su
derecho fundamental de petición.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito presentado el 4 de septiembre de 2023 el señor Nelson Jaimes Rivera,
actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Ministerio de Educación
Nacional, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre, con el fin de
que le sean amparados sus derechos fundamentales «(…) al trabajo, igualdad, eficacia,
imparcialidad, transparencia, celeridad, mérito, igualdad de oportunidades para los
trabajadores, acceso a cargos públicos, mínimo vital; así como el debido proceso (…)».
2. Para la parte accionante, la vulneración de las anteriores garantías constitucionales
deviene de dos situaciones concretas. La primera, traducida en las decisiones de la
administración, en virtud de las cuales no fue admitido para ocupar alguno de los
cargos ofrecidos en los procesos de selección 2150 a 2237 de 2021 y 2316 y 2406 de
2022; y, en segundo lugar, el hecho que las autoridades convocadas han hecho caso
omiso a la decisión dictada en el proceso 11001-03-25-000-2022-00318-003,
adoptada el 16 de diciembre de 2022 y confirmada el 21 de abril de 2023, que, en lo
pertinente, resolvió: «Primero: Decretar como medida cautelar la orden de inclusión
provisional en el apartado 2.1.4.4 del anexo técnico de la Resolución 003842 del 18 de marzo
de 2022, proferida por la ministra de Educación Nacional, del título profesional en derecho
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como uno de aquellos que sirven para acceder al cargo de docente de ciencias sociales,
historia, geografía, Constitución Política y democracia.»
3. Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, reclamó lo
siguiente.
(…) SEGUNDO. Tutelar el derecho al acceso a la administración de justicia respecto del
acatamiento de las resoluciones judiciales, ordenando al Ministerio de Educación
Nacional, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad Libre (dentro de lo
que corresponde respecto del concurso de méritos referido), acaten cabalmente la
decisión del Honorable Consejo de Estado en la decisión ampliamente referida, en el
sentido de no excluir el título profesional en Derecho como uno de los idóneos y aptos
para el ejercicio de la docencia de área en Ciencias Sociales, Historia, Geografía,
Constitución Política y democracia, de acuerdo con el Auto que Decreta Medida
Cautelar- Interlocutorio 11001032500020220031800 de fecha diciembre 16 de 2022; ya
que el no acatamiento de esta orden judicial además de ser inconstitucional e ilegal,
genera un daño irremediable para quienes ostentamos el título de profesionales en
Derecho.
TERCERO. Tutelar el derecho de igualdad de oportunidades como trabajador, por
cuanto la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad libre desconocen mis
derechos, impidiéndome continuar en la convocatoria aludida, con lo cual se vulnera el
principio de mérito en el ingreso, la permanencia, la promoción en el servicio y el ascenso
en el Escalafón en la carrera docente, ya que aprobé satisfactoriamente las pruebas de
conocimiento y psicotécnicas correspondientes, además de contar con los soportes de
formación académica y experiencia necesarios para ejercer adecuadamente la docencia
y contribuir a la materialización del derecho a la educación de los niños y jóvenes del
Distrito Barrancabermeja, Secretaría de Educación Distrital de Barrancabermeja.
CUARTO. Se ordene al Ministerio de Educación Nacional para que, en cumplimiento de
las ordenes impartidas en el auto O-65-2022 del proceso referenciado, expida una
Resolución que modifique la Resolución 003842 de 2022, y que en esta incluya el título
profesional en derecho, dentro de la lista de aquellos que están habilitados para ejercer
el cargo de docente de área en ciencias sociales, historia, geografía, constitución política
y democracia, manteniendo los demás títulos habilitados que contempla la mencionada
resolución.
QUINTO. Se ordene al Ministerio de Educación Nacional de informar a la CNSC y a la
Universidad Libre del contenido de la resolución que modifica la Resolución 003842 de
2022, para que de esta manera revoquen la decisión de inadmitirme, y me ADMITAN y
así CONTINUAR con el Proceso de selección 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022
Directivos Docentes y Docentes, para el cargo de Docente de Área en Ciencias Sociales,
Historia, Geografía, Constitución Política y democracia, OPEC código 183662.
SEXTO. Se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil, incluir en los resultados del
tutelante, dentro de la convocatoria en mención, la expresión “CONTINÚA EN EL
PROCESO” o “ADMITIDO”, se valoren nuevamente los Requisitos Mínimos y la
Valoración de Antecedentes subidos al SIMO, y se me permita continuar en las
siguientes etapas del Proceso de selección 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022
Directivos Docentes y Docentes, para el cargo de Docente de Área en Ciencias Sociales,
Historia, Geografía, Constitución Política y democracia; con fundamento en los derechos
y la medida cautelar invocados y en los soportes académicos que me conceden la
idoneidad necesaria para ello.
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SEPTIMO. Que, en virtud del principio al mérito, igualdad y oportunidad y en aplicación
al principio de favorabilidad, derecho a la igualdad, eficacia e imparcialidad, y condición
más beneficiosa, se la valoración de los documentos en esta etapa, teniendo en cuenta,
que se reconoció el título profesional en Derecho a otros “aspirantes que aportaron el
título profesional en Derecho como uno de aquellos que sirven para acceder al cargo de
docente de ciencias sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia,
cargo para el cual también me encuentro concursando, y fueron admitidos con este título
profesional en la etapa de verificación de requisitos mínimos y se encuentran
concursando, como consecuencia de fallos de tutela que para tal efecto presentaron con
base en lo ordenado en providencia N°O-65- 2022 del Honorable Consejo de Estado.
SEPTIMO (sic) Se conceda la medida provisional solicitada en el escrito que avoca
conocimiento de esta acción de tutela, mientras se surten las actuaciones solicitadas y
se profiere fallo de esta, en aras de la protección de los derechos invocados.
PETICIÓN SUBSIDIARIA. Por último, solicito respetuosamente que se compulsen las
copias pertinentes el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, despacho
del Magistrado Ponente, JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ, ante un posible
incumpliendo en el presente caso, de lo señalado mediante Auto Interlocutorio O-65 del
16 de diciembre de 2022 y para que expida concepto sobre los efectos de la medida
cautelar concedida, junto con concepto sobre si esta puede ser recurrida o tendrá
vigencia hasta que haya decisión de fondo que la revoque.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 25 de septiembre de 2022 el accionante presentó la prueba de aptitudes,
competencias básicas y psicotécnica dispuestas dentro de los procesos de selección
2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022, adelantados por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, obteniendo un puntaje superior al requerido para continuar en dicha
convocatoria (63.80 y 78.57, puntos respectivamente).
5. No obstante, en la fase de verificación de requisitos, la Comisión Nacional del
Servicio Civil lo inadmitió del concurso con fundamento en lo previsto en la Resolución
003842 del 18 de marzo de 2022 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, al
considerar que la disciplina académica acreditada por él (abogado), no se encontraba
prevista dentro de la Oferta Pública de Empleos de Carrera a la que aplicó, y como
consecuencia de lo anterior, fue excluido del concurso.
6. Se tiene que, el acto administrativo en mención (Resolución 003842 del 18 de marzo
de 2022) excluyó el título profesional en derecho para acceder al cargo de docente de
ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia, por lo que fue
demandado por el señor Luis Carlos López Sabalza, a través del medio de control de
nulidad, proceso que por reparto correspondió a la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado, M.P. William Hernández Gómez. Dicha autoridad judicial, en
Sala Unitaria del 16 de diciembre de 2022 resolvió decretar la medida cautelar y como
consecuencia, ordenó «incluir provisionalmente en el apartado 2.1.4.4 del anexo técnico de
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la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, proferida por la ministra de Educación
Nacional, del título profesional en derecho como uno de aquellos que sirven para acceder al
cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia».
7. Posteriormente, el señor Jaimes Rivera presentó una reclamación formal por medio
de la plataforma SIMO de la Comisión Nacional del Servicio Civil, exponiendo las
razones de hecho y de derecho pertinentes a efectos de lograr que se reevaluara la
decisión de inadmisión y se le permitiera continuar en el concurso aludido.
Fundamentó dicha reclamación en la ilegalidad que suponía la exclusión del título de
abogado como válido para ejercer el cargo de docente de aula en Ciencias Sociales;
y también en la vulneración de sus derechos constitucionales, con fundamento en la
medida cautelar proferida el 16 de diciembre de 2022 dentro del proceso con radicado
11001-03-25-000-2022-00318-00.
8. El 18 de enero 2023, la Comisión Nacional del Servicio Civil dio respuesta a las
reclamaciones elevadas sobre la verificación de requisitos mínimos, en la cual expuso
lo siguiente:
El auto interlocutorio se profirió dentro de una acción de nulidad que tiene como
demandante al señor LUIS CARLOS LÓPEZ SABALZA y como demandados a la Nación
y al Ministerio de Educación Nacional. Vale la pena señalar que la orden se profirió hacia
el Ministerio de Educación Nacional por ser la entidad que publicó el acto administrativo
en discordia, sin embargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y la
Universidad Libre, en el marco de los Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021,
2316 y 2406 de 2022 - Directivos Docentes y Docentes, no han sido notificadas de orden
alguna al respecto.
Esto guarda especial importancia dado que, como ya fue mencionado, en el marco del
presente concurso de méritos, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad
Libre en su condición de operador del proceso de selección, no han sido comunicados
de la existencia de un nuevo manual de funciones o de modificaciones que adicionen
disciplinas diferentes a las que el empleo contempla, razón por la cual la verificación de
requisitos mínimos se adelantó en consideración al manual de funciones y competencias
laborales vigente (Resolución No. 003842 de 2022), el cual es un acto administrativo que
goza de presunción de legalidad.
(…) De esta manera, si para el empleo identificado con el código OPEC No. 183662., de
acuerdo a las necesidades del servicio, NO se incluyó el título de Derecho, el resultado
que obtuvo en la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos, no pudo ser otro que el
publicado, esto es, NO ADMITIDO.
(…) En tal sentido, los procesos de selección que adelanta la CNSC por intermedio de
Instituciones de Educación Superior, se encuentran regulados en actos administrativos,
normas de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como para los
participantes, por lo que no es posible hacer caso omiso de éstas y en este momento la
etapa de inscripciones finalizó y estamos inclusive en desarrollo de la etapa de
Verificación de Requisitos Mínimos, por lo que no es posible modificar la Oferta Pública
de Empleos de Carrera – OPEC para incluir títulos adicionales.
Con los anteriores argumentos fácticos y legales, CONFIRMAMOS su estado de
INADMITIDO dentro del proceso, motivo por el cual usted NO CONTINÚA en concurso,
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en cumplimiento de lo establecido en la Ley y el Acuerdo que rige el presente Proceso
de Selección.
Finalmente, se informa al aspirante que contra la presente decisión no procede recurso
alguno, de conformidad con el numeral 4.5 del Anexo de los Acuerdos del Proceso de
Selección.
9. El 21 de abril de 2023 el Consejo de Estado resolvió el recurso de reposición
interpuesto por el Ministerio de Educación Nacional y dejó en firme la providencia del
16 de diciembre de 2022, que decretó la medida cautelar en mención.
-Acción de tutela con radicado 68001-3109-010-2023-00039-011
10. El 26 de abril de 2023 la parte actora presentó una acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Universidad Libre, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales de
igualdad, al trabajo, y al debido proceso. Refirió que su exclusión del proceso de
selección vulneró flagrantemente sus garantías, ya que la misma se derivó de la
incorrecta e inadecuada valoración de los soportes documentales de educación
oportunamente allegados.
11. Igualmente, el señor Jaimes Rivera adujo que el Consejo de Estado en providencia
del 16 de diciembre de 2022, concedió una medida cautelar en el curso de una
demanda de nulidad en la que se solicitó la suspensión del aparte del acto
administrativo que relacionó la lista de profesiones admitidas para el empleo,
considerando que el título en derecho es uno de los permitidos para aspirar a la
vacante a la que se inscribió.
12. Por último, el actor solicitó que para su caso concreto se tuviera en cuenta la
providencia de tutela del 24 de mayo de 2023 con radicado 11001-03-15-000-2023-
01874-00, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
pues contiene supuestos facticos y jurídicos similares al suyo, en la cual sí se
ampararon los derechos fundamentales del actor.
13. En dicho trámite tutelar, el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bucaramanga profirió sentencia de primera instancia el 10 de mayo
de 2023 y declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de la
subsidiariedad, ya que a su juicio el interesado disponía de herramientas adecuadas
para ventilar la pretensión esbozada, concretamente, expuso que debió acudir ante la
jurisdicción contencioso administrativa, por cuanto se trataba de una disputa entre un
particular y una entidad pública. Adicionalmente, acotó que el tutelante no demostró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
1 Lo relatado en este acápite se encuentra en los fundamentos fácticos y obedece a una investigación
realizada por la sala, de conformidad con la información allegada en las contestaciones de la demanda.
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14. Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó, recuso que fue desatado el
21 de junio de 2023 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión
Penal de Bucaramanga, que confirmó la decisión del a quo. Como fundamento de su
decisión adujo que hasta entonces era prematuro afirmar que se habían desconocido
sus derechos fundamentales, inclusive si se consideraba la medida cautelar decretada
el 16 de diciembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A. Lo anterior, toda vez que dicho proceso se encontraba en curso y en tal sentido no
se había pronunciado de forma definitiva sobre la acción de nulidad formulada contra
el apartado 2.1.4.4 del anexo técnico de la Resolución 003842 del 18 de marzo de
2022, proferida por la Ministra de Educación Nacional; «entre tanto, debe abstenerse esta
Magistratura de reemplazar los procedimientos ordinarios de defensa, cuando se encuentra
en curso el procedimiento natural para resolver tales planteamientos, conforme lo ha hecho en
anteriores ocasiones la Corte Suprema de Justicia.»
15. Por último, el ad quem constitucional no accedió a la pretensión del actor
consistente en la extensión de los efectos de lo decidido en providencia del 24 de mayo
de 2023, dentro de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-01874-00,
que conoció la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la
cual se permitió continuar a otro ciudadano en la convocatoria de proceso de selección.
Esto al estimar que «atendiendo al principio de autonomía de la función jurisdiccional,
recordando que las conclusiones y efectos que se generan del análisis y la decisión en sede
de tutela son inter partes, por tanto, no pueden extenderse a otros ciudadanos de manera
automática como lo pretende el impugnante, a efectos que se determine la procedencia del
presente mecanismo constitucional, como si se tratara de una providencia emanada de la
Corte Constitucional con efectos inter pares o inter comunis.»
1.3. Fundamentos de la solicitud
16. Manifestó el accionante que al haber sido excluido del concurso de méritos por
acreditar el título de abogado se transgreden los derechos fundamentales invocados
en el escrito de tutela, toda vez que las entidades accionadas desconocieron lo
dispuesto por el Consejo de Estado en la medida cautelar proferida el 16 de diciembre
de 2022 que resolvió incluir de manera provisional en el apartado 2.1.4.4. del anexo
técnico de la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022 dicho título profesional como
uno de aquellos que sirven para acceder al cargo al cual aspiró.
17. Así pues, el actor consideró que el proceso adelantado dentro del concurso de
méritos, no se ha desarrollado en debida forma, lo que representa una clara afectación
para sus derechos a la igualdad, trabajo, debido proceso y el principio de confianza
legítima, pues estima que si bien es cierto los títulos profesionales que ostenta, no se
encuentra previstos dentro de la oferta a la que aplicó, a su consideración sí resultan
idóneos para ser docente de Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución
Política y Democracia. Por ello acude a la acción de tutela con el fin de que se amparen
sus prerrogativas y se retome su trámite concursal.
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18. Por último, pidió que se tuvieran en cuenta varias sentencias de tutela proferidas
por juzgados y tribunal del país que habían amparados los derechos fundamentales
de los accionantes que participaron en el concurso, así como la providencia del 24 de
mayo de 2023, con radicado 11001-03-15-000-2023-01874-00, que conoció la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se permitió continuar
a otro ciudadano en la convocatoria de proceso de selección, la cual a su juicio es
aplicable a su caso concreto por la similitud fáctica y jurídica que presenta.
1.4. Trámite de la acción
19. Mediante auto del 14 de septiembre de 2023, la magistrada ponente de esta
decisión admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al Ministerio de Educación
Nacional, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad Libre, como
entidades accionadas. Por otro lado, vinculó como tercero con interés al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, que tramita el medio de control de simple
nulidad identificado con el radicado 11001-03-25-000-2022-00318-00.
20. De igual manera, negó la medida de suspensión provisional solicitada2, pues no se
acreditó hasta ese momento procesal una situación de vulneración grave, que
constituyera un perjuicio irremediable para el participante de la convocatoria. Por
último, se ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil publicar en el sitio web de
la convocatoria, el escrito de tutela y el auto admisorio.
1.5. Intervenciones
1.5.1. Comisión Nacional del Servicio Civil
21. Solicitó negar las pretensiones de la demanda, pues las actuaciones que adelantó
se encuentran ajustadas a derecho y no existe vulneración a las garantías
fundamentales del accionante.
22. Por otro lado, adujo que la simple inconformidad del señor Jaimes Rivera frente al
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los Cargos de Directivos
Docentes y Docentes del Sistema Especial de Carrera Docente y en consecuencia
frente a los efectos del acuerdo del Proceso de Selección, se torna en un juicio de
legalidad del acto administrativo que adopta el manual, asunto que no concierne al
juicio de constitucionalidad propio de la acción de tutela, por lo que dicho acto
administrativo que goza de presunción de legalidad, debe ser aplicado hasta tanto su
2 «La medida cautelar que solicito va dirigida a que se ordene a la Comisión nacional del Servicio Civil
y a la Universidad Libre, se me permita continuar en las subsiguientes etapas del concurso de méritos
en mención (Convocatoria Directivos Docentes y Docentes 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022),
hasta que se decida de fondo la acción constitucional impetrada.»
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legalidad no sea desvirtuada por un juez contencioso administrativo en un fallo
definitivo.
23. Explicó que en lo atinente a la medida cautelar decretada por Consejo de Estado
dentro del proceso de nulidad simple11001032500020220031800, «es relevante
destacar que esta Entidad no ha sido, notificada, informada como tampoco vinculada en dicho
proceso, así las cosas, el alcance de esta no es vinculante frente al proceso de selección en
cuestión».
24. Igualmente, puso de presente que el accionante presentó la misma acción de tutela
ante el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bucaramanga con el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Penal de
Bucaramanga, con radicado «2022-039», incurriendo en una conducta temeraria.
1.5.2. Universidad Libre
25. Hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de selección y estimó
que no se encontraron los documentos necesarios para acreditar el cumplimento del
requisito mínimo de formación exigido; por ello, recordó que era obligación de los
aspirantes probar sus calidades dentro del proceso, lo anterior de conformidad con lo
señalado en los acuerdos de convocatoria y sus anexos técnicos de especificaciones
de las diferentes etapas del proceso de selección.
26. Explicó que, la medida cautelar, dispuesta por el Consejo de Estado el 16 de
diciembre de 2022, es un auto interlocutorio que se profirió dentro de una acción de
nulidad y hacia el Ministerio de Educación Nacional por ser la entidad que publicó el
acto administrativo en discordia.
27. No obstante, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre, en el
marco de los Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022
• Directivos Docentes y Docentes, no han sido notificadas de orden alguna al respecto.
A propósito de esto, citó uno de los apartados del auto, al referirse al carácter
provisional de la medida cautelar, así: «Por otra parte, la medida cautelar es esencialmente
provisional, puede ser revocada o corregida a lo largo del proceso, según se vayan
constatando los hechos y el derecho relevantes, y no condiciona en ningún sentido la sentencia
final».
28. Reiteró que no puede dejarse de lado que se trata de una medida provisional
susceptible de modificaciones, por lo que no puede otorgársele alcances definitivos,
especialmente en un proceso de selección por méritos, incluso cuando ya se desarrolló
la valoración de antecedentes.
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1.5.3. Ministerio de Educación
29. Frente a los hechos materia de la acción, principalmente los referidos a las etapas
del concurso de docentes surtidas por el accionante, adujo que no podía pronunciarse,
toda vez que no le constan como quiera que, dichas etapas corresponden a las tareas
de la Comisión y la Universidad Libre, por ser las entidades en cargadas del desarrollo
de este concurso.
30. Adujo que si bien debe cumplir la orden del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A que decretó la medida cautelar, esta es de carácter provisional, «por lo
que el MEN ha insistido en los argumentos que justifican la no inclusión de la carrera de
derecho en listado de carreras consideradas para participar en el concurso, los cuales deben
mantenerse dada la provisionalidad de la medida, como se ha hecho en todas las acciones en
las que se la han vinculado.»
31. Finalmente, frente a la solitud de que se le permita al accionante continuar en el
concurso, y en sentido que se cambie su estado de inadmitido por el de admitido, se
considera que es una decisión que no le compete.
32. Los demás sujetos, pese a ser debidamente notificados, no se refirieron al fondo
del asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
33. Si se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado no le
correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que, la tutela se dirige
contra el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Universidad Libre, y por ello el reparto del mecanismo de protección constitucional
debería hacerse en primera instancia, a los jueces del circuito.
34. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y al numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
35. Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha indicado que:
3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones
contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de
ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino
únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado
acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar
su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho
al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para
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asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la
resolución del asunto en sede de instancia.
36. Igualmente, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional coinciden con
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió:
PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún
juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.
37. En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el
Consejo de Estado asume la competencia para conocer de la demanda que presentó
el señor Jaimes Rivera.
2.2. Problema jurídico
38. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las
respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y los informes y
argumentos esgrimidos, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema
jurídico que subyace al caso en concreto:
• ¿Se configura el fenómeno de la temeridad con ocasión de la acción de tutela
que presentó el señor Nelson Jaimes Rivera con radicado 68001-3109-010-
2023-00039-01?
39. De ser negativa la respuesta anterior:
• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales «al
trabajo, igualdad, eficacia, imparcialidad, transparencia, celeridad, mérito, igualdad de
oportunidades para los trabajadores, acceso a cargos públicos, mínimo vital; así como
el debido proceso», al inadmitir al actor en el concurso de méritos realizado en el
marco de las Convocatorias 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022, por no
acreditar el requisito del título de educación?
40. Para resolver el primer interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) la figura jurídica de la temeridad; y (iii) el
caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
41. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
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42. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable3.
2.4. La actuación temeraria en la acción de tutela
43. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que existe temeridad cuando «sin
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales”, por lo cual “se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes»
44. Según la jurisprudencia constitucional, la temeridad se configura, entonces, cuando
concurren los siguientes elementos: (i) identidad de partes, (ii) identidad en la causa
petendi, (iii) identidad de objeto y, (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción4.
45. La actuación temeraria tiene una relación directa con el principio constitucional de
la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. La Corte
Constitucional, ha señalado que cuando se obra temerariamente se vulnera este
principio, en la medida en que, para satisfacer un interés particular, el actor instaura
deliberadamente y sin un motivo válido, una nueva acción constitucional y como la
buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades
públicas, corresponde al juez de tutela demostrar su existencia mediante un análisis
profundo de las pretensiones de las demandas, de los hechos y de los derechos en
que éstas se fundan5. En el evento en que se demuestre esa identidad se debe
rechazar la solicitud de amparo. Al respecto, indicó:
La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella que
vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para satisfacer un
interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando
deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de tutela.
Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares
ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que debe ser valorada
cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas. En otras palabras, la
conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de
la simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal
conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo, de los
hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso6
3 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la Sentencia T-151 de 2010.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-067 de 20
6 Sobre este tema se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-308 y T-145 de 1995,
T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003, entre otras.
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46. Así lo señaló también esta Corporación, entre otras, en sentencia de 1° de
noviembre de 20127, en la que señaló: «De conformidad con el artículo transcrito, se tiene
que la acción temeraria se configura por la presentación simultánea o sucesiva de acciones
de tutela, sin que exista un motivo razonable y válido. Este ejercicio arbitrario e injustificado de
la acción de tutela materializa la actuación temeraria, al desconocerse el fin para el cual fue
creado dicho instrumento»8.
2.5. Caso concreto
47. Sea lo primero resaltar que la acción constitucional con radicado 68001-3109-010-
2023-00039-01 no fue puesta de presente por el accionante en su escrito de tutela, sin
embargo, de la contestación remitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se
avizoró que esta tiene supuestos fácticos similares, por lo que, corresponde a esta sala
decidir si en la tutela presentada por el actor se presenta identidad: (i) de partes, (ii) en
la causa petendi, (iii) y de objeto.
48. De confluir los tres elementos se analizará si existe alguna justificación para
interponer la presente acción o si por el contrario se presentó de forma temeraria, por
lo que se pasa a estudiar cada uno de los requisitos enunciados:
Tutela con radicación Tutela con radicación N.° ¿Cumple
68001-3109-010-2023- 11001-03-15-000-2023- identidad?
00039-01 04800-00
Ministerio de Educación Ministerio de Educación Sí
Accionado Nacional, Comisión Nacional, Comisión Nacional
Nacional de Servicio Civil de Servicio Civil y
y Universidad Libre. Universidad Libre.
A la igualdad (Artículo 13 Al trabajo, igualdad, eficacia, Sí
Derechos CP/91), el derecho al imparcialidad, transparencia,
vulnerados trabajo (Artículo 25 celeridad, mérito, igualdad
de oportunidades para los
CP/91), el derecho al
trabajadores, acceso a
debido proceso (Artículo cargos públicos, mínimo
29 CP/91), y al principio vital; así como el debido
de confianza legitima proceso
El señor Jaimes Rivera El señor Jaimes Rivera Sí
pretende con la acción de pretende con la acción de
tutela ser admitido y se tutela ser admitido y se
valoren nuevamente los valoren nuevamente los
Hechos requisitos mínimos y la requisitos mínimos y la
valoración de valoración de antecedentes
antecedentes subidos al subidos al SIMO, y se le
SIMO, y se le permita permita continuar en las
continuar en las siguientes etapas del
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. William Giraldo Giraldo. Radicado: 11001-03-15-000-2012-
01318-00 (AC).
8Esta Sección se ha manifestado sobre el particular, en sentencia de 30 de mayo de 2014, C.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado N° 25000-23-42-000-2014-00675-01 (AT).
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siguientes etapas del Proceso de selección 2150 a
Proceso de selección 2237 de 2021 y 2316 de
2150 a 2237 de 2021 y 2022 Directivos Docentes y
2316 de 2022 Directivos Docentes, para el cargo de
Docentes y Docentes, Docente de Área en Ciencias
para el cargo de Docente Sociales, Historia,
de Área en Ciencias Geografía, Constitución
Sociales, Historia, Política y democracia.
Geografía, Constitución
Política y democracia. Esto teniendo en cuenta que
el Consejo de Estado,
Esto teniendo en cuenta Sección Segunda,
que el Consejo de Subsección A decretó la
Estado, Sección medida de suspensión
Segunda, Subsección A provisional, mediante la cual
decretó la medida de ordenó la inclusión
suspensión provisional, provisional en el apartado
mediante la cual ordenó 2.1.4.4 del anexo técnico de
la inclusión provisional en la Resolución 003842 del 18
el apartado 2.1.4.4 del de marzo de 2022, proferida
anexo técnico de la por la ministra de Educación
Resolución 003842 del Nacional, del título
18 de marzo de 2022, profesional en derecho como
proferida por la ministra uno de aquellos que sirven
de Educación Nacional, para acceder al cargo de
del título profesional en docente de ciencias
derecho como uno de sociales, historia, geografía,
aquellos que sirven para Constitución Política y
acceder al cargo de democracia.
docente de ciencias
sociales, historia,
geografía, Constitución
Política y democracia.
Solicito ordenar a los SEGUNDO. Tutelar el Sí
accionados ser derecho al acceso a la
ADMITIDO con el título administración de justicia
profesional de respecto del acatamiento de
Pretensiones Administrador de las resoluciones judiciales,
Empresas en el concurso ordenando al Ministerio de
docente proceso de Educación Nacional, a la
Selección No. 2150 a Comisión Nacional del
2237 de 2021, 2316 y Servicio Civil y a la
2406 de 2022 - Directivos Universidad Libre (dentro de
Docentes y Docentes, ya lo que corresponde respecto
que desde el punto de del concurso de méritos
vista del derecho la referido), acaten cabalmente
normativa Resolución la decisión del Honorable
003842 de 2022, (18 de Consejo de Estado en la
marzo), Manual de decisión ampliamente
Funciones, Requisitos y referida, en el sentido de no
Competencias para los excluir el título profesional en
Cargos de Directivos Derecho como uno de los
Docentes y Docentes), idóneos y aptos para el
me FACULTA como ejercicio de la docencia de
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docente de Ciencias área en Ciencias Sociales,
Sociales, Historia, Historia, Geografía,
Geografía, Constitución Constitución Política y
Política y Democracia democracia, de acuerdo con
el Auto que Decreta Medida
El Consejo de Estado en Cautelar- Interlocutorio
providencia judicial da la 11001032500020220031800
orden al accionado de fecha diciembre 16 de
Ministerio de Educación 2022; ya que el no
Nacional – MEN - de acatamiento de esta orden
incluir a los abogados en judicial además de ser
el grupo de profesionales inconstitucional e ilegal,
que pueden genera un daño irremediable
desempeñarse en este para quienes ostentamos el
empleo, es la medida título de profesionales en
cautelar más adecuada Derecho.
para proteger el principio
de igualdad de
oportunidades de los
trabajadores que, en
principio, podrían verse
afectados.
49. Se precisa que ambos escritos de tutela se incoaron de manera virtual, la que tiene
radicado 68001-3109-010-2023-00039-01, el 26 de abril de 2023 y la 11001-03-15-
000-2023-04800-00, el 4 de septiembre de 2023.
50. Aunado a lo anterior, en la nueva acción de tutela, a saber, la presentada el 4 de
septiembre de 2023, el actor no advirtió ni justificó el haber presentado otra demanda
de tutela que compartiera identidad de partes, hechos y pretensiones frente a las
autoridades demandadas.
51. Es así como, luego de realizar un análisis minucioso de la pretensión de amparo,
de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que reposa en el proceso, se
pudo concluir que existe plena identidad en estos supuestos, por lo que resulta
evidente que la parte accionante incurrió en temeridad, en aplicación del artículo 38
del Decreto Ley 2591 de 1991, de conformidad con el cual «se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes».
52. Igualmente, se debe poner de presente que en ambas tutelas el actor solicitó tener
en cuenta: i) la medida cautelar decretada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A el 16 de diciembre de 2022, que resolvió incluir de manera provisional
en el apartado 2.1.4.4. del anexo técnico de la Resolución 003842 del 18 de marzo de
2022 dicho título profesional como uno de aquellos que sirven para acceder al cargo
al cual aspiró y; ii) la providencia de tutela del 24 de mayo de 2023 con radicado 11001-
03-15-000-2023-01874-00, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, pues a su juicio contiene supuestos facticos y jurídicos similares
al suyo.
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53. No obstante, ambos cargos le fueron resueltos por las autoridades judiciales de
primera y segunda instancia en el marco de la primera tutela que impetró, argumentos
que se encuentran consignados en los numerales 10 al 15 de esta sentencia, y que
dan cuenta de la negativa para acceder a las pretensiones de su demanda
constitucional.
54. De conformidad con lo expuesto, la sala le recuerda al actor que no es posible
tramitar y resolver sucesivas e indefinidas acciones de tutela que mantienen la
identidad en las partes, en los supuestos fácticos y en el objeto, porque ello significa
un abuso del derecho, pasible de las sanciones pertinentes si se advierte la mala fe.
55. Así las cosas, se declarará la temeridad en el trámite constitucional del vocativo de
la referencia y, en consecuencia, se negará el amparo solicitado por el señor Jaimes
Rivera, de conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2.6. Conclusión
56. El señor Jaimes Rivera incurrió en una actuación temeraria al presentar dos
acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, sin ninguna
justificación para hacerlo, razón por la cual sus pretensiones se deben negar.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD en el trámite constitucional del vocativo de
la referencia y NEGAR las pretensiones del señor Nelson Jaimes Rivera, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
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(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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