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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01874-00

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01874-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Comisión Nacional del Servicio Civil, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas. Segundo: Amparar transitoriamente los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo invocados por el señor Cristian Camilo Cañas Castillo en la demanda de tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. www.consejodeestado.gov.co 11 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2023-01874-00 Accionante: Cristian Camilo Cañas Castillo Tercero: Ordenar a la Comisión del Servicio Civil, que se admita al accionante en el concurso de mérito convocado mediante el proceso de selección 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 directivos docentes y docentes, de tal manera que le permita continuar al señor Cristian Camilo Cañas Castillo en las siguientes etapas del concurso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. Cuarto: Advertir al señor Cristian Camilo Cañas Castillo que la protección constitucional otorgada tendrá una vigencia de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, para que interponga la correspondiente demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a fin de que sea dicho juez como autoridad natural competente, quien resuelva de manera definitiva la controversia que motivó la presente acción de tutela. Quinto: Levantar la medida provisional decretada en el auto del 12 de septiembre de 2023, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Sexto: Declarar improcedente la pretensión relacionada con la compulsa de copias y la apertura de un incidente de desacato por falta del requisito de subsidiariedad, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente providencia. Séptimo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Octavo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01874-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de julio dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01874-00
Accionante: Cristian Camilo Cañas Castillo
Accionados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro

Tema: Vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y trabajo

Decisión: Ampara transitoriamente derechos invocados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. Encontrándose la acción de tutela de la referencia en el despacho del
Conjuez Carlos José Mansilla Jáuregui desde el 22 de noviembre de 2023 para
decidir sobre las manifestaciones de impedimentos, y de hallarlos fundados,
profiriera decisión de fondo sobre el asunto, a través de auto del 29 de mayo de
2025 resolvió remitir el proceso al despacho de origen porque la integración de la
Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado se modificó por
culminación del período de los magistrados Gabriel Valbuena Hernández y Rafael
Francisco Suárez Vargas.

2. En cumplimiento de lo anterior, una vez decidida la manifestación de
impedimento a través de auto del 19 de junio de 2025, la Subsección A de la
Sección Segunda, del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela1
interpuesta por el señor Cristian Camilo Cañas Castillo, quien actúa en nombre
propio en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Nación – Ministerio
de Educación Nacional por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

1. El señor Cristian Camilo Cañas Castillo se inscribió en la «convocatoria 2050 a
2237 de 2021 y 2316 de 2022 directivos docentes y docentes» en la que aspiró al
cargo de docente de aula en el área de ciencias sociales, historia, geografía,
Constitución Política y democracia del municipio de Cúcuta - OPEC 182741.

1 La acción de tutela fue radicada el 17 de abril de 2023.

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2. El 25 de septiembre de 2022, presentó la prueba de aptitudes, competencias
básicas y psicotécnica, en la que obtuvo un puntaje de 68.49 y 61.43, resultado
aprobatorio que fue publicado el 2 de febrero de 2023.

3. Manifestó que la Comisión Nacional del Servicio Civil en la fase de verificación
de requisitos fue inadmitido del concurso mediante acto administrativo sin número
publicado través del aplicativo SIMO el 29 de marzo de 2023, con fundamento en
lo previsto en la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, proferida por el
Ministerio de Educación Nacional por no acreditar el requisito de mínimo de
educación, en la que se excluyó el título profesional en derecho para acceder al
cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y
democracia.

4. Sin embargo, dicha resolución fue demandada a través del medio de control de
nulidad, proceso que correspondió a la Sección Segunda Subsección A, bajo la
ponencia del consejero William Hernández Gómez, autoridad judicial, que en Sala
Unitaria del 16 de diciembre de 2022, resolvió decretar la medida cautelar y en
consecuencia, incluir de manera provisional en el apartado 2.1.4.4, del anexo
técnico de la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, el título profesional en
derecho como uno de aquellos que sirve para acceder al cargo de docente de
ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia.

2.2. Fundamento jurídico

5. La parte actora manifestó que se vulneraron los derechos fundamentales
invocados en protección, al haber sido excluido del aludido concurso de méritos
porque las entidades accionadas desconocieron lo dispuesto por el Consejo de
Estado en la medida cautelar proferida el 16 de diciembre de 2022, en la que se
resolvió incluir de manera provisional en el apartado 2.1.4.4. del anexo técnico de
la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022 dicho título profesional como uno
de aquellos que sirven para acceder al cargo al cual aspiró.

2.3. Pretensiones

6. Con ocasión de lo anterior, solicitó:

«(…) PRIMERO: Solicito el cumplimiento de la medida cautelar descrita en el
acápite de hechos.

SEGUNDO: Solicito de forma respetuosa la inclusión en la etapa que se
desarrolla en la actualidad del concurso de Docente de aula del área de ciencias
sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia de la secretaria
de Educación departamental Norte de Santander CÚCUTA -Grupo – No Rural,
en el concurso 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 Directivos Docentes y
Docentes por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

TERCERO: Se requiera de manera URGENTE AL HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, específicamente la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A” con CONSEJERO PONENTE:
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ para que sirva exigir y llevar a cabo los trámites
administrativos tendientes a dar cumplimiento a la medida cautelar, igualmente
se abra un INCIDENTE DE DESACATO al ministro de educación o quien se le

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haya facultado dicha responsabilidad e igualmente se compulsen copias a la
Fiscalía General de la Nación y demás órganos de control para que se investigue
la conducta omisiva o dolosa por parte de dichos funcionarios.». (Sic a toda la
cita).

2.4. Trámite procesal

7. La acción de tutela de la referencia fue admitida por el Consejero Gabriel
Valbuena Hernández mediante auto del 26 de abril de 2023, en el que ordenó
notificar a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional como accionados y al despacho del doctor Jorge Iván Duque
Gutiérrez, integrante de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que tramita el medio de control de nulidad bajo el radicado núm. 11001-
03-25-000-2022-00318-00, como tercero interesado en las resultas del proceso.

8. A través de sentencia del 24 de mayo de 2023, se resolvió amparar los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo invocados por el señor
Cristian Camilo Cañas Castillo en la demanda de tutela.

9. Sin embargo, en cumplimiento a lo ordenado por la Sección Quinta del Consejo
de Estado por medio de auto del 28 de julio de 2023 que ordenó devolver el
expediente para resolver solicitud de nulidad propuesta por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, se dispuso a través de auto de 12 de septiembre de 2023
declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 26 de abril de 2023,
admitir la solicitud de tutela y decretar de oficio la medida provisional consistente
en la suspensión de los efectos de la decisión de la Comisión Nacional del Servicio
Civil publicada el 29 de marzo de 2023 en el aplicativo SIMO, mediante la cual se
inadmitió al actor del concurso de mérito.

10. Luego de verificar las actuaciones obrantes en el expediente radicado 11001-
03-25-000-2022-00318-00 (2598-2022), el consejero Rafael Francisco Suárez
Vargas observó que en condición de encargado en la plaza vacante que ocupaba
el doctor William Hernández Gómez, profirió el auto del 21 de abril de 2023 que al
decidir el recurso de reposición confirmó el auto del 16 de diciembre de 2022 y,
por ese motivo, a través del auto del 12 de octubre de 2023 consideró que se
encontraba incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 6 del
artículo 56 del CPP.

11. Con posterioridad, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez en calidad de
encargado del despacho del magistrado Gabriel Valbuena Hernández, a través de
escrito del 10 de noviembre de 2023 manifestó encontrarse incurso en la causal
de impedimento contemplada en el numeral 1.º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, pues, había sido vinculado al trámite de la acción de tutela
de la referencia como tercero con interés. Por lo tanto, ordenó remitir el proceso a
los conjueces Jorge Hernán Beltrán Pardo y Carlos José Mansilla Jáuregui para
que decidieran sobre las manifestaciones de impedimentos, y de encontrarlos
fundados, profirieran decisión de fondo sobre el asunto.

12. Sin embargo, se tiene que el Conjuez Carlos José Mansilla Jáuregui no surtió
ninguna actuación al respecto, por lo que, a través de auto del 29 de mayo de

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2025 resolvió remitir el proceso al despacho de origen, teniendo en cuenta que la
integración de la Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado
se modificó por culminación del período de los magistrados Gabriel Valbuena
Hernández y Rafael Francisco Suárez Vargas, decisión que se tomó transcurrido
más de un año después del auto del 10 de noviembre de 2023 que ordenó resolver
las solicitudes de impedimento y, de ser el caso, resolver el fondo del asunto.

13. Con ocasión de lo anterior, por medio de auto del 19 de junio de 2025 se
resolvió aceptar el impedimento manifestado por el consejero Jorge Iván Duque
Gutiérrez.

2.5. Intervenciones

14. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) manifestó que la acción de
tutela es improcedente, toda vez que no es el mecanismo idóneo para cuestionar
un acto administrativo de carácter general; además, porque no demostró la
inminencia, urgencia, gravedad y el carácter impostergable del amparo que
reclama, razón por la que solicitó se declare la improcedencia o en su defecto se
niegue el amparo constitucional.

15. Informó que la Convocatoria 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 inició
su etapa de inscripciones el 13 de mayo de 2022, asimismo, fijó mediante
Resolución 3842 del 18 de marzo de 2022 el manual de funciones, requisitos y
competencias adoptado por el Ministerio de Educación Nacional, en el que señaló
los títulos de formación académica que debían acreditar los aspirantes para el
ejercicio del empleo docente en ciencias sociales, historia, geografía, Constitución
Política y democracia, acto administrativo que permitió al accionante conocer los
títulos habilitantes para el ejercicio del empleo docente al cual aspiró.

16. Por lo tanto, la competencia otorgada para su expedición recaía en el Ministerio
de Educación Nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.6.3.8 13
del Decreto 1075 de 2015, subrogado por el Decreto 490 de 2016, razón por la
que no esta llamada atender la medida cautelar decretada el 16 de diciembre de
2022, susceptible de modificaciones a la que no pueden otorgársele alcances de
manera definitiva.

17. Por otra parte, requirió ser desvinculada del presente proceso al considerar
que carece de falta de legitimación en la causa por pasiva.

18. La Universidad Libre solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
por falta del requisito de subsidiariedad, en la medida que no es un mecanismo
idóneo para cuestionar la legalidad de un acto de administrativo, sino a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se puede
solicitar medidas cautelares. Además, no se demostró un perjuicio irremediable.

19. De otra parte, manifestó que el accionante puede hacer uso del medio de
control de nulidad para controvertir el acto administrativo que reglamenta el
proceso de selección.

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20. Así las cosas, mencionó que no se vislumbra quebrantamiento de los derechos
fundamentales invocados en protección porque las decisiones se ajustaron a las
reglas del concurso.

21. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

22. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

23. Sobre el particular, se tiene que si bien la Comisión Nacional del Servicio Civil,
solicitó la desvinculación del presente proceso, lo cierto es que esta Sala no
encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión, toda vez que su
vinculación obedeció a que dicha entidad fue quien inadmitió del concurso al
accionante a través de su plataforma SIMO.

3.3. Problema jurídico

24. De conformidad con los antecedentes descritos, el problema jurídico se
circunscribe a determinar:

(i) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y trabajo del señor Cristian Camilo Cañas Castillo al inadmitirlo
del concurso de méritos en el marco de la Convocatoria 2150 a 2237 de 2021,
2316 y 2406 de 2022 directivos docentes y docentes, por no acreditar el requisito
del título de educación.

(ii) De ser afirmativo el anterior interrogante, corresponde a la Sala establecer si
se debe incluir al señor Camilo Cañas Castillo en calidad de aspirante a la
convocatoria 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 Directivos Docentes y
Docentes.

(iii) Finalmente, determinar si resulta factible a través del presente mecanismo
constitucional dar apertura de un incidente de desacato e igualmente compulsar
copias a la Fiscalía General de la Nación y demás órganos de control para que se
investigue la conducta omisiva o dolosa por parte de algunos funcionarios.

3.3. De la procedencia de la acción de tutela en desarrollo de concursos de
méritos

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25. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter
de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

26. En ese sentido, cuando lo que se pretende es discutir actos administrativos
expedidos en el marco de un concurso de méritos, la acción de tutela es
procedente únicamente cuando la determinación que se busque discutir no esté
contenida en un acto definitivo, toda vez que, en ese caso, debe acudirse a los
medios que para tales fines existen en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, debido a la naturaleza subsidiaria que rige esta acción de origen
constitucional, salvo que se encuentren reunidos los elementos que permitan
evidenciar la probable configuración de un perjuicio irremediable o que el medio
con el que se cuenta no sea idóneo o eficaz, según las particularidades del asunto,
aspecto que deberá definir el juez en cada caso concreto.

27. Salvo, en el evento de que se presente, en desarrollo del concurso, la flagrante
violación de un derecho fundamental, la acción de tutela para el afectado resulta
procedente ante la carencia de medios de defensa judiciales para lograr la
continuidad en el concurso.

3.4. Análisis del caso concreto

28. En el presente asunto se cuestiona la inadmisión del concurso de méritos en
el marco de la convocatoria 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 directivos
docentes y docentes, por no acreditar el requisito del título de educación, lo cierto
es que se demuestra el perjuicio irremediable en la medida que el señor Camilo
Cañas Castillo podría ser excluido del aludido concurso de méritos que aún se
encuentra en desarrollo2.

29. Proceso en el que de conformidad con la Resolución 10591 de 2023 expedida
por la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta (Norte de Santander) el
accionante ocupó la posición 36 en la lista de elegibles de la OPEC 182741.

30. Lo anterior, teniendo en cuenta que el entonces consejero Gabriel Valbuena
Hernández por medio de auto del 12 de septiembre de 2023 decretó de oficio una
medida provisional consistente en la suspensión de los efectos de la decisión de
la Comisión Nacional del Servicio Civil publicada el 29 de marzo de 2023 a través
del aplicativo de SIMO, lo que permitió al hoy accionante continuar en las
siguientes etapas de la aludida convocatoria.

2 Página web de la CNSC consultada en el link Directivos Docentes y Docentes | CNSC

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31. Asimismo se demostró en el plenario que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, consejero ponente William Hernández Gómez, en Sala
Unitaria del 16 de diciembre de 2022 resolvió decretar una medida cautelar y, en
consecuencia, incluir de manera provisional en el apartado 2.1.4.4, del anexo
técnico de la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022 el título profesional en
derecho como uno de aquellos que sirven para acceder al cargo de docente de
ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia.3

32. En el presente asunto, el señor Cristian Camilo Cañas Castillo reprocha la
inadmisión del concurso de méritos en el marco de la convocatoria 2150 a 2237
de 2021, 2316 y 2406 de 2022 directivos docentes y docentes, por no acreditar el
requisito del título de educación.

33. Al respecto, señala que las entidades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados en protección porque desconocieron lo dispuesto por el
Consejo de Estado en la medida cautelar proferida el 16 de diciembre de 2022
que resolvió incluir de manera provisional en el numeral 2.1.4.4 del anexo técnico
de la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, el título de profesional en
derecho como uno de aquellos que sirven para acceder al cargo de docente de
ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia.

(i) En ese contexto, frente al primer interrogante, esta Subsección considera que,
en efecto, la Comisión Nacional del Servicio Civil vulneró los derechos
fundamentales invocados en la solicitud de amparo, por las razones que se
expondrán a continuación.

34. De conformidad con el material probatorio obrante en el proceso, se tiene que,
una vez superada la prueba de aptitudes, competencias básicas y psicotécnica,
en la que el accionante obtuvo un puntaje de 68.49 y 61.43, el resultado
aprobatorio fue divulgado a través del aplicativo SIMO. Sin embargo, en la etapa
de verificación de requisitos se inadmitió al señor Cristian Camilo Cañas Castillo
por no cumplir el requisito mínimo de educación, como se pasa a ver:

3 Proceso con radicado 11001-03-25-000-2022-00318-00 consultado en el aplicativo SAMAI

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35. No obstante, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A con
ponencia del consejero William Hernández Vargas en Sala Unitaria del 16
diciembre 2022, en el marco de un proceso de nulidad en el que se demandó la
Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022 que sirvió de fundamento para
inadmitir al accionante en la convocatoria mencionada, decretó la medida cautelar
de inclusión, al considerar:

«a) La existencia de una norma respecto de la cual se pueda predicar
necesariamente el cargo por ilegalidad

La norma acusada es aquella de la que se puede predicar la ilegalidad por omisión
reglamentaria, lo cual queda en evidencia con la comparación entre dicho acto y
la Resolución 15683 de 2016, que contenía el anexo técnico del manual de
funciones, requisitos y competencias laborales para los cargos de docentes y
directivos docentes del sistema especial de carrera docente en vigor antes de la
expedición de la Resolución 003842 de 2022. Veamos:

Requisito mínimo de formación […] Título profesional universitario
académica en alguno de los siguientes
[…] programas: 1. Sociología. 2.
Profesionales no licenciados Geografía. 3. Historia. 4. Ciencias
Formación académica sociales. 5. Ciencias políticas
Título profesional universitario en (solo, contra opción o con
alguno énfasis). 6. Artes Liberales en
de los siguientes programas: Ciencias Sociales. 7. Filosofía. 8.
1. Sociología. Antropología. 9. Arqueología. 10.
2. Geografía. Estudios políticos. 12. Trabajo
3. Historia. social».
4. Derecho.
5. Filosofía.
6. Antropología.
7. Arqueología.
8. Estudios Políticos y Resolución
de conflictos.
9. Ciencias sociales.
10. Ciencias políticas.
11. Estudios políticos.
12. Trabajo social». (Negrita fuera
de
texto).

Como se puede observar, tal y como lo sostuvo el demandante, el título profesional
en derecho pasó de estar incluido en la Resolución 15683 de 2016 a no estarlo en
la 003842 de 2022, y esta última mantuvo los mismos títulos de la anterior salvo
por la sustracción de este y por la adición del de artes liberales en ciencias
sociales. En ese sentido, en un primer momento de este examen, cabe afirmar
que el acto acusado ofrece una base de reglamentación de la cual se puede
predicar su incompletitud.
[…]

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c) La inexistencia de un principio de razón suficiente que justifica la exclusión de
los casos, situaciones, condiciones o ingredientes que debían estar regulados por
el precepto en cuestión.

En este punto hay que recordar que la entidad demandada adujo que la no
inclusión del título profesional en derecho estuvo fundamentada en un concepto
de calidad de la CONACES, que consideró que, de acuerdo con la política
educativa rural, ese grado no tenía afinidad con el área de ciencias sociales,
historia, geografía, Constitución Política y democracia.

No obstante, al expediente de este medio de control no se ha aportado ningún
documento de la CONACES ni ningún otro que dé cuenta de la existencia de un
concepto previo o de alguna razón que haya justificado la exclusión del título
profesional en derecho de aquellos con los que se puede ocupar el cargo de
docente de ciencias sociales, y las consideraciones relacionadas con el asunto
tampoco constan en la motivación de la Resolución 003842 de 2022.

Por el contrario, en este proceso sí existe prueba de que, en el procedimiento de
formación del acto administrativo del manual de funciones, requisitos y
competencias laborales para los cargos docentes, el Ministerio de Educación no
tenía claras las razones de tal exclusión, pues en la socialización del proyecto
específico de regulación recibió varios comentarios sobre el tema y la respuesta a
todos ellos fue la siguiente:

«Cordial saludo, Atendiendo a su solicitud, la Subdirección de Referentes
y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional, procederá a solicitar
concepto de Calidad a La Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES- para
que, a partir de la propuesta curricular del programa, su perfil de formación
y perfil ocupacional se determine si tiene afinidad suficiente y, se
corresponde a plenitud con el área de referencia y la posibilidad de
acogerlo como título idóneo para desempeñar el cargo de docente de aula
en el área y/o nivel mencionado en su solicitud. Una vez sea remitido el
concepto por parte de la Sala CONACES, y en caso de ser avalado, este
se incluirá en el proyecto de Manual de funciones docente. […]».

De ese modo, es posible sostener que, a primera vista, no existe un principio de
razón suficiente que permita justificar la exclusión del título profesional en derecho
que reprocha el demandante.

3.5. Análisis del peligro en la demora

En este acápite, conforme con lo previsto en el numeral 4.° del artículo 231 del
CPACA, corresponde constatar si existe el peligro de que se presente un perjuicio
irremediable o la posibilidad de que la sentencia tenga efectos nugatorios. En ese
orden de ideas, se considera que si no se adopta la medida cautelar consistente
en la inclusión provisional en el apartado 2.1.4.4 del anexo técnico de la
Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, proferida por la ministra de
Educación Nacional, del título profesional en derecho como uno de aquellos que
sirven para acceder al cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía,
Constitución Política y democracia, se puede presentar un perjuicio irremediable
en el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades de los trabajadores y al
acceso a los cargos públicos de las personas con título en derecho, que, sin
justificación alguna, no pueden aspirar a ser nombradas en el aludido empleo.

Así las cosas, en lo que tiene que ver con este requisito, se justifica la adopción
de la medida cautelar.
[…]
RESUELVE

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Accionante: Cristian Camilo Cañas Castillo

Primero: Decretar como medida cautelar la orden de inclusión provisional en el
apartado 2.1.4.4 del anexo técnico de la Resolución 003842 del 18 de marzo de
2022, proferida por la ministra de Educación Nacional, del título profesional en
derecho como uno de aquellos que sirven para acceder al cargo de docente de
ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia
[…].»

36. Ahora, si bien la inadmisión fue publicada a través del aplicativo SIMO el 29 de
marzo de 2023, lo cierto es que, para esa fecha, aún no se encontraba en firme la
medida cautelar decretada el 16 de diciembre de 2022, pues, contra ella se
interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante
auto del 21 de abril de 2023 y quedó ejecutoriado el 10 de mayo de 2023, es decir,
después de la publicación de la inadmisión, circunstancia que imposibilitaba a la
CNSC modificar su decisión, toda vez que la medida cautelar no producía efectos
definitivos.

37. Sin embargo, considera la Sala que la inadmisión del señor Cristian Camilo
Cañas Castillo dentro del proceso de selección vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo, en la medida que a través
de la medida cautelar decretada el 16 de diciembre de 2022 y que, a la fecha, se
encuentra en firme, se ordenó incluir de manera provisional en el numeral 2.1.4.4.
del anexo técnico de la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, el título de
profesional en derecho como uno de aquellos que sirven para acceder al cargo de
docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y
democracia, requisito por el cual fue inadmitido del concurso de méritos.

(ii) En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el anterior interrogante fue
afirmativo, para la Sala resulta pertinente que se admita al Señor Cristian Camilo
Cañas Castillo en la convocatoria 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022
independientemente de la etapa en la que se encuentre el concurso, dado que en
virtud de la mencionada medida cautelar decretada mediante auto del 16 de
diciembre de 2022, dentro del proceso de nulidad con radicado 11001-03-25-000-
2022-00318-00, es válido acreditar el título de profesional en derecho para aspirar
al cargo de docente de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política
y democracia, al cual aspiró y superó las pruebas de aptitudes, competencias
básicas y psicotécnica.

38. Así las cosas, la Subsección procederá a amparar transitoriamente los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo, de conformidad
con los argumentos expuestos en precedencia. En consecuencia, se ordenará a
la Comisión del Servicio Civil, que admita al accionante en el concurso de mérito
convocado mediante el proceso de selección 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406
de 2022 directivos docentes y docentes, de tal manera que le permita continuar al
señor Cristian Camilo Cañas Castillo en la etapa del concurso en la que se
encuentre.

39. Asimismo, se advertirá al señor Cristian Camilo Cañas Castillo que la
protección constitucional otorgada tendrá una vigencia de cuatro (4) meses,
contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, para que interponga la

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Accionante: Cristian Camilo Cañas Castillo

correspondiente demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
a fin de que sea dicho juez como autoridad natural competente, quien resuelva de
manera definitiva la controversia que motivó la presente acción de tutela.

40. Finalmente, se procederá a levantar la medida provisional decretada en el auto
del 12 de septiembre de 2023, consistente en la suspensión de los efectos de la
decisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil publicada el 29 de marzo de
2023 a través del aplicativo de SIMO.

(iii) En cuanto al último interrogante, consistente determinar si resulta factible a
través del presente mecanismo constitucional dar apertura de un incidente de
desacato e igualmente compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y
demás órganos de control para que se investigue la conducta omisiva o dolosa
por parte de algunos funcionarios, la Sala considera que no cumple con el requisito
de subsidiariedad.

41. Lo anterior, teniendo en cuenta que si el señor Cañas Castillo está interesado
en que se declare el desacato de la orden de la medida cautelar, puede iniciar el
respectivo incidente sin necesidad de promover una acción de tutela.

42. Lo mismo ocurre con la pretensión de que se compulsen copias a la Fiscalía
General de la Nación y demás órganos de control para que investiguen las
conductas omisivas y dolosas de algunos funcionarios, en tanto, no es función del
juez constitucional sustituir la facultad que tiene el demandante de denunciar ante
dichas autoridades, ni suplir la competencia de otras entidades del Estado.

43. Por lo anterior, la Sala procederá a declarar improcedente la pretensión
relacionada con la compulsa de copias y la apertura de un incidente de desacato
por falta del requisito de subsidiariedad, de conformidad con los argumentos
expuestos en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, de conformidad con las consideraciones anteriormente
expuestas.

Segundo: Amparar transitoriamente los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y trabajo invocados por el señor Cristian Camilo Cañas Castillo
en la demanda de tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

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Accionante: Cristian Camilo Cañas Castillo

Tercero: Ordenar a la Comisión del Servicio Civil, que se admita al accionante
en el concurso de mérito convocado mediante el proceso de selección 2150 a
2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 directivos docentes y docentes, de tal manera
que le permita continuar al señor Cristian Camilo Cañas Castillo en las siguientes
etapas del concurso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
sentencia.

Cuarto: Advertir al señor Cristian Camilo Cañas Castillo que la protección
constitucional otorgada tendrá una vigencia de cuatro (4) meses, contados a partir
de la ejecutoria de la presente decisión, para que interponga la correspondiente
demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a fin de que sea
dicho juez como autoridad natural competente, quien resuelva de manera
definitiva la controversia que motivó la presente acción de tutela.

Quinto: Levantar la medida provisional decretada en el auto del 12 de septiembre
de 2023, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído.

Sexto: Declarar improcedente la pretensión relacionada con la compulsa de
copias y la apertura de un incidente de desacato por falta del requisito de
subsidiariedad, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente
providencia.

Séptimo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Octavo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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