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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06359-00

Fecha
29 de enero de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06359-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del Decreto 1602 del 29 de septiembre de 2023, proferido por el Presidente de la República, con la firma del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica del departamento de La Guajira y con fundamento en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1250 de 26 de julio de 2023, declarado inexequible con efectos retroactivos desde el momento de su expedición. SEGUNDO: En firme esta decisión, archivar el expediente. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:808/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06359-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

29 de enero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06359-00
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06359-00
Demandante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Demandado: Decreto 1602 del 29 de septiembre de 2023

Tema: Nulidad del Decreto 1602 del 29 de septiembre de 2023, proferido
por el Presidente de la República, con la firma del Ministro de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministro de Hacienda y Crédito
Público y el Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública.

ÚNICA INSTANCIA
___________________________________________________________________

Procede la Sala Quinta Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo a ejercer el control inmediato de legalidad sobre el Decreto 1602 del 29
de septiembre de 2023, proferido por el Presidente de la República, con la firma del
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y
el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, "Por el cual se
establece la Planta de Personal del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira y se
dictan otras disposiciones."

ANTECEDENTES

Acto sometido a control inmediato de legalidad

Se trata del Decreto 1602 del 29 de septiembre de 2023, Decreto 1602 del 29 de
septiembre de 2023, proferido por el Presidente de la República, con la firma del
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y
el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, cuyo texto es el
siguiente:

“DECRETO 1602 DE 2023
(Septiembre 29)

"Por el cual se establece la Planta de Personal del Instituto de la Gestión del Agua de
La Guajira y se dictan otras disposiciones."

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le
confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 54 y
115 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que mediante el artículo 13 del Decreto 1250 de 2023, se creó el Instituto de la Gestión del
Agua de La Guajira, cuyo objeto será gestionar el recurso hídrico en el territorio del a
departamento de La Guajira y la reducción de la vulnerabilidad de la población de las
amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo con relación a la falta
de acceso al agua de la población.

Que, en consecuencia, se requiere adoptar la planta de personal del Instituto de la Gestión del
Agua de La Guajira, para lo cual se presentó al Departamento Administrativo de la Función
Pública el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004.

Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República dio viabilidad para la
aprobación y puesta en funcionamiento de la planta de personal del Instituto de la Gestión del
Agua de La Guajira, al considerar que la creación del Instituto es acorde con los fines del Plan
Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", contribuye con la
formalización del empleo público y a cumplir con las metas establecidas por el Gobierno
nacional.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó ante el Departamento
Administrativo de la Función Pública la justificación técnica de que trata el artículo 46 de la Ley
909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, y los artículos
2.2.12.1., 2.2.12.2. y 2.2.12.3. del Decreto 1083 de 2015, para efectos de adoptar la planta de
personal, encontrándola ajustada técnicamente, emitiendo en consecuencia concepto previo
favorable.

Que, para los fines de este decreto, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó viabilidad presupuestal para establecer la
planta de personal del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira.
Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTÍCULO 1. Planta de Personal. Las funciones propias del Instituto de la Gestión del Agua
de La Guajira serán cumplidas por la planta de personal que se establece a continuación:

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

NÚMERO DE EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO
1 (Un) Director General 0015 25
5 (Cinco) Asesor 1020 14

PLANTA GLOBAL
NÚMERO DE EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO
1 (Un) Secretario General 0037 23
3 (Tres) Subdirector Técnico 0150 21
1 (Un) Jefe de Oficina 0137 21
Jefe de Oficina Asesora de
1 (Un) 1045 16
Planeación
1 (Un) Jefe de Oficina Asesora Jurídica 1045 16
47 (Cuarenta y siete) Profesional Especializado 2028 22

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7 (Siete) Profesional Universitario 2044 11
5 (Cinco) Secretario Ejecutivo 4210 22
2 (Dos) Conductor Mecánico 4103 15
2 (Dos) Auxiliar Administrativo 4044 10

PARÁGRAFO: El director general del Instituto para la Gestión del Agua de La Guajira,
mediante resolución, distribuirá los empleos de la planta global de acuerdo con las
necesidades del servicio.

ARTÍCULO 2. Provisión de los empleos. La provisión de los empleos creados en el presente
decreto se efectuará en forma gradual, de conformidad con las disponibilidades
presupuestales y hasta la concurrencia de las respectivas apropiaciones.

ARTÍCULO 3. Transitorio. El certificado de disponibilidad presupuestal para proveer los
cargos de director general y secretario general del Instituto para la Gestión del Agua de La
Guajira será expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

ARTÍCULO 4. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.”

Trámite surtido

Por auto del 24 de octubre de 2023, se avocó el conocimiento del asunto, se ordenó
fijar aviso sobre la existencia del proceso por el término de diez días, para que los
ciudadanos impugnen o coadyuven la legalidad del Decreto 1602 del 29 de septiembre
de 2023, proferido por el Presidente de la República, con la firma del Ministro de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director
del Departamento Administrativo de la Función Pública. Además, se ordenó notificar
personalmente la providencia al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la
Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la Nación. Así mismo, se
solicitó el envío de los antecedentes que dieron lugar a la expedición del Decreto 1602
del 29 de septiembre de 2023 proferido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y se ordenó publicar esta providencia en la página web oficial de la entidad.

INTERVENCIONES

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

El apoderado del Departamento de la Presidencia de la República defendió la legalidad
del acto sometido a control inmediato y expuso los argumentos que se sintetizan a
continuación:

Con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica
en el departamento de la Guajira por un periodo de 30 días, adoptado por el Gobierno
Nacional mediante el Decreto 1085 del 2 de julio de 2023, se expidió el Decreto 1250
de 26 de julio de 2023, que en el artículo 13 dispuso la creación del Instituto de la
Gestión del Agua de la Guajira.

Así mismo, a través de los Decretos 1601 y 1602 de 9 de septiembre de 2023, se
estableció la estructura del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira y la planta
de personal, respectivamente. Para su expedición, el Gobierno Nacional hizo uso de
las competencias previstas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política
y en los artículos 54 y 115 de la Ley 489 de 1998, y adelantó los trámites pertinentes
ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público. De manera que, estos decretos parten de un soporte legal

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específico, claro y suficiente, y cuentan con los avales técnicos y presupuestales
necesarios.

MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto sobre la
legalidad del Decreto 1602 del 29 de septiembre de 2023 proferido por el Presidente
de la República, con la firma del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministro
de Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento Administrativo de la
Función Pública, en el que señaló lo siguiente:

El Decreto Legislativo 1085 de 2 de julio de 2023, que estableció el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en el Departamento de La Guajira, fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-383 2023.
De manera que, los decretos que hayan sido proferidos bajo el amparo del estado de
excepción habrán de tornarse ilegales, porque al desaparecer el sustento legal se
produce la figura del decaimiento del acto administrativo, lo cual impide que el mismo
pueda producir efectos hacia el futuro.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme a los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 1, 37-2 de la Ley 270 de 1996 2, 111
[num. 8] y 136 de la Ley 1437 de 20113, 23 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 4
y lo aprobado en sesión del 2 de abril de 2020 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, corresponde a las Salas Especiales de Decisión ejercer el control
inmediato de legalidad de los actos administrativos de carácter general proferidos por
autoridades del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y como
desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción.

Alcance del medio de control inmediato de legalidad

La jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado ha definido como características del control inmediato de legalidad de los actos
administrativos generales proferidos al amparo de los decretos legislativos dictados
durante los estados de excepción, las siguientes 5:

1. Es oficioso, pues en el evento de no efectuarse el envío, la autoridad judicial
competente aprehenderá de oficio su conocimiento 6.

2. Es integral porque los actos administrativos se deben confrontar con todo el
ordenamiento jurídico y el escrutinio del juez comprende “… la revisión de aspectos
como la competencia para expedirlo, el cumplimiento de los requisitos de forma y
de fondo, la conexidad de las medidas que se dicten con las causas que dieron
origen a su implantación, el carácter transitorio y la proporcionalidad de las mismas,
así como su conformidad con el resto del ordenamiento jurídico, siempre bajo el

1 “Por la cual se reglamentan los estados de excepción en Colombia”.
2 Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
3 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4 Reglamento del Consejo de Estado.
5 Entre otras providencias, se pueden consultar las siguientes: sentencia de 16 de junio de 2009, radicación número:

11001-03-15-000-2009-00305-00(CA), C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 20 de octubre de 2009, radicación
11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
6 Cfr. artículo 20 de la LEEE y artículo 136 del CPACA.

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entendido de que ellas hacen parte de un conjunto de medidas proferidas con la
exclusiva finalidad de “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos” 7.

En este punto, la jurisprudencia ha precisado que el control inmediato de legalidad
no es absoluto, pues no se trata de la confrontación del acto administrativo “con
todo precepto existente de rango constitucional o legal”, sino de examinar su
legalidad conforme con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de
los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución Política), la ley
estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994), los decretos expedidos
por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción, y
las demás normas superiores a las que debe sujeción el acto objeto del control.

3. Es autónomo porque la revisión del acto administrativo es posible antes de que
la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad del decreto que declara
el estado de excepción y de los decretos legislativos que lo desarrollan. Ello, sin
perjuicio “de que deban acatarse y respetarse los efectos del fallo de
constitucionalidad respectivo si éste ya se ha proferido o en el momento en el cual
se profiera, pero sin que ello suponga la existencia de prejudicialidad alguna del
juicio de constitucionalidad que adelanta la Corte Constitucional en relación con el
proceso que adelante el Juez Administrativo….” 8.

4. La sentencia que decide el control de legalidad hace tránsito a cosa juzgada
relativa. Por tanto, es posible que la decisión administrativa sea nuevamente
controvertida ante esta jurisdicción respecto de normas superiores no estudiadas y
por aspectos diferentes a los analizados 9.

5. Es compatible con los medios de control de nulidad y de nulidad por
inconstitucionalidad.

Análisis de legalidad del Decreto 1602 del 29 de septiembre de 2023 proferido
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

De los presupuestos de forma y de procedibilidad

El Decreto 1602 del 29 de septiembre de 2023 fue proferido por el Presidente de la
República, con la firma del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministro de
Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento Administrativo de la
Función Pública, en virtud de la competencia señalada en el numeral 14 del artículo
189 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 54 y 115 de la Ley
489 de 1998.

El acto administrativo objeto de control es de carácter general, impersonal y abstracto,
pues regula aspectos relativos a la creación de la planta de personal del Instituto de la
Gestión del Agua de la Guajira, entidad que acorde con lo dispuesto en el Decreto
1250 de 2023 es una entidad descentralizada del orden nacional.

7 Cita original: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de mayo de 1999,

Radicación número: CA-011. M.P. Ricardo Hoyos Duque, citada en sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicación
11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA). M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
8 Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA). M.P. Mauricio Fajardo

Gómez.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 24 de mayo de 2016. Radicación

11001 03 15 0002015 02578-00. M.P. Guillermo Vargas Ayala.

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Se advierte que el fundamento de este acto es el Decreto 1250 del 26 de julio de 2023,
“Por el cual se adoptan medidas en materia de agua y saneamiento básico, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el
departamento de La Guajira”, que, finalmente, tuvo, a su vez, como soporte el Decreto
Legislativo 1085 de 2023 que declaró el estado de emergencia económica, social y
ecológica en el departamento de La Guajira.

Se concluye, entonces, que: i) el Decreto 1602 del 29 de septiembre de 2023 fue
expedido en ejercicio de la competencia prevista en el numeral 14 del artículo 189 de
la Constitución Política, en concordancia con los artículos 54 y 115 de la Ley 489 de
1998, pues el Presidente de la República está facultado para “crear, fusionar o
suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central,
señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos ”; (ii) el acto
administrativo objeto de examen es de carácter general, impersonal y abstracto; (iii)
fue dictado por una autoridad nacional; (iv) se expidió con fundamento del Decreto
1250 del 26 de julio de 2023, “Por el cual se adoptan medidas en materia de agua y
saneamiento básico, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”, que a su vez, fue expedido en
desarrollo del Decreto Legislativo 1085 de 2023, que declaró la emergencia
económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira y (v) fue dictado con
posterioridad a la declaratoria del estado de excepción.

Aunado a lo anterior, el citado decreto cumple con los demás elementos formales de
todo acto administrativo, como el encabezado, número, fecha, epígrafe o resumen de
las materias reguladas, la competencia o la referencia expresa de las facultades que
se ejercen, el contenido de las materias reguladas u objeto de la disposición, la parte
resolutiva y la firma de quien lo suscribe.

Análisis de la legalidad del acto administrativo objeto de control ante la
declaración de inexequibilidad de los decretos legislativos que sustentaron su
expedición

Con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el 2 de julio de 2023, el
Gobierno Nacional, expidió el Decreto Legislativo 1085 “Por el cual se declara un
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La
Guajira”, con la finalidad de adoptar medidas extraordinarias dirigidas a conjurar los
efectos de la crisis que afecta a la población más vulnerable en el departamento de La
Guajira, en especial para apoyar a los sectores de salud, agua y saneamiento básico,
agropecuario y rural, ambiente, educación, energía, transporte, tributos e inversiones,
inclusión, tecnologías de la información y comunicaciones, medidas presupuestales,
planeación y contratación.

En virtud de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Económica
del Decreto 1085 de 2023, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1250 del 26 de julio
de 2023 “Por el cual se adoptan medidas en materia de agua y saneamiento básico,
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el
departamento de La Guajira”, norma que en su artículo 13 creó el Instituto de la Gestión
del Agua de la Guajira como una entidad descentralizada del orden nacional, el cual
tendría por objeto gestionar el recurso hídrico en el territorio del Departamento de la
Guajira, adelantando para ello todas las acciones requeridas para garantizar el acceso
al agua y saneamiento básico, así como también mitigar los efectos actuales y futuros
de los eventos de variabilidad climática y cambio climático.

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En desarrollo de lo dispuesto en los Decretos 1085 de 2023 y 1250 del 26 de julio de
2023, el Presidente de la República, con la firma del Ministro de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, expidió el Decreto 1602 del 29 de septiembre de 2023 “Por el cual se establece
la Planta de Personal del Instituto de la Gestión del Agua de la Guajira y se dictan otras
disposiciones”. Norma que es objeto del presente control inmediato de legalidad.

Es de precisar que la Corte Constitucional mediante comunicado de prensa núm. 35
del 2 de octubre del año 2023, informó la decisión de declarar inexequible, con efectos
diferidos, el Decreto Legislativo 1085 de 2023 “Por el cual se declara un Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira” 10.

Señaló la Corte que, si bien se cumplieron los requisitos formales y los requisitos
materiales, no se encontró satisfecho el juicio de suficiencia. Ello, por cuanto los
desafíos que plantea el agravamiento de la crisis climática que se pone de manifiesto
con especial intensidad en el departamento de La Guajira debe resolverse mediante
la colaboración armónica de todas las instituciones del Estado, y llevarse a cabo a
través de los mecanismos ordinarios que prevé la Constitución con la finalidad de
conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

Manifestó que el Gobierno no sustentó las razones por las que consideraba que los
mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico no eran idóneos ni
suficientes para responder a la crisis que originó la declaratoria del estado de
emergencia en La Guajira. Razón por la que la Corte “exhortó tanto al Gobierno
nacional como al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas urgentes y necesarias para
superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La
Guajira constatada en la Sentencia T-302 de 2017 y, con ello, se garantice la
efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona
del país. Así mismo, para que fortalezca las instituciones previstas en el ordenamiento
jurídico con competencias en materia de cambio climático y les asigne los recursos
que las circunstancias demanden”.

Por lo anterior, la Corte declaró la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1085 de 2023
“Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el
departamento de La Guajira”. Sin embargo, en atención a la gravedad de la crisis que
afronta la población de La Guajira, acentuada por la escasez del recurso hídrico en
virtud de los eventos climáticos, el Alto Tribunal Constitucional ordenó “diferir por un
año los efectos de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023, a fin
de no hacer más gravosa la situación humanitaria ante el vacío legislativo que resulta
de la inconstitucionalidad sobreviniente de los decretos de desarrollo, lo que permitirá
que sus medidas sean examinadas por esta Corte bajo los criterios de estricta
necesidad y conexidad, entre otros criterios constitucionales y jurisprudenciales”.

Frente al Decreto Legislativo 1250 de 2023 “Por el cual se adoptan medidas en materia
de agua y saneamiento básico, en el marco del estado de emergencia económica,
social y ecológica declarado en el departamento de La Guajira”, la Corte
Constitucional, en comunicado de prensa núm. 43 del 1 y 2 de noviembre de 2023 11,
informó la decisión de declarar inexequible el decreto y confirió efectos retroactivos
10 Corte Constitucional. Sentencia C-383 de 2023. Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera y José Fernando

Reyes Cuartas.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-464 de 2023. Magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas.

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respecto al artículo 13 a través del cual se creó el Instituto de la Gestión del Agua de
la Guajira.

La Corte dijo que en lo que concierne a los artículos 13 (creación del Instituto de la
Gestión del Agua de La Guajira), 14 (funciones), 15 (integración y sesiones del Consejo
Directivo), 16 (funciones del Consejo Directivo), 17 (dirección del instituto), 18
(patrimonio), 19 (transferencias de recursos para brindar apoyo financiero), 20
(régimen contractual), comités de ética y control fiscal (Art. 21) y 22 (transitorio), del
Decreto 1250 de 2023, estas disposiciones no cumplen los criterios materiales de
finalidad y necesidad, porque “(i) su objetivo no es enfrentar el estrés hídrico (urgencia
e inminencia) sino la ausencia de infraestructura y tecnologías de largo plazo; (ii) si
bien algunas disposiciones se exponen complementarias e instrumentales a las
funciones del Ministerio de Vivienda o apuntan a agilizar ciertos procedimientos, no
dejan de estar ligadas inescindiblemente a la existencia del instituto, que tiene
vocación de permanencia al pretender superar las barreras institucionales, financieras,
científicas, tecnológicas, entre otras; (iii) el instituto empezará su funcionamiento una
vez culmine o esté a punto de superarse la crisis; (iv) las competencias asignadas
inicialmente al Ministerio de Vivienda comprueba que se podían cumplir tales funciones
sin la necesidad de crear un instituto; (v) su puesta en funcionamiento implica acciones
de largo plazo que requerirán un diseño burocrático, planificación financiera,
identificación de validación de proyectos prioritarios, ejecución de procesos
contractuales; y (vi) el Gobierno nacional puede gestionar una ley ordinaria para crear
una entidad descentralizada”.

En esa medida, el Alto Tribunal Constitucional declaró la inexequibilidad de estas
disposiciones normativas con efectos retroactivos con ocasión del desconocimiento
del marco regulatorio de los estados de excepción y como alternativa válida en los
casos en que se ha transgredido notoria y gravemente la Constitución Política.

Teniendo en cuenta la decisión de la Corte Constitucional de declarar la
inexequibilidad, con efectos diferidos por el término de un año, del Decreto Legislativo
1085 de 2023 12, y de declarar la inexequibilidad, con efectos retroactivos del artículo
13 del Decreto Legislativo 1250 de 2023 13, normas en las que se fundamenta el
Decreto 1602 del 29 de septiembre de 2023 14 que es objeto de estudio en el presente
control de legalidad, la Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones:

12 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La
Guajira”
13 “Por el cual se adoptan medidas en materia de agua y saneamiento básico, en el marco del estado de emergencia

económica, social y ecológica declarado en el departamento de La Guajira”.
ARTÍCULO 13. Creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira. Créase el Instituto de la Gestión del
Agua de La Guajira, como una entidad descentralizada del orden nacional, cuyo objeto será gestionar el recurso
hídrico en el territorio del departamento de La Guajira y la reducción de la vulnerabilidad de la población de las
amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo con relación a la falta de acceso al agua de
la población, El Instituto será un establecimiento público con personería jurídica, autonomía presupuestal y
financiera, estructura administrativa y planta de personal y adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Este Instituto tendrá como finalidad adelantar todas las acciones requeridas para garantizar el acceso a agua
potable y saneamiento básico de la población del departamento de La Guajira, así como mitigar los efectos actuales
y futuros de los eventos de variabilidad climática y el cambio climático. Esta finalidad, incluye la operación adecuada
de la infraestructura estratégica de agua, la identificación, estructuración y gestión de proyectos, la ejecución de
procesos contractuales, así como, la disposición y transferencia de los recursos necesarios para cumplir con su
finalidad.
El Instituto tendrá como sede la ciudad de Riohacha del departamento de La Guajira o el lugar que considere más
eficaz el Consejo Directivo para atender la emergencia.
14 “Por el cual se establece la Planta de Personal del Instituto de la Gestión del Agua de la Guajira y se dictan otras

disposiciones”.

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través d e la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06359-00
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional 15, por regla general, las sentencias
de exequibilidad tienen efectos hacia el futuro “ex nunc”, es decir, desde el día
siguiente a su adopción, siempre y cuando sean debidamente comunicadas por los
medios ordinarios adoptados por esa Corporación (Ley 270 de 1996, artículo 56), y
esto encuentra sustento en los principios de seguridad jurídica y democrático. Sin
embargo, en las sentencias C-113 de 1993 16 y C-037 de 199617, el Alto Tribunal
Constitucional señaló que, si bien el constituyente primario guardó silencio frente a los
efectos temporales de un fallo, en virtud de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 45
de la Ley 270 de 1996 18, la Corte Constitucional tiene la potestad para modular los
efectos de las sentencias y variar la regla general anterior (efectos ex nunc), bien sea
para diferir la aplicación de la parte resolutiva del fallo, o bien sea para retrotraer sus
efectos 19, lo cual debe estar precedido de un estudio de nivel de gravedad de la
infracción y un análisis consecuencialista.

Respecto a las consecuencias derivadas de la declaración de inexequibilidad de la ley
con efectos retroactivos, específicamente frente a los actos administrativos dictados
con fundamento en esta, el Consejo de Estado precisó lo siguiente 20:

“Los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias
conservan unidad jurídica con la norma que autorizó las mismas, así como con los
decretos a través de los cuales éstas se desarrollan; por ello, declarada la
inexequibilidad de la norma habilitante y el decreto ley respectivo con efectos ex
tunc, los decretos reglamentarios y actos administrativos derivados de ello deben
seguir la misma suerte, independientemente de que las reglas que consagren en
su fuero interno sean o no constitucionales en sí mismas (…) que opera de pleno
derecho sin que requiera declaración judicial- sino además, en sede jurisdiccional,
el decreto de su nulidad por consecuencia, como quiera que al preceder un
pronunciamiento proferido por la Corte Constitucional acerca de la inexequibilidad
de las normas que le sirven de sustento, no se exige al respecto un control integral
de legalidad sino limitado a la revisión formal de la cadena de validez de los actos
afectados por la inconstitucionalidad de la norma base. Por tanto, se concluye que
en general el acaecimiento de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos
administrativos por razón de la inexequibilidad con efectos ex tunc de las normas
que, dictadas en uso de facultades extraordinarias les conferían sustento
normativo, ocasiona la nulidad por consecuencia de los mismos, con los efectos
propios otorgados a la decisión de inexequibilidad”.

De igual manera en la sentencia del 27 de noviembre de 2023, esta Corporación bajo
el mismo criterio, señaló que “la nulidad por consecuencia de los actos administrativos
expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias se configura cuando la Corte
Constitucional declara la inexequibilidad con efectos retroactivos de las normas sobre
las cuales se fundamentan. Ello, debido a la unidad jurídica que existe entre los actos
administrativos y las normas que desarrollan” 21.

15 Sentencia SU-037 del 31 de enero de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16 M.P. Jorge Arango Mejía.
17 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
18 “Por la cual se expide la ley estatutaria de la administración de justicia”.

Artículo 45 inciso 1 “las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo
contrario”.
19 Sentencia C-280 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 14 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia

del 7 de junio de 2016. Radicación No. 11001-03-15-000-2004-01662-00, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 17 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia

del 27 de noviembre de 2023. Radicación No. 11001-03-15-000-2023-04871-00, C.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas.

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siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06359-00
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

En esas condiciones, es claro para la Sala que la declaratoria de inconstitucionalidad
con efectos retroactivos del artículo 13 del Decreto 1250 de 26 de julio de 2023, por
medio del cual se creó el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, configura la
nulidad por consecuencia del Decreto 1602 del 29 de septiembre de 2023, en el cual
se estableció la planta de personal de dicho Instituto y que es objeto del presente
control de legalidad.

Las anteriores razones son suficientes para declarar la nulidad del Decreto 1602 del
29 de septiembre de 2023 proferido por el Presidente de la República, con la firma del
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y
el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, "Por el cual se
establece la Planta de Personal del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira y se
dictan otras disposiciones."

En mérito de lo expuesto, el, Consejo de Estado, Sala Quinta Especial de Decisión de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del Decreto 1602 del 29 de septiembre de
2023, proferido por el Presidente de la República, con la firma del Ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director del
Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco del estado de
emergencia económica, social y ecológica del departamento de La Guajira y con
fundamento en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1250 de 26 de julio de 2023,
declarado inexequible con efectos retroactivos desde el momento de su expedición.

SEGUNDO: En firme esta decisión, archivar el expediente.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:808/Vistas/documentos/evalidador.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y archívese. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E1) JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN NICOLÁS YEPES CORRALES

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