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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04871-00

Fecha
27 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04871-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica del departamento de La Guajira, con fundamento en las medidas en materia de salud previstas en el Decreto Legislativo 1270 de 31 de julio de 2023, declarado inexequible con efectos retroactivos desde el momento de su expedición. QUINTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04871-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

27 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintisiete (27) noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Proceso número: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Medio de control: Control inmediato de legalidad
Asunto: Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023 expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la
cual se fija transitoriamente el valor de la unidad de pago
por capitación del régimen subsidiado (UPC-S) en el
departamento de La Guajira, para los meses de
septiembre a diciembre de 2023.

Tema 1: Control inmediato de legalidad. Alcance. Tema 2: Presupuestos formales de
procedencia del control inmediato de legalidad. Aumento transitorio del valor de la Unidad
de pago por capitación del régimen subsidiado de salud (UPC-S) para el financiamiento de
las medidas en materia de salud tomadas en el marco del estado de emergencia
económica, social y ecológica declarado en el departamento de la Guajira. Tema 3:
Determinación del marco temporal del análisis de legalidad ante la declaración de
inexequibilidad de los decretos legislativos que sustentaron la expedición del acto sometido
a control inmediato. Inexequibilidad con efectos retroactivos. Nulidad por consecuencia,
diferencia con decaimiento del acto administrativo.

SENTENCIA

La Sala procede a decidir sobre el control inmediato de legalidad de la Resolución
1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por el Ministerio de Salud y Protección
Social, “por la cual se fija transitoriamente el valor de la Unidad de Pago por
Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) para los meses de septiembre a
diciembre de 2023 del departamento de La Guajira y se dictan otras disposiciones”,
como medida de financiamiento para conjurar la crisis en materia de salud en el
marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada en ese
departamento, a través del Decreto Legislativo 1085 de 2 de julio de 2023.

I. ANTECEDENTES

1.1. Acto administrativo objeto de control inmediato de legalidad

El director jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social, por correo electrónico
enviado el 7 de septiembre de 2023, remitió a esta Corporación la Resolución 1372
de 4 de septiembre de 2023, dictada como desarrollo de las medidas tomadas por
el Gobierno Nacional mediante el Decreto Reglamentario 1270 de 31 de julio de
2023, expedido en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica
en el departamento de La Guajira, para que surtiera el control inmediato de legalidad
previsto en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de
Procedimiento Administrativo (CPACA).

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

La resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023 fue expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social como desarrollo del Decreto Legislativo 1270 de 31 de
julio de 2003, por medio del cual se tomaron unas medidas en materia de salud en
el marco del estado de excepción declarado en el departamento de La Guajira, con
el propósito de “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos en tres
aspectos estructurales” del sistema de salud, a saber: “la gobernanza y rectoría”, la
prestación de servicios y el financiamiento. En atención a este último aspecto, el
acto administrativo objeto de control inmediato de legalidad fijó transitoriamente el
valor de la unidad de pago por capitación en el régimen subsidiado, en adelante
UPC-S, en el departamento de La Guajira, para los meses de septiembre a
diciembre de 2023, en cuantía superior a la fijada de manera general para la
vigencia 2023 (Resolución 2809 de 2022), con destinación específica de los
recursos adicionales.

En este marco, el Ministerio de Salud y Protección Social, en función de las
condiciones de “dispersión poblacional y diferenciales” previstas en el Decreto
Legislativo 1270 de 2023 (art. 5-2), adicionales a la dispersión geográfica aplicada
en el decreto general para la vigencia 2023, fijó el valor de la UPC-S en el
departamento de La Guajira, así:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 00001372 DE 2023

(04 SEP 2023)
"Por la cual se fija transitoriamente el valor de la Unidad de Pago por Capitación
del Régimen Subsidiado (UPC-S) para los meses de septiembre a diciembre de
2023 del departamento de La Guajira y se dictan otras disposiciones"

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las
contenidas en el Decreto Legislativo 1085 del 2 de julio de 2023, el Decreto
Legislativo 1270 del 31 de julio de 2023, el Decreto - Ley 4107 de 2011,
modificado por el Decreto 2562 de 2012,
(…)

RESUELVE

“Artículo 1. Unidad de pago por Capitación para los municipios del
departamento de La Guajira. Fíjese, reconózcase y páguese a los municipios de
Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua
del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva el valor
anual de la Unidad de Pago por Capitación para los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2023, en la suma UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
($1.405.882,80) correspondiente a un valor diario de TRES MIL NOVECIENTOS
CINCO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($3.905,23). La estructura de costo
por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado UPC-
S de estas ciudades es la siguiente:

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

Artículo 2. Unidad de pago por Capitación para el Distrito Especial, Turístico
y Cultural de Riohacha. Fíjese, reconózcase y páguese al Distrito Especial,
Turístico y Cultural de Riohacha el valor anual de la Unidad de Pago por
Capitación para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2023, en la suma UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS ($1.450.404)
correspondiente a un valor diario de CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS CON
NOVENTA CENTAVOS ($4.028,90). La estructura de costo por grupo etario de la
Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado UPC-S de esta ciudad
es la siguiente:
(…)
Artículo 3. Unidad de pago por Capitación en los municipios del departamento
de La Guajira para las EPSI. Fíjese, reconózcase y páguese a las Entidades
Promotoras de Salud Indígenas — EPSI de los municipios de Albania, Barrancas,
Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao,
Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva el valor anual de la Unidad
de Pago por Capitación para el año 2023, en la suma UN MILLÓN QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON
SESENTA CENTAVOS ($1.574.589,60) correspondiente a un valor diario de
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS
CENTAVOS ($4.373,86). La estructura de costo por grupo etario de la UPCDI para
las EPSI es la siguiente:
(…)
Artículo 4. Unidad de pago por Capitación en el distrito especial, turístico y
cultural de Riohacha para las EPSI. Fíjese, reconózcase y páguese a las Entidades
Promotoras de Salud Indígenas — EPSI del Distrito Especial, Turístico y Cultural de
Riohacha el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación para el año 2023, en la
suma UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($1.624.453,20)
correspondiente a un valor diario de CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($4.512,37). La estructura de costo por grupo etario
de la UPCDI para las EPSI es la siguiente:
(…)

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

Artículo 5. Destinación especifica de los recursos. Los recursos adicionales
derivados de la equiparación de la prima pura del régimen subsidiado al contributivo
serán usados de manera complementaria para la financiación de la atención primaria
en salud de acuerdo con la tipología y características del territorio, así como con la
garantía del desarrollo del modelo propio correspondiente a las comunidades
indígenas de la región. De igual forma los recursos derivados del incremento de la
UPCDI serán para las actividades propias a los usos y costumbres de la población,
las cuales deberán estar en armonía con la estrategia de atención primaria en salud
incluidos los equipos territoriales, e interculturales.

Artículo 6. Reporte de Información. Con el fin de realizar seguimiento a las acciones
y actividades desarrolladas por los equipos territoriales de salud, el Ministerio de
Salud y Protección Social definirá y comunicará la estructura de reporte y las fechas
del mismo, dicha información deberá incluir lo referente a las actividades diferenciales
de los pueblos indígenas practicadas en el territorio con cargo a la UPCDI.

Artículo 7. La presente resolución rige a partir de su publicación”.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

[Firma]
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
Ministro de Salud y Protección Social

2. Trámite procesal del medio de control

2.1. El magistrado sustanciador, por auto de doce (12) de septiembre de dos mil
veintitrés (2023), avocó conocimiento para el control inmediato de legalidad de la
Resolución 1372 de 4 de septiembre del presente año, decisión que ordenó notificar
personalmente al Ministro de Salud y Protección Social y a los representantes
legales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del Ministerio
Público.

2.2. El veintidós (22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), el despacho fijó
aviso para informar a la comunidad de la existencia del proceso y permitir su
intervención, conforme al artículo 185.2 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). Posteriormente, por auto
de diez (10) de octubre del mismo año, corrió traslado al Ministerio Público para
que rindiera concepto, conforme al artículo 185.5 del CPACA.

2.3. El apoderado judicial del Ministerio de Salud y Protección Social presentó
escrito para defender la legalidad del acto administrativo objeto de control
inmediato, en el que afirmó que la Resolución 1372 de 2023 se fundó en los
Decretos Legislativos 1085 y 1270 de 2023, dictados por el Gobierno Nacional con
el propósito de conjurar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucional
que se vive en el departamento de La Guajira, agravado de manera inusitada e
irresistible por la menor disponibilidad de agua, con la adopción de medidas en
materia de salud urgentes y extraordinarias “respecto de la gobernanza y rectoría,
modelo de salud, financiamiento y flujo de recursos”1.

En cuanto a la asignación de recurso financieros para conjurar la crisis en materia
de la salud, explicó que la prestación de los servicios del Sistema de Seguridad
Social en Salud se organiza y garantiza a través del reconocimiento de una unidad

1
Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 18.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

de pago por capitación (UPC) para cada afiliado de los regímenes contributivo y
subsidiado, reconocida a cada entidad promotora de salud, establecida conforme
al perfil epidemiológico de la población, de los riesgos cubiertos y de los costos en
condiciones medias de calidad (Ley 100/93, art. 182). Adicionalmente, expuso que
la fijación del valor de la UPC con una prima adicional en el departamento de La
Guajira ha atendido la estructura demográfica de esta zona especial, por la
dispersión geográfica existente entre ciudades, municipios y empresas promotoras
de salud indígena (en adelante EPSI), que “no se refleja en la atención a la
población”, porque el ingreso por UPC en esta zona se encuentra en el rango más
bajo del país.

En ese orden, consideró que: (i) el aumento del valor de la UPC-S como medida
para asegurar el financiamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud en el
departamento de La Guajira tiene correlación con el decreto legislativo que fijó las
medidas generales tomadas en materia de salud para conjurar la crisis que sustentó
la declaración del estado de excepción; (ii) es transitoria, porque el valor adicional
fijado por el Ministerio de Salud sobre la UPC del régimen subsidiado sólo se aplica
durante los últimos cuatro meses de 2023; (iii) es proporcional, necesaria e idónea,
porque contribuye con el aseguramiento de la gestión en salud ante la potencial
agravación de la situación de los habitantes de la zona por causa del calentamiento
global, que aumenta el riesgo de afectación para los niños, niñas, mujeres
gestantes, adultos mayores y personas con diagnóstico de obesidad, entre otros;
(iv) no representa vulneración o restricción alguna de derechos fundamentales, “por
el contrario, pretende materializar los mandatos establecidos en el citado Decreto
Legislativo y de esa forma asegurar la continuidad y la efectiva prestación de los
servicios de salud”; y (iv) permite la implementación de medidas urgentes para la
implementación permanente de un programa de atención primaria intercultural.

2.4. El procurador delegado con funciones mixtas para la conciliación
administrativa2, en representación del Ministerio Público, presentó concepto en el
que solicitó declarar la nulidad de la Resolución 1372 de 2023, porque, en su
opinión, a pesar de que guarda conexión con los decretos legislativos en que se
fundó, no satisface el juicio de proporcionalidad y necesidad, pues los recursos para
cubrir el valor adicional de la UPC fijado transitoriamente se encuentran
debidamente apropiados en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia
fiscal 2023; circunstancia que denota que “no era necesario acudir a todo el
andamiaje de las facultades” extraordinarias, máxime si se tiene en cuenta que el
Ministerio de Salud y Protección Social “bien puede, con base en los estudios
pertinentes, establecer un incremento acorde y justificado de la UPC”, para
“garantizar la igualdad material teniendo en cuenta las particularidades de la
situación del departamento”.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia de la Sala

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de la Sala
Diecisiete Especial de Decisión3, es competente en única instancia para ejercer el
control inmediato de legalidad conforme a lo previsto en los artículos 111.8 y 136

2 Dra. Paola García Aristizábal. Expediente electrónico, aplicativo Samai, índice 19.
3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sesión virtual celebrada el 1º de abril de 2020, asignó a

las salas especiales de decisión el conocimiento del Control Inmediato de Legalidad previsto en el artículo 136
de la Ley 1437 de 2011.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

del CPACA, respecto de la Resolución 1372 de cuatro (4) de septiembre de dos mil
veintitrés (2023), “por la cual se fija transitoriamente el valor de la Unidad por
Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) para los meses de septiembre a
diciembre de 2023 en el departamento de la Guajira”, ya que se trata de un acto
administrativo dictado por una autoridad del orden nacional, como lo es el Ministerio
de Salud y Protección Social, para el desarrollo de los decretos legislativos que
tomaron medidas en materia de salud (D. 1270/23) en el marco del estado de
emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional en
el departamento de La Guajira (D.L. 1085/23).

3.2. Alcance del control inmediato de legalidad de actos administrativos
dictados como desarrollo de decretos legislativos durante estados de
excepción

La normativa rectora del control inmediato de legalidad tiene fuente en la Ley 137
de 1994 —estatutaria de los estados de excepción—, que prevé expresamente la
revisión de las medidas de carácter general dictadas en ejercicio de la función
administrativa con fundamento en los decretos reglamentarios expedidos durante
los estados de excepción (art. 20), y en los artículos 136 y 185 del CPACA, los
cuales establecen la procedencia de este medio de control y fijan el procedimiento
para su trámite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El examen de legalidad en el marco del control inmediato de legalidad requiere la
confrontación de los actos administrativos expedidos en el estado de excepción,
primero, con las normas constitucionales que habilitan al Presidente de la República
para dictar decretos con fuerza de ley, con la firma de todos sus ministros, en los
eventos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden
económico, social y ecológico del país (artículos 212 a 215 de la Constitución
Política, segundo) y, segundo, con los decretos legislativos por medio de los cuales
se adoptan las medidas para “conjurar la crisis” e “impedir la extensión de sus
efectos”.

La Sala Plena de esta Corporación ha definido como características de dicho
control la integralidad, autonomía, oficiosidad, automaticidad e inmediatez, para
seguidamente reparar en su naturaleza jurisdiccional y en los efectos de cosa
juzgada relativa que comporta la decisión que resuelve el análisis inmediato de
legalidad, en los siguientes términos4:

“[…] (i) Tiene carácter jurisdiccional, ya que el examen del acto respectivo se
realiza a través de un proceso judicial, y por tanto la decisión se toma en una
sentencia.

(ii) El estudio que se hace es integral. Los actos enjuiciados “deben
confrontarse con todo el ordenamiento jurídico”5 y el análisis abarca “la
revisión de aspectos como la competencia para expedirlo, el cumplimiento de
los requisitos de forma y de fondo, la conexidad de las medidas que se dicten

4 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre

de 2009. Expediente 11001-03-15-000-2009-00549-00(CA), y sentencia del 5 de marzo de 2012. Expediente
11001-03-15-000-2010-00369-00(CA).
5 Nota original: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de mayo de

1999; Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación número: CA- 011. Ver, entre otras, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Expediente 11001-
03-15-000-2009-00549-00(CA), y sentencia del 5 de marzo de 2012. Expediente 11001-03-15-000-2010-00369-
00(CA).

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

con las causas que dieron origen a su implantación, el carácter transitorio y la
proporcionalidad de las mismas, así como su conformidad con el resto del
ordenamiento jurídico, siempre bajo el entendido de que ellas hacen parte de
un conjunto de medidas proferidas con la exclusiva finalidad de “conjurar la
crisis e impedir la extensión de sus efectos”6.

(iii) Es autónomo porque la revisión se puede hacer antes de que la Corte
Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad del decreto declaratorio del
estado de excepción y de los decretos legislativos que lo desarrollan. En este
punto se precisa que si la Corte Constitucional se ha pronunciado previamente
debe acatarse y respetarse los efectos del fallo de constitucionalidad, “pero
sin que suponga la existencia de prejudicialidad alguna del juicio de
constitucionalidad que adelanta la Corte Constitucional en relación con el
proceso que adelante el Juez Administrativo; cosa distinta es que, en el
evento de ser declarado(s) inexequible(s) el(los) decreto(s) legislativo(s)
desarrollado(s) por el acto administrativo cuya conformidad a derecho puede
incluso haber sido decidida ya por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, esta última decisión administrativa pierda fuerza ejecutoria, en
virtud de lo normado por el artículo 66-2 del Código Contencioso
Administrativo7. (Resalta la Sala).

(iv) El control es automático e inmediato como consecuencia de la obligación
de las autoridades de que lo remitan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su expedición.

(v) Es oficioso ya que, si la entidad no envía el acto a la jurisdicción, el juez
competente queda facultado para asumir el conocimiento de las decisiones
respectivas de forma oficiosa “o, incluso, como resultado del ejercicio del
derecho constitucional de petición formulado ante él por cualquier persona”8;

(vi) La sentencia hace tránsito a cosa juzgada relativa, esto es solo en relación
con las normas que se estudian en la providencia y en consecuencia es
posible que cualquier ciudadano cuestione la legalidad de los actos
administrativos a través del medio de control de nulidad. […]”.

Conforme a la jurisprudencia citada, el control inmediato de legalidad resulta
procedente siempre que se encuentren acreditados los requisitos formales del
acto sujeto a control, esto es: (i) que se trate de un acto de contenido general; (ii)
que haya sido expedido en ejercicio de la función administrativa y, (iii) que tenga la
finalidad de desarrollar uno o más de los decretos legislativos expedidos durante el
estado de excepción.

Una vez acreditados los presupuestos de procedencia del control inmediato,
procede el avance a la verificación del cumplimiento de los requisitos materiales
relacionados con el estudio integral y oficioso de la legalidad del acto en sentido
estricto, esto es, la comprobación de: (i) la conexidad de la decisión administrativa
con el hecho sobreviniente o imprevisto que dio lugar a la declaración del estado de
emergencia, (ii) el carácter transitorio de la medida y, (iii) su proporcionalidad e

6 Nota original: Ídem.
7 Nora original: Precepto que, en lo aquí pertinente, dispone lo siguiente: “Artículo 66. Pérdida de fuerza
ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan
sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza
ejecutoria en los siguientes casos: (…) 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho”.
8 Nota original: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de febrero de

2000; Radicación: CA-033.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

idoneidad frente a la gravedad de los hechos que busca conjurar9; aspectos que
tienen que ver con la sujeción de los motivos y finalidades del acto administrativo a
las normas en que debía fundarse.

3.3. Presupuestos formales de procedencia del control inmediato de
legalidad de la Resolución 1372 de 2023

3.3.1. El contenido de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023 —transcrito
en el acápite de antecedentes— muestra que se trata de un acto administrativo de
carácter general, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, para fijar
transitoriamente el valor de la UPC-S en el departamento de La Guajira, durante los
meses de septiembre a diciembre de 2023, en el marco del estado de emergencia
económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional, por causa de la
grave crisis humanitaria generada por: (i) la escasez de agua potable, (ii) la crisis
alimentaria, (iii) la crisis energética, (iv) “la baja cobertura para el acceso a los
servicios de salud, en especial en zonas rurales”, y (v) la baja cobertura en el sector
de educación; crisis que se ve acentuada por eventos sobrevinientes e inesperados
generados por el cambio climático, por la llegada temprana de la temporada de
ciclones tropicales, el fenómeno de El Niño y la temporada seca.

3.3.2. Asimismo, se observa que el acto administrativo objeto de control fue
expedido en ejercicio de las funciones administrativas atribuidas al Ministerio de
Salud y Protección Social, en específico, la dispuesta en el Decreto Ley 4107 de
2011, modificado por el Decreto 2562 de 201210, que le confiere a esa cartera la
potestad de fijar el valor de la unidad de pago por capitación de los regímenes
contributivo y subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud.

3.3.3. En lo relativo a la excepcionalidad de la medida, el acto administrativo
sometido a control expone que el Ministerio de Salud y Protección Social fijó un valor
adicional de la UPS-S, para los últimos cuatro meses de 2023, “teniendo en cuenta
condiciones adicionales de dispersión poblacional y diferenciales”, con sustento en
las facultades dispuestas en el Decreto Legislativo 1270 de 2023, que adoptó
medidas en materia de salud en el marco del estado de emergencia económica,
social y ecológica en el departamento de La Guajira, en específico, la disposición
de adoptar “la operación de aseguramiento por territorios para la gestión en salud
que permita la implementación del modelo de salud propio e intercultural”, en
coordinación con la Secretaría de Salud departamental, las autoridades
tradicionales de los pueblos indígenas, “incluyendo al pueblo Wayuu,
afrodescendientes y Rrom”, en virtud de la cual podía incrementar el valor de la UPC
en esta zona del país11.

9
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 3 de mayo de 1999,
rad. núm. CA- 011; del 28 de enero de 2003, rad. núm. 11001-03-15-000-2002-0949-01(CA-004); del 28 de
enero de 2003, rad. núm. 11001-03-15-000-2002-0949-01(CA-004); CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de enero de 2003, rad. núm. 11001-03-15-000-2002-0949-01(CA-
004); del 20 de octubre de 2009, rad. núm. 11001-03-15-000-2009-00549-00(CA); del 23 de noviembre de
2010, rad. núm. 11001-03-15-000-2010-00196-00(CA); y del 5 de marzo de 2012, rad. núm. 11001-03-15-000-
2010-00369-00(CA).
10 Artículo 2. “Funciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Modifícase el numeral 32 del artículo 2°

del Decreto Ley 4107 de 2011 y adiciónanse las siguientes funciones, así: (…) 34. Definir el valor de la Unidad
de Pago por Capitación de cada Régimen. Si a 31 de diciembre de cada año el Ministerio no ha aprobado un
incremento en el valor de la UPC, dicho valor se incrementará automáticamente en la inflación causada. (…)”.
11 Decreto 1270 de 2023. Artículo 5. “Operación del aseguramiento por territorios para la gestión en salud. El

Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con la Secretaría de Salud Departamental, las
Autoridades Tradicionales de los pueblos indígenas, incluyendo al pueblo Wayuu; afrodescendientes y Rrom,
que habitan en el departamento y demás actores del Sistema de Salud, adaptará la operación del aseguramiento
por territorios para la gestión en salud, que permita la implementación del modelo de salud propio e intercultural.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

Los considerados de la resolución 1372 de 2013 denotan, además, que la medida
tenía la finalidad de desarrollar el decreto legislativo por medio del cual el Gobierno
Nacional adoptó medidas en materia de salud, entre las que otorgó al Ministerio de
Salud y Protección Social la posibilidad de incrementar el valor de la UPC, “con el
fin de conjurar las causas que dieron origen a la declaratoria de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, de conformidad
con los Decretos Legislativos 1085 y 1270 de 2023”; competencia que ejerció, a
través del acto administrativo objeto de control, al considerar que resultaba
“indispensable reconocer transitoria y excepcionalmente” el aumento, en función de
condiciones adicionales de “dispersión poblacional y diferenciales” aplicables a las
EPSI, por tener la mayor concentración de afiliados en el departamento.

3.3.4. En este orden de ideas, la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023
cumple los requisitos formales de procedencia del control inmediato de legalidad,
puesto que se trata de un acto administrativo de contenido general, expedido por el
Ministerio de Salud y Protección Social en ejercicio de la función administrativa que
le permitía incrementar la unidad de pago por capitación en el régimen subsidiado
de la salud (UPC-S) en el departamento de La Guajira, de manera extraordinaria y
transitoria para los meses de septiembre a diciembre de 2023, con la finalidad de
desarrollar el decreto legislativo por medio del cual se tomaron medidas en materia
de salud en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica
declarado en esta zona del país.

3.4. Determinación del marco temporal del análisis de la legalidad del acto
administrativo objeto de control ante la declaración de inexequibilidad de los
decretos legislativos que sustentaron su expedición

En atención a los efectos de la declaración de inexequibilidad de los decretos
reglamentarios que constituyeron el fundamento de derecho de la medida adoptada
por el Ministerio de Salud y Protección Social en el escenario del estado de
emergencia económica, social y ecológica declarado para el departamento de La
Guajira, resulta necesario analizar, como cuestión preliminar, los atributos de
validez y ejecutoriedad12 de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, con
el propósito de establecer el marco temporal del estudio integral y oficioso de dicho
acto administrativo, en cuanto dichas decisiones producen como efecto la
desaparición de sus fundamentos jurídicos.

3.4.1. La Corte Constitucional, mediante comunicado de prensa núm. 35 del 2 de
octubre del presente año, informó la decisión de “Declarar INEXEQUIBLE el Decreto

Esta adaptación incluirá las condiciones de habilitación y permanencia, de las Empresas Promotoras de Salud
o quien haga sus veces y la reorientación de su rol en el departamento de la Guajira, según reglamentación que
expida el Ministerio de Salud y Protección Social. || PARÁGRAFO 1. En los territorios indígenas,
afrodescendiente y Rrom en el marco de los mecanismos de concertación previstos en el presente Decreto, se
establecerá el proceso de transformación de las Empresas Promotoras de Salud. || PARÁGRAFO 2. El
Ministerio de Salud y Protección Social teniendo en cuenta condiciones adicionales de dispersión poblacional y
diferenciales, podrá incrementar el valor de la UPC en municipios del Departamento de La Guajira, en función
de la implementación del modelo de salud propio e intercultural”.
12 CPACA, artículo 91. “PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa

en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados
en los siguientes casos: 1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al
cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos. 4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando
pierdan vigencia.”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

Legislativo 1085 de 2 de julio de 2023, ‘[p]or medio del cual se declara el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira’”, con
efectos diferidos “por el término de un (1) año”, contados a partir de su expedición,
sólo “respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor
disponibilidad de agua”.

Al exponer los fundamentos de la decisión, la Corte Constitucional consideró, en
síntesis, que el decreto legislativo cumplió los requisitos formales previstos en el
artículo 215 de la Constitución Política al constatar que: (i) fue suscrito por el
presidente y todos los ministros, (ii) “se motivó adecuadamente”, (iii) el periodo de
vigencia no excedía el previsto en la norma constitucional, (iv) determinó el ámbito
de aplicación espacial y, (v) no era necesario convocar al Congreso de la República,
porque dicho organismo podía reunirse por decisión propia.

En cuanto a los requisitos materiales, la Corte concluyó que el presupuesto “fáctico”
se cumplió, porque “en el juicio de realidad se probó que la menor disponibilidad de
agua, agravada por la convergencia de los fenómenos climáticos antes expuestos,
tiene una estrecha relación con la insatisfacción de otras necesidades básicas,
como el saneamiento básico, la alimentación, la salud, la educación, así como el
agravamiento de los índices de mortalidad infantil”.

También encontró que había sido acatado el presupuesto valorativo, al considerar
que la apreciación de los hechos que dieron lugar a la declaración de emergencia
no denotan arbitrariedad o error manifiesto de apreciación, pues la perturbación del
orden económico, social y ecológico “es particularmente grave por cuanto la menor
disponibilidad del agua y alimentos afecta con mayor intensidad a las poblaciones
vulnerables, como los niños y las niñas, los pueblos indígenas, los habitantes de las
zonas rurales y la población migrante”. Precisó, además, que se encontraba
satisfecho el requisito de inminencia, “en tanto el agravamiento del déficit histórico
frente al acceso al agua y su impacto en la satisfacción de otras necesidades
básicas, afecta de manera palpable y cierta la vida digna de la población del
departamento de La Guajira”.

Sin embargo, la Corte consideró que el Gobierno Nacional no realizó un juicio válido
de suficiencia o de necesidad, porque el agravamiento de la crisis climática en el
departamento de la Guajira —generador de la perturbación grave e inminente del
orden económico, social y ecológico— requiere, en primer lugar, de la acción de
todas las instituciones del Estado a través de los instrumentos ordinarios. “La
gravedad de la crisis climática y la necesidad de actuar de manera decidida
para afrontarla, no puede allanar el camino al estado de excepción, que debe
seguir siendo el último recurso al cual acudir, cuando no existan mecanismos
ordinarios o los existentes sean inidóneos o insuficientes para conjurar la crisis e
impedir la extensión de sus efectos”, sustentación que el Gobierno no realizó
adecuadamente. “En concreto, no explicó por qué no hizo uso de la iniciativa
legislativa con mensaje de urgencia” ni porqué “no resultan idóneas o suficientes las
facultades normativas que le confieren los artículos 189, 346, 347 o 56 transitorio
de la Constitución, los mecanismos derivados del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, el Fondo de Adaptación, o los contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones.”.

Conforme a estas consideraciones, la Corte Constitucional decidió diferir por un año
los efectos de la declaración de inexequibilidad del decreto legislativo, en atención
a que la crisis se ve “acentuada por la escasez del recurso hídrico resultado de la

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

conjunción de los eventos climáticos (…), a fin de no hacer más gravosa la situación
humanitaria ante el vacío legislativo que resulta de la inconstitucionalidad
sobreviniente de los decretos de desarrollo, lo que permitirá que sus medidas sean
examinadas por esta Corte bajo los criterios de estricta necesidad y conexidad,
entre otros criterios constitucionales y jurisprudenciales”.

3.4.2. Los funcionarios judiciales pueden informar el contenido y alcance de las
decisiones judiciales desde el momento en que se adoptan, en ejercicio de la
atribución de comunicación y divulgación prevista en la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, “por razones de pedagogía jurídica”13. En cuanto a la
utilidad de este tipo de comunicaciones, la Corte Constitucional ha considerado lo
siguiente:

≪El comunicado de prensa es una herramienta útil para la comunicación del sentido
de las decisiones que adopta la Corte en ejercicio del control de constitucionalidad,
las cuales tienen efectos a partir del momento en que se adoptan, pues así lo exige
la vigencia de los principios de legalidad, seguridad jurídica y preservación de la cosa
juzgada constitucional. El comunicado tiene, en ese orden de ideas, la función de
publicitar tanto las razones de la decisión como la parte resolutiva de la sentencia,
permitiéndose de tal modo que los ciudadanos conozcan oportunamente cómo incide
la decisión adoptada en la configuración del ordenamiento jurídico≫ 14.

En lo concerniente al alcance de dichas comunicaciones, la misma Corte ha
determinado que, “una vez se divulga oficialmente la sentencia, esto es, se publica
su texto completo o, en su defecto, el respectivo comunicado de prensa, el
conocimiento y cumplimiento del decisum de la providencia es exigible a todos los
operadores jurídicos”. Por lo tanto, “‘cuando no se ha modulado el efecto del fallo,
esto es, cuando expresamente no se han diferido sus efectos, estos se producen a
partir del día siguiente a la fecha en que la Corte ejerció, en ese caso específico, la
jurisdicción de que está investida’, esto es, desde el día siguiente a aquel en el que
la Sala Plena toma la decisión, y no a partir de la fecha en que se suscribe el texto
que a ella corresponde, o el de su notificación –mediante edicto– o ejecutoria” 15.

3.4.3. Aparte, el acto administrativo sometido a control inmediato de legalidad
también se fundó en las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en materia de
salud establecidas en el Decreto Legislativo 1270 de 31 de julio de 2023, tomadas
en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica en el
departamento de La Guajira.

Frente a este segundo decreto legislativo, la Corte Constitucional, en comunicado
de prensa núm. 42, fechado “el 25 y 26 de octubre de 2023”, informó la decisión de:
“Declarar inexequible con efectos retroactivos el Decreto 1270 de 2023, por
medio del cual se adoptaron medidas en materia de salud en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Socia y Ecológica declarado en el departamento de La
Guajira”.

Al sintetizar los fundamentos de la decisión, la Corte Constitucional refirió que el
Decreto Legislativo 1270 de 2023: (i) tiene como finalidad “reorganizar la estructura
y el funcionamiento del sistema de salud en el departamento de La Guajira”, medida
que tiene un enfoque estructural, como lo precisa el mismo decreto, por tanto debe

13
LEAJ, artículo 64.
14 Corte Constitucional, Auto 155-13 24 de julio de 2013. En igual sentido, Auto 022 de 14 de febrero de 2013.
15 Corte Constitucional, sentencia C-055 de 21 de febrero de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

ser adoptada a través de los mecanismo ordinarios; (ii) no es posible asociar las
medidas con la finalidad de conjurar la crisis derivada de la menor disponibilidad de
agua; (iii) las medidas legislativas estructurales no son un asunto que pueda ser
atendido por medio de una legislación de emergencia. “Este tipo de asuntos debe
ser objeto de debate y adopción por parte del Congreso de la República, aun cuando
puedan tener un ámbito territorial delimitado como, en este caso, el departamento
de La Guajira”.

Por las razones expuestas, “concluyó que el Decreto Legislativo 1270 de 2023 no
cumplía ninguno de los requisitos de necesidad o de conexidad sino que, por el
contrario, lo que pretendía era reorganizar la estructura y funcionamiento del
sistema de salud en el departamento de La Guajira (…) por cuanto las medidas
legislativas que adopta no tienen por finalidad conjurar las causas de la
amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria”. En ese orden, dispuso que
los efectos de la inexequibilidad debían ser retroactivos “al momento de su
expedición” con la precisión de que los contratos adjudicados o celebrados “deberán
cumplirse en los términos pactados, para garantizar la seguridad jurídica y la buena
fe de los contratistas, al igual que la protección del patrimonio público, sin que esta
decisión implique un pronunciamiento sobre su legalidad”.

3.4.4. La modulación de los efectos de la declaración de inexequibilidad del Decreto
1270 de 2023, de manera retroactiva16, implica que las medidas en materia de salud
que dieron lugar a la expedición de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023,
objeto de control inmediato de legalidad desaparecen del ordenamiento jurídico
desde el momento de su expedición, circunstancia que, consecuencialmente, afecta
el atributo de validez del acto administrativo edificado en la normativa declarada
inexequible, pues su conformidad con el ordenamiento jurídico desaparece desde
el momento en que fue expedido “debido a la exigencia de deshacer las
consecuencias de normas contrarias a la Constitución Política”17.

No estamos, consecuentemente, ante un mero decaimiento del acto administrativo,
como el que tendría lugar si no se hubieran modulado, con carácter retroactivo, los
efectos de la declaración de inexequibilidad del Decreto Legistlativo1270 de 2023,
que desarrolló el acto sometido a este medio de control; fenómeno jurídico que,
como lo ha precisado la jurisprudencia administrativa18, no afecta la validez del acto,
sino su fuerza ejecutoria.
16
Ley 270 de 1996, artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control
judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su
control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la
Corte resuelva lo contrario”.
17 Corte Constitucional, sentencia C-507 de 3 de diciembre de 2020. “De ahí que la Corte justifique los efectos

retroactivos a las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de un precepto normativo en tres escenarios
en particular[52]: (i) en los casos en que, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991, era evidente que
la disposición acusada resultaba contraria al texto superior [53]; (ii) en el evento en que los alcances retroactivos
del fallo son indispensables para asegurar la protección de derechos constitucionales abiertamente
desconocidos[54]; y, (iii) en aquellas circunstancias en las que el efecto retroactivo del fallo es imprescindible
para sancionar una violación flagrante y deliberada de la Constitución [55].”.
18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 de diciembre de 2021, expediente 2007-00356-00. En

igual sentido, sentencia de esa Sección, expedida el 11 de marzo de 2004, expediente 1998-00035-01. «Al
efecto, son tres los conceptos que deben analizarse en este acápite a fin de dilucidar el tema: eficacia del acto
administrativo, validez del acto administrativo y fuerza ejecutoria del mismo. La validez del acto administrativo
se remonta al momento de la expedición de la voluntad administrativa, mientras que la potencialidad de producir
efectos jurídicos está ligada al hecho de que se cumpla con el requisito de la publicación, aspecto externo que
se requiere para que sea eficaz, es decir oponible a los administrados; ello implica que aunque, el acto
administrativo existe con toda plenitud desde el momento en que se expide, su eficacia se encuentra ligada al
cumplimiento del principio de la publicación. De otro lado, la tendencia del acto administrativo a producir sus
efectos, ha hecho que “especialmente dentro de la doctrina española, que tales actos, como resultado de la
presunción de su legitimidad, son ejecutivos y ejecutorios”. La fuerza ejecutoria del acto administrativo está

12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

En lo concerniente a las consecuencias derivadas de la declaración de
inexequibilidad de la ley con efectos retroactivos, específicamente frente a la validez
del acto administrativo dictado con fundamento en esta, la jurisprudencia de la
Corporación diferenció la figura del decaimiento del acto o pérdida de fuerza
ejecutoria y la nulidad por consecuencia, con las siguientes consideraciones:

≪Conviene aclarar que en este caso la situación jurídica que se presenta es distinta
a la propia del decaimiento del acto administrativo, en razón de que éste se presenta
por circunstancias sobrevinientes y posteriores a la expedición del mismo, de modo
que no afectan su validez, tal como lo prevé el numeral 2 del artículo 66 del C.C.A.,
esto es, la desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho del acto, de allí
que los efectos del decaimiento se produzcan hacia el futuro (ex nunc), es decir, a
partir del momento en que ocurra la causal, hacia delante y, por ende, no afecta
situaciones anteriores, así se encuentren sub júdices. Es por ello que el decaimiento
del acto administrativo no se admite como causal de nulidad, sino como un evento
que afecta apenas su oponibilidad o eficacia. Cabría hablar de decaimiento del
decreto acusado, si los efectos de las sentencias de inexequibilidad aludidas hubieran
sido hacia el futuro y no ex - tunc, como la Corte Constitucional lo dispuso de manera
expresa. En resumen, no se está ante una situación de decaimiento del acto
administrativo acusado, sino de ausencia de objeto en su nacimiento, atendido el
efecto retroactivo de las dos sentencias antes comentadas que, al respecto, resultan
en sus efectos equivalentes a las sentencias de nulidad y que, por lo mismo, procede
aplicar las mismas consecuencias que la jurisdicción contenciosa administrativa le
reconoce a éstas, esto es, que el acto anulado se tiene como si nunca hubiera existido
y, en consecuencia, las cosas vuelven a su estado anterior≫19.

En sentido análogo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, al analizar las consecuencias de la modulación de los efectos de la
declaración de inexequibiliad de la ley en el ámbito de la responsabilidad del Estado
por la actividad legislativa, consideró que, “si los efectos de esta última son
retroactivos, esto es, si se entiende que la ley desapareció del ordenamiento desde
su expedición, las consecuencias patrimoniales que haya podido causar serían
antijurídicas, por haber perdido su fundamento legal; al contrario, si los efectos son
hacia futuro, es decir, si la ley sólo fue retirada a partir de la sentencia que declaró
su inconstitucionalidad, se asume que conservó su validez entre el momento de su
expedición y aquel, de manera que los efectos producidos durante ese período
conservan plena eficacia y, en consecuencia, no pueden ser considerados como
antijurídicos”.

A su turno, la Corte Constitucional ha considerado que la declaración de
inconstitucionalidad de “los decretos legislativos dictados en desarrollo del decreto
‘madre’ o decreto base que instaura la emergencia económica, social y ecológica
(…), siguen la suerte de este último”, por consiguiente, los segundos también

circunscrita al hecho de la producción de efectos jurídicos, aún en contra de la voluntad del administrado, según
lo establece el artículo 64 del C.C.A., pues se presume su legitimidad hasta tanto exista un pronunciamiento
judicial que decrete su nulidad. La posibilidad de la acción directa coercitiva, y que se justifica en la medida de
que es el medio para asegurar su cumplimiento es un privilegio de la administración, frente a los administrados,
“ya que goza de la llamada “acción de oficio” o “acción directa”, a diferencia de los particulares que tiene que
recurrir a las autoridades para hacer defender sus derechos” depende de la presunción de legalidad del acto
administrativo y de su firmeza." Es perfectamente posible que un acto reglamentario, mientras estuvo llamado
a producir efectos, se hubiera ajustado a la legalidad y así puede declararse, pues su decaimiento lo único que
hace es, por mandato de la ley (artículo 66 el C.C.A.), impedir que, HACIA EL FUTURO, siga produciendo
efectos, sin que se afecten los que válidamente produjo mientras estuvo vigente, como ocurre en este caso con
el Decreto acusado lo cual, por lo mismo, no puede ser aplicado […]».
19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de septiembre de 2001, expediente 1999-05911-01,

M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

resultan inconstitucionales. Para sustentar lo anterior, consideró que la figura
denominada “inconstitucionalidad por consecuencia” encuentra fundamento, en
primer lugar, “en el principio jurídico según el cual lo subsidiario sigue la suerte de
lo principal” y, en segundo lugar, en “la ausencia de competencia para legislar, en
razón a que con la declaratoria de inexequibilidad del Decreto que declaraba la
emergencia, el Presidente de la República pierde toda competencia legislativa para
dictar normas con fuerza de ley en desarrollo del estado de excepción”. En dicho
escenario, la Corte Constitucional ha manifestado20:

≪De un lado, los efectos ex nunc –desde entonces- de la declaratoria de
inexequibilidad encuentra razón de ser ante la necesidad de proteger principios como
la seguridad jurídica o la buena fe, pues hasta ese momento la norma gozaba de
presunción de constitucionalidad y por ello sería legítimo asumir que los ciudadanos
orientaron su comportamiento confiados en la validez de aquella. Pero de otro lado,
los efectos retroactivos de la sentencia de inexequibilidad encuentran un sólido
respaldo en el principio de supremacía constitucional y la realización de otros valores
o principios contenidos en ella no menos importantes. Bajo esta óptica se afirma que
cuando se trate de un vicio que afecte la validez de la norma, sus efectos deben ser ex
tunc –desde siempre- cual si se tratara de una nulidad, para deshacer las
consecuencias nocivas derivadas de la aplicación de normas espurias siempre y
cuando las condiciones fácticas y jurídicas así lo permitan≫.

Así entonces, resulta imperioso diferenciar dos eventos: (i) la inexequibilidad de la
ley que, por regla general, opera hacía el futuro, por tanto, habilita el análisis de
legalidad del acto administrativo fundado en aquella, por el periodo en que produjo
efectos jurídicos, en el entendido de que el decaimiento causado por la desaparición
de sus fundamentos de hecho y de derecho no afecta la validez de la decisión
administrativa durante el tiempo que tuvo vigencia; (ii) la inexequibilidad con efectos
retroactivos, que afecta la validez del acto administrativo que se fundó en dicha
legislación al menoscabar la presunción de legalidad que lo reviste por no
encontrase conforme con el ordenamiento jurídico desde el momento de su
expedición.

3.4.5. El derrotero jurisprudencial referido lleva a concluir que se configura el
fenómeno de la nulidad por consecuencia de la Resolución 1372 de 4 de septiembre
de 2023, por medio de la cual el Ministerio de Salud y Protección Social dispuso el
aumento del valor de la UPC-S por los últimos cuatro meses del año 2023, porque
los fundamentos de derecho en los que se basó son inexistentes, por causa de los
efectos retroactivos concedidos a la declaración de inexequibilidad del Decreto 1270
de 2013, que tomó medidas en materia de salud en el marco del estado de
emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira,
decisión que repercute directamente en la validez del acto administrativo sometido
a control de legalidad al desaparecer tanto la competencia para su expedición como
su motivación y finalidad.

20 Corte Constitucional, sentencia C- 253 de 6 de abril de 2011. En sentido similar ver: sentencias C- 444 de

25 de mayo de 2011 y C- 155 de 5 de mayo de 2022. “A la luz de lo expuesto, puede concluirse que los efectos
temporales otorgados a las decisiones de inconstitucionalidad realizan importantes principios. Y que si bien,
por regla general, los efectos se confieren a futuro o ex nunc, también pueden definirse de manera distinta,
cuando así lo determine esta Corporación. En punto a los efectos temporales ex tunc, es importante resaltar
que generalmente se confieren con fundamento en la prevalencia del principio de supremacía constitucional y
en la realización efectiva de otros principios y valores superiores.”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04871-00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Diecisiete, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 1372 de 4 de septiembre de
2023, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco del estado
de emergencia económica, social y ecológica del departamento de La Guajira, con
fundamento en las medidas en materia de salud previstas en el Decreto Legislativo
1270 de 31 de julio de 2023, declarado inexequible con efectos retroactivos desde
el momento de su expedición.

QUINTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Magistrado Magistrado (E)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ WILSON RAMOS GIRÓN
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Presidente de la Sala
Firmado electrónicamente

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