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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01272-00

Fecha
18 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01272-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 0590 del 25 de febrero de 2025, expedida por el Departamento de Nacional de Planeación, respecto de las siguientes expresiones contenidas en la parte resolutiva de dicho acto: i) Nulidad de la expresión “y de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones Centro Oriente y Caribe”, contenida en el artículo primero. ii) Nulidad del artículo cuarto, que establece términos para las actuaciones a cargo de la secretaría técnica de los OCAD Regionales. iii) Nulidad de la expresión “de los OCAD Regionales” contenida en el artículo quinto. iv) Nulidad del artículo sexto, que establece la aplicación de la metodología de priorización y cálculo del puntaje, frente a proyectos susceptibles de financiación con cargo a recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones. v) Nulidad de la expresión “la Asignación Ambiental y la Asignación para para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones” contenida en el artículo séptimo. Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Circular 0010-4 del 10 de marzo de 2025, expedidas por la Subdirección General del Sistema General de Regalías del DNP, en cuanto a lo relacionado con los recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones referidas en el decreto legislativo que declaró el estado de conmoción interior, y de la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías. Tercero. Declarar la legalidad de los actos objeto de control, en lo relacionado con los recursos de la Asignación para la Paz, durante el tiempo que produjeron efectos, conforme se explicó en la parte motiva. Cuarto. Los efectos de la nulidad no afectarán los derechos de las personas beneficiarias de los proyectos de inversión que se hubiesen presentado al tenor de dichos actos y que, además, se hubiesen seleccionado y, en consecuencia, se encuentren en etapa de ejecución contractual, puesto que se trata de situaciones consolidadas. Quinto. Una vez en firme esta providencia, archivar el expediente del control inmediato de legalidad, previas las anotaciones de rigor. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01272-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

18 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 9

Consejero Ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Control Inmediato de Legalidad
Radicación: 11001031500020250127200 (1933)
11001031500020250152300 (2361) Acumulado
Entidad: Departamento Nacional de Planeación - DNP
Actos objeto de control: Resolución 0590 del 25 de febrero de 2025 y Circular
0010-4 del 10 de marzo de 2025
__________________________________________________________________
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

1. La Sala Novena Especial de Decisión del Consejo de Estado ejerce el control
inmediato de legalidad, previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del
CPACA,1 respecto de la Resolución 0590 del 25 de febrero de 2025 y la Circular
0010-4 del 10 de marzo de 2025, expedidas por el Departamento Nacional de
Planeación, en adelante DNP.

I. ANTECEDENTES

1.1. Trámite procesal

2. Este Despacho avocó el conocimiento del control inmediato de legalidad de la
Resolución 0590 del 25 de febrero de 2025, en el expediente 11001 03 15 000 2025
01272 00 (1933)2.

3. Por su parte, la consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya asumió el
estudio de la Circular 0010-4 del 10 de marzo de 2025, en el expediente 11001 03
15 000 2025 01523 00 (2361)3.

4. La mencionada magistrada remitió la citada actuación a este Despacho para
estudiar la posibilidad de acumular ambos expedientes4; y mediante auto del 19 de
noviembre de 2025, se dispuso la acumulación procesal.

1.2. Actos objeto de control

5. Es preciso aclarar que no se transcribirán integralmente los actos objeto de
control en razón a su extensión; en consecuencia, únicamente se citarán los apartes
relevantes a este asunto, cuyo tenor es el siguiente:

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2 Auto del 11 de marzo de 2025.
3 Mediante auto del 27 de mayo de 2025.
4 Mediante auto del 27 de mayo de 2025.

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11001031500020250152300 (2361) Acumulado
RESOLUCIÓN NÚMERO 0590 DE 2025
(25 FEB 2025)
[…]
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le
confieren el numeral 11 del artículo 189 y el artículo 213 de la Constitución
Política, el artículo 6 del Decreto 1893 de 2021 y el artículo 4 del Decreto
Legislativo 0131 de 2025 y,

CONSIDERANDO
[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. La presente resolución tiene por objeto
establecer los términos y condiciones para la gestión de los proyectos de
inversión que sean presentados por los municipios de Ocaña, Abrego, El
Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú
y Sardinata, los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura
La Gabarra, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano,
Puerto Santander, Río de Oro, González, el departamento de Norte de
Santander y el Gobierno nacional, con cargo a los recursos la Asignación para
la Paz distribuidos a la Subregión del Catatumbo y de la Asignación para la
Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones Centro Oriente y Caribe,
que tengan por objeto superar las causas y/o mitigar los efectos del estado
conmoción interior declarado en el Decreto 0062 de 2025.
[…]

CIRCULAR 0010-4

Bogotá D.C. 10 MAR 2025

PARA: Miembros de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión
(OCAD) -Regionales Centro Oriente, Caribe y Paz, Ministerios cabeza del
sector de inversión, Departamentos Administrativos, municipios en los que se
desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de la
Subregión del Catatumbo, municipios del área metropolitana de Cúcuta y los
municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar.

ASUNTO: Orientaciones transitorias para la gestión de los proyectos que se
pretendan financiar con recursos de la Asignación para la Inversión Regional
40% en cabeza de las regiones y la Asignación para la Paz, en el marco del
Decreto 0062 de 20255, Decreto Legislativo 131 de 20256 y la Resolución 590
de 20257.

5 Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área

metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar. (24 de enero
de 2025).
6 Por el cual se establecen medidas relacionadas con los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados

con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones, de la Asignación
para la Paz y de la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías, en el marco del estado de conmoción
interior en la región del Gatatumba, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de
Oro y González del departamento del Cesar. (5 de febrero de 2025).
7 Por la cual se racionalizan términos y procedimientos en la gestión de proyectos del Sistema General de

Regalías con ocasión de la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del

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[…]

1.3. Contexto de los actos objeto de control

6. Conforme se expuso en los actos administrativos objeto de control, por Decreto
Legislativo 62 del 24 de enero de 2025, el presidente de la República declaró el
estado de conmoción interior con el fin de conjurar la grave perturbación de orden
público que de manera excepcional y extraordinaria se estaba suscitando en la
región del Catatumbo.8

7. Asimismo, la referida disposición en sus consideraciones señaló que era
necesario adoptar medidas tendientes a facilitar el uso de los recursos del Sistema
General de Participaciones y del Sistema General de Regalías en dicha región.

8. A su vez, se expidió el Decreto Legislativo 131 de 2025, «por el cual se
establecen medidas relacionadas con los proyectos de inversión susceptibles de ser
financiados con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en
cabeza de las regiones, de la Asignación para la Paz y de la Asignación Ambiental
del Sistema General de Regalías, en el marco del estado de conmoción interior en
la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los
municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar».

9. El artículo 1 ibidem delimitó su ámbito de aplicación en los siguientes términos:

Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Decreto Legislativo aplicará
para aquellos proyectos de inversión que, en el marco de la declaratoria del
estado de conmoción interior de que trata el Decreto Legislativo 0062 del 24
de enero de 2025, sean presentados con cargo al porcentaje de los recursos
de la Asignación Ambiental al que se refiere el presente decreto, la Asignación
para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones y la Asignación
para la Paz del Sistema General de Regalías. Estos últimos distribuidos para
la Subregión Catatumbo.

Este decreto aplicará para los proyectos que tengan por objeto hacer frente a
los hechos que originaron la declaratoria del estado conmoción interior o
mitigar sus efectos. Los proyectos de inversión a los que se refiere el presente
artículo serán presentados al Órgano Colegiado de Administración y Decisión
Regional (OCAD Regional) por los municipios en los que se desarrollan los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de la Subregión
Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta, los municipios
de Río de Oro y González del departamento del Cesar, las entidades
territoriales ubicadas en la región del Catatumbo, y las entidades que
determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el caso de la
Asignación Ambiental.
[…].

área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar. (25 de
febrero de 2025).
8 Ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios

de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata,
y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como en el área
metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los
municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río
de Oro y González del departamento del Cesar.

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10. Por su parte, el artículo 4 ejusdem habilitó al DNP para establecer los
términos y condiciones para los trámites y procedimientos que se realizan en
cumplimiento de las etapas del ciclo de los proyectos de inversión que se presenten
con cargo a los recursos de la Asignación para la Paz y de la Asignación para la
Inversión Regional del 40% en cabeza de las entidades territoriales que componen
la aludida región del Catatumbo.

11. En desarrollo de la anterior función, el DNP expidió actos que son materia de
control en este proceso.

12. Por sentencia C-207 del 29 de mayo de 2025, la Corte Constitucional declaró
inexequible el Decreto Legislativo 131 de 2025.

1.4. Intervenciones

13. El DNP solicitó que se declare la legalidad de los actos objeto de control, con
fundamento en los siguientes razonamientos:

i) La Resolución 0590 del 25 de febrero de 2025 implementó medidas
tendientes a superar las barreras impuestas por los requisitos, condiciones y
procedimientos previstos en la normativa ordinaria del SGR,9 la cual preveía unos
términos amplios para su cumplimiento, por lo que se requería racionalizar los
tiempos para la gestión de los proyectos de inversión y, de ese modo, permitir a
las entidades territoriales invertir oportunamente los recursos del SGR para
superar los hechos que dieron origen a la declaratoria del estado de conmoción
interior en la región del Catatumbo.

ii) La Circular 0010-4 del 10 de marzo de 2025 dictó una serie de orientaciones
transitorias de tipo operativo con miras a agilizar dicho procedimiento.

iii) Los actos objeto de control fueron expedidos con sujeción a las competencias
asignadas al DNP y respetaron los requisitos formales y sustanciales de este tipo
de decisiones en el marco de los estados de excepción, a saber: finalidad,
conexidad, necesidad, temporalidad, incompatibilidad, proporcionalidad, no
discriminación e intangibilidad, ya que «estos son esenciales para garantizar una
gestión eficiente y transparente en materia de recursos públicos en situaciones
extraordinarias, donde se requiere una respuesta rápida y adecuada dentro del
marco legal».

14. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado expresó que la Resolución 0590 del 25 de febrero de 2025, se ajusta a la
normativa superior, salvo en su artículo 7, toda vez que excedió lo dispuesto en el
Decreto Legislativo 131 de 2025, ya que este solo facultó al DNP para regular
aspectos procedimentales referentes a los términos y trámites de los proyectos de
inversión; sin embargo, la aludida resolución fijó limitantes o habilitantes

9 Sistema General de Regalías.

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porcentuales para disposición de recursos, aspecto que no se relaciona con la
temática global del referido decreto.

15. La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado sostuvo
que la Circular 0010-4 se ajusta a los criterios de finalidad, motivación suficiente,
necesidad fáctica y jurídica, proporcionalidad, no discriminación y carencia de
arbitrariedad, pues atendió los lineamientos y consideraciones que dieron lugar a la
expedición de los Decretos 62 y 131 de 2025 y la Resolución 0590 del 25 de febrero
de 2025.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

16. La Sala Novena Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente
para decidir el presente medio de control inmediato de legalidad, de conformidad
con el trámite previsto en el artículo 185 del CPACA, en concordancia con los
artículos 136 y 111, numeral 8 ibidem, y el artículo 29 del Acuerdo 80 del 12 de
marzo de 2019 –Reglamento Interno del Consejo de Estado–. A su turno, la Sala
Plena, en sesión 10 del 1 de abril de 2020, asignó el trámite de estos asuntos a las
Salas Especiales de Decisión.10

2.2. Generalidades del control inmediato de legalidad

17. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función
administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de
excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, conforme se dispone en el
artículo 20 de la Ley 137 de 199411; medio de control que también fue regulado en
el artículo 136 del CPACA, que establece además, que dicho control lo ejercerá la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo12; por lo que las autoridades
competentes que los profieran deberán enviar los actos administrativos dentro de
las 48 horas siguientes a su expedición, y en caso de no hacerlo, la autoridad judicial
competente aprehenderá de oficio el conocimiento.

18. Las anteriores disposiciones permiten establecer que se requiere que se trate
de i) actos de contenido general, ii) que se expidan en ejercicio de la función
administrativa y iii) que tengan como finalidad el desarrollo de decretos legislativos
expedidos en vigencia del estado de excepción.

19. En torno a las características de este medio de control, la jurisprudencia de
esta Corporación13 ha concluido que se trata de un verdadero proceso judicial; es
automático e inmediato; autónomo, dado que puede adelantarse su trámite aun
cuando la Corte Constitucional no haya decidido la constitucionalidad del decreto

10 Sentencia del 27 de agosto de 2025, radicado 11001-03-15-000-2025-02200-00 (3433).
11 «[p]or la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia».
12 El Consejo de Estado asumirá el conocimiento cuando los actos emanen de autoridades nacionales.
13 Ver entre otras, providencia de 11 de mayo de 2020, Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión N° 16,

C.P. Dra Sandra Lisset Ibarra Vélez – Exp. 11001-03-15-000-2020-00944-00.

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que declaró el estado de excepción. También es un control participativo, dado que
pueden intervenir los ciudadanos, y la sentencia hace tránsito a cosa juzgada
relativa.

20. Además, es integral en la medida que el análisis incluye una revisión de forma
(competencia, motivación, objeto, causa), y una revisión material, esto último que
incluye, por un lado, el estudio de la conexidad del acto objeto de control, con el
estado de excepción declarado, y con los decretos legislativos que lo desarrollan; y
por otro, de la proporcionalidad, necesidad y finalidad de las medidas adoptadas en
el acto objeto de control.

2.3 De los Estados de Excepción

21. En línea con el asunto que convoca a esta Sala, se tiene que la Constitución
de 1991 regula los estados de excepción en los artículos 212 (estado de guerra
exterior), artículo 213 (estado de conmoción interior) y en el artículo 215 (estado de
emergencia).

22. El referido estado de conmoción interior tiene lugar en caso de grave
perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que la situación
no pueda ser solventada o atendida mediante el uso de las atribuciones ordinarias
de Policía. Su declaratoria debe ser motivada, requiere de la firma del presidente de
la República y de todos los ministros, tendrá una duración por un término no mayor
a 90 días, prorrogable hasta por dos periodos iguales, el segundo de los cuales
requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. El gobierno tendrá
las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación
e impedir la extensión de sus efectos.

2.3. Análisis del caso concreto

23. Conforme se explicó en el marco jurídico anterior, corresponde a esta Sala
determinar el cumplimiento de la exigencias formales, que incluye lo relativo a la
competencia, motivación, objeto y causa; y posteriormente analizar los aspectos
materiales de los actos objeto de control, lo que envuelve primero, el estudio de la
conexidad de aquellos con el estado de conmoción interior declarado, y con los
decretos legislativos que lo desarrollan; y segundo, de la proporcionalidad,
necesidad y finalidad de las medidas adoptadas en los actos objeto de control.

2.3.1 Elemento formal

24. La Resolución 0590 de 25 de febrero de 2025, fue expedida por el director
general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con fundamento en las
facultades constitucionales y legales, especialmente en los artículos 189 numeral
11 y 213 de la Constitución, así como en el artículo 6 del Decreto 1893 de 202114 y

14 Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación.

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11001031500020250152300 (2361) Acumulado
4 del Decreto Legislativo 0131 de 202515.

25. La Sala constata que el director general del DNP tenía competencia para
expedir el acto administrativo en comento, pues, conforme se establece en la Ley
489 de 199816, los departamentos administrativos tienen dentro de sus funciones,
la de preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban
dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al presidente de la
República como suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes
que se relacionen con tales atribuciones (artículo 59 numeral 2). Y al tenor del
Decreto 2189 de 2017, le corresponde al DNP, entre otros, desarrollar las
actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema General de
Regalías; así como las demás funciones que le sean asignadas, de conformidad
con su naturaleza.

26. A lo anterior se suma, que el Decreto 1893 de 202117 en su artículo 1 establece
como objetivos del DNP, entre otros, participar en la planeación y el adecuado
desempeño en la ejecución de los proyectos de inversión, en la administración del
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR y el Banco de Proyectos de
Inversión y apoyar al presidente de la República en el ejercicio de su función de
máximo orientador de la planeación nacional de corto, mediano y largo plazo;
seguidamente en el artículo 3°, se enlistan otras funciones del DNP, entre estas, la
de brindar asesoría y asistencia técnica a las entidades públicas del orden nacional
y territorial para el desarrollo de sus funciones en los asuntos de competencia del
Departamento Nacional de Planeación; la de coordinar y apoyar la planeación de
corto, mediano y largo plazo de los sectores, que orienten la definición de políticas
públicas y la priorización de los recursos de inversión, entre otros, los provenientes
del Presupuesto General de la Nación y los del Sistema General de Regalías; así
como definir los lineamientos técnicos del ciclo de proyectos de inversión y fortalecer
las capacidades del sector público en la gestión y administración de estos, desde la
formulación hasta la evaluación.

27. Así mismo, en el artículo 6 ibidem, se enlista como función del despacho del
director general del DNP, además de ordenar los gastos y suscribir los actos,
convenios y contratos, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignados
a dicho departamento; la de ejercer las funciones que el presidente de la República
le delegue o las demás que le sean señaladas por la ley18.

28. Además, el artículo 4 del Decreto Legislativo 0131 de 2025, ordenó
directamente al Departamento Nacional de Planeación, durante la vigencia de la
conmoción interior, establecer los términos y condiciones para los trámites y
procedimientos que se realizan en cumplimiento de las etapas del ciclo de los

15 Por el cual se establecen medidas relacionadas con los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados

con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones, de la Asignación
para la Paz y de la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías, en el marco del estado de conmoción
interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de
Oro y González del departamento del Cesar.
16 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se

expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
17 Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación.
18 Numerales 20 y 28, respectivamente.

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proyectos de inversión que se presenten con cargo a los recursos de la Asignación
para la Paz y de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las
regiones, por las entidades territoriales que conforman la región del Catatumbo, los
municipios del área metropolitana de Cúcuta, los municipios de Río de Oro y
González del departamento del Cesar, así como los Pueblos y Comunidades
Indígenas y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
que se encuentren asentadas en aquellos entes territoriales. Lo anterior se cumplió
precisamente con la expedición de la Resolución 0590 del 25 de febrero de 2025.
En ese orden, se estima que sí está acreditada la competencia para la expedición
del último acto en mención.

29. Cabe destacar que, si bien el Decreto Legislativo 0131 de 2025, fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-207 de 2025, no
puede pasarse por alto que el mismo se encontraba vigente para el momento en
que el DNP profirió los actos objeto de control.

30. En lo concerniente a la Circular 0010-4 del 10 de marzo de 2025, se observa
que también se sustenta en el decreto legislativo mencionado en párrafo anterior, y
en la Resolución 590 de 2025, destacando la necesidad de emitir unas orientaciones
transitorias para el trámite de la gestión de los proyectos de inversión con cargo a
los recursos de las asignaciones del Sistema General de Regalías, por lo que se
concluye que la Subdirección General del Sistema General de Regalías del DNP
también actuó con competencia, pues, véase que en el ya citado Decreto 1893 de
2021, en el artículo 5 se establece la estructura y funciones de las dependencias
del DNP, entre las que figura la Subdirección que emitió la circular en comento,
mientras en el artículo 66 ibidem se definen sus funciones orientada a la asistencia
técnica para formulación de proyectos de inversión del SGR, y la de impartir
lineamientos para la administración del sistema de seguimiento, evaluación y control
del SGR.19

31. De otro lado, en torno a las exigencias de motivación, objeto, causa, la Sala
considera que también se encuentran cumplidas como pasa a explicarse.

32. Respecto de la Resolución 0590 de 25 de febrero de 2025, que en la parte
motiva se refieren los fundamentos normativos a saber, los artículos 189 numeral

19 En el artículo 66 ibidem se enlistan como funciones de dicha subdirección, entre otras, las siguientes:

“2. Orientar la asistencia técnica que se requiera para la formulación, la viabilidad de los proyectos de inversión
del Sistema General de Regalías (SGR), la realización de los ejercicios de planeación y el adecuado desempeño
en la ejecución de los proyectos de inversión del SGR.
(…)
3. Impartir los lineamientos para la administración del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema
General de Regalías.
4. Establecer las directrices para el ejercicio de la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión Regionales y Paz.
5. Orientar las acciones de articulación entre los ministerios delegados ante el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, y las acciones con los órganos de gobierno
para el cumplimiento de los fines del Sistema General de Regalías.
6. Impartir directrices encaminadas al desarrollo e implementación de acciones preventivas para la óptima
ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías.
(…)
13. Administrar, de conformidad con las normas vigentes, los bienes y recursos destinados para el
funcionamiento del Sistema General de Regalías.”

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11 y 213 de la Carta; el artículo 6 del Decreto 1893 de 2021, y el artículo 4 del
Decreto Legislativo 0131 de 2025; y se justifica su expedición i) en el estado de
conmoción interior ordenado mediante el Decreto 0062 de 2025, y que evidenció la
necesidad de proveer recursos a las entidades del Estado que deben actuar
respecto de los hechos que dieron lugar a dicho estado de excepción; ii) en que
para estos últimos efectos, era menester la ejecución de recursos del sistema
general de participaciones y del sistema general de regalías asignados para esa
vigencia fiscal al departamento de Santander y a los municipios enlistados en el
decreto legislativo, de manera que correspondía adoptar medidas que facilitaran el
uso de esos recursos.

33. Respecto al objeto y causa se puntualizó que se requiere establecer los
términos y condiciones para la gestión de los proyectos de inversión que fueran
presentados por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención,
Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, EI Tarra, Tibú y Sardinata, los territorios
indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, Cúcuta, Villa del
Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander, Río de Oro,
González, el departamento del Cesar y el Gobierno nacional, con cargo a los
recursos de la Asignación para la Paz distribuidos a la subregión del Catatumbo y
de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones
Centro Oriente y Caribe, que tuvieran por objeto superar las causas y/o mitigar los
efectos del estado conmoción interior declarado en el Decreto 0062 de 2025.

34. Lo propio ocurre respecto a la Circular 0010-4 de 10 de marzo de 2025, que
trae los fundamentos normativos, en este caso cita el Decreto Legislativo 0062 de
2025, el Decreto Legislativo 131 de 2005 y la Resolución 590 de 2025, analizada en
párrafos anteriores. En ese marco, se precisa que el objeto de dicha circular fue
emitir orientaciones transitorias para el trámite de la gestión de los proyectos de
inversión con cargo a los recursos de las asignaciones del SGR de la Asignación
para la Paz y Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las regiones del
40%, que fueran presentados por las entidades territoriales a las que se refiere el
artículo 1 del Decreto Legislativo 0131 de 2025.

35. Cabe destacar que tanto la Resolución 0590 como la Circular 0010-4 ambas de
2025, son actos de contenido general, abstracto e impersonal y fueron expedidos
por autoridades del orden nacional, a saber, el Departamento Nacional de
Planeación, y la Subdirección General del Sistema General de Regalías -DNP,
respectivamente.

36. De igual forma, también superan los demás elementos formales de todo acto
administrativo, en tanto contienen encabezado, fecha, número, resumen de las
materias reguladas, parte resolutiva y la firma de quien los expide.

2.3.2 De los aspectos materiales

37. Previo a abordar tales aspectos materiales, como son i) la conexidad de los
actos objeto de control, con el estado de conmoción interior y con los decretos
legislativos que lo desarrollan; ii) la proporcionalidad, necesidad y finalidad de las

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medidas adoptadas en los actos cuyo control se adelanta; estima la Sala necesario
destacar que el Decreto Legislativo 131 de 2025, que tales disposiciones
pretendieron desarrollar, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-207 del 29 de mayo de 2025, lo cual se sustentó en lo
siguiente:

Mediante la Sentencia C-148 de 2025, la Corte Constitucional declaró la
exequibilidad parcial del Decreto Legislativo 62 de 2025, «[p]or el cual se
decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los
municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y
González del departamento del Cesar». Para tales fines, consideró que la
declaratoria del estado de conmoción interior era constitucional, pero solo
respecto de los hechos y medidas relacionadas con: (i) la intensificación de los
enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados organizados, así como
los ataques y hostilidades dirigidos de forma indiscriminada contra la población
civil y los firmantes del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP; y (ii) la crisis
humanitaria derivada de desplazamientos forzados –internos y
transfronterizos– y confinamientos masivos que han desbordado la capacidad
institucional del Estado para atenderla. Por lo tanto, limitó los efectos de la
exequibilidad a las medidas estrictamente necesarias para: (i) el
fortalecimiento de la fuerza pública, (ii) la atención humanitaria, (iii) la garantía
de los derechos fundamentales de la población civil, entre esta, la población
firmante de paz, cuyas garantías de seguridad y protección son especiales y
diferenciadas; y (iv) la financiación orientada a esos propósitos específicos.
[…]
El Decreto Legislativo 0131 de 2025 tiene por objeto suspender la aplicación
de algunas de las normas legales que prevén los términos, trámites y
procedimientos previstos para definir los proyectos susceptibles de ser
financiados con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Esto,
con el fin de «agilizar» la gestión de los mismos20 y, en consecuencia, facilitar
el uso de los recursos de dicho sistema. […].

Para la Corte, en lo que respecta a los temas ambientales y de inversión
regional del 40%, el contenido de esta regulación no está amparado por
la exequibilidad parcial del Decreto 62 de 2025, declarada en la Sentencia
C-148 de 2025. Esto es así, por cuanto, tal como se indicó, en dicho fallo la
Corte precisó que los hechos invocados por el Gobierno nacional para declarar
el estado de conmoción interior relacionados con (i) las necesidades básicas
insatisfechas de la población del Catatumbo por insuficiencia de las políticas
públicas y (ii) las afectaciones ambientales generadas por el conflicto armado,
especialmente por atentados contra la infraestructura energética y vial y el
sector de hidrocarburos, entre otros, corresponden a problemas estructurales
que no mostraron un agravamiento extraordinario o inusitado en las primeras
semanas de 2025, razón por la cual no superaron el juicio valorativo y fueron
declarados inexequibles. Por tanto, las medidas extraordinarias
contenidas en el Decreto 0131 de 2025 que versan sobre proyectos de
inversión para temas ambientales y de conservación, por un lado, y para
desarrollo regional21, por el otro, no tienen conexidad con aquellas

20 Expediente Digital RE-371. Archivo: «RE0000371-Presentación Demanda-(2025-02-07 08-46-55).pdf»., pp.

7 y 8.
21 El artículo 44 de la Ley 2056 de 2020 prevé lo siguiente: «la Asignación para la Inversión Regional tendrá

como objeto mejorar el desarrollo social, económico, institucional y ambiental de las entidades territoriales,
mediante la financiación de proyectos de inversión de alto impacto regional de los departamentos, municipios y
distritos». Esto, advierte la Corte, no tiene relación con las materias declaradas exequibles por la Corte

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medidas declaradas exequibles mediante la Sentencia C-148 de 2025 y,
por tanto, respecto de las mismas se presenta el fenómeno de
inconstitucionalidad por consecuencia.

Por el contrario, las medidas relacionadas con proyectos de inversión
para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en los municipios
PDET, es decir, aquellos proyectos que pueden ser financiados por la
Asignación para la Paz, sí guardan conexidad con las medidas
declaradas exequibles mediante la Sentencia C-148 de 2025. Esto se debe
a que tales medidas se relacionan con la superación de la crisis humanitaria
en la región, especialmente, con la construcción de espacios propicios para el
retorno de las comunidades desplazadas y el fomento de soluciones duraderas
para todas las víctimas del conflicto. Por tanto, respecto de estas medidas no
operó la inconstitucionalidad por consecuencia.

[…] La Sala Plena advierte que el decreto legislativo sub examine no
satisface todos los requisitos formales previstos en la Constitución y la
LEEE para su expedición. Al respecto, la Sala constata lo siguiente: […] (iv)
el decreto legislativo no fue firmado por todos los ministros del despacho. En
concreto, la Sala Plena destaca que dos de las personas que firmaron el
decreto carecían de la competencia constitucional y legal para estos efectos,
por cuanto no se encontraban en ejercicio del empleo de ministro del
despacho. (Resaltos de la Sala)
[…]

38. En este orden de ideas, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad
por consecuencia del Decreto Legislativo 131 de 2025, respecto de las medidas
concernientes a temas ambientales y de inversión regional del 40%, ya que no
guardaban relación directa con los hechos y las medidas declaradas exequibles por
la Corte Constitucional en la sentencia C-148 de 2025 respecto del Decreto 62 de
2025, que declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo.

39. Asimismo, se declaró la inconstitucionalidad de la mencionada disposición en
cuanto a sus demás medidas relacionadas con la Asignación para la Paz, toda vez
que no fue firmada por todos los ministros del despacho.

40. Ahora bien, el Consejo de Estado ha sostenido que cuando las sentencias de
inexequibilidad se profieren con efectos retroactivos debe declararse la nulidad por
consecuencia de las normas que desarrollaron las disposiciones inconstitucionales.
En contraste, si la inexequibilidad se declaró con efectos a futuro, puede efectuarse
el estudio de fondo por los efectos que pudieron producir las normas durante su
vigencia22.

41. En atención a lo anterior, corresponde realizar el análisis de fondo en los
términos antes reseñados, pues, mediante la Sentencia C-207 de 2025, la Corte
Constitucional declaró la inexequibilidad con efectos a futuro del Decreto Legislativo
131 de 2025, que fue desarrollado por la resolución y la circular objeto de control;
fijando como regla de decisión el amparo de las situaciones consolidadas, con

Constitucional en la Sentencia C-148 de 2025. En cambio, si se relaciona con la satisfacción de las necesidades
básicas insatisfechas de la población del Catatumbo por insuficiencia de las políticas públicas.
22 Al respecto, ver la sentencia del 27 de noviembre de 2023, radicado 11001-03-15-000-2023-04871-00.

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sustento en los siguientes argumentos:

Ahora bien, las pruebas recaudadas no permiten concluir, con total grado de
certeza, que las medidas adoptadas por medio del Decreto 0131 de 2025 no
fueron implementadas. Esto es así, porque, de 21 entidades territoriales a las
que se preguntó si habían presentado proyectos de inversión en el marco del
decreto, sólo 11 respondieron23; y, de estas, únicamente cuatro24 señalaron
haber presentado uno o más proyectos de inversión a financiarse con cargo a
las asignaciones definidas en la norma25. Además, la Sala advierte que
algunos de los proyectos referenciados por las entidades territoriales que
respondieron al requerimiento probatorio, se encontraban en etapas de
viabilidad o subsanación dentro del ciclo de proyectos flexibilizado por la
norma26. Tales situaciones son relevantes porque es posible que, en la
actualidad, existan terceros que de buena fe se encuentren ejecutando
proyectos de inversión con cargo a los recursos de la Asignación para la
Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones, de la Asignación para
la Paz y de la Asignación Ambiental del SGR.

Con todo, la Sala Plena considera que no es necesario modular los efectos de
la decisión de inexequibilidad del citado decreto, pues la decisión de
inexequibilidad simple, cuyos efectos se proyectan hacia el futuro, no afectaría
los derechos de las personas beneficiarias de los proyectos de inversión que
se hubiesen presentado con cargo a los recursos de las asignaciones de que
trata el decreto sometido a control de constitucionalidad y que, además, se
hubiesen seleccionado y, en consecuencia, se encuentren en etapa de
ejecución contractual. Esto, en la medida en la que se trataría de situaciones
consolidadas.

42. Precisado lo anterior, como se anunció, se pasan a revisar los aspectos
materiales del control inmediato de legalidad, considerando los efectos que pudieron
producir las normas durante su vigencia, esto es, desde que se expidió el Decreto
Legislativo 131 de 2025 hasta la fecha en que la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad del mismo.

23 Los Municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa de Belén, Norte de

Santander, Sardinata, San Cayetano, González y el Departamento del César. Cfr. Expediente digital. Archivos:
RE0000371-Pruebas del Expediente (Recepción y Paso al Despacho)-(2025-02-18 04-41-34).pdf; RE0000371-
Pruebas del Expediente (Recepción y Paso al Despacho)-(2025-02-20 20-24-43).pdf; RE0000371-Pruebas del
Expediente (Recepción y Paso al Despacho)-(2025-02-18 16-10-07), pdf; RE0000371-Pruebas del Expediente
(Recepción y Paso al Despacho)-(2025-02-18 10-55-35), pdf; RE0000371-Pruebas del Expediente (Recepción
y Paso al Despacho)-(2025-02-18 04-43-51), pdf; RE0000371-Pruebas del Expediente (Recepción y Paso al
Despacho)-(2025-02-18 03-26-13), pdf; RE0000371-Pruebas del Expediente (Recepción y Paso al Despacho)-
(2025-02-18 04-47-22), pdf; RE0000371-Pruebas del Expediente (Recepción y Paso al Despacho)-(2025-02-18
09-37-39), pdf; RE0000371-Pruebas del Expediente (Recepción y Paso al Despacho)-(2025-02-18 15-04-14),
pdf; y RE0000371-Pruebas del Expediente (Recepción y Paso al Despacho)-(2025-02-20 20-24-43).pdf.
24 Los municipios de Hacarí, El Carmen, Sardinata, San Cayetano, todos del departamento de Norte de

Santander.
25 Al respecto, también considero relevante tener en cuenta esta nota de prensa en la que se alude a un número

no despreciable de 689 proyectos de inversión presentados ante el OCAD Paz durante su última convocatoria,
cuyos plazos se traslaparon las disposiciones de la norma objeto de control. Específicamente la región del
Catatumbo reporta 18 proyectos por valor de $403.418.038.879,26:
https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/postulacion-historica-proyectos-1a-convocatoria-ocad-paz-
2025-2026.aspx. Consultada el 26 de mayo de 2025.
26 Respuesta del municipio de Hacarí, Norte de Santander.

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2.3.2.1 De la conexidad de los actos objeto de control, con el estado de
conmoción interior declarado, y con los decretos legislativos que lo
desarrollan.

43. Pues bien, corresponde a la Sala determinar si existe una correlación entre la
Resolución 0590 de 25 de febrero de 2025, la Circular 010 de 2025 y los motivos
que dieron paso a la declaratoria del estado de conmoción interior mediante el
Decreto Legislativo 062 de 24 de enero de 2025, al igual que con los decretos
legislativos proferidos para conjurar la crisis, que para el caso que convoca sería el
Decreto 0131 de 2025.

44. Véase entonces que el presidente de la República expidió el mentado Decreto
Legislativo 062 de 2025, por el cual se decreta el estado de conmoción interior en
la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los
municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, con la finalidad
de conjurar la situación de crisis, para lo cual se precisó:

“Que los hechos descritos prueban de manera objetiva que se presenta una
perturbación extraordinaria del orden público en la región del Catatumbo,
derivada de enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados
masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la población
civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al ambiente.
(…)
Que, en atención a la gravedad de la situación excepcional que se vive en la
región del Catatumbo, caracterizada por el aumento de la violencia, la crisis
humanitaria, el impacto en la población civil, las amenazas a la infraestructura
crítica y el desbordamiento de las capacidades institucionales, se hace
imprescindible la adopción de medidas extraordinarias que permitan conjurar la
perturbación, restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la
convivencia ciudadana, así como garantizar el respeto de los derechos
fundamentales.

45. Seguidamente se señaló que las circunstancias que daban lugar a la conmoción
interior creaban una demanda de recursos no previstos en el Presupuesto General
de la Nación (en adelante PGN), con la finalidad de superar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos. A continuación, se precisó que existía limitación en el
presupuesto de la vigencia del año 2025, lo que dificultaba el redireccionamiento
urgente de los recursos del PGN; tal circunstancia exigía que el Gobierno nacional
tomara medidas presupuestales y fiscales que permitieran atender las necesidades
referidas, y facultaran a las entidades territoriales para que en el marco de su
autonomía pudieran hacer lo pertinente; destacando más adelante que, pese al
estado de anormalidad, se debían respetar las normas constitucionales que en
materia tributaria protegen las competencias y recursos de las entidades
territoriales27.

46. En esa línea de consideraciones, se expuso que era necesario proveer de
recursos a las entidades públicas que debían actuar en virtud de los actos que
daban lugar a conmoción interior, para lo cual debían adoptarse medidas que

27 Para el efecto citó los artículos 294, 317 y 362 de la Carta.

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facilitaran la consecución de recursos adicionales, entre estas, medidas tributarias
y presupuestales; se destaca:

Que, con el propósito de atender la situación descrita, se advierte que la
ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema
General de Regalías asignados para la presente vigencia fiscal al departamento
de Norte de Santander, los municipios de Río de Oro y González del
departamento del Cesar, los que componen la región del Catatumbo y el área
metropolitana de Cúcuta, está limitada por los requisitos, condiciones y
procedimientos legales aplicables, por ejemplo, trámites de convocatoria,
aprobación y distribución que impiden su uso inmediato.

Que, por lo tanto, es necesario adoptar medidas que faciliten el uso de los
recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de
Regalías en el marco de los derroteros constitucionales vigentes.

Que, dada la excepcionalidad de la situación, el Gobierno nacional deberá recurrir
a recursos fiscales extraordinarios ya modificaciones del PGN, con el objeto de
financiar, por una parte, las acciones y capacidades de la Fuerza Pública
para el restablecimiento del orden público y, por otra, los proyectos y
programas de inversión social, priorizando los concertados con las
autoridades regionales, locales y étnicas, lo mismo que con las
organizaciones sociales en los sectores productivo, de infraestructura,
educación, salud y ordenamiento del territorio, en aras de avanzar en la
transformación territorial y la construcción de paz en la región del
Catatumbo.

Que, debido a la magnitud del desafío derivado del restablecimiento del orden
público en la región del Catatumbo, el Gobierno nacional requiere solicitar la
cooperación de organismos internacionales y gobiernos aliados, para el
financiamiento de programas humanitarios y de estabilización, lo cual implica
llevar a cabo los ajustes presupuestales correspondientes.

Que, así mismo, es necesario adoptar medidas extraordinarias en materia
contractual con el· objeto de agilizar la ejecución de los recursos
requeridos para garantizar la estabilidad institucional, la seguridad del
Estado y la convivencia ciudadana en la región del Catatumbo y en el área
metropolitana de Cúcuta.

Que, para garantizar que las contrataciones se realicen de acuerdo con los más
altos estándares de transparencia y eficiencia, el Gobierno nacional deberá
implementar mecanismos de control especiales que aseguren la correcta
ejecución de los contratos y el uso adecuado de los recursos asignados.

Que, en atención a la gravedad de la crisis que afecta a la región del Catatumbo
y el área metropolitana de Cúcuta, y tras constatarse la insuficiencia de los
medios ordinarios con los que cuentan las autoridades para conjurar la grave
perturbación del orden público, se hace necesario acudir al estado de conmoción
interior.

47. En desarrollo de dicho decreto que declaró el estado de conmoción interior, se
expidió el Decreto Legislativo 131 de 5 de febrero 2025, por el cual se
establecieron medidas relacionadas con los proyectos de inversión susceptibles de
ser financiados con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40%

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en cabeza de las regiones, de la Asignación para la Paz y de la Asignación
Ambiental del Sistema General de Regalías, en el marco del estado de excepción
en comento en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de
Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar.

48. En dicha disposición se destacó que i) el estado de excepción decretado tuvo
como finalidad conjurar la grave perturbación del orden público que de manera
extraordinaria y excepcional se estaba dando en la región del Catatumbo, derivada
de fuertes enfrentamientos entre grupos armados, amenazas, desplazamientos
forzados masivos, alteración de la seguridad, afectación al ejercicio de los derechos
fundamentales de la población civil, y daños al ambiente y bienes protegidos; y ii)
que, ante el aumento de la violencia, la crisis humanitaria, el impacto en la población
civil, así como las amenazas a la infraestructura crítica y el desbordamiento de las
capacidades institucionales, el Gobierno nacional tuvo que adoptar medidas
extraordinarias para atender la crisis.

49. Se explicó que dentro de los motivos generales para determinar las medidas a
establecerse estaban, entre otras:

“Que, debido a las difíciles condiciones administrativas, técnicas y
presupuestales que presentan las entidades territoriales que conforman la región
del Catatumbo ubicada en el departamento de Norte de Santander, el área
metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del
departamento del Cesar, es necesario que el Gobierno nacional provea a la
población afectada de la infraestructura y la capacidad administrativa y de
gestión necesarias para afrontar la emergencia.

Que es necesario proveer recursos a las entidades del Estado que deben
intervenir respecto de los actos que han dado lugar a la conmoción interior para
impedir que se extiendan sus efectos, adoptando medidas que permitan la
consecución de recursos adicionales.

Que el artículo 361 de la Constitución Política dispone que, los ingresos
corrientes del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de
proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, y
ambiental de las entidades territoriales.
(…)
Que la asignación de los recursos del Sistema General de Regalías
determinados en el presupuesto del bienio 2025-2026 para la financiación de los
proyectos de inversión que llegaren a presentar el departamento de Norte de
Santander, los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar,
las entidades que componen la región del Catatumbo y el área metropolitana de
Cúcuta, está sometida al cumplimiento de los requisitos, condiciones y
procedimientos legales aplicables a cada una de las etapas que componen el
ciclo de los proyectos de inversión.

Que dentro de los requisitos, condiciones y procedimientos para la financiación
de proyectos de inversión con los recursos del Sistema General de Regalías, se
encuentran, la distribución de los recursos mediante instrumentos como los
planes de convocatorias, la presentación de los proyectos a través de
convocatorias públicas, la emisión de conceptos técnicos para la viabilización y
aprobación de los proyectos, entre otros, lo cual implica que las entidades

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territoriales no puedan presentar y gestionar los proyectos de inversión con
cargo a los recursos del Sistema para que, una vez aprobados, logren la
ejecución de los recursos asignados a los proyectos con la inmediatez necesaria
para atender la actual situación de crisis.

Que, por lo tanto, es necesario adoptar medidas extraordinarias tendientes a
suspender la aplicación de normas legales incompatibles con la declaratoria del
estado de excepción con el propósito de racionalizar los términos, los trámites y
los procedimientos establecidos en cada una de las etapas para que las
entidades e instancias competentes decidan sobre la viabilización, priorización
y aprobación de los proyectos de inversión, que sean presentados por las
entidades territoriales de la región del Catatumbo o el Gobierno nacional, y que
directa y específicamente tengan por objeto conjurar las causas de la
perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos. Esto, con
la imperiosa necesidad de agilizar la gestión de los proyectos susceptibles de
ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías en el marco
de los derroteros constitucionales vigentes.
(…)
Que el diseño normativo ordinario impide la adopción de medidas urgentes e
inmediatas para garantizar la continuidad y restablecimiento de estos servicios
en las zonas más afectadas, por lo que, en consecuencia, es indispensable
suspender temporalmente la aplicación de normas legamente incompatibles,
con la declaratoria del estado de excepción con el fin de agilizar la reasignación
de recursos y permitir, por esta vía, la intervención directa del Estado en sectores
estratégicos.
(…)
Que, en aras de hacer efectiva la medida de reducción en los tiempos de los
trámites que se desarrollan para la gestión de los proyectos de inversión, es
necesario que el DNP de manera extraordinaria defina los términos y
condiciones, teniendo en cuenta que, en su condición de secretaria técnica de
los OCAD Regionales y el OCAD Paz, tiene a cargo la priorización en el caso de
la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las regiones, adelantar la
verificación de requisitos, solicitar el concepto único sectorial a los Ministerios o
Departamentos Administrativos y expedir la certificación de concordancia a la
ART. Además, es la entidad articuladora con las entidades del orden nacional y
territorial y está a cargo del Banco de Proyectos de Inversión del SGR como
herramienta para la gestión de los mencionados trámites.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el responsable de
distribuir los recursos de la Asignación Ambiental a través del plan de
convocatorias en el cual se determinan los montos de financiables de las
convocatorias. Asimismo, es el encargado junto con el DNP de estructurar las
convocatorias para la presentación de los proyectos de inversión susceptibles de
ser financiados con recursos de dicha asignación y de elaborar los términos de
referencia. Dicha cartera operativiza todas las actividades de las convocatorias,
dentro de las que se encuentra la evaluación técnica de los proyectos
presentados, la elaboración y publicación del listado de elegibles, y la decisión
sobre la viabilización, priorización y aprobación de los proyectos de inversión que
se encuentren en el listado de elegibles de cada convocatoria.

Que, por lo tanto, en el marco de la declaratoria del estado de excepción, es
necesario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social de manera
extraordinaria defina los plazos, los términos y las condiciones para la distribución
de los recursos de la Asignación Ambiental con los que contarán las entidades
para la presentación de los proyectos de inversión por parte de las entidades de

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la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los
municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar que será de
manera directa y que no requerirá para tal fin de convocatoria.

50. En ese sentido, el Decreto Legislativo 0131 de 2025, a manera de síntesis,
buscó modificar temporalmente disposiciones que regulan los términos y
procedimientos para definir los proyectos susceptibles de ser financiados con
recursos del Sistema General de Participaciones28, a fin de agilizar la reasignación
de recursos para enfrentar la crisis que conllevó a la declaratoria de la conmoción
interior. A su vez, en el numeral cuarto de la parte resolutiva dispuso que el
Departamento Nacional de Planeación, y por otro lado el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, debían establecer los términos y condiciones para los
tramites y procedimientos para la presentación de los proyectos a que se hacía
referencia en dicho decreto; se destaca:

ARTÍCULO 4. Términos y condiciones. El Departamento Nacional de
Planeación, durante la vigencia de la conmoción interior declarada por el
Gobierno nacional, establecerá los términos y condiciones para los trámites y
procedimientos que se realizan en cumplimiento de las etapas del ciclo de los
proyectos de inversión que se presenten con cargo a los recursos de la
Asignación para la Paz y de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en
cabeza de las regiones, por las entidades territoriales que conforman la región
del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta, los municipios
de Río de Oro y González del departamento del Cesar, así como los Pueblos y
Comunidades Indígenas y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras que se encuentren asentadas en aquellas entidades territoriales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante la vigencia de la
conmoción interior declarada por el Gobierno nacional, establecerá los términos
y condiciones para la presentación de los proyectos de inversión a los que se
refiere el artículo 2 del presente decreto.

51. En desarrollo de los anteriores decretos legislativos, el Departamento Nacional
de Planeación expidió la Resolución 0590 de 25 de febrero de 2025, cuyo objeto
fue establecer los términos y condiciones para la gestión de proyectos de inversión
que fueran presentados por los municipios, resguardos indígenas y demás entes
territoriales reseñados en el Decreto Legislativo 062 de 2025, con cargo a los
recursos para la Asignación para la Paz distribuidos a Subregión del Catatumbo y
de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones
Centro Oriente y Caribe, que tuvieran por objeto superar la causas y/o mitigar los
efectos del estado de conmoción declarado.

52. En esa línea de consideraciones, se dispusieron i) términos para las
actuaciones a cargo de la secretaría técnica del OCAD PAZ (artículo 2); ii) el trámite
para la solicitud de la constancia de alineación PDET- Catatumbo (artículo 3); iii) los
términos para las actuaciones a cargo de la secretaría técnica de los OCAD
Regionales (artículo 4); iv) el término para el cargue del concepto técnico único
sectorial (artículo 5); v) la aplicación de la metodología de priorización y cálculo del

28 Entre estos, recursos de la Asignación Ambiental al que se refiere decreto, la Asignación para la Inversión

Regional del 40% en cabeza de las regiones y la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías.

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puntaje para los proyectos de inversión susceptibles de financiación con cargo a la
Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones (artículo
6); vi) el límite para el uso de los recursos (artículo 7); vii) la aplicación de las normas
del Sistema General de Regalía frente a los aspectos que no estuvieran
expresamente regulados en dicha resolución (artículo 8).

53. En las consideraciones se evidenció que en los diferentes instrumentos
normativos del SGR se disponen los términos y trámites para la realización de las
gestiones administrativas a cargo del DNP y de los demás actores en las distintas
etapas del ciclo de proyectos de inversión, entre los que se encuentran, ministerios
o departamentos administrativos líderes del sector29, así como la Agencia de
Renovación del Territorio (ART)30. Se explicó que para la definición de proyectos de
inversión susceptibles de ser financiados con los recursos de Asignación para la
Paz el tiempo ordinario es de 10 meses; mientras que para proyectos con cargo a
la Asignación para la Inversión Regional del 40%, se requiere de un tiempo ordinario
de 34 días.

54. Por su parte, el subdirector general del Sistema General de Regalías -
Departamento Nacional de Planeación expidió la Circular 0010-4 de 10 de marzo
de 2025, con el fin de impartir orientaciones transitorias para la gestión de los
proyectos que se pretendieran financiar con recursos de la Asignación para la
Inversión Regional 40% en cabeza de las regiones y la Asignación para la Paz, en
el marco del Decreto 0062 de 20251, Decreto Legislativo 131 de 20252 y la
Resolución 590 de 20253.

55. Dichas orientaciones se enfocaron en i) la formulación del proyecto de inversión;
ii) marcación en SUIFP SGR31; iii) Constancia de Alineación PDET - CATATUMBO
• Asignación Paz; iv) suspensión de la Circular 0046 -4 del 10 de julio de 202432; v)
la justificación del proyecto en el marco de la conmoción interior, precisando que
para tal efecto se debían considerar por lo menos los principios de finalidad,
conexidad, temporalidad, necesidad y proporcionalidad; vi) Reducción de tiempos
con ocasión del estado de conmoción interior; y vii) asistencia técnica.

56. Existiendo claridad sobre lo anterior, y con miras a determinar la conexidad de
los actos objeto de control con el estado de conmoción interior declarado, y con los
decretos legislativos que lo desarrollaron; encuentra la Sala que el decreto
legislativo mediante el cual se declaró dicho estado de excepción -062 de 2025-, se
sustentó en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para contrarrestar la
crisis de orden público que se estaba presentando en la región del Catatumbo, ello
en razón al incremento de ataques y hostilidad por parte del ELN contra la población
civil y especialmente contra los firmantes del acuerdo final de paz en dicha región,
y que aunque se firmó un cese al fuego, este expiró en agosto del año 2024
reanudándose las operaciones militares y los operativos contra el mentado grupo

29 A los que les corresponde emitir conceptos técnicos únicos sectoriales y conceptos de viabilidad integrada,

según se indica en la Resolución 0590 de 2025.
30 Esta última para efectos de la Asignación para la Paz.
31 Banco de Programas y Proyectos del SGR.
32 Expedida por el Subdirector General del Sistema General de Regalías del DNP, en lo relativo a la realización

de visitas de competencia del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, como insumo para el
trámite de ajustes a proyectos de inversión que soliciten las entidades ejecutoras de estos.

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armado ilegal.

57. Así mismo, se destacó que, desde el 16 de enero de 2025, se presentaba una
grave perturbación del orden público en la zona en mención, lo que generó una
“grave e imprevisible crisis humanitaria que compromete, entre otras, las
poblaciones especialmente vulnerables como el pueblo indígena Barí, líderes
sociales, niños, niñas y adolescentes, campesinos y campesinas.”

58. Que la situación descrita había conllevado también a un flujo migratorio hacia
territorio venezolano, al igual que al desplazamiento de personas hacia la ciudad de
Cúcuta, y los municipios de Río de Oro y González en el departamento de Cesar, y
que, en todo caso, los esfuerzos institucionales han resultado insuficientes para
atender la magnitud de la problemática por lo que se requerían medidas
extraordinarias, entre estas, de carácter presupuestal ante la falta de recursos para
garantizar condiciones de vida digna a las comunidades afectades y robustecer la
capacidad de respuesta de la fuerza pública.

59. En ese orden, el desarrollo de dichas medidas debía girar en torno al
fortalecimiento de la Fuerza Pública para contrarrestar la crisis de orden público
ante las acciones de grupos al margen de la ley en las zonas determinadas, así
como a la atención humanitaria de la población afectada por la fuerte violencia
impartida por aquellos, que conllevó para algunos al confinamiento y para otros al
desplazamiento; y la financiación de medidas para atender los anteriores asuntos;
siendo estos aspectos los que guardaban relación directa con los motivos que
originaron la conmoción interior declarada. De tal manera que, la adopción de
medidas que se apartaran del eje en cita -afectación del orden público en los
términos mencionados-, no desarrollaban el Decreto Legislativo 062 de 2025, y por
ende no estaban destinados a conjurar la crisis.

60. Analizado entonces el alcance del contenido de la Resolución 0590 de 2025 se
estima que, guarda conexidad parcial con las razones que dieron lugar al estado de
excepción al que se viene haciendo referencia. Ello, en la medida en que dispuso la
reducción de términos y procedimientos para la gestión del ciclo de los proyectos
de inversión del Sistema General de Regalías, con cargo a los recursos de la
Asignación para la Paz distribuidos a la Subregión del Catatumbo.

61. Para el efecto se dispusieron términos ágiles, pero teniendo en cuenta principios
de eficacia y transparencia, y siempre dentro del marco del estado de conmoción
interior para tramitar proyectos de inversión en las entidades que conforman la
región del Catatumbo.

62. Empero, esas mismas medidas con cargo a los recursos de la Asignación para
la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones Centro Oriente y Caribe, y
a la Asignación Ambiental no guardan conexidad con el estado de conmoción
interior declarado mediante el Decreto Legislativo 062 de 2025, en consonancia con
lo ya expuesto en el párrafo 58 de esta providencia.

63. En lo que corresponde a la Circular 0010-4 de 2025, se presenta la misma
situación de conexidad parcial, en tanto, se dictaron orientaciones transitorias para
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la gestión de proyectos que fueran a financiarse con recursos de la Asignación para
la Paz, aspecto que si guarda conexidad con la medidas necesarias para conjurar
la situación de crisis que dio paso a la declaratoria de excepción; no obstante, las
orientaciones impartidas frente a la Asignación para la Inversión Regional del 40%
en cabeza de las regiones excede el alcance del plurinombrado estado de
excepción.

64. A lo anterior se suma que, tanto la resolución como la circular señalada, tienen
conexidad con el Decreto Legislativo 0131 de 202533, que se expidió en desarrollo
del acto que declaró el estado de excepción, en tanto se centró en medidas
relacionadas con proyectos de inversión con cargo a recursos de la Asignación para
la Paz; con la salvedad frente a la asignación ambiental y para la inversión regional
del 40%, que se itera, no guarda relación con las causas del estado de conmoción
interior. Valga reiterar que, la Corte Constitucional en sentencia C-207 de 2025,
declaró la inexequibilidad del citado decreto 0131 de 2025.

65. Respecto a los recursos de Asignación para la Paz resulta relevante señalar
que la Ley 2056 de 2026 en el artículo 22 dispone sobre los conceptos de
distribución, precisando que los recursos del SGR se administraran a través de un
sistema de manejo de cuentas, que estará conformado por asignaciones,
beneficiarios y conceptos de gasto; en el parágrafo transitorio, señala que durante
los años siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 04 de 201734, el 7%
de los ingresos del SGR se destinará a una asignación para la paz, cuyo objeto será
el de financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, lo
cual incluye financiación de proyectos dirigidos a la reparación de víctimas; y que
igual destinación tendrá el 70% de los ingresos que por rendimientos financieros
genere el SGR en estos años, con excepción de los generados por las asignaciones
directas de que trata el numeral primero del presente artículo.

66. Cabe destacar que los proyectos de inversión cuya financiación se pretende con
la Asignación para la Paz, deberán ser presentados ante el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión - OCAD PAZ, cuyo funcionamiento fue determinado por
el Decreto Ley 1534 de 201735. Dicha asignación guarda relación con la situación
que dio origen al estado de conmoción interior, pues, se rememora que se sustentó
en la grave violencia contra la población civil, especialmente contra los firmantes del
acuerdo final de paz en dicha región.

67. En razón de lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que los actos objeto de
control, solo superan el análisis material de conexidad, en lo que se refiere a las

33 Por el cual se establecen medidas relacionadas con los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados

con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones, de la Asignación
para la Paz y de la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías, en el marco del estado de conmoción
interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de
Oro y González del departamento del Cesar.
34 Por el cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política.
35 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD PAZ

y la Asignación para la Paz a los que se refiere el Acto Legislativo No. 04 del 8 de septiembre de 2017. Este
decreto desarrolla entre otros, los criterios de priorización para los proyectos que tengan por objeto la
implementación del Acuerdo Final; y la presentación de proyectos de inversión ante el OCAD PAZ.

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medidas con cargo a los recursos de la Asignación para la Paz.

2.3.2.2 De la proporcionalidad, necesidad y finalidad de las medidas
adoptadas en el acto objeto de control.

68. Decantado que los actos objeto de control de legalidad solo guardan conexidad
respecto a las medidas y orientaciones frente a los recursos de la Asignación para
la Paz, la Sala centrará el análisis de proporcionalidad, necesidad y finalidad de las
medidas adoptadas sobre dicho aspecto.

69. De ese modo, estima esta Corporación que la finalidad de las medidas
adoptadas a través de la Resolución 0590 de 2025 y la Circular 0010-4 de esa
misma anualidad, resultan acordes y necesarias de cara al acto administrativo que
declaró la conmoción interior, así como con el Decreto Legislativo 0131 de 2025, y
que no son otras que adecuar o agilizar los términos y procedimientos para la
gestión del ciclo de proyectos de inversión del Sistema General de Regalías, a fin
de que se pudiera contar con recursos para atender la crisis y/o mitigar sus efectos,
límite este último que se evidencia con claridad en los actos objeto de control.

70. La medida tampoco resulta desproporcionada, por el contrario, precisamente
ante la gravedad de los hechos de violencia que conllevaron a la declaratoria del
estado de excepción, se propugnó por agilizar la tramitación de recursos para
conjurar la crisis, manteniendo un trámite de control para el control de los proyectos
a ejecutarse con recursos de la Asignación para la Paz, y siempre limitando el uso
de dichos recursos a la vigencia del estado de conmoción interior como así se
estableció puntualmente en el artículo 7 de la Resolución 0590 de 2025, y lo cual
fue tenido en cuenta al desarrollar las orientaciones transitorias en la Circular 0010-
4 de la misma anualidad.

71. Del mismo modo se advierte que las medidas eran necesarias, pues, en el ciclo
de proyectos de inversión con cargo a la Asignación de Paz, convergen para efectos
de la tramitación y aprobación distintos actores, como son Ministerios o
Departamentos Administrativos líderes del sector, al igual que la Agencia de
Renovación del Territorio, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz -
OCAD Paz-36, lo que conlleva a términos un poco más extensos para que se lleven
a cabo las distintas intervenciones, situación que afectaba la consecución de
recursos de cara a la perturbación del orden público que se presentó y que exigía
la toma de medidas extraordinarias; en todo caso, se dispuso con claridad que los
asuntos que no estuvieran regulados en los actos objeto de control debían atender
a las normas que regulan el SGR.

72. A lo anterior se suma que, no se advierte arbitrariedad alguna en el contenido
de los actos referenciados, concretamente no se observa un desconocimiento de
derechos fundamentales o discriminación alguna frente a las medidas
administrativas de ajuste de términos, y por el contrario lo que se hizo fue adecuar
disposiciones en materia de tramitación de recursos para los proyectos que se
formularan a fin de atender los efectos de la situación que originó la declaratoria de

36 Como se afirma en los considerandos de la Resolución 0590 de 2025, y se desarrolla la parte resolutiva.

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conmoción interior. Cabe destacar que incluso, en la Circular 0010-4 se exige
justificar la formulación del proyecto en línea con el estado de excepción atendiendo
a los principios de finalidad, conexidad, proporcionalidad.

73. De igual forma se constata que, los mencionados actos objetos de control
respetaron el limite temporal establecido en los decretos legislativos que
desarrollaron; nótese que la Resolución 0590 de 2025, en los artículos segundo,
tercero, cuarto, sexto, séptimo así como en los considerandos, de manera expresa
señala que los tramites para la gestión de proyectos de inversión a los que se viene
haciendo referencia con cargo a la Asignación para la Paz, se adelantaran en un
menor tiempo -como se dispone en los actos “durante la vigencia de la declaratoria
del Estado de Conmoción Interior”.

74. En lo que atañe a la Circular 0010-4 de 2025, se observa que la misma parte de
los limites establecidos en el decreto legislativo mediante el cual se declaró el
estado de excepción, y alguno de sus apartados refiere, por ejemplo, que para la
formulación del proyecto de inversión, las secretarías técnicas que participan en
dicho tramite deben atender a los tiempos definidos en la Resolución 0590 de 2025,
acto que como se expuso en párrafo anterior, delimitó la vigencia de lo allí regulado
solamente “durante la vigencia del Estado de Conmoción Interior”. Por el contrario,
respecto a los proyectos de inversión que no se orienten a las finalidades del dicho
estado de excepción declarado con el Decreto Legislativo 062 de 2025, se dispuso
que “deberán surtir el trámite ordinario establecido en la normativa vigencia del SGR
para la Asignación para la Paz y tramitarse a través de los mecanismos de
convocatoria pública, con el cumplimiento de las etapas y requisitos establecidos en
los términos de referencia de estas.”37

75. Así mismo, se deja sentado en la circular que, la Secretaría Técnica de OCAD
Paz, atenderá prioritariamente las solicitudes que se presenten en el marco de la
Resolución 0590 de 2025, pero limitando a la vigencia del estado de conmoción
interior.

76. En esa línea de consideraciones estima la Sala que las medidas que se
adoptaron con los actos objeto de control de legalidad en lo que concierne a la
Asignación de Paz, resultan congruentes con la gravedad de los hechos que
originaron la crisis.

77. Por lo antes expuesto, debe declararse la nulidad parcial de la Resolución 0590
del 25 de febrero de 2025, expedida por el Departamento de Nacional de
Planeación, respecto de las siguientes expresiones contenidas en la parte resolutiva
de dicho acto:

i) Nulidad de la expresión “y de la Asignación para la Inversión Regional del
40% en cabeza de las regiones Centro Oriente y Caribe”, contenida en el
artículo primero.
ii) Nulidad del artículo cuarto, que establece términos para las actuaciones
a cargo de la secretaría técnica de los OCAD Regionales.

37 Ver item “Principio de proporcionalidad” de la Circular 0010-4 de 2025.

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iii) Nulidad de la expresión “de los OCAD Regionales” contenida en el
artículo quinto.
iv) Nulidad del artículo sexto, que establece la aplicación de la metodología
de priorización y cálculo del puntaje, frente a proyectos susceptibles de
financiación con cargo a recursos de la Asignación para la Inversión
Regional del 40% en cabeza de las regiones.
v) Nulidad de la expresión “la Asignación Ambiental y la Asignación para
para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones” contenida
en el artículo séptimo.

78. En lo que concierne a la Circular 0010-4 del 10 de marzo de 2025, expedidas
por la Subdirección General del Sistema General de Regalías del DNP, en cuanto
a lo relacionado con los recursos de la Asignación para la Inversión Regional del
40% en cabeza de las regiones referidas en el decreto legislativo que declaró el
estado de conmoción interior, y de la Asignación Ambiental del Sistema General de
Regalías.

79. Finalmente, es menester destacar que la decisión que se profiere tiene los
efectos de cosa juzgada relativa en atención a lo dispuesto en el artículo 189 del
CPACA, esto es, únicamente en cuanto a los aspectos analizados y decididos en la
misma.38

3. Decisión

80. Bajo esta línea de intelección, se declarará la nulidad parcial de los actos objeto
de control, en cuanto a las disposiciones relacionadas con los recursos de la
Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones referidas
en el decreto legislativo que declaró el estado de conmoción interior, y de la
Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías, como se precisará en la
parte resolutiva.

81. En lo que corresponde a las disposiciones relacionadas con los recursos de la
Asignación para la Paz, se declarara la legalidad de los actos objeto de control, en
los términos señalados en el numeral 42 de esta providencia, esto es, durante el
tiempo que produjeron efectos39.

82. Se aclara que se salvaguardan las situaciones consolidadas, en aras de
armonizar esta providencia con la regla de decisión fijada en la aludida Sentencia
C-207 de 2025, a la cual se hizo alusión en el numeral 41 de esta providencia.

83. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

38 Al respecto ver entre otras la sentencia de 4 de junio de 2025, Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 18 Especial de Decisión, radicado 11001 03 15 000 2025 1249 00.
39 Desde que se expidió el Decreto Legislativo 131 de 2025 hasta la fecha en que la Corte Constitucional declaró

la inexequibilidad del mismo.

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FALLA

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 0590 del 25 de febrero de
2025, expedida por el Departamento de Nacional de Planeación, respecto de las
siguientes expresiones contenidas en la parte resolutiva de dicho acto:

i) Nulidad de la expresión “y de la Asignación para la Inversión Regional del
40% en cabeza de las regiones Centro Oriente y Caribe”, contenida en el
artículo primero.

ii) Nulidad del artículo cuarto, que establece términos para las actuaciones a
cargo de la secretaría técnica de los OCAD Regionales.

iii) Nulidad de la expresión “de los OCAD Regionales” contenida en el artículo
quinto.

iv) Nulidad del artículo sexto, que establece la aplicación de la metodología de
priorización y cálculo del puntaje, frente a proyectos susceptibles de
financiación con cargo a recursos de la Asignación para la Inversión Regional
del 40% en cabeza de las regiones.

v) Nulidad de la expresión “la Asignación Ambiental y la Asignación para para
la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones” contenida en el
artículo séptimo.

Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Circular 0010-4 del 10 de marzo de 2025,
expedidas por la Subdirección General del Sistema General de Regalías del DNP,
en cuanto a lo relacionado con los recursos de la Asignación para la Inversión
Regional del 40% en cabeza de las regiones referidas en el decreto legislativo que
declaró el estado de conmoción interior, y de la Asignación Ambiental del Sistema
General de Regalías.

Tercero. Declarar la legalidad de los actos objeto de control, en lo relacionado con
los recursos de la Asignación para la Paz, durante el tiempo que produjeron efectos,
conforme se explicó en la parte motiva.

Cuarto. Los efectos de la nulidad no afectarán los derechos de las personas
beneficiarias de los proyectos de inversión que se hubiesen presentado al tenor de
dichos actos y que, además, se hubiesen seleccionado y, en consecuencia, se
encuentren en etapa de ejecución contractual, puesto que se trata de situaciones
consolidadas.

Quinto. Una vez en firme esta providencia, archivar el expediente del control
inmediato de legalidad, previas las anotaciones de rigor.

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11001031500020250152300 (2361) Acumulado
Sexto. Reconocer al abogado José Miguel Rueda Vásquez, quien se identifica con
cédula de ciudadanía 102078621640 y Tarjeta Profesional 301959, y al abogado
César Norberto Albarracín Ochoa, quien se identifica con cédula de ciudadanía
7983986141 y Tarjeta Profesional 136519, como apoderados del Departamento
Nacional de Planeación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
(Firmado electrónicamente)

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

40 Certificado de Vigencia 1553581.
41 Certificado de Vigencia 1553598.

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