Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06408-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06408-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06408-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
13 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06408-00
Demandante: Christian Eduardo Muñoz Córdoba
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06408-00
Demandante: CHRISTIAN EDUARDO MUÑOZ CÓRDOBA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN PRIMERA Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Christian Eduardo Muñoz
Córdoba contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y el
Juzgado Primero Administrativo de Girardot, de conformidad con lo establecido en
el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Christian Eduardo Muñoz Córdoba, en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra las citadas autoridades, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales de petición, debido proceso, defensa, de acceso a la administración
de justicia y a un ambiente sano. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«1) Se garantice el debido proceso en todo el trámite constitucional
2) Se garantice el derecho a la defensa.
3) Se decrete la NULIDAD DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES del 14 y 23 de febrero
de 2023 (Auto Inadmite Demanda y Auto Rechaza demanda - medida cautelar). Y la del
20 de septiembre del mismo año, en donde se estimó debida la denegación de la
apelación en contra el auto de rechazo de la demanda de acción popular.
4) Se dé respuesta a la solicitud de medida cautelar radicada el 5 de julio de 2023 ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y reiterada la petición el 25 de septiembre
de la misma anualidad.
5) Se analice por parte del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo la
providencia del 18 de septiembre de 2023, en donde el auto que finaliza el trámite
constitucional sea beneficiado del mecanismo de revisión eventual en las acciones
populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios para que el
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo resuelva para su revisión (artículo
11 de la ley 1285 de 2009). Teniendo en cuenta que no se sabía que el Tribunal iba a
omitir pronunciarme completamente en la providencia del 20 de septiembre de 2023 y
ordenar remitir el expediente al Juzgado de Origen.
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Demandante: Christian Eduardo Muñoz Córdoba
6) Solicito muy comedidamente pedir el concepto académico de:
6.1 La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla teniendo en cuenta que la demanda de
Acción Popular radicada en febrero de 2023 fue presentada con parámetros de la
conferencia virtual denominada LA ACCIÓN POPULAR COMO MECANISMO DE
PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS, que hace parte del ciclo de capacitación
en derecho ambiental, publicado el 2 de junio del año 2021 y dictado por la Doctora
María Lucia Torres Villareal (maria.torres@urosario.edu.co), quien es coordinadora del
Grupo de Acciones Populares de la Universidad del Rosario (gap@urosario.edu.co ).
6.2 Al Doctor Ramiro Bejarano Guzmán (notasdebuhardilla@hotmail.com ), teniendo en
cuenta que el argumento de que las providencias que rechazan las demandas se
pueden apelar según doctrina de su libro PROCESOS DECLARATIVOS, ARBITRALES
Y EJECUTIVOS en su 10ª edición, en donde expresa en la página 297 “(...)este auto,
contrariamente a lo que expresan algunas secciones del Consejo de Estado, si es
apelable, pues equivale a la providencia que rechaza la demanda y resuelve medida
cautelar, las cuales son apelables según el artículo 321 numeral 1 y 8 del Código
General del Proceso, que es aplicable a los procesos de acciones populares de acuerdo
con la remisión normativa prevista por el artículo 44 del estatuto procesal expresando
que son apelables los autos que rechacen la demanda y el que resuelva sobre una
medida cautelar.(...)”
6.3 Al Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano icdp@icdp.org.co,
teniendo en cuenta las evidentes afectaciones en el procedimiento del trámite judicial.
6.4 A la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del
Pueblo de Colombia.
7) Solicito respetuosamente VINCULAR A LA PROCURADURÍA 199 JUDICIAL I
ADMINISTRATIVA de Girardot, Cundinamarca, quien actuó de manera potestativa
durante todo el trámite constitucional.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Christian Eduardo Muñoz Córdoba promovió acción popular contra el
departamento de Cundinamarca y el municipio de Jerusalén, con el fin de que se
protegieran los derechos colectivos a «un medio ambiente sano, a la moralidad
administrativa, al goce del espacio público, la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, a la salubridad pública y la defensa del patrimonio
público», los cuales consideró transgredidos por la «proliferación de perros que
actualmente deambulan heridos, abandonados, desnutridos, perdidos y sueltos en
las vías públicas de la Provincia del Alto Magdalena, Cundinamarca, especialmente
en el Municipio de Jerusalén (Cund.)».
El Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Girardot, mediante auto del 8 de
febrero de 2023, inadmitió la demanda y requirió al actor para que: (i) allegara la
copia de la petición mediante la cual solicitó a cada una de las autoridades
demandadas que adoptara las medidas necesarias de protección del derecho o
interés colectivo amenazado o violado; y, (ii) aclarara cuáles eran las entidades que
conformaban el extremo pasivo y frente a las que pretendía que se emitiera una
orden en caso de proferirse sentencia.
El 13 de febrero de 2023, el señor Muñoz Córdoba presentó memorial de
subsanación de la demanda.
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Demandante: Christian Eduardo Muñoz Córdoba
El Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Girardot, en auto del 14 de
febrero de 2023, rechazó la demanda bajo el argumento de que la parte
demandante no subsanó la demanda tal como le fue ordenado y no cumplió con el
requisito de procedibilidad dispuesto para la acción popular.
El señor Muñoz Córdoba interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación
contra la anterior decisión.
Mediante auto de 23 de febrero de 2023, el Juez confirmó la providencia recurrida
y rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto al considerar que,
conforme con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en las acciones
populares solo procede el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y contra el auto que decide medidas cautelares.
El 28 de febrero de 2023, el señor Muñoz Córdoba interpuso recurso de reposición
y en subsidio queja, contra la anterior decisión.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
proveído del 18 de septiembre de 2023, estimó bien denegado el recurso de
apelación interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado el 14 de febrero de
2023.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del tutelante, las autoridades judiciales, al rechazar la demanda de la acción
popular y no pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, incurrieron en
defectos sustantivo, fáctico, procedimental absoluto y decisión sin motivación.
Aseguró que el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Girardot omitió
pronunciarse sobre la medida cautelar que solicitó en el escrito de demanda de la
acción popular. Que, con el escrito de subsanación, solicitó al Juzgado que
resolviera la referida medida provisional, pero no lo hizo, por el contrario, rechazó la
demanda.
Que, el 5 de julio de 2023, presentó una nueva solicitud de medida cautelar, pero
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se tramitaba el recurso de
queja contra el auto que declaró improcedente el recurso de apelación. Pero al
resolver el referido recurso, tampoco hubo pronunciamiento al respecto.
Afirmó que, en las providencias acusadas, se desconoció la valoración objetiva
establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y la prevalencia del derecho
sustancial establecido en el artículo 228 ídem y en los artículos 5 y 17 de la ley 472
de 1998.
Que el Juzgado accionado, en el auto inadmisorio, no señaló ningún yerro respecto
de la medida cautelar y en el auto de rechazo de la demanda solo indicó que, “(...)
el Despacho no se pronunció en cuanto a la solicitud de medida cautelar por cuanto
la demanda no fue admitida(...)”. Que se trata de una decisión en abstracto que
afectó la defensa a la petición cautelar de los derechos e intereses colectivos y,
además, cercenó la posibilidad de subsanar el trámite.
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Aseguró que, las autoridades judiciales, no valoraron en su integridad los
documentos aportados al proceso, con los cuales se acreditaba el cumplimiento de
los requisitos para la admisión de la demanda de acción popular, imponiendo una
carga de aportar requerimientos distintos a los que ya había suministrado.
Que el Tribunal va en contra de la Constitución y las normas que rigen el trámite de
las acciones populares al interpretar el artículo 44 de la ley 472 de 1998, pues afirmó
que se seguía rigiendo por el Código de Procedimiento Civil. Además, asegura
erradamente que la apelación contra autos que rechazan la demanda no fue
prevista en ninguna otra norma especial que lo disponga expresamente,
desconociendo el artículo 321 del vigente Código General del Proceso.
4. Trámite Previo
En auto del 23 de octubre de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a las partes y al Departamento de Cundinamarca y al
Municipio de Jerusalén, como terceros con interés y, publicar en la página web del
Consejo de Estado el auto para el conocimiento de los terceros interesados.
5. Oposición
El Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Girardot solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela, porque no cumple con los requisitos
generales de procedibilidad, aunado a que no se advierte que haya acudido al
recurso de amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Lo anterior, porque considerar que el actor acude al recurso de amparo como una
tercera instancia de la acción popular, ante la inconformidad que tiene con la
decisión adoptada. Además, aseguró que las autoridades judiciales accionadas
adoptaron decisiones acordes con las normas y jurisprudencia que rige el caso y
garantizando el debido proceso.
6. Tercero interesado
El Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca solicitó que se
le desvinculara del trámite de la presente acción de tutela, porque no se encuentra
legitimado por pasiva. Además, aseguró que no ha transgredido los derechos
invocados por el actor y tampoco tiene dentro de sus competencias desplegar
acciones en aras de detener la presunta puesta en peligro de sus derechos
fundamentales.
Aseguró que es un establecimiento público del sector descentralizado del nivel
departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y
patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
del departamento.
Que el actor afirmó en la tutela que no se cuenta con una política pública de para la
protección de animales en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la misma se
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Demandante: Christian Eduardo Muñoz Córdoba
encuentra en construcción y en proceso de adopción por parte de la Asamblea
Departamental.
Adujo que la acción de tutela no es el mecanismo para la protección de los derechos
colectivos deprecados por el accionante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
1. Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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2. Problema jurídico
Conforme con el escrito de tutela, la Sala advierte que el señor Christian Eduardo
Muñoz Córdoba promueve la presente acción de tutela contra el Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad de Girardot, por rechazar la demanda de acción popular
y contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por declarar improcedente el
recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda de acción popular.
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, la Sala deberá analizar si las autoridades judiciales accionadas
transgredieron los derechos fundamentales deprecados por el señor Christian
Eduardo Muñoz Córdoba al rechazar la acción popular contra el departamento de
Cundinamarca y el municipio de Jerusalén y declarar improcedente el recurso de
apelación contra ese proveído.
3. Solución al problema jurídico planteado
En el escrito de tutela el actor solicitó que se dejara sin efecto dos decisiones: (i) los
autos del 8, 14 y 23 de febrero de 2023, en los cuales el Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad de Girardot, inadmitió y posteriormente rechazó la
demanda de acción popular contra el departamento de Cundinamarca y el municipio
de Jerusalén, pues considera que cumplió con los presupuestos de la demanda y la
subsanó en tiempo y; (ii) la decisión del 18 de septiembre de 2023, mediante el cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, estimó debida la denegación del
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto que rechazó
la demanda de acción popular, pues considera que es violatorio del derecho al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, toda vez que, según lo
dispuesto en el artículo 321 del CGP, el auto que rechaza la demanda es susceptible
de apelación.
En esa medida, la Sala entrará a analizar si se cumplen los requisitos de
procedencia contra las referidas providencias y si las mismas son violatorias de los
derechos fundamentales del actor.
3.1. Requisito general de inmediatez.
El señor Christian Eduardo Muñoz Córdoba promovió la presente acción de tutela
con el fin de que se dejara sin efecto los autos proferidos por el Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad de Girardot: (i) del 8 de febrero de 2023, que inadmitió la
acción popular contra el departamento de Cundinamarca y el municipio de
Jerusalén; (ii) del 14 de febrero de 2023, en el cual se rechazó la demanda referida,
al considerar que no fue subsanada; (iii) del 23 de febrero de 2023, en el cual
resolvió de manera negativa el recurso de reposición contra el auto de rechazo de
la demanda y declaró improcedente el recurso de apelación.
A juicio del actor, las providencias judiciales incurrieron en defectos sustantivo,
fáctico, procedimental absoluto y decisión sin motivación.
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Sin embargo, revisado el expediente, la Sala advierte que la acción de tutela
respecto de las providencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Oralidad de Girardot incumple con el requisito general de inmediatez, si se tiene en
cuenta que el auto que rechazó la demanda y declaró improcedente el recurso de
apelación – del 23 de febrero de 2023 -, se notificó mediante estado electrónico del
24 de los mismos mes y año. Así, a la fecha de presentación de esta acción, 18 de
4
octubre de 2023 , han transcurrido 7 meses y 24 días.
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir
de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la
naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial
efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda5, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada
podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar
una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron.
Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla
jurisprudencial unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente
para no inducir a error a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la
acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción a la regla y, en esa
medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.
4 Constancia de ello obra en el sistema de información Samai y de los reportes de radicación que obran en el
expediente magnético, en el índice 1.
5 Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007
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Por lo anterior, la acción de tutela respecto de los autos del 8, 14 y 23 de febrero de
2023, no cumplen el requisito de inmediatez y, en esa medida, no hay lugar a hacer
estudio en relación con el fondo del asunto.
3.2. Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe
tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar
o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el
juez natural.
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Demandante: Christian Eduardo Muñoz Córdoba
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir
las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
3.2.1. Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
En el escrito de tutela, el señor Muñoz Córdoba solicitó que se dejara sin efecto el
auto del 18 de septiembre de 2023, en el que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, estimó debida la denegación del
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto proferido
por el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito de Girardot, el 14 de
febrero de 2023, que rechazó la demanda de acción popular.
El tutelante aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental absoluto, porque: (i) de manera equivoca interpretó el artículo 44 de
la Ley 472 de 1998, al señalar que se seguía rigiendo por el Código de
Procedimiento Civil, siendo una norma derogada; y, (ii) no tuvo en cuenta lo previsto
en el artículo 321 del CGP, referente a que el auto que rechaza la demanda es
susceptible de apelación.
Al respecto, la Sala advierte que el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de
Girardot, en Auto del 23 de febrero de 2023, determinó que el recurso de apelación
interpuesto contra el auto que rechazó la demanda de la acción popular era
improcedente, pues acorde con el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en las acciones
populares solo procede el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y contra el auto que decide medidas cautelares.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, con los
siguientes argumentos:
«Sobre el particular, el Despacho considera que le asiste la razón al a quo al haber
rechazado el recurso de apelación propuesto, comoquiera que, en tratándose de la
acción popular, la normativa que regula dicha acción constitucional, esto es, la Ley 472
de 1998, en sus artículos 26 y 37, únicamente posibilita la procedencia del recurso de
apelación, en solo dos escenarios, para el auto que concede medidas cautelares y para
la sentencia de primera instancia.
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del
citado artículo 36, en sentencia señaló:
“Debe recordarse que en el contexto de la Ley 472 de 1998, la celeridad del
procedimiento está dada fundamentalmente por el establecimiento de un término breve
para proferir la decisión respectiva (art. 34), para lo cual el juez debe impulsar
oficiosamente la actuación so pena de ser sancionado disciplinariamente, y sin que
ello pueda comportar el desconocimiento de las reglas fundamentales del proceso
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pues en las acciones populares el juez tiene la obligación de velar "por el respeto al
debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes" (art. 5°).
En criterio de esta Corporación la determinación que se analiza tampoco implica
sacrificio alguno del derecho de defensa y del derecho de acceder a la administración
de justicia (CP arts. 29 y 229), puesto que con la consagración del recurso de
reposición el accionante puede ejercer libremente su derecho de controvertir las
decisiones adoptadas por el juez durante el trámite de las acciones populares a fin de
que éste funcionario revise la validez de su propia determinación revocándola o
reformándola.
Igualmente, y como bien lo aprecia el Procurador General en su concepto, la norma
demandada no desconoce los artículos 88 y 89 de la Carta, pues del mandato de estas
disposiciones no se desprende que el Constituyente le haya impuesto al legislador la
obligación de consagrar el recurso de apelación contra los autos dictados durante el
trámite de la acción popular.
Por el contrario, la libertad de configuración en esta materia se desprende de estas
normas superiores cuando en ellas se dispone expresamente que la ley regulará las
acciones populares y establecerá los recursos y procedimientos necesarios para su
efectividad.
En suma, entendida la norma en el sentido de que se aplica a todos los autos dictados
durante el trámite de las acciones populares, no se desconoce la Carta Política pues
el legislador en ejercicio de su libertad de configuración puede señalar en qué casos
es o no es procedente el recurso de apelación, decisión que, según se advirtió, no
conculca el principio de la doble instancia, ni los derechos de defensa, de acceso a la
justicia y además la igualdad, porque con tal determinación se persigue una finalidad
constitucionalmente admisible como es la de obtener la pronta y efectiva protección de
los derechos e intereses colectivos amparados con la acciones populares,
imprimiéndole celeridad al proceso judicial correspondiente.
Por las razones expuestas, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 36 de la Ley
472 de 1998.”
En similar sentido, la Jurisprudencia del Consejo de Estado, ha sido consistente en
señalar que:
“Conforme con lo expuesto, en atención a la celeridad que debe caracterizar las
acciones populares es claro que el recurso procedente contra las decisiones dictadas
en el curso de este tipo de acciones es únicamente el de reposición, salvo lo dispuesto
expresamente en los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998 respecto de las
providencias a través de las cuales se dicta una medida cautelar y se profiere sentencia
de primera instancia, decisiones estas que son apelables; sin que con dicha limitación
se afecte en manera alguna el debido proceso o el derecho a la doble instancia
conforme el análisis efectuado frente al punto por la Corte Constitucional.
Entonces es esta la oportunidad para que la Sala Plena de esta Corporación reafirme
la regla en comento según la cual, se insiste, las únicas decisiones apelables en
acciones populares son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia de
primera instancia, por lo que todas las demás decisiones que se adopten en el trámite
de estos procesos son únicamente pasibles del recurso de reposición”.
De conformidad con la normativa que regula la materia y las citas jurisprudenciales
citadas supra, el Despacho considera que el auto expedido el 14 de febrero de 2023
por el a quo, por medio del cual se rechazó la demanda de acción popular, no es
susceptible del recurso de apelación, comoquiera que dicha posibilidad no fue prevista
por el legislador en la Ley 472 de 1998 ni en otra norma especial que lo disponga
expresamente; razón por la cual; el Despacho estimará debida la denegación del
recurso de apelación».
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Conforme con lo anterior, la decisión del Tribunal accionado estuvo fundado en los
artículos 26 6 y 377 de la Ley 472 de 1998, los cuales han sido interpretados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado – decisión de
unificación de la Sala Plena8-, en el sentido de precisar que, dentro del trámite de
las acciones populares, el recurso de apelación solo procede contra el auto que
concede las medidas cautelares y contra la sentencia de primera instancia.
Conviene precisar, que la norma que regula el trámite del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos (Acción Popular), es la Ley 472 de
1998, la cual prevé de forma expresa y especial los recursos procedentes contra las
providencias que en este se dicten.
En ese orden, teniendo en cuenta que el legislador expresamente señaló que contra
los autos dictados durante el trámite de las acciones populares únicamente procede
el recurso de reposición, no es viable acudir a la remisión que establece el artículo
44 de la Ley 472 de 1998, en lo que respecta a los medios de impugnación
ordinarios consagrados en el CPACA.
Luego, el hecho de insistir dentro del presente recurso de amparo, sobre una
discusión ya resuelta por los jueces ordinarios, desconoce el requisito de relevancia
constitucional necesario para el estudio de la tutela contra providencias judiciales,
en tanto se estaría utilizando como una instancia adicional de la acción popular.
Entonces, no existe un real cuestionamiento constitucional en relación con una
decisión judicial, sino, simplemente, una reiteración de los argumentos expuestos
en sede ordinaria, a la manera de instancia adicional, y una inconformidad con el
sentido de la decisión, por lo que el asunto carece de relevancia constitucional.
Conviene recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa
y que, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
En suma, la acción de tutela no cumple con los requisitos generales de procedencia
de inmediatez y relevancia constitucional y, en esa medida, se impone, declarar
improcedente el amparo solicitado por el señor Christian Eduardo Muñoz Córdoba
6 ARTÍCULO 26.- Oposición a las Medidas Cautelares. El auto que decrete las medidas previas será notificado
simultáneamente con la administración de la demanda y podrá ser objeto de los cursos de reposición y de
apelación; los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en el término de ci nco
días. La oposición a las medidas previas sólo podrá fundamentarse en los siguientes casos:
a) Evitar mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que se pretende proteger;
b) Evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público;
c) Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga prácticamente imposible cumplir un
eventual fallo desfavorable.
d) Corresponde al quien alegue estas causales demostrarlas.
7 ARTÍCULO 37.- Recurso de Apelación. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en
primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto
dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del
Tribunal competente.
La práctica de pruebas durante la segunda instancia se sujetará, también, a la forma prevista en el Código de
Procedimiento Civil; en el auto que admite el recurso se fijará un plazo para la práctica de las pruebas que, en
ningún caso, excederá de diez (10) días contados a partir de la notificación de dicho auto; el plazo para resolver
el recurso se entenderá ampliado en el término señalado para la práctica de pruebas.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 26 de junio de 2019, exp. nro. 25000-
23-27-000-2010-02540-01(AP)B; MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Demandante: Christian Eduardo Muñoz Córdoba
contra el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Girardot y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Christian
Eduardo Muñoz Córdoba contra el Juzgado Primero Administrativo de
Oralidad de Girardot y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, conforme con los argumentos expuestos en la parte
considerativa.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. . Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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