Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01068-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01068-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01068-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01068-00
Accionante: Christian Eduardo Muñoz Córdoba
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Temas: Acción de tutela por vulneración de los derechos
fundamentales de petición y debido proceso
Decisión: Improcedencia de la acción
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
I. ANTECEDENTES
La Sala de Subsección decide la acción de tutela interpuesta por el señor
Christian Eduardo Muñoz Córdoba, quien actúa a nombre propio, contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
1. HECHOS
El 18 de octubre de 2023, el señor Christian Eduardo Muñoz Córdoba presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros por la
presunta vulneración de varios de sus derechos fundamentales. Dicha acción
constitucional fue declarada improcedente por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
El 12 de enero de 2024, el accionante impugnó la anterior decisión, y el 18 del
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ACCIÓN DE TUTEL A
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mismo mes y año, radicó memorial en el que pedía explicación sobre los motivos
por los que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no cumplió los términos
establecidos en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.
Indica que el 31 de enero de 2024, se archivó el proceso sin haberse dado
respuesta a la petición y sin tener en cuenta que se encuentra en trámite la
impugnación. En virtud de ello, el 23 de febrero del presente año, solicitó
respuesta a la petición del 18 de enero.
Finalmente, manifiesta que, hasta la interposición de la presente acción
constitucional, no ha recibido una respuesta de fondo. Pues, considera que la
respuesta brindada por la Secretaría del Consejo de Estado en fecha del 26 de
febrero de 2024, no satisface su petición.
2. PRETENSIONES
Solicita que se ampare su derecho fundamental de petición y, en consecuencia,
se ordene al Consejo de Estado Sección Cuarta, que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, otorgue respuesta de fondo a la
petición del 18 de enero de 2024.
Igualmente, requiere que se informe del presente trámite al Despacho del
Consejero de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, José
Roberto Sáchica Méndez, donde actualmente se tramita la impugnación de la
tutela.
3. INFORMES
El 11 de marzo de 2024, se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó
notificar a la Sección Cuarta del Consejo de Estado como autoridad accionada,
para que rindiera informe sobre los hechos que motivaron la interposición de la
acción constitucional.
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En cumplimiento de lo anterior, el Doctor Milton Cháves García, Magistrado
Sustanciador del trámite de tutela identificado con radicado nro. 11001-03-15-
000-2023-06408-00, contestó la presente acción de tutela, en el que de entrada,
advirtió la no vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
Expuso que la solicitud a la que hace referencia el accionante, corresponde a un
escrito presentado el 18 de enero de 2024, dentro de la acción de tutela 11001-
03-15-000-2023-06408-00, el cual, se refiere a trámites propios del proceso
judicial, que no se rigen por las reglas de la Ley 1755 de 2015. Pues, conforme
la jurisprudencia constitucional, el juez tiene el deber de responder la petición de
una persona que no verse sobre materias del proceso sometido a su
competencia.
Sostuvo que el actor promueve la presente acción de tutela contra una acción de
la misma naturaleza, en donde no se demuestra de qué manera el asunto afecta
derechos de contenido constitucional.
Por último, indicó que la tutela es improcedente, ya que está acreditada la no
vulneración del derecho fundamental al debido proceso del accionante, pues,
desde el 18 de enero de 2024, se proveyó sobre la impugnación, por lo que las
garantías de acceso a la administración de justicia y a la doble instancia, se
encuentran satisfechas.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala de Subsección considera
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que el problema jurídico se circunscribe a establecer si la Sección Cuarta del
Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales de petición y debido
proceso del accionante.
3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, “cuando se
trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no
tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente a la acción
de tutela”1. En ese orden de ideas, cuando se genere una presunta afectación al
derecho fundamental de petición no existe otro mecanismo que permita
efectivizar el mismo y se puede acudir directamente a la acción constitucional.
4. Del derecho de petición ante autoridades judiciales2
En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades judiciales, la Corte
Constitucional ha señalado3 que, si bien es cierto, este derecho puede ejercerse
ante los jueces y, en consecuencia, estos se hallan obligados a tramitar y
responder las solicitudes que se les presenten en los términos que la ley señale,
1
Sentencia T-410 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Véase también, entre otras, la sentencia T-
T-149 de 2013.
2
Corte Constitucional, sentencia T-192 de 2007.
3
Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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pues de no hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es que el
juez y las partes están sometidos a las reglas propias del proceso judicial:
«El juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como
también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo
que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones
administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez
cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser
resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada
juicio (artículo 29 C.P.)»4.
Por lo tanto, la misma Corte advirtió que:
«Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente
judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de estos
últimos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración
pública, es decir, en la materia bajo análisis, las establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984)»5.
De esta manera, la misma Corte señaló:
«Las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la
normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes
y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un
trámite en el que prevalecen las reglas del proceso»6.
En consecuencia, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de denuncia
del pleito, entre otros, se deben tramitar conforme a las reglas señaladas por los
respectivos ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, el máximo Tribunal Constitucional estableció que la
omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las
partes o sus apoderados, propias de la actividad jurisdiccional, no configura una
violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso 7 y al acceso
4
Ibídem
5
Ibídem
6
Sentencia T-344 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
7
Ver las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-007 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria
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de la administración de justicia,8 en la medida en que dicha conducta, al
desconocer los términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una
dilación injustificada9 al interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el
ordenamiento constitucional (CP, arts. 29 y 229).
5. Caso concreto
En el presente asunto, el señor Christian Eduardo Muñoz Córdoba invoca la
protección del derecho fundamental de petición, pues afirma que la Sección
Cuarta del Consejo de Estado no ha resuelto de fondo la petición presentada el
18 de enero de 2024, en la que busca información sobre los motivos del
incumplimiento de los términos establecidos en el artículo 29 del Decreto 2591
de 1991.
De otro lado, la autoridad judicial accionada en el informe rendido al interior del
presente trámite constitucional, pone de presente que no hay vulneración de los
derechos fundamentales del accionante, debido a que el escrito presentado no
tiene la naturaleza de derecho de petición, y tampoco se demostró que el asunto
sea de relevancia constitucional; por el contrario, se proveyó sobre la
impugnación incoada.
Pues bien, con relación al derecho fundamental de petición, observa la Sala que
el memorial presentado en fecha del 18 de enero de 2024 por el accionante, a
través del cual buscaba obtener información sobre una posible mora judicial
dentro de la tutela identificada con radicado nro. 11001-03-15-000-2023-06408-
00, efectivamente no corresponde a una petición como tal, sino a un escrito propio
dentro del trámite de tutela antes mencionado que no tiene la naturaleza de
petición; el cual, al momento de proferirse esta decisión, carece de objeto debido
a que ya se ha dictado sentencia de segunda instancia dentro del trámite tutelar
Díaz.
8
El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en varias
sentencias; entre ellas, pueden citarse las siguientes: Sentencia T-006 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-416 de 1994 y T-268 de 1996, M.P.
Antonio Barrera Carbonell, entre muchas otras.
9
Corte Constitucional T-368/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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que se alegaba la demora, razón por la que no se está en presencia de la
vulneración o agravio de ésta garantía constitucional.
Ahora, frente a la solicitud del 23 de febrero del año calendo, se observa que la
misma tuvo respuesta mediante el Oficio No. JJ/0627 del 26 de febrero de 2024.
Aquí, se explicaron los motivos por los cuales el proceso aparece con la actuación
de archivado, se indicó el estado actual del proceso, el cual, para ese momento,
era el correspondiente a disipar la impugnación y por último, se señalaron las
herramientas electrónicas a través de las cuales se puede verificar el estado de
los asuntos judiciales.
En cuanto al derecho al debido proceso, advierte esta Sala que mediante
providencia de fecha del 1° de marzo de 2024, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió la impugnación presentada por la parte
accionante, en la que confirmó la sentencia de primera instancia proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por lo que no existe vulneración del
debido proceso del actor.
Lo anterior, da cuenta que no se está en presencia de una mora judicial por parte
de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pues, de conformidad con la
jurisprudencia de ésta Corporación, para la configuración de dicho fenómeno, no
basta con el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, sino que
la presunta demora debe ser injustificada, es decir, tiene que estar probada la
negligencia de la autoridad accionada y además, que sea posible la existencia de
un perjuicio irremediable, situaciones que no ocurren en el sub examine, véase
que a la fecha de interposición de la presente acción constitucional -4 de marzo
de 2024- ya se había dictado fallo de segunda instancia dentro de la tutela
identificada con radicado nro. 11001-03-15-000-2023-06408-00.
Por lo expuesto, al no encontrarse acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales de petición y debido proceso del accionante, se declarará
improcedente la acción de tutela, de conformidad con los lineamientos legales y
jurisprudenciales a que se hizo referencia en la parte motiva de esta sentencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Christian Eduardo Muñoz Córdoba, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno, remítase
el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero ponente
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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