Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06455-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06455-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06455-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de noviembre de 2023
Demandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06455-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-00
Demandante: CARLOS ERNESTO ROSAS TASCÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela formulada por conducto de apoderado judicial por el
señor Carlos Ernesto Rosas Tascón contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Esto, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La parte actora, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 1. Con la solicitud de
amparo el accionante pretende la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
2. En su sentir, la transgresión de las citadas garantías constitucionales se consolidó
con el fallo de 24 de agosto de 2023, proferido por la autoridad accionada, mediante
el cual se revocó la providencia del 14 de agosto de 2022, dictada por la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había
negado las pretensiones de la demanda interpuesta en su contra por parte de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP)2.
1.2. Pretensión constitucional
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
1 La tutela se presentó el 20 de octubre de 2023.
2 Proceso de lesividad con radicado N. ° 25000-23-42-000-2014-01746-00/01.
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Demandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
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Solicito muy respetuosamente se sirva amparar los derechos fundamentales del señor
CARLOS ERNESTO ROSAS TASCON, al debido proceso judicial y administrativo, a la
igualdad, buena fe, al derecho de acceso a la justicia (T-411/16), defecto factico,
violación directa de la constitución, desconocimiento del precedente jurisprudencial
vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional y demás que se encuentran regulados
en la Constitución Política, y en consecuencia se declare que la sentencia de fecha 24
de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez,
Radicación 25000-23-42-000-2014-01746-02 (6138-2022), Demandante. Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP, Demandado Carlos Ernesto Rosas Tascón, violó los derechos
al debido proceso, denegación de administración de justicia, defecto factico, violación
directa de la Constitución y desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante
y obligatorio de la Corte Constitucional del señor Carlos Ernesto Rosas Toscón.
Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela
solicitado por el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón, se DEJE SIN EFECTO la
sentencia citada, y se ordene al Consejo de Estado, Sala de los Contencioso
Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, dentro del término razonable que se
considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos
jurídicos expuestos en la presente acción y observando el precedente vertical fijado por
la Honorable Corte Constitucional y Honorable Consejo de Estado en la sentencia de
segunda instancia sobre el vínculo laboral o relación laboral y que el demandado señor
Carlos Ernesto Rosas Tascón presenta un vínculo laboral o relación laboral con el
Departamento de Cundinamarca y Municipio de Facatativá – Mosquera cuyo
desconocimiento se invocó.
Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela
solicitado por el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón, se DEJE SIN EFECTO la
Resolución No 165 de fecha 8 de mayo de 2015 proferida por la Secretaria de Educación
del Municipio de Mosquera – Cundinamarca, indica: “que corresponde por los servicios
prestados como docente de vinculación NACIONAL”, las certificaciones de tiempo de
servicio y salarios devengados expedidas por el Departamento de Cundinamarca,
Municipio de Facatativá y Municipio de Mosquera que indican que el señor Carlos
Ernesto Rosas Tascón “Docente Nacional” y “III. SITUACION LABORAL. 2 REGIMEN
DE PENSIONES NACIONAL”, dentro del término razonable que se considere, dictar la
sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la
presente acción y observando el precedente vertical fijado por la Honorable Corte
Constitucional y Honorable Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia
sobre el vínculo laboral o relación laboral y que el demandado señor Carlos Ernesto
Rosas Tascón presenta un vínculo laboral o relación laboral con el Departamento de
Cundinamarca y Municipio de Facatativá – Mosquera cuyo desconocimiento se invocó.
(Negritas y mayúsculas del texto original).
1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de la
siguiente manera:
4. El señor Carlos Ernesto Rosas Tascón fue nombrado por el Ministerio de
Educación y estuvo vinculado como docente oficial al servicio del departamento de
Cundinamarca bajo una relación legal y reglamentaria del orden nacional.
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5. El 15 de junio de 2005, el señor Rosas Tascón solicitó a la extinta Cajanal el
reconocimiento y pago de la pensión de gracia.
6. Mediante Resolución 38851 del 9 de agosto de 2008, la referida autoridad negó
lo reclamado al aducir que el actor había acreditado el tiempo de servicio mediante una
vinculación del orden nacional.
7. Inconforme con lo anterior el accionante junto con otros docentes, interpusieron
acción de tutela en el municipio de Magangué (Bolívar), a fin que les fuera concedido la
aludida prestación.
8. Mediante providencia del 6 de octubre de 20063, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué (Bolívar) ordenó el reconocimiento de la pensión de gracia a favor
del señor Rosas Tascón.
9. Pese a lo anterior, Cajanal se abstuvo de darle cumplimiento. Al respecto sostuvo
que el señor Rosas Tascón no acreditaba los requisitos legales para otorgarle la
pensión4.
10. Posteriormente, la UGPP acatando la referida tutela, expidió la Resolución 026613
del 12 de junio de 2013, con la que concedió el pago de la referida prestación a favor del
accionante a partir del 8 de marzo de 2005.
11. Ahora bien, la UGPP instauró demanda contra el señor Rosas Tascón en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho5, ello bajo la modalidad
de lesividad, con el fin que se declarara la nulidad de la Resolución 026613 del 12 de
junio de 2013 y se condenara al accionante a restituir a la entidad de manera indexada,
la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas a las cuales no tenía
derecho, junto al pago de los intereses comerciales y moratorios.
12. El proceso le correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Esa autoridad judicial, mediante fallo de 1 de agosto
de 2022, negó las pretensiones de la demanda. El a quo consideró que el señor Rosas
Tascón cumplía con las exigencias establecidas para ser acreedor de la pensión de
jubilación de gracia y que en ese orden de ideas le asistía derecho a que le fuera
reconocida, liquidada y pagada6.
13. Contra la anterior decisión, la entidad demandante interpuso recurso de apelación.
Este último fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
3 Acción de tutela identificada con el radicado 2006-00194.
4 Esto lo indicó en las resoluciones 25153 del 31 de mayo de 2007, 57747 del 17 de diciembre de 2007 y
04523 del 3 de febrero de 2009.
5 Proceso identificado con el radicado 25000-23-42-000-2014-01746-00/01.
6 Adicionalmente ordenó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de la Resolución 021627
del 28 de mayo de 2015, y condenó a la UGPP al pago debidamente indexado de las mesadas pensiones
que se dejaron de cancelar en virtud de dicha decisión.
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Estado. Esa corporación judicial, mediante providencia del 24 de agosto de 2023, revocó
la decisión de primera instancia, y expuso que, del material probatorio obrante en el
proceso, se infería lógica y válidamente que la relación legal y reglamentaria del
demandado, lo fue en calidad de docente nacional.
14. Adicionalmente, en cuanto al reintegro de las sumas percibidas por el
demandando, puso de presente, que a lo largo de la actuación constitucional que
concedió la pensión gracia, se presentaron una serie de actuaciones fraudulentas que
conllevaron a que al titular del Juzgado Segundo Civil de Magangué fuera investigado y
condenado disciplinaria y penalmente. En este sentido, afirmó que el aquí accionante se
apartó del postulado de buena fe, pues pese a haber conocido los argumentos de la
negativa de la pensión de gracia, decidió obtener la misma mediante una acción
constitucional presentada en Magangué, esto es, un lugar que no coincidía con el de su
domicilio ni con el que prestó sus servicios.
15. Dicho lo anterior, revocó la decisión de negar la devolución de los dineros y ordenó
el reintegro a la UGPP de manera indexada de la suma recibida.
1.4. Sustento de la vulneración
16. La parte actora alegó que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia
con base en los siguientes fundamentos:
17. Manifestó que el Consejo de Estado desconoció lo elementos que debe concurrir
para que se admita que una persona desempeña un empleo público y pueda obtener los
derechos que de ello se deriva, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución
Política.
18. Afirmó que el accionante nunca hizo parte de la planta de personal del nivel central
del Ministerio de Educación Nacional y que por el contrario hizo parte de la planta de los
municipios de Facatativá y Mosquera, así mismo cumplió funciones propias de docente
y que los emolumentos recibidos, así como los aportes a salud y pensión, provenían de
recursos propios del departamento de Cundinamarca.
19. Así mismo resaltó que, pese a que su designación fue realizada por el Ministerio
de Educación, la posesión se llevó a cabo por el municipio de Facatativá y que la pensión
de invalidez fue concedida por el mencionado departamento.
20. Sostuvo que hubo un desconocimiento de los artículos 2, 4, 25, 48, 53, 122, 125,
320, 320 y los numerales 7 de artículo 305 y 7 del artículo 315 de la Constitución Política
de Colombia.
21. Arguyó que la tutela que dio origen al reconocimiento de la pensión de gracia fue
radicada en el municipio de Magangué el 2006, año en el cual aún no existía la
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competencia por factor territorial que surgió mediante los autos 124 y 198 de 2009
proferidos por la Corte Constitucional.
22. Consideró que se desconoció el precedente judicial contenido en las sentencias
C-335 de 2008, C-621 de 2015, C-614 de 2009, C-679 de 2011, C-185 de 2019 y la Ley
29 de 1989 de la Corte Constitucional, así como lo contenido en la Ley 60 de 1993, Ley
115 de 1994 y Ley 715 de 2001.
23. Así mismo afirmó que se inobservó las sentencias del 26 de mayo de 20167, 5 de
mayo de 20168 y 13 de febrero de 20149 proferidas por la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
1.5. Trámite de la acción de tutela
24. Mediante auto del 23 de octubre de 2023, el magistrado ponente admitió la tutela
y dispuso la notificación de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. También se ordenó vincular como terceros con interés en las resultas del
proceso a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y a la UGPP.
25. Adicionalmente, solicitó a la autoridad accionada y al Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, copia íntegra digital del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N. ° 25000-23-42-000-2014-
01746-00/01.
1.6. Intervenciones
26. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
27. Se limitó a remitir el enlace del expediente solicitado.
1.6.2. Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)
28. En primer lugar, manifestó que no se cumplía con el requisito de existencia de un
perjuicio irremediable o afectación al mínimo vital y seguridad social, pues los derechos
del accionante se encontraban protegidos gracias al pago mensual de la pensión de
jubilación cancelada por el magisterio.
7 Rad 68001233100020000140001
8 Rad 85001-23-31-000-2012-00032-02
9 Rad 05001-23-31-000-2003-01050-01
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29. Respecto a los hechos y pretensiones de la tutela, afirmó que el accionante no
acreditó los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiario de la pensión de gracia,
por cuanto la vinculación del docente era del orden nacional, status que no le permitía
acceder al reconocimiento de la misma.
30. Añadió que lo pretendido por el accionante era sustituir una decisión judicial
proferida por el juez natural de la causa y que se procediera a reconocer a su favor la
pensión lo que resultaba improcedente porque el juez ordinario ya se pronunció. Así
mismo resaltó que lo pretendido era utilizar la tutela como una tercera instancia y que
tampoco es el mecanismo para el reconocimiento de peticiones prestacionales.
31. Arguyó que en el presente caso no se cumplieron ninguno de los requisitos
generales ni específicos para que procediera el mecanismo constitucional.
32. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pese a ser
notificada debidamente, guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
33. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Carlos Ernesto Rosas Tascón contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política, el artículo 37 del decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
34. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la
acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente
a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
35. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor
Carlos Ernesto Rosas Tascón se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto,
porque figura como demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
N. ° 25000-23-42-000-2014-01746-00/01. Por tanto, es titular del derecho fundamental
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia que alega.
36. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la
autoridad que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
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2.3. Problema jurídico
37. El primer problema jurídico que subyace al caso en concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
38. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:
39. ¿La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales de la parte actora con ocasión de la decisión del 24 de agosto
de 2023, que presuntamente incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución? Esta providencia revocó la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda instaurada en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad), con
el fin de obtener la nulidad del acto administrativo que concedió pensión de gracia a favor
del accionante.
40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, los cuales, de
encontrarse superados junto con las demás exigencias, se procederá al análisis de (iii)
el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en
fallo de 31 de julio de 201210. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas
Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 11. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales12.
42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201413. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia14 y ocho defectos especiales en
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
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los que puede incurrir una providencia judicial15.
43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
44. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos,
se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más
de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
45. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
15 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del
procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii)
Violación directa de la Constitución.
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46. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en el caso
de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los
defectos aludidos.
2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
47. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término
“relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 200516. En esta providencia se
señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se
cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra
la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se
mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar
con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes17. (Subrayado fuera de texto).
48. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos
avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta
exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202218, el Alto Tribunal unificó los criterios que
se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional.
49. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201419, adoptó de manera expresa la
16 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar
que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para
controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es
procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de
orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
17 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
18 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y
segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de
tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.
Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para
superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de
tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión
preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque
no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
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posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de 2005 sobre los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
50. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional
de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un
instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.
51. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 20 modificó
la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los
temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la
necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una
garantía constitucional.
52. De esta manera, esta Sala de Decisión, planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
53. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir si
en el presente caso el asunto reviste o no relevancia constitucional, de conformidad con
los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte
Constitucional y esta Corporación.
2.6. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso en concreto
54. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la parte actora
considera que la decisión del 24 de agosto de 2023 está viciada de los defectos fáctico,
20Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. A su
juicio, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en los
yerros relacionados al considerar que estuvo vinculado bajo una relación legal y
reglamentaria del orden nacional, excluyendo con ello, su derecho a recibir la pensión
gracia.
55. Ahora bien, en criterio de la Sala, la discusión planteada carece de relevancia
constitucional porque lo perseguido por el accionante es una discusión probatoria que se
circunscribe a reabrir un debate zanjado ampliamente en el proceso ordinario, que
consistió en establecer si el accionante reunía los requisitos para acceder a la
mencionada pensión.
56. De tal suerte que los argumentos expuestos en esta instancia constitucional no
están justificados en una vulneración a derechos fundamentales, sino a una
inconformidad con una decisión que no es acorde con sus intereses. Esta situación
resulta contraria a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger
aquellas garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas a
restablecer las mismas.
57. Bajo este escenario el juez de tutela no está llamado a reemplazar al juez de la
causa y a decidir las controversias de las instancias ordinarias, máxime si resulta
evidente que se trata de una inconformidad con un aspecto que ya fue resuelto por una
autoridad judicial.
58. Es importante resaltar que el simple hecho de existir diferencias de criterio en la
interpretación de las normas de rango legal no puede implicar calificar una providencia
como arbitraria o caprichosa, ni desconocer que su caso fue estudiado en el marco de la
normativa vigente, la sana crítica y la jurisprudencia.
59. En esta medida, se evidencia que se trata de una diferencia de criterio entre la
postura de la parte actora y el examen realizado por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en virtud de su autonomía e independencia judicial, que
lo llevaron a determinar, basado en la jurisprudencia vigente y en el material probatorio,
que el accionante no cumplía con los requisitos establecidos para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión de gracia.
60. Dicho lo anterior, para que un juez constitucional pueda inmiscuirse en un análisis
probatorio es porque se encuentra ante la existencia de una arbitrariedad flagrante y
manifiesta, pues la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia que
revise las actuaciones judiciales de los jueces de procesos ordinarios y que aquello
genere imponer su apreciación sobre los medios de convicción utilizados para resolver
los casos a su cargo.
61. En ese orden de ideas, esta Sección advierte que en el caso sub examine, no es
posible afirmar que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada haya
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incurrido en una vulneración de garantías fundamentales, que amerite un nuevo estudio
y pronunciamiento por parte de un juez constitucional sin que con ello se lesionen los
principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica. Se trata de la reiteración de unos
argumentos ya discutidos y que han quedado resueltos de manera razonable por parte
del juez ordinario, haciendo uso de su autonomía, actividad que solo encuentra su límite
cuando el juzgador incurre en arbitrariedad o capricho, escenario que no se advierte en
el caso concreto.
62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el caso que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OSCAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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