Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06481-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06481-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06481-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
15 de febrero de 2024
Demandante: Dora Consuelo Benítez Tobón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06481-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-00
Demandante: DORA CONSUELO BENÍTEZ TOBÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE
CONJUECES
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por
no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela formulada por la señora Dora
Consuelo Benítez Tobón contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces. Esto, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La acción de tutela
1. La accionante, actuando nombre propio, presentó acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces1. Aunque no lo menciona
expresamente, de una lectura del escrito de tutela se infiere que con la presente solicitud
de amparo la parte actora pretende la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo y a la seguridad social.
2. En sentir de la señora Benítez Tobón, la vulneración de las citadas garantías
constitucionales se configuró con la sentencia del 2 de mayo de 2023, emitida por la
autoridad judicial accionada. En esa providencia se revocó parcialmente una decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sala Transitoria- y, en su lugar, se declaró
probado la prescripción trienal de los derechos laborales reclamados por la
demandante2.
1 Sala conformada por los conjueces: Dra. Carmen Anaya de Castellanos, Dr. Jorge Hernán Beltrán Pardo
y Dr. Carlos Mario Izasa Serrano.
2 En el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con Rad. No. 25000-23-42-000-2015-
04749-02 (0962-2020).
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1.2. Pretensión constitucional
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
Dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida por los Conjueces accionados, el 2 de
mayo de 2023, en el aparte relacionado con la prescripción extintiva de la prima
especial del 30%, y en su lugar ordenar que se profiera sentencia conforme a
derecho.
1.3. Hechos y providencias proferidas en el trámite del proceso ordinario
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia de
la siguiente manera:
5. La actora fue magistrada auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia entre el 16 de septiembre de 1991 al 15 de mayo de 1993 y del 15 de enero
de 1996 al 20 de julio de 2004. También fue magistrada de la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá entre el 16 de mayo de 1993 al 31 de julio de
1994 y magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá del 21 de
julio de 2004 al 30 de junio de 2006. En este último año se retiró del servicio para disfrutar
de su pensión de jubilación.
6. En el tiempo que la actora se desempeñaba como magistrada auxiliar/magistrada
del tribunal, entró en vigor la Ley 4 de 1994. Esta normativa, en su artículo 14, estableció
una prima especial del 30% para los magistrados de los tribunales, los magistrados
auxiliares de las altas cortes y otros funcionarios de la administración de justicia.
7. La accionante afirma que la prima en mención le fue mal liquidada, toda vez que,
en lugar de sumarse a lo devengado por ser un emolumento nuevo, -como en su criterio
habría sido lo correcto-, se determinó que el 30% del salario ordinario correspondía a
esa prestación.
8. Por otra parte, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 2 de abril de 20143, declaró la nulidad parcial de los
decretos dictados por el Gobierno Nacional mediante los cuales fijó la manera de liquidar
la prima especial creada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Para fundamentar esta
decisión se explicó que los decretos interpretaron y aplicaron indebidamente la referida
ley al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que eran contrarios a la Constitución y la Ley. En esta providencia se expuso
que el concepto de prima siempre significa una adición al ingreso del servidor público.
Por lo tanto, fue erróneo interpretar que el 30% de salario que recibían previamente los
servidores constituía la referida prima.
9. La actora presentó, el 12 de noviembre de 2014, reclamación ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial solicitando la reliquidación de los salarios y
3 Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz, expediente 11001-03-25-000-2007-00087-00.
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prestaciones devengadas entre los años 1993 a 2006. Sin embargo, mediante la
Resolución 2502 de 25 de febrero de 2015, le fue negada su petición. Esta decisión fue
confirmada por la Resolución 4294 de 13 de julio de 2015.
10. Contra las anteriores determinaciones la actora interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho4. En primera instancia el asunto fue tramitado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sala Transitoria-. Esa corporación en
sentencia del 31 de julio de 2019, accedió a las pretensiones de la actora. Por lo tanto,
declaró nulo los actos administrativos controvertidos y, en consecuencia, ordenó a la
Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pagar a la demandante de
manera retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió percibir,
por concepto de ingresos mensuales, sobre la base del salario básico más el 30% de
acuerdo con la prima especial de servicios.
11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial interpuso recurso de apelación
contra la anterior sentencia. La alzada le correspondió resolverla al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Esta última corporación, en sentencia del 2 de
mayo de 2023, confirmó parcialmente el fallo de primera instancia. En este sentido se
ratificó la decisión de declarar la nulidad de los actos administrativos controvertidos.
12. Sin embargo, en la sentencia de segunda instancia no se ordenó ningún tipo de
reajuste a favor de la actora porque se determinó que operó el fenómeno de la
prescripción trienal de las prestaciones laborales. Esta determinación reiteró lo
establecido por esa misma sala en la sentencia de unificación del 2 de septiembre de
20195. La fundamentación de esta regla es que la señora Benítez Tobón debió
controvertir los decretos que desde 1993 establecieron la manera como se liquidaría su
prima especial6.
1.4. Sustento de la vulneración
13. La actora considera que la sentencia censurada incurrió en los defectos de
violación directa de la constitución y desconocimiento del precedente judicial. Respecto
del primer defecto sostiene que la providencia reprochada es «incompatible con los
valores, principios y derechos constitucionales». En este sentido, estima que la
obligación por ella reclamada solo se hizo exigible con la sentencia de 2014 de la Sección
Segunda de esta corporación que declaró la nulidad de los decretos que establecieron
la manera de liquidar la prima especial reconocida por el artíulo 14 de la Ley 4 de 1992.
Por ende, considera que desde esa fecha debe contarse el término de la prescripción
trienal.
4 Este proceso se identificó el número de radicado 25000-23-42-000-2015-04749-00/1/2 (0962-2020).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia de unificación de 2 de septiembre
de 2019, Rad. No. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18).
6 La mencionada regla de unificación señala lo siguiente: «Para la contabilización de la prescripción del
derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969».
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14. En este orden, la señora Benítez Tobón sostiene que no podía reclamar el reajuste
de su salario y prestaciones desde el año 1993 porque los actos administrativos que
liquidaron su salario fueron realizados siguiendo los parámetros de un decreto que se
presumía legal. En este orden, considera que la obligación solo se volvió exigible en el
2014 con la declaratoria de nulidad de la normativa que había establecido el
procedimiento para liquidar la referida prima especial. Por lo anterior, considera que se
desconoció el artículo 53 de la Constitución Política que establece las garantías mínimas
que gozan los trabajadores en el país.
15. Por otra parte, la actora sostiene que la providencia reprochada incurrió en el
defecto denominado desconocimiento del precedente judicial porque interpretó
inadecuadamente la sentencia de unificación del 2 de septiembre 2019. Pese a la
anterior afirmación, la sala advierte que en realidad la actora no considera desconocida
la sentencia de unificación, sino que está en desacuerdo con que se haya aplicado la
regla de unificación en el fallo que resolvió su caso.
16. Lo anterior se puede inferir de las siguientes afirmaciones realizadas por la señora
Benítez Tobón en su escrito de tutela:
Como también es evidente que la sentencia de unificación que fue la base para
proferir la que es objeto de tutela solo tiene una premisa, defender el erario,
pisoteando de paso y sin ninguna contemplación a los trabajadores. Es una sentencia
proferida por conveniencia económica que deja al margen, sin contemplación alguna,
los derechos laborales y constitucionales de quien, como yo, presté mis servicios a
la Rama Judicial durante 25 años.
(…)
JURAMENTO
Con anterioridad instauré una acción de tutela con esos mismos argumentos, pero
concretamente contra la sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019 que se
profirió en un proceso donde no fui parte y cuando aún no se había desatado la
segunda instancia en mi proceso. Esta es la primera vez que la instauró, con
argumentos similares, pero concretamente contra la sentencia de segunda instancia
que se profirió en mi contra y que data del pasado 2 de mayo de 2023.
1.5. Trámite de la acción de tutela
17. La acción de tutela fue interpuesta por la parte actora el 20 de octubre de 2023 e
inicialmente la correspondió tramitar el asunto al despacho del consejero Omar Joaquín
Barrero Suárez. Este magistrado manifestó impedimento para conocer del asunto en
escrito del 1 de noviembre de 2023. En su sentir, en su caso se configuraba la causal de
recusación establecida en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal
porque fue magistrado auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación.
Por ende, fue beneficiario de la misma prima especial que fue objeto de controversia en
la sentencia ordinaria censurada.
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18. Así las cosas, el expediente fue remitido el 7 de noviembre del 2023 al despacho
del consejero Pedro Pablo Vanegas Gil. Este magistrado también manifestó
impedimento para conocer del asunto, mediante escrito del 8 del noviembre de ese
mismo año. En su criterio, la prima especial reconocida en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 tiene una estrecha relación con la prima que establece el artículo 15 de la misma
ley y de la cual es beneficiario en su condición de magistrado de alta corte. En
consecuencia, considera que lo que se resuelva sobre esa prestación podría ser
extensible a la prima especial del artículo 15.
19. La Sala de decisión conformada por el consejero de Estado Luis Alberto Álvarez
Parra y los conjueces Germán Lozano Villegas y Pedro Luis Jiménez Blanco, en
providencia del 7 de diciembre del 2023, aceptó el impedimento manifestado por el Dr.
Barreto Suárez y negó el interpuesto por el Dr. Vanegas Gil. Para fundamentar la
decisión se explicó:
Respecto de lo manifestado por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, se tiene
entonces que no hay duda respecto del interés que le asiste en el resultado
del proceso, esto por cuanto la acción de tutela versa sobre el fenómeno de la
prescripción respecto de una prestación que devengó cuando ocupó el cargo de
magistrado auxiliar, en ese sentido, al tratarse de una causal objetiva se aceptará
su impedimento y se le apartará del conocimiento del asunto.
Por el contrario, en el caso del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil no se advierte
que su imparcialidad esté comprometida para resolver el caso puesto en
conocimiento de la solicitud de amparo. Lo anterior, por cuanto la prima especial de
servicios que devengan los magistrados de altas cortes y que se encuentra
consagrada en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992 no es la quefue discutida en el
proceso ordinario que suscitó la providencia atacada.
20. Así las cosas, el expediente volvió al despacho del magistrado sustanciador de
esta decisión el 18 de diciembre del 2023. Luego de la vacancia judicial, el 11 de enero
de 2024, se profirió auto en el que se admitió esta acción de tutela. En consecuencia, se
ordenó notificar como autoridad accionada al Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala
de Conjueces (integrada por Carmen Anaya de Castellanos, Carlos Mario Isaza Serrano
y Jorge Hernán Beltrán Pardo). A su vez, se ordenó la notificación como terceros con
interés del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria
y de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
21. Finalmente, mediante escrito del 5 de febrero del presente año, el consejero de
Estado Luís Alberto Álvarez Parra manifestó su impedimento para conocer del presente
asunto porque en su condición de magistrado de tribunal fue beneficiario de la misma
prima especial de servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Al respecto
expresamente sostuvo:
En ese orden, es claro que al haber sido magistrado del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca he percibido a lo largo de mi carrera, como funcionario de la Rama
Judicial, el referido emolumento, lo cual implica que tenga un interés directo en el
presente asunto.
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1.6. Intervenciones
22. Realizadas las notificaciones ordenadas en el auto admisorio, se presentaron los
siguientes informes:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces
23. La conjuez ponente de la sentencia ordinaria reprochada en esta acción de tutela
rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la presente acción por no superar
el requisito de la subsidiaridad. En este sentido, sostuvo que en la providencia censurada
por la actora se aplicó la regla de unificación respecto de la prescripción trienal de la
prima establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Por lo tanto, contra esa decisión
procede el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial.
24. Por otra parte, se solicitó declarar la cosa juzgada sobre la referida regla de la
prescripción trienal. Al respecto, sostuvo que la misma ha sido reprochada mediante
varias tutelas. Estas acciones, a su vez, han sido negadas por todos los jueces que han
conocido el asunto.
1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
25. En el informe rendido se solicitó declarar la falta legitimación en la causa por
pasiva respecto de esa entidad porque los reproches de la actora van dirigidos a
controvertir únicamente la decisión adoptada por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda de esta corporación.
1.6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria
guardó silencio. Lo anterior, pese a haber sido notificado en debida forma de la existencia
de este proceso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
26. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Dora Consuelo Benítez Tobón contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sala de Conjueces. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa. Impedimento manifestado por el consejero de Estado Luís
Alberto Álvarez Parra
27. En materia de tutela, conforme a lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto 2591
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de 19917, los impedimentos se rigen por las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
28. Ahora bien, se ha entendido que los impedimentos constituyen causales de
carácter legal que fueron establecidas con el fin de que los jueces y magistrados que
consideren que su imparcialidad puede verse comprometida a la hora de administrar
justicia en determinado asunto, puedan ser separados del conocimiento de este.
29. Lo anterior, en aras de garantizar al usuario, que los funcionarios judiciales que
decidieron su caso «[...] no tengan un interés directo, una posición tomada, una
preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la
controversia [...]»8.
30. La causal invocada por el magistrado Luís Alberto Álvarez Parra se encuentra
establecida en el numeral 1.° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal:
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […]
Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o
algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad, tenga interés en la actuación procesal.
31. Al respecto el señor consejero considera que podría tener interés directo en lo que
se resuelva en este asunto en lo que respecta a la prima establecida en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992. Lo anterior porque se benefició de esa prestación cuando fue
magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
32. Así las cosas, esta Sala de decisión considera que se configura la causal de
impedimento manifestada porque en la presente acción de tutela se discute un asunto
relacionado con el fenómeno de la prescripción respecto de una prestación que devengó
el señor consejero cuando ocupó el cargo de magistrado de tribunal. En ese sentido, se
aceptará su impedimento y se le apartará del conocimiento de este asunto.
2.3. Legitimación en la causa
33. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la
acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente
a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
7 Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse
impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de
incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de
tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el
caso.
8 Corte Constitucional, sentencia C-881 de 2011.
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34. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la sala advierte que la señora
Dora Consuelo Benítez Tobón está legitimada en la causa por activa. Esto, porque fue
la parte demandante en el proceso ordinario en el que se emitió la sentencia censurada
mediante esta acción de tutela
35. Por su parte, esta colegiatura considera que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces está legitimada en la causa por pasiva al ser la autoridad
que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
36. Finalmente, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó declarar su
falta de legitimación por pasiva respecto del presente proceso. La sala no accederá a
esta petición porque esta entidad no fue vinculada como accionada al proceso, sino como
tercera como interés. Lo anterior porque fue la parte demandada en el proceso en el que
se expidió la sentencia atacada en este mecanismo de amparo.
2.4. Problema jurídico
37. Lo primero que la sala deberá analizar es si se superan los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. De encontrarse
superados los mismos, se estudiará el siguiente problema jurídico:
¿La autoridad judicial accionada incurrió en los defectos de violación directa de la
constitución y desconocimiento del procedente judicial con su decisión de declarar
probada la prescripción trienal de los derechos laborales reclamados por la señora Dora
Consuelo Benítez Tobón en el proceso relacionado con la prima especial que trata el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992?
38. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, los cuales, de
encontrarse superados, se procederá al análisis de (iii) el caso concreto y los defectos
especiales planteados por la parte actora.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en
fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas
Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 10. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales11.
40. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201412. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia13 y ocho defectos especiales en
los que puede incurrir una providencia judicial14.
41. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
42. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos,
se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
14 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del
procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii)
Violación directa de la Constitución.
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de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
43. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
44. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional y
el de subsidiariedad, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Estudio del requisito general de la relevancia constitucional
45. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término
«relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200515. En esta providencia se
señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se
cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra
la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como
ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra
a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes16. (Subrayado fuera de texto).
46. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos
avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta
exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202217, el Alto Tribunal unificó los criterios que
15 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar
que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para
controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es
procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de
orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
16 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
17 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y
segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de
tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.
Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para
superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de
tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho
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se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional.
47. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional
de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un
instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.
48. A su vez, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202218, modificó la
postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional,
en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan
a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de
desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía
constitucional.
49. De esta manera, se planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
50. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir si
en el presente caso el asunto reviste o no relevancia constitucional, de conformidad con
los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte
Constitucional y esta Corporación.
2.7. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso en concreto
fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión
preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque
no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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51. Esta sala considera que la discusión planteada carece de relevancia constitucional
por dos motivos. El primero de ellos, por la falta de una carga argumentativa en el escrito
de tutela que evidencie que el asunto en cuestión conlleva un debate transcendental
sobre el alcance o desarrollo de los derechos fundamentales o los principios
constitucionales.
52. La segunda razón por la que este caso carece de relevancia constitucional es
porque lo que la parte actora en realidad está cuestionando es la aplicación de una regla
de unificación sobre la prescripción trienal de la prima de servicios establecida en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1991. Este punto es de mera legalidad y no transciende al
ámbito iusfundamental.
53. En efecto, la actora considera que la sentencia reprochada incurrió en violación
directa de la constitución. Para fundamentar este reproche reiteró los argumentos
planteados en el proceso ordinario en relación que las pretensiones por ellas solicitadas
solo se volvieron exigibles en el año 2014, cuando la Sección Segunda de esta
Corporación declaró la nulidad de los decretos que establecían el procedimiento para
liquidar la referida prima de servicios. En este orden, sostiene que su reclamación fue en
ese mismo año, por lo que no se podía declarar la prescripción trienal de sus
pretensiones.
54. El anterior contexto le permite a la sala evidenciar que los argumentos de la señora
Benítez Tobón no tiene relevancia constitucional porque se refieren a un asunto de mera
legalidad sobre el término para empezar a contar la prescripción trienal de una obligación
de carácter laboral.
55. Por otra parte, el reproche sobre el desconocimiento del precedente judicial
tampoco supera el requisito de la relevancia constitucional. En efecto, como la misma
actora lo reconoce en su escrito de tutela, la sentencia censurada se limitó aplicar una
regla de unificación que previamente se había establecido para un caso análogo al de la
accionante.
56. Así las cosas, se puede sostener que lo que la actora cuestiona en realidad es la
pluricitada sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019 19. No obstante, los
argumentos planteados contra esta providencia tampoco tienen una suficiente carga que
permita superar el requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional. En efecto,
el reproche planteado es el siguiente:
Como también es evidente que la sentencia de unificación que fue la base para
proferir la que es objeto de tutela solo tiene una premisa, defender el erario,
pisoteando de paso y sin ninguna contemplación a los trabajadores. Es una sentencia
proferida por conveniencia económica que deja al margen, sin contemplación alguna,
los derechos laborales y constitucionales de quien, como yo, presté mis servicios a
la Rama Judicial durante 25 años, durante los cuales aplique justicia y ahora que la
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia de unificación de 2 de septiembre
de 2019, Rad. No. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18).
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reclamo para mi, encuentro en el camino “una perla jurídica” como es la que ahora
es objeto de cuestionamiento constitucional.
57. En definitiva, la sala considera que ninguno de los dos cargos planteados por la
parte actora logra superar el requisito de la relevancia constitucional porque la carga
argumentativa es insuficiente y no permite entrever que el asunto implique o contenga
una tensión para los derechos fundamentales invocados. En realidad, lo que la señora
Benítez Tobón pretende es que se vuelva a debatir en una tercera instancia los asuntos
resueltos por los jueces naturales, en especial el tema relacionado con la prescripción
trienal.
58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el señor consejero
de Estado Luis Alberto Álvarez Parra para conocer de la presente acción de tutela. En
consecuencia, SEPARARLO del conocimiento de este proceso.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción por no superar el requisito
general de la relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el caso que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ
Conjuez
GERMÁN LOZANO VILLEGAS
Conjuez
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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