Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06507-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06507-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06507-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
5 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06507-00
Demandante: Hargeni Haro Moncada y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06507-00
Demandantes: HARGENI HARO MONCADA, JAQUELINE TORRES
CONTRERAS, MARÍA ROSALBA MONCADA OCHOA,
BENJAMÍN HARO MONCADA, FRANKLIN HARO MONCADA,
FRAYDA HARO MONCADA, ROSANA HARO MONCADA,
CARLOS HARO MONCADA Y JOHN FABIO HARO MONCADA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por privación injusta de la libertad en el que en segunda
instancia se redujeron los perjuicios morales. Defectos sustantivo,
fáctico y desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Hargeni Haro Moncada, Jaqueline Torres Contreras,
María Rosalba Moncada Ochoa, Benjamín Haro Moncada, Franklin Haro
Moncada, Frayda Haro Moncada, Rosana Haro Moncada, Carlos Haro Moncada y
John Fabio Haro Moncada, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de octubre de 2023, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia e igualdad, así como los principios de legalidad y justicia
“y a ser juzgado de conformidad a la ley vigente para la época de los hechos”,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Admitir y dar trámite a esta petición de acción constitucional de tutela.
SEGUNDA: Conceder el AMPARO de los derechos fundamentales a la igualdad, al
respeto al debido proceso, a la seguridad jurídica y al acceso material a la justicia de
los accionantes, los cuales son actualmente vulnerados y amenazados por la sentencia
del 27 de abril del 2023 proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del Norte de
Santander, dentro de la acción de reparación directa con radicado 54 001 33 33 004
2014 00418 02 de HARGENI HARO MONCADA, contra la rama judicial y la fiscalía
general de la nación.
TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el numeral PRIMERO de la
sentencia de fecha 27 de abril del 2023 proferida dentro de la acción de reparación con
radicado 54 001 33 33 004 2014 00418 02 de HARGENI HARO MONCADA, contra la
rama judicial y la fiscalía general de la nación de fecha 25 de septiembre de 2019,
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta.
Que Resolvió lo siguiente:
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06507-00
Demandante: Hargeni Haro Moncada y otros
"Primero: Declárese administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN -
RAMA JUDICIAL y a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los daños
antijurídicos causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de
libertad de que fue objeto, el señor HARGENI HARO MONCADA, por lo dicho en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior y conforme lo dicho en las motivaciones,
CONDÉNESE a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
a reconocer y pagar en favor de las personas que continuación se enuncian a título de
PERJUICIOS MORALES las siguientes sumas, precisadas en salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento efectivo del pago:
ACCIONANTES VÍNCULO SMLMV
Hargeni Haro Moncada Víctima directa 50,83
María Rosalba Moncada Ochoa Madre 25,41
Jacqueline Torres Contreras Compañera Permanente 25.41
Así como los numerales
Tercero: Niéguense las demás súplicas de la demanda, conforme lo expuesto en las
consideraciones de esta providencia.
Cuarto: Sin condena en costas, conforme lo explicado en la parte motiva.
Quinto: Devuélvase a la parte actora el valor consignado como gastos ordinarios del
proceso o su remanente, si [l]o hubiere.
Sexto: CÚMPLASE [l]o dispuesto en esta providencia, dentro del término y en la forma
señalados en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.
Séptimo: Una vez en firme la presente Providencia, archívese el Expediente, previas
las anotaciones secretaria[l]es de rigor."
SEGUNDO: ABSTENERSE de efectuar condena en costas en la segunda instancia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: Una vez en firme la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Juzgado de origen, previas las anotaciones secretariales a que haya lugar.
CUARTO: Que se ordene al Honorable Tribunal Administrativo del Norte de
Santander, Que en el término prudente se sustituya el fallo de segunda instancia
pronunciado el día 27 de Abril de 2023, por uno obrando de conformidad a la
normativa vigente para la época de interposición de la demanda esto es la sentencia
de unificación del Honorable Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2014, Rad.
36.149. M. de C. de Reparación Directa que unificó su criterio”.
2. Hechos
Los accionantes relataron que el 16 de mayo de 2012 fue capturado el señor
Hargeni Haro Moncada por el presunto homicidio del señor Cristo Humberto
Bayona Bacca en la avenida segunda nro. 3-10 del barrio aeropuerto de la ciudad
de Cúcuta y fue conducido por funcionarios policiales a la Estación de Policía.
Sostuvieron que la captura se efectuó “como producto de la información de dos
testigos bajo reserva de identidad, quienes no solo proporcionaron datos sobre la
moto y la dirección de huida del presunto Homicida, sino también realizaron
reconocimiento ilegal y espurio en fila de personas en la Subestación de policía,
sin que hubiera sido ordenada por autoridad judicial alguna, sin presencia del
Fiscal de turno U.R.I., sin la presencia del representante del misterio Publico, y sin
la presencia de un abogado defensor que ejerciera la defensa técnica del
capturado (…)”.
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Demandante: Hargeni Haro Moncada y otros
Mencionaron que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de
Garantías Ambulante de Cúcuta en audiencia de 17 de mayo de 2012, legalizó la
captura del señor Hargeni Haro Moncada, adelantó la formulación de cargos e
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural en un
complejo carcelario y penitenciario de Cúcuta por el delito de homicidio en
“concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones”.
Posteriormente señalaron que el 31 de agosto del mismo año fue negada la
solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, al considerar que los
elementos materiales probatorios allegados por la defensa debían ser debatidos
en el juicio oral.
Afirmaron que el 22 de marzo de 2013, el Juzgado Sexto Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Cúcuta1 profirió sentencia absolutoria a favor del
señor Hargeni Haro Moncada, al encontrar probado que al momento de la captura
no portaba armas de fuego, además que “la prueba de absorción atómica fue
negativa y para la fecha de los hechos se encontraba laborando”. Y manifestaron
que el señor Hargeni Haro Moncada estuvo privado de la libertad desde el 17 de
mayo de 2012 hasta el 22 de marzo de 2013.
Así las cosas, el 21 de febrero de 2014 presentaron demanda contra la Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial en ejercicio del medio de control de
reparación directa, en la cual solicitaron que se declarara responsable a las
entidades demandadas por los perjuicios causados al señor Hargeni Haro
Moncada con ocasión de la privación injusta de la libertad desde el 17 de mayo de
2012 hasta el 22 de marzo de 2013.
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta mediante sentencia de
primera instancia de 25 de septiembre de 2019, declaró administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial, por los daños
antijurídicos causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad del
señor Haro Moncada y, en consecuencia, ordenó reconocer y pagar a título de
perjuicios morales las siguientes sumas:
Accionantes Vínculo SMMLV
Hargeni Haro Moncada Víctima directa 80
María Rosalba Moncada Ochoa Madre 80
Jacqueline Torres Contreras Compañera permanente 80
Rosana Haro Moncada Hermana 40
Frayda Haro Moncada Hermana 40
Carlos Haro Moncada Hermano 40
Jhon Fabio Haro Moncada Hermano 40
Benjamín Haro Moncada Hermano 40
Franklin Haro Moncada Hermano 40
Lo anterior, al considerar que no había lugar a establecer la responsabilidad penal
del accionante por los delitos investigados, toda vez que la prueba de absorción
atómica arrojó un resultado negativo, además que al momento de la captura el
señor Haro Moncada no portaba armas de fuego y se encontraba desarrollando
actividades económicas al momento en que ocurrieron los hechos.
Contra la anterior determinación, el 24 de octubre de 2019, la Nación – Rama
Judicial interpuso recurso de apelación ante el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Cúcuta, quien posteriormente remitió la apelación al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cúcuta, al considerar que por error involuntario fue
recibido por ese despacho. En ese orden de ideas, la parte demandante del
1 Radicado No. 54001-33-33-004-2014-00418-00.
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Demandante: Hargeni Haro Moncada y otros
proceso ordinario presentó escrito en el que solicitó que no se concediera el
recurso de apelación porque fue presentado ante un despacho judicial que no
tenía conocimiento.
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta en proveído de 14 de
noviembre de 2019, hizo un recuento de las actuaciones surtidas y negó la
solicitud presentada por la parte demandante y, posteriormente, mediante decisión
de 21 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
admitió el recurso.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander por medio de sentencia de 27 de
abril de 2023, modificó la decisión de 25 de septiembre de 2019 proferida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta, en el sentido de incluir en la
declaratoria de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, disminuir los
perjuicios morales de la víctima directa a 50.83 SMLMV, los de la madre y la
compañera permanente a 25,41 SMMLV y revocar los correspondientes a los
hermanos del señor Haro Moncada.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con la relevancia
constitucional indicó que la sentencia de 27 de abril de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander aplicó indebidamente con “efectos
retrospectivos de jurisprudencia” la sentencia de unificación de la Sección Tercera
del Consejo de Estado de 29 de noviembre de 2021, la cual no existía cuando
ocurrieron los hechos, ni para la época en que se presentó la demanda de
reparación directa, por lo tanto se encuentra vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso, así como el principio de seguridad jurídica.
Mencionó que no existe otro medio de defensa judicial para controvertir el fallo
de segunda instancia, pues al ser la providencia que decidió el recurso de
apelación la que se cuestiona, no es susceptible de recursos ordinarios.
Respecto del requisito de inmediatez, la parte actora afirmó que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 27 de abril de 2023 y notificada a las partes el 2
de mayo del mismo año, por lo tanto se encuentra dentro del término razonable.
Ahora bien, en lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó
que se configuró el defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial.
En relación con el defecto fáctico consideraron que el juez natural se apartó del
precedente judicial que era aplicable para la época de los hechos y la
presentación de la demanda, debido que “la norma que era aplicable para la
decisión del honorable tribunal administrativo del norte de Santander es la resuelta
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149. M. de C. de
Reparación Directa que unificó su criterio, fijando unos parámetros de guía para su
tasación de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el
grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa”.
En lo que atañe con el defecto sustantivo señalaron que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander reconoció un derecho que “no tenía el
apelante de primera instancia, por este no haber interpuesto su recurso de
apelación ante la autoridad administrativa de conocimiento (Juzgado Quinto
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Demandante: Hargeni Haro Moncada y otros
Administrativo del Circuito de Cúcuta), y luego por No haberse sustentado en
debida forma el recurso, lo cual daba como inexorable, el que NO se concediera el
recurso impetrado (…)”. En ese sentido, la autoridad judicial accionada desconoció
la norma aplicable relacionada con la admisión de los recursos de apelación.
Asimismo, insistieron que la decisión se basó en normas inexistentes o
inconstitucionales al aplicase la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado de 29 de noviembre de 2021 (expediente N° 46681) de manera retroactiva,
pues la decisión no existía para la época de los hechos ni para la fecha en la que
interpusieron la demanda por lo que, a su juicio, el tribunal debió tener en cuenta
la sentencia de unificación de la misma corporación judicial proferida el 28 de
agosto de 2014 (radicado N° 36149).
Por último, afirmaron que el fallo objeto de debate desconoció el precedente
judicial, por cuanto la Sección Tercera del Consejo de Estado señala que “la
retroactividad del precedente viola la cláusula de Estado de Derecho y el deber
general del Estado de respeto a las garantías judiciales, debido proceso, libertad e
igualdad y, por contera, a la confianza legítima creada de manera objetiva por las
autoridades estatales en el desarrollo de sus actos”, por lo que concluyeron que el
precedente judicial es vinculante para las decisiones pero la aplicación del mismo
de forma retroactiva vulnera los derechos fundamentales.
Refirieron que el efecto prospectivo o de jurisprudencia anunciada hace referencia
a que las decisiones deben tener efectos hacia el futuro, por lo que, reiteraron que
la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 29 de
noviembre de 2021, solo era aplicable para los hechos que ocurrieran de manera
posterior a su expedición.
Por último, con el fin de explicar los efectos en el tiempo de los cambios
jurisprudenciales de las sentencias de unificación, citaron las decisiones del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, de 4 de septiembre de
2017, expediente 57.2792, de 14 de septiembre de 2018, expediente 533923 y de
25 de abril de 2018, expediente 588904, Consejo de Estado, Sección Primera,
Subsección “C” de 4 de febrero de 2021, radicado: 68001-23-33-000-2020-00089-
015, Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 18 de febrero de 2021.
Radicado: 11001-03- 28-000-2020-00058-006.
4. Trámite procesal
Por auto de 22 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como
al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta y a la Nación – Fiscalía
General de la Nación, como terceros interesados en el resultado del proceso y se
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo
previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso. La Secretaría General
de esta Corporación libró los oficios Nos. 138757 a 138761 de 27 de noviembre de
2023, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión7.
El 15 de febrero de 20248, se profirió sentencia de primera instancia mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela frente al defecto sustantivo y se
negó el amparo con relación con el defecto por desconocimiento del precedente
2
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
3
C.P. Guillermo Sánchez Luque.
4
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
5
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
6
C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
7
Índice 11 de Samai.
8
La anterior decisión se notificó a las partes el 21 de febrero de 2024.
5
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judicial. Posteriormente, el 1° de marzo del mismo año, la Secretaría General de
esta Corporación remitió el expediente de la referencia a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Así las cosas, la Corte Constitucional - Sala de Selección de Tutelas Número
Cuatro, mediante auto de 30 de abril de 2024, dispuso excluir de revisión el
expediente de tutela. Posteriormente, el 21 de febrero de 2025, el expediente
regresó de la Corte Constitucional, y en esa misma fecha la acción de tutela
ingresó al despacho para proveer sobre el escrito de impugnación presentado por
la parte actora, previo informe secretarial rendido por la doctora Diana Lucía
Sánchez Serna, en el que indicó que:
“El 26 de febrero de 2024, el señor José Luis Castilla Soto allegó escrito de
impugnación contra la sentencia de primera instancia proferida en el expediente de
tutela 11001-03-15-000-2023-06507-00, desde la cuenta
josepumacastilla@yahoo.es a la dirección de correo electrónico
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co., y agregó que “El 11 de septiembre
de 2024, el señor José Luis Castilla Soto remitió solicitud de información dirigida a
esta dependencia en relación con el trámite impartido a la impugnación que
presentó el 26 de febrero del mismo año”.
De conformidad con lo anterior, y aplicando lo establecido en los artículos 31 y 32
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 4° del Decreto 1382 de
2000, se concedió la impugnación interpuesta por la parte demandante, contra la
sentencia de 15 de febrero de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, y fue remitido por Secretaría General a la autoridad judicial
correspondiente.
El proceso de tutela le correspondió por reparto a la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, que mediante providencia de 11 de abril de
2025 declaró la nulidad de lo actuado con posterioridad a las notificaciones del
auto admisorio de 22 de noviembre de 2023, y ordenó vincular al proceso a la
Nación – Rama Judicial, comoquiera que actuó como demandado en el medio de
control de reparación directa No. 54001-33-33-004-2014-00418-02. Así las cosas,
el proceso regresó al despacho el 2 de mayo de 20259, para cumplir con lo
ordenado por la Sección Segunda.
Mediante auto de 8 de mayo de 2025, el despacho sustanciador vinculó a la
presente acción de tutela como tercero con interés a la Nación – Rama Judicial,
con el fin de garantizar el derecho de defensa y contradicción. La Secretaría
General de esta Corporación libró el oficio No. 60699 de 12 de mayo de 2025, con
el fin de dar cumplimiento a la referida decisión10.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
El magistrado ponente rindió informe en el que solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la decisión objetada está
fundada en el principio de legalidad y con respeto de los derechos fundamentales
de los accionantes.
Hizo un breve resumen del fallo acusado para indicar que se fundamentó en la
sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 29 de
9
Índice 47 de Samai.
10
Índice 52 de Samai.
6
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Demandante: Hargeni Haro Moncada y otros
noviembre de 2021, en la que se fijaron reglas de unificación para el
reconocimiento y la cuantificación de perjuicios morales en caso de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.
Afirmó que disminuyó el porcentaje de la indemnización de los perjuicios morales
tasados a favor de la víctima directa, la compañera permanente y la madre,
teniendo en cuenta el término de reclusión del señor Hargeni Haro Moncada y,
además, revocó la otorgada a los hermanos porque el material probatorio no era
suficiente para acreditar “con grado de certeza el nivel de afectación de los
mismos”.
Sostuvo que la Sección Tercera del Consejo de Estado en la referida decisión
estableció como regla que las demandas presentadas desde el 28 de agosto de
2013 hasta la fecha de expedición de la sentencia de unificación que se
encuentren fundadas en la línea jurisprudencial anterior y que no se hayan
solicitado pruebas para acreditar los perjuicios morales de los parientes en
segundo grado de consanguinidad, el juez puede hacer uso de sus facultades
probatorias para garantizar el derecho al debido proceso, por lo que, en el caso
concreto, si bien se allegaron testimonios, a su juicio, estos no eran suficientes
para el reconocimiento de los perjuicios morales.
Aclaró que la mencionada regla “no implica la automática aplicación de una
presunción, sino la posibilidad de que se decreten pruebas para acreditar los
perjuicios morales por parte del juez, cuando no se hubiesen solicitado pruebas
para acreditar los perjuicios morales de los parientes en segundo grado de
consanguinidad”.
Finalmente, señaló que no vulneró los derechos fundamentales de los actores,
porque dio aplicación a la sentencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado de 29 de noviembre de 2021.
5.2. Respuesta del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta
La titular del despacho expuso que el 21 de febrero de 2014 por reparto le
correspondió el proceso de reparación directa interpuesto por el señor Hargeni
Haro Moncada y otros contra la la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la
Nación al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, quien le asignó como
radicado el No. 54001-33-33-004-2014-00418-00. Posteriormente, mediante
providencia de 23 de septiembre de 2014 se admitió la demanda y se dispuso su
notificación a las partes y al Ministerio Público.
Refirió que el 12 de julio de 2016, se realizó la audiencia inicial en la que se
decretaron pruebas y se fijó fecha para la diligencia del recaudo de las mismas, y
el 8 de septiembre del mismo año, se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la
cual, la titular del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta se declaró
impedida y ordenó la remisión del expediente al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Cúcuta.
Mencionó que una vez culminada la etapa probatoria, el 25 de septiembre de 2019
profirió sentencia en la que accedió a las pretensiones de la demanda. Sin
embargo, la decisión fue objeto de recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en fallo de 27 de abril de 2023, modificó la
decisión de primera instancia.
Por último, allegó el link con las actuaciones del expediente digital del proceso y
afirmó que el mismo se ha ceñido a la normatividad procesal y sustancial vigente,
por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante.
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5.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
La Profesional Especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad
rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela por carecer del requisito de subsidiariedad. Además, indicó que no se sustentó
la configuración de los defectos sustantivo y el desconocimiento del precedente
judicial.
Mencionó que el amparo constitucional es improcedente porque la parte accionante
acudió a la acción de tutela sin agotar los mecanismos judiciales idóneos para
controvertir el fallo de 27 de abril de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, y agregó que no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable.
Refirió que, a su juicio, los demandantes no sustentaron las causales específicas de
procedencia porque no lograron identificar los defectos en los que presuntamente
incurrió la providencia controvertida, razón por la cual, el juez constitucional no podía
entrar a estudiar la totalidad de la providencia para identificar tales yerros.
Asimismo, afirmó que no se configuró el defecto sustantivo alegado en tanto la
decisión controvertida fue razonada y proporcional y no se evidenció la vulneración
de los derechos fundamentales alegados.
Sostuvo que no se vislumbra que la decisión del juez natural dentro del proceso de
reparación directa que originó la controversia sea arbitraria o irracional, por el
contrario, se encuentra probado que la misma se ajusta a derecho. Adicionalmente,
el análisis probatorio fue razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica y
sus argumentos hacen parte de la independencia y autonomía con la que cuentan
los jueces al momento de dictar sentencia.
Mencionó que a través de la acción de tutela los demandantes pretenden retrotraer
una instancia judicial, las actuaciones y etapas procesales de un asunto que ya
surtió su trámite, “lo cual es inconcebible por el carácter subsidiario que acompaña
tan especial mecanismo constitucional y por cuanto en ningún momento en el escrito
de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental alguno”.
Finalmente, sostuvo que las pretensiones de los actores carecen de relevancia
constitucional, por cuanto acuden al amparo solicitando el ajuste de las condenas
pecuniarias, solicitud que es naturaleza económica.
5.4. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cúcuta
El apoderado judicial de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta rindió informe en el que indicó que la parte actora
no identificó de manera razonable los hechos y los derechos que supuestamente
considera vulnerados, “ni mucho menos existe prueba o certeza que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial. Por lo que la tutela no está llamada
a prosperar”.
En cuanto al requisito general de inmediatez señaló que la acción de tutela tiene que
ser interpuesta en un término razonable y proporcionado a partir de los hechos
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Demandante: Hargeni Haro Moncada y otros
generadores de la vulneración, y en el presente caso la sentencia de segunda
instancia fue notificada en abril de 2023.
Manifestó que el accionante “acusa al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander de que no le fallaron en derecho, bajo los precedentes existentes, pues
alega una mala interpretación y aplicación del precedente jurisprudencial en su
caso; pero lo cierto es que, la Fiscalía General de la Nación estaba facultada
para realizar la investigación, realizar la captura y solicitar la medidas de
aseguramiento y dentro de los hechos, se demostró que existía una flagrancia, y
que el señor JULIO ENRIQUE HERNANDEZ, fue quien en su confiar, se expuso
al peligro, y por ende a una investigación penal”.
Agregó que las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que dieron inicio al
proceso penal implica “el deber de soportar la carga de una investigación penal y sus
consecuencias jurídicas”. Al respecto, indicó que el máximo órgano de cierre de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha establecido el deber de todo
ciudadano de soportar la carga de una investigación penal y sus consecuencias
jurídicas, “en donde el haber sido absuelto de una investigación penal o la misma
haya precluido no implica que la restricción de la misma haya sido injusta”.
Por último, sostuvo que no se evidencia que se hayan vulnerado los derechos
fundamentales alegados por el accionante por parte del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander ni de la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, por el contrario, existe prueba de que no
acreditaron los elementos de una supuesta responsabilidad del estado por parte de
la Rama Judicial por la privación de la libertad del señor Hargeni Haro Moncada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia
judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada en el fallo de 27 de
abril de 2023, incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
actora al configurarse los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente judicial.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos11 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
11
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
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Civiles y Políticos12, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en
virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201213, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201414, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico16; (ii) Defecto procedimental absoluto17; (iii)
Defecto fáctico18; (iv) Defecto material o sustantivo19; (v) Error inducido20; (vi)
Decisión sin motivación21; (vii) Desconocimiento del precedente22 y (viii) Violación
directa de la Constitución23.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
12
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
13
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
14
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
17
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
18
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
19
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
20
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
21
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
22
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
23
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
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interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo24 y de la Corte
Constitucional25.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela supera el presupuesto de
relevancia constitucional porque debe definirse si se vulneraron a la parte actora
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia e igualdad, así como los principios de legalidad y justicia “y a ser juzgado
de conformidad a la ley vigente para la época de los hechos”, con la sentencia de
27 de abril de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander modificó el fallo de 25 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Cucuta que había accedido parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en el sentido de disminuir el porcentaje de la
indemnización de los perjuicios morales tasados a favor de la víctima directa, la
compañera permanente y su madre. Asimismo, revocó la indemnización por el
mismo concepto otorgado a los hermanos de la víctima directa, en el marco del
medio de control de reparación directa que promovió contra la Nación - Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
De allí que no se proponga un debate de estricta legalidad, sino que la discusión
se orienta a determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente lo que conllevaría, de
encontrarse acreditados, la vulneración de garantías iusfundamentales.
Por otra parte, (ii) se cumple el requisito de subsidiariedad respecto de la
sentencia dictada por la autoridad judicial accionada, porque la parte actora no
cuenta con otro medio de defensa judicial, teniendo en cuenta que la providencia
que decidió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada del
proceso ordinario, no es susceptible de recursos ordinarios, y no le son
procedentes las causales del recurso extraordinario de revisión contemplado en
los artículos 243 y 250 de la Ley 1437 de 2011.
No ocurre lo mismo en relación con el auto que admitió el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, sin tener en cuenta, según afirma la parte
actora, que el mismo no se interpuso ante el juzgado de conocimiento y no se
encontraba debidamente sustentado.
La Sala observa que el 24 de octubre de 2019, el apoderado de la Dirección
Seccional de la Administración Judicial interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
24
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
25
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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de Cúcuta. Posteriormente, el 31 de octubre del mismo año, el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Cúcuta remitió el recurso de apelación al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta, en los siguientes términos: “Muy
comedidamente me permito allegar escrito suscrito por el Doctor Jonathan
Barbosa Echeverry como apoderado de la Rama Judicial, ya que por error
involuntario fue recibido en este despacho”.
En ese orden de ideas, la parte demandante mediante escrito de 12 de noviembre
de 2019 solicitó que no se concediera el recurso de apelación interpuesto por la
Rama Judicial porque fue presentado ante un despacho judicial que no tenía
conocimiento y, además, supuestamente con un radicado diferente al que cursaba
en el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta, pues consideraba que
el proceso cursaba con el número de radicado 54001-33-33-004-2013-00418-00.
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta en proveído de 14 de
noviembre de 2019, realizó un recuento de las actuaciones surtidas y negó la
solicitud presentada por la parte demandante teniendo en cuenta que “no existe
duda de que el recurso de apelación presentado por el apoderado de la Nación –
Rama Judicial sí fue interpuesto y sustentado dentro del término de Ley, de tal
suerte, que, previo a decidir sobre la concesión del recurso y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, se ordena citar a las partes
a audiencia de conciliación”.
Así las cosas, el 29 de noviembre de 2019 el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Cúcuta declaró fallido el intento de conciliación y, en consecuencia,
concedió el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Rama Judicial contra
la sentencia de primera instancia de 25 de septiembre de 2019.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante auto de 21 de febrero
de 2020, admitió el recurso de apelación contra la decisión de 25 de septiembre
de 2019. Posteriormente, por proveído de 21 de octubre del mismo año consideró
innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió
traslado para que las partes presentaran los alegatos.
Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que en virtud del artículo 242 de la Ley
1437 de 2011, el recurso de reposición procedía contra el auto de 21 de febrero de
2020 que admitió el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial contra
la sentencia de primera instancia de 25 de septiembre de 2019 dentro del medio
de control de reparación directa, sin embargo, la parte accionante no presentó
reproche alguno contra el mismo.
En este sentido, el alegato presentado por la parte actora es improcedente porque
no agotaron el medio de defensa judicial que tenían a su alcance para presentar
sus reproches, el cual no puede ser sustituido por este mecanismo de protección
constitucional que, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 superior, es de
naturaleza residual y subsidiaria.
En esas condiciones, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
respecto del defecto sustantivo en relación con la admisión del recurso de
apelación presentado contra la sentencia de 25 de septiembre de 2019, proferida
por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta.
(iii) Se cumple el requisito de la inmediatez, a diferencia de lo señalado por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, toda vez que
la providencia objetada fue notificada a las partes mediante correo electrónico de 3
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de mayo de 2023, por lo que se entiende notificada el 5 de junio siguiente26, de
conformidad con el artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, esto es, dentro del término prudencial precisado por
esta corporación; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que
generaron la supuesta vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no
se dirige contra un fallo de tutela.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la
Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico y desconocimiento del precedente judicial
La parte accionante considera que la sentencia de 27 de abril de 2023, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander modificó el fallo que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de
disminuir el porcentaje de la indemnización de los perjuicios morales tasados a
favor de la víctima directa, la compañera permanente y la madre y revocó la
indemnización por el mismo concepto otorgada a los hermanos de la víctima
directa, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial,
al dar aplicación de manera retroactiva a la sentencia de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de 29 de noviembre de 202127.
A juicio de los demandantes, en el caso debió darse aplicación a la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, teniendo en cuenta que era la que estaba vigente al momento en que
ocurrieron los hechos dañosos y a la interposición de la demanda ordinaria.
La Sala precisa que aun cuando la parte actora invoca los defectos sustantivo,
fáctico y desconocimiento del precedente judicial, el análisis lo realizará bajo la
caracterización de este último, en tanto se observa que se circunscriben al mismo
argumento -indebida aplicación de la sentencia de unificación de 29 de noviembre
de 2021, dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado-.
La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica
que28: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente
de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha
sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación».
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
26
Regla de unificación establecida en el auto de 29 de noviembre de 2022, proferido por la Sala Plena del Consejo de
estado identificado con el radicado 68001-23-33-000-2013-00735-02, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
27
C.P. Martín Bermúdez Muñoz, expediente N° 46681.
28
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
13
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En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial,
de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la
regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas29:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció 30.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría
dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya
decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto31.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
En el caso concreto, se observa que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander en sentencia de 27 de abril de 2023, modificó el fallo de primera
instancia de 25 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cúcuta, bajo el argumento de “incluir dentro de la
declaratoria de responsabilidad y, por ende, en la condena a la Fiscalía General
de la Nación, por cuanto el señor Hargenis Haro Moncada experimentó una
privación injusta de la libertad como un daño antijurídico (…) igualmente la
sentencia será modificada en cuanto a su condena, al modificar la condena por
perjuicios morales de conformidad con la sentencia de Unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 29 de noviembre de 2021 (expediente No.
46681)”.
Refirió que si bien en la decisión de primera instancia se reconocieron los
perjuicios morales a favor de los demandantes de conformidad con lo establecido
en el fallo de 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
lo cierto es que la misma Corporación unificó sus reglas respecto a las víctimas
por privación injusta de la libertad en la sentencia de unificación de 29 de
noviembre de 202132, por lo que procedió a actualizar la condena atendiendo a
esos criterios jurisprudenciales.
29
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30
La Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una
sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que
efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a
partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii)
que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá
demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
31
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del
caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el
fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
32
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Respecto de la víctima directa encontró probado que el señor Hargeni Haro
Moncada estuvo privado de la libertad en un establecimiento carcelario desde el
16 de mayo de 2012 hasta el 22 de marzo de 2013, es decir, por el término de 10
meses y 5 días, razón por la cual la indemnización por perjuicios morales
correspondía a la suma de 50,83 SMLMV. Así se expuso en la providencia
demandada:
“PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción Adicional de días x 0.166 SMLMV),
PM= (10 meses x 5 SMLMV) + (5 días x 0,166 SMLMV)
PM= 50 SMLMV + 0,83 SMLMV
PM= 50,83 SMLMV”.
En relación con la madre y la compañera permanente indicó que el tope máximo
de la indemnización se reducía al “50% del perjuicio moral acordado para la
víctima”, por lo que reconoció a favor de cada una reparación de 25,41 SMLMV.
Por último, revocó la condena respecto de los hermanos del señor Haro Moncada,
al considerar que “no dieron cuenta de la existencia de relaciones estrechas de
solidaridad o afecto con la víctima directa, ni indicaron ninguna circunstancia de la
cual pueda inferirse que sufrieron un perjuicio particular y grave”.
En resumen, declaró administrativa y patrimonialmente además de la Rama
Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, condenó a las
entidades a reconocer y pagar a título de perjuicios morales las siguientes sumas:
Accionantes Vínculo SMMLV
Hargeni Haro Moncada Víctima directa 50,83
María Rosalba Moncada Ochoa Madre 25,41
Jacqueline Torres Contreras Compañera permanente 25,41
En ese orden de ideas, la Sala precisa que para el momento en que se profirió la
sentencia cuestionada, esto es el 27 de abril de 2023, el precedente judicial
vigente era el establecido en la sentencia de unificación de 29 de noviembre de
202133, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual fue
aplicada por la autoridad judicial demandada en relación con la indemnización de
los perjuicios morales en los casos de privación injusta de la libertad.
A juicio de la Sala, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander estaba en el
deber de aplicar los criterios fijados en la referida sentencia de unificación, dictada
por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para
resolver el recurso de apelación presentado por la Nación – Rama Judicial en el
marco del proceso de reparación directa promovido por el señor Hargeni Haro
Moncada y otros.
En el mencionado fallo de unificación, la Sección Tercera del Consejo de Estado
estableció las reglas jurisprudenciales que deben aplicarse en relación con el
reconocimiento y monto de los perjuicios morales por la privación de la libertad,
advirtiendo que “se hace necesario en relación con las reglas de unificación
vigentes, adoptadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto 2014; tales
reglas también deben ajustarse a las disposiciones legales sobre la necesidad y
carga de la prueba, apreciación en conjunto y motivación de los medios
probatorios y valoración de los indicios, previstas en los artículos 174, 177, 187,
248, 249 y 250 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículos 164, 167, 176,
33
C.P. Martín Bermúdez Muñoz, expediente N° 46681.
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240, 241 y 242 del Código General del Proceso; la competencia se ejerce
igualmente para modificar los topes máximos de indemnización a los cuales hace
referencia el artículo 25 del Código General del Proceso, bajo el mismo tope
máximo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes fijado como regla
general por la jurisprudencia y, en casos excepcionales, hasta de 300 salarios
mínimos legales mensuales vigentes”.
Respecto de los topes máximos de indemnización, señaló lo siguiente:
“i) Para la víctima directa
44.- Si bien la tabla establecida en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014
considera el tiempo de detención como criterio para determinar la cuantía de los
perjuicios morales, presenta las siguientes dificultades: (i) no precisa si los montos
establecidos en la tabla corresponden a rangos o topes de indemnización y (ii) no
establece una indemnización progresiva, en función del tiempo de detención, dado que
prevé una mayor cuantía para el primer período establecido en la tabla (detenciones con
una duración igual o inferior a un mes), que decrece en los periodos posteriores, lo que
arroja resultados que no resultan
proporcionales.
45.- Para superar estos problemas, la Sala adoptará los siguientes topes para cuantificar
los perjuicios morales de la víctima directa:
45.1.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un mes, una suma
fija equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV).
45.2.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:
a.- Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días que tenga el mes,
cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV).
b.- Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción equivalente a 0,166
salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se obtiene de dividir cinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV) por 30 días.
c.- La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes
(100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima directa cuando esté detenida por 20
meses o más tiempo, con el objeto de mantener el tope máximo jurisprudencial, de
acuerdo con la jurisprudencia antes indicada.
d.- De conformidad con los anteriores parámetros, los topes de indemnización de
perjuicios morales para la víctima directa son los siguientes:
Duración de Víctima directa
la privación en SMLMV
Entre un día y Suma fija de 5
un mes SMLMV
Hasta 2 Hasta 10 SMLMV
meses
Hasta 3 Hasta 15 SMLMV
meses
Hasta 4 Hasta 20 SMLMV
meses
Hasta 5 Hasta 25 SMLMV
meses
Hasta 6 Hasta 30 SMLMV
meses
Hasta 7 Hasta 35 SMLMV
meses
Hasta 8 Hasta 40 SMLMV
meses
Hasta 9 Hasta 45 SMLMV
meses
Hasta 10 Hasta 50 SMLMV
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06507-00
Demandante: Hargeni Haro Moncada y otros
meses
Hasta 11 Hasta 55 SMLMV
meses
(…)
e.- Y la fórmula para determinar la cuantía de los perjuicios morales de la víctima directa
es:
PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV)
f.- El tope de indemnización de perjuicios morales de cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para la víctima directa solamente podrá ser superado en casos
excepcionales, evento en el cual deberá motivarse detalladamente esta decisión y las
razones que justifican tal determinación, hasta un monto máximo de trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(…)
• En casos de detención domiciliaria, la cuantía de los perjuicios morales sufridos por la
víctima directa se disminuirá en un 50%.
65.6.- Para las víctimas indirectas, los topes máximos de indemnización se determinan a
partir del monto reconocido a la víctima directa, de la siguiente manera:
a.- A los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su
compañero o compañera permanente, el cincuenta por ciento (50%) de lo que le
corresponda a la víctima directa.
b.- A los demás demandantes, cuando acrediten los perjuicios morales, el treinta por
ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima directa.
65.7.- Para la determinación del monto final de la indemnización de las victimas
indirectas dentro de los topes máximos antes señalados, la cuantificación deberá estar
fundamentada en las pruebas que obren en el expediente y ella deberá ser motivada
según lo probado en cada caso”.
Del mismo modo, puso de presente la aplicación en el tiempo de las reglas que se
adoptarían en la sentencia de unificación, en los siguientes términos:
“(…) la Sala estima procedente establecer la siguiente regla: en relación con las
demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y hasta la fecha de
expedición de la presente sentencia, en las cuales el juez advierta que se presentaron
fundándose en la jurisprudencia existente y no se solicitaron pruebas para acreditar los
perjuicios morales de los parientes en segundo grado de consanguinidad, podrá hacer
uso de las facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al
debido proceso. Esta determinación se adoptará sin importar la instancia en la que
se encuentre el proceso.
69.- En relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales
y la forma de calcularlos, la sentencia será aplicada de inmediato. Aunque como
quedó explicado anteriormente no es posible dar un valor pecuniario a los perjuicios
morales, es entonces necesario que, mediante sentencia de unificación con carácter
vinculante, se determinen sus topes máximos, con base en criterios generales de
proporcionalidad”. (negrillas por fuera del texto original).
Por lo expuesto, es dable concluir que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander no incurrió en un yerro al aplicar la sentencia de unificación de 29 de
noviembre de 202134, porque la Sección Tercera del Consejo de Estado otorgó
efectos retrospectivos para el reconocimiento y monto de los perjuicios morales
en los casos de privación injusta de la libertad.
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C.P. Martín Bermúdez Muñoz, expediente N° 46681.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06507-00
Demandante: Hargeni Haro Moncada y otros
En efecto, la autoridad judicial accionada modificó la indemnización de los
demandantes de acuerdo con las reglas jurisprudenciales aplicables al caso, pues
al señor Hargeni Haro Moncada se le reconoció la suma de 50.83 SMLMV que
corresponde a los 10 meses y 5 días de privación injusta de la libertad, y a la
madre y compañera permanente la cuantía de 25,41 SMLMV, es decir, el 50% de
lo que le correspondía a la víctima directa en concordancia a los criterios de
unificación fijados por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
De igual forma, tampoco puede señalarse que la aplicación de las reglas de
unificación establecidas en ese fallo vulneran el derecho a la igualdad y afecta el
principio de confianza legítima, pues al respecto se precisó lo siguiente:
“El hecho de que los demandantes no conocieran estos topes en el momento en
que interpusieron sus demandas no afecta la <confianza legítima>. El derecho a la
reparación de perjuicios sufridos como consecuencia de la privación de la libertad no es
un derecho patrimonial que nazca de un acto jurídico (unilateral o bilateral) en el cual la
parte se acoge a determinada regla que no puede ser modificada posteriormente.
Tampoco puede considerarse que la demanda fue presentada pensando en
obtener determinado monto de perjuicios y que la confianza en ese resultado se
alteró al establecerse otro monto.
71.- El derecho a la igualdad en este caso se garantiza aplicando la sentencia de
manera similar a todos los casos que se fallen luego de su ejecutoria. Suponer
que tal derecho solo se garantiza si se le otorga el mismo monto de perjuicios morales
a todas las personas que presentaron la demanda durante determinado periodo de
tiempo carece de fundamento; la fecha en la cual se presentó la demanda no tiene en
este caso ningún tipo de relevancia para estructurar tal derecho, como sí puede tenerla
frente a quienes en ese momento consideraban que podían acogerse a la presunción
jurisprudencial de perjuicios morales para los hermanos.
72.- Esgrimir el derecho de igualdad para impedir la aplicación inmediata de los
topes de perjuicios morales implicaría considerar que los mismos no pueden ser
modificados por la jurisprudencia. Implicaría también considerar que, con base en el
mismo derecho de igualdad, no existe justificación para que en relación con las
demandas presentadas con posterioridad a este fallo se apliquen los nuevos topes”.
Así las cosas, no existen razones para concluir que con la aplicación de las reglas
fijadas por esta Corporación en la sentencia de unificación de 29 de noviembre de
202135, sobre el reconocimiento y monto de los perjuicios morales por la privación
injusta de la libertad, el Tribunal accionado hubiese vulnerado los derechos
fundamentales invocados por los accionantes, pues ocurrió todo lo contrario,
respetó y aplicó el criterio de interpretación establecido por el órgano de cierre
que se encontraba vigente al momento de proferir la decisión de fondo en
segunda instancia, garantizando el derecho fundamental a la igualdad, así como
el principio de seguridad jurídica.
En efecto, como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia SU-406 de
201636 “la jurisprudencia fijada por los órganos de cierre se convierte en aplicable
de manera general e inmediata, en sentido horizontal y vertical. A partir de ello, la
lectura de la normatividad debe hacerse a la luz de los lineamientos y definiciones
establecidas por el tribunal de cierre, sin perjuicio de las reglas establecidas para
efectos de que de manera excepcional una autoridad judicial pueda apartarse del
precedente judicial”.
En definitiva, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander no incurrió en desconocimiento del precedente judicial porque aplicó el
criterio de interpretación vigente al momento de proferir la decisión objeto de
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C.P. Martín Bermúdez Muñoz, expediente N° 46681.
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M.P. Luis Guillermo Guerrero Perez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06507-00
Demandante: Hargeni Haro Moncada y otros
reproche constitucional, esto es, la sentencia de 29 de noviembre de 2021,
emanada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Por las razones expuestas, la Sala denegará las pretensiones de la acción de
tutela interpuesta por los señores Hargeni Haro Moncada, Jaqueline Torres
Contreras, María Rosalba Moncada Ochoa, Benjamín Haro Moncada, Franklin
Haro Moncada, Frayda Haro Moncada, Rosana Haro Moncada, Carlos Haro
Moncada y John Fabio Haro Moncada, quienes actúan por conducto de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela respecto del defecto
sustantivo en relación con la admisión del recurso de apelación presentado contra
la sentencia de 25 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cúcuta, de conformidad con las consideraciones
expuestas.
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por los
señores Hargeni Haro Moncada, Jaqueline Torres Contreras, María Rosalba
Moncada Ochoa, Benjamín Haro Moncada, Franklin Haro Moncada, Frayda Haro
Moncada, Rosana Haro Moncada, Carlos Haro Moncada y John Fabio Haro
Moncada, quienes actúan a través de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
Presidente ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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