Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05639-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05639-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05639-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
14 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05639-01
Accionante: José Luís Castilla Soto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05639-01
Accionante: José Luis Castilla Soto
Accionado: Consejo de Estado-Secretaría General
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela Subtema. 1: Derecho de petición. 2: Carencia actual de objeto por hecho
superado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 21 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
José Luis Castilla Soto, obrando en nombre propio, presentó escrito en ejercicio de
la acción de tutela en el que solicitó la protección de su derecho fundamental de
petición1, que afirmó fue vulnerado por la Secretaría General del Consejo de Estado
ante la falta de respuesta al escrito que radicó el 11 de septiembre de 2024.
2. Hechos
2.1. José Luis Castilla Soto afirmó que el 11 de septiembre del 2024, en ejercicio
del derecho de petición, mediante correo electrónico —sin indicar la dirección—,
solicitó a la Secretaria General del Consejo de Estado, que le “informara cual es el
trámite que se le había realizado o halla cursado a la impugnación de la acción de
tutela con radicado 11 001 03 15 000 2023 06507 00 que en su momento interpus[o]
contra la decisión de segunda instancia del honrable tribunal administrativo del norte
de Santander dentro de la acción de reparación directa a favor del ciudadano
1 Archivo electrónico identificado con certificado 2E85D317728998BB 1C60EACEC45F3BBF
38C806B3305AFF5A 74DBBC42BB06F84B, ubicado en el índice 13 del expediente digital de
primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05639-01
Accionante: José Luis Castilla Soto
HARGENI ARO MONCADA en el asunto con radicado 54 001 33 33 005 2014 00418
01”. (Se transcribe de manera literal y con posibles errores)2.
2.2. El actor manifestó que, a la fecha de interposición de la presente acción de
tutela, no ha obtenido respuesta de fondo a su petición.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó la protección de su derecho fundamental de petición y, en
consecuencia, pidió al juez constitucional que ordenara a la Secretaría General del
Consejo de Estado responder de fondo el escrito presentado el 11 de septiembre
de 2024, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, en
cumplimiento de la normatividad y la jurisprudencia colombiana.
Como argumento de sus pretensiones, el accionante transcribió apartes de las
sentencias T-219 de 1994 y T-332 de 2015, relativas al derecho de petición, sus
alcances y a la exigencia de su pronta resolución por parte de las autoridades.
4. Trámite de tutela e intervenciones
El Despacho del magistrado ponente de primera instancia, con auto del 24 de
octubre de 20243, admitió la acción, vinculó como tercero con interés a la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta, a la Fiscalía General de la
Nación, a Hargeni Haro Moncada, a Jaqueline Torres Contreras, a María Rosalba
Moncada Ochoa, a Benjamín Haro Moncada, a Franklin Haro Moncada, a Frayda
Haro Moncada, a Rosana Haro Moncada, a Carlos Haro Moncada y a John Fabio
Haro Moncada y ordenó la notificación a las partes.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:
4.1. La Fiscalía General de la Nación presentó su informe y solicitó declarar la
improcedencia de la acción, en la medida en que carece de legitimación en la causa
por pasiva, porque no existe una relación de causalidad entre la acción y la omisión
por parte de la entidad.
4.2. La Secretaría General del Consejo de Estado contestó la acción de tutela y
solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda.
Indicó que, tras verificar el correo electrónico institucional, no encontró registro de
la petición del 11 de septiembre de 2024 a la que hace referencia el actor. En
2 Ibidem.
3 Archivo electrónico identificado con certificado D1DD785B236D9DDE 86CAA24A504B0E2A
F357CCBBF5A0FE9B 132D77A52AE3487A, ubicado en el índice 4 del expediente digital de primera
instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05639-01
Accionante: José Luis Castilla Soto
consecuencia, afirmó que no vulneró su derecho fundamental de petición, ya que
nunca tuvo conocimiento de dicha solicitud ni del escrito de impugnación que, según
el accionante, fue presentado contra la sentencia de primera instancia proferida en
el expediente 11001-03-15-000-2023-06507-00, sobre el cual requirió información.
Señaló que el único correo electrónico habilitado para la recepción de memoriales
y solicitudes dentro de su competencia es: secgeneral@consejodeestado.gov.co.
Asimismo, afirmó que dicho canal de atención ha sido informado al público a través
de la página institucional del Consejo de Estado
(https://www.consejodeestado.gov.co/canales-de-atencion/index.htm). Además,
advirtió que el tutelante utilizó este mismo correo para presentar sus memoriales en
el expediente 11001-03-15-000-2023-06507-00.
Por otro lado, adjuntó un informe elaborado por la Mesa de Ayuda de Correo
Electrónico del Consejo Superior de la Judicatura, en el que se verificó la
trazabilidad al mensaje de datos supuestamente remitido por el actor desde la
cuenta josepumacastilla@yahoo.es al correo electrónico institucional de la
Secretaría General del Consejo de Estado.
4.3. Los demás sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida
forma, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de noviembre de
20244, negó las pretensiones de la demanda porque no se vulneró el derecho de
petición del accionante.
El juez constitucional de primera instancia, luego de analizar los argumentos de
tutela y las pruebas aportadas a la actuación, encontró que: i) la Secretaría General
del Consejo de Estado no recibió comunicación alguna remitida desde el correo del
actor; y que, ii) dentro de los anexos aportados por el accionante, no se allegó
documento alguno que acredite que, en efecto, su petición se envió al correo
habilitado para tal fin por la autoridad accionada.
6. Impugnación
La parte actora presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera
instancia y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
Explicó que, el 26 de febrero de 2024, radicó escrito de impugnación en contra de
la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
4 Archivo electrónico identificado con certificado 144955ACBBC092A0 78853705C89B9BCC
464C61BD9B2AE9EF 55B0B4243D2308C4, ubicado en el índice 22 del expediente digital de
primera instancia.
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Accionante: José Luis Castilla Soto
Estado al interior de la acción de tutela radicada bajo el núm. 11001-03-15-000-
2023-06507-00. Memorial que envió al buzón de correo electrónico
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co.
Sostuvo que, ante la falta de respuesta por parte de la autoridad judicial, el 11 de
septiembre de 2024, presentó escrito, enviado a la misma dirección electrónica, con
el fin de que se le informara cual era la situación del trámite de impugnación que
presentó en el proceso 11001-03-15-000-2023-06507-00. Sin embargo, afirmó que
su solicitud de información tampoco fue contestada.
Para sustentar su afirmación, en su escrito de impugnación adjuntó una captura de
pantalla que evidencia que el 11 de septiembre de 2024, el señor José Luis Castilla
Soto envió un correo electrónico al buzón
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co, en el que solicitó información.
Asimismo, señaló que la Secretaría General del Consejo de Estado, en el marco de
la acción de tutela radicada bajo el número 11001-03-15-000-2023-06507-00, le
notificó actuaciones desde dicho correo electrónico. Por esta razón, utilizó el mismo
canal para remitir su solicitud el 11 de septiembre de 2024.
El magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de
auto del 11 de diciembre de 20245, concedió la impugnación interpuesta por la parte
accionante.
7. Pruebas en segunda instancia
7.1. Recibida la actuación, el despacho de la magistrada ponente, a través de auto
del 18 de febrero de 20256, teniendo en cuenta que no existía certeza respecto del
correo al que fue enviada la petición del 11 de septiembre de 2024, decretó de oficio
una prueba documental a cargo de la Secretaría General del Consejo de Estado.
Para el efecto ordenó oficiar a la Secretaría General del Consejo de Estado, para
que, en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la
providencia, allegara un informe detallado sobre la trazabilidad del correo
electrónico enviado el 11 de septiembre de 2024 desde la dirección
josepumacastilla@yahoo.es a la cuenta
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co. Adicionalmente, se indicó que, en el
evento de que la petición de fecha 11 de septiembre de 2024 hubiera sido recibida
por la dependencia accionada, debería aportar copia de la respuesta dada al
peticionario.
5 Archivo electrónico identificado con certificado FFE9D3FD95B211BE 9291C85CB9EF769C
CD68BAD1FECED350 7978B2F4FC30D5FF ubicado en el índice 11 del expediente digital de
primera instancia.
6 Archivo electrónico identificado con certificado E5AB87B50D635B53 7E04CA48C61A7C47
9ADFE41C31DDAA11 0239B8E03937ABE3, ubicado en el índice 5 del Samai.
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Accionante: José Luis Castilla Soto
7.2. La Secretaría General del Consejo de Estado, en cumplimiento del auto del
18 de febrero de 2025, aportó el informe de trazabilidad solicitado en el que indico
lo siguiente7 :
“(...) Por otra parte, me permito informar que esta Secretaría, con apoyo técnico,
realizó labores de búsqueda y recuperación de mensaje de datos en el buzón
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co, a partir de las cuales se halló lo
siguiente:
• El 26 de febrero de 2024, el señor José Luis Castilla Soto allegó escrito de
impugnación contra la sentencia de primera instancia proferida en el expediente
de tutela 11001-03-15-000-2023-06507-00, desde la cuenta
josepumacastilla@yahoo.es a la dirección de correo electrónico
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co.
• El 11 de septiembre de 2024, el señor José Luis Castilla Soto remitió solicitud
de información dirigida a esta dependencia en relación con el trámite impartido
a la impugnación que presentó el 26 de febrero del mismo año; dicho envío lo
realizó a la dirección de correo electrónico
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co.
• El 2 de diciembre de 2024, el señor José Luis Castilla Soto remitió a la cuenta
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co escrito de tutela contra esta
dependencia por la supuesta omisión en la respuesta al derecho de petición que
envió el 11 de septiembre de 2024; no obstante, en algunos fragmentos de dicho
escrito se indicó como parte accionada a la «Secretaría Sala Penal Honorable
Corte Suprema de Justicia».
Sobre el particular, es importante advertir que la dirección electrónica
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co se habilitó temporal y
únicamente para el envío de notificaciones realizadas por esta Secretaría. Lo
anterior, debido a que el buzón oficial dispuesto para la recepción de
documentos relacionados con los procesos que se tramitan en esta
dependencia es secgeneral@consejodeestado.gov.co, aspecto que ha sido
debidamente divulgado en la página web oficial del Consejo de Estado al
señalar los canales de atención https://www.consejodeestado.gov.co/canales-
de-atencion/index.htm:
7 Archivo electrónico identificado con certificado B68DF9128857B023 3FE854AB61E040EE
BF9A90AE088924E9 DBAC336954658DA4, ubicado en el índice 12 del Samai.
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Accionante: José Luis Castilla Soto
Por lo anterior, la falta de respuesta a la petición presentada por el actor y de
trámite del escrito de impugnación remitido al buzón de correo electrónico
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co se debe a que los escritos no
fueron cargados a través de la ventanillita de atención virtual –como se indicó
en el oficio de notificación- sino que fueron enviados a un buzón de correo
electrónico distinto del institucional y oficial de esta Secretaría (...)”.
Además, la Secretaría General de esta Corporación informó que, mediante el Oficio
VSE-0903 del 21 de febrero de 2025, dio respuesta a la petición presentada el 11
de septiembre de 2024 por el señor Castilla Soto. En dicho oficio, se le indicó cuál
es el buzón oficial para la recepción de memoriales relacionados con los procesos
que se tramitan en esa dependencia. Asimismo, adjuntó la constancia de envío de
la respuesta al peticionario.
Con fundamento en lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la acción
constitucional, al considerar que no incurrió en omisión deliberada, “en la medida en
que el buzón de correo electrónico oficial de la dependencia y el canal de ventanilla
virtual habilitados para la recepción de memoriales fueron puestos en conocimiento
del tutelante oportunamente; no obstante, el solicitante optó por responder el
mensaje de notificación sin percatarse de las instrucciones contenidas en el oficio
correspondiente, como se reseñó anteriormente”8.
Por último, adujo que, de considerarse válido el envío de la respuesta, se declare la
“ocurrencia de hecho superado”, debido a que ya se impartió el correspondiente
trámite a los memoriales objeto de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
8 Ibidem.
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Accionante: José Luis Castilla Soto
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley10.
3. Problema jurídico
La controversia se centra en determinar si la Secretaría General del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales alegados, al no haberse pronunciado
oportunamente sobre la petición que presentó el 11 de septiembre de 2024. Para
resolver el caso, se analizará si en efecto se configuró una carencia actual de objeto
por hecho superado.
4. Derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
general o particular, y a obtener una pronta resolución.
Este artículo fue regulado en el Titulo II de la Primera Parte del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El artículo 13
ibídem, dispuso que las personas tienen derecho a presentar, de forma respetuosa,
solicitudes de interés general o particular ante las autoridades, y a “obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma”.
La Corte Constitucional ha establecido las condiciones que deben cumplir las
respuestas a las peticiones de los ciudadanos, al respecto ha indicado:
“(…) Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación a los
derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea
constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la
respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de
argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en
fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente
con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con
motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que
conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta
con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo,
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sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y
de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”9.
Por lo tanto, al estudiar la respuesta brindada por la entidad accionada, es menester
verificar que el cumplimiento de las mencionadas condiciones, para que de esta
manera se pueda tener certeza de que la solicitud fue contestada en debida forma.
5. Caso concreto
En el presente caso, José Luis Castilla Soto solicitó la protección de su derecho
fundamental de petición, al considerar que fue vulnerado por la Secretaría General
del Consejo de Estado debido a la falta de respuesta al escrito que radicó el 11 de
septiembre de 2024, mediante el cual requería información sobre el estado de un
trámite de impugnación en la acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-
2023-06507-00.
En sentencia de primera instancia, proferida el 21 de noviembre de 2024, la Sección
Primera del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda porque
consideró que no se vulneró el derecho de petición del accionante. Esto, en la
medida en que, luego de analizar las pruebas aportadas a la actuación, encontró
que i) la Secretaría General del Consejo de Estado no recibió comunicación alguna
remitida desde el correo del actor; y que ii) dentro de los anexos aportados con la
solicitud de amparo, no se allegó documento que acreditara que la petición se envió
al correo habilitado para tal fin por la autoridad accionada.
No obstante, la parte accionante impugnó la referida decisión y explicó con mayor
claridad los hechos que suscitaron la solicitud de amparo. Para el efecto aportó el
correspondiente soporte en el que constaba que presentó el escrito de petición el
11 de septiembre de 2024 al buzón de correo electrónico
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co.
El Despacho, teniendo en cuenta que la parte accionante allegó la mencionada
captura de pantalla y ante la duda de si efectivamente la petición fue recibida o no
por parte de la entidad accionada, ofició a la Secretaría General del Consejo de
Estado, con el fin de que remitiera un informe de la trazabilidad del correo
electrónico enviado el 11 de septiembre de 2024 desde la dirección
josepumacastilla@yahoo.es al buzón de correo electrónico
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co.
La Secretaría General respondió el requerimiento y, en primer lugar, indicó que su
buzón electrónico oficial era secgeneral@consejodeestado.gov.co y que el medio
dispuesto para la radicación de demandas, memoriales y otras solicitudes era la
Ventanilla de Atención Virtual, tal y como se le había informado al accionante, el 21
de febrero de 2024, mediante el Oficio 167384.
9 Corte Constitucional, sentencia T-610 de 2008.
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Accionante: José Luis Castilla Soto
En segundo lugar, la accionada advirtió la ocurrencia de un hecho superado, en la
medida en que, a través de Oficio VSE-0903 del 21 de febrero de 2025, se respondió
la solicitud presentada el 11 de septiembre de 2024 por el señor Castilla Soto.
Pues bien, revisada la actuación la Sala advierte que, efectivamente, la entidad
accionada aportó el Oficio No. VSE-0903 del 21 de febrero de 2025, a través del
cual dio respuesta a la solicitud del 11 de septiembre de 2024, en los siguientes
términos:
“(...) Con toda consideración, le informo que esta Secretaría recibió su escrito
del 11 de septiembre de 2024, mediante el cual solicitó información respecto del
trámite impartido al recurso de impugnación enviado el 26 de febrero de 2024,
desde la cuenta josepumacastilla@yahoo.es a la dirección de correo electrónico
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co.
En respuesta a su solicitud me permito informar que el recurso de impugnación
cuyo trámite echa de menos se remitió al correo
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co, dirección que se habilitó
temporal y únicamente para el envío de notificaciones por esta Secretaría
General y no para que los sujetos procesales remitan solicitudes o documentos
dirigidos a un proceso judicial.
Como consecuencia de lo anterior, esta secretaría, con apoyo técnico, realizó
labores de búsqueda y recuperación de mensaje de datos en el buzón
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co, a partir de la cual se halló lo
siguiente:
• El 26 de febrero de 2024, el señor José Luis Castilla Soto1 allegó escrito de
impugnación contra la sentencia de primera instancia proferida en el expediente
de tutela 11001-03-15-000-2023-06507-00, desde la cuenta
josepumacastilla@yahoo.es a la dirección de correo electrónico
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co.
• El 11 de septiembre de 2024, el señor José Luis Castilla Soto remitió solicitud
de información dirigida a esta dependencia en relación con el trámite impartido
a la impugnación que presentó el 26 de febrero del mismo año; dicho envío lo
realizó a la dirección de correo electrónico
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co.
• El 2 de diciembre de 2024, el señor José Luis Castilla Soto remitió a la cuenta
secretariageneralce@consejodeestado.gov.co escrito de tutela contra esta
dependencia por la supuesta omisión en la respuesta al derecho de petición que
envió el 11 de septiembre de 2024; no obstante, en algunos fragmentos de dicho
escrito se indicó como parte accionada a la «Secretaría Sala Penal Honorable
Corte Suprema de Justicia»
(…)
Por otra parte, le informo que la situación presentada fue puesta en
conocimiento del magistrado ponente para lo que considere pertinente”10.
10 Archivo electrónico identificado con certificado 40999FC6CD12FAF9 989C0DCB12C02571
190C8C18869BD90F DAF7DF41DA3F3EC8, ubicado en el índice 12 del Samai.
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Accionante: José Luis Castilla Soto
Junto con la citada respuesta, la Secretaría General del Consejo de Estado aportó
los siguientes documentos:
• Constancia de remisión del correo electrónico del 11 de septiembre de 2024,
de la cuenta secretariageneralce@consejodeestado.gov.co a
secgeneral@consejodeestado.gov.co el 20 de febrero de 2025.
• Constancia de envío del Oficio VSE-0903 a la dirección de correo
josepumacastilla@yahoo.es, el 21 de febrero de 2025.
5.1. Carencia actual de objeto
La jurisprudencia constitucional considera que la carencia de objeto se presenta: i)
por hecho superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la
afectación a los derechos invocados de tal manera que resulte innecesario el
pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera
definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera
decisión de fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de
materia.
En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por hecho superado, la Corte
Constitucional ha señalado, lo siguiente:
“(…) el hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o
amenaza al derecho fundamental invocado. Concretamente, la hipótesis del
hecho superado se configura ’cuando entre la interposición de la acción de
tutela y el fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión contenida
en la acción de tutela, es decir, que por razones ajenas a la intervención del
juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales del peticionario’.
En tal sentido, esta corporación ha señalado los aspectos que deben verificarse
a fin de examinar y establecer la configuración del hecho superado desde el
punto de vista fáctico. Estos aspectos son los siguientes: “(i) que efectivamente
se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela;
(ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu
propio, es decir, voluntariamente””11.
Al respecto, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha reiterado que “ante la
alteración o la desaparición de las circunstancias que dieron origen a la vulneración
de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su
eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial”12.
11 Corte Constitucional, sentencias T-243 de 2018, SU-540 de 2007, T- 715 de 2017, SU-522 de
2019, entre otras.
12 Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y
T-192 de 2008: “[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de
proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el
supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha
desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los derechos fundamentales. Siendo la
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Accionante: José Luis Castilla Soto
Como ya se dijo, una de las hipótesis en la que se puede dar lo anterior ocurre
“cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se
evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la
vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante”13.
Así las cosas, con base en los documentos aportados por la parte accionada, la
Sala verificó que, mediante correo electrónico enviado el 21 de febrero de 2025 a la
dirección josepumacastilla@yahoo.es, la Secretaría General del Consejo de Estado
remitió el Oficio No. VSE-0903 de la misma fecha, a través del cual respondió la
petición presentada por el señor José Luis Castilla Soto el 11 de septiembre de
2024.
De igual forma, de la lectura de la respuesta brindada por la Secretaria General al
señor Castilla Soto, esta judicatura encuentra que, efectivamente, cumple con las
condiciones que debe tener la contestación a las peticiones de los ciudadanos,
teniendo en cuenta que es (i) clara, (ii) precisa, (iii) congruente, y (iv) consecuente
con el trámite. Esto, en el entendido de que informó al peticionario sobre el trámite
que echaba de menos y le comunicó las actuaciones realizadas respecto de la
impugnación presentada al interior del proceso con radicado núm. 11001-03-15-
000-2023-06507-00.
En consecuencia, esta judicatura denota la ocurrencia de un hecho superado, en
la medida en que, después de la interposición de la acción de tutela, esto es, el 21
de octubre de 202414, y antes de que se profiriera el fallo de segunda instancia, la
Secretaría General del Consejo de Estado se pronunció sobre la petición
presentada por el accionante el 11 de septiembre de 2024 y la remitió a la respectiva
dirección de notificación.
Por ende, como la autoridad cuestionada realizó la actuación que el demandante
echaba de menos y ante la desaparición de esas circunstancias, que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales invocados, la solicitud de amparo
presentada por José Luis Castilla Soto ha perdido su razón de ser como mecanismo
extraordinario de protección judicial, por lo que cualquier orden que profiera el juez
de tutela resultaría inane.
defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia
constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato
cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que,
al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características
totalmente diferentes a las iniciales”.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2019.
14 Archivo electrónico identificado con certificado 17051A274833C7E4 128C0295E7D7164E
A6057439A01EA911 BF19517F7EAAED03, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera
instancia.
11
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05639-01
Accionante: José Luis Castilla Soto
De este modo, la Sala revocará la decisión proferida por el juez constitucional de la
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará
la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela interpuesta
por el accionante en contra de la Secretaría General del Consejo de Estado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de noviembre de 2024 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por José
Luís Castilla Soto en contra de la Secretaría General del Consejo de Estado, por la
configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
12
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