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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06539-00

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06539-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos invocados por la parte actora, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06539-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de noviembre de 2023

Demandante: Eucaris Velasco Belalcázar
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06539-00
Demandante: EUCARIS VELASCO BELALCÁZAR
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, SALA DE
……………………..DECISIÓN 005 Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – caducidad - víctimas de
delitos de lesa humanidad como sujetos de especial protección
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la señora Eucaris Velasco Belalcazar contra el Tribunal Administrativo del Cauca,
Sala de Decisión 005 y otro.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. El 24 de octubre de 2023 la señora Eucaris Velasco Belalcázar, actuando a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito Judicial de Popayán, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales «al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad
jurídica, buena fe, reparación integral y todos aquellos que resultaron vulnerados».

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia del 13 de abril de 2023, mediante la cual se confirmó
la providencia del 30 de julio de 2021, proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Oral de Popayán, que declaró probada la caducidad. Lo
anterior, en el marco del proceso ordinario, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, con radicado 19001-33-33-006-2018-00319-00/01, instaurado
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

3. Como consecuencia de la anterior decisión, solicitó:

(…) B. Dejar sin efectos la sentencia No. 051 de 13 de abril de 2023 del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Magistrado ponente Jairo
Restrepo Cáceres o quien haga sus veces, por la violación de los derechos

1

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Demandante: Eucaris Velasco Belalcázar
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro
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fundamentales al debido proceso (artículo 29 Constitucional), acceso a la
administración de justicia (artículo 229 Constitucional), seguridad jurídica
(artículo 77 Constitucional), buena fe (artículo 83 Constitucional) y reparación
integral (plasmado en numerosos artículos de la Carta como el 1º, 2º, 12, 29,
93, 229 y 250 num. 6 y 7) y todos aquellos que resultaron vulnerados dentro
de la Acción de Reparación Directa radicada bajo el No 19001 33 33 006 2018
00319 01.

C Dejar sin efectos la sentencia No. 051 de 13 de abril de 2023 del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, Magistrado ponente Jairo Restrepo Cáceres
o quien haga sus veces, por la violación de los derechos reconocidos en los
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos
en relación con los artículos 1.1 y 2.1 de la misma, derechos que en virtud del
artículo 93 de la Constitución Política de Colombia de 1991 gozan rango
constitucional y todos aquellos derechos convencionales que resultaron
vulnerados dentro de la Acción de Reparación Directa radicada bajo el No
19001 33 33 006 2018 00319 01.

D. Ordenar que sea proferida una decisión de reemplazo teniendo en cuenta
las pruebas que obran en el expediente, los instrumentos de Derechos
Humanos y el corpus juris de Derecho Internacional aplicables a la cuestión de
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y sus efectos sobre la
caducidad de las acciones administrativas la jurisprudencia del Consejo de
Estado en vigor al momento de los hechos y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la misma materia en tanto criterio
hermenéutico.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Eucaris Velasco Belalcázar y otros1, en ejercicio del medio de control
de reparación directa, solicitaron declarar administrativamente responsable a la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional por los perjuicios
soportados con ocasión del fallecimiento de Eduin Herney Velasco Belalcázar en
hechos ocurridos el 11 de abril de 2001, propiciado con tortura y heridas con arma
blanca por paramilitares del frente Calima de las Autodefensas Unidas de
Colombia en el corregimiento del Naya, municipio de Buenos Aires Cauca, hechos
que consideró catalogados como delito de lesa humanidad y por los cuales debe
responder la entidad demandada en razón a su omisión.

5. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante providencia
del 30 de julio de 2021 declaró probada la caducidad. Como sustento de la
decisión, luego de citar la jurisprudencia de unificación emanada del Consejo de
Estado que refiere sobre la interpretación del artículo 164 del CPACA y las
maneras de contabilizar la caducidad dentro del medio de control de reparación
directa, adujo que no existía prueba de algún impedimento de los demandantes
para conocer la posible omisión que atribuían al Ejército Nacional como causante

1
Ana Ruth Belalcazar, Brayan Stiven Velasco Muñoz, Eneisy Umir Muñoz Muñoz, Jhon Jairo
Velasco Belalcázar, Leiser Velasco Belalcazar, Nemesio Velasco Velasco y Karen Yiseth Velasco
Muñoz
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Demandante: Eucaris Velasco Belalcázar
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de la muerte de Eduin Herney Velasco Belalcázar a manos de miembros de las
AUC.

6. Concluyó que, si bien su deceso constituyó un crimen de lesa humanidad, dicha
situación resultaba insuficiente para desconocer el término legal que delimita el
ejercicio del medio de control de reparación directa, «en ese orden de ideas, desde el
momento del fallecimiento, esto es desde el 11 de abril de 2001 hasta el momento de
interposición de la demanda en el mes de noviembre año 2018, había operado el
fenómeno extintivo de la caducidad».

7. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el
cual fue conocido por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005
que en sentencia de 13 de abril de 2023 confirmó la decisión de a quo al
considerar que, desde el momento del fallecimiento, los demandantes tuvieron
pleno conocimiento y la posibilidad de identificación de los autores materiales del
homicidio de Eduin Herney Velasco Valencia.

8. Adujo que, como prueba dentro del proceso penal tramitado ante el Juzgado
Penal Especializado de Popayán se registró que el padre del fallecido había dado
cuenta que las autodefensas – AUC – habían ultimado a su hijo, situación que
permitía inferir, sin dubitación alguna, que se conocía a los responsables de los
vejámenes ocurridos en la región del Naya, «y por ende, los familiares del extinto
Eduin Herney estaban en plena capacidad, desde entonces, de acudir ante la autoridad
judicial para reclamar al Estado por su posible omisión que derivó en los nefastos hechos
acaecidos»

9. Esgrimió que igualmente, desde el mes de octubre del año 2014 la señora
Eucaris Velasco Belalcázar, puso en conocimiento de la UARIV su situación de
desplazamiento y afectación por hechos acaecidos en la municipalidad de Buenos
Aires, Cauca, en los años 2000, lo cual promovió su inclusión en el RUV.

10. Concluyó que la parte demandante no logró acreditar su imposibilidad de
acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa con la finalidad de incoar la
demanda, además de que las pruebas obrantes en la foliatura acreditaban
plenamente que desde el mismo momento del deceso se identificaron como
autores materiales del suceso a miembros de las AUC, sin intervención directa
comprobada de algún agente estatal.

11. Por último, indicó que la SU de la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 [radicado interno 61.033], en relación
con la caducidad de las pretensiones de reparación directa frente a los delitos de
lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, estableció
lo siguiente:

la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en
relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier
otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad

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Demandante: Eucaris Velasco Belalcázar
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patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo,
salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se
computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación
por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial; y iii) el término pertinente no se aplica cuando se
observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho
de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley. (...) el término de
caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en
aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido,
desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede
ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier
otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado,
pues para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino
la condición particular de quien acude a la administración de justicia. (Negritas
propias).

1.3. Fundamentos de la solicitud

12. La tutelante alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente ante la indebida aplicación de la sentencia de
unificación dictada el 29 de enero de 20202 por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por las siguientes razones:

13. Explicó que si bien, la referida jurisprudencia del Consejo de Estado, se
desprendía que el término de caducidad es el establecido por el legislador y debe
contarse a partir de la fecha en que los afectados conocieron o debieron conocer
la participación del Estado (salvo en el caso de la desaparición forzada, que
cuenta con una regulación legal expresa), dicha sentencia no fijó un término de
caducidad diferenciada para los delitos de lesa humanidad.

14. Adujo que la postura jurisprudencial del Consejo de Estado vigente al
momento de presentar la demanda era la imprescriptibilidad de la acción
contenciosa administrativa para delitos de lesa humanidad, motivo por el cual
dicha sentencia de unificación no le era aplicable.

15. Explicó que era necesario reconocer que están en juego los derechos de las
víctimas, y que el medio de control fue presentado con anterioridad a la adopción
de la nueva postura jurisprudencial. Agregó que la aplicación retroactiva de dicha
postura tuvo como consecuencia que el juez administrativo no entrara a analizar
elementos de juicio que, «de haber sido oídos» habrían podido resultar en una
sentencia benéfica para sus intereses

16. Arguyó que en el presente caso no se estaba frente a un ilícito cualquiera sino
frente a un delito de lesa humanidad, «circunstancia a la que no se le dio la
importancia debida en instancias anteriores».

17. Adujo que, en ejercicio del control de convencionalidad, el juez administrativo
está llamado a aplicar directamente la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es procedente el estudio directo del artículo 25-1
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Convencional, así como la sentencia Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de
septiembre de 2006.

18. Esgrimió que si bien hubo un proceso penal a través del cual los demandantes
pudieron conocer quiénes fueron los responsables directos de la muerte del señor
Eduin Herney Velasco Belalcázar, «esta circunstancia no obsta para que se extendiera
el término de caducidad, pues se trata de analizar si opera el fenómeno extintivo de la
caducidad al tratarse de un delito de lesa humanidad endilgable al Estado por omisión».

19. Concluyó, que del anterior análisis se desprendía que el legislador no ha
incorporado regla alguna para fijar el cómputo de la caducidad cuando se trata de
delitos de lesa humanidad. Sin embargo, nada obsta para que el juez de lo
contencioso administrativo inaplique la SU de 29 de enero de 2020 del Consejo de
Estado.

20. Violación directa de la Constitución: Toda vez que la sentencia acusada
desconoce el derecho al debido proceso (artículo 29 Constitucional), su derecho
de acceso a la administración de justicia (artículo 229 Constitucional), su derecho
a la buena fe (artículo 83 Constitucional) y su derecho a la reparación integral
«(arts. 1º, 2º, 12, 29, 93, 229 y 250 num. 6 y 7 de la Carta)».

1.4. Trámite de la acción de tutela

21. Mediante auto del 1.º de noviembre de 2023 se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación a la parte actora, al Tribunal Administrativo del Cauca, Sala
de Decisión 005 y al juez titular del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán, como autoridades judiciales accionadas.

22. Igualmente, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico, a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional (parte pasiva del proceso
ordinario) y a los señores Ana Ruth Belalcazar, Brayan Stiven Velasco Muñoz,
Eneisy Umir Muñoz Muñoz, Jhon Jairo Velasco Belalcázar, Leiser Velasco
Belalcazar, Nemesio Velasco Velasco y Karen Yiseth Velasco Muñoz (parte activa
del proceso ordinario).

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente, se presentaron las siguientes:

1.5.1. Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005

23. Solicitó declarar la improcedencia de la acción, o, denegar las pretensiones de
la demanda en de la acción de tutela de la referencia, atendiendo que dicha
corporación no ha afectado derecho fundamental alguno.

24. Adujo que, en ningún momento desatendió las garantías constitucionales de
los demandantes, pues aplicó en debida forma los parámetros legales analizando

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en su integridad la prueba obrante en el expediente, garantizando su derecho al
debido proceso, aducido equívocamente como vulnerado.

25. A partir de lo anterior, explicó que la demandante busca una vez más, el
estudio de la situación particular que desfavorece sus intereses, pues, de la
lectura de la acción impetrada contra no se demostró sino la intención de la
accionante de utilizarla como un medio alternativo, adicional o complementario al
que en su momento adelantara la jurisdicción de lo contencioso administrativa.

1.5.2. Ministerio de Defensa

26. Solicitó declarar la improcedencia porque si bien la actora pretende realizar un
estudio de los requisitos específicos de procedencia, no logró argumentarlos, al
punto de considerar acreditadas las exigencias tanto formales como sustanciales
de esta acción constitucional, ni tampoco probó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales que esgrime.

27. Adujo que se pretendía a través de esta instancia volver a revivir el escenario
jurídico para debatir el tema de la caducidad, el cual ya fue dilucidado
ampliamente por los jueces naturales del medio de control de reparación directa
quienes acertadamente lo hicieron amparados en una sentencia de unificación del
Consejo de Estado, la cual está ejecutoriada, sin modificaciones y contra la que
incluso se han presentado acciones constitucionales, manteniéndose incólume.

28. Concluyó que la parte accionante se encuentra inconforme con lo decidido al
interior del proceso de reparación directa, por lo que, intenta considerar la acción
de tutela como una tercera instancia para revivir etapas procesales e
interpretaciones y valoraciones probatorias que ya fueron debatidas por los jueces
naturales.

1.5.3. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán

29. Requirió declarar la improcedencia de la tutela por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional ya que en la sentencia de primera instancia se
concluyó que se configuró la caducidad y que no existía un motivo o razón
demostrada probatoriamente ni argumentada en los hechos de la demanda, que le
indicara al despacho que los demandantes tuvieron alguna clase de impedimento
para conocer en el momento de los hechos la responsabilidad por omisión del
Ejército Nacional, como causante de la muerte del señor Eduin Herney Velasco
Belalcázar.

30. Los demás sujetos, pese a que fueron notificados en debida forma no rindieron
informe frente al asunto.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Eucaris Velasco Belalcázar, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se
dirige contra el Tribunal Administrativo de Cauca, Sala de Decisión 005.

2.2. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

33. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Cauca vulneró los derechos «al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, buena fe,
reparación integral y todos aquellos que resultaron vulnerados» con ocasión de
la providencia del 13 de abril de 2023, mediante la cual se confirmó la
decisión del a quo, que confirmó la declaratoria de caducidad del medio de
control de reparación directa?

34. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) las víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de especial
protección constitucional; ii) el criterio de la Sección sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; iii) de los requisitos
generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial; iv) análisis del
caso en concreto.

2.3. Las víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de especial
protección constitucional

35. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte
Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones
particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo
reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.

36. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se
encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos
físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas

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desplazadas por la violencia y, en general, las víctimas del conflicto armado, así
como aquellas que se encuentran en extrema pobreza y:

todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se
ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la
población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos
poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del
perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a
un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales
de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de
discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados2.

37. En jurisprudencia reiterada3 la Corte Constitucional ha construido un sólido
criterio relacionado con la protección de las personas que han sido víctimas de
violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el marco del
conflicto armado interno. La condición particular de vulnerabilidad de estas
personas demanda que el Estado tenga un rol activo para que las necesidades
que aquellos tengan sean satisfechas pronta y oportunamente, «lo que incluye el
acceso a la administración de justicia, para obtener la protección y/o el restablecimiento
de los derechos que les han sido vulnerados, precisamente, por causa del conflicto» 4.

38. En tal sentido, al alto tribunal ha fijado las siguientes pautas constitucionales
mínimas en relación con las garantías que les asiste a tales sujetos, «las cuales se
erigen en presupuestos normativos para el ordenamiento jurídico»5: i) acceso
efectivo a la tutela judicial; ii) protección frente a la revictimización; iii) aplicación y
remisión a las reglas generales, siempre y cuando se ajusten a la protección
especial de las víctimas; iv) protección para que la ley sea interpretada
razonablemente de acuerdo con la Constitución y no de manera rígida; v)
protección frente a la demora o inacción de las autoridades competentes; vi)
protección frente a trámites adicionales; vii) protección del principio de adecuación,
y viii) protección frente a la ausencia de procedimientos para ejercer un derecho.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20126 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la

2
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
3
Ver, entre otras: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-188 del 15.03.07.,
M.P. Álvaro Tafur Galvis; Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-462 del
21.06.12. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión,
Sentencia T-364 del 12.06.15. M.P. Mauricio González Cuervo; Corte Constitucional, Sala Primera
de Revisión, Sentencia del 27.06.17. M.P. Carlos Bernal Pulido; Corte Constitucional, Sala Octava
de Revisión, Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
4
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia del 27.06.17. M.P. Carlos Bernal
Pulido
5
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8

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misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7 y declaró su
procedencia.8

40. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

41. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

42. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

2.5.1. Relevancia constitucional

43. De acuerdo con la sala, este requisito se encuentra cumplido en el caso en
concreto, por tratarse de una controversia que involucra derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de sujetos de especial
protección constitucional, debido a su condición de víctimas de un delito de lesa
humanidad, como lo fue el homicidio del señor Eduin Herney Velasco Belalcázar.

44. En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de
evidenciar suficientemente una tensión entre la providencia censurada y el núcleo
esencial de las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer los motivos
por los cuales considera que sus derechos se han vulnerado ante la indebida
aplicación de la sentencia de unificación proferida el 29 de enero de 2020 por la
Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación.

7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9

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Demandante: Eucaris Velasco Belalcázar
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

45. En este orden de ideas, la controversia propuesta cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 20229, como
pasa a exponerse.

46. Se encuentra que el asunto en cuestión no tiene por objeto la búsqueda de
una instancia adicional al proceso de reparación directa en el que se profirió el
auto cuestionado y, por tanto, no reemplaza los recursos ordinarios dispuestos
para la defensa de los derechos invocados. Esto, pues el interés de la parte actora
no es reabrir un debate zanjado por el juez natural de la causa, sino poner de
presente que la decisión censurada vulneró gravemente sus derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia pues, a su juicio, no se atendió
a su condición de víctimas de un delito de lesa humanidad.

47. De tal forma, el actor no pretende que esta sala de decisión se pronuncie
sobre aspectos propios del juez natural de la causa, pues los argumentos
expuestos fueron planteados con el objetivo de evidenciar, según su criterio, una
decisión arbitraria tomada con un fundamento jurisprudencial no aplicable al caso
en concreto, lo que derivaría en una clara vulneración a las garantías
fundamentales invocadas.

48. De acuerdo con lo anterior, se cumple con el requisito de formular los cargos
de la demanda desde una perspectiva de derechos fundamentales y garantías
constitucionales, dado que en el escrito inicial se hizo especial énfasis en la
condición de la parte actora como por el homicidio del señor Eduin Herney
Velasco Belalcázar por parte de la AUC, hechos catalogados como de lesa
humanidad.

49. Al respecto, en asuntos relacionados con derechos de las víctimas al interior
de procesos de reparación directa -en especial, situaciones que involucren graves
violaciones a derechos humanos-, la Corte Constitucional10 ha considerado que
revisten una relevancia constitucional por la naturaleza misma de la controversia y
las garantías fundamentales involucradas.

50. En efecto, de acuerdo con el alto tribunal, con fundamento en los artículos 1, 2,
15, 21, 93, 229 y 250 constitucionales, la Convención Americana de los Derechos
humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las víctimas son titulares
de los derechos a la verdad sobre lo sucedido, a la justicia y determinación de las
responsabilidades por tales hechos y a la reparación integral a los perjudicados11.

51. Por lo anterior, el presente litigio está revestido de relevancia constitucional al
relacionarse con el reconocimiento de la indemnización por los perjuicios
ocasionados como consecuencia de un homicidio catalogado como delito de lesa
humanidad, lo que involucra directamente una tensión entre la providencia

9
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
10
Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-113 del 14.03.19.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-272 del 12.08.21.
M.P. Alberto Rojas Ríos
11
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-113 del 14.03.19. M.P.
10

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censurada y el núcleo esencial de los derechos invocados. Esto pues, como ha
establecido la Corte Constitucional12, hace parte del núcleo esencial del derecho a
la reparación integral de las víctimas, el reconocimiento de una indemnización
económica o jurídica por el daño padecido.

2.5.2. Tutela contra tutela

52. La sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue
proferida en segunda instancia del proceso de reparación directa con radicado
19001-33-33-006-2018-00319-01.

2.5.3. Inmediatez

53. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la providencia del Tribunal Administrativo del Cauca fue
proferida el 13 de abril de 2023 y notificada vía correo electrónico el 25 de abril del
mismo año. Dado que el accionante interpuso la tutela el 24 de octubre de 2023, la
sala considera que se presentó dentro de un término razonable para el ejercicio de
la acción de tutela contra providencia judicial.

54. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 13,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200514, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.5.4. Subsidiariedad

55. En relación con los argumentos expuestos en el escrito de la demanda, se
acredita que el tutelante no dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios
ni extraordinarios para cuestionar la providencia dictada en segunda instancia, por
el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 toda vez que ninguna
de las razones presentadas se puede adecuar a las causales de procedencia de
los recursos extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

12
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-272 del 12.08.21. M.P. Alberto Rojas Ríos
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
11

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2.6. Caso concreto

56. La parte actora afirmó que el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de
Decisión 005 vulneró sus derechos «al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, seguridad jurídica, buena fe, reparación integral y todos aquellos que resultaron
vulnerados» al proferir la sentencia del 13 de abril de 2023, mediante la cual se
confirmó la decisión del a quo, que declaró probado el fenómeno de la caducidad
de reparación directa.

57. Al respecto, advierte la sala que, si bien la actora demandó también la decisión
de primera instancia, se estudiará únicamente lo relacionado con la providencia
proferido por el tribunal, al ser este el que dio fin a la controversia presentada ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

58. De conformidad con los argumentos expuestos en la tutela15, la parte actora
alegó que se incurrió en: i) un desconocimiento del precedente, ante la indebida
aplicación de la sentencia de unificación proferida el 29 de enero de 2020 por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya que, a su juicio, no se
tomó en consideración que el hecho generador del daño alegado en el proceso de
reparación directa fue un delito de lesa humanidad, aunado a el juez administrativo
está llamado a aplicar directamente la Convención Interamericana de Derechos
Humanos y ii) violación directa de la Constitución, pues argumentó que la
jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial y, al aplicar dicho fallo,
desconoció los artículos 1º, 2º, 12, 29, 93, 229 y 250 constitucionales.

59. En consonancia con lo anterior, se llevará a cabo un estudio conjunto de los
cargos formulados, pues la argumentación expuesta en los defectos está
intrínsecamente relacionada y se circunscribe a la indebida aplicación del criterio
unificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con la
caducidad del medio de control de reparación directa en casos relacionados con
delitos de lesa humanidad.

2.6.1. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente

60. Para esta Sala16, el precedente es aquella regla de derecho creada por una
alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar
un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en
el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho.

61. Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces de las altas cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción,

15
Ver acápite de sustento de la vulneración: numerales 13 – 18.
16
Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y
la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
12

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ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe
dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos
normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

62. Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

63. Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales
que profieren las altas cortes generan una regla o subregla, pues aquellas
corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma
cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente
una actividad creadora del juez como tal17.

2.6.2. Generalidades del defecto por violación directa de la Constitución

64. Al respecto, la Corte Constitucional18 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.

65. El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición fundamental
a un caso concreto»19. En este caso, procede la tutela contra providencia judicial por
el defecto referido cuando: i) el juez no interpreta y aplica una disposición legal
orientado por el precedente constitucional; ii) la controversia versa sobre un
derecho de aplicación inmediata y iii) cuando en la providencia se vulnera un
derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación conforme a
la Constitución20.

66. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el
juez «aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución »21, y se fundamenta en
el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma de normas y, por
tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible con
aquella, es deber del mismo «aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia
a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad» 22.

2.6.3. Estudio de los cargos formulados.

67. Mediante la providencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del Cauca
confirmó la decisión adoptada en primera instancia que declaró probado el
fenómeno de la caducidad de la demanda de reparación directa interpuesta por la
parte actora contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

17
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
19
Ibidem
20
Ibidem
21
Ibidem
22
Ibidem
13

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68. A diferencia de lo sostenido por la parte actora, la autoridad judicial accionada
no desconoció que el daño alegado fue ocasionado como consecuencia de un
delito de lesa humanidad, perpetrado en contra del señor Eduin Herney Velasco
Belalcázar.

69. Por el contrario, el tribunal puso de presente que, si bien del caudal probatorio
obrante en el expediente se concluyó que el deceso constituyó un crimen de lesa
humanidad, dicha situación resultaba insuficiente para desconocer el término legal
que delimita el ejercicio del medio de control de reparación directa. Igualmente,
explicó que el Juzgado Penal Especializado de Popayán en sentencia del 21 de
febrero de 2005 procesó y condenó a los autores del homicidio múltiple acaecido
los días 10, 11 y 12 de abril de 2001 en la región del Alto Naya, identificando
aquellos como miembros de un grupo paramilitar, los cuales además fueron
condenados a reparar a los herederos de las víctimas con una suma dineraria
respectiva.

70. En este orden de ideas, la accionada computó la caducidad del medio de
control de reparación directa desde el fallecimiento, esto es 11 de abril de 2001.
De esta forma, sostuvo que la parte actora actuó sin atender al término legal con
el que contaba para interponer la demanda de reparación directa, pues radicó el
medio de control en el mes de noviembre de 2018.

71. Para fundamentar dicha decisión, el tribunal llevó a cabo un estudio de las
distintas posturas que han existido al interior del órgano de cierre de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo en relación con la caducidad del medio de control
de reparación directa en asuntos relacionados con daños ocasionados por delitos
de lesa humanidad.

72. De tal forma, expuso que existían dos criterios en las distintas subsecciones
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. El primero, tuvo como sustento el
ius cogens y señalaba que el paso del tiempo no impedía el acceso a la
administración de justicia para buscar la reparación de los daños derivados de
este tipo de actos y, por tanto, no debía aplicarse la regla de caducidad. Esta
postura partía del principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad y consideraba que este regía tanto en materia penal, como en asuntos
de lo contencioso administrativo.

73. El segundo criterio avalaba la aplicación de las disposiciones generales sobre
caducidad en estos asuntos y se fundamentaba en la distinción entre la
imprescriptibilidad de la acción penal y la caducidad cuando se perseguía la
declaratoria de responsabilidad del Estado.

74. Puso de presente que, en este contexto, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado unificó su postura en relación con este asunto mediante la
sentencia del 29 de enero de 2020 en la que se precisó que en tales eventos
resultaba exigible el término para demandar establecido por el legislador en el

14

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literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, con atención a las
siguientes premisas:

I. Dicho plazo, salvo en el caso de la desaparición forzada que cuenta con
regulación legal expresa, se debe computar desde el momento en que los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial.

II. Dicho término no puede ser aplicado cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del medio de control.

75. El tribunal expuso que, en dicho fallo, el Consejo de Estado aclaró que la
imprescriptibilidad de la acción penal frente a este tipo de delitos no da lugar a la
inaplicación del plazo en controversias ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

76. A su vez, la autoridad judicial demandada resaltó que la Corte Constitucional,
mediante la sentencia SU-312 de 2020 «acompañó en sus conclusiones al órgano
de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa», pues encontró que dicho
entendimiento del término de caducidad del medio de control de reparación directa
era razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional.

77. Agregó que, conforme con el alto tribunal, las víctimas de este tipo de
vulneración de los derechos humanos cuentan con la oportunidad de acceder a la
administración de justicia, pues el término sólo empieza a contabilizarse cuando
exista claridad en torno a lo sucedido con independencia del tiempo que haya
transcurrido. Esto, pues, según la corte:

no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad
del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados
a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la
reclamación respectiva.

78. De igual forma, la accionada aclaró que la Corte Constitucional consideró que
dicha sentencia de unificación tenía una aplicación retrospectiva, esto es, que sus
efectos se surten desde el momento en que es proferida y con respecto a los
casos que se encontraban en curso y a los iniciados después del fallo, al ser esta
la regla general en la aplicación del precedente judicial. Por tanto, concluyó que
dicha regla de unificación jurisprudencial resultaba aplicable al asunto estudiado.

79. En este orden de ideas, la sala evidencia que existió una argumentación
suficiente y sistemática en el despliegue de los motivos que fundamentaron la
decisión cuestionada, pues el tribunal expuso de manera detallada la necesidad
de aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado al asunto en concreto.

15

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80. Del mismo modo, a diferencia de lo sustentado por la tutelante, la demandada
atendió a la particularidad del caso y, en tal sentido, computó el término desde el
fallecimiento del señor Eduin Herney Velasco Belalcazar, porque a su juicio, desde
tal fecha, los interesados contaban con las condiciones suficientes para inferir que
el daño era imputable al Estado, dado el carácter notorio y público de la
responsabilidad de la AUC en este caso.

81. Por su parte, el demandante también alegó que se debió dar aplicación directa
a los artículos arts. 1º, 2º, 12, 29, 93, 229 y 250 numerales 6 y 7 de la Carta
Política.

82. Al respecto, es necesario poner de presente que, en sentencia del 30 de julio
de 2021, la Sección Tercera del Consejo de Estado23 indicó que el carácter
vinculante y obligatorio de la jurisprudencia de las altas Cortes tiene fundamento
normativo en el inciso primero del artículo 230 de la Constitución Política, que
consagra que «los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la
ley».

83. A su vez, el alto tribunal indicó en la providencia en referencia 24 que, de
acuerdo con la Corte Constitucional25, el sentido de dicha disposición exige que
los jueces también están sometidos a la jurisprudencia de las altas corporaciones,
las cuales son las competentes para definir los criterios de interpretación de las
normas.

84. Por su parte, la Sala Plena de dicha corporación, en sentencia del 28 de
agosto de 201826 estableció que de acuerdo con el artículo 237, ordinal 1 de la
Constitución, una de las atribuciones del Consejo de Estado es «desempeñar las
funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo». Por tal motivo, «la
jurisprudencia que profiere este órgano de cierre es vinculante para resolver los conflictos
cuya competencia está atribuida a esta jurisdicción, por la Constitución y la Ley».

85. Agregó que en la sentencia C-816 de 201127, la Corte Constitucional señaló
que las decisiones proferidas por las altas cortes como autoridades de cierre de
las correspondientes jurisdicciones cuentan con características de permanencia e
identidad y con un carácter vinculante y obligatorio, «por emanar de órganos
diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de
igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la
Constitución Política»28

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia del 30.07.21., M.P. Marta Nubia Velázquez Rico. Exp.: 05001-23-33-000-2018-01831-
01(66941)
24
Ibidem.
25
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-611 de 4.10.17, M.P: Luis Guillermo Guerrero
Pérez, exp: T-4867717.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28.08.18., M.P.
César Palomino Cortés. Exp: 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ)
27
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-816 del 01.11.11. M.P. Mauricio González Cuervo.
Exp.: D-8473.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28.08.18., M.P.
César Palomino Cortés. Exp: 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ)
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86. En este orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Cauca al momento de
resolver el asunto en segunda instancia, se encontraba en la obligación de aplicar
el criterio unificado por el órgano de cierre en la materia de estudio y no podía
desconocer las reglas de derecho dictadas allí, pues ello implicaría actuar en
contravía de lo dispuesto por el artículo 230 superior.

87. Como consecuencia de lo anterior, la aplicación de dicha regla de caducidad
en el asunto en concreto no derivó en una vulneración de ninguna disposición de
orden superior, pues el reconocimiento del término conforme con lo estipulado en
la sentencia de unificación implica la garantía del acceso a la administración de
justicia y del debido proceso de las víctimas de delitos de lesa humanidad. En
consonancia con lo decidido por el tribunal, la sala advierte que en el asunto en
concreto no se configuró una transgresión de las garantías fundamentales de los
tutelantes, pues lo que existió fue un incumplimiento de la carga procesal exigida a
los interesados, aún bajo el reconocimiento de su condición de sujetos de especial
protección constitucional.

2.7. Conclusión

88. Con fundamento en los argumentos expuestos en los párrafos precedentes, se
negarán el amparo deprecado por la señora Velasco Belalcázar, pues no se
acreditó la configuración de los defectos alegados.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos invocados por la parte actora, de
conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente

17

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

18

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