Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06763-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 11001-03-15-000-2024-06763-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06763-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06763-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
19 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: LUZ CELLY SUÁREZ FRANCO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE - Se configuró por cuanto la sentencia desconoció las pautas
jurisprudenciales establecidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para el
conteo de la caducidad en casos relacionados con desplazamiento forzado / DEFECTO
SUSTANTIVO – También se configura en este caso por la inaplicación de los artículos 18
de la Ley 387 de 1997 y 678 de la Ley 1448 de 2011.
La Sala decide la impugnación instaurada por la parte demandante contra el fallo
de primera instancia, proferido el 3 de febrero de 2025, por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, a través del cual se negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 9 de diciembre de 2024, la señora Luz Celly Suárez Franco, por intermedio
de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Cauca y el Juzgado Noveno Administrativo de Popayán, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica, la buena fe y la reparación integral,
con ocasión de la sentencia proferida el 1º de agosto de 2024, en el proceso de
reparación directa con radicado 19001-33-33-009-2017-00337-01, mediante la cual
se confirmó el fallo de primera instancia que declaró probada la excepción de
caducidad. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben):
A) Tutelar los derechos fundamentales invocados.
B) Dejar sin efectos la sentencia nro. 164 del 1 de agosto de 2024 del Tribunal
Administrativo del Cauca Magistrado Ponente Marino Coral Argoty o quien
haga sus veces, por la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso (artículo 29 Constitucional), acceso a la administración de justicia
(artículo 229 Constitucional), seguridad jurídica (artículo 77 Constitucional),
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
buena fe (artículo 83 Constitucional) y reparación integral (plasmado en
numerosos artículos de la Carta como el 1º, 2º, 12, 29, 93, 229 y 250 num. 6 y
7) y todos aquellos que resultaron vulnerados dentro de la Acción de
Reparación Directa radicada bajo el No. 19001-33-33-009-2017-00337-01.
C) Dejar sin efectos la sentencia nro. 164 del 1 de agosto de 2024 del Tribunal
Administrativo del Cauca Magistrado ponente Marino Coral Argoty o quien haga
sus veces, por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y
25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en relación con
los artículos 1.1 y 2.1 de la misma, derechos que en virtud del artículo 93 de la
Constitución Política de Colombia de 1991 gozan rango constitucional y todos
aquellos derechos convencionales que resultaron vulnerados dentro de la
Acción de Reparación Directa radicada bajo el No. 19001-33-33-009-2017-
00337-01.
D) Ordenar que sea proferida una decisión de reemplazo teniendo en cuenta
las pruebas que obran en el expediente, los instrumentos de Derechos
Humanos y el corpus juris de Derecho Internacional aplicables a la cuestión de
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y sus efectos sobre la
caducidad de las acciones administrativas, la jurisprudencia del Consejo de
Estado en vigor al momento de los hechos y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la misma materia en tanto criterio
hermenéutico.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos relevantes:
3. La señora Luz Celly Suárez Franco y otros interpusieron demanda de
reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con
el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los daños irrogados
a partir de la muerte del señor Daniel Suárez Franco, ocurrida el 10 de abril de 2001,
en la zona del Alto Naya, en el departamento del Cauca, a manos de un grupo
paramilitar.
4. Indicó que a finales del año 2000, miembros del grupo paramilitar Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) establecieron su base de operaciones en el municipio
de Buenos Aires, Cauca, y en el mes de abril se dirigieron al camino real del Naya,
lugar en el que torturaron y asesinaron a más de 30 habitantes, entre el 11 y el 12
de abril de 2001, incluido el señor Daniel Suárez Franco, luego de conseguir
información sobre la acción de las guerrillas de las FARC y el ELN en la zona.
5. Agregó que a finales del año 2000 algunas personas pusieron en conocimiento
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación, lo que
mereció la adopción de medidas cautelares por parte de ese organismo
internacional, el 27 de marzo de 2001. Señaló que el 2 de abril de 2001 la CIDH
hizo un llamado al gobierno de Colombia para que garantizara la seguridad de las
comunidades civiles en la zona; además, entre diciembre de 2000 y enero de 2001
la Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas relacionadas con información que
permitía prever una arremetida paramilitar contra los pobladores de la región del
Naya.
6. Manifestó que el Ejército Nacional contaba con información suficiente sobre las
actividades del grupo paramilitar y se abstuvo de tomar acciones precisas para
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
repelerlo y brindar seguridad a los habitantes de la zona, omisiones sobre las cuales
se fundamentó la acción administrativa seguida en contra de esa entidad.
7. El Juzgado Noveno Administrativo de Popayán profirió sentencia de primera
instancia el 28 de junio de 2022, en la que declaró probada la excepción de
caducidad. Adujo que la demanda fue extemporánea porque para el 22 de mayo de
2015, cuando venció el plazo para ejercer el medio de control, no se había radicado
la solicitud de conciliación prejudicial; adicionalmente, no se probó una imposibilidad
de los demandantes de acudir con anterioridad al sistema judicial.
8. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de
sentencia de 1º de agosto de 2024, confirmó la decisión del Juzgado Noveno
Administrativo de Popayán. Para el efecto, hizo referencia a la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, así como a la SU 254 de 2013 de la Corte Constitucional, de lo cual
coligió que el término de caducidad debía contarse desde la ejecutoria de ese último
fallo, la que se produjo el 22 de mayo de 2013. Agregó que los demandantes
solicitaron su inclusión en el Registro Único de Víctimas de la UARIV, desde el 1º
de febrero de 2002 hasta el 27 de octubre de 2014, por lo que a partir de esas fechas
tuvieron conciencia de las gestiones administrativas y judiciales que podían
adelantar para resarcir los perjuicios que sufrieron.
9. De lo anterior coligió que los demandantes tuvieron plazo para demandar hasta
el 27 de octubre de 2016; sin embargo, radicaron la solicitud de conciliación
prejudicial sólo hasta el año 2017, cuando ya había operado la caducidad. Añadió
que incluso contabilizando el término de oportunidad de la demanda desde la
ejecutoria de la sentencia SU 254 de 2013, ésta resultaba extemporánea, pues el
plazo máximo para interponer la demanda bajo ese escenario venció el 23 de mayo
de 2015.
10. La accionante considera que la declaratoria de la excepción de caducidad en el
proceso ordinario vulneró los derechos fundamentales que solicita amparar y
desconoció los artículos 8.1 y 25.1, en conexidad con los artículos 1.1, 2.1 y 63.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los cuales en virtud
de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política gozan de rango
constitucional. Aseguró que se desconoció «el carácter especial de los delitos de
lesa humanidad y su efecto en el cómputo de la imprescriptibilidad de la acción
administrativa».
11. Como sustento, se refirió a la definición de crimen de lesa humanidad contenido
en el Estatuto de Roma, a la imprescriptibilidad de la acción penal establecida en la
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa
Humanidad de 1968, vinculante a los Estados, por tratarse de una norma del ius
cogens, según mencionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) en el caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006).
12. Con base en lo anterior, manifestó que:
[L]a muerte del señor DANIEL SUÁREZ FRANCO a manos de grupos
paramilitares en abril de 2001 en la región del Naya, departamento del Cauca,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
y el posterior desplazamiento forzado de su familia por causa de la violencia de
la zona es un crimen de lesa humanidad. Tal y como se desprende de las
pruebas allegadas, el señor SUAREZ FRANCO perdió la vida no en hechos
aislados sino en el marco de un ataque generalizado, sistemático y metódico
dirigido contra la población civil por parte de grupos paramilitares que se
movilizaron en escuadras bien organizadas y con unidad de mando, además,
el objetivo de estos grupos era amedrentar y exterminar a los pobladores
debido a su supuesta colaboración con la guerrilla de las FARC. Se configuran
entonces los dos supuestos principales de los delitos de lesa humanidad: que
se trate de un ataque sistemático y que dicho ataque sea perpetrado contra la
población civil.
13. Consideró, así, que debió darse aplicación al artículo 25.1 de la CADH y tenerse
en cuenta el carácter de delito de lesa humanidad y la expedición posterior a la
presentación de la demanda de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020.
Y agregó:
Teniendo claro que la caducidad de la acción administrativa debe estudiarse
a la luz del corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
no necesariamente a la luz de la prescripción de la acción penal, no se entiende
por qué tanto la primera como la segunda instancia insisten en que el término
de caducidad de la acción de reparación directa sólo puede extenderse cuando
se trata de la participación directa de los miembros del Estado en los hechos
constitutivos del delito de lesa humanidad y cuando mediante un proceso penal
o de otra naturaleza los demandantes sean informados sobre la participación
de agentes del Estado en dicho delito. Contrario a lo que proponen la primera
como la segunda instancia, la eventual extensión del término de caducidad de
la acción, en primer lugar, no es exclusiva de los procesos en los cuales se
pretende endilgar responsabilidad al Estado por acción, sino que el término
puede extenderse también cuando se pretende responsabilizar al Estado por
omisión. Esto se deduce del extracto jurisprudencial arriba transcrito1, en vigor
al momento de presentar la demanda del caso bajo examen, en el cual el
Consejo de Estado señala que cuando se demanda la responsabilidad del
Estado por daños antijurídicos derivados de actos de lesa humanidad, el
principio de integración normativa debe ser aplicado sistemáticamente con el
principio de derecho internacional público del ius cogens para concluir que la
caducidad de la acción de reparación directa no operaría, y no hace diferencia
entre la responsabilidad del Estado por acción y por omisión. En segundo lugar,
si bien hubo un proceso penal a través del cual los demandantes pudieron
conocer quiénes fueron los responsables directos de la muerte del señor
DANIEL SUAREZ FRANCO, esta circunstancia no obsta para que se extienda
el término de caducidad, pues se trata de analizar si opera el fenómeno extintivo
de la caducidad al tratarse de un delito de lesa humanidad endilgable al Estado
por omisión y este análisis debe seguir criterios propios del corpus iuris del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
14. Expuso que el legislador no ha incorporado ninguna regla para fijar el cómputo
de la caducidad tratándose de delitos de lesa humanidad, por lo que nada obsta
para el juez inaplique la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 y, en su
lugar, aplique el artículo 25.1 de la CADH, en ejercicio del control de
convencionalidad al que está llamado, en aras de asegurar la protección y el respeto
de los derechos fundamentales de las víctimas.
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 17 de septiembre de 2013, rad. 25000-23-26-000-
2012-00537-01(45092), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
15. Aseguró que, en el caso concreto, los jueces no interpretaron las normas
internas a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; además,
«fallaron en llevar a cabo su labor no como meros ejecutores de la ley sino como
verdaderos garantes del derecho sustancial y del orden jurídico» y adoptaron la
decisión con sujeción a una jurisprudencia poco garantista de los derechos de las
víctimas, expedida con posterioridad a la presentación de la demanda. Señaló que
«cuando el operador jurídico se encuentra frente a un crimen de lesa humanidad en
el cual resulte comprometida la responsabilidad del Estado por acción u omisión
debe estudiar la caducidad de la acción de reparación directa teniendo siempre
presente el corpus iuris de los Derechos Humanos y no sólo la literalidad del artículo
164 del Código Contencioso Administrativo pues la especial naturaleza del crimen
lo amerita».
16. En su criterio, los jueces de la reparación directa aplicaron de forma retroactiva
la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, sin tener en cuenta la
jurisprudencia que regía al momento de la interposición de la demanda y las
expectativas legítimas de los demandantes, la que debió prevalecer en atención al
principio pro persona. De otra parte, señaló que la sentencia SU 254 de 2013 de la
Corte Constitucional no incluyó la definición de crímenes de lesa humanidad ni
contiene ninguna consideración sobre el principio de imprescriptibilidad de las
acciones relacionadas con dichos actos delictivos y, aunque propone un término de
caducidad para la población desplazada en procesos futuros, no «menciona los
efectos que la noción misma de lesa humanidad podría tener sobre el término de
caducidad propuesto»; aunado a ello, fue proferida cuando el Consejo de Estado
aún no había consolidado su postura frente al término de caducidad en casos de
delitos de lesa humanidad, por lo que los demandantes tenían expectativas
legítimas de acceso a la justicia.
17. Precisó que no se tuvieron en cuenta los criterios establecidos por la Corte IDH,
en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile (2018), respecto a la imprescriptibilidad
de la acción civil en el contexto de procesos de reparación administrativa en los
casos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los
derechos humanos.
18. Por lo demás, hizo mención a sendas providencias del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, que soportan su postura frente al yerro en el cómputo de la
caducidad en el proceso de reparación directa.
B. Trámite impartido e intervenciones
19. Mediante auto de 13 de diciembre de 2024 se admitió la solicitud de amparo, se
aclaró que la única accionante en la causa era la señora Luz Celly Suárez Franco2,
se ordenó notificar la decisión a las autoridades judiciales demandadas y, como
terceros con interés, a los señores Bernardo Suárez, Daniel Stiven Suárez Dizu,
Juan Carlos Suárez Franco, María Ludivia Franco de Suárez y a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Además, se requirió el envío de copia
digital del expediente del proceso ordinario.
20. El Tribunal Administrativo del Cauca manifestó que no se vulneraron los
derechos fundamentales de la demandante, porque la decisión se ajustó al
2
Esto, con el fin de que se corrigieran los datos del proceso en los sistemas de información de la
Rama Judicial.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
precedente normativo y jurisprudencial, «con valoración plena y racional de los
elementos de prueba aportados por las partes».
21. Señaló que se comprobó la configuración del fenómeno de la caducidad, por
cuanto los accionantes no interpusieron «los recursos judiciales pertinentes, pese a
que tuvieron acceso a la información que, como víctimas, debían recibir por parte
de las entidades estatales a las cuales acudieron con miras a su inclusión en el
registro nacional de víctimas».
22. Al proceso acudieron los señores María Ludivia Franco de Suárez, Juan Carlos
Suárez Franco, Jhon Jairo Suárez Franco, Luz Dary Suárez Franco, Daniel Stiven
Suárez Dizu, Campo Elías Suárez Franco y Martha Cecilia Suárez Franco a
coadyuvar las pretensiones del accionante. Los intervinientes son familiares del
difunto señor Daniel Suárez Franco y adujeron que compartían los argumentos de
la tutela, por cuanto la sentencia del Tribunal vulneró también sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica, la buena fe y la reparación integral.
23. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional señaló que
la tutela no cumple con los requisitos para su procedencia. Agregó que la intención
de la tutelante es «subsanar los errores y la carencia del material probatorio que
debió allegar al proceso judicial ordinario, esto es, acreditar en debida forma la
situación esbozada dentro de su escrito de demanda». En ese sentido, sostuvo que
la parte actora en el proceso ordinario no desplegó la carga probatoria necesaria
para establecer alguna excepción al conteo de la caducidad, según lo establecido
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020.
24. Se refirió a la figura procesal de la caducidad y aclaró que antes de la citada
sentencia de unificación no existía una postura pacífica al interior del Consejo de
Estado frente a la imprescriptibilidad de las acciones en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en casos de delitos de lesa humanidad; ejemplo de ello
es la sentencia de 10 de febrero de 2016 proferida en el medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo, en el expediente 05001-23-33-
000-2015-00934-01. Añadió que el Consejo de Estado ha aplicado la caducidad,
incluso en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes
del Estado, como ocurrió en el proceso con radicado 110010315000-2020-00715-
00.
25. Sostuvo que los aspectos esgrimidos en la tutela ya fueron abordados por los
jueces y pidió aplicar el precedente horizontal proferido por el Consejo de Estado,
en casos similares. Para el efecto, hizo alusión a las sentencias proferidas en la
acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-06539-00/01.
26. Con base en lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
C. Sentencia impugnada
27. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia el 3 de febrero de 2025, a través de la cual negó el
amparo solicitado. Consideró que el Tribunal resolvió el asunto con fundamento en
la normativa y la jurisprudencia relacionada con el fenómeno jurídico de la
caducidad, en ejercicio de las facultades de autonomía e independencia judicial.
28. Precisó que para la fecha en la que se profirió la decisión cuestionada, la
Sección Tercera del Consejo de Estado ya había proferido la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 en la que se fijaron reglas para el análisis de la
caducidad en los casos relacionados con graves violaciones a los derechos
humanos; por ende, el Tribunal debía acatar los aspectos que fueron objeto de
unificación. Explicó que dicha sentencia tenía efectos retrospectivos, es decir, que
resultaba aplicable desde el momento en que fue proferida, a los casos que se
encontraban en curso y a los iniciados con posterioridad a la decisión, de acuerdo
con el entendimiento establecido por la Corte Constitucional, en sentencia SU-406
de 2016.
29. Agregó que ni la accionante ni las demás partes «probaron circunstancia alguna
que les impidiera acudir en forma oportuna a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, por tanto, no era posible aplicar la excepción a la caducidad
contemplada en las reglas de unificación del Consejo de Estado, pues la demanda
daba cuenta que en los años 2002 al 2014 ya habían incoado solicitudes a la
administración sobre los hechos derivados de la muerte del señor Daniel Suárez
Franco (q. e. p. d.)».
D. Impugnación
30. La parte accionante cuestionó la utilidad de calificar un delito como de lesa
humanidad, cuando, en todo caso, las víctimas deben sujetarse al término de
caducidad establecido por el legislador para la generalidad de los asuntos. Indicó
que cuando se radicó la demanda, la postura del Consejo de Estado señalaba que
la acción de reparación directa en los casos de delitos de lesa humanidad era
imprescriptible; luego, no resultaba comprensible la aplicación de la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020.
31. Adujo que «la imprescriptibilidad de la acción no abarca solamente el aspecto
penal sino también el administrativo, pues la reparación de los derechos
fundamentales de las víctimas no se limita a la condena penal, sino que también
abarca el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, que se concreta en la
indemnización». Indicó que, en el caso concreto, las víctimas sufrieron no sólo la
pérdida de un ser querido, sino que fueron obligados a dejar su territorio debido a la
masacre del Naya, lo cual ocasionó «un cambio total en sus condiciones de vida y
un tremendo desarraigo», circunstancias que no fueron tenidas en cuenta.
32. Manifestó que los desplazados son sujetos de especial protección
constitucional y están amparados por ciertas garantías, como la protección frente a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
la revictimización y la interpretación de la ley «conforme a la Constitución y no de
manera rígida». En ese sentido, criticó que la providencia cuestionada hubiera
señalado que las víctimas tenían conocimiento de las especiales circunstancias que
rodearon la masacre del Naya y aun así no interpusieron la acción de reparación
directa en los dos años siguientes al fallecimiento del señor Daniel Suárez Franco,
pues, en su sentir, «pretender que las víctimas de crímenes de lesa humanidad
estén preparadas para asumir los costos emocionales y económicos de iniciar un
proceso contra la administración dentro de los dos años siguientes al fallecimiento
de su familiar, siendo además desplazados, equivale en la práctica a
revictimizarlos, pues implica exigirles lidiar con los pormenores del proceso a la par
que están lidiando con el estrés emocional y los perjuicios económicos derivados
del desarraigo y del fallecimiento del señor Daniel Suárez Franco».
33. Con base en lo anterior, solicitó revocar el fallo impugnado y conceder el amparo
deprecado en la demanda.
E. Remisión del asunto
34. En proveído de 8 de abril de 2025, el consejero de Estado 3 al que le
correspondió el conocimiento del asunto ordenó remitir el expediente al despacho
de la magistrada que sigue en turno, por cuanto el proyecto de sentencia que
presentó ante la Sala fue derrotado en sesión de 4 de abril de 2025.
CONSIDERACIONES
F. Competencia
35. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado).
G. Legitimación en la causa
36. La señora Luz Celly Suárez Franco se encuentra legitimada para interponer la
acción de tutela, toda vez que es la titular de los derechos fundamentales que
considera vulnerados, en su condición de parte demandante en el proceso de
reparación directa con radicado 19001-33-33-009-2017-00337-01, en el que se
profirió la sentencia cuestionada.
37. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Juzgado Noveno Administrativo de Popayán y el Tribunal Administrativo del
Cauca profirieron las sentencias a las que se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales de la accionante.
3
Magistrado José Roberto Sáchica Méndez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
H. Coadyuvancia
38. Las personas relacionadas en el párrafo 23 presentaron escritos en los que
indicaron que coadyuvaban las pretensiones de la acción de tutela instaurada por
la señora Luz Celly Suárez Franco.
39. Sobre la coadyuvancia en la acción de tutela se resalta que está expresamente
prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, según el cual las personas que
tengan interés legítimo en el resultado del proceso también pueden intervenir para
coadyuvar u oponerse a las pretensiones de la demanda.
40. Asimismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de
la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto 306 de 1992, prevé que
las personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso
pueden intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de
segunda instancia.
41. En ese contexto, de conformidad con los artículos 13 del Decreto 2591 de 1991
y 71 del Código General del Proceso, la Sala reconocerá a las referidas personas
como coadyuvantes de la parte actora, con la aclaración de que su participación
está acorde «con las posiciones y pretensiones presentadas por el accionante o el
accionado en el trámite de tutela, es decir, [que] no puede[n] formular pretensiones
propias de amparo a sus derechos fundamentales»4. En esa medida, aunque los
coadyuvantes no elevaron pretensiones autónomas en sus escritos de intervención,
sí manifestaron que las autoridades judiciales accionadas también vulneraron sus
derechos fundamentales, afirmaciones estas que no serán materia de estudio en
esta providencia, en tanto su objeto se limita a constatar la violación de los derechos
constitucionales de la señora Luz Celly Suárez Franco, por las concretas razones
expuestas en la demanda.
I. Problema Jurídico
42. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo proferido el 3 de febrero de 2025, por la Sección Segunda, Subsección A,
del Consejo de Estado, por medio del cual se negó la solicitud de amparo.
J. Análisis de la Sala
Requisitos generales de procedibilidad
43. Inmediatez. La acción de tutela cumple con este requisito, toda vez que la
sentencia cuestionada fue proferida el 1º de agosto de 2024 y quedó ejecutoriada
el 23 de agosto siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 9 de
diciembre del mismo año, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término
resulta razonable.
4
Corte Constitucional. Auto 401 del 28 de octubre 2020. M.P. Alberto Rojas Ríos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
44. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
45. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
46. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente5 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
47. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante, la Sala observa que
la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, por cuanto se refiere a la
vulneración de derechos de raigambre constitucional, como el debido proceso o el
acceso a la administración de justicia, por la declaratoria del fenómeno de la
caducidad, lo que impidió el estudio de fondo del asunto sometido al conocimiento
de los jueces de la reparación directa, en un caso relacionado con delitos de lesa
humanidad, según afirmó la demandante.
48. Subsidiariedad. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
49. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
50. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se
agotaron los medios disponibles en el proceso ordinario.
51. Adicionalmente, no se observa que los hechos alegados en la demanda puedan
subsumirse en alguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de
5 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
revisión o formularse a través del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.
Caso concreto y solución del problema jurídico
52. La Sala accederá al amparo solicitado por la señora Luz Celly Suárez Franco,
por las razones que a continuación se exponen.
53. En el proceso de reparación6 directa que es objeto de análisis se perseguía la
declaratoria de responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, por los perjuicios derivados de la muerte del señor Daniel Suárez Franco
y el desplazamiento al que se vieron forzados los demandantes, por cuenta del
ataque perpetrado por integrantes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de
Colombia, en cercanías del río Naya, entre los departamentos del Cauca y Valle del
Cauca, en el mes de abril de 2001. Se alegó que la arremetida del grupo subversivo
era previsible y, pese a ello, la Fuerza Pública no desplegó las acciones necesarias
para prevenirlo o contrarrestarlo, sin daños para la sociedad civil.
54. El planteamiento expuesto en la demanda fue abordado por el Tribunal
Administrativo del Cauca, para efectos de computar el término de caducidad, así:
Para poder determinar el momento a partir del cual se debe dar inicio al
cómputo del término de caducidad dentro de este asunto, se debe adelantar
una valoración de conformidad con los parámetros que allí se indican.
En ese sentido, se debe recordar que, en el caso de delitos de lesa humanidad,
con excepción del delito de desaparición forzada, el cómputo de la caducidad
puede ser desde la fecha del daño o desde el momento en el que los
demandantes pudieron inferir que una acción u omisión del Estado fueron las
causas del daño reclamado, salvo que se pueda acreditar que existió alguna
circunstancia material que le impidió el acceso efectivo a la administración de
justicia.
Sumado a ello, como ya se indicó, también es necesario que el operador judicial
realice un análisis coherente y lógico para el caso en estudio, respecto de la
contabilización de términos de caducidad según lo acreditado en el plenario;
empero, si la parte interesada estaba en condiciones de inferir la situación y,
pese a ello, no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso
administrativo debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo,
como lo concluyó el A Quo en este caso.
A esos efectos, surge un primer momento de trascendencia y la fecha de
ocurrencia del hecho mismo el 10 de abril de 2001, cuando el señor DANIEL
SUAREZ FRANCO fuera víctima de homicidio a manos de un grupo
paramilitares pertenecientes al Bloque Calima, que atacaron y perpetraron
vejámenes en la región del Naya, municipio de Buenos Aires (Cauca).
La magnitud de la incursión armada por parte de ese grupo criminal fue un
hecho notorio y de amplia difusión que, evidentemente, estuvo en conocimiento
de las víctimas, aquí demandantes, por afectarles directamente debido a la
pérdida de un miembro de su familia. Empero, debido a las trágicas
6
En ese litigio, la señora Luz Celly Suárez Franco, junto con otras personas, integraron la parte
demandante.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
consecuencias que tuvo para ellos el sufrir la muerte del señor DANIEL
SUAREZ FRANCO en esas condiciones y vivir posteriormente el
desplazamiento forzado para evitar mayores males, la fecha para computar la
caducidad no puede partir desde ese momento en atención a que no es
razonable exigir de los demandantes el pensar en cuestiones legales en
momentos en los que prima la protección de la vida y la seguridad.
Las constancias procesales indican que existe un segundo momento en el que
los demandantes tomaron conciencia de las herramientas legales de las que
disponían para buscar amparo en las instituciones públicas destinadas a tratar
el fenómeno del desplazamiento y atender a las víctimas del conflicto armado
interno, esto es, la solicitud de su inclusión en el Registro Único de Víctimas de
la UARIV, con miras a dejar constancia de su condición y postular para recibir
los beneficios socio-económicos de los programas y políticas públicas
dispuestos por el ejecutivo. Es así como está comprobado que los
demandantes iniciaron los trámites con su declaración de hechos victimizantes
en distintas fechas que varían desde el 1 de febrero de 2002, hasta el 27 de
octubre de 2014 y teniendo en cuenta que, según las constancias oficiales,
algunos de los actores recibieron indemnizaciones a manera de compensación
y subsidios por conceptos de atención humanitaria, resulta razonable declarar
que fue a partir del inicio de las respectivas peticiones de ingreso al RUV, que
ellos tuvieron conciencia de las gestiones administrativas y judiciales que
podrían instaurar en procura de resarcir los perjuicios sufridos.
Sin lugar a dudas, el hacer uso de los recursos administrativos para la atención
humanitaria en los programas de la Presidencia de la República requiere de
una conciencia sobre la situación propia, a la que se adhiere ya un componente
de profundización del conocimiento al realizar un esfuerzo probatorio que
soporte la alegada condición de víctima del conflicto, lo cual conlleva
ineludiblemente una ponderación de responsabilidades en el marco del
conflicto.
Esta circunstancia indica a la Sala dos cuestiones de relevancia, en primer
lugar, que ya existía en los demandantes una representación jurídica sobre
responsabilidades, derechos y obligaciones que les asistía como víctimas del
conflicto, haciendo conciencia de existían mecanismos administrativos y
judiciales de reclamación y, segundo, que la información rotó entre los
demandantes al punto de instarlos a presentar sus propias solicitudes de
registro en el RUV y buscar los beneficios legales que ellos ofrecían,
conocimiento que estuvo a su disposición pese a que en no todos los casos la
obtención de esos beneficios fue exitosa.
La Sala encuentra coincidencia con el criterio del A Quo, según el cual todos
los demandantes tuvieron acceso a la información legal referente a la condición
de víctima y su relación frente a la sociedad y el Estado, afirmación que puede
sustentarse no solo en la prueba documental antes referida, sino también en el
dictamen pericial aportado con la demanda según el cual, existe entre los
actores vínculos íntimos y contacto permanente debido a los lazos de
consanguinidad y origen común, lo cual permite afirmar con certeza que, a la
par de escenarios de convivencia familiar, los demandantes compartieron
mutuamente la información que obtuvieron de las autoridades administrativas
que atendieron su caso, siendo razonable señalar que existió un amplio periodo
de tiempo superior a los doce años, entre el 1 de febrero de 2002 y el 27 de
octubre de 2014, dentro del cual el contacto personal permitió a los accionantes
el conocer y asimilar los aspectos legales de su condición de víctimas, los
victimarios, la responsabilidad jurídica y los recursos legales disponibles a su
alcance para el restablecimiento de sus derechos.
Finalmente, existe un tercer momento que amplía el plazo a partir del cual se
podría contabilizar el término de caducidad en el sub lite y que ofrece el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
escenario más beneficioso para los demandantes, esto es, la ejecutoria de la
sentencia SU-254 de 2013, ocurrida el 22 de mayo de 2013.
Tomada esa fecha, el plazo máximo de presentación del medio de control se
fenecía el 23 de mayo de 2015, lo cual, confrontando con la actuación de la
conciliación prejudicial sucedida el 2 de febrero de 2017, confirman la
consolidación de la caducidad, tal y como correctamente lo anotó el Juez A Quo
en la sentencia que se revisa.
Siguiendo con los aspectos específicos de la caducidad y según la
jurisprudencia unificada, el parámetro indicado por el máximo Tribunal de lo
contencioso administrativo para computar la caducidad, es la inferencia de la
situación, es decir, el conocimiento diagonal de lo sucedido, más no, la certeza
plena de lo ocurrido. Frente a la capacidad de tomar conciencia sobre el daño
sufrido y la reparación pretendida a través de los medios judiciales, existen
eventuales obstáculos de índole social o individual que obstaculizan la
capacidad para conocer y actuar conforme a la ley, entre estas circunstancias
están el aislamiento, el analfabetismo, la pobreza extrema y demás
eventualidades capaces de extraer al individuo del curso social normal, bien
sea como consecuencia de los hechos victimizantes, impuesto por la fuerza,
como en el caso del secuestro o desaparición forzada, o por la dinámica social.
No obstante, no se alegaron ni se avizora situaciones que hubiesen impedido
a la parte actora adelantar la acción en término. Al contrario, según lo resaltado
en el decurso de los hechos a partir de las constancias probatorias, los
demandantes no sufrieron aislamiento social ni institucional, perdieron el
arraigo en la zona y se reasentaron en centros urbanos desde donde tuvieron
acceso a los programas de ayuda humanitaria y, a pesar de las afectaciones
psico-sociales de sus lazos familiares, no perdieron el contacto entre sí,
manteniendo las redes afectivas por las que fluye, sin lugar a dudas, la
información sobre los aspectos legales que cada uno sostenía como víctimas
del conflicto. En consecuencia, no es posible extender el cómputo del término
de caducidad por este motivo.
55. En un acápite preliminar, el Tribunal hizo referencia al marco legal y
jurisprudencial de la caducidad en los asuntos que versan sobre delitos de lesa
humanidad. Con especial énfasis, mencionó las sentencias SU-254 de 2013 y SU-
312 de 2020 de la Corte Constitucional y la proferida el 29 de enero de 2020 por la
Sección Tercera de esta Corporación, a partir de lo cual concluyó que:
[A]unque las investigaciones penales por delitos de lesa humanidad son,
efectivamente, imprescriptibles, esta condición no autoriza a los afectados a
disponer del derecho de acción en la jurisdicción administrativa en cualquier
tiempo, pues las reglas procedimentales de los medios de control son
diferentes a las que gobiernan la prescripción de los derechos y obligaciones
surgidas del delito. En este aspecto el precedente judicial sienta parámetros de
valoración precisos que es necesario atender con la finalidad de preservar un
balance entre los derechos de las víctimas a obtener una reparación integral y
el principio de legalidad, seguridad jurídica y el mandato de justicia.
56. Las citas jurisprudenciales a las que aludió la sentencia cuestionada resultaban
pertinentes para resolver el fondo del asunto, por cuanto se refirieron al fenómeno
de la caducidad en eventos relacionados con graves violaciones a los derechos
humanos, en especial, frente a delitos considerados de lesa humanidad. El error en
la providencia radica; sin embargo, en el razonamiento que llevó a concluir la
configuración de la caducidad, con fundamento en un entendimiento equivocado de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
la forma en la que debía contabilizarse ese término, en un claro desconocimiento
de la jurisprudencia y la ley.
57. En efecto, los hechos narrados en la demanda, relacionados con el homicidio
de un civil y el desplazamiento de los demandantes por circunstancias de violencia
en el marco del conflicto armado interno, imponían al juez el deber de determinar si
los accionantes estaban en las condiciones señaladas por la ley y la jurisprudencia
constitucional y contencioso administrativa para entender superada la situación de
desplazamiento con el fin de acceder a la administración de justicia, al tratarse de
un daño con efecto continuado.
58. De tiempo atrás, esta Corporación ha explicado que el daño producido por
conductas de carácter continuado, como el desplazamiento, la desaparición forzada
o el secuestro, ameritan un análisis específico en cada caso, atendiendo a sus
particularidades, para determinar el momento a partir del cual debe contabilizarse
el término de caducidad previsto en la ley. Esta Subsección ha sostenido, al
respecto:
En estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la
ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del ‘acaecimiento del hecho,
omisión y operación administrativa’, sino a partir del momento en que el daño
adquiere notoriedad -cuando esta última no coincide con la causación de aquel,
es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la
imposibilidad de conocerlo-, o cuando aquel se entiende consolidado -en los
eventos en que el daño se prolonga en el tiempo-, circunstancias que se
analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.
Bajo esta misma lógica, la Corporación7 ha estimado que, en los eventos de
daños con efectos continuados (vgr. desplazamiento forzado, desaparición
forzada o secuestro), el término de caducidad de la demanda de reparación
directa debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es,
cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando están dadas las
condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen o
en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso
penal (…)8.
59. En materia de desplazamiento forzado, el Consejo de Estado ha considerado
que el término de caducidad se cuenta desde el momento en que el daño cesa9, lo
cual puede acontecer en los siguientes supuestos establecidos por vía
jurisprudencial: (i) desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso
penal seguido por los hechos delictivos; (ii) desde la fecha del retorno o
restablecimiento de las víctimas al lugar de origen; (iii) desde que están dadas las
condiciones de seguridad para que se produzca el retorno, independientemente de
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 22 de noviembre de 2012, expediente
40.177, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En esta providencia se cita el auto de 26 de julio de
2011, proferido por la Subsección C, expediente 41.037, M.P. Enrique Gil Botero.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015,
radicado 20040151201 y auto del 10 de febrero de 2016, radicado 201500934 01, ambas con
ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2014,
Expediente 00298-01(AG). M.P. Enrique Gil Botero.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
que los afectados procedan o no a hacerlo 10 ; y (iv) cuando se logra un
reasentamiento o arraigo en otro lugar 11 o se verifican elementos que permiten
considerar la posibilidad de acceder a la administración de justicia12. Cualquiera de
las hipótesis debe aparecer soportada en prueba conducente, bajo el amparo del
principio de flexibilidad13 en materia probatoria, aplicable a los litigios en los que se
discute la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.
60. Sobre la condición de desplazado forzado por la violencia, el artículo 18 de la
Ley 387 14 de 1997 previó que esta «cesa cuando se logra la consolidación y
estabilización socieconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de
reasentamiento». A su vez, el artículo 3 del Decreto 2569 de 200015 dispuso que se
entiende superada la situación de desplazamiento cuando se presenta el retorno,
reasentamiento o reubicación de la persona sujeta a desplazamiento que le permita
acceder a una actividad económica en su lugar de origen o en las zonas de
reasentamiento; o por exclusión del Registro Único de Población Desplazada, de
acuerdo con las causales previstas en el artículo 14 del mismo Decreto; o por
solicitud del interesado.
61. Adicionalmente, el artículo 25 de ese mismo Decreto señaló que «se entiende
por la estabilización socioeconómica de la población desplazada por la violencia, la
situación mediante la cual la población sujeta a la condición de desplazado, accede
a programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas en vivienda,
salud, alimentación y educación a través de sus propios medios o de los programas
que para tal efecto desarrollen el Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales,
en el ámbito de sus propias competencias y de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal».
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 9 de septiembre de 2015, Expediente 2004-01512-01 y auto del 10 de febrero de 2016,
Expediente 2015-00934-01(AG), M.P. Hernán Andrade Rincón.
11
Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 10 de mayo de 2017. Expediente 58.017. M.P.
Marta Nubia Velásquez Rico. Reiterado por la Sala en sentencia del 13 de agosto de 2021.
Expediente 64.893. M.P. José Roberto Sáchica Méndez
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2023. Expediente
62.500.
13
La Corte Constitucional, en sentencia T-117 de 2022 estableció que en los procesos que se surten
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los cuales se discuten graves violaciones de
derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, el juez de la causa puede
distribuir la carga de la prueba. Para el efecto, debe tener en cuenta la posición más favorable en la
que alguna de las partes se halla para aportar evidencias de un hecho o esclarecerlo. Así, partiendo
del estado de vulnerabilidad y de la especial protección constitucional de la que son titulares las
víctimas del conflicto armado, consideró que no puede exigírseles a las mismas víctimas allegar un
material probatorio rígido que no deje en duda los hechos en los cuales soportan sus pretensiones
y que dieron lugar a la vulneración que alegan. Por ende, le corresponde a la autoridad judicial acudir
a criterios flexibles en cuanto al recaudo y la valoración probatoria con el fin de reconstruir la verdad,
lo cual comporta, por ejemplo, la solicitud y el decreto de pruebas oficiosas.
En similar sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia de 28 de
agosto de 2014, rad. 1999-01063-01(32988).
14
«Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia».
15
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
62. La Sección Primera del Consejo de Estado16, en sede de nulidad, se refirió a la
legalidad, entre otros, de los artículos 3 y 25 del Decreto 2569 de 2000 y efectuó las
siguientes precisiones, relevantes para el caso que se analiza:
Lo anterior pone de manifiesto que el legislador estableció como causal de
cesación o pérdida de la condición de desplazado: la consolidación y
estabilización socieconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de
reasentamiento; o la no certeza de los hechos declarados; y previó como
requisitos para hacerse acreedor a los beneficios de tal: la obligación de
declarar los hechos ante las autoridades allí señaladas y la inscripción ante una
autoridad.
Al confrontar estos aspectos con la exigencia del artículo 3º acusado, advierte
la Sala que la consolidación y estabilización socioeconómica y la solicitud del
interesado están en consonancia con la ley. La primera, porque así
expresamente lo señala el artículo 18 y la segunda, porque está implícita en el
artículo 32, ya que es presupuesto sine qua non para poder gozar de los
beneficios consagrados en ella que el interesado manifieste su voluntad al
poner en conocimiento los hechos y proceder a su inscripción.
(…)
El artículo 18, ibídem, establece que la condición de desplazado cesa cuando
se logra la consolidación y estabilización socioeconómica del mismo, lo cual
coincide enteramente con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 2569 de
2000, del cual forman parte los actos acusados.
(…)
Para la Sala la regulación cuestionada art. 25 del Decreto 2569 de 2000 no
contraría las normas de orden superior a que alude la demanda pues, la misma
no está exigiendo que la estabilización socioeconómica de la población
desplazada puede lograrse únicamente por los propios medios del desplazado,
sino también a través de los programas que para el efecto desarrollen el
Gobierno Nacional y las autoridades territoriales en el ámbito de su jurisdicción,
lo cual está en consonancia con el artículo 10º, numeral 5, de la Ley 387 de
1997, que señala como objetivo del Plan Nacional diseñar y adoptar medidas
que garanticen a la población desplazada su acceso a planes, programas y
proyectos integrales que les ofrezcan los medios necesarios para que creen
sus propias formas de subsistencia; y con el artículo 17, ibídem, que señala las
medidas y acciones que debe promover el Gobierno para permitir el acceso de
la población desplazada a la oferta social, como son los programas productivos,
el fomento de la microempresa, la capacitación y organización social, los planes
de empleo, etc.
63. En similar sentido, la Ley 1448 de 201117, en su artículo 67 estableció:
Artículo 67. Cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta. Cesará la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta
ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la persona víctima
de desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de los programas
establecidos por el Gobierno Nacional, alcance el goce efectivo de sus
derechos. Para ello accederá a los componentes de atención integral al que
16
Sentencia de 12 de junio de 2008, rad. 2002-00036-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. En
esa decisión se concluyó la legalidad de los artículos 3º y 25 del Decreto 2569 de 2000.
17
«Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
hace referencia la política pública de prevención, protección y atención integral
para las víctimas del desplazamiento forzado de acuerdo al artículo 60 de la
presente Ley. (…).
64. Acerca de la constitucionalidad de esa disposición, la Corte Constitucional
estimó que «las víctimas de desplazamiento forzado merecen un especial esfuerzo
y atención de parte del Estado, como compensación frente a la inaceptable y
peligrosa situación de restricción de derechos a la que se ven expuestos cuando el
desplazamiento interno resulta ser la única opción de protección viable frente a la
incapacidad de las autoridades para garantizar oportunamente aquellos. En esa
perspectiva, se justifica la existencia de condiciones especialmente favorables
en beneficio de las víctimas de tan graves hechos, de tal manera que se
promueva y facilite la plena y efectiva realización de los derechos otrora
vulnerados»18.
65. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que en los asuntos en los que se
solicita la reparación por los perjuicios ocasionados en el marco del conflicto armado
interno y se manifiesta una situación de desplazamiento forzado por esa causa, la
caducidad debe contabilizarse desde la cesación del estado de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta que genera el desplazamiento, lo que ocurre cuando se dan las
condiciones para la consolidación y estabilización socioeconómica del afectado, tal
como lo han reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en sintonía
con las disposiciones legales relativas a la cesación de la condición de desplazado
y de los efectos de vulnerabilidad y debilidad manifiesta que entraña.
66. Al respecto, esta Subsección, en auto de 31 de julio de 202019, señaló que:
(…) lo determinante para contar la caducidad de la reparación directa es la
ocurrencia del suceso causante del daño y la posibilidad de los afectados de
conocerlo, premisas que pueden inaplicarse cuando se adviertan
circunstancias materiales que hubiesen impedido el ejercicio del derecho de
acción, para lo cual se debe recurrir a la excepción de inconstitucionalidad
prevista en el artículo 4 de la Carta Política. En materia de desplazamiento
forzado, por tratarse de una conducta continuada, la ocurrencia del hecho
dañoso se extiende hasta que esta se detiene y, por ende, ‘el término para
presentar la demanda empieza a correr desde la cesación de los efectos
vulnerantes’, es decir, ‘cuando (…) están dadas las condiciones de seguridad
para que se produzca el retorno al lugar de origen o en su defecto desde la
ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, lo que pase
primero’. (Se resalta).
67. En sentido similar, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación,
en sentencia de 26 de marzo de 2021, consideró que «respecto de la pretensión
formulada por el desplazamiento forzado, deberá tenerse en cuenta el carácter
continuado del daño que se alega, de manera que, al comprobarse que tal
condición no ha cesado para la fecha en que se presentó la demanda, en virtud
18
Sentencia C-280 de 2013.
19
Rad. 2016-02784-01(58957).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
del retorno al lugar de origen o el arraigo por cuenta de su reubicación, el
ejercicio de la acción fue oportuno»20.
68. En sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional señaló, específicamente,
que el conteo de la caducidad en relación con los daños derivados de delitos de
lesa humanidad debe considerar la existencia de barreras en el acceso a la justicia.
Y en la sentencia SU-439 de 2024 sostuvo, además, que las víctimas de esos delitos
tienen dificultades para acreditar las condiciones de vulnerabilidad en las que se
hallan, por lo que su carga probatoria debe flexibilizarse para no perpetuar una
«injusticia estructural» por su imposibilidad de acceder, en condiciones de igualdad,
a la administración de justicia.
69. El criterio adoptado no ha presentado mayores variaciones en la jurisprudencia.
De hecho, la Corte Constitucional, en reciente sentencia de 23 de enero de 2025
(T-014) expuso:
159. En conclusión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido
que las víctimas de desplazamiento forzado se encuentran en una situación
material de extrema vulnerabilidad producto de ese hecho. Ese hecho conlleva
una afectación de los derechos fundamentales de esos sujetos. La gravedad
de esa circunstancia también deviene en que las personas desplazadas sean
sujetos de especial protección constitucional. Efecto de lo anterior, esta Corte
ha considerado que los esfuerzos de las autoridades públicas deben
encaminarse a superar los escenarios de riesgo y los obstáculos económicos,
sociales y culturales que afectan la supervivencia de las personas víctimas de
desplazamiento forzado. Situación que puede tornarse permanente ante la
omisión del Estado en realizar las acciones encaminadas a la superación de
vulnerabilidad de estas personas. Finalmente, esta Corporación ha
determinado que la anotada vulnerabilidad sólo se ve superada cuando se
consolida la estabilización socioeconómica de la población afectada al
retornar a su lugar de origen o se reubican en un lugar en donde pueden
habitar en unas condiciones de dignas que garantizan su subsistencia.
70. En el caso que se estudia, el Tribunal consideró que el uso de los recursos
administrativos, por parte de algunos de los demandantes, para recibir ayuda
humanitaria y lograr su ingreso al Registro Único de Víctimas (RUV), aunado a la
comunicación que mantuvieron en el tiempo, denotaba su «conciencia» sobre las
herramientas judiciales que podían utilizar para resarcir los perjuicios que sufrieron.
En su concepto, no era viable efectuar una excepción al término de caducidad, pues
«no se alegaron ni se avizora situaciones que hubiesen impedido a la parte actora
adelantar la acción en término».
71. Los argumentos de la sentencia en cuestión no se compadecen con las
probanzas del proceso que dan cuenta de la condición de desplazamiento que, al
parecer, seguían afrontado los accionantes al momento de la interposición de la
demanda y la situación económica apremiante que presentaban, según el informe
pericial por la especialidad de psicología que se aportó al plenario.
20
Rad. 2009-00655-01(47993). Criterio reiterado en sentencia de 5 de diciembre de 2023, rad. 2017-
01122-01(68675) de la misma Subsección.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
72. Desconoció el Tribunal que el RUV no puede tomarse como punto de partida
para contabilizar la caducidad, pues cumple únicamente «el propósito de servir de
herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un daño en
los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como
instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen
materializar los derechos constitucionales de las víctimas»21.
73. En esa medida, la inscripción en el RUV, lejos de establecer un mínimo de
estabilidad que permita presumir el acceso a los servicios esenciales, entre ellos, el
de administración de justicia, lo que en realidad demuestra es la condición de
necesidad persistente de los afectados por el conflicto armado interno, al punto de
requerir ayuda humanitaria para sobrellevar la situación de riesgo y vulnerabilidad
a la que se han visto enfrentados.
74. No es válido, entonces, admitir que los demandantes tuvieron «conciencia» de
la posibilidad de demandar, por vía judicial, cuando elevaron reclamaciones para
obtener ayudas gubernamentales, pues el criterio para contar la caducidad en casos
de desplazamiento forzado, según ha establecido la jurisprudencia de vieja data, es
el cese de dicha situación vulneradora, lo que exige un análisis juicioso de las
condiciones de las víctimas para acudir al aparato judicial.
75. Ese estudio va más allá del simple conocimiento del derecho que tienen las
personas en condición de desplazamiento para reclamar ante la justicia la
reparación por los daños antijurídicos que han padecido -conocimiento que en todo
caso no puede darse por sentado-22, sino la oportunidad material de acudir ante los
jueces, cuando se dan los supuestos establecidos por la ley y la jurisprudencia para
entender el cese del desplazamiento. Dicha posibilidad exige la estabilización
socioeconómica del afectado y su posibilidad de acceder a los servicios básicos que
garanticen unas condiciones de vida dignas. El acceso a la administración de justicia
a través del medio de control de reparación directa implica, además, una barrera
adicional por la obligatoriedad de acudir a través de un abogado, servicio que
naturalmente entraña una erogación. Todos estos aspectos debieron ser
considerados por el Tribunal para contabilizar el término de caducidad.
76. La Corte Constitucional ha resaltado, en múltiples ocasiones, que las víctimas
de desplazamiento forzado son sujetos de especial protección constitucional por la
situación material de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta en la que se
encuentran, la cual puede perpetuarse ante la omisión del Estado en realizar las
acciones encaminadas a la superación de vulnerabilidad de estas personas. Ha
precisado, así, que el estado de vulnerabilidad sólo se ve superado cuando se
21
Artículo 16 del Decreto 4800 de 2011, compilado en el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto Único
Reglamentario 1084 de 2015.
Sobre la finalidad del RUV y la imposibiidad de contar el término de caducidad de la acción de
reparación directa desde el ingreso a dicho registro, por no ser prueba idónea para ello, se pronunció
la Corte Constitucional, recientemente, en sentencia SU-429 de 10 de octubre de 2024.
22 El desconocimiento sistemático y reiterado de los derechos fundamentales de la población
desplazada ha sido advertido por el Consejo de Estado como una situación que se suma a la
extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta de la población desplazada, lo que justifica la adopción
de medidas especiales para la protección de sus derechos. Así lo indicó la Sección Segunda, en
sentencia de 9 de mayo de 2012, rad. 2012-00306-01(AC).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
consolida la estabilización socioeconómica de la población afectada al retornar a su
lugar de origen o cuando se reubican en un lugar en el que acceden a condiciones
de vida dignas que garantizan su subsistencia23.
77. Al revisar el expediente del proceso de reparación directa, la Sala observa que
el material probatorio que se allegó fue escaso y, en todo caso, no demostró el
ingreso de la señora Luz Celly Suárez Franco en el RUV. Resulta reprochable,
entonces, que el Tribunal hubiera analizado el asunto de manera general frente a
todos los demandantes y no, de forma individualizada, para establecer, en cada
caso, si los accionantes tuvieron las herramientas adecuadas para acceder al
aparato de justicia con antelación.
78. Tampoco se aprecia que se hubiera verificado la existencia de alguno de los
supuestos contemplados por la ley y la jurisprudencia, para establecer la cesación
del desplazamiento, conforme se expuso líneas atrás, incluso mediante el decreto
de prueba de oficio24. Por el contrario, del material probatorio que se aportó no es
posible deducir que los demandantes hubieran superado el estado de vulnerabilidad
y debilidad manifiesta que les produjo el desplazamiento, esto es, que hubieran
logrado una estabilización socioeconómica y el grado de bienestar indispensable
para presentar la demanda en fecha anterior.
79. El razonamiento según el cual «no se alegaron ni se avizora situaciones que
hubiesen impedido a la parte actora adelantar la acción en término» resulta errado,
toda vez que el estudio que se efectuó para determinar la caducidad obvió
considerar la cesación o no de los efectos vulnerantes del desplazamiento, pese a
que era ese el hito del que debió partir el Tribunal para determinar la oportunidad
de la demanda.
80. La Sala insiste en que el conteo de la caducidad, en el caso analizado, tenía
que considerar la eliminación de los efectos de vulnerabilidad y debilidad manifiesta
derivados del desplazamiento. Debía comprobarse el retorno de los demandantes
a su lugar de origen, las condiciones de seguridad para el retorno o el
reasentamiento en un nuevo lugar, y un supuesto objetivo que permitiera asegurar
que los accionantes accedieron a las condiciones de bienestar necesarias para
acudir a la administración de justicia. Esto, en los términos establecidos en las Leyes
387 de 1997 y 1448 de 2011 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.
81. La equivocación en la que incurrió el Tribunal, al haber computado el término
de caducidad desde un escenario diferente a la cesación de la situación de
23
Corte Constitucional, sentencias T-227 de 1997, T-1346 de 2001, SU-1150 de 2000, T-098 de
2002, T-419 de 2003, T-602 de 2003, T-025 de 2004, T-821 de 2007, SU-254 de 2013, T-347 de
2014 y, recientemente, T-014 de 2025.
24
En sentencia T-001 de 2025, la Corte Constitucional, en un caso en el que también se debatía el
cómputo del término de caducidad de una demanda de reparación directa relacionada con delitos
de lesa humanidad, se indicó que la autoridad judicial accionada debió decretar pruebas de oficio
para dilucidad las causas que ocasionaron la imposibilidad material de presentar la demanda antes,
habida cuenta de las manifestaciones de temor y circunstancias de inseguridad que manifestaron
los demandantes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
desplazamiento de los demandantes, acarreó la configuración de un defecto
sustantivo25 y el desconocimiento del precedente26. Esto, por cuanto, como se vio:
(i) se inaplicaron los artículos 18 de la Ley 387 de 1997 y 67 de la 1448 de 2011, y
(ii) se desconoció el precedente sentado por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, relacionado con la contabilización del término de caducidad en las
demandas de reparación directa que versan sobre delitos de lesa humanidad en el
contexto del conflicto armado interno, especialmente, cuando los demandantes
aducen la condición de desplazados.
82. Los errores advertidos fueron determinantes en la decisión, al punto que
llevaron a concluir que había operado el fenómeno de la caducidad del medio de
control.
25
La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando: (i) la decisión
judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución y la ley le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o
aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga
omnes que han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin tener
en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y, por ende,
inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa
a la situación fáctica a la que se aplicó. Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T- 189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007. 26
Sobre el desconocimiento del precedente, la Corte Constitucional en sentencia T-014 de 2025
explicó lo siguiente:
«284. La relación entre el defecto sustantivo y el defecto por desconocimiento del precedente. Por otra parte, la línea jurisprudencial de esta Corte, en materia de tutela contra providencias
judiciales, ha entendido que el desconocimiento del precedente judicial, en ciertos casos, debe
analizarse desde el defecto sustantivo. Por ende, el defecto por desconocimiento del precedente
corresponde al hecho de desconocer providencias relevantes para la solución de un caso
determinado. Es importante recordar que, tal y como lo advirtió la Sentencia SU-298 de 2015, el
desconocimiento del precedente guarda estrecha conexión con el defecto sustantivo, puesto que
esa causal puede configurarse de dos formas: (i) cuando se demuestra un defecto sustantivo en la
modalidad de desconocimiento del precedente judicial, o (ii) cuando se produce el desconocimiento
del precedente de forma autónoma. De acuerdo con esa misma providencia, hay casos que no
tienen límites enteramente definidos en cuanto a la configuración de los anotados defectos, de modo
que se complementan entre sí. 285. Por ende, el defecto sustantivo, en la modalidad de desconocimiento del precedente judicial,
se configura “cuando el juzgador se aparta de los precedentes que determinan el contenido de la
norma aplicable. Al interpretar la norma de una forma diferente a la autorizada, o al variar la manera
en la que el mismo juez venía decidiendo los mismos problemas jurídicos, [así] surge un error en la
aplicación uniforme de la norma.”
286. Con todo, el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente se configura cuando una
autoridad judicial ignora el contenido que la Corte Constitucional le ha asignado a una norma del
ordenamiento jurídico o se aparta del alcance que esa misma autoridad le había dado a esa norma. Así, la diferencia que hay entre el defecto sustantivo, en su modalidad de desconocimiento del
precedente, y el defecto autónomo de desconocimiento del precedente está dada porque en el
primero, la Corte Constitucional o la misma autoridad judicial ya ha definido el contenido y alcance
de una norma y se aparta de ello. En el segundo supuesto, el precedente que se desconoce no se
refiere específicamente al alcance de una norma jurídica. 287. Así, las autoridades judiciales incurren en desconocimiento del precedente judicial (como
causal autónoma) cuando se alejan del precedente establecido en sus propias decisiones
(precedente horizontal) o en las sentencias proferidas por los órganos encargados de unificar
jurisprudencia (precedente vertical). Ahora bien, un órgano jurisdiccional puede apartarse de un
precedente relevante, siempre y cuando cumpla con las siguientes dos cargas: transparencia y
suficiencia argumentativa. La primera consiste en hacer explícito que se ha dejado a un lado un
precedente aplicable. La segunda exige que el órgano judicial que se aleja de un precedente exprese
razonablemente los motivos que llevaron a esa circunstancia.
Esta exigencia busca salvaguardar
los principios de igualdad, de confianza legítima y de seguridad jurídica del ordenamiento y de las
personas que acuden a la administración de justicia.
(…)». (Énfasis original).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
83. En vista de lo anterior, se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se
ampararán los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la accionante. Se ordenará al Tribunal Administrativo del Cauca proferir
una nueva decisión en la que analice la caducidad del medio de control de
reparación directa, con apego a la ley y a las pautas jurisprudenciales a las que se
ha hecho alusión a lo largo de esta sentencia.
84. Para el efecto, se insta al Tribunal a tener en cuenta, además de lo expuesto en
este fallo, las consideraciones anotadas por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-429 de 2024. Y, con criterio meramente orientador, podría consultar las
sentencias T-001, T-004 y T-014 de 2025, en las que el alto tribual se ha referido
recientemente al cómputo del término de caducidad en asuntos relacionados con
delitos de lesa humanidad, como el desplazamiento forzado.
85. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Reconocer como coadyuvantes de la parte actora a los señores los
señores María Ludivia Franco de Suárez, Juan Carlos Suárez Franco, Jhon Jairo
Suárez Franco, Luz Dary Suárez Franco, Daniel Stiven Suárez Dizu, Campo Elías
Suárez Franco y Martha Cecilia Suárez Franco, de conformidad con lo señalado en
la parte motiva.
SEGUNDO. Revocar la sentencia de primera instancia, proferida el 3 de febrero de
2025 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. En su lugar,
se dispone:
Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora Luz Celly Suárez Franco, vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Cauca. Como consecuencia, se deja sin efectos la
sentencia del 1º de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, en el proceso de reparación directa con radicado 19001-33-33-009-2017-
00337-01. Se ordena al Tribunal Administrativo del Cauca que, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la notificación de esta decisión, profiera sentencia de
reemplazo en la que analice el presupuesto de oportunidad de la demanda, con
sujeción a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06763-01
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.