Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00773-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00773-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00773-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00773-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
1 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., primero (1.°) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: BENITO CUELLO SILGADO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial en caso de grave violación de
los derechos humanos // requisitos generales de procedencia de tutela contra
providencia // causal especifica de desconocimiento del precedente judicial
respecto de obligación del juez constitucional de examinar si se presentaron
barreras de acceso a la administración de justicia fijada en la SU-167 de 2023 y
reiterada en la SU-241 de 2024.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. La Sala resuelve el recurso de impugnación promovido por la parte actora,
contra la sentencia de tutela de primera instancia, proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera de la Corporación. El medio constitucional se promovió contra
una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, motivo
por el cual, con el fin de facilitar la explicación de los antecedentes, en primer lugar,
se expondrá el desarrollo del proceso contencioso administrativo que llevó a la
sentencia ordinaria atacada, y posteriormente, se mencionarán los del proceso de
tutela.
Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado 70001-33-
33-005-2019-00222-00.
2. La demanda cuestiona un proceso de reparación directa, en el que un
número amplio de personas solicitaron la declaratoria de la responsabilidad 1
1
BENITO CUELLO SILGADO C.C. 9038563, integrado por su esposa LICETH TORRES BELTRAN,
C.C. No. 64.517.135 de San Onofre Sucre y sus hijos, OSCAR BENITO CUELLO TORRES C.C.
1101441172, ORANGEL DE JESÚS CUELLO TORRES C.C: 1101443535, OSNAIDER ANDRÉS
CUELLO TORRES C.C. 1101453150; núcleo familiares de AIZAR JOSÉ QUESSEP EDNA C.C:
6812605, su esposa TERESA DE JESÚS JARABA TORRES C.C: 42205247, sus hijos JULIO
ANDRÉS QUESSEP JARABA C.C 92.450.849, AIZAR DAVID QUESSEP JARABA
C.C:1101441206 y KAREN EMILIA QUESSEP JARABA C.C: 1101444318; núcleo familiar de
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
extracontractual del Estado, pues, en el año 2003, durante la aparición y expansión
de los grupos paramilitares en la región de Montes de María, los actores del proceso
de tutela se desempeñaban como servidores de la personería municipal de San
Onofre, Sucre, y fueron obligados a renunciar a sus cargos y a desplazarse
forzadamente como resultado de amenazas de muerte de los cabecillas del Bloque
Montes de María de las AUC. Los demandantes señalaron que cuando fueron
amenazados, obligados a renunciar a sus cargos y desplazados forzadamente, los
actores armados les advirtieron que no debían denunciar los hechos pues serían
objeto de atentados contra su vida.
3. Indicaron que sólo demandaron hasta el año 2019, a pesar de que los
hechos se remontan al año 2003, puesto que, tuvieron miedo y zozobra, respecto
de su situación de seguridad personal.
4. La oficina de reparto asignó la demanda de reparación directa al Juzgado
Décimo Administrativo de Sincelejo. En sentencia de 22 de enero de 2024, dicha
autoridad judicial declaró la caducidad de la acción. Argumentó que, desde el año
2008, los demandantes contaban con los elementos de juicio suficientes para
demandar al Estado, en tanto en la demanda de reparación directa se reconoció
que, la persona responsable de las amenazas y el desplazamiento forzado había
sido condenada penalmente en aquel año.
5. Apelada la decisión, en providencia de 11 de julio de 2024, la Sala Quinta de
decisión del Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la determinación de primera
instancia. Sostuvo que, desde el momento del desplazamiento forzado, los actores
tuvieron conocimiento de la conducta omisiva del Estado, porque la demanda debió
promoverse hasta el año 2006, en tanto varios de los demandantes dejaron sus
empleos como resultado de las amenazas, el 31 de diciembre de 2003. El Tribunal
indicó que no existía prueba de que los demandantes hubieran atravesado una
barrera de acceso que justificara la flexibilización del término de caducidad.
Antecedentes del proceso de tutela
ZOYDITH DEL CARMEN JULIO BLANCO, C.C: No. 45.484.485, LUIS JOSE LOPEZ JULIO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.101.456.762 de San Onofre (hijo), MARIA JOSE
LOPEZ JULIO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.101.463.104 de San Onofre (hija);
núcleo familiar de MOISES DAVID SERPA CONTRERAS C.C No 9039573, integrado por su
esposa, MARLENY EMILIO SALAZAR BELLO C.C No 64516610; sus hijos, JAVIER EMILIO SERPA
SALAZAR C.C No 92447295; MOISES DAVID SERPA SALAZAR C.C No 92448018; EDITH
STELLA SERPA SALAZAR C.C No 64523759; LEIDY ESTER SERPA SALAZAR C.C No 64524371;
CARLOS ELIECER SERPA SALAZAR; VALERIA ANDREA SERPA BERRIO 1101883135, MOISES
SERPA BERRIO C.C No 1101877661; núcleo familiar de SONIA ISABEL RUIZ GUARDO C.C.
64.518.085, integrado por su esposo MANUEL ENRIQUE GONZÁLEZ LUNA C.C: 9.041.867 y sus
hijos KEVIN MAURICIO GONZÁLEZ RUIZ C.C: 1.017.239.180 y ELKIN MANUEL GONZÁLEZ RUIZ
C.C: 1.214.728.384.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
6. Los tutelantes acudieron al juez constitucional, a través de agente oficioso.
En el escrito de amparo, se argumentó que las decisiones judiciales conculcaron
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, y a la reparación integral de las víctimas, pues incurrieron en el defecto
fáctico, desconocimiento del precedente y defecto sustantivo por la aplicación del
artículo 142 del C.P.A.C.A.
7. Respecto al defecto fáctico arguyó que las decisiones judiciales
cuestionadas no decretaron la práctica de pruebas solicitadas por la parte,
conforme a las cuales, era posible evidenciar que las víctimas enfrentaron barreras
de acceso a la administración de justicia, y que además no tuvieron conocimiento
sobre la totalidad de los elementos que estructuran la responsabilidad patrimonial
del Estado, sino mucho tiempo después del que concluyeron los jueces
administrativos. Además, reprochó que no se decretó la práctica de pruebas de
oficio dirigidas a verificar las razones por las cuales los demandantes acudieron en
el año 2019 a la administración de justicia.
8. En relación con el defecto del desconocimiento del precedente, los
demandantes alegaron que las autoridades judiciales accionadas aplicaron
retroactivamente el precedente de 29 de enero de 2020, proferido por el pleno de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, igualmente se abstuvo de aplicar
estándares internacionales en materia de derechos humanos vinculantes para el
Estado Colombiano.
9. Por lo anterior, los tutelantes solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales invocados, y en consecuencia se dejara sin efecto la sentencia de
22 de enero de 2024, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo,
confirmada en segunda instancia el 11 de julio de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Sucre.
Trámite de la tutela
10. El despacho sustanciador admitió la acción de tutela y vinculó al trámite a
las autoridades judiciales accionadas. Puntualmente, al Juzgado Décimo
Administrativo de Sincelejo y al Tribunal Administrativo de Sucre, y adicionalmente,
se notificó a la Nación-Ministerio del Interior, al Departamento Administrativo de la
Presidencia, al Ministerio de Defensa-Armada Nacional-Ejército Nacional-Policía
Nacional, Departamento de Sucre y al Municipio de San Onofre.
11. El Tribunal solicitó declarar improcedente la petición de amparo ya que no
satisface los requisitos generales de relevancia constitucional e inmediatez. En el
primero, la autoridad judicial impugnada arguyó que la discusión propuesta en la
acción de tutela se resolvió en las dos instancias del proceso ordinario, en esa
medida, en su criterio, se usó el amparo para reabrir un debate procesal ya resuelto.
Además, la tutela se formuló por fuera del plazo de seis meses previsto en la
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
jurisprudencia constitucional, como plazo razonable. En cuanto al segundo
presupuesto, indicó que la sentencia de segunda del proceso ordinario instancia se
notificó el 24 de julio de 2024, mientras que la acción de tutela se promovió el 12
de febrero de 2025, es decir, 14 días después de vencido el plazo razonable. Las
entidades de la administración pública (Departamento de la prosperidad social, la
dirección jurídica del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía
Nacional, la Presidencia de la República) solicitaron la desvinculación del proceso
de tutela, puesto que carecían de legitimación en la causa por pasiva, al no tener
competencias para proferir las decisiones judiciales cuestionadas.
12. Los señores Aizar Quessep Edna, Teresa de Jesús Jaraba Torres, Julio
Andrés Quessep Jaraba, Aizar David Quessep Jaraba, Karen Emilia Quessep
Jaraba, Moisés David Serpa Contreras, Marleny Emilio Salazar Bello, Javier Emilio
Serpa Salazar, Moisés David Serpa Salazar, Edith Stella Serpa Salazar, Leidy Ester
Serpa Salazar, Carlos Eliécer Serpa Salazar, Valeria Andrea Serpa Berrío, Moisés
Serpa Berrío, Benito Cuello Silgado, Liceth Torres Beltrán, Óscar Benito Cuello
Torres, Orangel de Jesús Cuello Torres, Osnaider Andrés Cuello Torres, Zoydith
del Carmen Julio Blanco, Luis José López Julio y María José López Julio
presentaron memoriales en los cuales solicitaron ser admitidos como terceros con
interés en el proceso de tutela y expusieron que ratificaban los hechos y
pretensiones de la demanda constitucional. dichas personas fungieron como parte
demandante dentro del proceso contencioso administrativo que llevó a las
decisiones judiciales que se cuestionan en el trámite de tutela. A su vez, señalaron
que fueron informados por el señor Adil José Meléndez Márquez, quien fue su
abogado en el proceso ordinario, de la presentación de la acción de tutela como
agente oficioso.
Sentencia de primera instancia
13. En providencia de 26 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección
Tercera de la Corporación declaró improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito general de inmediatez, pues los demandantes
presentaron el mecanismo de amparo constitucional en un plazo superior al que la
jurisprudencia ha considerado como razonable.
14. En sede de primera instancia, la autoridad judicial concluyó que el señor Adil
José Meléndez Márquez presentó la acción de tutela en condición de agente
oficioso de los demandantes. A su vez, estos allegaron memoriales en los que
ratificaron los hechos y pretensiones de la demanda de tutela, razón por la cual se
consideró procedentela agencia oficiosa alegada en la demanda Respecto a la
inmediatez en el ejercicio de la acción de tutela, indicó que la sentencia
controvertida fue notificada el 29 de julio de 20242,, por lo que los seis (6) meses
2
En tanto según el aplicativo SAMAI, el mensaje de datos se envió el 24 de julio de 2024, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, numeral 2 de la Ley 2080 de 2021.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
considerados como razonables por la jurisprudencia para acudir a la justicia
constitucional fenecieron el 29 de enero de 2025, de manera que si la acción de
tutela se presentó el 12 de febrero de 2025 se ejerció catorce (14) días por fuera
del término prudencial.
Recurso de impugnación
15. Dentro del término previsto, la parte actora impugnó la sentencia. Argumentó
que la sentencia de 11 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Quinta, se comunicó al correo electrónico el 12 de agosto de 2024, y,
en su criterio, quedó ejecutoriada el 14 de agosto de 2024. A su juicio, la tesis de
la providencia de primera instancia resulta equivocada, pues la parte actora tuvo
conocimiento de la decisión de 11 de julio de 2024 proferida por el Tribunal,
únicamente, cuando el expediente y la decisión, regresaron al Juzgado Décimo
Administrativo de Sincelejo, y allí esa autoridad judicial notificó a los demandantes.
Consideraciones
Competencia
16. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
instancia de impugnación, conforme a los artículos 86 de la Constitución y el 32 del
decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico
17. En primer lugar, la Subsección deberá establecer si la acción de tutela
satisface los requisitos de procedencia formal, puntualmente si se cumple con el de
inmediatez, esto en atención a que, conforme la intervención de una de las
entidades accionadas, la acción de tutela se promovió 14 días después del fenecido
los seis meses indicados por la jurisprudencia constitucional. Adicionalmente, se
examinará si satisfacen los restantes requisitos de procedencia formal. En caso de
contestar afirmativamente el interrogante, se debe examinar si la decisión
cuestionada incurrió en alguno de los defectos alegados en el escrito de tutela. En
particular, esta Corporación deberá determinar si la autoridad judicial demandada
desconoció el precedente respecto de la contabilización del término de caducidad
en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso del
desplazamiento forzado. Solo en caso de que se concluya que no se incurrió en el
defecto de desconocimiento del precedente, se verificará si, además, las decisiones
censuradas incurrieron en el defecto fáctico por no decretar pruebas dirigidas a
mostrar las barreras de acceso a la justicia que enfrentaron los actores.
18. Por lo anterior, para resolver los problemas jurídicos planteados, la
Subsección reiterará el precedente judicial sobre procedencia de tutela contra
providencia judicial; el precedente de esta corporación y constitucional respecto a
la aplicación del precedente fijado por el pleno de la Sección Tercera del Consejo
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
de Estado en la sentencia de 29 de enero de 2020, y finalmente se resolverá el
caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones judiciales.
Causales genéricas y específicas de procedencia.
19. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20053, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.
20. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 6 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que
exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
21. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
3
Corte Constitucional C-590 de 2005.
4
Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022.
5
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales7.
22. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por
un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a
la garantía de los derechos fundamentales.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos
fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por
factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de
una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de
expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso con
los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos
por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos
mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma
suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.
viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un
alcance insuficiente o lo contradice.
7
Cfr. SU-215 de 2022 “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia
que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
23. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite del caso concreto,
se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas
de procedencia y al menos una específica . Inmediatamente a continuación se
examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de
caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de
delitos de lesa humanidad o de guerra.
Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de graves violaciones a los derechos humanos
24. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del
Consejo de Estado unificó el precedente jurisprudencial relativo al término de
caducidad de la acción cuando se ejerce el medio de control de reparación directa.
En dicha providencia se concluyó que, incluso en casos de delitos que constituyen
conductas de lesa humanidad o crímenes de guerra, resulta aplicable el término de
caducidad de dos años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i) 8 de la Ley
1437 de 2011. Posteriormente, en la Sentencia SU-312 de 2020, la Sala Plena de
la Corte Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e
indicó que el medio de reparación caduca en dos años, aun si se trata de los
punibles antes anotados.
25. Ambas providencias de unificación establecieron que el término de
caducidad comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento
en que las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo;
(iii) sin embargo, no correrá el término cuando se acredite que las personas
estuvieron objetivamente impedidas para acceder a la administración de justicia; y
(iv) en los casos de desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde el momento
en que la persona reaparece o se identifican plenamente sus restos, sin que ello
impida presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.
26. Tras estas dos decisiones, la Corte Constitucional ha proferido múltiples
sentencias de Sala de Revisión9 y de Sala Plena10 en las que ha precisado la
manera en que debe contabilizarse el término de caducidad en casos relacionados
con crímenes de guerra o de lesa humanidad. Aunque el Tribunal Constitucional ha
reiterado que el derecho de acción caduca también ha señalado que este requisito
debe ser evaluado desde una perspectiva de flexibilidad y ponderación de
principios, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia.
En efecto, la Corte ha enfatizado que la verificación del cumplimiento del término
de caducidad constituye una carga relevante del juez administrativo que no puede
ser evaluada de forma mecánica o superficial, especialmente cuando se estudian
8
Radicado 61.033
9
Cfr. T-024 de 2024 y T-450 de 2024. Recientemente T-001 de 2025.
10
Cfr. SU-167 de 2023
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
hechos que configuran graves violaciones a los derechos humanos, como los
crímenes de guerra o de lesa humanidad11.
27. En la Sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional estableció las
reglas interpretativas que deben observarse para computar el término de caducidad
en estos casos:
“En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la
reparación de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa
humanidad, (i) el plazo razonable de dos años para acudir a la
jurisdicción no se cuenta necesariamente desde el momento en que se
produce el daño que origina el perjuicio, sino desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de reparación directa o
la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser
analizada por el juez contencioso administrativo competente,
atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; (…)
(negrilla y subrayado fuera del texto)
28. En línea con esta postura, la Sentencia T-287 de 2024 indicó:
“La Corte Constitucional, por su parte, ha reiterado en términos
generales la posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado; no
obstante, ha precisado que el cómputo de la caducidad de la acción de
reparación directa debe hacerse desde una perspectiva constitucional,
de manera que no se utilice para obstaculizar el acceso a la
administración de justicia.12 En ese sentido, la jurisprudencia
constitucional ha aceptado la flexibilización del cómputo del
término de caducidad en aras de asegurar la primacía de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.” (negrillas y subrayado fuera del texto)
29. Más recientemente, la Sentencia SU-429 de 10 de octubre de 2024 precisó
estas reglas jurisprudenciales sobre casos de desplazamiento forzado. Al respecto,
indicó que el juez administrativo debe verificar que los demandantes que sufrieron
el desplazamiento forzado hayan superado la vulneración masiva y generalizada
de todos los derechos fundamentales que afecta la situación de dicho hecho
victimizante. En el fundamento jurídico No. 253 de dicha providencia se explicó:
11
En la T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Constitucional, el análisis sobre el cómputo
del término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la seguridad
jurídica que brinda la existencia de un término de caducidad para presentar las demandas de
reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas
que alegan haber sufrido daños antijurídicos imputables al Estado, de otro lado”.
12
Sentencia SU-167 de 2023.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
“(i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el
reconocimiento y pago de una indemnización por delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y genocidio. Sin embargo, ese plazo de dos años no se
cuenta desde el momento en el que se produce el daño, sino desde cuando
las víctimas conocieron o debieron saber de la participación del Estado y
advirtieron que podían atribuirle responsabilidad patrimonial.
(ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de
reparación, a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración
de justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.
Esta sentencia agrega un componente a este segundo criterio,
aplicable para los casos en los que quien demanda es una persona
víctima del desplazamiento forzado. Así, el juez de la causa debe
considerar, en su análisis de las barreras de acceso a la administración
de justicia que pudo enfrentar la parte demandante, todos los factores
de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del desplazamiento forzado
y que padecen quienes son víctimas de ese fenómeno. (negrilla y
subrayado fuera del texto)
(iii) Para la aplicación del fallo de unificación de la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, el juez competente
debe readecuar el proceso a su cargo de manera tal que se cerciore que las
partes tengan o tuvieron la oportunidad de ajustar sus planteamientos para
argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la justicia”.
30. La Corte Constitucional reafirmó esta regla en la Sentencia T-450 de 202413
mediante la cual se resolvió una acción de tutela contra una providencia del Tribunal
Administrativo del Magdalena que declaró la caducidad respecto de una demanda
de reparación directa presentada antes del fallo de unificación de enero de 2020,
por la ejecución extrajudicial de una persona ocurrida en 2007. Las demandantes
alegaron la configuración de varios defectos, entre ellos, el desconocimiento del
precedente y la errónea aplicación del concepto de caducidad tratándose de un
delito de lesa humanidad.
31. En la providencia, la Corte señaló con fundamento en el principio iura novit
curia que el juez constitucional podía examinar otras causales de procedencia de
la tutela, en tanto los demandantes eran sujetos de especial protección
constitucional. Concluyó que el Tribunal incurrió en un defecto por desconocimiento
del precedente, al aplicar la sentencia de unificación de esta Corporación sin
examinar las circunstancias concretas del caso y en un defecto procedimental
13
M.P. Juan Carlos Cortés González.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
absoluto al omitir la etapa de alegatos en segunda instancia, lo que impidió a las
accionantes pronunciarse sobre las nuevas reglas de caducidad.
32. En consecuencia, la Corte dejó sin efectos la sentencia cuestionada y ordenó
al Tribunal readecuar el trámite, permitiendo la presentación de alegatos de
conclusión y el análisis particular de la caducidad conforme con el precedente
vigente. También dispuso que se evaluara si la aplicación del nuevo criterio
jurisprudencial ponía en riesgo los derechos fundamentales de las demandantes.
33. De igual manera, en la Sentencia T-001 de 2025, la Sala Séptima de
Revisión reiteró que el análisis del término de caducidad debe realizarse desde una
óptica constitucional y flexible, especialmente cuando las víctimas pertenecen a
poblaciones vulnerables o han enfrentado barreras de acceso a la justicia. Advirtió
que se incurre en defecto fáctico si el juez omite investigar, de manera oficiosa, las
razones por las cuales las víctimas presentaron la demanda de forma tardía:
“120. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Magdalena debió
decretar las pruebas de oficio necesarias para dilucidar las
circunstancias de inseguridad y temor de los demandantes, así
estas hubieren sido brevemente mencionadas. Además de tratarse
de un caso relacionado con graves violaciones a los derechos humanos,
la Sala considera necesario tener en cuenta que en el caso en particular,
los accionantes son sujetos de especial protección puesto que (i) se trata
de víctimas del conflicto armado interno que han sufrido durante décadas
las consecuencias directas del enfrentamiento militar". (negrillas fuera
del texto)
34. Por último, resulta relevante mencionar la T-004 de 202514, providencia en
la que se reiteran las reglas jurisprudenciales antes indicadas. En la decisión, se
resolvió una acción de tutela contra una providencia judicial ordinaria proferida por
un tribunal administrativo y en la que se declaró la caducidad del derecho de acción
en un caso de desplazamiento forzado. Reiteró que en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado respecto a las posibles interpretaciones
sobre el término oportuno para el ejercicio del derecho de acción. La Sala Octava
de Revisión indicó que una alternativa exige que el juez administrativo debe tener
en cuenta la sentencia SU-254 de 2013, en la que se ordenó que el término de
caducidad debe empezar a contabilizarse desde la publicación de dicha
providencia, es decir desde mayo de 2013.
35. En la providencia también se explicó que, en todo caso, el juez
administrativo debe verificar que las personas demandantes hayan superado la
situación de vulnerabilidad propia del desplazamiento forzado y hayan logrado la
14
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
estabilidad socioeconómica que les permita acceder a la administración de justicia.
Argumentó:
“En ese contexto, reiteró que los procesos de retorno o de reubicación tienen
como finalidad la superación de la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran las personas desplazadas. De tal manera que «la anotada
vulnerabilidad sólo se ve superada cuando se consolida la estabilización
socioeconómica de la población afectada al retornar a su lugar de origen o
se reubican en un lugar en donde pueden habitar en unas condiciones de
dignas que garantizan su subsistencia»15.
36. A partir de este precedente, la Corte ha establecido que los jueces
administrativos pueden incurrir en errores que afectan la validez de sus decisiones
cuando: (i) no permiten a los demandantes justificar su tardanza en acudir a la
jurisdicción, en desconocimiento de la SU-167 de 2023; y (ii) omiten el decreto y
práctica de oficio de pruebas orientadas a establecer la existencia de barreras de
acceso a la justicia. Especialmente, cuando en casos de denuncias de
desplazamiento forzado no atienden todas las barreras que enfrentaron las víctimas
de dicha conducta, y su especial vulnerabilidad socioeconómica, y el miedo y la
zozobra que atravesaron por huir de sus domicilios.
37. La jurisprudencia ha sido enfática en señalar que el término de caducidad,
aplicado irreflexivamente en casos de graves violaciones a los derechos humanos,
puede constituir una barrera injustificada al acceso a la justicia. En ese sentido, la
jurisprudencia constitucional ha exigido a los jueces realizar un ejercicio de
ponderación entre principios constitucionales y evitar una aplicación meramente
cronológica del término que desconozca las condiciones materiales de los
demandantes. Así, el juez debe (i) interrogar directamente a la parte demandante
sobre las dificultades enfrentadas y (ii) emplear sus facultades oficiosas para
verificar la existencia de obstáculos reales16. En los casos del desplazamiento
forzado, cobra mayor importancia dicha obligación en cabeza de los jueces, pues,
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-429 de 2024. Sobre el particular, la Corte destacó que esta
afirmación es coherente con la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el artículo 18 de la Ley
387 de 1997, a efectos de determinar en qué momento se pierde la condición de desplazado, es
decir, en qué momento cesa el daño del desplazamiento forzado.
16
Cfr. SU- 439 de 2024: “…la Corte reafirmó, en general, la necesidad de aplicar un enfoque flexible
y pro víctima en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos que involucren
presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones graves a los derechos humanos.
En ese sentido, indicó que estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las pruebas
de manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras estructurales que enfrentan
las víctimas para acceder a la verdad y a la justicia, tales como las dificultades para obtener
información veraz y desvirtuar, al menos prima facie, las versiones oficiales de los hechos.” En el
mismo sentido: “(…) para la Corte Constitucional el defecto fáctico que concurre en el caso objeto
de análisis se configura, también, ante la ausencia de una valoración contextual de los hechos, al
momento de determinar si la demanda de reparación directa fue promovida oportunamente. La
omisión en valorar adecuadamente estas circunstancias constituye, de nuevo, una violación del
derecho al acceso a la administración de justicia y perpetúa la situación de indefensión en la que se
encontrarían las presuntas víctimas de hechos vinculados a una posible grave violación de derechos
humanos."
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
conforme el precedente en vigor debe verificar que la parte demandante logró la
estabilidad socioeconómica y el goce efectivo de derechos para que empiece a
contarse el término de caducidad del derecho de acción.
38. En este contexto, resultan especialmente relevantes las reglas fijadas en la
SU-167 de 2023, que reiteran lo dispuesto en la T-044 de 2022: la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 tiene efectos retrospectivos, por lo que se aplica
también a demandas promovidas con anterioridad a la fecha de su expedición,
siempre que el juez administrativo permita a los actores readecuar el trámite de la
acción de reparación directa para que las partes tengan la oportunidad de ajustarse
a las nuevas cargas procesales que introdujo dicho fallo y justificar su actuación
tardía.
39. La Corte Constitucional ha reiterado que el juez contencioso tiene la
obligación de indagar las razones por las cuales la demanda fue presentada fuera
del término, en especial si se interpuso antes de la sentencia de unificación. En tal
virtud, las diferentes salas de dicha Corporación han dejado sin efecto decisiones
que no ofrecieron a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, la
oportunidad de ajustar sus pretensiones a las nuevas reglas jurisprudenciales y las
cargas procesales que esta exige.
Caso concreto.
40. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se examina, si la acción
de tutela de la referencia satisface los requisitos de procedencia formal.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
41. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que se refiere a la legitimación e
interés, dispone que la acción de tutela “podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales”. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental” 17.
42. Examinado el escrito de demanda, se verifica que, la tutela la presentó un
agente oficioso de los demandantes, sin embargo, los actores del proceso
17
Decreto 2591 de 1991. Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. || Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
contencioso administrativo acudieron al proceso de tutela y validaron la actuación
del agente. Recientemente, la jurisprudencia constitucional18 ha indicado que la
agencia oficiosa exige para su acreditación:(i) la manifestación del agente oficioso
de estar actuando en tal calidad y (ii) la imposibilidad del agenciado de defender
directamente sus derechos.
43. Conforme el expediente, el agente oficioso lo manifestó que actuaba en
dicha calidad e indicó que lo hacía en nombre de las personas que demandaron
dentro del proceso de reparación directa, pues estas se encontraban en
imposibilidad para formular la acción de tutela. Sin embargo, admitida la tutela,
todas las personas demandantes allegaron memoriales en las que ratificaron el
escrito de tutela del agente. En este sentido, el requisito de legitimación se
encuentra satisfecho, pues los agenciados acudieron dentro del proceso de tutela,
con el fin de indicar que no estaban en condiciones de presentar la acción de tutela
y que acompañaban el escrito de amparo. En conclusión, como lo indicó el juez de
primera instancia, se satisface el requisito de legitimación en causa por activa, toda
vez que actúa como agente oficioso de los demandantes, quienes en el transcurso
de la acción de tutela ratificaron la actuación del agente, y en esa medida, se
satisface el requisito.
44. Además, se verifica que la acción se dirige contra las autoridades judiciales
que profirieron las decisiones cuestionadas, y en esa medida, se cumple el requisito
de legitimación en la causa por pasiva. En el caso de las entidades públicas
vinculadas también se supera dicha exigencia, toda vez que las eventuales
decisiones que se adopten en el proceso de tutela pueden afectar sus derechos
fundamentales. En esa medida se vincularon al proceso en calidad de terceros con
interés, con independencia de no hayan proferido las decisiones judiciales
cuestionadas.
Requisito de inmediatez.
45. Frente a la exigencia de inmediatez, esta Subsección verifica que, tal como
lo indicó el juez de primera instancia, el plazo razonable no debe ser interpretado
como un término de caducidad19, sino como el ejercicio del derecho de acción
dentro de un plazo razonable, el cual se evalúa en el caso concreto 20. La
jurisprudencia de esta Corporación21, en armonía con la constitucional, ha señalado
que la acción de tutela en tanto busca cuestionar la fortaleza de la cosa juzgada
derivada de una sentencia ejecutoriada, exige que el tutelante ejerza el medio
18
Cfr. T-382 de 2021.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-108 de 2018.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-376 de 2024.
21
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo
el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
constitucional de manera diligente dentro de un plazo que atienda a las
complejidades del caso. Si bien de manera general se ha considerado que seis
meses es un término razonable, se ha admitido que, en ciertos contextos
complejos, ese plazo puede extenderse de manera justificada 22.
46. En el mismo sentido, en esta subsección ha aceptado, por ejemplo, que un
plazo de 6 meses y 24 días es razonable para el ejercicio de la acción de tutela
contra providencias judiciales23, en atención a circunstancias excepcionales como
la condición de víctima del conflicto armado y de sujeto de especial protección
constitucional, por tratarse de una menor de edad. Este antecedente es relevante,
en tanto permite establecer analogías de los elementos fácticos con el caso objeto
de examen.
47. En el caso concreto, la parte actora alega que tuvo conocimiento de la
sentencia desde el 12 de agosto de 2024, fecha en la que la sentencia de segunda
instancia fue remitida al juez de primera, y quien la dio a conocer a las partes. Ello
fue alegado expresamente en el recurso de impugnación, en el que alegó que la
decisión de tutela de primera instancia erró al considerar que el plazo razonable
para examinar la inmediatez se contabilizaba desde el 29 de julio de 2024.
48. No obstante, examinado el expediente SAMAI del proceso contencioso
7000133330052019002220024, se constata que el Tribunal Administrativo de Sucre
notificó adecuadamente la sentencia de segunda instancia el 11 de julio de 2024,
concretamente el 24 de julio, y como lo indicó el juez de tutela de primer grado el
29 de julio de 2024 era el día siguiente a la notificación de la sentencia enjuiciada.
En efecto, los demandantes la acción de amparo fue formulada a los seis meses y
catorce días.
49. El caso presenta una complejidad constitucional relevante, pues se
cuestiona una decisión judicial que cerró la posibilidad de reclamar responsabilidad
extracontractual del Estado por hechos relacionados con la expansión del Bloque
Montes de María de las autodenominadas AUC. Según se expone, un cabecilla de
esa estructura armada ilegal habría coaccionado la renuncia de varios funcionarios
22
Cfr. T-367 de 2024, en la cual, se admitió que 7 meses era un plazo razonable en un caso de
tutela contra providencia judicial. Ello en atención a la complejidad de aquel proceso constitucional.
Se lee en el Fundamento jurídico 3.3.8: “ En relación con el requisito general de inmediatez, la Sala
observa que el auto que confirmó la decisión del juez en primera instancia en el sentido de declarar
probada la excepción de caducidad y rechazar de plano el ejercicio del medio de control se
expidió el 2 de noviembre de 2022 y que la acción de tutela se presentó el 1 de junio de 2023.
Es decir, que el ejercicio de la presente acción constitucional se realizó en un tiempo oportuno y
razonable. Por tanto, se encuentra acreditado el requisito de inmediatez.” Esto es a los 7 meses. En
aquel caso se discutía la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, en atención a que una persona que prestaba el servicio militar obligatorio, durante
dicha situación sufrió un daño antijuridico. La providencia de los jueces administrativos declaró la
caducidad del derecho de acción.
23
Sentencia de 28 de junio de 2024, Subsección A de la Sección Tercera. Decisión de tutela dentro
del radicado 1001-03-15-000-2024-00771-01. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
24
Reposa en el índice Samai No. 10.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
públicos de la Alcaldía de San Onofre (Sucre) como parte de un plan sistemático
de amenazas y hostigamiento para desplazar a la administración local.
50. Por este motivo, al momento de iniciar el proceso por reparación directa, el
apoderado recibió mandato judicial de los cinco (5) servidores públicos (Benito
Cuello Silgado, Aizar José Queep Edna, Zoydith del Carmn Julio, Moisés David
Serpa Contreras, y Sonia Isabel Ruiz Guardo) y los miembros de cada uno de los
grupos familiares. Esto se agravó en atención a que resultado de las amenazas y
desplazamiento forzado, las víctimas tuvieron que huir del municipio25, a diferentes
regiones del país, e incluso el extranjero26. Varios de ellos son personas de la
tercera edad que no lograron reinsertarse al mundo laboral (Aizar José Quessep
Edna27, Moises David Serpa Contreras28, Zoydith del Carmen Julio Blanco29),
situación que incrementa su condición de vulnerabilidad. Es de anotar, además,
que los tutelantes son cinco grupos familiares disímiles, cuyo único elemento fáctico
común es que en diciembre de 2003 y 2004, fueron obligados a renunciar por el
mismo cabecilla paramilitar. A ello se suma que, ante la imposibilidad de satisfacer
el requisito de poder especial, el agente oficioso accionó en contra la decisión
atacada con fin de no demorar más la presentación de la demanda de tutela. Todo
lo anterior, a juicio de la Sala, da cuenta de las dificultades prácticas y jurídicas que
enfrentaron las víctimas para acceder directamente al juez de tutela.
51. A la luz de las reglas establecidas por la Corte Constitucional30, la acción
constitucional debe considerarse procedente a pesar del tiempo transcurrido desde
la notificación de la providencia judicial impugnada, como quiera que la vulneración
a los derechos fundamentales de los accionantes -en particular, al acceso a la
justicia y a la reparación integral como víctimas del conflicto- es actual y persistente,
dado que la decisión judicial impugnada cerró definitivamente la vía ordinaria para
obtener una respuesta estatal a los hechos denunciados.
52. Se insiste, lo anterior es adicional al hecho que la acción de tutela cuestiona
una decisión judicial que declaró la caducidad en un asunto que, reviste
complejidad por la gravedad que los hechos que fundamentaron la demanda de
reparación directa. En atención al precedente mencionado de esta Subsección,
25
Hecho 191, 231, 276, 294 de la demanda.
26
En el caso de Zoydith del Carmen Julio, en el hecho 244 se indica que tuvo que salir desplazada
forzadamente a Venezuela.
27
Conforme el hecho 232 del escrito de la demanda de reparación directa, el actor nació el 2 de
noviembre de 1949, es decir, alcanza los 75 años.
28
En el hecho 277 se indica que nació en enero de 1960 razón por la cual, hoy cuenta con 65 años.
29
En el hecho 253 se indica que nació en octubre de 1968, razón por la cual hoy cuenta con 57
años
30
En la misma Sentencia SU-108 de 2018, la Corte reconoció “en el evento en el que (i) el
accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la acción constitucional, (ii) que
a pesar del paso del tiempo, la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales continúe y
sea actual o (iii) que la exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la que se encuentra el
accionante, la acción será procedente a pesar de la mencionada tardanza en la interposición del
recurso de amparo.”
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
según el cual, en un caso de una tutela contra providencia presentada en el plazo
de seis meses y veinticuatro días se consideró oportuna, en esta ocasión también
se concluye que la acción de tutela de la referencia se presentó dentro del término
razonable.
Requisito de subsidiariedad
53. La parte actora satisface el requisito, puesto que no cuentan con un
mecanismo judicial, ordinario o extraordinario pendiente de agotar por al menos tres
razones. Primero, los actores acudieron al proceso ordinario de reparación directa,
por lo que las providencias impugnadas no son susceptibles del recurso de
apelación.
54. Segundo, los recursos extraordinarios de revisión31, o de unificación32 no son
idóneos para estudiar los defectos alegados por los demandantes. Por una parte,
los accionantes no alegan la existencia de documentos decisivos que el juez no
valorados o falsificados, peritos condenados penalmente, sentencias penales por
delitos de violencia o cohecho, nulidades derivadas del fallo impugnado, la
existencia de un tercero con mejor derecho, el reconocimiento de prestaciones
periódicas, ni la existencia de una sentencia previa que configure cosa juzgada. Por
otra parte, los actores no afirmaron que se haya desconocido una sentencia de
unificación; por el contrario, sostienen que la aplicación de una de estas decisiones
vulneró sus derechos fundamentales. En consecuencia, no les resulta exigible
acreditar la interposición o el agotamiento de recursos extraordinarios En esa
medida, la acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad.
Relevancia constitucional
55. La jurisprudencia constitucional33 ha señalado que las acciones de tutela en
las que se discute la aplicación del término de caducidad, en eventos donde el daño
constituye una grave violación a los derechos humanos, por ejemplo, el
desplazamiento forzado causado por el actuar un grupo armado ilegal, reviste
relevancia constitucional, pues se discute la posibilidad concreta del ejercicio del
derecho al acceso a la administración de justicia por parte de víctimas del conflicto
armado.
56. En armonía con el precedente constitucional, esta subsección34 ha indicado
que reviste relevancia constitucional la petición de amparo formulada por una
31
Este recurso extraordinario, se encuentra previsto en los artículos 250 y subsiguientes de la Ley
1437 de 2011
32
Este recurso se encuentra consagrado en el artículo 258 de la Ley 1437 de 2011.
33
Corte Constitucional. SU-241 de 2024. SU-429 de 2024
34
Cfr. Radicado 11001-03-15-000-2024-01017-07. Sentencia de 19 de mayo de 2025. C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez. Radicado 11001-03-15-000-2024-04244-01. Sentencia de 25 de
noviembre de 2024. C.P. Fernando Pardo Flórez. En esta última se indicó: “En criterio de esta
sala se satisface el requisito, pues como lo ha indicado ampliamente la Corte Constitucional, en
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
víctima del conflicto armado con el fin de cuestionar una decisión judicial que
declaró la caducidad del derecho de acción en una demanda de reparación directa
iniciada antes de la aprobación del precedente unificado de 29 de enero de 2020,
proferido por el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Que el defecto haya sido alegado dentro del proceso ordinario
57. Durante el proceso ordinario, de manera reiterada, los demandantes
indicaron que enfrentaron barreras de acceso a la administración de justicia. En
particular, en el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia 35, la
parte actora denunció varios hechos delicados respecto a la seguridad de la vida e
integridad de los demandantes, lo que, en su criterio impidieron el adecuado
ejercicio del derecho de acción. Por lo tanto, la Subsección encuentra cumplido el
requisito de procedencia general.
Que no se trate de una acción de tutela contra una sentencia de tutela o de
control abstracto de constitucionalidad
58. En cuanto a este requisito, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que la demanda de tutela no procede para impugnar providencias de tutela ni
sentencias de control abstracto de constitucionalidad proferidas por la Corte
Constitucional o por el Consejo de Estado, al resolver, respectivamente, acciones
públicas de inconstitucionalidad o medios de control de nulidad por
inconstitucionalidad36. Tampoco es procedente contra sentencias interpretativas de
carácter exclusivamente general, impersonal y abstracto proferidas por la Sección
de Apelación del Tribunal Especial para la Paz37. La presente acción de tutela se
dirige contra una providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Quinta de decisión, en la que se confirmó una decisión del juzgado décimo
administrativo de Sincelejo, todo ello dentro de un proceso de reparación directa.
En esa medida, no se trata de una tutela contra otra acción de tutela ni de las
providencias mencionadas de control abstracto.
Sentencias como la SU-163 de 2023, la SU-241 de 2024 o la T-269 y T-376, ambas de 2024, en
casos de graves violaciones a los derechos humanos, tales como homicidios en persona protegida
cuya responsabilidad es de agentes Estatales, si bien opera el fenómeno procesal de la caducidad,
está debe ser examinada desde una perspectiva constitucional que no tenga efectos nugatorios de
los derechos de las víctimas. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el cómputo del
término de caducidad, en los especiales casos mencionados, reviste relevancia constitucional pues
implica el ejercicio de derechos constitucionales y el respeto de estándares interamericanos sobre
verdad, justicia y reparación integral.” En igual sentido, radicado 11001-03-15-000-2024-06763-01.
Sentencia de 16 de mayo de 2025. C.P. María Adriana Marín.
35
Índice Samai No. 2. Folio 113 de los anexos al escrito de tutela.
36
Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de 2020, SU-388 de
2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
37
Sentencia SU-388 de 2023.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
Que se hayan identificado los hechos constitutivos de la violación a los
derechos fundamentales
59. En el escrito de tutela, el agente oficioso de la parte actora identifica
adecuadamente los hechos que, en su criterio, constituyen la vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. Señaló que, durante el desarrollo de las dos instancias del proceso
ordinario, solicitó que las autoridades judiciales examinaran las razones por las
cuales, los demandantes acudieron tardíamente a la administración de justicia. En
el memorial de amparo precisa que en el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia informó al juez administrativo de segunda instancia que, las
víctimas habían enfrentado problemas de seguridad por amenazas y hostigamiento
resultado de la sentencia condenatoria contra el cabecilla paramilitar que había
ordenado su desplazamiento forzado.
Examen constitucional de las decisiones atacadas
60. En la acción de tutela se ataca la providencia proferida por el Juzgado
décimo Administrativo de Sincelejo, el pasado 22 de enero de 2024, y confirmada
el 11 de julio de 2025, por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala de Decisión
Quinta dentro del proceso de reparación directa promovido por los tutelantes contra
la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional- Armada
Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el
Departamento de Sucre y el Municipio de San Onofre.
61. En la decisión de segunda instancia del proceso ordinario, la autoridad
judicial recordó los hechos que motivaron la presentación de la demanda. Indicó
que se trata de una solicitud de reparación directa promovida por cinco núcleos
familiares (el de Liceth Torres Beltrán, Aizar Quessep, Zoydith del Carmen Julio
Blanco, Moisés David Serpa Contreras, y Sonia Isabel Ruiz Guardo). Estas últimas
personas se desempeñaron como empleados públicos de diversas entidades
municipales de San Onofre, Sucre, y que, durante el proceso de expansión de
grupos paramilitares en dicho municipio, estos obligados a los servidores a
renunciar a sus empleos, y a desplazarse forzadamente por temor a represalias. La
fecha de las amenazas y el desplazamiento ocurrieron en diciembre de 2003,
mientras que la decisión judicial atacada verifica que la demanda se presentó hasta
el 26 de junio de 2019.
62. En atención a que la decisión de primera instancia declaró la caducidad con
fundamento en que, desde el año 2008, los demandantes estuvieron en
condiciones de atribuir la responsabilidad a las entidades públicas, los actores
solicitaron la aplicación de las reglas jurisprudenciales referidas a la flexibilización
del conteo de la caducidad en el recurso de apelación. En este sentido, se reprochó
que no se tuvo en cuenta que existían testimonios y elementos de prueba que
indicaban que, incluso después de la desmovilización de los grupos paramilitares
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
en el año 2006, y la posterior condena penal a uno de ellos, la decisión penal trajo
problemas de inseguridad y amenaza contra las víctimas demandantes.
63. En este punto, la decisión de segunda instancia reiteró el precedente en
vigor del Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 29 de enero de
2020, dentro del radicado 61033. Al respecto, se indicó que caducaba el derecho
de acción, aún en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En el
mismo sentido se reiteró el precedente de la Corte Constitucional contenido en la
Sentencia SU-312 de 2020.
64. Respecto al examen de los hechos se concluyó que, en abril del año 2006,
los demandantes acudieron a la Fiscalía General de la Nación con el fin de
denunciar penalmente por el delito de constreñimiento ilegal a Julio Tapias y a
Rodrigo Mercado Pelufo, alias, “Cadena”, a quienes señalaron de ser el
responsable de las amenazas y posterior desplazamiento forzado. Ese proceso
penal culminó con sentencia penal condenatoria contra los acusados el 28 de enero
de 2008.
65. Posterior a esto, la decisión judicial censurada explica los procesos
administrativos y dentro del proceso de justicia y paz que, durante los años 2011,
2012, y 2013, promovieron las víctimas demandantes para la garantía de sus
derechos.
66. En el caso concreto, el Tribunal cuestionado concluyó que desde el primer
momento del desplazamiento, esto es, desde el año 2003, las víctimas pudieron
tomar conciencia de que las amenazas, la coacción a renunciar a sus empleos y el
posterior desplazamiento fueron consecuencia de acciones cometidas por actores
paramilitares en connivencia con servidores públicos38. Por lo anterior, concluyó:
“Dicho lo anterior, no se observa dentro de la demanda alguna prueba o
justificación de la imposibilidad material de demandar, que permitiera
flexibilizar el cómputo de la caducidad en el caso concreto. Contrario a
ello, es claro que los demandantes tuvieron acceso a la institucionalidad
gubernamental, cuando acudieron muchos de ellos a la Unidad de Víctimas,
a la Unidad Nacional de Fiscalías en el marco de la Ley 975 de 2005,
inclusive a la misma administración de justicia cuando se discutió su
reintegro en el marco del proceso penal, como se dejó expuesto en las
pruebas anteriormente mencionadas.
38
Se lee en el folio 120 de los anexos de la acción de tutela, y donde reposa la sentencia de segunda
instancia: “Estima la Sala que, desde el momento mismo del desplazamiento, la parte demandante
pudo advertir la conducta omisiva del Estado que en esta oportunidad se endilga, por lo que la
demanda debió formularse dentro de los dos años siguientes, es decir, desde el 1° de enero de
2004 hasta el 1° de enero de 2006, teniendo en cuenta que muchos de los demandantes renunciaron
a sus empleos el 31 de diciembre de 2003 y a raíz de esta situación se desplazaron desde su lugar
de origen.”
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
Adicionalmente, se observa que Moisés Serpa Berrio no había nacido al
momento del desplazamiento forzado alegado, pero su nacimiento fue
inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil posteriormente (nacida
el 25 de enero de 2008 y registrada en la Registraduría de San Onofre el 25
de febrero de 2008).
Como se evidencia, los demandantes tuvieron la posibilidad de acercarse a
las entidades estatales y disponer de los mecanismos jurídicos a su alcance
para proponer una indemnización por parte del Estado Colombiano, lo que
impide justificar la demanda inoportuna, máxime que no alegó una causal
que imposibilitara u obstaculizara el acceso a la administración de justicia.
Para la Sala, los demandantes tenían la carga de demostrar una
circunstancia especial que impidiera la presentación oportuna de la
demanda, a fin de variar el cómputo de la caducidad, lo cual no ocurrió e
impone la obligación de mantener y aplicar la regla fijada por la ley, en
armonía con el criterio jurisprudencial unificado.”
67. Por lo anterior, confirmó la decisión judicial de primera instancia de declarar
la caducidad del derecho de acción.
68. En el escrito de tutela la parte actora sostuvo que las decisiones judiciales
de declarar la caducidad incurrieron en tres defectos específicos de procedencia de
tutela contra providencia: en un defecto fáctico por no decretar las peticiones
probatorias dirigidas a mostrar la situación de zozobra, y miedo derivado de las
vulneraciones a los derechos fundamentales que vivieron las víctimas. Igualmente
se incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente del Consejo de
Estado respecto a que el desplazamiento forzado es un daño continuado, y en esa
medida, no podía iniciarse a contabilizar el término de caducidad desde que ocurrió
el daño, es decir el año 2003, sino que debía contabilizarse desde que cesó.
Finalmente invocó un defecto por desconocimiento de la SU-254 de 2013 conforme
la cual, el término de caducidad debía contabilizarse desde la notificación de
aquella providencia.
69. Finalizó su argumentación al recordar que: (i) la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020 del pleno del Consejo de Estado no debía aplicarse
retroactivamente a demandas de reparación directa que fueron promovidas antes
de aquella decisión y (ii) la decisión desconoce obligaciones internacionales del
Estado Colombiano respecto al deber de reparación integral de las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos39.
39
Puntualmente, mencionó el principio 23 del conjunto actualizado de principios para la protección
y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptados en 2005,
por la comisión de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
70. Respecto a los cargos concretos, esta Sección estima que el último, es decir,
aquel relacionado con la supuesta aplicación retroactiva del precedente, no está
llamado a prosperar. Como lo indicaron las Sentencias T-044 de 2022, SU-312 de
2020, y SU-167 de 2023, que fijan criterios unificados en aplicación en el tiempo
del precedente de unificación de esta Corporación, estas reglas judiciales deben
aplicarse de manera retrospectiva o inmediata a procesos judiciales pendientes de
proferir sentencia. En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional explicó que
la decisión judicial de declarar que opera la caducidad del derecho de acción de
reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en todo
caso, respeta estándares constitucionales y se funda en razones del mismo nivel
constitucional, como es la garantía de la seguridad jurídica.
71. Por el contrario, respecto al supuesto defecto de desconocimiento del
precedente, el actor argumenta que existen decisiones judiciales del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional conforme al cual, el desplazamiento forzado es
un daño continuado y respecto de los cuales el juez administrativo tiene especiales
obligaciones y facultades procesales con el fin de verificar si, la parte demandante
superó la situación de vulnerabilidad que implicó el desplazamiento.
72. La decisión de segunda instancia se profirió el 11 de julio de 2024, fecha en
la que, la Corte Constitucional ya había proferido varias decisiones judiciales en las
que había advertido de las facultades oficiosas del juez administrativo al momento
de valorar las razones por las cuales una víctima del conflicto armado acude
tardíamente a la administración de justicia. En efecto, en la SU-167 de 2023 (de
mayo 18 de 2023), SU-241 de 2024 (de 20 de junio de 2024), ya se había indicado,
en sede de unificación, el deber que tienen los jueces administrativos de indagar
por las razones concretas por las cuales la parte demandante acudió tardíamente
a la administración de justicia.
73. En la Sentencia SU-241 de 2024, la Corte señaló que las víctimas del
conflicto armado, especialmente a aquellas que, debido a amenazas y
hostigamientos de actores armados, se ven obligadas a dejar sus empleos, y
desplazarse forzadamente, son sujetos de especial protección y el juez
administrativo debe tener en cuenta dicha situación para el examen de la
oportunidad del derecho de acción. En la providencia se reiteró el deber del juez
administrativo:
(...) la sola ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el
cómputo del término de caducidad, lo cual no implica desconocer dicha
institución jurídico procesal, sino que es necesario que el juez realice una
valoración de las circunstancias particulares de cada caso para determinar
desde cuándo se debe aplicar dicho término y en el que deben analizarse
aspectos relacionados con: (i) la calidad de los accionantes como sujetos de
especial protección constitucional al haber sufrido graves violaciones a los
derechos humanos; (ii) el momento en el que las víctimas tuvieron la
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
posibilidad real de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba
procedente de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución; y (iii) la
posibilidad material de las víctimas de acudir a la justicia debido a la situación
de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran”.
74. En la providencia se advirtió el deber que tienen los jueces administrativos
de asumir el estudio de la oportunidad de la acción desde una perspectiva que
favorezca el acceso a la administración de justicia de las víctimas. En este punto,
recordó que, desde la SU-167 de 2023, el juez administrativo tiene el deber de,
oficiosamente, indagar por las barreras de acceso a la administración de justicia
que enfrentaron los demandantes.
75. En la Sentencia SU-241 de 2024, la Sala Plena de la Corte Constitucional
indicó que el término de caducidad debe iniciar a contabilizarse desde que la víctima
está en condiciones reales de acudir a la administración de justicia. En aquel caso
se examinó la situación de una servidora judicial que tuvo que sufrir el exilio. En la
decisión se indicó que el término debía contabilizarse desde que la actora regresó
al país, pues desde allí tuvo la oportunidad real de ejercer el derecho de acción. En
ese caso, se consideró que, si bien estaba en el exilio, por el contexto que vivía el
país durante la primera década del siglo veintiuno, el hecho de que la demandante
acudiera a la administración de justicia a denunciar los coacciones y solicitar la
reparación integral, podría implicar que fuera víctima de nuevas a amenazas u
hostigamientos, a pesar de su estancia en el extranjero.
76. Este mismo criterio se reiteró en las Sentencias SU-429 de 2024, la SU-439
de 2024, T-001 de 2025 y T-004 de 2025. Sin embargo, es importante aclarar que
esta sala no reprocha que la decisión cuestionada haya desconocido estos últimos
precedentes pues los mismos fueron posteriores a la sentencia de 11 de julio de
2024. En todo caso, dichos fallos no agregan reglas jurisprudenciales novedosas y
solamente se limitan a reiterar lo que ya se conocía para el momento de la adopción
de la sentencia cuestionada.
77. En efecto, en la SU-429 de 202440, la Corte reiteró que el juez administrativo
tiene el deber oficioso de indagar por las barreras de acceso a la administración de
justicia que enfrentaron las víctimas del conflicto armado, especialmente, las
víctimas de desplazamiento forzado. Basándose en los autos de la sala de
seguimiento de la T-025 de 2004, se indicó que el desplazamiento forzado es una
forma de daño en el que se afecta un abanico amplio de derechos constitucionales,
cuya consecuencia palpable es la situación de vulnerabilidad permanente de las
víctimas. Por esta razón, la contabilización del término de caducidad debe partir
desde que cesa el desplazamiento forzado y las víctimas logran su estabilización
socioeconómica. En el fundamento jurídico No. 202 de la Sentencia SU-429 de
2024 se precisó:
40
Fundamento Jurídico 253.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
“En general, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha
sido consistente en la aplicación de la regla sobre el conteo de la
caducidad definida en la mencionada Sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, incluso para casos de desplazamiento forzado. Sin
embargo, algunas providencias del Consejo de Estado han
determinado que la caducidad solamente puede contarse a partir
del momento en el que cesa el desplazamiento, lo cual ocurre
cuando la persona que lo padeció puede retornar al lugar del cual
tuvo que migrar forzosamente o cuando logra arraigo en el nuevo
sitio en el que se asentó. (negrilla y subrayado fuera del texto)
78. En la misma providencia de unificación (Fundamentos Jurídicos 197, 198,
199), la Corte reiteró el precedente de esta corporación, puntualmente del año 2020
hasta 2023, conforme al cual, el desplazamiento forzado es un daño continuado.
Además, en la providencia se reiteró lo que ya había indicado la Sala de
seguimiento en materia de desplazamiento forzado: el juez competente debe
analizar la caducidad de una demanda de reparación, a partir de las barreras de
acceso al derecho a la administración de justicia que pudo enfrentar el demandante,
en cada caso particular. En la decisión se indicó: “el juez de la causa debe
considerar, en su análisis de las barreras de acceso a la administración de justicia
que pudo enfrentar la parte demandante, todos los factores de vulnerabilidad que
se asocian al flagelo del desplazamiento forzado y que padecen quienes son
víctimas de ese fenómeno.”
79. Posteriormente, la Sentencia T-001 de 2025 reiteró las reglas
jurisprudenciales ya indicadas. En la providencia se resolvió una acción de tutela
contra una decisión que declaró la caducidad proferida por un tribunal
administrativo, en aquel proceso contencioso, las víctimas habían indicado que no
acudieron antes a la administración de justicia, debido al miedo y la zozobra que
causaba que los hechos que denunciaban señalaban directamente a actores del
conflicto armado, los cuales, en todo caso, conservaban injerencia en la vida de
una comunidad. En aquella decisión, se reiteró la regla de la Sentencia SU-167 de
2023 sobre el deber del juez administrativo de indagar oficiosamente por las
barreras de acceso que enfrentaron los demandantes. En la providencia se reiteró:
“En suma, si bien los accionantes se limitaron a hacer una alusión abstracta
de la inseguridad y el temor que rodearon la interposición de la demanda, lo
cierto es que el Tribunal Administrativo del Magdalena, en ejercicio de sus
funciones judiciales, debió actuar de manera proactiva y recaudar de
oficio el material probatorio necesario para indagar al respecto y
determinar si, en el caso en particular, realmente pudo haberse presentado
una situación que acarreara la imposibilidad material para interponer la
demanda de reparación directa de manera oportuna". (negrilla y subrayado
fuera del texto)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
80. Examinado el recurso procesal de la primera y segunda instancia, y
verificado el contenido de la decisión cuestionada, en sede de juez constitucional,
esta Subsección concluye que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala quinta de
Decisión, incurrió en un defecto de desconocimiento de precedente, en particular la
Sentencia SU-167 de 2023 reiterada en la decisión SU-241 de 2024, al confirmar
la decisión proferida en primera instancia por el juzgado décimo Administrativo de
Sincelejo. Esto se debe a que, como se ha indicado consistentemente por la Corte
Constitucional y esta Corporación, el juez administrativo tiene el deber oficioso de
indagar y verificar las barreras de acceso que enfrentaron las víctimas,
especialmente, cuando el daño que se alega es el desplazamiento forzado. La regla
descrita opera, a pesar de que el derecho de acción caduca, incluso en graves
violaciones a los derechos humanos, no es menos relevante que en el desarrollo
del proceso contencioso administrativo, desde el escrito de la demanda y en los
recursos, la parte demandante alegó permanentemente que había enfrentado
situaciones de temor, zozobra, y amenaza consecuencia de las acciones de la parte
actora para denunciar y buscar justicia por los hechos del daño. Por este motivo,
en la presente causa, el término de caducidad no podía empezar a contabilizarse
desde el año 2003.
81. En el caso concreto, si bien la demanda de reparación se promovió antes de
la expedición de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, lo cierto es
que las etapas procesales se surtieron durante la vigencia de la nueva regla
jurisprudencial. En el mismo sentido, la decisión de segunda instancia, que confirmó
la de primera, concluyó que el término de caducidad debía contabilizarse desde el
hecho del desplazamiento forzado, es decir, desde el año 2003 y 2004, motivo por
el cual, el derecho de acción caducó en 200641. Esta conclusión no atendió los
criterios constitucionales, por ejemplo, el fijado en la Sentencia SU-241 de 2024,
conforme al cual la huida de la región en la que se desarrolla un proyecto de vida
implica una altísima vulnerabilidad que impide acudir a la administración de justicia.
Por lo tanto, el término de caducidad debe empezar a contabilizarse desde que las
personas retornan al lugar del que fueron desplazadas y pueden acudir sin presión
a la administración de justicia a demandar la reparación del daño causado.
82. Adicionalmente, las autoridades judiciales demandadas desconocieron el
criterio fijado en la Sentencia SU-167 de 2023, conforme al cual, el juez
administrativo, de manera oficiosa, debe examinar si se presentaron barreras de
acceso a la administración de justicia cuando en el proceso se ventilan tales
asuntos. Este desconocimiento de las facultades probatorias del juez y el defecto
fáctico se refuerza si se considera que la parte actora, de manera consistente,
durante las dos instancias manifestó que las víctimas enfrentaron barreras de
41
“Estima la Sala que, desde el momento mismo del desplazamiento, la parte demandante pudo
advertir la conducta omisiva del Estado que en esta oportunidad se endilga, por lo que la demanda
debió formularse dentro de los dos años siguientes, es decir, desde el 1° de enero de 2004 hasta el
1° de enero de 2006, teniendo en cuenta que muchos de los demandantes renunciaron a sus
empleos el 31 de diciembre de 2003 y a raíz de esta situación se desplazaron desde su lugar de
origen.” Folio 120 de los anexos del escrito de tutela. Índice Samai 2.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
acceso a la administración de justicia, como eran la situación de miedo y zozobra
derivada de que, penalmente se condenó a las personas responsables de su
desplazamiento forzado, uno de ellos, Rodrigo Mercado Pelufo. En el escrito de
apelación contra la sentencia de primera instancia, la parte actora señaló que vivió
situaciones de zozobra derivada de la sentencia condenatoria contra el cabecilla
paramilitar. En reiteración el criterio contenido en la Sentencia SU-167 de 2023
respecto a las barreras de acceso, la Sentencia T-001 de 2025 indicó que si el juez
administrativo verifica que existen afirmaciones respecto de un contexto de
amenazas y miedo, debe acudir a las facultades oficiosas para dilucidar esa
situación. Esta obligación no se agota en una oportunidad para señalar los hechos
que causan zozobra y miedo. En realidad, este deber abarca espacios procesales
en los que los actores pueden solicitar y decretar pruebas que demuestren la
situación que impidió acudir a la jurisdicción42. En el caso concreto, la afirmación
contenida en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia debía
llevar al juez administrativo de segunda instancia a ejercer sus competencias para
determinar la veracidad de dicha afirmación.
83. Sin embargo, estas delicadas denuncias de la parte demandante no llevaron
a que las autoridades judiciales ejercieran sus facultades oficiosas para decretar
medios de prueba con el fin de descartar la existencia de barreras de acceso, como
pudo ser la situación de miedo y zozobra por la presencia de actores armados. Los
hechos denunciados, tanto en la demanda, como en el escrito de apelación, debían
llevar a las autoridades judiciales accionadas a indagar por elementos de prueba
que descartaran los delicados hechos que afirmó la parte actora. Resulta
especialmente relevante que, en el escrito de apelación, la parte actora denunció
hechos concretos de amenaza e inseguridad, pero la decisión de segunda instancia
afirmó que examinado el expediente no se evidencian barreras de acceso que
hubieran impedido a las víctimas acudir a la administración de justicia. En criterio
de esta Subsección, el Tribunal accionado tenía la obligación de proferir un auto en
que interrogara a la parte demandada respecto a los elementos de prueba que
permitieran sustentar sus afirmaciones, y que constituyeron barreras de acceso a
la administración de justicia que impidieron formular antes la demanda de
reparación directa.
84. En este punto, resulta relevante que, desde el escrito de demanda, la parte
actora solicitó varios medios de prueba dirigidos a mostrar un contexto de zozobra,
temor y falta de garantías constitucionales para el ejercicio del derecho de acción.
En sede de primera instancia se solicitó el decreto de varias pruebas, por ejemplo
requerir: (i) a la consejería presidencial para los derechos humanos de la
presidencia de la República información sobre la situación de orden público en el
municipio de san Onofre en los años 2003 a 2005; y (ii) a la Procuraduría General
de la Nación y a la Defensoría del Pueblo respecto a la supuesta connivencia entre
agentes estatales y actores ilegales, como muestra de la imposibilidad de ejercer
42
Corte Constitucional Sentencias SU-241 de 2024 y SU-167 de 2023.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
el derecho de acción. Sin embargo, la sentencia de primera instancia de 22 de
enero de 2024 no hizo ningún examen respecto a barreras de acceso que
eventualmente enfrentaron las víctimas. Incluso, el juez administrativo hizo caso
omiso a estas denuncias no decretó pruebas y profirió sentencia, lo que implicó
renunciar a sus obligaciones de buscar la verdad y las garantías de las víctimas. A
pesar de esto, los actores reprocharon ese actuar de la autoridad judicial en el
recurso de apelación43:
“De manera que al no valorarse las pruebas (testimonios y declaraciones)
con las cuales se pretendían demostrar la imposibilidad de acudir ante la
jurisdicción contenciosa y en consecuencia los hechos que imputan la
responsabilidad por daño antijuridico, resultaba fácil para el operador judicial
aplicar los efectos de la sentencia de unificación contra los demandantes,
pero si en su caso, se hubiera detenido a estudiar la demanda y las
pruebas aportadas, bien pudo dar aplicación de la misma sentencia con
efectos favorables a los actores..”
85. En criterio de esta subsección, la parte actora hizo un esfuerzo probatorio
por mostrar a las autoridades judiciales las barreras de acceso que enfrentaron y
solicitó las pruebas que considero para demostrar sus afirmaciones. Sin duda, la
parte actora no denominó “barreras de acceso” a las dificultades socioeconómicas
y de seguridad que enfrentaron los actores, pero a lo largo del escrito de demanda
y del recurso de apelación resulta evidente que se pusieron en conocimiento de las
autoridades judiciales situaciones de inseguridad, precariedad económica que
debían llevar a las autoridades accionadas, pero puntualmente al Tribunal
Administrativo de Sucre a ejercer las facultades procesales que
jurisprudencialmente se han recordado son obligación de los jueces administrativos
ante este tipo de aseveraciones de las víctimas del conflicto armado, especialmente
si sufrieron el desplazamiento forzado.
86. Por el contrario, el Tribunal acusado consideró que la demanda no probó ni
demostró la justificación de la imposibilidad material que tenían los actores para
acceder a la administración de justicia. Además, dicha autoridad judicial señaló que
los demandantes tenían la opción de demandar, ya que podían acudir a las
instituciones del Estado para solicitar las garantías de sus derechos, como a la
UARIV o la Registraduría Nacional del Estado Civil y por último, manifestó que
tampoco se cumplió con el plazo fijado en la Sentencia SU-254 de 2013. A juicio de
esta Subsección, estos argumentos representan un abierto desconocimiento del
precedente constitucional, en la medida en que el Tribunal impugnado renunció a
su deber probatorio de decretar los medios de convicción, solicitados por la parte
demandante y los que considerara de oficio, para corroborar si los accionantes
enfrentaron barreras para acudir a la jurisdicción.
43
Anexo dentro del índice samai No. 10
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
87. La actuación de las autoridades judiciales del proceso ordinario desconoció
lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-167 de 2023 criterio
reiterado en las providencias SU-241 de 2024 y SU-429 de 2024, conforme a las
cuales el juez administrativo tiene la obligación oficiosa de indagar y valorar si
existieron barreras de acceso a la justicia que impidieron a las víctimas acudir
oportunamente al proceso de reparación directa, especialmente en contextos de
desplazamiento forzado y graves violaciones a derechos humanos. Al omitir su
deber de activar oficiosamente esa valoración, las autoridades judiciales
demandadas consolidaron una exclusión estructural, trasladando una carga
procesal excesiva a víctimas del conflicto armado. Negarles una fase procesal para
explicar y probar esas barreras desconoce el precedente vinculante y reproduce
una lógica contraria al mandato de protección reforzada que rige en favor de
quienes han sufrido graves violaciones a los derechos humanos.
88. Conjuntamente, en el caso analizado, el Juzgado Décimo Administrativo de
Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre aplicaron el precedente fijado en la
Sentencia SU-254 de 2013, el cual tenía un cómputo particular de caducidad a partir
de la expedición de ese fallo, y no las Sentencias SU-167 de 2023 y SU-241 de
2024. Lo anterior se traduce en un desconocimiento del precedente vigente en
materia de caducidad del medio de control de reparación directa frente a graves
violaciones de derechos fundamentes, como son los crímenes de lesa humanidad.
89. En la Sentencia SU-439 de 2024, la Corte resolvió una acción de tutela
dirigida contra un tribunal administrativo que examinó el término de caducidad, sin
verificar que en el caso concreto no se hubiese presentado acciones de intimidación
que impidiera a los demandantes de ese entonces acudir a la administración de
justicia. La Sala Plena del Tribunal Constitucional reprochó que la autoridad judicial
demandada tenía la obligación de indagar las razones por las cuales, los
demandantes acudieron a la administración de justicia de manera, prima facie,
tardía. Al respecto, la providencia explicó:
“(…) la Corte reafirmó, en general, la necesidad de aplicar un enfoque flexible
y pro víctima en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en
casos que involucren (…) y otras formas de violaciones graves a los
derechos humanos. En ese sentido, indicó que estos contextos exigen que
las autoridades judiciales valoren las pruebas de manera más comprensiva
y contextual, reconociendo las barreras estructurales que enfrentan las
víctimas para acceder a la verdad y a la justicia, tales como las
dificultades para obtener información veraz y desvirtuar, al menos prima
facie, las versiones oficiales de los hechos.”(negrillas y subrayado fuera del
texto)
90. Por lo anterior, esta Subsección concluye que la decisión cuestionada
incurrió en el defecto de desconocimiento de la regla jurisprudencial prevista en la
Sentencia SU-167 de 2023, reiterada recientemente en la decisión SU-241 de 2024,
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
y posteriormente, recordada, por ejemplo, en el fallo SU-429 y 439, ambas de 2024.
Estas decisiones fijaron una clara regla jurisprudencial : antes de proferir sentencia,
el juez administrativo debe valorar si las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos enfrentaron barreras de acceso que impidieron acudir a la
administración de justicia.
91. En atención a que este defecto alegado dentro del escrito de tutela, por sí
solo tiene el alcance de dejar sin efecto la providencia cuestionada44, y puesto que
el juez de tutela tiene la competencia para adecuar el problema jurídico a los
elementos que estime producen la mejor forma de control constitucional concreto45,
la subsección se abstendrá de examinar la supuesta configuración de los restantes
defectos alegados.
92. Como remedio judicial, en aplicación de los precedentes indicados, se dejará
sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de julio de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión, que puso fin al proceso
de reparación directa identificado con el radicado 70001-33-33-005-2019-00222-
01, y se ordenará que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
este fallo, el despacho sustanciador profiera un auto con el propósito de readecuar
el trámite en el que requiera a la parte demandante para que explique si enfrentó
barreras de acceso que impidieran acudir a la administración de justicia. Al
respecto, se deberá permitir que la parte demandante allegue al proceso
contencioso administrativo medios de prueba para mostrar las barreras de acceso
que alegó enfrentar o el propio tribunal debe ejercer sus facultades oficiosas para
establecer la claridad de las afirmaciones de las víctimas. Posteriormente, en los
términos legales debe proferir sentencia, aplicando el precedente unificado de esta
corporación y el de la Corte Constitucional especialmente el contenido en las
Sentencias SU-167 de 2023, SU-241 de 2024 y SU-429 de 2024.
93. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida en primera instancia el 26 de marzo
de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
cuanto declaró improcedente el amparo de la referencia. En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
44
En las Sentencias T-410 de 2024 y T-082 de 2023, la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional agotó su estudió ante la configuración de un defecto de tutela contra sentencia,
cuando los actores de dichos procesos habían propuestos varios yerros contra las providencias
impugnadas.
45
Cfr. T-235 de 2011 en el mismo sentido en sentencias T-729 de 2009, T-065 de 2010 y T-110 de
2010, donde la Corte hizo referencia a la facultad de delimitar el problema jurídico con el fin de
cumplir su función de juez constitucional.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00773-01
Accionante: Benito Cuello Salgado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
justicia de Benito Cuello Silgado, Liceth Torres Beltrán, Oscar Benito Cuello Torres,
Orangel de Jesús Cuello Torres, Osnaider Andrés Cuello Torres, Aizar José
Quessep Edna, Teresa de Jesús Jaraba Torres, Julio Andrés Quessep Jaraba,
Aizar David Quessep Jaraba, Karen Emilia Quessep Jaraba, Zoydith del Carmen
Julio Blanco, Luis José López Julio, María José López Julio, Moisés David Serpa
Contreras, Marleny Emilio Salazar Bello, Javier Emilio Serpa Salazar, Moisés David
Serpa Salazar, Edith Stella Serpa Salazar, Leidy Ester Serpa Salazar, Carlos
Eliecer Serpa Salazar, Valeria Andrea Serpa Berrio, Moisés Serpa Berrio, Sonia
Isabel Ruiz Guardo Manuel Enrique González Luna, Kevin Mauricio González Ruiz,
Elkin Manuel González Ruiz.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 11 de julio de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión,
dentro del radicado 70001-33-33-005-2019-00222-01. En este sentido, ordenar
que, en el término de diez (10) días desde la notificación de esta sentencia, el
despacho sustanciador profiera un auto para readecuar el trámite en el sentido de
que requiera a la parte actora para que explique las barreras de acceso que
impidieran acudir a la administración de justicia. En concreto, se deberá permitir
que la parte demandante allegue al proceso contencioso administrativo medios de
prueba para mostrar las barreras de acceso que alegó enfrentar y que le impidieron
acceder a la administración de justicia. Posteriormente, en los términos legales
debe proferir sentencia en aplicación del precedente de esta Corporación y el de la
Corte Constitucional especialmente el contenido en las Sentencias SU-167 de
2023, SU-241 de 2024 y SU-429 de 2024.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.