Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01467-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01467-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01467-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01467-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: ROSA LINDA GUTIÉRREZ DE PIÑERES DE LA ROSA Y
OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por la desaparición de una servidora judicial en la toma y retoma del
Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985. Examen del requisito de
relevancia constitucional en caso de tutela contra providencia proferida por un
Tribunal. Defecto por desconocimiento del precedente constitucional y ordinario,
respecto del examen de la caducidad en el caso de una persona desaparecida
cuyos restos no han sido identificados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
ANTECEDENTES
Escrito de tutela
1. Mediante apoderado judicial, Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa, Gladys
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Carlos Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Ricardo
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Pedro Manuel Gutiérrez de Piñeres de la Rosa,
Alejandro Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Alberto Gutiérrez de Piñeres de la Rosa,
Benjamín de la Rosa Rodríguez, Adriana Paola Gutiérrez de Piñeres Almendrales,
Antonio Lozano Gutiérrez de Piñeres y Antonio Lozano Sterling presentaron acción
de tutela contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de octubre de 2026, dentro del
proceso de reparación directa identificado con el número 11001-33-43-058-2018-
00185-01. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes se expondrá el
desarrollo del proceso ordinario, y luego los fundamentos del escrito de tutela.
Antecedentes del proceso contencioso administrativo 11001-33-43-058-2018-
00185-01.
2. Los tutelantes, familiares de Nury Ester Gutiérrez de Piñeres de la Rosa
desaparecida en los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 durante la toma y
retoma del palacio de Justicia, presentaron demanda de reparación directa contra
la Nación-Ministerio de Defensa.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
3. Indicaron que, desde el 16 de octubre de 1985, el comando general de las fuerzas
militares contaba con información referente a que el grupo guerrillero M-19 iba a
tomarse el palacio de justicia. Esas amenazas se reiteraron el 23 de octubre de
1985. El 6 de noviembre de 1985 a las 11:40 a.m. se produjo la toma. A partir de
ese momento y durante 27 horas, se produjo el holocausto del palacio de justicia,
evento en el que desapareció y falleció la Señora Nury Ester de Piñeres de Soto.
4. Mediante escritura pública de 18 de junio de 2009, y escritura de 21 de octubre
de 2009, se corrigió y actualizó el registro del nombre a Nury Esther Gutiérrez de
Piñeres de la Rosa (q.e.p.d).
5. Desde el primero de abril de 1979, la Señora Nury Esther, se desempeñaba como
auxiliar judicial del magistrado Dante Fiorillo Porras, cargo que ejerció hasta su
muerte el 7 de noviembre de 1985.
6. El 18 de febrero de 2016 se realizó diligencia de exhumación del supuesto
cadáver de la señora Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, en cumplimiento
de una orden de la Fiscalía General de la Nación y se tomaron muestras en el
instituto de medicina legal. El 23 de agosto de 2017, el fiscal delegado informó que,
pese a haber pasado más de un año desde la exhumación, no había resultados
concluyentes de los análisis forenses. El 29 de agosto de 2017, el Coordinador del
Grupo Nacional de Patología Forense, Jairo Hernando Vivas Díaz, confirmó que no
fue posible obtener perfil genético de las muestras óseas, ni se logró verificar la
identidad de los restos como pertenecientes a Nury Esther de Piñeres de la Rosa.
7. Aún no se ha establecido con certeza el paradero de Nury Esther de Piñeres de
la Rosa, configurándose un caso de desaparición forzada atribuida al Estado
Colombiano.
8. La demanda fue radicada en el año 2018 y admitida por el Juzgado Cincuenta y
Ocho (58) Administrativo de Bogotá. El Ministerio de Defensa no contestó la
demanda.
9. En sentencia de primera instancia, el 10 de noviembre de 2023, el Juzgado
Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá declaró patrimonialmente
responsable a la Nación-Ministerio de Defensa por los daños causados a los
demandantes con ocasión de la indebida identificación de los restos de la señora
Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa y condenó a la Nación- Ministerio de
Defensa al pago de perjuicios morales.
10. La providencia de primera instancia concluyó que la desaparición física fue
inicialmente informada por la Secretaría General de la Corte Suprema el 4 de
diciembre de 1985, por lo que así quedó consignado en el registro civil de defunción
inscrito 21 de octubre de 2009, sin embargo, el Tribunal Especial de Instrucción
Criminal reportó que “Nury Soto de Piñeres”, auxiliar del magistrado Dante Fiorillo,
murió en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Años después hubo exhumación el
18 de febrero de 2016 y, por respuesta del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses del 29 de agosto de 2017, no fue posible verificar la identidad del cuerpo
exhumado, dejando a la familia sin certeza sobre el paradero o identidad de los
restos. Con base en las anteriores pruebas, el a-quo acreditó que: (a) la muerte de
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa dentro del Palacio; y (b) una
inadecuada identificación y entrega de restos, ambas antijurídicas al no existir deber
de soportarlas.
11. La decisión fue apelada por el Ministerio de Defensa, quien argumentó que, la
decisión de primera instancia incurrió en errores al valorar las pruebas y
fundamentar la condena principalmente en consideraciones de una sentencia del
sistema interamericano, sin analizar de manera conjunta las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que se efectuaron las labores de embalaje e identificación
de los cuerpos tras la toma del Palacio de Justicia. Agregó que el Ministerio no tenía
competencia en el reconocimiento e identificación de cadáveres. Es una función del
Instituto de Medicina Legal.
12. Durante el traslado de segunda instancia, la parte demandante presentó
adhesión al recurso de apelación. Argumentó que “el fallo desconoció el debido
proceso al negar perjuicios morales a varios familiares de Nury Esther Gutiérrez de
Piñeres de la Rosa (tíos, sobrinos y otros parientes) bajo el argumento de que no
se aportaron ciertos registros civiles o pruebas de filiación”. Adicionalmente censuró
que existen pruebas testimoniales y documentales suficientes que acreditan los
vínculos familiares y la afectación emocional, por lo que solicita el reconocimiento
de perjuicios morales por 300 SMLMV para cada uno de los demandantes. Agregó
que, los hechos de la desaparición forzada de Nury Eshter Gutiérrez de Piñeres
constituyen delitos de lesa humanidad, motivo por el cual son imprescriptibles.
Agregó que la demanda solicitó el pago de los intereses moratorios, situación que
no fue resuelta por el juez de la reparación de primera instancia.
13. En sentencia de 9 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera
instancia, y en su lugar negó las pretensiones. Concluyó que la demanda de
reparación directa alegó la ocurrencia de tres daños antijurídicos: la muerte, la
desaparición forzada y la indebida identificación de los restos de la víctima.
Respecto de los dos primeros declaró la caducidad. En el caso de los dos primeros:
“(…), para los fines de la caducidad, el término se contará desde el conocimiento de
la muerte de la muerte de la señora Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa,
ocurrida durante los hechos del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de
1985, pero acreditada mediante certificaciones oficiales, -sentencia contenciosa de
1995 y registro civil de defunción de 2009. Por tanto, el término de caducidad
comenzó a correr, a más tardar, desde el conocimiento y registro oficial de su
muerte, razón por la cual la demanda presentada en 2018 resulta extemporánea
frente a ese daño, y una vez conocido el mismo no puede predicarse término de
caducidad diferente para el relacionado con la desaparición forzada, pues desde el
momento del fallecimiento, cesa la desaparición forzada”1.
14. En relación con el daño antijuridico de la indebida identificación de los restos
óseos, se concluyó que la demanda se presentó de manera oportuna, pero si bien
se acreditó una falla del servicio por el manejo inicial e inadecuado de los cadáveres
durante la retoma del Palacio de Justicia (traslado, lavado, pérdida de correlación
1
Folio 13 de la sentencia atacada
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
anatómica y alteración de la escena), no se probó, en el presente asunto, el nexo
causal cierto, directo y determinante entre dicha irregularidad y el daño alegado
consistente en la imposibilidad actual de identificación concluyente de los restos
atribuidos a Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa. Por lo anterior se negaron
las pretensiones.
Fundamentos del escrito de amparo
15. El apoderado hace una explicación de los antecedentes históricos y procesales
de la demanda de reparación directa. Afirma que la acción satisface los requisitos
de procedencia general, y respecto a las causales específicas de procedencia
argumentó que se incurrió en varios defectos. Indicó: “(1) defecto procedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto,(2) en violación al acceso efectivo a la
administración de justicia, (3) en violación del derecho fundamental al debido
proceso, (4) en violación del principio democrático de legalidad, (5)en aplicación de
la reparación integral del daño; (6) en omisión de la obligación del derecho
fundamental a la seguridad y protección a la vida y a la integridad personal; (7) en
defecto fáctico, (8) en defecto sustantivo, (9) en desconocimiento del precedente
judicial, (10) en violación directa de la constitución, (11) en valoración no adecuada
de las pruebas, (12) en desconocimiento de sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y el Consejo de Estado. Para tales efectos, iniciaremos con
la definición de las causales específicas de “Vulneración Directa de la Constitución”
y “Desconocimiento al Precedente”, para luego demostrar la manera en que cada
uno de los citados yerros tiene lugar en el caso que nos ocupa.
16. El tutelante reprocha que la decisión de primera instancia no reconoció la
indemnización para algunos de los familiares de la víctima directa, con el argumento
de que, no allegó los registros civiles de ellos. Precisó que ello implica un defecto
absoluto por exceso ritual manifiesto, pues el juez administrativo tiene la facultad
procesal para inadmitir la demanda de reparación cuando la misma no esté
acompañada de todos los documentos que afirma aportar. Si no se inadmitió, la
omisión se entiende subsanada, razón por la cual, reprocha que no hayan
reconocido los perjuicios morales para varios de los familiares.
17. Sostiene que se presentó una violación directa de la Constitución, puntualmente
de los derechos al debido proceso y acceso a la justicia, y sustantivo, por las mismas
razones, referidas a que el juez de primera instancia no reconoció perjuicios morales
para varios de los familiares. Agregó: “Dicho fallo incurrió en Defecto Sustantivo,
porque la Autoridad Judicial, en este caso el juez 58 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, dejó de aplicar el numeral 5 del artículo 180 del CPACA, que es
una norma claramente relevante y obligatoria porque ordena las medidas de
saneamiento que de oficio o a petición de parte debía aplicar dicho operador judicial
y no lo hizo como claramente está sustentado en el Defecto Procedimental absoluto
por Exceso Ritual Manifiesto, en los párrafos anteriores”2.
18. Adicionó: “De igual manera la sentencia de primera instancia incurrió en Defecto
Sustantivo, porque desconoció el régimen jurídico aplicable sobre la reparación
integral del daño ordenado en el artículo 16 de la ley 446 de 1998 que manda
2
Escrito de amparo folio 18.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
“Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la
valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios
de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
19. Posteriormente, indicó que la sentencia incurrió en una vulneración del principio
de reparación integral y en un defecto sustantivo, pues, desconoció el artículo 16 de
la Ley 446 de 1998. Adicionalmente, indicó que se incurrió en un defecto fáctico
pues se omitió por completo la práctica o valoración de pruebas “determinantes para
resolver el caso”. Concretamente pues, la sentencia de primera instancia omitió por
completo la valoración probatoria de los registros civiles de Liseth Soledad y José
Fernando Gutiérrez de Piñeres y de sus padres y la prueba testimonial de Adis
Mariani Espitia Mejía, quien en su declaración manifestó que también habían sufrido
perjuicios los sobrinos de Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, como
consecuencia de su muerte en los sucesos del Palacio de Justicia. Insistió:
“La sentencia de primera instancia incurrió en Defecto Fáctico, debido a que
omitió por completo la valoración probatoria de los registros civiles de Liseth
Soledad y José Fernando Gutiérrez de Piñeres y de sus padres y la prueba
testimonial de Adis Mariani Espitia Mejía – porque supuestamente no existe
ningún medio de convicción en el expediente que arroje luz sobre la afectación
que sufrieron por el daño imputado en esta sentencia- por tanto, no reconoció
perjuicios morales a Liseth Soledad y José Fernando Lozano Gutiérrez de
Piñeres, aunque está probada plenamente mediante pruebas conducentes,
útiles y pertinentes su calidad de sobrinos de la víctima directa en virtud de sus
registros civiles y los de sus padres y que sufrieron perjuicios morales de
acuerdo con la prueba testimonial la señora Adis Mariani Espitia Mejía.”
20. Formuló un cargo por defecto por violación directa de la Constitución por no
tener en cuenta y no aplicar las medidas de saneamiento ordenadas en el numeral
5 del artículo 180 del CPACA, pues no se observó la plenitud de las formas propias
del juicio como lo exige el artículo 29 de la Carta Política, la forma propia del proceso
que no se aplicó fue la subsanación prevista en la mencionada disposición legal,
que si se hubiese aplicado como lo manda la ley, entonces tenían que indemnizar
a todos mentados demandantes y no solo a un grupo de ellos, por concepto de los
mencionados daños morales pues el proceso debió haberse subsanado por el
operador judicial como lo ordena el numeral 5 del artículo 180 del CPACA.
21. Respecto de la sentencia de segunda instancia, el tutelante, además, indicó que
se incurrió en un defecto de violación directa a la Constitución, concretamente del
preámbulo y los artículos 1, 2, 90, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 34, 44, 73, 217,
218 y 223 de la Constitución, porque:
“ignoró que el Ministerio de la defensa cometió una falla del servicio, porque no
adoptó las medidas de prevención necesarias para evitar la HECATOMBE DEL
PALACIO DE JUSTICIA, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, en la que
lamentablemente falleció-murió- NURY ESTHER GUTIERREZ DE PIÑERES
DE LA ROSA (q.e.p.d), como consecuencia de dicha falta o falla del servicio,
por ausencia de vigilancia, por parte de la Fuerza Pública, en las instalaciones
del Palacio de Justicia, por haberse suprimido la vigilancia necesaria en
momentos en que no cabía duda acerca de la gravedad de las amenazas que
pesaban sobre los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado; y, por la forma atropellada e imprudente con que las fuerzas armadas
reprimieron la toma del Palacio, sin importarles la vida de las víctimas en la
refriega. (ver hechos de la reforma y adición de la demanda). La sentencia de
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera, Subsección A, no tuvo en cuenta que el Ministerio de la
Defensa, incurrió en una falta o falla del servicio, por incumplimiento de sus
obligaciones ordenadas en las mencionadas disposiciones Constitucionales,
POR NEGLIGENCIA E INERCIA DE UN ESTADO, QUE NUNCA HA TENIDO
A LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA EN EL LUGAR Y RESPETO
MERECIDOS. (subrayo), lo cual ha ocasionado y continúa ocasionando graves
perjuicios inmateriales, morales, fisiológicos, a la vida de relación y a la salud
de cada uno de mis mandantes, porque debido al parentesco de cada uno de
ellos, con la occisa NURY ESTHER GUTIÉRREZ DE PIÑERES DE LA ROSA
(q.e.p.d.), han sufrido y continúan sufriendo aflicción, angustia, preocupación,
ansiedad, depresión. (Ver hechos de la reforma y adición de la demanda)”.
22. Reiteró que varias decisiones del Consejo de Estado han reconocido
indemnizaciones para víctimas del holocausto del palacio de justicia, en esa medida,
la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoce hechos ya
fallados y que guardan identidad con la situación de la parte tutelante. Recordó que,
“la sentencia reciente de siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, radicación 25000232600020120053702
(61919). Demandante: TERESA DEL SOCORRO ISAZA DE ECHEVERRY Y
OTROS. Demandado: NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, que
condenó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional a pagar por perjuicios
morales, la suma de 300 SMLMV para cada una de las demandantes: Teresa del
Socorro Isaza de Echeverry, Laura Echeverry Isaza, Cristina María Echeverri Isaza
y Juliana Echeverry Isaza. Se basa en los mismos hechos del 6 y 7 de noviembre
de 1985 sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, en los que también se
fundamenta la acción y el medio de control de reparación directa sub lite. Por ello,
solicito (sic) que se ampare el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Carta Política, pues se trata de casos similares”.
23. Por lo anterior, solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados,
y que se deje sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por haber negado las pretensiones, y en su lugar se dicte una nueva
sentencia que aplique los precedentes judiciales del Consejo de Estado, de la Corte
Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya sea que la
dicte el propio juez de tutela o se ordene al tribunal administrativo.
Trámite de la acción de tutela
24. El 27 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la tutela, así como
notificó al Tribunal Administrativo accionado y al Juzgado Cincuenta y Ocho (58)
Administrativo de Bogotá, en calidad de parte demandada. Además, vinculó como
terceros con interés a la Nación - Ministerio de Defensa, a la Rama Judicial -Consejo
Superior de la Judicatura, al Ministerio Público y a Gladys Esther de la Rosa de
Piñeres, Angélica María Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Omar Enrique de la Rosa
Rodríguez, Carlos Horacio de la Rosa Rodríguez, Maibryth Alexandra Estarita de
Piñeres, Mercedes Susana Estarita Gutiérrez de Piñeres, Juliet Alexandra Gutiérrez
de Piñeres Jiménez, Liseth Soledad Lozano Gutiérrez de Piñeres, José Fernando
Lozano Gutiérrez de Piñeres, Andrés Felipe Gutiérrez de Piñeres Almendrales,
Ivonne del Carmen Franco de la Rosa, Carmen Rosa Franco de la Rosa, Jorge
Enrique Franco de la Rosa, Edgardo Enrique Estarita Rodgers y a los demás
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
intervinientes dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado
No. 11001-33-43-058-2018-00185-00/01.
25. Adicionalmente se solicitó al apoderado de la parte actora que, allegara el poder
que lo faculta para ejercer la representación judicial de los señores Adriana Paola
Gutiérrez de Piñeres Almendrales, Antonio Lozano Gutiérrez de Piñeres y Gladys
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa.
26. La dirección ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura3 solicitó negar
el amparo solicitado, pues se configura falta de legitimación en la causa por pasiva.
27. La Procuraduría General de la Nación4 intervino con el fin de indicar que no
es un tercero con interés en las resultas del proceso ni de la acción de tutela de la
referencia.
28. El apoderado de la parte actora5 remitió poderes suscritos por Rosa Linda
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Benjamín de la Rosa Rodríguez, Alberto Gutiérrez
de Piñeres de la Rosa, Alejandro Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Carlos José
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Pedro Manuel Gutiérrez de Pineres de la Rosa,
Ricardo Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Antonio Lozano Sterling, Adriana Paola
Gutiérrez de Piñeres Almendrales, José Fernando Lozano Gutiérrez de Pineres y
Gladys Gutiérrez de Piñeres de la Rosa.
29. El Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá6 allegó al
expediente de amparo, el enlace digital del proceso de reparación directa.
30. La magistrada ponente de la decisión proferida por el Tribunal
Administrativa de Cundinamarca7 intervino con el fin de solicitar que se declare
improcedente o de manera subsidiaria se niegue. En su criterio, se pretende reabrir
un debate probatorio resuelto en dos instancias del proceso ordinario, razón por la
cual, carece de relevancia constitucional.
31. Las demás entidades vinculadas; el ministerio de Defensa8, el Consejo Superior
de la Judicatura9 guardaron silencio, a pesar de la notificación de la demanda.
32. El 19 de marzo de 202610, el despacho sustanciador presentó proyecto de
decisión a la Sala Dual de la Subsección A. de la Sección Tercera de esta
Corporación. Sin embargo, puesto que no se alcanzó mayoría mínima, el 24 de
marzo de 202611, se sorteó conjuez, en el que resultó designado el consejero Fredy
3
índice Samai 12
4
Índice Samai 14 e índice Samai 19.
5
Índice Samai 15.
6
Índice Samai 16
7
Índice Samai 29.
8
Índice Samai 7. La notificación del auto de admisión se envió al siguiente correo electrónico:
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co.
9
Ibid. La notificación se envío al siguiente correo electrónico:
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
10
Índice Samai 30.
11
Índice Samai 39.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
Ibarra para conformar la mayoría de la Sala. El 9 de abril del año en curso, se
registró el proyecto para discusión.
CONSIDERACIONES
Competencia
33. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Delimitación del asunto analizado, problema jurídico y metodología de la
decisión.
34. La presente demanda trata de una acción de tutela contra providencia judicial
proferida en sede de segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la que se revocó la sentencia de primera instancia proferida por
el Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá. El escrito de amparo
hace dos tipos de censuras constitucionales. Un tipo de cuestionamientos dirigidos
contra la sentencia de primera instancia del proceso de reparación directa,
concretamente contra la negativa de reconocer indemnización moral para algunos
de los familiares de la víctima directa, por no haberse aportado los registros civiles.
El apoderado de la parte actora censura a través de varias causales especificas
(defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, sustantivo, fáctico,
violación directa de la constitución) esa concreta determinación del Juzgado
Cincuenta y Ocho (58) administrativo de Bogotá.
35. Respecto de la sentencia de segunda instancia, aquella proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el apoderado señala que la decisión de revocar la
decisión de primera instancia, y negar todas las pretensiones incurre en el defecto
específico de desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, de la Corte
Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en providencias
en las que, en circunstancias relacionadas con personas desparecidas en los
hechos de 6 y 7 de noviembre de 1985 durante la toma y retoma del palacio de
justicia, han proferido sentencias condenatorias, incluso a pesar de haberse
presentado demandas de reparación directa en los últimos años, y no cerca a la
fecha de los hechos. El tutelante mencionó la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos sobre el caso de Rodríguez Vera (Desaparecidos del palacio
de justicia) vs. Colombia, una providencia del Consejo de Estado reciente de siete
(7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, radicación 25000-23-26-000-201-2005-3702 (61919). Respecto de las
providencias de la Corte Constitucional estimó desconocida la Sentencia SU-168 de
2023 referida al examen del término de caducidad en casos de graves violaciones
a los derechos humanos, después de la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020 proferida por el Pleno de la Sección Tercera de la Corporación.
36. Por lo anterior, a título de delimitación del asunto analizado, esta Sala descarta
que se vaya a pronunciar sobre los ataques que presenta el tutelante contra la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cincuenta y Ocho (58)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
Administrativo de Bogotá, pues esta no existe en el mundo jurídico al haber sido
revocada por el tribunal administrativo atacado en la solicitud de amparo de la
referencia. Además, tampoco concluye el proceso. A juicio de esta Sala, el
apoderado de la parte tutelante se equivocó al cuestionar una decisión que fue
revocada en segunda instancia, motivo por el cual, no puede hacer un examen
constitucional sobre una providencia que no existe. El ataque se concentra en la
providencia vigente en el derecho colombiano, referido concretamente a la decisión
de declarar la caducidad por la muerte y la desaparición forzada de la víctima directa
y negar las pretensiones en relación con la falta de identificación de los restos óseos.
37. En las circunstancias antes descritas, le corresponde a la Sala resolver los
siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿Determinar si la acción de tutela satisface las causales generales de
procedencia formal de tutela contra providencia impugnada de segunda
instancia del proceso de reparación directa12?
(ii) ¿Incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el defecto
específico de desconocimiento del precedente constitucional,
interamericano y ordinario al declarar la caducidad y negar las
pretensiones, sin atender la jurisprudencia aplicable a casos de personas
desaparecidas en los hechos del Palacio de Justicia cuyos restos no han
sido identificados plenamente, en la que se ha sostenido que el paso del
tiempo desde 1985, por sí solo, no impide el acceso a la reparación
integral?
38. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se reiterará el precedente
constitucional sobre procedencia de tutela contra providencias judiciales.
Posteriormente, se abordará la jurisprudencia sobre el examen de la oportunidad de
la demanda de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos
humanos, y finalmente se resolverá el caso concreto.
Causales genéricas y específicas de procedencia de procedencia de tutela
contra providencia.
39. Conforme el precedente fijado en la Sentencia C-590 de 200513, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
40. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar14; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
12
Se insiste, únicamente, en relación con la Sentencia proferida en sede de segunda instancia dentro
del proceso de reparación directa por la desaparición de Nury Esther Gutiérrez de Piñerez de la Rosa
en los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en el palacio de justicia de la ciudad de Bogotá
13
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
14
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela15, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional16 o el Consejo de Estado17,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP18; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable19 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
41. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales20.
42. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
15
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
17
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
19
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
20
Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias
a la garantía de los derechos fundamentales.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.
viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye
un alcance insuficiente o lo contradice.
43. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se
examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas de
procedencia y al menos una especifica. Inmediatamente a continuación se
examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de
caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de
delitos de lesa humanidad, puntualmente, en casos de personas desaparecidas
forzada o involuntariamente.
Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de graves violaciones a los derechos humanos
44. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del Consejo
de Estado unificó el precedente jurisprudencial relacionado con la oportunidad para
presentar la demanda de reparación directa cuando se solicita la reparación integral
en casos de graves violaciones a los derechos humanos. La decisión concluyó que,
incluso en casos de delitos que constituyen conductas de lesa humanidad o
crímenes de guerra, resulta aplicable el término de caducidad de dos años previsto
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
en el artículo 164, numeral 2, literal i)21 de la Ley 1437 de 2011. Salvo en los casos
de desaparición forzada de personas que tiene otra regulación. Posteriormente, en
la sentencia SU-312 de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional acogió el
criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e indicó que, el medio de reparación
caduca en dos años, aun si se trata de los punibles antes anotados.
45. Las dos providencias establecieron que el término de caducidad comienza a
contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento en que las personas
afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo; (iii) sin embargo, no
correrá el término cuando se acredite que las personas estuvieron objetivamente
impedidas para acceder a la administración de justicia; y (iv) en los casos de
desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde el momento en que la persona
reaparece o se identifican plenamente sus restos, sin que ello impida presentar la
demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.
46. Posteriormente, la Corte Constitucional ha proferido múltiples sentencias de
Sala de Revisión22 y de Sala Plena23 que han precisado la manera de contabilizar
el término de caducidad en casos relacionados con crímenes de guerra o de lesa
humanidad. Aunque se ha reiterado que el derecho de acción caduca, también se
ha señalado que el requisito debe ser evaluado desde una perspectiva de
flexibilidad y ponderación de principios, con el fin de garantizar el acceso efectivo a
la administración de justicia. Se ha indicado que el juez administrativo debe ser
cuidadoso si va a declarar la caducidad del derecho de acción en este tipo de casos,
pues el examen de la oportunidad de la demanda debe verificar si la parte actora
enfrentó barreras de acceso a la administración de justicia; son sujetos de especial
protección constitucional; o estaba en condiciones de conocer los elementos
integrantes de la responsabilidad del Estado y contaba con elementos probatorios
para hacer valer sus pretensiones ante los jueces administrativos.
47. La Corte ha insistido que la verificación del cumplimiento de la oportunidad de
la demanda de reparación directa constituye una responsabilidad relevante del juez
administrativo que no puede ser evaluada de forma mecánica o superficial,
especialmente cuando se examinan hechos que configuran graves violaciones a los
derechos humanos, como desapariciones forzadas de personas24. En armonía con
lo anterior, por ejemplo, la Subsección A 25 ha indicado que el examen respecto del
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de
enero de 2020, Exp. 61.033 C.P. Martha Nubia Rico Velásquez.
22
Cfr. T-024 de 2024 M.P. Paola Meneses Mosquera y T-450 de 2024 M.P. Juan Carlos Cortés
González. Recientemente T-001 de 2025, T-004 de 2025 y T-202 de 2025.
23
Cfr. SU-167 de 2023 M.P. Diana Fajardo Rivera. SU-168 de 2023, SU-241 de 2024 y SU-439 de
2024 y SU-484 de 2024.
24
En la T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Constitucional, el análisis sobre el cómputo
del término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la seguridad
jurídica que brinda la existencia de un término de caducidad para presentar las demandas de
reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas
que alegan haber sufrido daños antijurídicos imputables al Estado”.
25
“En esa medida, se ha indicado el deber de los jueces no solo de hacer un balanceo de principios
constitucionales, sino además de superar la idea que el examen se realiza a través de la simple
confrontación de dos fechas en un calendario. Se ha requerido del juez administrativo una
disposición hermenéutica para maximizar el acceso ante las autoridades judiciales y partir de
posiciones garantistas que, ante graves violaciones a los derechos humanos, logren la realización
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
cumplimiento del requisito de caducidad no es la simple confrontación de dos fechas
en un calendario, sino que, exige que el juez administrativo verifique si los
demandantes enfrentaron barreras de acceso a la administración de justicia. Estas
barreras de acceso han sido ejemplificadas por la jurisprudencia unificada del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.
48. En la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, por ejemplo, el pleno de
la Sección indicó que el término de caducidad no empieza a correr cuando, las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos enfrentan obstáculos
objetivos como enfermedades o secuestros. Por otra parte, la Corte Constitucional,
en sentencias como SU-167 de 2023, SU-241 de 2024, SU-429 de 2024, SU-439
de 2024, T-001 de 2025 y T-202 de 2025 han indicado que las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos enfrentan diferentes barreras de acceso a la
administración de justicia. A continuación, se precisan las anteriores reglas
jurisprudenciales.
49. En la Sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional resolvió una acción de
tutela contra una providencia judicial que resolvió una demanda de reparación
directa. En aquella providencia señaló criterios hermenéuticos sobre el examen de
la oportunidad de la demanda. Señaló que el juez administrativo debe ser
consciente frente a que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
enfrentan “barreras de acceso” que le impiden ejercer el derecho de acción. Por ello
indicó que, el estudio del requisito de la oportunidad de la demanda debe hacerse
caso a caso:
“En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la reparación
de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el
plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el
perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de
reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe
ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a
las particularidades de cada asunto en concreto; (…) (negrilla y subrayado fuera
del texto)
50. En la Sentencia SU-241 de 2024, la Sala Plena de la Corte resolvió una acción
de tutela contra providencia en la que se había declarado la caducidad del derecho
de acción, sin tener en cuenta que la demandante había tenido que salir al exilio
durante más de 10 años. En esa providencia se explicó que, en ese caso concreto,
el exilio era una barrera de acceso a la administración de justicia que justifica que
las víctimas promuevan la demanda de reparación directa, una vez regresen al
país26. Motivo por el cual, caso a caso, el juez de la reparación debe examinar el
de la justicia material” sentencia de 7 de febrero, proferida dentro del expediente de tutela 11001-03-
15-000-2024-06282-00
26 Adujo la Corte: “(...) la sola ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el cómputo
del término de caducidad, lo cual no implica desconocer dicha institución jurídico procesal, sino que
es necesario que el juez realice una valoración de las circunstancias particulares de cada caso para
determinar desde cuándo se debe aplicar dicho término y en el que deben analizarse aspectos
relacionados con: (i) la calidad de los accionantes como sujetos de especial protección constitucional
al haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos; (ii) el momento en el que las víctimas
tuvieron la posibilidad real de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba procedente
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
impacto que tuvo el exilio en la oportunidad de acceso a la administración de justicia.
La sentencia precisó que el examen sobre la oportunidad de la demanda se debe
realizar atendiendo a las particularidades de cada caso.
51. Con base en el mismo principio hermenéutico, es decir, que el estudio de la
caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, se realiza caso
a caso, en la Sentencia SU-439 de 202427, la Corte Constitucional indicó que las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos pueden enfrentar barreras
estructurales de acceso a la administración de justicia como la falta de medios de
conocimiento para desvirtuar un discurso oficial que negó la ocurrencia de los
denominados falsos positivos. Por lo anterior, reiterando precedente del Consejo de
Estado, la Corte reafirmó la necesidad de que los jueces administrativos examinen
el cumplimiento del requisito de oportunidad de la demanda desde un enfoque
flexible, y desde el momento objetivo y concreto que la víctima tuvo el conocimiento
y medios de prueba suficientes para presentar la demanda de reparación directa.
Se argumentó:
“Para la Sala, exigir a las víctimas que actúen basadas en simples
sospechas o especulaciones, sin contar con elementos probatorios
relevantes, resulta irrazonable y vulnera sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, así como las
garantías de verdad, reparación integral y no repetición.”
(…) la Corte reafirmó la necesidad de aplicar un enfoque flexible y pro víctima
en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos que
involucren presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras formas de
violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido, indicó que
estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las pruebas de
manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras estructurales
que enfrentan las víctimas para acceder a la verdad y a la justicia, tales como
las dificultades para obtener información veraz y desvirtuar, al menos prima
facie, las versiones oficiales de los hechos”. (negrillas y subrayado fuera del
texto)
52. Esta regla fue reafirmada en la Sentencia T-450 de 202428 mediante la cual se
resolvió una acción de tutela contra una providencia del Tribunal Administrativo del
Magdalena que declaró la caducidad respecto de una demanda de reparación
directa presentada antes del fallo de unificación de enero de 2020, por la ejecución
extrajudicial de una persona ocurrida en 2007. Las demandantes alegaron la
configuración de varios defectos, entre ellos, el desconocimiento del precedente y
la errónea aplicación del concepto de caducidad tratándose de un delito de lesa
humanidad.
53. En la providencia, la Corte señaló con fundamento en el principio iura novit curia,
que el juez constitucional podía examinar otras causales de procedencia de la tutela,
en tanto los demandantes eran sujetos de especial protección constitucional.
Concluyó que el Tribunal incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente, al aplicar la sentencia de unificación de esta Corporación sin examinar
las circunstancias concretas del caso y en un defecto procedimental absoluto al
de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución; y (iii) la posibilidad material de las víctimas de acudir
a la justicia debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran”.
27
M.P. Diana Fajardo Rivera.
28
M.P. Juan Carlos Cortes González.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
omitir la etapa de alegatos en segunda instancia, lo que impidió a las accionantes
pronunciarse sobre las nuevas reglas de caducidad.
54. En consecuencia, la Corte dejó sin efectos la sentencia cuestionada y ordenó al
Tribunal readecuar el trámite, permitiendo la presentación de alegatos de conclusión
y el análisis particular de la caducidad conforme con el precedente vigente. También
dispuso que se evaluara si la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial ponía en
riesgo los derechos fundamentales de las demandantes.
55. De igual manera, en la Sentencia T-001 de 2025, la Corte reiteró que el análisis
del término de caducidad debe realizarse desde una óptica constitucional y flexible,
especialmente cuando las víctimas pertenecen a poblaciones vulnerables o han
enfrentado barreras de acceso a la justicia. Advirtió que se incurre en defecto fáctico
si el juez omite investigar, de manera oficiosa, las razones por las cuales las víctimas
presentaron la demanda de forma tardía.
56. Por último, en la providencia T-202 de 2025, una Sala de Revisión de la Corte
Constitucional, reiteró las reglas antes indicadas. Examinó dos acciones de tutela
dirigidas contra dos sentencias proferidas por Tribunales Administrativos. En las
sentencias de los tribunales administrativos se había declarado la caducidad del
derecho de acción, pues los jueces administrativos se limitaron a confrontar dos
fechas en el calendario, una la fecha del daño y la otra la formulación de la demanda,
sin percatarse que existía material probatorio que mostraba que los accionantes
habían enfrentado barreras de acceso a la administración de justicia.
57. La Corte reiteró tres “estándares constitucionales” respecto de las obligaciones
del juez administrativo respecto del examen de la oportunidad de la demanda de
reparación: (i) la aplicación del precedente del Consejo de Estado debe asegurar el
respeto al debido proceso ante el cambio jurisprudencial; (ii) el juez contencioso
administrativo debe adoptar un enfoque flexible en materia probatoria para
determinar la fecha en que los demandantes no solo conocieron o debieron conocer
del hecho dañoso, sino que pueden inferir de manera fundada la responsabilidad
del Estado y (iii) la excepción de inconstitucionalidad de la caducidad del medio de
control de reparación directa debe contemplar tanto supuestos objetivos asociados
directamente a la situación del demandante, como supuestos especiales que rodean
el caso concreto y les impide a los demandantes acceder a la jurisdicción de manera
oportuna.
58. La Corte reiteró la regla fijada en la Sentencia SU-439 de 2024 y precisó que,
en efecto, con una mera sospecha o un conocimiento íntimo de un familiar, no
resulta exigible que las víctimas de un caso de ejecución extrajudicial presenten la
demanda de reparación directa. La providencia T-202 de 2025 profundizó que una
providencia que examina unilateralmente el requisito de oportunidad de la demanda,
y declara la caducidad sin examinar las barreras de acceso a la administración de
justicia que enfrentaron las víctimas incurre en un defecto fáctico. Precisó la Corte:
“(…) esta corporación distinguió las nociones de simple convicción, inferencia y
certeza. Precisó que no basta con la convicción íntima, sospecha o mera
afirmación de los demandantes de que un familiar fue víctima de una ejecución
extrajudicial para que desde ese momento se marque el inicio del cómputo de
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
la caducidad. Un asunto es “tener la convicción según la cual su familiar fue
víctima de una ejecución extrajudicial y, por tanto, alegarlo de esta manera para
que sea investigado por la justicia penal”, y otra es contar con elementos de
juicio que permitan acreditar dicha inferencia ante un juez29. La Corte aclaró
que esto no significa el agotamiento del proceso penal, dado que no es un
requisito para la activación de la jurisdicción de lo contencioso administrativa y
tampoco se exige la certeza absoluta sobre los hechos. (negrilla y subrayado
fuera del texto)
59. En casos de desaparición de personas, esta Corporación también ha tenido la
oportunidad de pronunciarse, especialmente, en casos de personas sobre quienes
se desconoce su paradero como resultado de la toma y retoma del palacio de justicia
ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.
60. En primer lugar, se menciona la sentencia de 13 de septiembre de 2024,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de la Corporación30. En la
providencia se resolvió una demanda de reparación directa relacionada con la
desaparición de una persona en el contexto de la toma y retoma del palacio de
justicia. Los familiares de la persona desparecida sabían que había fallecido
resultado del cruce de disparos, sin embargo, no había identificado los restos óseos
sino hasta el año 2016. La Sala precisó que, según el Comité Internacional de la
Cruz Roja, “las víctimas cuyos cuerpos son abandonados, sepultados
apresuradamente o destruidos antes de ser identificados también pueden ser dadas
por desaparecidas”.
61. En aquel caso, la Corporación concluyó que, no se había producido el fenómeno
de la caducidad, toda vez que la desaparición de la víctima se extendió hasta el
momento en que se identificaron científicamente los restos de la persona de la que
se desconocía, con certidumbre objetiva, su ubicación. Recordó que los hechos que
se produjeron el 6 y 7 de noviembre de 1985, los restos de las personas que no
fueron identificados y fueron inhumados en una fosa común en el cementerio del
sur, motivo por el cual, si bien los familiares podían tener conocimiento del posible
fallecimiento de su familiar, pero no la certeza del destino de su familiar. Además,
se recordó que, incluso, las autoridades públicas, por inadecuado manejo de los
restos óseos de las víctimas llegaron a confundir varios de ellos, al punto que, a
familiares les entregaron equivocadamente los de varias víctimas. Se indicó:
“En el citado fallo de los desaparecidos del Palacio de Justicia, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos expresó que la desaparición permanecía
mientras no se conociera el paradero de la persona desaparecida o no se
identificaran con certeza sus restos, criterio aplicable al caso concreto, aunque
en estricto sentido no se trate de un caso de desaparición forzada, porque
también se trata de un daño de ejecución continuada o permanente por tratarse
de un conjunto complejo de actos que se prolongaron en el tiempo -muerte de
la víctima en el fuego cruzado, errónea identificación, falta de entrega a pesar
de su reconocimiento y desaparición del cadáver por más de 30 años-.
29
En la Sentencia T-378 de 2024 la Corte indicó que: “las autoridades accionadas desconocieron
que, para acreditar los elementos de la responsabilidad del Estado, no es suficiente que los
demandantes afirmen fehacientemente que la víctima murió a manos de militares (ya que tenía la
convicción de que así ocurrió), sino que además tenga los elementos de juicio suficientes que le
permitan acreditar su dicho en un proceso ante el juez”.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Consejera ponente: María Adriana Marín, 13 de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Radicado
número: 25000-23-36-000-2018-00254-01. Sin salvamento de voto
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
(…) la Sala considera que en el presente caso no se configuró la caducidad del
medio de control de reparación directa, toda vez que es claro que el carácter
continuado del daño en el presente caso devino de varios actos que
comenzaron con la muerte de la víctima y siguieron con su errónea
identificación, la falta de entrega del cadáver a pesar de su reconocimiento y su
desaparición por más de 30 años, es decir que se trató de un daño que se
extendió en el tiempo y que sólo cesó con la entrega definitiva de los restos
óseos, en consideración a que el desconocimiento de su paradero y su falta de
identificación con certeza, por más de 30 años, impedía a sus familiares el
ejercicio de las garantías judiciales necesarias para la efectividad de sus
derechos a la verdad, justicia y reparación integral.”
62. Lo anterior fue respaldado por decisiones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. En la sentencia de 19 de junio de 2024, Caso Ubaté y Bogotá
vs Colombia se indicó:
“153. Ahora bien, este Tribunal nota que, con sustento en “la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas y en otros instrumentos internacionales relevantes”,
el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones
Unidas adoptó los “Principios rectores para la búsqueda de las personas
desaparecidas”. La Corte entiende relevante que los mismos sean tenidos en
cuenta en el cumplimiento de la medida de reparación ordenada.
Particularmente, la Corte destaca los siguientes: a) La búsqueda de una
persona desaparecida debe continuar hasta que se determine con certeza su
suerte o paradero, lo que implica que dicha persona “se encuentre nuevamente
bajo la protección de la ley” o, si resulta estar fallecida, “haya sido plenamente
identificada” (Negrilla y subrayado fuera del texto)
63. La desaparición de una persona, incluida aquella que es forzada, cesa,
únicamente cuando se identifican los restos de manera científica y certera, incluso
si los familiares tienen la certidumbre de la muerte de su familiar.
64. A partir de este precedente, la jurisprudencia de la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación31, en armonía con el precedente de la Corte
Constitucional ha sido enfática en señalar que el término de caducidad, aplicado
irreflexivamente y automáticamente, como una simple confrontación de dos fechas
en un calendario, en casos de graves violaciones a los derechos humanos,
puntualmente en casos de personas desaparecidas, puede constituir una barrera
injustificada al acceso a la administración de justicia.
65. En el caso de la desaparición de personas forzada o involuntarias, el término de
caducidad de dos años se empieza a contabilizar desde que se identifican
científicamente los restos humanos de la persona víctima.
66. Además, el precedente constitucional, ha indicado que, cuando se discute la
eventual declaración de la caducidad, el juez de la reparación debe: (i) interrogar
directamente a la parte demandante sobre las dificultades enfrentadas; (ii) emplear
sus facultades oficiosas para verificar la existencia de obstáculos reales32, y (iii)
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de tutela de 19 de mayo de 2025, radicado 11001-03-15-000-2024-06763-01. C.P. María
Adriana Marín. Fundamento Jurídico No. 68.
32
Cfr. SU- 439 de 2024: “…la Corte reafirmó, en general, la necesidad de aplicar un enfoque flexible
y pro víctima en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos que involucren
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
entre ellas la posibilidad concreta de acceder a los medios de prueba para mostrar
los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.
Caso concreto
67. El apoderado de la parte tutelante sostiene que la sentencia de 9 de octubre de
2025 proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente y
violación al derecho a la igualdad, pues el Consejo de Estado, en otras providencias,
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con las personas
desaparecidas por los hechos de la toma y retoma del palacio de justicia, ha
reconocido reparaciones integrales, incluso, en casos de personas desaparecidas
cuyos restos habían sido perdidos en aquellas fechas.
68. A continuación, se resuelve el primer problema jurídico relacionado con la
procedencia de la acción de tutela. La Sala estima que se satisfacen los requisitos
de procedencia general de la acción de tutela.
Requisito Razones
1 Relevancia La jurisprudencia constitucional33 ha señalado que las peticiones
constitucional de tutela en las que se cuestiona decisiones judiciales que
declaran la caducidad y niegan pretensiones de reparación
integral revisten relevancia constitucional, toda vez que se
cuestiona una decisión judicial que puede llevar, de manera
concreta, a un obstáculo de acceso a los derechos fundamentales
de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
En el caso concreto debe indicarse que, el apoderado de la parte
tutelante promovió censuras constitucionales contra la sentencia
de primera instancia dentro del proceso de reparación directa, es
decir, la providencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Ocho
(58) Administrativo de Bogotá. En relación con el ataque
constitucional contra la sentencia de segunda instancia, solo
argumentó que la providencia del tribunal administrativo incurrió
en el defecto de desconocimiento del precedente y violación al
derecho a la igualdad. Respecto a los argumentos
constitucionales, esta sala encuentra que, la jurisprudencia de la
Corte34 ha señalado que, en eventos de ataques contra
presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones graves a los derechos humanos.
En ese sentido, indicó que estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las pruebas
de manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras estructurales que enfrentan las
víctimas para acceder a la verdad y a la justicia, tales como las dificultades para obtener información
veraz y desvirtuar, al menos prima facie, las versiones oficiales de los hechos.” En el mismo sentido:
“(…) para la Corte Constitucional el defecto fáctico que concurre en el caso objeto de análisis se
configura, también, ante la ausencia de una valoración contextual de los hechos, al momento de
determinar si la demanda de reparación directa fue promovida oportunamente. La omisión en valorar
adecuadamente estas circunstancias constituye, de nuevo, una violación del derecho al acceso a la
administración de justicia y perpetúa la situación de indefensión en la que se encontrarían las
presuntas víctimas de hechos vinculados a una posible grave violación de derechos humanos."
33
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-241 de 2024, SU-168 de 2023.
34
Corte Constitucional Sentencia SU-018 de 2024. Señaló la Corte: “(…) con fundamento en el
principio iura novit curia (el juez conoce el derecho), puede abordar el estudio de causales
específicas de procedencia de tutela contra providencia judicial distintas a las alegadas por el
accionante siempre que el cuestionamiento sea planteado en la acción de tutela. En efecto, es
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
providencias contra sentencias de jueces y tribunales, el juez
constitucional actúa conforme al principio jura novit curia,
especialmente, en los eventos en los que el tutelante satisface
imperfectamente la argumentación constitucional para cuestionar
la validez, que no la corrección, de un fallo judicial desde una
perspectiva constitucional. En la Sentencia T-450 de 2024 la
Corte indicó sobre la aplicación excepcional del principio iura novit
curia en casos de tutela contra providencia:
“En este asunto, la Sala observa que es necesario aplicar el
aludido principio en consideración a que las accionantes son
sujetos de especial protección constitucional por su condición de
desplazadas del conflicto armado interno y que la ejecución
extrajudicial de la que su familiar fue víctima constituye una
situación de revictimización. Así las cosas, pese a tratarse de
una acción de tutela contra providencias judiciales, procede
realizar un análisis más activo en consideración de las
circunstancias particulares del caso.” (negrilla fuera del texto)
La jurisprudencia constitucional ha indicado que, en casos de
tutela contra providencia proferidas contra jueces y tribunales,
cuando el tutelante presenta un fundamento fáctico en el que es
posible comprender claramente el defecto en que incurrió el juez
ordinario, incluso si no lo invocó con base en la doctrina de tutela
contra providencia, resulta posible que el juez constitucional
adecue, excepcionalmente, cuando se trata de violaciones a los
derechos humanos. En los precedentes constitucionales que se
han mencionado a pie de página, esto se ha realizado cuando: (i)
los hechos están claramente contenidos en el escrito de amparo;
(ii) se trata de graves violaciones a los derechos humanos; y (iii)
el tutelante fue impreciso en encausar el defecto específico pero
el mismo está contenido en petición de protección.
En el caso concreto, el apoderado de la parte actora indica que la
sentencia del tribunal administrativo de Cundinamarca vulneró los
derechos fundamentales de la parte actora, por revocar la
sentencia de primera instancia y en su negar todas las
pretensiones de la demanda. Afirmó que la decisión atacada
desconoció el precedente contenido en decisiones de la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de
derechos humanos, respecto de las personas que desaparecieron
en los trágicos hechos de la toma y retoma del palacio de justicia
de 6 y 7 de noviembre de 1985. El actor mencionó la sentencia de
necesario que el juez pueda inferir con claridad de la solicitud de amparo los defectos
planteados por el accionante, aunque sean indebidamente denominados. Finalmente, si el juez
constata alguna irregularidad debe comprobar que esta sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela” (negrillas fuera del texto). Además, SU-201 de 2021
precisó: “(…), esta Corporación ha abordado el estudio de causales específicas de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial distintas a las alegadas por los accionantes, e
incluso ha identificado las causales específicas a partir del fundamento fáctico de la acción
cuando los accionantes no han alegado causales específicas de manera expresa. La Corte ha
establecido que no resulta determinante para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales que la parte accionante mencione explícitamente la denominación de las
causales específicas de procedencia que alega en contra de la providencia” (negrillas fuera del
texto). Entre otras muchas: T-577 de 2017 y T-019 de 2021, SU-195 de 2012, SU-061 de 2018, T-
093 de 2019, T-401 de 2019, T-338 de 2019, T-549 de 2019
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
Rodríguez Vera de la Corte IDH y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado de 7 noviembre de 2025
dentro del radicado 61919, proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera.
En esas decisiones se discutió la situación de las personas que
resultaron desaparecidas por los hechos de la toma y retoma del
palacio del 6 y 7 de noviembre de 1985 por el inadecuado manejo
de los restos mortales de las víctimas. A juicio de esta Sala, la
anterior mención de la parte actora la habilita para examinar de
fondo el estudio de la acción de tutela, incluso si fue escueto en
precisar el precedente constitucional que reprocha como
ignorado, o si de manera imprecisa indica que se desconoció un
criterio hermenéutico contenido en la sentencia del órgano de
cierre. En este punto, la parte actora ataca la sentencia del
tribunal, proferida el 9 de octubre de 2025, por desconocer una
sentencia proferida el 7 de noviembre del mismo año. El yerro del
tutelante no cambia que, en efecto, la sentencia que invocó como
desconocida, contienen un criterio jurisprudencial respecto de los
hechos de desaparición de los restos de las víctimas del
holocausto del palacio de justicia. El error del apoderado de la
parte actora no cambia que identificó correctamente el yerro, y
que la sentencia supuestamente desconocida, contienen un
criterio jurisprudencial claro, a pesar de que sea una sentencia
posterior a la sentencia atacada.
La Sala estima satisfecho el presupuesto argumentativo mínimo,
pues de la demanda se desprendía que la queja real era que la
sentencia del 9 de octubre de 2025 declaró la caducidad y negó
la reparación desconociendo estándares constitucionales e
interamericanos sobre desaparición de personas y graves
violaciones a los derechos humanos.
Este juez de tutela, siguiendo el precedente constitucional
reiterado, concluye que, la solicitud de amparo debe interpretarse
conforme al principio iura novit curia y que, a partir del fundamento
fáctico expuesto por el accionante, constituye una obligación del
juez aplicar el derecho pertinente, aún si la calificación jurídica
inicial resulte incompleta o errada. Esta línea jurisprudencial
aparece en decisiones como la Sentencias T-577 de 2017 y la
T-462 de 2021, en las que se precisó que la ausencia de una
formulación de defectos no impide un pronunciamiento de fondo
sobre la solicitud de amparo de derechos fundamentales. Del
mismo modo, decisiones recientes como la Sentencias T-395 de
2025 y la T-515 de 2025 han estudiado solicitudes de amparo
bajo una calificación jurídica distinta de la inicialmente planteada
por el actor. Finalmente, la Sentencia SU-176 de 2025 reafirmó
el uso del principio en contextos que exigen especial diligencia
judicial y enfoque reforzado de protección, como el actual. En
conjunto, esas providencias evidencian que readecuar
jurídicamente el problema o un defecto a partir de los hechos
alegados es una facultad del juez constitucional en casos como el
sub-lite.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
La Sala considera que, en asuntos de graves violaciones de
derechos humanos, el juez constitucional debe asumir una
actuación oficiosa en lugar de asumir una postura pasiva. Esto ha
sido explicado, como ya se mencionó, en la Sentencia T-450 de
2024, en la que la Corte indicó que, aun tratándose de tutela
contra providencias judiciales, procede un análisis activo cuando
los accionantes son sujetos de especial protección y el caso
supone revictimización. En la misma línea, la Sala retoma lo
explicado en la Sentencia T-202 de 2025 para resaltar que el
examen de la caducidad no puede reducirse a confrontar dos
fechas del calendario, sino que el juez debe valorar si existían
barreras de acceso a la justicia, aplicar un enfoque flexible en
materia probatoria y verificar desde cuándo las víctimas contaban
realmente con elementos suficientes para inferir fundadamente la
responsabilidad estatal.
Por tal motivo, de manera excepcional, y en atención a que la
acción de tutela contiene los elementos esenciales del reproche
constitucional, y se trata de una grave violación a los derechos
humanos, se entiende satisfecho el requisito de relevancia
constitucional en el caso concreto.
2 Legitimación La parte tutelante está compuesta por Rosa Linda Gutiérrez de
en la causa Piñeres de la Rosa, Gladys Gutiérrez de Piñeres de la Rosa,
Carlos Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Ricardo Gutiérrez de
Piñeres de la Rosa, Pedro Manuel Gutiérrez de Piñeres de la
Rosa, Alejandro Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Alberto
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Benjamín de la Rosa Rodríguez,
Adriana Paola Gutiérrez de Piñeres Almendrales, Antonio Lozano
Gutiérrez de Piñeres, José Fernando Lozano Gutiérrez de
Piñeres35 y Antonio Lozano Sterling.
El apoderado de la parte actora allegó poderes especiales de
Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Benjamín de la Rosa
Rodríguez, Alberto Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Alejandro
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Carlos José Gutiérrez de Piñeres
de la Rosa, Pedro Manuel Gutiérrez de Pineres de la Rosa,
Ricardo Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Adriana Paola Gutiérrez
de Piñeres Almendrales, José Fernando Lozano Gutiérrez de
Pineres y Antonio Lozano Sterling. No obstante, en relación con
Gladys Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, el poder especial está
dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
está dirigido a habilitar al profesional del derecho para presentar
la petición individual ante el Sistema Interamericano. A su vez, el
abogado no allegó poder alguno que habilite la representación de
Antonio Lozano Gutiérrez de Piñeres. En esa medida, la acción
de tutela satisface las condiciones de legitimación en la causa por
activa en relación con Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la
Rosa, Benjamín de la Rosa Rodríguez, Alberto Gutiérrez de
35
El ciudadano se vinculó en el auto de admisión de la tutela, ver índice 04 Samai. Además, en la
corrección de la demanda, el abogado precisó que el señor José Fernando Lozano Gutiérrez de
Piñeres conformaba la parte demandante, por lo que allegó el respectivo poder, índice 15 de Samai.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
Piñeres de la Rosa, Alejandro Gutiérrez de Piñeres de la Rosa,
Carlos José Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Pedro Manuel
Gutiérrez de Pineres de la Rosa, Ricardo Gutiérrez de Piñeres de
la Rosa, Adriana Paola Gutiérrez de Piñeres Almendrales, José
Fernando Lozano Gutiérrez de Pineres y Antonio Lozano Sterling,
pero no respecto a Gladys Gutiérrez de Piñeres de la Rosa y
Antonio Lozano Gutiérrez de Piñeres, pues el apoderado carece
de poder especial para ejercer la representación de los
poderdantes. Así se dejará en la parte resolutiva de la
providencia.
Se ataca la sentencia del 9 de octubre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección A de la
Sección Tercera, parte accionada. En esa medida se cumplen los
requisitos de legitimación en la causa por active y por pasiva.
3 En el caso concreto no existe un mecanismo judicial pendiente de
Subsidiariedad agotar ordinario o extraordinario de revisión36 ni de unificación de
jurisprudencia37, motivo por el cual se cumple el requisito de
subsidiariedad.
4 Inmediatez La sentencia cuestionada fue proferida el 9 de octubre de 2025, y
fue notificada el 15 de octubre del mismo año38, mientras que, la
acción de tutela se ejerció el 24 de febrero de 2026, es decir,
dentro del plazo que se ha entendido como plazo razonable.
5 Identificación El escrito identifica la decisión objeto de censura constitucional y
de los hechos los criterios jurisprudenciales que supuestamente fueron
desconocidos. En el mismo sentido explica adecuadamente los
hechos que motivaron la vulneración de los derechos de la parte
actora, es decir, la desaparición de Nury Ester Gutiérrez de
Piñeres en los hechos de la toma y retoma del palacio de justicia
del 6 y 7 de noviembre de 1985. Precisó las razones por las
cuales, no se ha identificado los restos humanos de la víctima
directa y los errores que cometió la providencia accionada.
36
Conforme con las particularidades que rodean la presente controversia - relativas a la caducidad
del medio de control de reparación directa en graves vulneraciones de derechos humanos-, se
advierte que este recurso no resulta apto para restablecer de manera pronta y efectiva los derechos
fundamentales de víctimas del conflicto armado. En consecuencia, en el caso concreto, dicho
mecanismo no es idóneo para evitar la consolidación del perjuicio derivado de la ausencia de una
decisión de fondo, conforme con lo previsto en el artículo 250 del CPACA. Por último, los defectos
alegados por la parte demandante no pueden ser subsanados mediante las causales previstas para
este recurso extraordinario, pues no corresponden con la falta de congruencia de la sentencia
impugnada, los vicios o irregularidades probatorias, la comisión de un hecho punible que haya hecho
inducido en error al juez, los defectos procesales, la existencia de mejor derecho de un tercero o la
contradicción con la cosa juzgada.
37
El recurso de unificación consagrado en el artículo 257 del CPACA depende de demostrar una
contradicción jurisprudencial relevante, presupuesto que aquí no es el problema central, ya que se
reclamó un desconocimiento del precedente y no posturas opuestas en este, que no sucede en este
asunto. En suma, esta herramienta procesal extraordinaria no es un medio idóneo ni eficaz para
restituir el goce efectivo de los derechos invocados en el asunto bajo examen.
38 Índice Samai 030 del radicado 11001334305820180018501.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
6 Que no se trata La acción de tutela se dirige contra una providencia que resuelve,
de tutela en segunda instancia, una demanda de reparación directa. En esa
contra tutela medida no es una acción de tutela dirigida contra un fallo de tutela,
ni contra una providencia que hace control abstracto o
interpretativa de la sección de apelación de la JEP.
Segundo problema jurídico
69. Como segundo problema jurídico, esta Sala determinó que debía establecerse
si la providencia de 9 de octubre de 2025 incurrió en el defecto de desconocimiento
del precedente al revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar
la caducidad del derecho de acción y negar las pretensiones de la demanda. Con el
fin de resolver la anterior cuestión, se explicará sucintamente, el contenido del fallo
cuestionado, y posteriormente se examinará si incurrió en el yerro alegado por el
actor.
70. Se insiste que, el apoderado de la parte tutelante indicó que la providencia
incurrió en el defecto de desconocimiento de precedente, pues no atendió a la
providencia de 7 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en un caso relacionado con la inadecuada
identificación de los restos óseos de una persona desaparecida durante la toma y
retoma del palacio de justicia y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Rodríguez Vera vs Colombia, igualmente relacionada con las
personas desaparecidas y desaparecidas forzadamente en los mismos hechos.
71. De manera preliminar, la Sala advierte que resulta imposible que una
providencia proferida el 9 de octubre de 2025 hubiere desconocido una decisión
dictada el 7 de noviembre del mismo año, pues la determinación cuestionada fue
anterior al fallo que se invoca como desconocido. Entonces existe una imposibilidad
lógica y temporal de predicar el desconocimiento de una providencia inexistente
para ese momento. No obstante, esta Sala ya indicó que, aunque la parte actora
estructuró con deficiencias técnicas el defecto específico alegado, sí puso de
presente que la decisión de declarar la caducidad y negar las pretensiones
desconoció estándares constitucionales e interamericanos relativos al tratamiento
de casos de desaparición de personas y homicidio en contextos de graves
violaciones a los derechos humanos. Conforme al precedente de la Corte
Constitucional39, y solo de manera excepcional, el juez de tutela puede, con
fundamento en el principio iura novit curia, adecuar la formulación del defecto o
examinar causales específicas distintas de las expresamente invocadas, siempre
que del escrito de amparo se desprenda, al menos de manera general, el
cuestionamiento constitucional. Por ello, la Sala considera satisfecho el presupuesto
39 Al respecto, Corte Constitucional, Sentencia SU-201 de 2021. En esa decisión la Corte explicó que
en ciertas ocasiones los accionantes no presentan de forma técnica los defectos de la tutela contra
providencia judicial, pero que eso no releva a los jueces de interpretar razonablemente su acción.
En ese sentido, la Sala Plena estableció que “el juez de tutela deberá estudiar los cargos que el
accionante proponga contra la providencia judicial, siempre que pueda inferir con claridad las
causales a las que se adecuan dichos cargos a partir de los hechos y los elementos de prueba que
se acrediten en el expediente”. En consecuencia, esta posibilidad está limitada a los eventos en que
los accionantes plantean una discusión de derechos fundamentales relevantes, pero no adecúan
correctamente todos los hechos a los defectos específicos que corresponden. En el mismo sentido
ver Sentencias T-410 de 204 y T-082 de 2023.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
argumentativo mínimo para emprender el examen de la providencia cuestionada,
máxime cuando se trata de un caso relacionado con una grave violación a los
derechos humanos.
72. La sentencia censurada al momento de resolver el recurso de apelación,
examinó el requisito de oportunidad de la demanda, y determinó que, si bien está
claro que la víctima, Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa laboraba en el
palacio de justicia el día 6 de noviembre, como auxiliar judicial del magistrado Dante
Fiorillo Porras, y que falleció en los trágicos hechos de la toma y retoma del palacio
de justicia, concluyó que el momento desde el que debía iniciarse a contabilizar el
término de caducidad era el de la fecha del registro de defunción, lo cual ocurrió en
el año 2009.
73. Recordó que, otra parte del núcleo familiar de la víctima, Nury Ester Gutiérrez
de Piñeres demandó en reparación directa en la década de los años 90, al punto
que, el 13 de marzo de 1995, la Sección Tercera del Consejo de Estado accedió a
las pretensiones en relación con el esposo.
74. Igualmente, indicó que, conforme lo estableció la Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 2014 en el caso Rodríguez Vera Vrs
Colombia, debido a la manera en la que trataron los cadáveres de las personas
fallecidas en aquellos hechos, presentándose confusión y errores estructurales en
la identificación de los restos humanos, incluso, entregándose a sus familiares,
cuerpos de hombres, en lugar de cuerpos de mujeres. Además del hecho, que las
víctimas mortales de la toma del palacio de justicia que no fueron identificadas, a la
postre fueron inhumadas en una fosa común en el cementerio del sur.
75. Por ello, el Tribunal recordó que, en el año 2016, la Fiscalía General de la Nación
junto con el Instituto de Medicina Legal iniciaron procesos de exhumación e
identificación de los restos óseos con los que aún se contaba. El 18 de febrero de
2016, la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dejó
constancia de que exhumó el cadáver marcado como Nury Ester Gutiérrez de
Piñeres. Igualmente verificó que, a través de oficio de 23 de agosto de 2017, la
Fiscalía General de la Nación informó que aún no contaba con los resultados sobre
la identificación del cadáver debido a la dificultad científica de la prueba, ello debido
al estado de los restos óseos.
76. La providencia, a su vez, señaló que la demanda de reparación directa imputó
tres daños: la muerte, la desaparición de los restos y la indebida identificación de
los mismos. Respecto a los dos primeros daños, reiteró el precedente unificado de
29 de enero de 2020 proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado
relacionado con que, el derecho de acción caduca a los dos años del daño
antijurídico o desde que la víctima conoce los elementos mínimos para imputar
responsabilidad al Estado, incluso si con casos constitutivos de graves violaciones
a los derechos humanos o crímenes de guerra o de lesa humanidad.
77. Posterior a ello, contabilizó el término de caducidad desde varios hitos de los
últimos 35 años. Desde el 4 de diciembre de 1985 cuando la secretaría general de
la Corte Suprema de Justicia emitió certificación en la que señaló que Nury Ester
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa trabajó en esa Corporación y su desvinculación se
produjo el 7 de noviembre de 1985 por su fallecimiento. Igualmente, el 17 de junio
de 1986, cuando el Tribunal Especial de Instrucción Criminal, en informe oficial y de
carácter público, concluyó que la señora Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la
Rosa, en su calidad de auxiliar judicial y al encontrarse en el cuarto piso del Palacio
de Justicia, resultó muerta en el desarrollo de los hechos ocurridos los días 6 y 7 de
noviembre de 1985. También, el 13 de marzo de 1995 cuando la Sección Tercera
del Consejo de Estado, mediante sentencia dentro del proceso radicado 9277,
accedió a las pretensiones formuladas por el núcleo familiar de la víctima. Un último
hito para tomar el término de caducidad fue el 21 de octubre de 2009, cuando se
inscribió el registro civil de defunción de la Señora Nury Esther Gutiérrez de Piñeres
de la Rosa. Sostuvo el Tribunal demandado:
“91. En ese sentido, la Sala observa que el núcleo familiar de la señora Nury
Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa (su esposo e hija) ya había promovido
una acción de reparación directa con fundamento en los mismos hechos, esto
es, la muerte de su familiar ocurrida durante la toma y retoma del Palacio de
Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, proceso que culminó con sentencia
favorable proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 13 de marzo
de 1995, en la que se declaró la responsabilidad del Estado por la falla en el
servicio derivada de tales acontecimientos.
(…)
92. Así las cosas, no resulta jurídicamente procedente que, transcurridas más
de dos décadas desde dicha decisión, otros miembros del mismo grupo familiar
pretendan promover un nuevo proceso judicial con base en el mismo daño —la
muerte de la víctima directa—, argumentando desconocimiento de los hechos
o imputaciones ya establecidas en el año 1995.
78. Ello en atención al daño de la muerte. Respecto a la desaparición de la Señora
Nury Esther Gutiérrez concluyó:
“Este daño, de naturaleza continuada y autónoma, se prolonga mientras no se
esclarezca el paradero de la víctima, y cesa solo cuando se determina con
certeza su ubicación o se confirma su muerte”
97. Así las cosas, puesto que la muerte comprobada excluye la continuidad del
estado de desaparición forzada. Una vez determinado el fallecimiento — ya sea
por hallazgo del cuerpo o por sentencia judicial que así lo reconozca con
inscripción del registro civil de defunción—, cesa el carácter permanente del
delito o del hecho dañoso, y por lo tanto, el término de caducidad contaría desde
la fecha de la muerte, momento para el cual se entiende cesa la desaparición.
98. Por consiguiente, la Sala concluye que, acreditada la muerte de la señora
Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, desde tal momento puede
señalarse que la eventual desaparición forzada igualmente cesó y en esa
medida el término de caducidad fue superado.
99. Ahora, el hecho de que el Grupo Nacional de Patología Forense del Instituto
de Medicina Legal en oficio del 29 de agosto de 2017 indicó que, respecto a la
exhumación de los restos que guardan relación con la señora la Nury Esther
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, no era concluyente su identificación y que se
requería de una prueba genética especial para emitir una conclusión definitiva,
no implica que para el caso, tal circunstancia pueda catalogarse como una
desaparición forzada, si se tiene en cuenta que obra registro civil de defunción,
es decir el conocimiento jurídico, originado de una decisión judicial de la
terminación de la existencia de la víctima directa señora Nury Esther Gutiérrez
de Piñeres de la Rosa”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
79. Como se observa, el Tribunal Administrativo cuestionado examinó la situación
de la señora Nury Esther Gutiérrez de Piñeres a la luz del concepto de desaparición
forzada de personas, esto, pues así fue propuesto en la demanda de reparación
directa. No obstante, es una lectura que vulnera parámetros internacionales
vinculantes para el Estado Colombiano pues, el derecho internacional de los
derechos humanos y en el derecho internacional humanitario no solo existe la
desaparición forzada de personas, sino además las personas desaparecidas
involuntariamente, en guerras, conflictos armados o desastres naturales. Por lo
anterior, la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
Rodríguez Vera vrs. Colombia distinguió entre dos tipos de desparecidos el día de
los hechos del palacio de justicia: aquellas personas que fueron víctimas del delito
de desaparición forzada de personas, concretamente, aquellas de quien se tiene
noticia que fueron rescatadas por agentes estatales, y otro grupo de personas,
relacionado con las personas que fallecieron en la toma y retoma del palacio de
justicia, pero respecto de las que no se ha logrado su adecuada identificación de los
restos. Estas personas también están desaparecidas.
80. La Corte distinguió entre la situación de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma
Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo
Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa,
Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao
víctimas de desaparición forzada de personas, en oposición de la situación de Ana
Rosa Blanco Torres y Norma Constanza Esguerra Forero, quienes, aún
permanecen desaparecidas, pero no fueron víctimas de desaparición forzada.
Señaló la Corte:
“326. Por otra parte, respecto a Ana Rosa Castiblanco Torres y Norma
Constanza Esguerra Forero, la Corte resalta que por dieciséis años se
desconoció el paradero de la señora Castiblanco Torres, cuyo cuerpo fue
encontrado en la fosa común del Cementerio del Sur (supra párr. 133), mientras
que hasta el momento de la emisión de esta Sentencia se desconoce el
paradero de la señora Esguerra Forero, a pesar de que desde 1986 se conoce
la posibilidad de que sus restos hayan sido entregados erróneamente a los
familiares de un Magistrado fallecido en los hechos (supra párr. 307). La Corte
ha establecido que el derecho de los familiares de las víctimas de conocer
donde se encuentran los restos de sus seres queridos constituye, además de
una exigencia del derecho a conocer la verdad, una medida de reparación y,
por lo tanto, hace nacer el deber correlativo para el Estado de satisfacer estas
justas expectativas. Recibir los cuerpos de las personas que fallecieron en los
hechos era de suma importancia para sus familiares, así como permitir
sepultarlos de acuerdo a sus creencias y cerrar el proceso de duelo que vivieron
con los hechos”
81. La sentencia de la Corte IDH precisó que el conocimiento de los familiares de
una persona, respecto de la muerte de la víctima de desaparición no hace que cese
la vulneración. Sobre este aspecto, la misma Corte Interamericana se encarga de
aclarar el asunto. No cesa la conducta de desaparición forzada, por el solo hecho
de que los familiares logren información que indique que su familiar falleció. En el
caso de los desaparecidos de la cafetería del palacio de justicia se verifica que, los
familiares lograron determinar, de manera informal, que sus familiares fueron
llevados a las caballerías del cantón norte, donde fueron torturadas, varias de ellas
fallecieron resultado de la tortura. Ello lo supieron resultado de miembros del Ejercito
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
que delataron a algunos de sus superiores, pero ello no es óbice para concluir que
cesó la desaparición. Se lee en el parágrafo 261:
“261. Adicionalmente, alguna información recibida se refería específicamente a
alguna de las presuntas víctimas desaparecidas. Al respecto, según lo
declarado, familiares de David Suspes Celis, Héctor Jaime Beltrán Fuentes,
Carlos Augusto Rodríguez Vera, Gloria Anzola de Lanao, Lucy Amparo Oviedo
Bonilla e Irma Franco Pineda recibieron información específica de que sus seres
queridos se encontraban en el Cantón Norte. En particular, según declararon
los familiares de la señora Oviedo Bonilla, en la Brigada XIII “uno de los
soldad[os] que estaba prestando guardia se acercó y [le dijo a la hermana] no
se venzan, sigan viniendo que ella está acá”. Además, a los familiares de
Lucy Amparo Oviedo Bonilla e Irma Franco Pineda les habrían informado,
de manera específica, que los desaparecidos habían muerto y habían sido
enterrados en una fosa común.” (negrillas y subrayado agregado por la Sala)
82. De esta manera, para la Corte IDH, así los familiares de las víctimas sepan que
la persona desaparecida forzadamente, perdió la vida, en todo caso, no cesa la
consumación continuada de la conducta, la cual, se extiende hasta que, se
identifiquen los restos y sean entregados a sus familiares. Adicionalmente, la Corte
Interamericana precisó las particularidades de lo que ocurrió ese 6 y 7 de noviembre
de 1985 y los errores que cometieron agentes y autoridades estatales en el manejo
de los cadáveres de las víctimas, al punto que, a los familiares de un magistrado
que falleció, le fueron entregados los restos óseos de una mujer y con el paso de
los años, y tras labores de corroboración genética se descubrió que los restos del
magistrado estaban desaparecidos. La Corte indicó que:
“478. En el presente caso once víctimas aún se encuentran desaparecidas, en
el sentido de que se desconoce su destino o paradero. Como se mencionó
previamente, aún bajo la hipótesis de la muerte de esas personas, el Estado
tenía y tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean pertinentes
para esclarecer y determinar su paradero. La Corte advierte que esta
obligación es independiente de que la desaparición de la persona sea
consecuencia del ilícito de desaparición forzada propiamente o de otras
circunstancias tales como su muerte en el operativo de retoma del Palacio
de Justicia, errores en la entrega de los restos u otras razones.” (negrillas
y subrayado agregado por la Sala)
83. En conclusión, a juicio de esta Sala, el Tribunal acertó al concluir que no se
había producido una desaparición forzada, tal como lo había indicado la demanda
de reparación directa, empero, esa no era la única forma de examinar la situación
de la Señora Nury Ester Gutiérrez de Piñeres, de quien se sabe perdió la vida en la
toma y retoma del palacio de justicia, pero se desconoce el paradero de sus restos
óseos. Se insiste en el caso de las personas que desaparecieron, no forzosamente,
sino como resultado del incendio o de los combates de esas horas de noviembre de
1985, sumado a la manera negligente y delictual con la que se manejó el lugar de
los hechos, tal como fue corroborado por la Sentencia de la Corte Interamericana
sobre el asunto, llevan a esta Sala a concluir que, de manera general, se
presentaron situaciones de desapariciones de personas, las cuales, se han
esclarecido progresivamente a medida que, a través de pruebas genéticas se han
hecho cotejos de identificación de las personas que habían sido inhumadas en
lapidas erradas o en la fosa común del cementerio del sur.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
84. Por la particular situación de aquellos hechos, no resulta procedente que, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudiara la situación de la señora Nury
Esther únicamente desde la perspectiva de la desaparición forzada de personas, la
cual, es solo una forma de desaparición40, pues tal como lo indicó la Corte IDH aquel
día se produjeron otras formas de desapariciones, concretamente de restos
humanos de personas que se presumen, murieron en el incendió o los combates de
aquel día, como el caso de Ana Rosa Blanco Torres o Norma Constanza Esguerra
Forero, quienes no fueron desaparecidas forzadamente, pero se desconoce su
paradero.
85. En esa medida, esta Sala, en su condición de juez de tutela, echa de menos
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no haya tenido en cuenta la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Rodríguez
Vera vrs. Colombia de 14 de noviembre de 2014, en la que no solo abordó la manera
en la que fueron tratados los restos humanos de las víctimas mortales, sino,
particularmente, la situación de desaparecidos (no forzosamente), de aquellas
personas que fallecieron aquel día y cuyos restos humanos fueron inhumados en el
cementerio del sur de la ciudad de Bogotá, y que, en todo caso, las labores de
investigación para su adecuada identificación iniciaron pasadas varias décadas de
los trágicos hechos. Es decir, el Tribunal se limitó a examinar la situación de Nury
40 Adicional a ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, interprete autorizado del DIH), en
el documento titulado “las personas desaparecidas y sus familiares” ha indicado que: “La Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (CIPPDF),
de 2006, el primer tratado universal sobre este tema, utiliza el término “persona desaparecida” y lo
define de manera restringida. El artículo 2 abarca concretamente a las personas que desaparecen
a raíz de “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que
sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización,
el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad
o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la
protección de la ley”. Se debe partir de la premisa que, en el Derecho Internacional Humanitario, la
definición de persona desaparecida es más amplia. En esa perspectiva, el documento “Principios
rectores/Modelo de ley sobre las personas desaparecidas – Principios para legislar la situación de
las personas desaparecidas a raíz de un conflicto armado o de una situación de violencia interna:
Medidas para prevenir las desapariciones y proteger los derechos e intereses de las personas
desaparecidas y de sus familiares (Ginebra, 2009)”, del CICR, indica que una persona desparecida
es aquella que: “Persona desaparecida: toda persona que se encuentre en paradero desconocido
en base a información fidedigna, haya sido dada por desaparecida de conformidad con el derecho
interno en relación con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de
violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier otra situación que pudiera
requerir la intervención de una autoridad pública competente”. Conforme al CICR, la desaparición de
una persona se define por la “incertidumbre sobre la suerte que ha corrido la persona dada por
desaparecida”, el mismo organismo indica que una persona es dada por desaparecida cuando: “Las
víctimas cuyos cuerpos son abandonados, sepultados apresuradamente o destruidos antes de ser
identificados también pueden ser dadas por desaparecidas.” En el derecho internacional humanitario
una persona es dada por desaparecida cuando se carece de información sobre su paradero, existe
incertidumbre, incluso si se conoce que ha muerto, pero no se han ubicado sus restos, por ejemplo,
en casos de personas sepultadas apresuradamente, incluso si se conoce que la persona ya murió.
En todo caso, conforme a las normas del DIH, “Mientras no se haya determinado la suerte que ha
corrido el desaparecido, deberá reconocerse y certificarse su condición jurídica de ausente, a fin de
atestiguar su suerte incierta y permitir que se protejan sus derechos”. En el caso del derecho interno,
el Decreto Ley 578 de 2017, en el artículo 2 indica que la Unidad de Búsqueda de Personas se
encarga de hallar con vida o “en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación,
identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados”, de personas de quienes se desconoce su
paradero, como consecuencia de hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
Esher Gutiérrez de Piñeres desde la perspectiva de la desaparición forzada, cuando
era procedente, siguiendo los parámetro fijados en la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos o la sentencia de 13 de septiembre de 2024
proferida por esta Subsección A en un caso con contornos fácticos similares 41,
cuando, resultaba procedente examinarlo desde la perspectiva de una persona que
se encontraba desaparecida pues no se conoce, con certeza científica el paradero
de los restos óseos al no ser posible su identificación, sumado al hecho que aquellos
días posteriores al 6 y 7 de noviembre de 1985 la disposición de los cadáveres
desatendió protocolos básicos de cuidado.
86. El yerro se concretó en que el tribunal se limitó a examinar la situación de la
actora a la luz de la desaparición forzada, lo cual a todas luces resultaba
impertinente, pero no lo abordó como un asunto de una persona desaparecida. Si
lo hubiera examinado desde esa perspectiva debía concluir que en esos caso, como
lo indicó la Corte Interamericana y la jurisprudencia de esta Corporación en un caso
de contornos similares el término de caducidad inicia a contabilizarse desde que la
persona es científicamente identificada, tal como también lo ha indicado la Corte
IDH en el Caso Ubaté y Bogotá contra Colombia en la que se precisó: “Ahora bien,
este Tribunal nota que, con sustento en “la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y en otros
instrumentos internacionales relevantes”, el Comité contra la Desaparición Forzada
de la Organización de las Naciones Unidas adoptó los “Principios rectores para la
búsqueda de las personas desaparecidas”. La Corte entiende relevante que los
mismos sean tenidos en cuenta en el cumplimiento de la medida de reparación
ordenada. Particularmente, la Corte destaca los siguientes: a) La búsqueda de una
persona desaparecida debe continuar hasta que se determine con certeza su suerte
o paradero, lo que implica que dicha persona “se encuentre nuevamente bajo la
protección de la ley” o, si resulta estar fallecida, “haya sido plenamente identificada”.
87. A esta altura corresponde regresar sobre lo indicado recientemente en la
Sentencia SU-279 de 2024, la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela
contra providencia judicial en la que se cuestionaba el cumplimiento de una
sentencia de la Corte IDH, proferida por una grave violación a los derechos
humanos, concretamente el desplazamiento forzado de La Granja, en el municipio
de Ituango. La Corte explicó que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso
Masacre de Ituango vs. Colombia sí declaró la responsabilidad del Estado y ordenó
reparaciones, pero no decidió de forma expresa sobre la indemnización económica
individual que después se solicitó en Colombia. Por eso, ese tema todavía podía ser
estudiado por la jurisdicción contencioso administrativa. Por último, señaló que las
decisiones de la Corte IDH sobre un mismo caso son obligatorias y gozan de
41
Igual situación se estudió en la sentencia de 13 de septiembre de 2024 dentro del radicado 67165.
En aquel caso se examinó la situación de una persona que fue herida de gravedad cuando el grupo
guerrillero M-19 ingresó al palacio de justicia y fue auxiliada por agentes estatales y remitida al
hospital de la Hortua donde finalmente falleció. Las autoridades estatales de manera deliberada
impidieron a la familia recibir su cadáver, a pesar que lo habían identificado, y en lugar de ello, lo
remitieron a la fosa común del cementerio central. Solo hasta el año 2016, los restos fueron
exhumados e identificados. La Subsección, por decisión unánime, acudiendo al criterio contenido en
la sentencia de la Corte IDH de 2014, decidió que la víctima estaba desaparecida pues a los
familiares le impidieron recibir los restos óseos, por el contrario, fueron deliberada y conscientemente
confundidos con otras víctimas, y solo hasta que fueron científicamente identificados empezó a
contabilizarse el término de caducidad.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
especial relevancia para el juez nacional, quien debe decidir con base en estas. Sin
embargo, aclaró que dichas providencias deben ser atendidas de forma completa y
contextualizada.
88. Para el Tribunal, el término de caducidad debía contabilizarse desde que se
registró la defunción de la señora Nury Esther Gutiérrez de Piñeres, en el año 2009
así, la exhumación de los restos del supuesto cadáver de víctima se hubiese
realizado solo hasta febrero de 2016 con el fin de iniciar las labores científicas de
correcta identificación de los restos óseos, a pesar de que, como lo indicó la Corte
Interamericana de Derechos humanos, incluso en los casos de desaparición de
personas (y no solo restringido a aquella que es forzada), se extiende hasta que se
conoce el paradero de la víctima y se identifican sus restos.
89. Como también se indicó, el conocimiento de los familiares de que una persona
desaparecida falleció, no afecta su condición jurídica de desaparecida. Como
ocurrió en el caso del palacio de justicia, varias de los familiares de las víctimas
sabían que sus hijos, esposas, esposos, hermanos, habían perdido la vida, ya fuese
resultado de torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, o por el cruce de
disparos, o el incendio, pero ello no afectaba la calificación jurídica de desaparecido,
o desaparecido forzadamente.
90. El Tribunal también argumentó que, el esposo y las hijas de la víctima directa ya
habían presentado una demanda de reparación directa y que ello, habían llevado a
una sentencia condenatoria proferida por el Consejo de Estado en el año 1995. Esta
justificación no cambia que, aún hoy no se tiene certeza científica de la identificación
de los restos que presuntamente son los despojos mortales de Nury Esther
Gutiérrez de Piñeres, motivo por el cual, dicha justificación no tiene el alcance de
modificar la situación jurídica y verificada en la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 2014, relacionada con que, aquel día se produjeron
desapariciones de personas (no todas ellas forzadamente) derivado del inadecuado
manejo de los restos óseos de las personas que fallecieron, ya fuera en los
combates, en el incendio o por otros motivos.
91. Con matices y precisiones, algo similar ocurrió en la providencia de 14 de
septiembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera que ya se
comentó, y además en la sentencia de 7 de noviembre de 2025 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera. Respecto de esta última no se puede afirmar
que fue desconocida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues se
insiste es una sentencia posterior, pero a título de ilustración, permite verificar que,
la identificación de los restos óseos de las víctimas es un elemento fundamental
para contabilizar el término de caducidad de las personas desaparecidas en los
hechos de la toma y retoma del palacio de justicia.
92. En la sentencia que, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera, se
resolvió una demanda de reparación directa relacionada con:
“Una vez finalizaron las hostilidades, Echeverry Correa fue reportado por las
autoridades como fallecido y los que aparentemente eran sus restos calcinados
fueron entregados a sus familiares. No obstante lo anterior, el 5 de octubre de
2017, la Fiscalía 1º Delegada ante la Corte Suprema de Justicia declaró
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
‘persona desaparecida al doctor Jorge Alberto Echeverry Correa’, pues los
restos que previamente habían sido entregados a sus consanguíneos, en
realidad correspondían a los de Bernardo Beltrán Hernández”.
93. En punto al examen de la oportunidad de la demanda, la decisión de 7 de
noviembre de 2025 determinó:
“Precisamente la incertidumbre; la falta de claridad sobre la sucesión de eventos
durante esos dos trágicos días; la manera como actuaron los agresores de la
casa de la justicia y de quienes respondieron al ataque de los perpetradores,
así como la existencia de personas desaparecidas, algunas de las cuales aún
se desconoce su suerte final, son de las razones que justifican insistir en la
búsqueda de la verdad, justicia y reparación, así como en la reconstrucción
fáctica y jurídica, a partir de medios técnicos y de criminalística que, mediante
estudios balísticos y exhumaciones, entre otros, revelen situaciones como la
padecida por las demandantes, quienes solo hasta el 5 de octubre de 2017, es
decir, 32 años después, lograron conocer que los restos inicialmente
identificados y sepultados como pertenecientes a Jorge Alberto Echeverry
Correa - esposo, padre y abuelo -, en realidad, correspondían a los de otra
persona que igualmente fue víctima de tan lamentables hechos (hechos
probados 7.1.20, 7.1.21 y 7.1.22). (negrilla fuera del texto)
94. En esa oportunidad, la Subsección C de la Sección Tercera concluyó que,
resultaba razonable que, el término de caducidad se contabilizara desde que, los
familiares conocieron con certeza el destino de su familiar. Se insiste, no se trata
que la decisión de 9 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca haya desconocido una sentencia posterior, pero sí permite
ejemplificar que, debido a la dificultad de los hechos del holocausto del palacio de
justicia, la tragedia de las muertes y desaparecidos, se debe aplicar un enfoque que,
articule, las conclusiones de decisiones internacionales (la sentencia de 14 de
noviembre de 2014 de la Corte IDH), y la regla conforme a la cual, la desaparición
cesa cuando se conoce científicamente el paradero de la víctima, descartando
lecturas, por ejemplo, basadas en que los familiares conocen o intuyen que su
pariente falleció o desconociendo que, en los hechos del 6 y 7 de noviembre de
1985 se presentaron hechos concretos y particulares relacionados con la deliberada
determinación de manejar inadecuadamente los restos óseos de las víctimas.
95. Esta Sala concluye que se presentó el defecto de desconocimiento del
precedente concretamente de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
humanos y de la sentencia de 14 de septiembre de 2024 de la subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, posteriormente reiterado en la sentencia
de 7 de noviembre de 2025 proferida por la subsección C de la Sección Tercera de
la Corporación en las que, respecto de los hechos de personas que fallecieron en
los eventos del 6 y 7 de noviembre de 1985 el término de caducidad se empieza a
contabilizar desde que, de manera científica, se identifican los restos humanos de
una persona.
96. Sumado a lo anterior, para la Sala es claro que, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto del examen de la
oportunidad de la demanda no tuvo en cuenta el precedente constitucional
relacionado con el examen de la configuración de la caducidad y la necesidad de
aplicar un enfoque flexible, pro víctima y en el que se atienda a las barreras de
acceso a la administración de justicia y posibilidad de presentar pruebas
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
relacionadas con la responsabilidad del Estado, especialmente, en un caso
complejo como el relacionado con el homicidio, desaparición y falta de identificación
de los restos humanos de una personas que perdió la vida durante los hechos del
6 y 7 de noviembre de 1985.
97. La Sentencia SU-439 de 16 de octubre de 2024 precisó que, en punto al examen
de la oportunidad de la demanda en casos de graves violaciones a los derechos
humanos, el juez de la reparación debe aplicar “un enfoque flexible y pro víctima en
la interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos que involucren
presuntas (…) formas de violaciones graves a los derechos humanos. En ese
sentido, (…) estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las
pruebas de manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras
estructurales que enfrentan las víctimas para acceder a la verdad y a la justicia,
tales como las dificultades para obtener información veraz y desvirtuar, al
menos prima facie, las versiones oficiales de los hechos”.
98. En el caso concreto, se presentaron barreras de acceso relevantes,
puntualmente, aquellas referenciadas por la propia Corte interamericana de
derechos humanos relacionada con la falta de actividades estatales dirigidas a la
científica identificación de los restos humanos de las personas que fueron
inhumanas en el cementerio del sur de Bogotá, y que de manera deliberada se
incumplieron los protocolos para la disposición de las víctimas del holocausto. En
esa medida, la situación de las personas desaparecidas forzadamente y dadas por
desaparecidas tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana para que iniciaran las
actividades de inhumación e identificación de los restos óseos. Esa barrera de
acceso fue soslayada por el Tribunal impugnado.
99. Por lo anterior, se ampararán los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Benjamín
de la Rosa Rodríguez, Alberto Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Alejandro Gutiérrez
de Piñeres de la Rosa, Carlos José Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Pedro Manuel
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Ricardo Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Adriana
Paola Gutiérrez de Piñeres Almendrales, José Fernando Lozano Gutiérrez de
Pineres y Antonio Lozano Sterling; en consecuencia, se dejará sin efectos la
sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del radicado 11001-
33-43-058-2018-00185-01. Asimismo, se ordenará a la autoridad judicial accionada
que, dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de
esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo en la que aplique el
precedente interamericano, constitucional y contencioso administrativo pertinente,
en particular el contenido en la sentencia del 14 de noviembre de 2014 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, caso Rodríguez Vera y otros vs. Colombia;
en la sentencia del 13 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del radicado 25000-23-36-000-2018-
00254-01; y en la providencia SU-439 de 2024.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01467-00
Accionante: Rosa Linda Gutiérrez Piñeres de la Rosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera Instancia
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Gladys
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa y Antonio Lozano Gutiérrez de Piñeres por las
razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Benjamín
de la Rosa Rodríguez, Alberto Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Alejandro Gutiérrez
de Piñeres de la Rosa, Carlos José Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Pedro Manuel
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Ricardo Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Adriana
Paola Gutiérrez de Piñeres Almendrales, José Fernando Lozano Gutiérrez de
Pineres y Antonio Lozano Sterling.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del radicado 11001-33-43-058-2018-00185-01. En
consecuencia, ORDENAR a dicha autoridad judicial que, dentro del término de
veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera un
fallo de reemplazo en el que aplique el precedente interamericano, constitucional y
contencioso administrativo pertinente, en particular, el contenido en: (i) la sentencia
del 14 de noviembre de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
caso Rodríguez Vera y otros vs. Colombia; (ii) la sentencia del 13 de septiembre de
2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del radicado 25000-23-36-000-2018-00254-01; y (iii) la Sentencia SU-439 de
2024.
CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio
más expedito.
QUINTO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.