Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06546-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06546-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06546-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTITRÉS (23) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06546-00 (10194)
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – causal prevista en el literal a y b
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003– Procede revisar las sentencias ejecutoriadas que
hayan decretado reconocimientos que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o
cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables - no se configuró.
Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
La recurrente plantea la configuración de las causales de revisión previstas en los
literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
I. A N T E C E D E N T E S
La sentencia objeto del recurso extraordinario
1. Corresponde a la decisión del 27 de octubre de 20221, mediante la cual la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, revocó el fallo que
negó las pretensiones de la demanda presentada por el señor Luis Arnovith Patiño
Jaramillo en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, y declaró la nulidad de
las Resoluciones 55697 del 12 de mayo de 2008 y 14073 del 21 de septiembre de
2010, proferidas por la Caja Nacional de Previsión Social, a través de las cuales se
le negó la pensión de jubilación, así como de las Resoluciones 37061 de 11 de
septiembre de 2015 y 52298 del 9 de diciembre de 2015, por medio de las que le
fue negado nuevamente dicho beneficio. A título de restablecimiento del derecho,
se ordenó a la UGPP reconocer la prestación en cuantía del 75% del promedio de
lo cotizado durante los últimos 10 años de servicio
2. La mencionada autoridad judicial adujo que la pensión de jubilación, está
regulada por el parágrafo 5° del artículo 2° de la Ley 860 de 2003 (aplicable para
los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de
detective agente, profesional o especializado), y se rige además por lo previsto en
el Decreto 1047 de 1978, el cual establece que los empleados que se desempeñen
1 Samai 22 del proceso número: 66001 23 33 000 2016 00142 01.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06546-00 (10194)
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
como dactiloscopistas en el DAS y hayan aprobado el curso de formación instituido
por dicha entidad, podrán pensionarse cuando (i) hayan laborado por 20 años
continuos o discontinuos a cualquier edad, o (ii) hayan laborado por un término no
inferior a 18 años continuos y tener cumplidos 50 años de edad, siempre que para
ese momento se encuentren vinculados.
3. Indicó el ad quem que el demandante acreditó haber laborado en el DAS por un
periodo de 18 años y 5 meses en los cargos señalados, por lo que, en principio,
sería beneficiario de la pensión de jubilación bajo la segunda hipótesis prevista en
la norma; sin embargo, no demostró que hubiere aprobado el curso de dactiloscopia
ni que se encontrara vinculado a la entidad al cumplir los 50 años de edad.
4.Frente a estas exigencias aparentemente no cumplidas, expuso que la
comprobación de haber realizado el curso de dactiloscopia en la entidad se subsana
en la medida que la normativa que contempla los requisitos para acceder a los
cargos 2 que el señor Patiño Jaramillo desempeñó en el DAS, le exigía haber
aprobado todas las materias teóricas y prácticas, así como asistir cumplidamente al
mismo; razón por la que estimó que debía darse por acreditado dicho requisito.
5. En relación con la exigencia de encontrarse vinculado a la entidad al momento
de cumplir la edad requerida por la norma en mención -50 años-, indicó que por vía
de la figura de excepción de inconstitucionalidad, debía apartarse de lo exigido en
el artículo 2° del Decreto 1047 de 1978, en tanto que tal exigencia era violatoria del
derecho a la igualdad, resultando desproporcionada su aplicación al caso que se
decidía, puesto que exigirle permanecer a estos servidores hasta los 50 años de
edad al servicio del DAS no era acorde con la finalidad de la norma y la misma
carece de efecto útil, toda vez que en virtud del Decreto 1550 de 1978, los
interesados en ingresar al DAS debían vincularse entre los 20 y 26 años de edad,
por lo que si un detective se vinculaba en la edad máxima posible de ingreso, al
cumplir los 18 años de servicio cumpliría apenas 44 años; de ahí que, no tiene
sentido que se le exigiera permanecer en la entidad hasta los 50 años, pues
superaría el tiempo de servicio contemplado en la norma.
6. Por tales razonamientos, la Sala concluyó que el demandante era beneficiario de
la pensión de jubilación bajo el régimen especial del DAS previsto en el artículo 2°
del Decreto 1047 de 1978.
7. En cuanto a la liquidación de la pensión, en virtud de la sentencia de unificación
de la Sección Segunda del Consejo de Estado3, consideró que debía calcularse el
ingreso base de liquidación con los últimos 10 años de servicio, teniendo en cuenta
como factores salariales la asignación básica y la bonificación por servicios
prestados, que de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y el artículo 2° de la
Ley 860 de 2003, son los que constituyen la base de cotización de pensión (sin tener
en cuenta la prima de riesgo, toda vez que esta constituyó factor salarial a partir de
2 Artículo 12 del Decreto 1550 de 1978, literal c del artículo 15 ibidem y el artículo 50 del Decreto 2147 de 1989.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, radicado
25000 23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014).
2
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
la Ley 860 de 2003 y el demandante se retiró en el año 2002). Indicó que se
encuentran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 11 de diciembre
de 2011 pues el beneficiario dejó transcurrir más de 3 años desde la fecha en que
se entendía causada la prestación (28 de febrero de 2011) y la petición
correspondiente en vía administrativa (11 de diciembre de 2014).
El recurso extraordinario de revisión y su trámite
8. En escrito presentado el 22 de septiembre de 20234, la UGPP interpuso recurso
extraordinario de revisión. Citó las causales consagradas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso, y, cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables.
9. Como sustento de la configuración de la causal b, la UGPP indicó que la Sección
Segunda del Consejo de Estado ordenó el reconocimiento pensional sin que el
sujeto beneficiario cumpliera los requisitos legales y jurisprudenciales aplicables al
asunto; así -indicó-, el ad quem, con sustento en la figura de excepción de
inconstitucionalidad, se apartó de lo estipulado por el legislador para concederle la
pensión al señor Patiño pese a que no se constató la vulneración de algún derecho
fundamental, ni como tampoco la contravención de la Constitución, razón por la que
no debía desconocer lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978.
10. Advirtió que dicha disposición normativa se ajusta a lo consagrado en el Acto
Legislativo 1 de 2005, el cual prevé que para adquirir el derecho a la pensión es
necesario cumplir con la edad, tiempo de servicio, semanas de cotización, así como
todas las demás condiciones que señala la ley, de ahí que lo preceptuado en la
norma aludida, integra las condiciones establecidas por el legislador, pues se erige
como un requisito imperativo para conceder el beneficio pensional de cara a lo
estipulado en el Acto Legislativo referido -norma de rango constitucional, cuya
aplicación no admite excepciones-.
11. Como sustento de la posición jurídica expuesta, citó la sentencia proferida por la
Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado, bajo radicado 11001-03-
15-000-2020-04294-00, mediante la cual, con fundamento en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, se infirmó la sentencia allí cuestionada, en tanto que la
providencia objeto de censura ordenó un reconocimiento pensional en cuantía
superior a la que ordenaban las normas jurídicas aplicables al caso. En suma, el
recurrente citó el artículo 4° Superior, tras estimar que en virtud de dicho precepto,
las normas de rango inferior solo gozan de validez formal y material en la medida
que estén sujetas a las directrices señaladas por la Constitución, de ahí que
incumba al Estado garantizar que los recursos destinados a la seguridad social
sean gestionados eficientemente y en concordancia con la norma superior.
4 Samai 2.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06546-00 (10194)
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12. Mediante auto de 18 de enero de 2024, el despacho admitió la demanda y ordenó
notificar personalmente a la contraparte, al Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el mismo proveído, atendiendo a la
solicitud probatoria formulada en el recurso, se ofició al Tribunal Administrativo de
Risaralda, para que remitiera copia digital del expediente radicado número 66001-
23-33-000-2016-00142-01.
13. El señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado guardaron silencio.
14. Mediante concepto presentado el 2 de febrero del presente año, el Ministerio
Público solicitó declarar infundado el presente recurso extraordinario de revisión,
por cuanto no se sustentaron las causales invocadas; tampoco es posible
considerar que la Sección Segunda del Consejo de Estado haya vulnerado el debido
proceso al hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, ni haya reconocido
una pensión que excediera la cuantía debida.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
15. No existiendo razones o motivos que conduzcan a adoptar una medida de
saneamiento, procede la Sala a resolver el recurso indicado.
16. En el sub examine, la Sala acompaña el concepto emitido por el señor agente
del Ministerio Público, a la vez que no están acreditados los supuestos para la
configuración de las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, conforme pasa a indicarse a continuación.
17. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que la acción de revisión procede
cuando en una providencia judicial se haya impuesto el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público y se advierta que el mismo (a) se efectuó con
violación al debido proceso o (b) la cuantía reconocida exceda el monto debido.
18. El debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es un
derecho fundamental de las partes y terceros interesados en una actuación judicial
o administrativa, cuya transgresión se materializa en el desconocimiento de los
núcleos esenciales que lo componen -el derecho al juez natural, a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento y las garantías de audiencia y
defensa 5 -. Frente a la prosperidad de la configuración de dicha causal, esta
5 El derecho al debido proceso ha sido entendido por el máximo tribunal de lo constitucional como: “[…] el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del
individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El
derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y
autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de
jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como
el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la ley; (iii) [e]l derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo
y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
4
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Corporación ha indicado que depende de probar las circunstancias que
contravinieron cada uno de los componentes que informan ese derecho
fundamental con repercusión directa en el reconocimiento de dicha prestación6.
19. Bajo tales parámetros, la Sala constata que el recurrente no señaló ninguna
falencia dirigida a comprobar una posible vulneración al debido proceso, ni allegó
las pruebas que dieran cuenta que esta Corporación en sentencia del 27 de octubre
de 2022 transgredió el núcleo esencial del mismo. Lo anterior, en tanto que el
señalamiento que se efectuó en relación con el uso de la figura de excepción por
inconstitucionalidad en el caso concreto, no involucró ni comprometió la garantía
del derecho fundamental aludido.
20. A manera de precisión, la Sala pone de presente que la excepción de
inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, es una
figura que sustancialmente tiene por finalidad la efectividad del artículo 4° Superior,
esto es, garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales y los postulados
consagrados en la Constitución Política. De ahí que ante cualquier incompatibilidad
entre la Constitución y alguna norma jurídica en la resolución de un caso particular,
el juez podrá apartarse de dicha disposición para darle prelación a lo previsto en el
mandato superior.
21. Frente al uso de la misma, la Corte explicó que dicho control (i) podía
ejercerse a solicitud de parte o ex officio por el juez o una autoridad administrativa,
(ii) debe exponerse que dicha norma aplicable al caso contraviene la Constitución,
y (iii) siempre deberá destacarse que esa norma legal o reglamentaria es
incompatible únicamente en el caso concreto, pues la misma no debe darse por
inválida ni extraída del ordenamiento jurídico, toda vez que sus efectos son inter
partes7.
22. La sentencia que se cuestiona optó por inaplicar un aparte del artículo 2° del
Decreto 1047 de 1978, porque vulneraba los derechos fundamentales a la igualdad
y favorabilidad, en la medida en que el requisito de permanecer vinculado al DAS
al momento de cumplir la edad exigida en la norma -50 años-, menoscaba a quienes
acreditaran el tiempo de servicio -18 años-, pues para ese momento, máximo
lograrían cumplir 44 años de edad, teniendo en cuenta que una persona podía
vincularse al DAS hasta los 26 años, de conformidad con el Decreto 1550 de 1978.
23. Adicionalmente, destacó que dicha disposición normativa tenía como
finalidad generar beneficios y flexibilizar los requisitos para quienes hayan
acumulado un tiempo considerable de servicio como funcionario del DAS, razón por
intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo
cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la
Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y
al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán
decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados
ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas”.
6 Sala Especial de Decisión 27, sentencia de 14 de abril de 2021, MP: Rocío Araujo Oñate, radicado número:
11001-03-15-000-2020-04015-00. Sala Especial de Decisión 9, sentencia de 2 septiembre de 2020, MP: Gabriel
Valbuena Hernández, radicado número: 11001-03-15-000-2018-01942-00.
7 Corte Constitucional, sentencia C-122 de 1 de marzo de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06546-00 (10194)
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
la que entender que debían permanecer vinculados a dicha entidad hasta sus 50
años, no resultaría acorde con tal propósito, en tanto que darle aplicación literal a
la norma supondrían cargas mayores, e inclusive, de imposible cumplimiento, de
ahí que perdería su efecto útil y contravendría su propósito -flexibilizar los requisitos
para adquirir el estatus de pensionado-.
24. En síntesis, la Sala consideró que si bien la norma aplicable consagra que
debía acreditarse estar vinculado al DAS al cumplir la edad de 50 años para
configurar el beneficio de la prestación bajo esta hipótesis, lo cierto es que no era
necesario el cumplimiento de dicha edad en vigencia del vínculo legal y
reglamentario, so pena de resultar vulneratorio del derecho a la igualdad, y además
desproporcionado frente a la situación de quienes si lograban acreditar los 20 años
de servicio, a los cuales no se les impone tal requisito.
25. La interpretación dada a la mencionada disposición normativa por el ad
quem, con miras a inaplicarla, no implica el desconocimiento de alguna de las
garantías que contempla el debido proceso, relativas a la competencia del juez, el
respeto de las formalidades propias del juicio y la aplicación de las leyes previas o
aplicables a la solución del caso materia de litigio. Y, en este contexto, bien por el
contrario, debe destacarse que los jueces de instancia cuentan con autonomía legal
y constitucional para aplicar e interpretar las normas en virtud del principio de
independencia judicial. De aquí que en el marco de realización de los derechos de
los administrados, los jueces puedan optar por acudir a un control de
constitucionalidad de las normas que por vía general estarían llamadas a ser
aplicadas para resolver el asunto con prescindencia de ellas y en tanto se esté
frente a las exigencias que la misma norma constitucional indica -art 4 CP-.
26. En cuanto a la hipótesis del recuso encaminada a acreditar la configuración
de las causales de revisión soportada en la sentencia proferida por la Sala Doce
Especial de Decisión del Consejo de Estado, bajo radicado 11001-03-15-000-2020-
04294-00, mediante la cual se infirmó una sentencia por encontrar acreditado un
reconocimiento pensional en cuantía superior a la que ordenaban las normas
jurídicas aplicables al caso; se advierte que tal proveído no guarda relación fáctica
ni jurídica con el conflicto aquí propuesto. En tal caso se determinó que no debe
efectuarse un reajuste de una mesada pensional de cara a evitar un doble pago por
el mismo concepto a cargo del erario público8.
27. Finalmente, de cara a la verificación de la posible configuración de la causal de
revisión prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, destaca la Sala
que el recurrente solo la enunció, y ni siquiera cuestionó la cuantía reconocida al
pensionado, por lo que atendiendo a la garantía de certeza, seguridad jurídica,
8 Se expuso en dicha decisión: “El recurso se dirige a obtener que se infirmen las sentencias por las cuales se
ordenó reliquidar la pensión de sobreviviente de la señora Graciela Palomeque de Robledo para los años 1993
y 1994 (en aplicación del artículo 116 de la Ley 6 de 1992), con sustento en la causal prevista en la Ley 797 de
2003 consistente en haberse reconocido el derecho en exceso de la cuantía que legalmente correspondía, por
estimar que el reajuste ordenado ya había sido realizado de oficio por CAJANAL a la pensión de jubilación del
causante en las respectivas anualidades (1993 y 1994), por lo cual el fallo cuestionado generó un doble
reconocimiento y pago en favor de la pensionada, contrario a la ley.
“(…) se centra en determinar si se reconoció doblemente el mismo reajuste pensional.”
6
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
estabilidad y respeto a los derechos adquiridos que frente a las relaciones jurídicas
implica la cosa juzgada de la sentencia cuya revisión se solicita, no resulta
procedente revisar de manera oficiosa si la misma incurrió en un monto
desproporcionado de acuerdo a la normativa aplicable9. De cualquier manera, la
Sala descarta considerar la hipótesis que parecería pretender configurar la UGPP,
en el entendido de que el reconocimiento del beneficio pensional antes de cumplir
la edad exigida en la norma que se inaplica, conllevaría a un reconocimiento por un
monto superior al debido, aspecto que sin mayores consideraciones no puede
encuadrase en la hipótesis referida, circunscrita de manera restricta a la cuantía de
la pensión que se cuestiona.
28. Por lo anterior,el recurso no está llamado a prosperar, en tanto que no se
desconoció ningún presupuesto del derecho fundamental al debido proceso, y el
recurrente ni siquiera cuestionó la cuantía de la pensión allí reconocida.
Condena en costas
29. Como el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el demandante se
resolvió de manera desfavorable, en principio correspondería condenar en costas
al recurrente, de conformidad con el artículo 255 del CPACA; sin embargo, en la
medida en que la contraparte no intervino ni constituyó apoderado, se advierte que
no se encontraron causadas las agencias en derecho ni las expensas del proceso,
por tanto, la Sala se abstendrá de imponer una condena en tal sentido10.
III. PARTE RESOLUTIVA
30. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en contra la sentencia
proferida el 27 de octubre de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
99 De conformidad con la sentencia de unificación de 28 de julio de 2022 (radicado 25000 23 42 000 2013 02380
01), la cuantía de la pensión debe ser equivalente al 75% del promedio de los salarios percibidos (incluyendo
todos los factores salariales y todas las primas de cualquier especie, -en cuanto a la prima de riesgo, se incluirá
siempre que se efectuaran aportes al sistema de seguridad social por dicho concepto-) en todo el tiempo del
servicio o en los últimos años de servicio, en virtud del artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el
promedio del salario devengado y demás factores percibidos durante todo el tiempo de servicio (actualizado
anualmente con base al IPC) cuando le falten menos de diez años para adquirir el derecho a la pensión, o, con
el promedio de lo cotizado durante los últimos diez años (actualizado anualmente con base al IPC), cuando le
falten más de diez años para pensionarse.
10 En concordancia con el artículo 365 del C.G.P.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06546-00 (10194)
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
TERCERO: ARCHIVAR el presente asunto y dejar las constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Ausente con permiso
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Ausente con permiso
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
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