Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06549-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06549-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06549-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
1 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., primero (01) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06549-01
Demandante: Fundación Berta Arias de Botero
Demandado: Sala Decimoséptima Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
INMEDIATEZ – No se presentó la demanda en un término razonable
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la Fundación Berta Arias
de Botero en contra de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2023, por la
Sección Quinta1 del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió declarar
improcedente la acción de tutela por no encontrar superado el requisito general de
procedibilidad de inmediatez.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 24 de octubre de 2023, la Fundación Berta Arias de Botero instauró demanda
de tutela en contra de la Sala Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado2,
con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia3 del 26 de enero de 20234.
2.- A través de dicha providencia se declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión5, interpuesto en contra del auto del 26 de noviembre de 20186, proferido por
la Sección Primera del Consejo de Estado, en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 7 . Tal recurso fue interpuesto por los accionantes
1 Conformada por los Magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil y Omar Joaquín Barreto Suárez, y el Conjuez Álvaro
Andrés Motta Navas.
2 Conformada por los Magistrados Jaime Enrique Rodríguez Navas, Gabriel Valbuena Hernández, Luis Alberto
Álvarez Parra y Milton Chaves García (E).
3 También solicitó “(…) 1.3. Que se declare la excepción de inconstitucionalidad con el objeto de que, para el
presente proceso, se inaplique el numeral 2 del artículo 247 del COPACA por resultar frontalmente violatorio de
las normas constitucionales citadas y en su lugar se aplique de preferencia el Numeral 4 de la misma norma.
1.4. Que se declare la nulidad de la Sentencia expedida por el Consejo de Estado el 26 de noviembre de 2018.
1.5. Que en su lugar se señale el término para presentar alegatos de conclusión.”
4 Notificada el 3 de febrero de 2023.
5 Radicado 11001-03-15-000-2019-04168-00.
6 A través de dicha providencia se confirmó la decisión de declarar probada la excepción de inepta demanda.
7 Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con número de radicado 05001-23-
33-2016-01408-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06549-01
Demandante: Fundación Berta Arias de Botero
Demandado: Sala Decimoséptima Especial de
Decisión – Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
alegando la pretermisión de la etapa de alegatos en el citado proceso. El análisis
adelantado en la providencia llevó a la autoridad judicial a concluir que habida cuenta
de que en la audiencia inicial se declaró probada la excepción de inepta demanda y
dicha decisión fue confirmada en sede de apelación, no había lugar a que se surtiera
la etapa de alegatos, y en esa medida no se configuró la causal de nulidad prevista
en el artículo 133.6 CGP.
3.- En su escrito de tutela la accionante indica que la Sala Diecisiete Especial de
Decisión del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, derecho a la defensa y acceso a la administración de justicia, pues al
resolver el recurso extraordinario, no tuvo en cuenta los asuntos planteados en la
demanda, por lo que la motivación resultó sustancialmente incompleta y falsa. Adujo
que la providencia censurada incurrió en vulneración al debido proceso, por cuanto
no se analizó la infracción de los derechos originada en el trámite del proceso
ordinario, en la medida que se asumió que la decisión debía proferirse de plano, lo
cual resulta absolutamente contrario al derecho de defensa y al debido proceso.
B. Sentencia de primera instancia
4.- Mediante providencia del 7 de diciembre de 2023, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela formulada por incumplimiento del
requisito de inmediatez. Al respecto, afirmó que el proveído cuestionado fue proferido
el 26 de enero de 2023 y notificado a las partes el 3 de febrero siguiente, a través de
correo electrónico. Por tanto, en consideración a lo dispuesto en el ordinal 2 del
artículo 205 del CPACA, la notificación se surtió debidamente el 7 de febrero de
2023, por lo que la decisión quedó ejecutoriada el 10 de febrero del mismo año. De
ahí que, como la radicación de la acción de tutela ocurrió el 24 de octubre de 2023,
es decir, transcurridos más de ocho meses desde la ejecutoria de la sentencia
reprochada, la acción tuitiva se promovió por fuera del término razonable.
C. La impugnación8
5.- Inconforme con la providencia anterior, la parte actora presentó escrito de
impugnación en el cual reiteró los argumentos de la demanda y manifestó que si la
ley no puede establecer términos de caducidad, por cuanto el artículo 86 de la
Constitución Política había establecido imperativamente que las acciones de tutela
podrían presentarse en todo momento, “mucho menos las sentencias podrían
establecer términos como el de 6 meses”.
6.- Agregó que en Colombia existe la separación de poderes, por lo que “una
sentencia no puede usurpar la competencia del Congreso para expedir actos
legislativos, (…) por lo que se requeriría no una sentencia, sino un acto legislativo
8 Intervención digital contenida en 12 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06549-01
Demandante: Fundación Berta Arias de Botero
Demandado: Sala Decimoséptima Especial de
Decisión – Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
expedido por el Congreso reformando la Constitución, para establecer un término de
caducidad”. De modo que, si el Consejo de Estado no estaba conforme con el
mandato contenido en el artículo 86 de la Constitución Política, “bien podría haber
procedido [a] ejercer la iniciativa para presentar proyectos de acto legislativo (…)”.
II. - C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
7.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19919
E. Análisis del caso concreto
8.- De entrada, se advierte que en este caso no se cumple el requisito general de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial referente a la
inmediatez, conclusión que no varía de cara a los elementos que la actora presenta
en su escrito de impugnación.
9.- La jurisprudencia ha definido que el plazo oportuno o razonable para presentar la
acción de tutela contra providencias judiciales es de 6 meses contados desde la
notificación de la decisión que se cuestiona, por cuanto es a partir del conocimiento
del proveído que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales 10 . De igual forma, esta Sala ha expresado que excepcionalmente
procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión11, en
los casos en que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo,
como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o,
incluso, un incidente de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente
improcedentes, pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas
solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela
y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.
9 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
10 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente
110010315000201803905-01.
11 El artículo 302 del Código General del Proceso establece que “Las providencias proferidas en audiencia
adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante,
cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta
la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que
fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06549-01
Demandante: Fundación Berta Arias de Botero
Demandado: Sala Decimoséptima Especial de
Decisión – Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
10.- La Sala encuentra que la providencia del 26 de enero de 202312 fue enviada a
las partes por correo electrónico el viernes 3 de febrero siguiente13, por lo que de
conformidad con el inciso 3º del artículo 8° de la Ley 2213 de 202214 la sentencia se
entiende notificada el 7 de febrero de 2023. No obstante, la demanda de tutela se
presentó por la ventanilla virtual del Consejo de Estado el 24 de octubre de 202315,
es decir, superado el término de seis meses establecido en la jurisprudencia
unificada, pacífica y reiterada de esta Corporación 16 . Contra esa decisión no se
presentó ninguna solicitud adicional que tuviera la entidad de suspender el término
de ejecutoria o incidir decisivamente en el sentido del fallo.
11.- Así las cosas, cuando la parte actora acude al juez constitucional tiempo
después de haberse presentado la acción u omisión que estima vulneratoria de sus
derechos fundamentales, se desvirtúa el carácter urgente de la acción de tutela, que
impide con ello que el juzgador adopte una decisión que asegure la protección
inmediata de las prerrogativas iusfundamentales invocadas. Esta premisa obra sin
perjuicio de los eventos que evidencien que debe considerarse un término distinto,
sobre la base de la acreditación de que el sujeto afectado no pudo acudir en tiempo
ante la autoridad judicial.
12.- En cuanto a las objeciones planteadas en la impugnación relativas a este
presupuesto de procedencia, la Corte Constitucional 17 determinó que, si bien es
cierto que el artículo 8618 de la Constitución Política prevé que la acción de tutela se
podrá presentar “en todo momento y lugar” y no hace expreso un término de
caducidad, no puede obviarse que es consustancial a su propia naturaleza que se
trata de “(…) un mecanismo para la ‘protección inmediata’ de los derechos
fundamentales” cuya “finalidad es la de dar una solución de carácter urgente a las
situaciones que tengan la potencialidad de generar una vulneración o amenaza a
derechos fundamentales.” (resaltado propio)19.
12 Obrante a índice 48 del aplicativo Samai contentivo del proceso con número de radicado 11001-03-15-000-
2019-04168-00
13 Íbidem, índice 51.
14 “Artículo 8° - Notificaciones Personales: (…) la notificación personal se entenderá realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el
iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje”.
Ver Consejo de Estado, Auto de unificación jurisprudencial del 29 de noviembre de 2022, Exp. 68001-23-33-000-
2013-00735-02 (68177).
15 Índice 02, Samai.
16 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
17 En Sentencia SU-108 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”
19 Ibidem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06549-01
Demandante: Fundación Berta Arias de Botero
Demandado: Sala Decimoséptima Especial de
Decisión – Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
13.- De acuerdo con la precisión anterior, la Corte es enfática en reiterar que debe
existir una correlación entre el requisito general de inmediatez de la acción tuitiva y
el deber de promover la misma en un término “razonable y proporcionado”, y al
respecto ha señalado que el término “superior a seis (6) meses para interponer la
acción no se considera razonable salvo que haya justificación para la inactividad del
accionante”20.
14.- Por tanto, la solicitud de amparo debe ser formulada dentro de un término
razonable considerando el punto de partida en que se ocasionó el hecho o la omisión
que generó la vulneración de las prerrogativas iusfundamentales alegadas. Dicha
razonabilidad deberá ser determinada por el juez constitucional de acuerdo con las
circunstancias de cada caso en concreto y, en el evento en que exista tardanza en
el ejercicio de la acción, el accionante deberá: (i) exponer las razones que convaliden
la demora en la interposición de la misma, (ii) que a pesar del paso del tiempo la
lesión o amenaza de sus derechos continúa vigente; y, (iii) demostrar que la
presentación de la acción en el término razonable es desproporcionado, ante las
condiciones de debilidad manifiesta del actor. Superado lo anterior, el amparo será
procedente.
15.- Se evidencia que la parte actora no justificó la razón por la cual transcurrió ese
lapso, que de ordinario se considera inusual en materia de la acción de tutela 21, ni
manifestó razón alguna que justificara con suficiencia la imposibilidad de interponer
la acción tuitiva dentro de un plazo que fuera acorde a la urgencia o a la necesidad
de protección inmediata de los derechos que consideró vulnerados; sumado a lo
cual, la parte actora obró mediante apoderado judicial en el proceso contencioso y
se enteró sin dilación alguna del resultado del mismo, por lo que no existe razón que
justifique la demora en haber presentado la acción constitucional.
16.- En razón de lo anterior se confirmará la decisión de primera instancia.
17.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2023, por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar
21 Ídem
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06549-01
Demandante: Fundación Berta Arias de Botero
Demandado: Sala Decimoséptima Especial de
Decisión – Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE22
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
22 VF
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