Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06573-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06573-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06573-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06573-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
16 de noviembre de 2023
Demandante: Luz Mery Tamayo Restrepo
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06573-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06573-00
Demandante: LUZ MERY TAMAYO RESTREPO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición ante
autoridades judiciales – niega amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela presentada por la señora
Luz Mery Tamayo Restrepo contra la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado y su secretaría.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Luz Mery Tamayo Restrepo presentó acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A y su secretaría. Con la solicitud de amparo
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia1.
2. La accionante consideró que las garantías previamente mencionadas se
vieron vulneradas debido a la falta de respuesta de fondo a una solicitud que envió
por correo electrónico el 21 de octubre de 2023 a la dirección
ces2secr@cosejodeestado.gov.co. En este correo, solicitó a la Sección Segunda
del Consejo de Estado que le proporcionara una copia del expediente digital
relacionado con el proceso ejecutivo identificado con el número de radicado 05001-
23-33-000-2017-00486-01, en el cual actuaba como demandante. La petición hizo
especial énfasis en obtener una copia del poder que está siendo utilizado por su
apoderado.
1
El escrito fue radicado el 25 de octubre de 2023 ante el buzón web de la Secretaría General del
Consejo de Estado.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luz Mery Tamayo Restrepo
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06573-00
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la demandante solicitó:
1. Se tutele mi derecho fundamental a que se me dé una respuesta de fondo,
coherente y congruente con lo pedido.
2. Se tutele mi derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.
3. Como consecuencia, se ordene a la SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE
ESTADO darme respuesta en debida forma adjuntando lo pedido.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia2:
4. El 21 de octubre de 2023, la accionante remitió a la Secretaría de la Sección
Segunda del Consejo de Estado una petición en la que, en esencia, solicitaba lo
siguiente:
• El envío del expediente digital correspondiente al proceso ejecutivo número
05001-23-33-000-2017-00486-01 a su correo electrónico.
• En el evento en que se dificultara la remisión de dicho expediente, solicitó,
cuando menos, el envío de una copia del poder con fundamento en el cual
actuaba el abogado que fungía como su representante judicial en el proceso.
5. En la referida solicitud, afirmó tener 73 años y convivir sola con dos jóvenes
con necesidades especiales bajo su cuidado, por lo que se le dificultaba desplazarse
a Bogotá para consultar presencialmente el expediente. Así mismo, indicó que en
14 años no ha sido contactada por su abogado y que tampoco había tenido
conocimiento de que el proceso se encontraba agotando esta instancia ante esta
corporación, hecho que conoció porque un amigo suyo tuvo noticia de la existencia
del proceso en la página de la Rama Judicial.
6. Adicionalmente, manifestó no tener presente la identidad del referido
profesional del derecho, pues sostuvo que cuando trabajaba en la entidad
accionada en el proceso mencionado acudían allí muchos abogados que les
brindaban asesorías y les hacían firmar documentos que no recuerda con exactitud.
Por tanto, elevó la petición en comento con el objeto de hacer valer sus derechos
en el proceso y contar con la información de contacto del abogado que la
representa, con el objeto de solicitarle un informe sobre sus actividades.
2
Este apartado se desarrolla a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y los elementos de
convicción que obran en el expediente.
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luz Mery Tamayo Restrepo
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06573-00
7. Informó que el 24 de octubre de 2023 recibió una respuesta por parte de la
Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que le fue remitido
«un link para consultar algunos memoriales y actuaciones del proceso, en el cual
no se observa el expediente de primera instancia y tampoco ninguno de los
documentos que» solicitó de manera específica. Adicionalmente, se le indicó que,
de requerir el expediente, debía acudir presencialmente a la sede de la corporación
en Bogotá.
1.4. Fundamentos de la solicitud
8. La accionante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales de
petición, de acceso a la administración justicia y al debido proceso con ocasión de
la respuesta a la solicitud radicada el 21 de octubre de 2023, por cuanto considera
que no satisface lo requerido en dicha oportunidad.
1.5. Trámite de la acción de tutela
9. Mediante auto del 27 de octubre de 2023, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y a la Secretaría de la Sección
Segunda de esta corporación.
1.6. Intervenciones
10. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:
1.6.1. Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado
11. El 1 de noviembre de 2023, la Secretaría de la Sección Segunda de esta
corporación rindió informe en el que indicó que, en respuesta a lo solicitado por la
demandante, se efectuaron las siguientes gestiones:
• Se envió a su dirección electrónica el enlace correspondiente al expediente
digital del proceso, acompañado del paso a paso que indicaba la manera de
acceder a los documentos que lo integran. Así mismo, se le comunicó el
horario de atención presencial y el apoyo que presta la secretaría a los
usuarios que presentan dificultades para acceder a tales elementos.
• Se le indicó que, para el caso de los expedientes no digitalizados, era
necesario sufragar el costo de la reproducción de copias y, además, se
trasladó la solicitud al personal encargado de expedirlas, para que ubicaran
el expediente e informaran el valor correspondiente a la demandante. Dicho
monto se comunicó a la señora Tamayo Restrepo mediante correo
electrónico del 27 de octubre de 2023.
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luz Mery Tamayo Restrepo
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06573-00
• El 1 de noviembre de 2023 se remitió un nuevo correo electrónico a la
accionante, al cual se adjuntaron el poder presentado por su abogado y la
demanda radicada por dicho profesional. En la comunicación se le indicó que
en este último documento podía acceder a la información de contacto del
profesional del derecho.
12. Por lo expuesto, afirmó no haber vulnerado el derecho fundamental de
petición de la demandante y sostuvo que el costo informado respecto de la
expedición de copias corresponde al arancel judicial fijado por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo CSJA21-11830 del 17 de agosto de 2021.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
13. Mediante escrito del 1 de noviembre de 2023, el magistrado ponente del
proceso ejecutivo en cuestión 3 dio respuesta a lo afirmado por la parte actora e
indicó no haber tenido conocimiento de la solicitud en comento. Así mismo, sostuvo
que aún no se habían cumplido los términos establecidos para dar respuesta a la
petición y que, en todo caso, el 27 de octubre de 2023 se informó a la demandante
el costo correspondiente a la expedición de copias del expediente en cuestión.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
14. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por la señora Luz Mery Tamayo Restrepo. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
15. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
16. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
señora Luz Mery Tamayo Restrepo se encuentra legitimada en la causa por activa,
porque radicó la petición enviada el 21 de octubre de 2023 a la Secretaría de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
17. Por otro lado, se observa que la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado y su Secretaría se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, en
3
Doctor Gabriel Valbuena Hernández.
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luz Mery Tamayo Restrepo
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06573-00
atención a que a ellas se atribuye la presunta falta de una respuesta satisfactoria a
la petición efectuada por la tutelante.
2.3. Problema jurídico y metodología de la decisión
18. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
• ¿La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y su
secretaría vulneraron los derechos fundamentales de petición,
debido proceso y acceso a la justicia de la señora Luz Mery Tamayo
Restrepo al no resolver de fondo la petición por ella presentada el 21
de octubre de 2023?
2.4. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; y (iii) análisis del
caso concreto.
2.5. Naturaleza de la acción de tutela
19. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
20. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
2.6. Derecho de petición
21. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución»4. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
22. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establec ido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
4
Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luz Mery Tamayo Restrepo
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06573-00
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»5.
23. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el periodo en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del plazo será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
24. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada» 6.
25. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»7.
26. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional:
(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada 8.
27. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:
…[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos
5
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
6
Sentencia T-149 de 2013.
7
Ibídem.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luz Mery Tamayo Restrepo
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06573-00
a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su
contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad
cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia
propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de
manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia
entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y
d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de
que su sentido sea positivo o negativo9.
28. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
29. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la
solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o
no del derecho subjetivo.
2.7. Derecho de petición en actuaciones judiciales
30. No puede perderse de vista que tanto la Corte Constitucional 10, como esta
Corporación 11 de manera reiterada han señalado que las solicitudes presentadas
en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance diferente a las del derecho
de petición, lo que implica ciertas limitaciones. Por ello, se ha especificado que
deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, de la siguiente
manera:
(i) Las referidas al contenido mismo de la litis, que por tal razón se encuentran
reguladas dentro de una codificación y tienen su procedimiento respectivo,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para el efecto; y
(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-161 de 2011.
10
Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
11
Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de 13
de julio de 2017. MP: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. MP. Alberto Yepes
Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00 y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
25 de abril de 2019, radicación Nº11001-03-15-000-2019-00971-00 MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 15 de agosto de 2019 proferida dentro del expediente 11001-03-15-000-2019-03399-
00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luz Mery Tamayo Restrepo
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06573-00
31. En el mismo sentido, el Máximo Tribunal Constitucional indicó que «[e]l
derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para
solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta
es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de
acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición».
32. En otras palabras, si bien es posible presentar peticiones ante las autoridades
judiciales, para que esta se entienda ejercida en el marco del derecho de petición
es necesario que no recaiga sobre los procesos judiciales que el funcionario
adelanta. En caso de que ello sea así, tales peticiones deben entenderse como
memoriales radicados en el proceso, y que, por consiguiente, se rigen por la
normatividad aplicable a la Litis 12.
33. Lo anterior significa que «no es dado a las personas afirmar que los jueces
vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a obtener
la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar el derecho
al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los
parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las
reglas correspondientes al trámite de un determinado proceso judicial13».
2.8. Caso concreto
34. En relación con lo indicado en el escrito de tutela, la Sala encuentra que, si
bien se invocaron varios derechos fundamentales, la controversia gira realmente en
torno a una presunta vulneración del derecho fundamental de petición. Sobre el
particular, se tiene por acreditado que el 21 de octubre de 2023, la accionante
radicó ante la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado una petición
en la que, en esencia, se solicitaba lo siguiente:
• El envío del expediente digital correspondiente al proceso ejecutivo número
05001-23-33-000-2017-00486-01 a su correo electrónico.
• En el evento en que se dificultara la remisión de dicho expediente, solicitó,
cuando menos, el envío de una copia del poder con fundamento en el cual
actuaba el abogado que fungía como su representante judicial en el proceso.
35. Por su parte, la Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación probó
haber dado respuesta a lo allí requerido de la siguiente manera:
• El 24 de octubre de 2023 se remitió un correo electrónico a la demandante,
en el que se incluyó el enlace de acceso al expediente digital número 05001-
23-33-000-2017-00486-01, junto a la información sobre los pasos que debían
seguirse para acceder a los documentos que integran dicho proceso.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2016.
13
Ibídem.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luz Mery Tamayo Restrepo
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06573-00
Adicionalmente, se le informó que, si el expediente no se encontraba
digitalizado, debía sufragarse el costo de la expedición de copias c onforme
a las tarifas fijadas para el efecto en el Acuerdo CSJA21-11830 del 17 de
agosto de 2021.
• El 27 de octubre de 2023 se envió una nueva comunicación por el mismo
medio, en la cual se le informó a la accionante que el costo de expedición de
las copias solicitadas ascendía a $85.000, en atención a los 340 folios que
integraban el plenario.
• El 1 de noviembre de 2023, se remitió un nuevo correo electrónico a la
señora Tamayo Restrepo al que se adjuntó el poder con el que había actuado
quien representaba judicialmente sus intereses en el proceso, así como la
demanda presentada por dicho profesional, documento en el cual se le indicó
que podría acceder a su información de contacto.
36. Cabe indicar que en el presente caso la solicitud presentada por la
demandante se refiere a la expedición de copia del expediente, aspecto que
conforme al artículo 114.1 del Código General del Proceso corresponde a una
actuación que puede realizarse directamente ante la secretaría del organismo
judicial correspondiente sin que se requiera un auto que las apruebe; y que dicha
petición tenía como objetivo principal el acceso a los datos de contacto de quien
funge como su apoderado en el expediente en mención.
37. Así, del anterior recuento probatorio, la Sala evidencia que a la accionante
se le brindó una respuesta definitiva y de fondo al requerimiento realizado por ella
el 21 de octubre de 2023. También, se encuentra probado que los tres correos
electrónicos enviados a la peticionaria fueron remitidos antes del 3 de noviembre
de 2023, fecha en que concluiría el término de diez días contemplado en el artículo
14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), subrogado por la Ley 1755 de 2015, para el trámite de solicitudes de
información y documentos como la presentada por la demandante.
38. Así las cosas, esta Sección evidencia que no le asiste razón a la parte
accionante. Esto, porque contrario a lo mencionado en el escrito de tutela, la
Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado sí le garantizó el acceso
a la información correspondiente al proceso ejecutivo 05001-23-33-000-2017-
00486-01 y, en específico, al poder y la demanda presentados por quien funge como
su representante judicial en el referido expediente, pieza procesal en donde se
encuentra la información de contacto de este profesional.
39. Desde esta perspectiva, esta Sección considera que los argumentos que
fundamentan la presente acción de amparo carecen de vocación de prosperidad
porque, en efecto, la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado sí
dio una respuesta de fondo, concreta, congruente y oportuna a la accionante, por
medio de los correos electrónicos que le fueron remitidos los días 24 y 27 de octubre
y 1 de noviembre de 2023.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luz Mery Tamayo Restrepo
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06573-00
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo por la presunta vulneración del derecho
de petición presentada por la señora Luz Mery Tamayo Restrepo contra la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y su Secretaría.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.