Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06622-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06622-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06622-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
12 de enero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06622-00
Accionante: Fernando Chico Guarín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., doce (12) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2023-06622-00
Accionante: Fernando Chico Guarín
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela contra providencia judicial
Subtema 1: requisitos de inmediatez y subsidiariedad
Subtema 2: proceso ejecutivo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela que presentó Fernando
Chico Guarín en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos y argumentos de la tutela
Fernando Chico Guarín presentó escrito en ejercicio de la acción de tutela, en contra
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en el que indicó como pretensión que el juez
constitucional ordene a estas entidades darle “un tratamiento igual para efectos de la
pensión gracia”.
Como fundamento de su solicitud, el señor Chico Guarín indicó que laboró como
docente desde 1977 hasta el 2013 y, en consecuencia, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, y expuso normas y sentencias
relacionadas con la materia. No obstante, no explicó, de manera concreta, en qué
acciones u omisiones incurrió la UGPP o el Consejo de Estado, que vulneraran sus
derechos fundamentales. De otra parte, no prestó juramento conforme a lo dispuesto
en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
1.2. Trámite de tutela
1.2.1. El despacho del magistrado ponente, en auto del 30 de octubre de 20231,
requirió a la parte accionante que corrigiera la solicitud de amparo, en el sentido de
precisar de forma clara, sucinta y específica, cuál es la acción u omisión en que
incurrió cada una de las autoridades accionadas y que afectaron sus derechos
fundamentales, y cuáles son las pretensiones concretas frente a cada una de estas.
1 Ver documento contenido en el índice 4 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. C010EB596CB216DB EA8C4605CC021F90 556929CCEFE09BDA 0A57A3A54A7455F0.
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1.2.2 En cumplimiento de lo anterior, el señor Chico Guarín presentó memorial2 en
el que indicó que los derechos fundamentales vulnerados fueron la igualdad y el
debido proceso con ocasión de: i) la sentencia del 26 de agosto de 1997 emitida por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del
proceso núm. S-699, providencia de la cual fue ponente el despacho del ex magistrado
Nicolás Pájaro Peñaranda, del cual es actualmente titular el magistrado Rafael
Francisco Suárez Vargas; y ii) la negativa de la UGPP a la solicitud de reconocimiento
de la pensión gracia. Finalmente, prestó el juramento exigido en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
1.2.3. En consecuencia, el Despacho del magistrado ponente emitió auto, el 16 de
noviembre de 20233, en el que admitió la acción, suspendió los términos del trámite
constitucional y ordenó notificar a los sujetos procesales.
1.2.4. La UGPP contestó4 que, entre otros asuntos, ha emitido las Resoluciones 5635
de 1999, 4865 de 1999, 4231 de 2001, 16799 de 2004, 41309 de 2006, RDP 022470
de 2014, RDP 027233 de 2020, ADP 005155 de 2023, en las que ha resuelto sobre el
derecho a la pensión gracia del señor Chico Guarín.
Además, que adelantó proceso en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (acción de lesividad) en contra de Fernando Chico
Guarín, radicado bajo el número 18001-23-40-004-2013-00053-00, decidido por la
Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá en sentencia del 8 de
septiembre de 2020, en la que se declaró la nulidad de la Resolución 41309 de 2006
que había reconocido la pensión gracia a favor del demandado en cumplimiento de un
fallo de tutela.
También, que el señor Chico Guarín presentó, en su contra, demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se identificó con el
número 18001-23-33-000-2020-00039-01, con la pretensión de obtener el
reconocimiento de la pensión gracia. Que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caquetá, el 10 de mayo de 2022, profirió sentencia de primera
instancia que fue apelada y actualmente está pendiente de fallo de segunda instancia
ante la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
1.2.5. Por su parte, el magistrado auxiliar de la Presidencia del Consejo de Estado
respondió que, en la medida en que la tutela controvierte la sentencia de unificación
del 26 de agosto de 1997 proferida por esta Corporación dentro del proceso con
radicado S-699, y que, comoquiera que el ponente de dicha sentencia fue el ex
magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, despacho del cual es actualmente titular el
magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, el llamado a pronunciarse al respecto es
esta última autoridad5.
1.2.6. Fernando Chico Guarín radicó memorial en el que reiteró los hechos y
fundamentos del escrito de tutela y de subsanación6.
1.2.7. En virtud de lo expuesto por las partes, el Despacho del magistrado ponente,
en auto del 29 de noviembre de 2023, vinculó al trámite constitucional a las Salas
Cuarta y Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá y a la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y ordenó notificar el auto admisorio,
2 Ver documento contenido en el índice 8 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. B59B7A54255627A5 5AB1B1F69A85ABCB 7912D5E4B2652399 27AB95881A4D7C2D.
3 Ver documento contenido en el índice 10 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. 46D290A17A83E292 0CC68C111DD5341D F68FFF916C1DEC08 562C177D4B344740.
4 Ver documento contenido en el índice 14 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. C157109173011CBD C7F0FEF09C8BC2DF D34E2C106F8FDE6D 4BD07F499C8C29FB.
5 Ver documento contenido en el índice 15 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. AD4D26A1B93C4486 6079E3532EA6C956 5FE09986FAE3C0E4 CF9466C9DB983DB6.
6 Ver documento contenido en el índice 16 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. 4DB1514D928362A8 0AA81BDF97C420AE BDD2E74C050241DB FE658AF417D8C319.
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como accionado, al magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas de la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
1.2.7. El magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas expresó que la Sala Plena del
Consejo de Estado adoptó la decisión del 26 de agosto de 1997 objeto de tutela, con
fundamento en un estudio armónico de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989, del cual concluyó que los únicos beneficiarios de la pensión gracia
eran los educadores locales o regionales, postura que coincide por la adoptada por la
Corte Constitucional sobre la materia7.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591
de 1991, y lo previsto en el reglamento interno de la Corporación.
2.2. Procedibilidad de la acción de tutela
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de legitimación en la causa de las partes, y luego de procedibilidad
general de la acción; pues, solo una vez verificada la observancia de los requisitos
que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática
jurídica que el actor plantea en función de los defectos que reprocha a la actuación
acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales8.
2.3.1. Requisito de inmediatez
En relación con el requisito de inmediatez, es preciso resaltar que, si bien la acción
de tutela puede ser presentada en cualquier momento y lugar, su finalidad es la
protección inmediata de los derechos fundamentales, de manera que se debe
ejercer dentro de un plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar
del caso concreto, para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De
lo contrario, la urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían
desvirtuadas.
Ahora, cuando la solicitud de amparo se presenta en contra de una providencia
judicial, el requisito de inmediatez también se traduce en una garantía de seguridad
jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia o auto que se cuestione,
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular. Por esta
7 Ver documento contenido en el índice 23 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. 179E815A1B187BE5 EC0DD8124C19C10F 6CA822F3EDD4D156 C978EA792EF3B838.
8 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
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razón, este tipo de solicitudes exige una mayor rigurosidad9, al punto que la doctrina
constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis meses10.
2.3.2. Subsidiariedad
Uno de los requisitos de procedibilidad es la subsidiariedad, que impide que la
acción de tutela se use como un mecanismo principal, alternativo o supletorio de los
mecanismos ordinarios que el legislador tiene previsto para controvertir las
decisiones judiciales, con el fin de: (i) prevenir la intromisión indebida de una
autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o
sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y (iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso
judicial11.
En la sentencia T-401 del 2019, la Corte Constitucional delimitó los siguientes tres
eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por no superar
el requisito de subsidiariedad:
“(i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).
Así, un riguroso estudio de este requisito evita que la tutela sea utilizada para
controvertir situaciones jurídicas consolidadas que tuvieron su oportunidad de ser
discutidas ante el juez natural.
2.4. Caso concreto
En el presente asunto, los cargos de inconformidad y las pretensiones del escrito
de tutela conciernen a dos asuntos concretos: i) la sentencia del 26 de agosto de
1997 emitida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado dentro del proceso núm. S-699; y, ii) la negativa de la UGPP a reconocer la
pensión gracia al accionante.
2.4.1. Frente al primer asunto, sin lugar a dudas, los reparos no superan el requisito
de procedibilidad de inmediatez, dado que la providencia objeto de controversia fue
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
dentro del proceso núm. S-699, el 26 de agosto de 1997, es decir que, al año en que
fue interpuesto el escrito de amparo, transcurrieron más de 25 años, tiempo que no
puede ser considerado como razonable.
2.4.2. En cuanto al segundo asunto, la Sala revisó en la plataforma Samai y encontró
que, en efecto, como lo indicó la UGPP en su escrito de contestación, dicha entidad
adelantó proceso en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de Fernando Chico Guarín, radicado bajo el número 18001-23-40-
004-2013-00053-00, que fue decidido por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caquetá en sentencia del 8 de septiembre de 2020 en la que declaró
9 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015 Cfr. Sentencias: T-315 de 2005, T-541
de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
10 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre
en sus jurisdicciones lo han definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal
Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala
Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que, explícitamente, “(…) la Sala
Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también
en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-017 de 2012.
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la nulidad de la Resolución 41309 de 2006 que había reconocido la pensión gracia a
favor del demandado en cumplimiento de un fallo de tutela.
También, que el señor Chico Guarín presentó en contra de la UGPP demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado
núm. 18001-23-33-000-2020-00039-01, con la pretensión de obtener el
reconocimiento de la pensión gracia, proceso que fue resuelto por la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá en sentencia de primera instancia del
10 de mayo de 2022, y que, actualmente, está pendiente de fallo de segunda instancia
en la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Pues bien, al margen de que en el escrito de amparo no se identificó el acto
administrativo concreto que vulneró los derechos fundamentales invocados, lo cierto
es que la Sala observa que está en trámite ante la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado el proceso con radicado núm. 18001-23-33-000-
2020-00039-01, que tiene por objeto decidir sobre las pretensiones de reconocimiento
de la pensión gracia a favor del señor Chico Guarín y que se encuentra en etapa de
fallo.
Por este motivo, no está superado el requisito de subsidiariedad, puesto que el
mecanismo constitucional de tutela es utilizado por Fernando Chico Guarín, de
manera paralela, para suplantar las competencias propias del juez natural en el
proceso ordinario, y alterar los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador.
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela interpuesta
por Fernando Chico Guarín, porque no fueron superados los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Fernando Chico Guarín en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
DACJ
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