Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2020-00039-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2020-00039-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2020-00039-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de febrero de 2025
Radicación: 18001-23-33-000-2020-00039-01 (5115-2022)
Demandante: Fernando Chico Guarín
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2020-00039-01 (5115-2022)
Demandante: Fernando Chico Guarín
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–
Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: elementos de la cosa juzgada. Subtema
2: identidad de partes, de objeto y de causa; acreditación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 10 de mayo de 2022, que
declaró probada la excepción de cosa juzgada.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Fernando Chico Guarín, en condición de docente en el departamento del Caquetá,
solicitó el reconocimiento y el pago de la pensión gracia a la Caja Nacional de
Previsión Social (CAJANAL), entidad que negó la prestación al considerar que su
vinculación fue de carácter nacional. El demandante adujo que los actos deben ser
declarados nulos por fundarse en apreciaciones que carecen de soporte legal, dado
que, a su juicio, la norma no prevé la exclusión de los docentes nacionales como
beneficiarios de la pensión gracia. El Tribunal Administrativo del Caquetá declaró
probada la excepción de cosa juzgada formulada por la UPGG al encontrar
demostrado que esa corporación judicial, mediante la sentencia del 8 de septiembre
de 2020, declaró la nulidad del acto de reconocimiento pensional dictado en
cumplimiento de una orden de tutela, porque el entonces demandado no reunía el
requisito de tiempo de servicio en instituciones territoriales o nacionalizadas.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
2.1.1. Pretensiones
1. Fernando Chico Guarín, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la UGPP, el 2 de marzo de 2020, con las siguientes pretensiones1:
1 Samai, índice 2, folios 2 a 38.
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Radicación: 18001-23-33-000-2020-00039-01 (5115-2022)
Demandante: Fernando Chico Guarín
Demandado: UGPP
(i) Declarar la nulidad de la Resolución 005635 del 18 de mayo de 1999,
mediante la cual CAJANAL negó el reconocimiento de la pensión gracia al
demandante.
(ii) Declarar la nulidad de la Resolución 004865 del 17 de diciembre de 1999, a
través de la cual CAJANAL confirmó la decisión que negó el reconocimiento de
la pensión gracia al señor Fernando Chicho Guarín.
(iii) Condenar a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia al demandante,
en un monto mensual equivalente al 75% del promedio mensual de los salarios
y los factores salariales devengados en el año anterior a la causación del
derecho.
(iv) Condenar a la UGPP a realizar la actualización de la suma de condena con
base en el índice de precios al consumidor (IPC) y a reconocer los intereses
comerciales y moratorios.
(v) que se le ordene a la UGPP cumplir la sentencia en los términos de los
artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA.
2.1.2. Hechos
2. Para sustentar las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
(i) Cumplió 50 años el 3 de septiembre de 1998;
(ii) prestó servicios como docente oficial por más de 30 años, mediante
nombramientos de carácter nacional y territorial, con vinculación anterior al
31 de diciembre de 1980;
(iii) observó buena conducta en el ejercicio de dicha labor.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. Citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículo 13;
Ley 39 de 1903; Ley 114 de 1913, artículo 4, numeral 3; Ley 116 de 1928; Leyes 37
y 42 de 1933, y Ley 91 de 1989, artículo 15.
4. En el concepto de violación, el demandante manifestó que el legislador al
expedir la Ley 91 de 1989, en específico el artículo 15, determinó que todos los
docentes tienen derecho a la pensión gracia, tanto los nacionales como los
territoriales y nacionalizados; «interpretación» que, a su juicio, es obligatoria y
vinculante para las autoridades administrativas y judiciales conforme lo considerado
por la Corte Constitucional en la sentencia de C-820 de 2006.
2.2. Contestación de la demanda
5. El apoderado de la UGPP propuso las excepciones de caducidad y cosa
juzgada. La primera la sustentó en el hecho de que la demanda fue presentada
después de que venció el término de cuatro meses previsto en el CPACA para
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solicitar la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la
pensión gracia. La segunda excepción la sustentó en la existencia de la providencia
judicial que resolvió un proceso con la misma causa que la debatida en este
contencioso, dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 8 de septiembre
de 2020, por medio de la cual declaró la nulidad del acto de reconocimiento de la
pensión gracia expedido en cumplimiento de una orden de tutela, al encontrar
demostrado que la mayor parte del tiempo de servicio docente prestado por el hoy
demandante derivó de nombramientos del orden nacional que no resultaban útiles
para acceder a la prestación2.
6. Al respecto, precisó que las Resoluciones 005635 del 18 de mayo de 1999 y
004865 del 17 de diciembre de 1999, hoy demandadas, fueron modificadas por la
Resolución 41309 del 18 de agosto de 2006, dictada por Cajanal en cumplimiento de
una sentencia de tutela que le ordenó reconocer la pensión gracia a favor de
Fernando Chico Guarín; acto administrativo que fue declarado nulo mediante la
sentencia expedida en el proceso radicado bajo el nro. 18001-23-33-003-2013-
00053-00, iniciado por la UGPP en contra del hoy actor.
2.3. Sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la sentencia dictada el 10 de
mayo de 2022, «deneg[ó] la excepción de caducidad» y declaró probada la
excepción de cosa juzgada. Al motivar la decisión, manifestó que las resoluciones
que denegaron el derecho se pueden demandar en cualquier tiempo al involucrar
una prestación periódica como es la pensión gracia, tal y como lo establece el artículo
164-1 del CPACA; motivo por el que no había lugar a la declaración de caducidad 3.
8. En lo atinente a la excepción de cosa juzgada, consideró que se cumplen los
presupuestos para su configuración, porque el proceso decidido por esa corporación,
mediante la sentencia de 8 de septiembre de 2020, tiene identidad de causa y de
partes con el asunto debatido en este proceso judicial (art. 303 del CGP). Para
sustentar lo anterior, puso de presente que tanto la UGPP como Fernando Chico
Guarín conforman los extremos activo y pasivo en los dos procesos, aunque en
«posiciones procesales diferentes», circunstancia que no desvirtúa la identidad,
dado que la norma procesal no exige que «los sujetos deban estar en el mismo
extremo procesal», tal y como lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
9. Frente a la identidad de objeto y de causa, el tribunal manifestó que estos
elementos suponen la confrontación de las pretensiones y los hechos de la demanda
decidida mediante la sentencia que constituye cosa juzgada, con las pretensiones y
hechos del proceso nuevo, para determinar el «motivo» de cada una. En este caso,
dicho análisis permite concluir que «el estudio de legalidad del acto administrativo
que reconoció la pensión gracia, el cual fue dejado sin efecto (…), implica que sobre
el reconocimiento del derecho (…) del señor Fernando Chico Guarín ya existe una
declaración judicial que definió la viabilidad» de la pretensión que el demandante
formuló en este trámite judicial.
2 Samai, índice 3, archivo 09 «Contestación Demanda».
3 Samai, índice 3, archivo 27 «Sentencia».
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2.4. Recurso de apelación
10. El apoderado del actor interpuso recurso en el que solicitó «se revoque la
sentencia como cosa juzgada» y reiteró que tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión gracia porque los tiempos de servicio prestados en instituciones
educativas nacionales son útiles para ser contabilizados para acceder a la
prestación, dado que no existe fundamento legal que lleve a inferir que los únicos
tiempos válidos para acceder a la prestación son los laborados en instituciones
educativas territoriales. «No hay ley que decrete que los docentes nombrados por el
ministerio de educación nacional antes de 1981 no pueden acceder a la pensión
gracia, es un dicho de funcionario sin respaldo legal.
11. Para sustentar lo anterior, afirmó que el Congreso, con motivo del «proyecto de
Ley 114-2009 Senado, 296-2010 Cámara», presentó una interpretación del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, según la cual, el tiempo laborado como docente en
instituciones educativas del orden nacional es válido para la obtención de la pensión
gracia, concepto que el apelante considera vinculante y obligatorio para las
autoridades administrativas y judiciales.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
12. Esta corporación, mediante el auto del 26 de enero de 20234, admitió el recurso
de apelación. Como las partes no solicitaron el decreto y práctica de pruebas en esta
instancia, no hubo lugar a dar traslado para la presentación de alegatos de
conclusión, como lo establece el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
13. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, le corresponde
el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso
primero del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
14. De acuerdo con las consideraciones expuestas por el tribunal frente a la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada en el caso bajo estudio, la Sala
analizará este aspecto que, vale decir, puede ser verificado por el juez en cualquier
estado del proceso (art. 182 del CPACA) y, si es del caso, procederá a estudiar los
reparos presentados por la parte actora en el recurso de apelación, frente al
reconocimiento de la pensión gracia. Con este propósito, se resolverán los siguientes
problemas jurídicos:
4 Samai, índice 6.
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Demandado: UGPP
(i) ¿El asunto debatido en este proceso presenta identidad de partes, de objeto y
de causa con el resuelto por el Tribunal Administrativo del Caquetá en la sentencia
del 8 de septiembre de 2020, mediante la cual esa corporación declaró la nulidad del
acto de reconocimiento de la pensión gracia a favor de Fernando Chico Guarín, al
encontrar que no reunía el requisito de tiempo de servicio como docente territorial o
nacionalizado? Si la respuesta a este interrogante es negativa, se procederá al
análisis del siguiente problema jurídico:
(ii) ¿El tiempo laborado por Fernando Chico Guarín como docente oficial durante
más de 20 años, en virtud de actos de nombramiento dictados por el ministro de
educación nacional resulta útil para acceder al reconocimiento de la pensión gracia?
3.3. Cosa juzgada
15. La cosa juzgada es una institución jurídica procesal que otorga a las
decisiones judiciales el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, con el objeto
de terminar definitivamente la controversia y garantizar el principio de seguridad
jurídica5, que busca dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de las controversias y evitar decisiones judiciales contradictorias frente
a los mismos hechos y derechos reclamados6.
16. En lo atinente a los elementos configurativos de la cosa juzgada, el artículo
303 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del 306 7 del
CPACA, establece que la sentencia ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada
«siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma
causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».
17. Existe identidad de objeto cuando la demanda versa sobre la misma
pretensión material o inmaterial que el proceso decidido mediante sentencia
ejecutoriada. Por otra parte, la identidad de causa se presenta cuando el caso en
estudio y el que se encuentra decidido mediante una providencia ejecutoriada,
comparten los mismos fundamentos de hecho y de derecho. Por último, existe
identidad de partes cuando en ambos procesos concurren los mismos sujetos
procesales8.
18. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los efectos de la
cosa juzgada, surgidos «por disposición expresa del ordenamiento jurídico», derivan
dos consecuencias, a saber: (i) «prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y
eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio» [inmutabilidad]. De
esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa
prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto». (ii)
Como «función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al
ordenamiento jurídico»9.
5 Corte Constitucional, sentencia C-100 del 6 de marzo de 2019.
6 Corte Constitucional, sentencias C-191 de 2017, SU-072 de 2018, C-416 de 2019 y C-126 de 2019. La figura de
la cosa juzgada «promueve la seguridad jurídica, la estabilidad del derecho y la confianza y la certeza de las
personas respecto de los efectos de las decisiones judiciales».
7 «ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
8 Corte Constitucional, sentencias C-774 del 25 de julio de 2001, C-220 de 2011 y T-249 de 2016.
9 Corte Constitucional, sentencias C-774 del 25 de julio de 2001, C-220 de 2011 y T-249 de 2018.
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Demandante: Fernando Chico Guarín
Demandado: UGPP
19. Sobre el tema, esta corporación ha señalado que la providencia que hace
tránsito a cosa juzgada tiene los siguientes efectos: «la presunción de veracidad de
lo resuelto; la inmutabilidad de la decisión, que significa que la materia que ya ha
sido objeto de estudio no puede, en principio, ser sometida a un nuevo
pronunciamiento de fondo; la imposibilidad de revocar directamente la resolución
judicial; y, en los casos en que el objeto del proceso es una pretensión de nulidad,
aparece además la prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido o
anulado, la cual tiene fundamento legal en el artículo 237 del CPACA»10.
20. Por otra parte, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que la
cosa juzgada o «res iudicata, conforme con la cual se otorga a aquellas decisiones
emanadas de la autoridad judicial el carácter de definitivas y vinculantes» , está
dirigida a evitar que los hechos y conductas definidas mediante una providencia
ejecutoriada sean debatidos en un juicio posterior en el que concurran las mismas
partes, con identidad de objeto y de causa. «Sin embargo, debe aclararse que,
aunque la firmeza de la decisión sea el objeto de la cosa juzgada, no significa que
no sea posible reabrir el debate jurídico, pues este puede plantearse nuevamente,
siempre y cuando se trate de nuevos hechos suscitados con posterioridad a la
sentencia proferida»11.
3.4. Análisis del caso concreto
21. En el caso bajo estudio, el demandante sustentó la pretensión de reconocimiento
de la pensión gracia en la supuesta acreditación de los presupuestos de edad y
tiempo de servicio establecidos en la ley, al considerar que cuenta con 50 años de
edad y más de 30 años de servicio en la docencia oficial, con vinculaciones
anteriores a diciembre de 1980.
22. En lo atinente al presupuesto de tiempo de servicio, se encuentra acreditado
en el expediente que el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución
nro. 191 de 20 de enero de 1977, nombró al demandante para ejercer un cargo
docente en el Colegio La Presentación Luna Park, con efectos fiscales a partir de
esa fecha12.
23. La copia del decreto de nombramiento nro. 0986 del 13 de agosto de 1996,
«por medio del cual se concede una permuta entre docentes (…) del programa de
planteles nacionales», acredita que Fernando Chico Guarín fue trasladado al Instituto
Técnico Nacional de Educación Media de Florencia (Caquetá), en condición de
«docente al servicio de la nación», donde continuó la prestación de la labor
docente13.
24. El formato único para la expedición de certificado de historia laboral, fechado
el 27 de diciembre de 2016, da cuenta de que el demandante prestó el servicio
docente desde el 20 de enero de 1977 y que fue trasladado al Instituto Técnico
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2022, exp. 1885-2021.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
12 Samai, índice 2, archivo «ED_EXP:6_1800 (…), 01 CUADERNO PRINCIPAL», pág. 48-49. Resolución aclarada
mediante acto 4797 de 7 de abril de 2014, en el sentido de indicar que el nombre del señor Chico Guarín es
Fernando y no Hernando.
13 Samai, índice 2, archivo «ED_EXP:6_1800 (…), 01 CUADERNO PRINCIPAL», pág. 51.
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Demandante: Fernando Chico Guarín
Demandado: UGPP
Nacional de Educación Media de Florencia (Caquetá). La constancia no señala la
fecha de terminación de la última vinculación laboral ni el tiempo total de servicio
prestado14.
25. Según consta en la Resolución demandada nro. 005635, dictada por Cajanal
el 18 de mayo de 1999, esa entidad le negó al demandante el reconocimiento de la
pensión gracia, porque «no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en
la ley, es decir, 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental,
municipal o distrital». Esta decisión fue confirmada por la entidad mediante la
Resolución 004865 del 17 de diciembre de 199915, también demandada en este
proceso.
26. En este contexto, la Sala procede a establecer si se cumplen los elementos
configurativos de la cosa juzgada declarada en la sentencia apelada, a partir del
análisis comparativo de las partes, el objeto y la causa debatida en el proceso
radicado bajo el número 18001-23-40-004-2013-00053-00 y el que ahora es objeto
de análisis, así:
18001-23-40-004-2013-00053-00 18001-23-33-000-2020-00039-01
Proceso anterior16 Proceso actual
Demandante: UGPP Demandante: Fernando Chico Guarín
PARTES Demandado: Fernando Chico Guarín Demandado: UGPP
Declarar la nulidad de la Resolución Declarar la nulidad de las Resoluciones
41309 del 18 de agosto de 2006 005635 del 18 de mayo de 1999 y
expedida por Cajanal en cumplimiento 004865 del 17 de diciembre del mismo
de una sentencia de tutela del 7 de año, por medio de las cuales CAJANAL,
abril de 2006, por medio de la cual actualmente UGPP, le negó al hoy
reconoció y le ordenó el pago de la demandante la pensión gracia
pensión gracia a favor de Fernando reclamada.
OBJETO Chico Guarín.
«Que se declare que [el demandante]
«Reintegrar el valor total que hubiese tiene derecho a que la UGPP le
sido cancelado por concepto de reconozca y pague su pensión gracia de
mesadas pensionales». jubilación en cuantía inicial equivalente
al 75% del promedio de la remuneración
mensual del año anterior a la causación
del derecho».
El reconocimiento no se fundó en la El demandante aduce que los actos
acreditación de los requisitos previstos denegatorios del derecho a la pensión
en la ley para el reconocimiento de la gracia son nulos porque la entidad no
pensión gracia, porque el docente no tuvo en cuenta que prestó servicio por
reunió 20 años de servicio docente en más de 20 años, «como maestro oficial
CAUSA
plazas territoriales o nacionalizada. El de secundaria, nacional por
ejercicio de la docencia se sustentó en nombramiento», hecho que, a su juicio,
nombramientos dictados por el no impide ser beneficiario de la pensión
Ministerio de Educación, por lo que gracia17.
tuvo la condición de docente nacional.
14 Samai, índice 2, archivo «ED_EXP:6_1800 (…), 01 CUADERNO PRINCIPAL», pág. 50.
15 Samai, índice 2, archivo «ED_EXP:6_1800 (…), 01 CUADERNO PRINCIPAL», pág. 60 y 69.
16 Samai, índice 2, archivo «ED_EXP:6_1800 (…), 09 CONTESTACIÓN DEMANDA», pág. 72.
17 Samai, índice 2, archivo «ED_EXP:6_1800 (…), 01 CUADERNO PRINCIPAL», pág. 9.
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Demandante: Fernando Chico Guarín
Demandado: UGPP
27. La comparación de los elementos descritos en el cuadro anterior muestra, en
primer lugar, que en el caso bajo estudio se presenta identidad de partes, ya que en
los dos procesos participaron Fernando Chico Guarín y la UGPP como integrantes
de los extremos del litigio. El hecho de que las partes no hayan ocupado la misma
posición en el litigio no desvirtúa la identidad que exige la norma procesal para la
configuración de la cosa juzgada, en el entendido de que «al proceso deben concurrir
las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la
decisión que constituye cosa juzgada18».
28. La diferencia en el extremo procesal ocupado por las partes obedece al interés
de cada una en el litigio, dado que en el primer proceso la demanda estuvo dirigida
a lograr la nulidad de la Resolución nro. 41309 del 18 de agosto de 2006, por medio
de la cual le fue reconocida la pensión gracia al hoy demandante. Este acto
administrativo fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo del Caquetá,
mediante la sentencia del 8 de septiembre de 2020, al considerar que «la vinculación
[del hoy actor] no es beneficiaria de la pensión gracia, atendiendo que la norma solo
previó este beneficio para los docentes con vinculación departamental, territorial,
municipal o nacionalizado, lo cual no fue acreditado en el presente proceso, por lo
cual se deberá acceder a las pretensiones de la demanda, y en consecuencia,
declarar la nulidad de la Resolución No. 41309 del 18/08/2006».
29. En este proceso, la pretensión está dirigida a que se declare la nulidad de los
actos que le negaron al demandante el reconocimiento pensional, dictados por
Cajanal en 1999, y como restablecimiento del derecho se ordene el pago de la
prestación «en cuantía inicial equivalente al 75% del promedio de la remuneración
mensual del año anterior a la causación del derecho», sin mencionar que recibió las
mesadas por este concepto durante el tiempo en que el acto anulado en el proceso
anterior mantuvo la presunción de legalidad.
30. En este orden, es válido afirmar que existe identidad de partes en los dos
procesos, pues a estos concurrieron los sujetos procesales que resultaron
vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada, dictada por el
Tribunal Administrativo del Caquetá el 8 de septiembre de 2020.
31. La descripción del interés de las partes evidencia, igualmente, la coincidencia
del objeto, dado que las pretensiones en ambos asuntos estuvieron dirigidas a
obtener la nulidad de los actos administrativos que decidieron el derecho pensional,
así:
(i) En el primer proceso, la UGPP solicitó la nulidad del acto de
reconocimiento pensional que expidió Cajanal en cumplimiento de una
orden de tutela, pretensión que fue denegada mediante la sentencia que
constituye cosa juzgada, porque el tribunal no encontró acreditado el
ejercicio de la labor docente en una plaza territorial o nacionalizada.
(ii) En este trámite, la pretensión de nulidad se dirige en contra de los actos
que le negaron al hoy demandante el reconocimiento de la pensión gracia
con el argumento de que el tiempo prestado como docente nacional no es
18 Corte Constitucional, sentencias T-219 de 5 de junio de 2018 y T-322 del 19 de julio de 2019, que en lo pertinente
cita la sentencia C-774 de 2001.
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Demandante: Fernando Chico Guarín
Demandado: UGPP
computable para acceder al derecho; situación que fue debatida y decidida
en el proceso inicial.
32. Ahora, si bien los actos administrativos demandados en los dos procesos son
diferentes, pues en el primero la UGPP demandó la nulidad de la Resolución 41309
del 18 de agosto de 2006, mediante la cual reconoció la pensión gracia a favor de
Fernando Chico Guarín; mientras que en este el demandante pretende la nulidad de
las Resoluciones 005635 y 004865 de 1999, que le negaron el reconocimiento, el
objeto resulta coincidente al centrarse en el análisis de cumplimiento del requisito de
tiempo de servicio en la docencia oficial, en plazas de carácter departamental,
distrital, municipal o nacionalizado.
33. En relación con la identidad de causa, entendida como la razón o los motivos
que sustentan las pretensiones, la Sala observa que en los dos procesos se
expusieron los mismos hechos, a saber:
(i) Fernando Chico Guarín fue nombrado docente del orden nacional, mediante
la Resolución 191 de 1977, para prestar el servicio en el programa de jornadas
adicionales en planteles nacionales.
(ii) Mediante el Decreto 0986 del 13 de agosto de 1996, dictado por el Ministerio
de Educación, el demandante fue trasladado al Instituto Técnico Nacional de
Educación Media de Florencia (Caquetá), en condición de «docente al servicio
de la nación», donde prestó el servicio por más de veinte años.
(iii) Cajanal, mediante la Resolución 005635 del 18 de mayo de 1999, negó el
reconocimiento y pago de pensión gracia, a Fernando Chico Guarín, decisión
que fue confirmada por medio de la Resolución 004865 del 17 de diciembre
de 1999.
34. Lo anterior evidencia que la situación fáctica y el marco jurídico en los dos
procesos es idéntica, al recaer el análisis de procedencia del derecho a la pensión
gracia en los mismos hechos y normas jurídicas. De una parte, la UGPP acreditó que
la vinculación del actor como docente tiene carácter nacional, como consta en los
actos de nombramiento, por lo que no tenía derecho a la pensión gracia prevista en
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933. Esta afirmación encuentra
sustento en la narración que el demandante hace de los hechos y las normas, la cual
refleja identidad con la analizada en el proceso inicial, que también se observa frente
al concepto de violación en el que afirmó que tiene derecho a la pensión gracia, pese
a tener una vinculación como docente nacional, porque, en su opinión, las normas
que rigen esta prestación no excluyen a los docentes nacionales de acceder al
derecho.
35. Vale precisar que el actor no expuso hechos nuevos ni cuestionó la
categorización de las plazas docentes en las que ejerció la labor por más de 20 años
conforme a los actos de nombramiento expedidos por el Ministerio de Educación
Nacional.
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Radicación: 18001-23-33-000-2020-00039-01 (5115-2022)
Demandante: Fernando Chico Guarín
Demandado: UGPP
3.5. Conclusión
36. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que en el caso bajo estudio se
encuentran acreditados los elementos configurativos de la cosa juzgada, pues se
presenta identidad de partes, de objeto y de causa en el asunto debatido en este
trámite y el proceso radicado bajo el nro. 18001-23-40-004-2013-00053-00, definido
mediante la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 8 de
septiembre de 2020, que declaró la nulidad de los actos por medio de los cuales
Cajanal reconoció la pensión gracia al demandante, al considerar que Fernando
Chico Guarín no acreditó el ejercicio de la docencia en plazas nacionalizadas o
territoriales.
Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia apelada expedida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, el 10 de mayo de 2022, que declaró configurada la cosa
juzgada.
4. Costas
37. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 19 de la
Subsección, sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, el 10 de mayo de 2022, que declaró probada la excepción de cosa juzgada.
SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.
19 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 18001-23-33-000-2020-00039-01 (5115-2022)
Demandante: Fernando Chico Guarín
Demandado: UGPP
TERCERO. Reconocer personería a Jhonier Alejandro Trejos Valencia, identificado
con C.C. 1.088.261.587 y portador de la tarjeta profesional 268.279 del Consejo
Superior de la Judicatura (CSJ) y a Elizabeth Valencia Giraldo, identificada con C.C.
1.088.018.535 y tarjeta profesional 332.677 del CSJ, para actuar como apoderados
principal y sustituta de la UGPP, en los términos del inciso 3 del artículo 75 del CGP.
CUARTO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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