Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06622-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06622-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06622-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
15 de marzo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06622-01
Accionante: Fernando Chico Guarín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06622-01
Demandante: FERNANDO CHICO GUARÍN
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) Y OTRO
Temas: REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la providencia del 12 de
enero de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que
declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Fernando Chico Marín, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) y la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. En consecuencia, formuló
la siguiente pretensión:
«Sr. Juez Constitucional, como docente nacional nombrado por el ministerio de educación
nacional en cumplimiento del derecho fundamental a la igualdad que informa nuestra
Constitución y confiando en conocimiento y experiencia en los avatares de la justicia,
solicito a Ud., como Juez Constitucional ordenar a la U.G.P.P. y al Consejo de Estado
darme un tratamiento igual para efectos de la pensión gracia , repito darme un tratamiento
igual para efectos de la pensión gracia, al tratamiento que se le da u otorga al docente
nacional por ley 43 de 1975 (nacionalizado). Docente convertido, mutado, cambiado, a
Nacional, a quién si se le tiene en cuenta los tiempos nacionales entre 1981 y 1993 para
efectos de la pensión gracia, período que duró la nacionalización de la educación, por Ley
43 de 1975».
2. Hechos:
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Fernando Chico Guarín ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con la finalidad de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
núm. 005635 del 18 de mayo de 1999 y núm. 004865 del 17 de diciembre de 1999,
mediante los que se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia y, en
consecuencia, como restablecimiento del derecho se condenara a la demandada a
efectuar el mencionado reconocimiento.
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El proceso fue tramitado con radicado 2020-00039-00 y su conocimiento en primera
instancia correspondió al Tribunal Administrativo del Caquetá, que, en sentencia del
10 de mayo de 2022, declaró probada la excepción de cosa juzgada al considerar que
el actor ya había acudido con anterioridad a la jurisdicción con la misma pretensión.
Contra dicha providencia el actor interpuso recurso de apelación, el cual a la fecha se
encuentra en trámite ante la Sección Segunda del Consejo de Estado.
3. Argumentos de la tutela
El señor Chico Guarín indicó que laboró como docente desde el año 1977 hasta el
2013 y, en consecuencia, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia,
para sustentar su afirmación expuso normas y sentencias relacionadas con la materia.
Afirmó que, el Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales invocados
cuando aprobó la que, a su juicio, es una sentencia equivocada, esto es, la sentencia
de unificación S-699 de 1997, mediante la que se precisó que los docentes nacionales
no son beneficiarios de la pensión gracia.
Al efecto, señaló que la referida sentencia desconoce la finalidad con la que fue
concebida la pensión gracia dado que el derecho a adquirirla no se distinguía por tipo
de vinculación.
De igual forma, indicó que la UGPP vulneró sus derechos, desde hace 26 años con la
decisión de negar el reconocimiento de la pensión gracia a los docentes nacionales de
secundaria, basándose en la mencionada sentencia S-699 de 1997.
4. Trámite previo
En auto de 16 de noviembre de 2023, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo
de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
5. Oposiciones
La Sección Segunda del Consejo de Estado explicó que en la sentencia que
pretende dejar sin efecto el actor fue proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
y en ella se analizó el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 (ordinal 2) y concluyó que el
propósito del legislador con la referida norma fue ponerle fin a la pensión gracia, pues
dicha disposición reguló de manera exclusiva la situación de aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
proceso de nacionalización, por habérseles sometido repentinamente a este cambio
de tratamiento, a quienes se les mantuvo la expectativa del otorgamiento de la
prestación siempre que se hubieran vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, sin incluir a los docentes nacionales sino, exclusivamente, a los nacionalizados.
En este orden de ideas, indicó que no puede afirmarse que en el asunto controvertido
se configuró una “vía de hecho”, pues no se incurrió en un error protuberante al proferir
la decisión judicial. Por el contrario, la sentencia se ajustó al ordenamiento jurídico y
en ella no se incurrió en defecto procesal, orgánico, fáctico o material que amerite la
discusión, por lo cual tampoco se cumple con alguno de los requisitos espec íficos de
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procedencia. Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia.
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia pues a su juicio no existe la vulneración alegada
por el actor, además, sostuvo que, no cumple con los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez.
Recordó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir
sentencias de unificación del Consejo de Estado, pues en el presente caso, si bien, el
escrito de tutela resulta confuso, se puede inferir que la inconformidad del actor tiene
que ver con lo resuelto en sede administrativa y contra el Consejo de Estado, en virtud
de las disposiciones contenidas en la Sentencia de Unificación S-699 de 1997, que
unificó jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la pensión de gracia a los
docentes.
Además, sostuvo que con la solicitud de amparo el demandante pretende desconocer
el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, pues ya acudió ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo a debatir sobre el reconocimiento de su pensión gracia,
razón por la que es evidente que no cumple con los requisitos legal y
jurisprudencialmente previstos para tal efecto.
Informó que, adelantó proceso en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (acción de lesividad) en contra de Fernando Chico
Guarín, el cual fue tramitado bajo el radicado número 18001-23-40-004-2013-00053-
00, en el que el Tribunal Administrativo de Caquetá, en sentencia del 8 de septiembre
de 2020, declaró la nulidad de la Resolución núm. 41309 de 2006, mediante la que se
reconoció la pensión gracia a favor del demandado en cumplimiento de un fallo de
tutela.
6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 12 de enero
de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad.
Lo anterior, porque frente a la pretensión dirigida a dejar sin efecto la providencia
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
dentro del proceso núm. S-699 del 26 de agosto de 1997, no cumple con el requisito
de inmediatez, en la medida que, desde que fue proferida hasta la interposición de la
presente solicitud han transcurrido más de 25 años, tiempo que no puede ser
considerado como razonable.
En relación con el reconocimiento de su pensión gracia, se encontró que el señor Chico
Guarín presentó en contra de la UGPP demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado núm. 18001-23-33-000-2020-
00039-01, justamente, con la pretensión de obtener el reconocimiento de la pensión
gracia, proceso que fue resuelto en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Caquetá en sentencia del 10 de mayo de 2022, y que, actualmente, está pendiente de
fallo de segunda instancia ante la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado; razón por la que concluyó que tampoco se cumple el requisito de
subsidiariedad.
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A juicio del a quo, solicitud de amparo esta siendo empleada por el actor, de manera
paralela, para suplantar las competencias propias del juez natural en el proces o
ordinario y alterar los mecanismos de defensa diseñados por el legislador.
7. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia reiteró los argumentos del
escrito inicial y afirmó que en el caso objeto de estudio la acción de tutela tiene como
finalidad que se ordene a la UGPP y al Consejo de Estado que le den el mismo trato
que le otorgan para efectos de la pensión de gracia a los docentes nacionales por Ley
43 de 1975, “docentes a quienes sí se les reconoce para efectos de la pensión gracia los
tiempos nacionales laborados entre 1981 y 1993”.
Insistió en que acude a la acción de tutela para que se le ampare el derecho
fundamental a la igualdad, en consecuencia, se dé la aplicaicón del artículo 15 de la
Ley 91 de 1989 y se acceda al reconocimiento de la pensión gracia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
En el escrito de impugnación el actor cuestiona la decisión que declaró improcedente
la solicitud de amparo, que considero que no cumplió con los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez, al efecto, indicó que, lo pretendido con la solicitud de
amparo es que en aplicación al derecho fundamental a la igualdad le sea reconocida
la pensión gracia.
En ese sentido, la Sala pasará a estudiar si corresponde confirmar o no la decisión de
tutela de primera instancia.
Caso concreto
Como se anticipó, mediante el ejercicio de la presente acción el señor Chico Guarín
estima vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso por
parte de la UGPP y la Sala Plena del Consejo de Estado, porque, afirma, que con
ocasión a la expedición de la sentencia de unificación S-699 del 26 de agosto de 1997,
la administración desconoció que los docentes tienen derecho a que se les reconozca
la pensión gracia, al margen de que su vinculación sea del orden nacional o
nacionalizado.
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De lo anterior, se advierte que, el actor cuestiona, concretamente, la sentencia S-699
del 26 de agosto de 1997 y la falta de reconocimiento y pago de la pensión gracia a su
favor.
En primer lugar, debe decirse que cualquier cuestionamiento por parte del señor Chico
Guarín frente a la sentencia de unificación S-699, que fue proferida por la Sala Plena
del Consejo de Estado, el 26 de agosto de 1997, es improcedente, porque no acreditó
haber sido parte en ese proceso y, por lo tanto, no le asistiría legitimación en la causa
por activa frente a la mencionada decisión.
Por las mismas razones, la Sala precisa que no es viable ejercer análisis alguno
respecto del incumplimiento del requisito general de inmediatez que fue declarado en
el trámite de tutela de primera instancia y que se cuestionó en el escrito de tutela, dado
que la legitimación en la causa por activa es un presupuesto procesal necesario par a
ejercer el presente mecanismo.
En segundo lugar, respecto a la pretensión del actor dirigida al reconocimiento y pago
de la pensión gracia, la solicitud no cumple con el requisito general de subsidiariedad,
porque el medio de defensa dispuesto para controvertir la decisión de la administración
que negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia es el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Justamente, de acuerdo con las contestaciones allegadas al presente trámite y de la
consulta del proceso con radicado número 18001-23-33-000-2020-00039-00/01, en la
página web de la Rama Judicial, se observa que a la fecha se encuentra en trámite de
segunda instancia ante la Sección Segunda de está Corporación.
Lo anterior, permite evidenciar que la acción de tutela tampoco cumple el requisito
general de subsidiariedad, porque el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se encuentra en curso, lo cual es suficiente para determinar su improcedencia,
pues, es en el marco de ese proceso que le corresponde ejercer al actor la defensa de
los derechos que invoca vulnerados.
Será entonces en ese escenario donde deberá el actor exponer ante el juez natural de
conocimiento los argumentos por los que considera se le debe reconocer la pensión
gracia y, fundamentalmente, los que expone en esta instancia constitucional dirigidos
a que, en virtud del principio de igualdad, se reconozca la prestación y se inaplique un
pronunciamiento de unificación, para que sea el juez de la causa quien tome en
consideración dichas apreciaciones.
En suma, en el presente caso la acción de tutela no es procedente porque al actor no
le asiste legitimación en la causa por activa y por el incumplimiento del requisito
general de subsidiariedad, sin que, en todo caso, se advierta una actuación
vulneradora de derechos fundamentales por parte de las autoridades demandadas,
que haga procedente el amparo solicitado de manera excepcional.
Por lo tanto, la Sala confirmará el fallo de tutela impugnado, del 12 de enero de 2024,
proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, objeto de
impugnación, pero en el entendido en que el señor Chico Guarín no se encuentra
legitimado en la causa por activa para cuestionar la sentencia S-699 del 26 de agosto
de 1997.
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Accionante: Fernando Chico Guarín
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia del 12 de enero de 2024, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por las razones aquí expuestas.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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