Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06626-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06626-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-06626-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
29 de febrero de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06626-01
Demandante: William Cediel Cuellar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06626-01
Demandante: William Cediel Cuellar
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla»
Temas: Tutela contra actos administrativos proferidos en el marco de la
Convocatoria 27 en los que se rechazó por extemporánea la
solicitud de homologación del «IX Curso de Formación Judicial
Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la
República en todas las especialidades, promoción 2020-2021».
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
7 de diciembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que
negó las pretensiones de tutela.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
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Demandante: William Cediel Cuellar
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor William Cediel Cuellar, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la Resolución
EJR23-C2 del 14 de septiembre de 2023, mediante la cual la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla» negó su solicitud de homologación del «IX Curso de
Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la
República en todas las especialidades, promoción 2020-2021», así como la
Resolución EJR23-346 del 2 de octubre de 2023, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto en contra de la anterior decisión, confirmando lo resuelto; y, en
su lugar, que se ordene a la entidad proferir una nueva resolución en la que se le
conceda la homologación solicitada.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Participó en la Convocatoria 27, adoptada mediante el Acuerdo PCSJA18-11077
del 16 de agosto de 2018 «por medio del cual se adelanta el proceso de selección y
se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de
la Rama Judicial», conformada por las etapas de selección y clasificación, la primera,
dividida en tres fases con carácter eliminatorio y, la segunda, compuesta por la
calificación de diferentes factores con carácter clasificatorio.
ii) Se inscribió para el cargo de magistrado de Tribunal Superior, Sala Penal, y
superó las fases I y II, de la primera etapa, correspondiente a la prueba de aptitudes
y conocimientos, y de verificación de requisitos mínimos, siendo la fase III, de la
primera etapa, el adelantamiento del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, promoción 2020-2021».
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Demandante: William Cediel Cuellar
iii) Así, dentro de la fase III, de la primera etapa, solicitó a la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla» la homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial»,
con la calificación obtenida en el «IV Curso de Formación Judicial Inicial para
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de la República, promoción 2009», el
cual aprobó con un puntaje de 971,09, según Resolución PSAR10-170 del 28 de abril
de 2010.
iv) Mediante Resolución EJR23-C2 del 14 de septiembre de 2023, la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla» rechazó por extemporánea la solicitud de homologación, bajo
el considerando de que, de acuerdo con el cronograma de la Convocatoria 27, el
plazo para presentar la solicitud feneció el 8 de mayo de 2023, y que, en virtud del
principio del debido proceso, no era posible ampliar el término para las solicitudes de
homologación.
v) Interpuso recurso de reposición en contra de la anterior decisión, y a través de la
Resolución EJR23-346 del 2 de octubre de 2023, la Escuela Judicial resolvió
confirmar lo resuelto.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
El accionante presentó como fundamentos jurídicos de la acción, los siguientes:
i) El artículo 160 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia,
previó que «el acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera
requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial», y que, «los
funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación judicial,
no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos», ya que, para ese
evento, se deberán tomar «las respectivas calificaciones de servicio como factor
sustitutivo de evaluación». Por su parte, el artículo 168 ibídem estableció que el
curso de formación judicial «tiene por objeto formar profesional y científicamente al
aspirante para el adecuado desempeño de la función judicial y puede realizarse
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como parte del proceso de selección, caso en el cual tendrá efecto eliminatorio en
modalidad de curso-concurso, o contemplarse como requisito previo para el ingreso
a la función judicial».
ii) A su turno, el artículo primero, capítulo V, numeral 3, del Acuerdo Pedagógico
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, dispuso que «los discentes que, sin
haber ocupado un cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado y aprobado un
curso de formación judicial inicial como etapa de procesos de selección o
convocatorias anteriores, podrán solicitar la homologación y se tomará la calificación
obtenida en el curso de formación judicial inicial cursado como sustituta de las dos
(2) subfases, siempre que la calificación sea superior a 800 puntos. De haber
cursado y aprobado más de un curso de formación judicial inicial se tomará como
sustitutiva la mayor calificación obtenida».
iii) De esta forma, se tiene que como sustancial y materialmente cumplió con la
finalidad establecida en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como
con lo previsto en el Acuerdo Pedagógico, ya que además de que superó un curso
de formación judicial anterior con un puntaje mayor a 800 puntos en la misma
especialidad, no ha desempeñado ningún cargo en la Rama Judicial, es innecesaria
una nueva participación y aprobación del curso de formación judicial. Sobre el
particular, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha concluido en varios
casos que resulta innecesario someter al concursante a otro curso de formación, si
este ya participó y aprobó otro con anterioridad.1
1 Entre otras, Acción de Tutela Rad. 2250002315000200901069-01, Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo -Sección Quinta, segunda instancia del 19 de noviembre de 2009,
Consejero Ponente Dr. Filemón Jiménez Ochoa. Sentencia Rad. 110013331017201000318-01.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E” del 4 diciembre de 2012.
MP. Dr. Jorge Hernan Sánchez Felizzola. Rad. 110013331 0292010 0020801. Tribunal Administrativo
de Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección "E” Sala de Descongestión, del 28 de mayo de
2013. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11
de octubre de 2007, expediente 1165-05. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Lemos Bustamante. 2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejero Ponente:
Filemón Jiménez Ochoa. Del 19 de noviembre de 2009. Rad. 250002315000200901069-01
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iv) Ahora bien, la entidad accionada refirió que el cronograma de la Convocatoria 27
hace parte del Acuerdo Pedagógico, y que, no aplicarlo, desconocería el debido
proceso y la confianza legítima, sin dar mayor alcance a tal argumento, ya que en el
cronograma también se señaló en su nota final que este estaría sujeto a las
modificaciones que se originen en desarrollo del proceso del IX Curso de Formación
Judicial Inicial.
v) Tanto es así que al aprobar nuevas admisiones a la fase III del concurso, ya sea
de manera directa o en cumplimiento de órdenes judiciales, ha inaplicado el
cronograma en estricto sentido, en prevalencia del derecho sustancial, el
cumplimiento de los fines del curso de formación, los derechos adquiridos y el
acceso a cargos públicos, sin encontrarse con ello alguna afectación de los derechos
de los demás participantes ni del desarrollo del concurso. Ejemplo de lo anterior, es
la modificación realizada a las fechas de inicio y finalización del curso de formación
judicial inicial y, en consecuencia, las demás actividades posteriores en esta fase, ya
que, según se aprecia, el 6 de octubre de 2023 se realizó una actualización de las
fechas estipuladas en el cronograma publicado el 29 de marzo de 2023, sin que ello
haya afectado el desarrollo de la fase III, ni el derecho al debido proceso o la
confianza legítima de los aspirantes o discentes, pues se itera, el cronograma ha sido
objeto de repetidas variaciones para cumplir con la finalidad del curso de formación
judicial que es lo legalmente relevante.
vi) De esta forma, se tiene que solicitud de homologación no es una fase o subfase
del curso de formación judicial inicial, sino que es solo una formalidad, un trámite de
carácter administrativo en la que se verifica el cumplimiento de los requisitos
exigidos, y si bien, se plasma en el Acuerdo Pedagógico que la solicitud de tal
formalidad deberá presentarse en el plazo indicado en el cronograma de la fase III,
no lo menos que la Escuela Judicial resolvió las solicitudes de desistimiento a las
homologaciones o exoneraciones, sin que se haya condicionado la renuncia a un
plazo dentro del cronograma. Claramente, tales solicitudes obedecen a legítima
conveniencia de los aspirantes de poder realizar el «IX Curso de Formación Judicial
Inicial» para mejorar su calificación, debiendo suceder lo mismo frente a solicitudes
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de homologación en las que debe primar la manifestación de voluntad del aspirante
de adelantarlo, o no, como en su caso.
vii) Finalmente, es oportuno que se considere lo concerniente a la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas, en especial, lo resuelto por la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, en el fallo de tutela del 31 de mayo de 2023,
STP284-2023, radicación: 129939, en el que señaló que dicho principio tiene como
«propósito final [..] garantizar la realización de los derechos fundamentales y evitar
que las formas obstaculicen su concreción, especialmente en procesos tan
relevantes para la consolidación de los principios constitucionales de carrera
administrativa y mérito como los concursos públicos»; así como lo referido por la
Corte Constitucional en sentencia SU-041 de 2022, en la que se indicó que «si bien
las normas procesales han sido instituidas para garantizar el derecho al debido
proceso, no pueden convertirse en un límite infranqueable para la consecución del
derecho subjetivo en discusión. Por expresa disposición constitucional y legal, el
principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal es una norma rectora de la
ley procesal, y de obligatoria observancia para las autoridades judiciales».
viii) De esta forma, se concluye que su solicitud de homologación en nada afecta a
los demás participantes, ya que se trata de una situación particular, por cuanto cursó
y aprobó un curso de formación judicial inicial anterior, hecho que se materializó y
consolidó en el tiempo, siendo por tanto inmodificable los resultados de su
evaluación; asimismo, aceptar su pretensión no interfiere, modifica o varía la etapa
en desarrollo, por el contrario, garantiza su consentimiento y expresa manifestación
de voluntad de no adelantarlo nuevamente, como fue aceptado a otros aspirantes.
1.2. Actuación procesal
El 1° de noviembre de 2023, la consejera de Estado Stella Jeannette Carvajal Basto,
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al
señor William Cediel Cuellar, en calidad de accionante, así como al Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, y a la Escuela
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Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», en calidad de accionados; publicar la providencia en
la página web del Consejo de Estado, para el conocimiento de todos los terceros
interesados; notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso; e
informar a las demandadas que, en el término de dos (2) días y por el medio más
expedito, podían rendir informe sobre los hechos y las pretensiones de tutela.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. La Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla». El 7 de noviembre de 2023, la
directora Mary Lucero Novoa Moreno solicitó declarar improcedente la acción o, en
su defecto, negar las pretensiones de tutela, dados los siguientes argumentos:
i) Las Resoluciones EJR23-C2 del 14 de septiembre de 2023 y EJR23-346 del 2 de
octubre de 2023 son actos administrativos que se expidieron con el fin de dar
respuesta a una petición de homologación, y las decisiones allí contenidas están en
concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19- 11400, que
regula el «IX Curso de Formación Judicial Inicial», por lo que corresponde al tutelante
hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para su
controversia, más aún, cuando en el marco de este medio de control existe la
posibilidad de solicitar medidas cautelares.
ii) Además, en el caso no se configura un perjuicio irremediable ni una vulneración
flagrante de los derechos fundamentales del aspirante, ya que este se encuentra
inscrito para adelantar el «IX Curso de Formación Judicial Inicial»; se produciría un
perjuicio si la Escuela Judicial obstaculizara o negara su participación en el curso
concurso, dado el carácter eliminatorio de esta etapa del proceso de selección.
iii) Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2° del artículo 164 de la
Ley 270 de 1996, así como en el artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, la convocatoria es norma obligatoria y reguladora del proceso de
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selección, por lo que goza de fuerza vinculante y es de obligatorio cumplimiento tanto
para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla como para los aspirantes.
iv) Es necesario aclarar que, aunque el tutelante cumplía con los requisitos para ser
homologado del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», el término para radicar las
solicitudes de homologaciones o exoneraciones en el aplicativo web dispuesto
estuvo disponible entre el 24 de abril y el 8 de mayo de 2023, mientras que la
solicitud del tutelante se recibió hasta el 5 de septiembre siguiente, por lo que
excedió ampliamente el término para su radicación.
v) Constituye un falso dilema creer que la aplicación rigurosa de los requisitos
contemplados para optar por la homologación junto con el cumplimiento del
cronograma en el que los aspirantes debieron solicitar dicho beneficio configura un
trato desigual como argumenta el accionante. Por el contrario, se vulneran los
principios de legalidad, igualdad y confianza legítima de los demás aspirantes, al
realizar algún tipo de excepción para aceptar la solicitud extemporánea del aspirante,
la cual fue presentada 3 meses y 27 días después del vencimiento del término
definido para ello.
vi) Frente a la afirmación de que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha
modificado el cronograma, se precisa que ello obedeció a la orden judicial suscrita
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que se
concedió el amparo con efecto inter comunis a las personas que fueron excluidas de
la fase II de la etapa de selección de la Convocatoria 27, con sustento en el numeral
3.5. del artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, las cuales
fueron rechazadas por no haber presentado la declaración juramentada de ausencia
de inhabilidades e incompatibilidades en el proceso de inscripción, situación ajena al
tutelante y de la cual no se puede predicar alguna similitud.
vii) Finalmente, en lo que atañe al argumento de que la Escuela Judicial aceptó el
desistimiento de algunos aspirantes a quienes se les homologó o exoneró el curso de
formación judicial, es de indicar que estos presentaron las solicitudes en los términos
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dispuestos en el cronograma y, posteriormente, renunciaron a esa prerrogativa bajo
una declaración de la voluntad expresa, libre, unívoca y exenta de vicios del
consentimiento que, por tanto, crea, modifica o extingue efectos jurídicos,
entendiendo esto como una intención clara de renunciar al beneficio de la
exoneración u homologación otorgado, en otras palabras, los concursantes eximidos
renunciaron a su derecho del cual podían disponer con entera libertad.
viii) La situación descrita anteriormente en nada se asimila con la del aspirante, ya
que de admitir su solicitud se abriría la posibilidad para que otros concursantes
eleven peticiones de exoneración u homologación extemporáneas, alterando las
reglas del concurso, normas que son obligatorias tanto para la administración como
para los administrados. Por tanto, se concluye que el aspirante no presentó su
solicitud de homologación dentro de los términos dispuestos por el cronograma
dispuesto para el curso de formación judicial y, en consecuencia, los actos
administrativos que le resolvieron su situación se ajustan a la normatividad que
regula el referido proceso de selección.
1.3.2. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial. El 8 de noviembre de
2023, la directora Claudia M. Granados R. solicitó la desvinculación de la entidad por
existir falta de legitimación en la causa por pasiva o, en su defecto, negar las
pretensiones de tutela. Para dichos efectos, argumentó lo siguiente:
i) En ninguno de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por el tutelante se
encuentra vinculada la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, ya que lo pretendido es que se dejen sin efectos las
Resoluciones EJR23-C2 del 14 de septiembre de 2023 y EJR23-346 del 2 de octubre
de 2023», proferidas por la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», en las cuales
negó la solicitud de homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial».
ii) Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 176 y 177 de la Ley 270 de
1996, como el artículo 3 numeral 4.1 del Acuerdo de Convocatoria, la fase III
relacionada con el curso de formación judicial inicial, está a cargo exclusivamente de
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la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», entidad que procedió a publicar el
cronograma para dicha fase el día 19 de marzo de 2023, el cual fue objeto de
modificación el 6 de octubre siguiente, actuaciones que son ajenas a la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial.
1.4. Sentencia impugnada
El 7 de diciembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, negó la petición
de desvinculación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y negó las pretensiones de la acción de tutela,
dados los siguientes considerandos:
i) Comoquiera que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura es la encargada de administrar la carrera judicial, le asiste
interés como demandada en el asunto bajo examen, por lo que no es procedente
acceder a la solicitud de desvinculación.
ii) El cronograma de la fase III, en el cual se establecieron las fechas en las que los
participantes podían hacer uso de la figura de la homologación u exoneración del
respectivo curso de formación, hace parte integral del Acuerdo Pedagógico
PCSJA19-114 de 2019, por lo que es de obligatorio acatamiento tanto por la entidad
como por los participantes.
iii) Así, conforme lo prevén las reglas de la convocatoria y los plazos contemplados
en el cronograma de la fase III, el plazo máximo para presentar la solicitud de
homologación era hasta el 8 de mayo de 2023, empero, el accionante presentó la
petición de manera extemporánea, esto es, el 5 de septiembre de 2023, motivo por el
cual la decisión adoptada por la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» estuvo
acorde con los lineamientos y reglas establecidas para el desarrollo de dicha etapa.
iv) La aplicación de la figura de homologación requería del cumplimiento de unos
requisitos, dentro de los cuales se encontraba la presentación de la solicitud en
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oportunidad, por lo que validar que el accionante podía ejercerla en cualquier
momento, desconoce el derecho a la igualdad de los demás aspirantes que se
ciñeron a los parámetros del concurso y a las fechas estipuladas en el cronograma.
1.5. Impugnación
El 18 de diciembre de 2023, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia
en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela.
Para dichos efectos argumentó lo siguiente:
i) La decisión impugnada no tuvo en cuenta las razones aducidas en el escrito de
tutela, tales como: a) que la solicitud o trámite de homologación no debe ser
considerada como una etapa dentro del proceso de selección de la Convocatoria 27;
b) que conceder la tutela ordenando la homologación no afecta los derechos de los
demás participantes; y c) que el hecho de figurar como inscrito en el curso actual de
formación no significa que no se estén vulnerando sus derechos fundamentales,
pues de no estar inscrito se le eliminaría de la convocatoria.
ii) En la sentencia de primera instancia no se estudió lo dispuesto en el artículo 160
de la Ley 270 de 1996, ni tampoco lo señalado por el Consejo de Estado, respecto
de la no obligatoriedad de repetir un nuevo curso de formación judicial.2 En igual
dirección, es de advertir que negar la homologación solicitada, bajo el argumento
tajante de que se debió cumplir con el cronograma, que, como se acreditó, ha sido
objeto de modificaciones, implicaría la vulneración de sus derechos a la igualdad y al
debido proceso, y limitaría su derecho al acceso al cargo para el cual concursó.
iii) No se analizó que en el cronograma de la fase III se estableció la posibilidad de su
modificación en el desarrollo del proceso del curso concurso, lo que, en efecto,
ocurrió, tanto por decisión directa de la accionada, en la que modificó, entre otras, la
fecha de inicio y finalización del curso de formación, como en cumplimiento de
2 Sentencia del 19 de noviembre de 2009, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el
expediente 25000-23-15-000-2009-01069-01.
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órdenes judiciales, en las que se ha dado prevalencia al derecho sustancial, sin
afectación de los derechos de los demás participantes.
iv) Aunado a lo dicho, se tiene que la solicitud de homologación no es una fase o
subfase del curso concurso, sino que consiste en una formalidad, un simple trámite
de carácter administrativo en el que se verifica el cumplimiento de los requisitos
exigidos y la manifestación de la voluntad del aspirante, lo cual puede asimilarse con
las solicitudes de desistimiento de las homologaciones o exoneraciones concedidas
por parte de la Escuela Judicial, las cuales se aceptaron sin que fuese necesario
condicionar la renuncia a un plazo dentro del cronograma.
v) Respecto de una posible afectación de los derechos de los demás aspirantes, es
importante destacar que el Consejo de Estado, en reciente sentencia de tutela,3
tuteló el derecho fundamental al debido proceso en el caso particular, al no dar razón
a lo argumentado por la Escuela Judicial, en cuanto a que la solicitud de exoneración
resultaba extemporánea, decisión que se menciona ahora para acreditar que
proceder de conformidad a lo solicitado, esto es, aceptando la homologación, en
nada afecta derechos de otros aspirantes, por el contrario, su situación se encuentra
consolidada desde que aprobé el IV CFJI, promoción 2009, como se destacó desde
un inicio, y ninguna incidencia produce en los demás concursantes; por el contrario,
resulta afectado por la formalidad del plazo del trámite aludido, obligado a repetir el
curso de formación, sin que se necesario, implicando costos y dedicación de tiempo
personal y familiar para una situación, que se itera, no es exigida por la Ley
Estatuaria de Administración de Justicia, al ya haber superado un CFJI previo.
vi) Finalmente, se reitera lo señalado con respecto de la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas, por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, en el fallo de tutela del 31 de mayo de 2023, STP284-2023,
Radicación: 129939, como por la Corte Constitucional en la sentencia SU-041 de
2022, citadas en el escrito inicial.
3 Sentencia del 10 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el
expediente 11001-03-15-000-2023-05108-00.
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2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20194, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Cuarta de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dilucidar, en primer lugar, si la acción de tutela cumple con
los requisitos de procedibilidad para cuestionar los actos administrativos por medio
de los cuales la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» rechazó por extemporánea
la solicitud de homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, promoción 2020-2021», presentada por el accionante. En caso
afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con los referidos actos se vulneraron
los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso invocados.
2.3. Marco Normativo y Jurisprudencial
2.3.1. Sobre la acción de tutela dirigida a controvertir actos administrativos
adoptados en el marco de un concurso público
4Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha estimado que aunque, en principio,
los afectados por algunas de las disposiciones adoptadas dentro de las etapas de un
concurso público de méritos —contenidas en actos administrativos de carácter
general o particular— pueden controvertirse mediante los medios de control
señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, las vías judiciales ordinarias no son siempre idóneas y eficaces para
restaurar los derechos fundamentales conculcados.
Así, en la sentencia T-256 de 1995, sostuvo que la provisión de empleos públicos a
través de la figura del concurso obedece a la satisfacción de los altos intereses
públicos y sociales del Estado, en cuanto i) garantiza un derecho fundamental como
es el acceso a la función pública, ii) realiza el principio de igualdad de tratamiento y
de oportunidades de quienes aspiran a los cargos públicos en razón del mérito y la
calidad, y iii) constituye un factor de moralidad, eficiencia e imparcialidad en el
ejercicio de la función administrativa.
Por lo tanto, la oportuna provisión de los empleos con arreglo al cumplimiento estricto
de las reglas del concurso y el reconocimiento efectivo de las calidades y el mérito de
los concursantes asegura el buen servicio administrativo y demanda, cuando se
presenten controversias entre la administración y los participantes en el concurso, de
decisiones rápidas que garanticen en forma oportuna la efectividad de sus derechos,
más aún cuando se trata de amparar los que tienen el carácter de fundamentales.
Ahora bien, en la sentencia SU-553 de 2015, recogió la jurisprudencia constitucional
en torno a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos que
regulan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, señalando que, por regla
general, la acción de tutela es improcedente contra actos administrativos que se
profieran en el marco de un concurso de méritos, pero que, excepcionalmente,
procederá el mecanismo de amparo i) cuando se demuestre la existencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual el juez concederá la protección transitoria
mientras la jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del
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acto, y/o ii) cuando a pesar de que existe un medio defensa judicial, este resulta
ineficaz para conjurar la violación del derecho fundamental invocado.
Y, posteriormente, en la Sentencia SU-067 de 2022, varió las excepciones a la regla
general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los
concursos de mérito, en el siguiente sentido: «Los actos administrativos que se
dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un
mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido,5 ii) configuración de un perjuicio irremediable6 y iii) planteamiento de un
problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez
administrativo»7.
En virtud de lo anterior, la presente Sala de decisión considera que la procedibilidad
de las acciones de tutela en las que se invoca la vulneración de los derechos
fundamentales al interior de un concurso de méritos debe analizarse en cada caso
concreto, configurándose solo en casos en que se avizore que los medios de control
dispuestos por el ordenamiento jurídico no garantizan la inmediatez de las medidas
que se llegaren a necesitar para conjurar el daño ocasionado a los intereses de quien
acude al mecanismo de amparo, por cuanto las etapas del concurso de méritos se
desarrollan de manera ágil y pronta.
5 Se basa en el reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las reglas
del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En estos casos, la solicitud
de amparo resulta procedente por cuanto la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar
los actos administrativos que los vulneran. Habida cuenta de esta circunstancia, la acción de tutela
actúa como mecanismo definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de ejecución que
vulneren derechos fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo.
6 Este supuesto de hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso
concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción.
7 Se basa en la especial índole que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el
criterio expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean
controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales
casos, las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos
administrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que
la aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales».
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2.3.2. Sobre la Convocatoria 27
Por medio del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo
Superior de la Judicatura adelantó el proceso de selección —Convocatoria 27— para
la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocando a los
interesados para que se inscribieran y participaran.
El artículo 3 del referido Acuerdo, dispuso que el concurso sería público, abierto y
que la convocatoria es norma obligatoria y reguladora del proceso de selección, por
lo que es de perentorio cumplimiento tanto para la administración como para los
participantes, quienes, con su inscripción, aceptaron las condiciones y términos
señalados en el Acuerdo.
El artículo 4, por su parte, definió que el concurso de méritos comprende las etapas
de selección y clasificación, y que la etapa de selección estaría compuesta por tres
fases, así: fase I. Prueba de aptitudes y conocimientos; fase II. Verificación de
requisitos mínimos; y la fase III. Curso de Formación Judicial Inicial; las cuales
ostentan carácter eliminatorio.
Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, adoptó el Acuerdo Pedagógico que
regiría el «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
magistrados y jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-
2021», aclarado, posteriormente, por el Acuerdo PCSJA19-11405 del 25 de
septiembre de 2019.
El artículo 3 del mencionado Acuerdo PCSJA19-11400, estableció la posibilidad de
solicitar homologaciones o exoneraciones del «IX Curso de Formación Judicial
Inicial» para los concursantes que sean o hayan sido funcionarios judiciales de
carrera y para quienes, sin haber ocupado un cargo de funcionario de carrera,
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hubiesen cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial anterior en la
misma especialidad, como etapa de un proceso de selección anterior.
2.4. Hechos probados
De los documentos obrantes en el plenario, la Sala establece lo siguiente:
i) El 28 de abril de 2010, a través de la Resolución PSAR10-170 de 2010, el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, publicó los resultados del «IV Curso
de Formación Judicial Inicial para Magistrados (as) y Jueces (zas). Promoción 2009»,
en la que se aprecia que el señor William Cediel Cuellar aprobó el curso con un
puntaje de 971,09.
ii) El 5 de septiembre de 2023, el señor William Cediel Cuellar solicitó la
homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, promoción
2020-2021», atendiendo a que adelantó y aprobó el «IV Curso de Formación Judicial
Inicial para Magistrados (as) y Jueces (zas). Promoción 2009», y que no ha ocupado
un cargo de funcionario en carrera en la Rama Judicial.
iii) El 14 de septiembre de 2023, por medio de la Resolución EJR23-C2, la Escuela
Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» rechazó por extemporánea la solicitud de
homologación.
iv) El 25 de septiembre de 2023, el señor William Cediel Cuellar presentó recurso de
reposición en contra de la anterior decisión.
v) El 2 de octubre de 2023, por medio de la Resolución EJR23-346, la Escuela
Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» confirmó lo resuelto.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
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2.5.1. En el caso, se advierte que aunque el contenido de las Resoluciones mediante
las cuales el Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla» negó la homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, promoción 2020-2021», pueden ser demandadas ante la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, por tratarse de
actos administrativos de carácter definitivo que contienen la manifestación plena y
acabada de la voluntad de la entidad en torno a la obligatoriedad del participante en
aprobar un nuevo curso de formación judicial,8 dicho mecanismo de defensa judicial
no resulta idóneo ni eficaz.
Lo anterior, por cuanto si bien en el medio de control se otorga a la parte
demandante la posibilidad de solicitar la medida cautelar preventiva, conservativa,
anticipativa o de suspensión, en términos de lo dispuesto en el artículo 230 del
CPACA, y que conforme al artículo 233 ibidem, se puede pedir desde la presentación
de la demanda y en cualquier estado del proceso, para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, la decisión de la entidad accionada de rechazar por
extemporánea la solicitud de homologar el curso de formación judicial comprende
para el participante la definición de su situación jurídica respecto de la obligación de
inscripción y aprobación de un nuevo curso de formación judicial, el cual está
actualmente en desarrollo, etapa, por demás, con carácter eliminatorio, por lo que la
acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz para precaver el perjuicio.
Así las cosas, la Sala asume como procedente el ejercicio de la presente acción de
tutela y, en consecuencia, realizara el estudio de los alegatos conjurados.
2.5.2. En su sub judice, el señor William Cediel Cuellar controvierte la vulneración de
sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, con ocasión de lo
resuelto por la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» en la Resoluciones EJR23-C2
del 14 de septiembre de 2023 y EJR23-346 del 2 de octubre de 2023, mediante las
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 9 de diciembre de 2021.
Expediente 11001-03-15-000-2021-05927-01 AC.
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cuales rechazó por extemporánea su solicitud de homologación del «IX Curso de
Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la
República en todas las especialidades, promoción 2020-2021».
Alega, en sede de impugnación, que el a quo no analizó i) que la solicitud o trámite
de homologación no debe ser considerada como una etapa dentro del proceso de
selección de la Convocatoria 27; ii) que conceder la tutela ordenando la
homologación no afecta los derechos de los demás participantes; y iii) que el hecho
de figurar como inscrito en el curso actual de formación no significa que no se estén
vulnerando sus derechos fundamentales, pues de no estar inscrito se le eliminaría de
la convocatoria.
Pues bien, se tiene que en la Resolución EJR23-C2 del 14 de septiembre de 2023, la
Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» rechazó la solicitud de homologación del «IX
Curso de Formación Judicial Inicial», presentada por el accionante, en atención a las
siguientes consideraciones:
CASO CONCRETO
El 5 de septiembre de 2023, el aspirante William Cediel Cuellar […] solicitó la
homologación del IX Curso de Formación Judicial Inicial, en razón a que adelantó y
aprobó el «IV Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados (as) y Jueces (zas)
Promoción 2008 – 2009» y nunca ocupó un cargo como funcionario de carrera.
Al respecto, es del caso señalar que el cronograma de la Fase III de la etapa de
selección de la convocatoria No. 27, publicado el 29 de marzo de 2023, establece los
plazos y términos en que se desarrollarán las actividades del IX CFJI. Para lo cual se
ilustra así:
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De lo anterior, se evidencia que el término para radicar las solicitudes de
homologaciones o exoneraciones en el aplicativo web dispuesto para el efecto, inició el
24 de abril de 2023 y concluyó el 8 de mayo de 2023. Por su parte, el 5 de septiembre
de 2023, el aspirante William Cediel Cuellar presentó solicitud de homologación del IX
CFJI, esto es, 3 meses y 27 días después de vencido el plazo con que contaba para
ello.
En ese orden de ideas, se colige que en virtud del principio del debido proceso, no es
posible analizar lo pretendido por el peticionario porque la solicitud de homologación
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resulta extemporánea, pues ya finalizó la etapa de homologaciones y exoneraciones
del IX Curso de Formación Judicial Inicial, situación que impide la ampliación del
término para recibir y resolver nuevas solicitudes.
En ese sentido, y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 2 del Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” procederá a rechazar por extemporánea la solicitud de homologación del IX
CFJI que presentó el aspirante William Cediel Cuellar, de conformidad con lo
argumentado en precedencia.
La Escuela Judicial rechazó la solicitud de homologación al evidenciar que esta fue
presentada de manera extemporánea, puesto que en el cronograma de la fase III de
la etapa de selección se estableció que el plazo para presentar las solicitudes corrió
entre el 24 de abril y el 8 de mayo de 2023, mientras que la petición del participante
se radicó hasta el 5 de septiembre siguiente, es decir, luego de 3 meses y 27 días.
Ahora bien, el señor William Cediel Cuellar presentó recurso de reposición en contra
de la anterior decisión, argumentando lo siguiente:
[E]n mi caso particular se encuentra acreditado los requisitos para homologar el IX
Curso de Formación Judicial Inicial, aspecto que no fue analizado y reconocido en la
decisión objeto de recurso, ya que aporté documentación sobre haber adelantado un
curso de formación judicial anterior; cumpliendo con el requisito previo para ingresar
como funcionario judicial por primera vez, artículo 160 de la Ley 270 de 1996; curso de
la misma especialidad exigida para cargo al que aspiro en la convocatoria 27 y cuya
calificación satisfactoria es ampliamente superior a 800 puntos.
Por tanto, sustancial y materialmente cumplo con lo establecido en la Ley Estatutaria
de Administración de Justicia (Artículo 168 y 172) y de la norma constitucional que
regula la carrera judicial (Articulo 125 C.P.). De ahí que la finalidad de la normatividad,
es que como aspirante cuente con la formación adecuada para desempeño de la
función judicial, estableciéndose en mi caso que realicé el IV curso de formación
Judicial. De ahí que no estoy obligado legalmente repetirlo, (Parágrafo artículo 160
LEAJ), más aún cuando se trata de la misma especialidad, superado con suficiencia y
alta calificación como resultado.
[…]
El planteamiento sobre que solicitud de homologación es un trámite, y no fase del
concurso de méritos o sub-fase de CFJI, encuentra soporte, en que si bien se plasma
en el Acuerdo Pedagógico que la solicitud de tal formalidad deberá presentarse en el
plazo indicado en el cronograma de la fase III, es claro, que en resoluciones
posteriores que reconocen la admisión de aspirantes a esta fase, se concedió un
nuevo plazo para adelantar el trámite de homologación y/o exoneración, lo que permite
reafirmar que como tal, no es una fase del proceso, por lo que resolver favorablemente
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el presente recurso, en nada afecta la estructura de concurso, específicamente la
etapa de selección. Aunado a lo referido, esta circunstancia facultativa se ejemplifica
en que incluso aspirantes a quienes se homologó o exoneró el CFJI por mediar
solicitud, se les acepta su desistimiento, al constituir a nuestro criterio, un simple
trámite administrativo de verificación.
Lo anterior, deja ver la potestad entregada a la Directora de la EJRLB en la
implementación del Acuerdo Pedagógico para adelantar el trámite en mención,
posibilitando la presentación de solicitudes de homologación y/o exoneración en un
plazo posterior al inicialmente señalado, pues nótese que otorgar de esta forma y
atendiendo la oportunidad en que efectué la solicitud de homologar, en nada afectaría
los derechos de los demás participantes y el desarrollo del concurso. Esto justificado
incluso que en el cronograma de la fase III, al que remite el Acuerdo Pedagógico, se
indique en su nota final que «Este cronograma está sujeto a las modificaciones que se
originen en desarrollo del proceso del IX Curso de Formación Judicial Inicial».
Ahora, el argumento por el cual se han aprobado nuevas admisiones a la Fase III del
concurso, esto es, la prevalencia del derecho sustancial, el cumplimiento de los fines
del concurso de formación, derechos adquiridos, acceso a cargos públicos, puede
aplicarse a mi solicitud y concederse la homologación respectiva por el cumplimiento
de los requisitos exigidos, y mi facultad expresa de que no tener interés en repetir las
sub-fases en el IX-CFJI, de similares características y etapas de curso aprobado. Al
respecto, es oportuno que considere lo concerniente a la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas en el presente concurso de méritos, en particular, lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia del
31 de mayo de 2023, radicación: 12993, en donde se indica que «… Su propósito final
es garantizar la realización de los derechos fundamentales y evitar que las formas
obstaculicen su concreción, especialmente en procesos tan relevantes para la
consolidación de los principios constitucionales de carrera administrativa y mérito como
los concursos públicos».
En suma, argumentó i) que comoquiera que cumple con los requisitos para la
homologación por ya haber cursado y aprobado un curso de formación judicial
anterior, no está obligado a repetirlo; ii) que la solicitud de homologación es un mero
trámite y no una fase dentro del concurso, lo cual se corroboraba con decisiones de
la Escuela Judicial en las que se concedió un nuevo plazo para adelantar el trámite
de homologación y/o exoneración, o se aceptó el desistimiento a dicha prerrogativa
por parte de algunos participantes; y iii) que la prevalencia del derecho sustancial, el
cumplimiento de los fines del curso de formación, los derechos adquiridos y el
acceso a cargos públicos, aplicados en otros casos para aprobar nuevas admisiones
a la fase III, también podían extenderse a su solicitud de homologación, atendiendo
al cumplimiento de requisitos y a su facultad expresa de no tener interés en repetir un
nuevo curso de formación judicial de similares características al ya aprobado.
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A través de la Resolución EJR23-346 del 2 de octubre de 2023, la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla» resolvió el recurso de reposición, confirmando integralmente
la Resolución EJR23-C2 del 14 de septiembre de 2023, argumentando, lo siguiente:
En relación con lo alegado por el recurrente, en el sentido de que el cronograma de la
Fase III de la etapa de selección de la convocatoria No. 27, publicado el 29 de marzo
de 2023, no puede limitar la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PCSJA18- 11077 del 16 de
agosto de 2018, debemos señalar que el cronograma en comento justamente hace
parte del Acuerdo PCSJA23-11400 del 19 de septiembre de 2019 «Por el cual se
adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, Promoción 2020-2021». En efecto, en diversos acápites del referido
Acuerdo Pedagógico se hace referencia al mencionado cronograma, en aspectos como
el inicio o duración del curso concurso; en este orden, no puede considerarse al
cronograma con un elemento ajeno o apenas circunstancial del proceso meritocrático,
pues como se indicó en precedencia el propio Acuerdo Pedagógico impone la
necesidad de ese cronograma para dar orden, planeación, certeza, inicio y cierre a las
diferentes etapas del IX Curso de Formación Judicial Inicial. Precisamente el numeral
3.1. de ese reglamento, al establecer los requisitos de la etapa que se adelanta,
establece que «el discente que solicite la homologación o exoneración del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, deberá presentar su petición a través del aplicativo web o el
medio que se señale para tal fin, dentro del plazo indicado en el cronograma de la Fase
III de la Etapa de Selección, que se publicará en la página web de la Rama Judicial y
de la Escuela Judicial, aportando la siguiente documentación en formato PDF (…)».
Además, pretermitir u obviar la aplicación del cronograma, en su integralidad, implica
desconocer principios de raigambre constitucional que rigen esta convocatoria, como lo
son los de legalidad, debido proceso y confianza legítima, pues de forma intempestiva
se modificarían las reglas indicadas en el Acuerdo Pedagógico que fundamentan el
desarrollo del curso-concurso. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la
sentencia SU – 067 de 2022, precisó: […]. De ahí que, la administración deba ceñirse
rigurosamente a las reglas que ella misma ha impuesto, pues tal y como señaló la
Corte Constitucional «la convocatoria entraña un acto de autovinculación y auto tutela
para la Administración» y, por tal razón, no le es dable apartarse de ella. Del mismo
modo, se trae a colación la sentencia T-682 de 2016, igualmente emitida por la
precitada Corporación, en donde determinó que: […]
En ese sentido, se anota que el término para radicar las solicitudes de homologaciones
o exoneraciones en el aplicativo web dispuesto, inició el 24 de abril de 2023 y concluyó
el 8 de mayo de 2023, de donde se establece que el aspirante William Cediel Cuellar
presentó solicitud de homologación del IX CFJI, 3 meses y 27 días después de vencido
el plazo con que contaba para ello, pues la radicó el 5 de septiembre de 2023. Por
consiguiente, no resulta admisible el estudio de la solicitud de homologación del IX
Curso de Formación Judicial Inicial presentada por el aspirante, en razón a que, debió
elevar tal pedimento dentro del término de presentación de las solicitudes de
exoneraciones u homologaciones, en igualdad de condiciones con los demás
participantes. A su vez, la remisión de una nueva solicitud de homologación resulta
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extemporánea, máxime, si la clausura de aquella etapa implicó su terminación. Lo
anterior, buscando ordenar y posibilitar el avance del proceso de la convocatoria por
medio de la consolidación de los periodos cumplidos. En consecuencia, se reitera que
no es posible la ampliación del término para recibir nuevas peticiones de homologación
o exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
Por otra parte, en lo concerniente al otro motivo de disenso del recurrente que se
sustenta en el hecho de que se expidieron «resoluciones posteriores que reconocen la
admisión de aspirantes a esta fase, concediendo un nuevo plazo para adelantar el
trámite de homologación y/o exoneración», se precisa que la admisión de esos nuevos
aspirantes junto con un nuevo cronograma para presentar solicitudes de exoneración u
homologación, correspondió a una orden judicial proferida por la Corte Suprema de
Justicia, así como también, a decisiones administrativas de cumplimiento a ese
mandato, expedidas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial. Lo anterior
evidencia que el ingreso de aquellos aspirantes no obedeció a una función discrecional
de la Escuela Judicial, pues, de ser así, se estaría vulnerando el principio de confianza
legítima y los postulados jurisprudenciales dictados por la Corte Constitucional.9
Ahora bien, en lo que atañe al argumento según el cual la «facultad que tiene la
Escuela Judicial en que incluso aspirantes a quienes se homologó o exoneró el CFJI
por mediar solicitud, se les acepta su desistimiento», se trae a colación lo establecido
por el Consejo de Estado10 sobre el desistimiento, así: […]. De lo anterior, se deduce
que los aspirantes que han desistido del beneficio lo hacen realizando una declaración
de la voluntad expresa, libre, unívoca y exenta de vicios del consentimiento que, por
tanto, crea, modifica o extingue efectos jurídicos, entendiendo esto como una intención
clara de renunciar al beneficio de la exoneración u homologación otorgado, pues,
presentaron solicitudes de esos beneficios dentro del cronograma del IX CFJI y
posteriormente, renunciaron a esa prerrogativa. La situación planteada en nada se
asimila con la del aspirante, ya que, en este caso, de admitir su solicitud posibilitaría
que otros concursantes eleven peticiones de exoneración u homologación
extemporáneas, alterando las reglas del concurso, normas que son obligatorias tanto
para la administración como para los administrados.
Finalmente, se reitera que los requerimientos previstos en el Acuerdo de convocatoria
se aplican de forma general a todos los concursantes. En consecuencia, no resulta
procedente realizar interpretaciones que desconozcan el contenido de la norma, en
beneficio de las pretensiones del aspirante, pues ello iría en detrimento de los
derechos a la igualdad y al debido proceso que les asiste a los demás participantes del
IX Curso de Formación Judicial Inicial.
Según se aprecia, la Escuela Judicial explicó ampliamente el por qué los argumentos
expuestos por el recurrente no estaban a llamados a prosperar. En efecto, refirió que
el cronograma de la fase III de la etapa de selección, correspondiente al «IX Curso
de Formación Judicial Inicial» hace parte del Acuerdo Pedagógico, y que en este se
9 Sentencia T-682 de 2016 y sentencia SU – 067 de 2022.
10Sentencia del 24 de noviembre de 2014, proferida por Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, dentro del proceso con radicación número 07001-23-31-000-2008-00090-01 (37747).
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estableció, claramente, que «el discente que solicite la homologación o exoneración
del IX Curso de Formación Judicial Inicial deberá presentar su petición a través del
aplicativo web o el medio que se señale para tal fin, dentro del plazo indicado en el
cronograma de la Fase III de la Etapa de Selección».
Asimismo, que la admisión de nuevos aspirantes junto con un nuevo cronograma
para presentar solicitudes de exoneración u homologación no obedeció a una función
discrecional de la Escuela Judicial, sino que correspondió a una orden judicial
proferida por la Corte Suprema de Justicia, como a decisiones administrativas de
cumplimiento a ese mandato, expedidas por la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, aunado a que la aceptación de las solicitudes de desistimiento a la
homologación o exoneración del curso concurso, presentadas por algunos
aspirantes, no se asimilaba a la situación del recurrente, por cuanto en dichos casos
se presentaron las solicitudes de homologación y exoneración en tiempo, de manera
que admitir la solicitud de homologación del recurrente posibilitaría que otros
concursantes elevaran peticiones extemporáneas, alterando las reglas del concurso,
las cuales son de obligatorio cumplimiento para las partes.
Y, además, que pretermitir u obviar la aplicación del cronograma, en su integralidad,
implica desconocer principios de raigambre constitucional como lo son los de
legalidad, debido proceso y confianza legítima, pues de forma intempestiva se
modificarían las reglas indicadas en el Acuerdo Pedagógico y que fundamentan el
desarrollo del curso-concurso.
Dados los anteriores derroteros, la Sala no evidencia vulneración de derechos
fundamentales invocados por el accionante, pues a más de que la Escuela Judicial
se pronunció con respecto de todos los disensos presentados por el señor William
Cediel Cuellar en el recurso de reposición, los considerandos expuestos por la
autoridad accionada se advierten debidamente razonados y adecuados con la
normativa aplicable.
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Así, aunque se alega que el artículo 160 de la Ley 270 de 1996 es claro en señalar
que el curso de formación judicial solo debe realizarse una vez, esto es, para «el
acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera» y que, por tanto,
no es obligatorio volverlo a realizar, tal y como lo ha referido el Consejo de Estado en
su jurisprudencia, lo cierto es que con dicha argumentación lo que se pretende es
obviar el cumplimiento de las reglas del concurso, que como lo refirió la accionada,
son de obligatorio cumplimiento tanto por la administración como para el participante
dentro del proceso de selección.
Es de amplio conocimiento que las normas de un concurso público de méritos fijan
en forma precisa y concreta las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y
establecen las pautas y procedimientos con los cuales deben regirse y, en tal
sentido, se convierten en una norma obligatoria en el concurso, por lo que cualquier
incumplimiento de las etapas y procedimientos consignados en ella desconoce sus
reglas y objetivos, y conlleva de suyo una respectiva consecuencia.11
Además, en el capítulo IV del Acuerdo Pedagógico se estableció como uno de los
deberes de los discentes en el curso de formación judicial inicial «ser agente activo
de su proceso formativo, cumpliendo con los cronogramas, entregables y en general
con todo aquello que le es propio a su formación judicial inicial», de manera que, al
no verificarse en el caso el cumplimiento del término para presentar la solicitud de
homologación, que según el cronograma corrió entre el 24 de abril y el 8 de mayo de
2023, el cual es un deber del participante, se justifica su rechazo por
extemporaneidad.
Ahora bien, se arguye que no se analizó que en el cronograma de la fase III se
estableció la posibilidad de su modificación en el desarrollo del proceso del curso
concurso, lo que, en efecto, ocurrió, tanto por decisión directa de la accionada, en la
que modificó, entre otras, la fecha de inicio y finalización del curso de formación,
11 Corte Constitucional, sentencia C-588 de 2009.
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como en cumplimiento de órdenes judiciales, en las que se ha dado prevalencia al
derecho sustancial, sin afectación de los derechos de los demás participantes.
Si bien es cierto en el cronograma de la fase III de la etapa de selección se señaló en
su nota final que: «[el] cronograma está sujeto a las modificaciones que se originen
en desarrollo del proceso del IX Curso de Formación Judicial Inicial», no lo es menos
que, tales modificaciones, no obedecen a una decisión directa de la Escuela Judicial,
tal como esta se encargó de explicar, sino a circunstancias a las que debió dar
cumplimiento, esto es, a una orden judicial proferida por la Corte Suprema de
Justicia, como a decisiones administrativas de cumplimiento a dicho mandato,
expedidas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial.
No debe desconocerse que la Convocatoria 27 ha pasado por una serie de
particularidades que detonaron que en el año 2022 se declara la nulidad de todo lo
actuado dentro del proceso de selección y que, por tanto, se repitiera lo procedido
desde el año 2018, esto es, las fases I y II de la primera etapa, correspondientes a
las pruebas de aptitudes y de conocimientos, y de verificación de requisitos mínimos,
y que generó que la fase III de la primera etapa, referente al curso de formación
judicial inicial, se activara solo hasta octubre del año 2022, es decir, cuatro años
después, cuando quedó en firme el acto administrativo que decidió acerca de la
admisión de los aspirantes a la Convocatoria 27.
En tal sentido, se tiene que el disenso del accionante no encuentra asidero, puesto
que las modificaciones al cronograma del proceso de selección no son consecuencia
de una atribución propia del ente encargado de la fase que se esté tramitando, sino
que han tenido como causa decisiones judiciales que la Unidad de Administración de
Carrera Judicial ha debido sortear.
Ahora bien, también se alega que la solicitud de homologación no es una fase o
subfase del curso concurso, sino que consiste en una formalidad y/o trámite de
carácter administrativo que puede ser modificado por la Escuela Judicial, lo cual
puede asimilarse con las solicitudes de desistimiento de las homologaciones o
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exoneraciones concedidas por parte de la Escuela Judicial, las cuales se aceptaron
sin que fuese necesario condicionar la renuncia a un plazo dentro del cronograma.
La Sala no comparte el referido alegato, pues el hecho de concederse un
desistimiento a una solicitud de homologación u exoneración no compromete los
términos dispuestos en el cronograma, en tanto lo que se previó en este fue el lapso
en el que los participantes podían solicitar la prerrogativa de homologación y/o
exoneración, y no así la disposición de declinar del derecho concedido por la entidad.
Finalmente, aunque al plenario se trae a colación la sentencia de tutela del 10 de
octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el
expediente 11001-03-15-000-2023-05108-00, lo cierto es que esta no puede ser
tomada en cuenta para dar solución al asunto, pues solo se mencionó hasta en el
escrito de impugnación. Además, se advierte que lo allí analizado involucra
circunstancias fácticas diferentes a las aquí discutidas, por lo que no puede tomarse
como antecedente jurisprudencial en el caso de marras.
Asimismo, tampoco es dable aplicar al caso las sentencias de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado, traídas como referente, en torno a la prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal, por cuanto lo querido por el accionante es
sanear su falta de cuidado o desidia en el cumplimiento de los términos dispuestos
en el cronograma, evento que el juez de tutela no puede pretermitir, ya que ello
implicaría actuar en contra de aquellos participantes que sí atendieron los términos
de la convocatoria y abriría espacio para la interposición de solicitudes
extemporáneas que impedirían el normal desarrollo de la III fase de la etapa de
selección.
En ese orden, se encuentra que la autoridad accionada analizó las particularidades
del caso y presentó conclusiones ajustadas a derecho que no configuran la
vulneración de derechos fundamentales.
3. Conclusión
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Con los anteriores argumentos la Sala confirmará la sentencia impugnada que negó
las pretensiones de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 7 de diciembre de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó las pretensiones de tutela, de acuerdo
con lo expuesto en la parte considerativa que antecede.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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