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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05108-00

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05108-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGASE la solicitud de acumulación presentada por el demandante a la acción de tutela con radicado No. 66001-23-33-000-2023-00199-00, cuya primera instancia fue conocida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con las razones expuestas. 9 Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00 Demandante: José Samuel Silva Aguilar Segundo.- NIÉGASE la petición de desvinculación formulada por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial. Tercero.- AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso administrativo del señor José Samuel Silva Aguilar. En consecuencia, Cuarto.- DÉJASE sin efectos la Resolución No. EJR23-243 de 31 de agosto de 2023, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla. Quinto.- ORDÉNASE a la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia profiera un nuevo acto administrativo en el que resuelva el recurso de reposición formulado por el demandante contra la Resolución No. EJR23-184 de 23 de junio de 2023, teniendo en cuenta que la calificación integral de servicios correspondiente al año 2021 fue presentada oportunamente. Sexto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05108-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

19 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00
Demandante: José Samuel Silva Aguilar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05108-00
Demandante: JOSÉ SAMUEL SILVA AGUILAR
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y ESCUELA
JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”

Temas: Tutela contra acto administrativo. Homologación o exoneración en el
IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
magistrados y jueces de la República

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor José Samuel Silva Aguilar contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”1, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad, que considera
vulnerados con la negativa de las accionadas en dar aplicación a las figuras de la
homologación o exoneración en el IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor manifestó que se inscribió a la Convocatoria No. 27 de 2018 al cargo de
Juez Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio, y que por medio
de la Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 fue admitido al
concurso de méritos.

Afirmó que dentro del plazo establecido solicitó la homologación del IX Curso de
Formación Judicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la
República, teniendo en cuenta que cursó y aprobó el VII Curso de Formación
Judicial, correspondiente a la Convocatoria No. 22, en el cual obtuvo un puntaje
total o definitivo de 887.85.

Indicó que mediante Resolución No. EJR23-184 de 23 de junio de 2023, la
directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” le negó la solicitud de
homologación con fundamento en que “revisada la solicitud y los documentos
aportados por los aspirantes antes relacionados, así como la información
reportada por los Consejos Seccionales de la Judicatura respecto de las

1 Presentada el 18 de septiembre de 2023.

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Demandante: José Samuel Silva Aguilar

calificaciones integrales de servicios, se evidenció que son funcionarios judiciales
de carrera; por lo tanto, su situación fáctica no se adecúa a la norma que solicitan
les aplique; esto es, lo dispuesto en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 que
dispone que podrán solicitar la homologación del IX Curso de Formación Judicial
Inicial los aspirantes que, no hayan ocupado un cargo de funcionario en carrera;
por tal motivo no es procedente conceder la homologación del IX CFJI (…)”.

Por último, aseveró que esa decisión fue objeto de recurso de reposición que fue
resuelto por medio de la Resolución No. EJR23-243 de 31 de agosto de 2023, en
el sentido de confirmar en su integridad el acto recurrido, al considerar que
“revisada la actuación recurrida y la documentación aportada por el aspirante, se
establece que contrario a lo que predica el recurrente, la decisión objeto de
revisión respetó los lineamientos normativos que regulan la etapa de solicitudes de
homologación y exoneración, conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia de la H.
Corte Constitucional. Esto es, aplicando con rigurosidad y objetividad los requisitos
que para cada una de las figuras - exoneración u homologación- precisó el
Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400. En efecto, el referido Acuerdo Pedagógico
PCSJA19-11400 fue claro en distinguir a los funcionarios y exfuncionarios en
carrera de quienes no han detentado cargo en propiedad dentro de la Rama
Judicial, para efectos de dar aplicación a las figuras anteriormente
mencionadas...”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial
y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos públicos, trabajo e
igualdad, los cuales considera vulnerados con la decisión de no acceder a la
homologación o exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial. De
manera específica, argumentó lo siguiente:

“(...) la negativa de la solicitud de homologación por parte de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, por ya ser funcionario de carrera (sin haber sido calificado
hasta la fecha límite de solicitud), resulta insólita y atentatoria, entre otros,
contra el derecho a la igualdad, en relación con otros aspirantes que al igual
que yo realizaron y aprobaron un curso de formación judicial anterior, pero que
no han ocupado un cargo de funcionario en carrera, como quiera que a estos
últimos si les fue aceptada la solicitud de homologación, lo cual se puede
colegir del mencionado acuerdo o, de considerarlo necesario, ser corroborado
ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Señores Magistrados, lo anterior
resulta un verdadero contrasentido y un acto discriminatorio, como es posible
que el hecho de ya ostentar un cargo de funcionario en carrera, sin haber sido
calificado hasta esa fecha (8 de mayo de 2023), se constituya en un castigo u
obstáculo, al no ser acogida mi solicitud de homologación y, para alguien en las
mismas condiciones que las mías (haber cursado y aprobado un curso
anterior), pero que no haber sido funcionario de carrera, si sea acogida
favorablemente la solicitud de homologación”.

Sostuvo que el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de
2019, en relación con las homologaciones o exoneraciones del curso en formación
judicial contempló las siguientes posibilidades:

• Exoneración: los aspirantes que, habiendo cursado y aprobado un curso de
formación judicial inicial, hayan sido funcionarios o exfuncionarios, y en tal caso
se tomará la última calificación de servicio como sustitutiva de evaluación para
las dos (2) subfases, siempre que sea superior a 80 puntos.
2

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Demandante: José Samuel Silva Aguilar

• Homologación: los aspirantes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario
en carrera, hubiesen cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial
anterior.

Manifestó que la única alternativa a la que podía optar era la homologación,
puesto que ya había aprobado el VII Curso de Formación Judicial, a lo que agregó
que a pesar de ser funcionario en carrera de la Rama Judicial, para la fecha límite
de la solicitud, esto es, el 8 de mayo de 2023, no había obtenido la calificación de
servicios del año 2021, la cual se surtió hasta el 30 de junio de 2023, razón por la
que fue puesta en conocimiento de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” con
el recurso de reposición.

Señaló que la decisión de no acceder a la solicitud de homologación por ser
funcionario de carrera que no contaba con la calificación de servicios, resulta
insólita y atenta contra el derecho a la igualdad, en relación con otros aspirantes
que cursaron el proceso de formación, pero que no son funcionarios y a quienes la
accionada les resolvió homologar el curso de formación.

En relación con la procedencia de la acción de tutela, expresó:

“Es procedente la presente acción constitucional, como quiera que ya agoté los
mecanismos con los que contaba ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en
tanto, la decisión emitida contemplaba únicamente recurso de reposición, el cual
interpuse y sustenté en debida forma, siendo denegado, por lo cual considero continúa
la vulneración de mis derechos fundamentales, máxime si, en cuenta se tiene, que con
la decisión de la accionada se me podría causar un perjuicio irremediable, habida
cuenta que, como anteriormente se mencionó, al no homologarme, sin razones válidas,
el IX curso de formación judicial, me implica volver a realizar un curso, que contempla
fase eliminatoria, poniendo en riesgo mi permanencia en el correspondiente concurso
de méritos, sin la posibilidad de acceder al cargo para el cual aspiré.

Adicionalmente, las inscripciones al IX curso de formación judicial inician a partir del 11
de septiembre de 2023, según cronograma publicado por la EJRLB, siendo la tutela el
mecanismo adecuado para la protección urgente de mis derechos fundamentales
vulnerados, dado su trámite preferencial respecto de otros asuntos.

Igualmente se cumple el requisito de inmediatez, porque la resolución que deniega el
recurso de reposición interpuesto, me fue notificada el 4 de septiembre del presente
año y la inscripción para el curso respecto del cual se me negó la homologación, como
ya se anotó, inicia a partir del 11 de septiembre de 2023”.

Con todo, adujo que la decisión de no acceder a la solicitud de homologación o
exoneración vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
cargos públicos, trabajo e igualdad.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela el accionante formuló las siguientes:
“1.- Amparar mis derechos fundamentales aludidos.

2. Dejar sin efecto la resolución No. EJR23-184, de fecha 23 de junio de 2023, mediante
la cual se me negó la solicitud de homologación IX Curso de Formación Judicial Inicial
para Jueces y Magistrados de todas las especialidades de la Rama Judicial, y la
resolución No. EJR23-243, de 31 de agosto de 2023, que confirmó la anterior, ambas
emitidas por la señora directora de la Escuela Judicial “RODRIGO LARA BONILLA”.

3.- Ordenar [a la] señora directora de la Escuela Judicial “RODRIGO LARA BONILLA”,
acceder a la solicitud de homologación efectuada por el suscrito respecto de mencionado
IX Curso de Formación Judicial Inicial, con la calificación obtenida en el curso de
formación judicial anterior”.

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Demandante: José Samuel Silva Aguilar

4. Pruebas relevantes

En el expediente reposan los siguientes documentos:

• Copia de la Resolución No. EJR17-881 de 11 de diciembre de 2017, junto con el
anexo 1.
• Copia del acta de posesión No. 181 de 9 de noviembre de 2020.
• Copia de la solicitud de homologación elevada el 28 de abril de 2023.
• Copia de la Resolución No. EJR23-184 de 23 de junio de 2023, “Por medio de la
cual se resuelven unas solicitudes de homologación del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”.
• Copia del recurso de reposición presentado contra la Resolución No. EJR23-184
de 23 de junio de 2023.
• Copia de la Resolución No. EJR23-243 de 31 de agosto de 2023, “Por medio de la
cual se resuelve un recurso de reposición”.
• Copia del formato de calificación integral de servicios correspondiente al año 2021,
junto con la notificación surtida el 30 de junio de 2023.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de septiembre de 2023, el despacho de la magistrada
sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades
demandadas, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a
quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 101513 a 101513
de 22 de septiembre de 2023, con el fin de notificar a las partes2.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura

En memorial allegado a través de correo electrónico de 26 de septiembre de 2023,
la directora de la Unidad manifestó que su representada carece de legitimación en
la causa por pasiva, al considerar que los actos administrativos que negaron la
homologación en el curso de formación judicial fueron expedidos por la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, trámite sobre el cual no tiene injerencia alguna.
Aunado a ello, solicitó denegar la solicitud de amparo por la ausencia en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

6.2. Respuesta de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

En escrito remitido por correo electrónico el 26 de septiembre de 2023, la directora
de la Escuela solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito de subsidiariedad, esto por cuanto los actos administrativos
que negaron lo pretendido por el demandante pueden ser objeto de contradicción
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual
puede solicitar las medidas cautelares que considere necesarias para la
salvaguarda de sus derechos.

2 Notificado a los correos electrónicos: sammsilva2005@yahoo.es;
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co;
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

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Demandante: José Samuel Silva Aguilar

Refirió que en el caso no existe la configuración de un perjuicio irremediable ni una
flagrante a sus derechos fundamentales porque el aspirante se encuentra
habilitado para inscribirse y adelantar el IX Curso de Formación Judicial, ni
evidencia un perjuicio irremediable, pues bajo presupuestos de debido proceso,
igualdad y mérito ha protegido todos los derechos que poseen los concursantes y
reconocido todas y cada una de las prerrogativas conferidas a los aspirantes,
razón por la que considera que el juez de tutela no puede intervenir en el asunto.
Agregó que el accionante “debió acudir al medio de control judicial idóneo y eficaz para
controvertir los actos administrativos y de considerarlo pertinente solicitar las medidas
cautelares necesarias, en caso de advertir que los acuerdos de la convocatoria estaban
amenazando sus derechos”.

Señaló que las disposiciones normativas consagradas en el Acuerdo PCSJA19-
11400 de 19 de septiembre de 2019, rigen el IX Curso de Formación Judicial
inicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República en todas
las especialidades, por lo que materializan la potestad reglamentaria que la propia
Constitución Política le ha conferido al Consejo Superior de la Judicatura.
Adicional a ello, sostuvo que el acto administrativo cuenta con presunción de
legalidad, goza de fuerza vinculante y es de obligatorio cumplimiento, tanto para la
institución como para los aspirantes.

En relación con la vulneración del principio de igualdad indicó que “está obligada a
dispensar igual tratamiento para todos los aspirantes siendo de obligatorio cumplimiento
para la administración la aplicación de las reglas que fueron establecidas y aceptadas al
momento de su inscripción, como se estableció́ en el artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 2018. Por lo tanto, se vulneran los principios de legalidad, igualdad y confianza
legítima a los demás aspirantes, al realizar algún tipo de excepción cuando la norma es
clara”.

Por último, frente al derecho al trabajo sostuvo que la prerrogativa de no repetir el
curso solo es un beneficio que se concede a los discentes de un concurso de
méritos que cumplan con los requisitos establecidos para que accedan a un
empleo público, que para el caso del demandante no se cumplieron en su
totalidad, razón por la que se resolvió su situación de manera negativa.

7. Escrito adicional presentado por la parte actora

A través de escrito presentado el 25 de septiembre de 2023, el accionante puso en
conocimiento que contra las mismas accionadas, supuestos fácticos y
pretensiones similares, se adelantó acción de tutela en la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda con radicado No. 66001-23-33-
000-2023-00199-00, en la que se dictó sentencia en la que se ampararon los
derechos fundamentales de la accionante.

En consecuencia, solicitó “que se estudie la viabilidad de dar aplicación a las reglas de
reparto para acciones de tutela masivas, en los términos del Decreto 1834 de 2015 y, en
ese orden, remitir las diligencias para que sea acumulada a la tutela tramitada por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, bajo el radicado
660012333000202300199-00 y allí se emita el fallo correspondiente, teniendo en cuenta
que se cumplen los requisitos para acumulación referidos en el mencionado decreto”.

En el mencionado escrito el demandante señaló que “por su parte la tutela que
conoce la Sala Tercera Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, versa sobre una
tutela instaurada por la también funcionaria de carrera judicial (…), contra las mismas
entidades y derechos fundamentales referidos, porque al igual que a mí, la Escuela
Judicial “RODRIGO LARA BONILLA”, le negó la solicitud de homologación del IX Curso
de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de todas las especialidades de la
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Rama Judicial (confirmada también en sede de reposición), a pesar que igualmente ya
había realizado y aprobado un curso anterior, indicándole que por ser ya funcionaria de
carrera, sin haber calificada hasta el momento de la solicitud, no era procedente la
homologación”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestiones previas

2.1. De la solicitud de acumulación de la acción de tutela

Mediante escrito presentado el 25 de septiembre de 2023, el demandante aportó
copia de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda en la
acción de tutela con radicado No. 66001-23-33-000-2023-00199-00 que cuenta
con pretensiones similares, con la finalidad de que se estudie dar aplicación a las
reglas de reparto contenidas en el Decreto 1834 de 2015 y, en ese orden, remitir
el asunto a ese despacho judicial para acumulación.

El Decreto 1834 de 2015 prevé las reglas de reparto para las acciones de tutela
que responden al fenómeno de las tutelas masivas. En palabras de la Corte
Constitucional “Se trata de aquellas acciones en las que existe uniformidad entre los
casos y que son presentadas (i) de manera masiva –en un solo momento– o (ii) con
posterioridad a otra solicitud de amparo”. La jurisprudencia ha reiterado que tales
reglas permiten que, en casos idénticos, se produzcan efectos o consecuencias
distintas y ha fijado que dicha figura aplica en los asuntos en los cuales se
constate la identidad de sujeto pasivo, causa y objeto.

A su vez, el decreto en comento dispuso en el artículo 2.2.3.1.3.3, que la
acumulación y fallo en los eventos de las tutelas masivas se dará hasta antes de
dictar sentencia, así:

“ARTÍCULO 2.2.3.1.3.3. Acumulación y fallo. El juez de tutela que reciba las acciones
de tutela podrá acumular los procesos en virtud de la aplicación de los artículos
2.2.3.1.3.1 y 2.2.3.1.3.2 del presente decreto, hasta antes de dictar sentencia, para
fallarlos todos en la misma providencia”.

En esas condiciones, se encuentra que el asunto al cual se pide la remisión para
efectos de acumulación cuenta con pretensiones similares, sin embargo, deviene
de actos administrativos particulares y concretos distintos a los aquí enjuiciados, a
lo que se agrega que no se trata del fenómeno de tutelas masivas. Aunado al
hecho de que en dicha acción de tutela el Tribunal Administrativo de Risaralda
profirió sentencia de 21 de septiembre de 2023, motivos que resultan suficientes
para negar la remisión del presente asunto en los términos propuestos por el
actor. En consecuencia, se procederá a resolver el caso en concreto.

2.2. De la legitimación en la causa por pasiva

El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, solicitó la desvinculación del asunto por carecer de legitimación en la
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causa por pasiva, debido a que la vulneración alegada gira en torno a que se deje
sin efectos los actos administrativos expedidos por la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20223 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

Al respecto, la Sala advierte que se negará dicha solicitud debido a que la
vulneración alegada radica en que, la falta de calificación de servicios derivó en la
negativa en la concesión de la homologación o exoneración del IX Curso de
Formación Judicial, asunto que es de competencia de la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”, empero, como quiera que la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura es la encargada de administrar la
carrera judicial, le asiste interés como demandada en el asunto bajo examen.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, vulneraron al accionante los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad, por la negativa en dar aplicación a la
homologación o exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República.

4. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de los concursos de méritos

4.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes

3 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.

4.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado
dos supuestos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
dictados en el marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con
los actos de trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial
idóneo es la acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control
judicial4. El segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando
ha sido publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto
administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se
expidan actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles,
es procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de
exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se
encuentre o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas
aplicables en el proceso de selección5.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-049 de 20196
indicó que la acción de tutela es procedente en los concursos de méritos: (i) contra
los actos de trámite, es decir, aquellos que se expiden para impulsar y dar
continuidad a las convocatorias, postura que ha reforzado con jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y (ii) para resolver controversias
suscitadas en el desarrollo de un concurso de méritos, respecto de lo cual precisó
que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la acción de
tutela es procedente frente a controversias originadas en concursos de méritos para la
provisión de empleos públicos si el proceso de selección se encuentra en curso”.

Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de
elegibles se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y
derechos ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en
algunos casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela
cuando se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y
eficaces (T-551 de 2017 y T-160 de 2018).

4.3. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-

01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-
04643-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-
000-2020-03787-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-
23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº
11001-03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 6 de junio de 2019, exp.
Nº 11001-03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 29 de abril de 2019,
exp. Nº 11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 14 de junio de
2018, exp. Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-

05555-01, C.P. Milton Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-
00928-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E).
6 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00
Demandante: José Samuel Silva Aguilar

20227 señaló que si bien la regla general indica la improcedencia de la acción de
tutela para resolver los conflictos que se enmarcan en los concursos de méritos
cuando existen actos susceptibles de control judicial, lo cierto es que la
jurisprudencia ha fijado algunas subreglas para los eventos en los cuales el medio
de control no resulta eficaz. En tal sentido que el mecanismo constitucional es
procedente de forma definitiva en los siguientes casos: (i) el empleo ofertado se
encuentra con un periodo fijo; (ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a
quien ocupó el primer puesto en la lista de elegibles; (iii) presenta elementos que
podrían escapar del control del juez de lo contencioso administrativo por su
relevancia constitucional y, (iv) cuando por las condiciones particulares del
demandante resulta desproporcionado acudir al mecanismo.

En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite, bajo los
supuestos que ha identificado la jurisprudencia constitucional. No obstante,
cuando se controvierte una decisión definitiva (como el acto que contiene el
registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso), la
acción de tutela, en principio, es improcedente, porque existen otros medios de
defensa judicial, como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en los que se puede hacer uso de las medidas cautelares, para lo
cual se han precisado unas subreglas jurisprudenciales que habilitan,
excepcionalmente, el ejercicio de la acción de tutela.

5. Estudio y solución del caso en concreto

5.1. El actor interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad. Lo anterior, al encontrarse
inconforme con lo resuelto en la Resolución No. EJR23-184 de 23 de junio de
2023, “Por medio de la cual se resuelven unas solicitudes de homologación del IX
Curso de Formación Judicial Inicial” y, su confirmatoria, la Resolución No. EJR23-
243 de 31 de agosto de 2023, a través de las cuales se negó una solicitud de
homologación o exoneración del curso de formación judicial en el marco de la
Convocatoria No. 27.

De las pruebas documentales aportadas al trámite constitucional, se evidencia que
el demandante ocupa en propiedad el cargo de Juez Cuarto Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá desde el 9 de noviembre de 2020. Así
mismo, se demostró que cursó y aprobó el VII Curso de Formación Judicial para
Jueces y Magistrados de la República en todas las especialidades, en el marco de
la Convocatoria No. 22 del cual obtuvo como puntaje final 887,85.

Con posterioridad, el demandante se inscribió al concurso de méritos para
conformar los registros de elegibles de los cargos de funcionarios del sistema de
carrera judicial, adelantado mediante Convocatoria No. 27 al cual fue admitido
mediante Resolución CRJ23-0061 de 8 de febrero de 2023. Para efectos de
solicitar la homologación elevó petición el 28 de abril de 2023 ante la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, solicitud que fue decidida de manera negativa por
medio de la Resolución No. EJR23-184 de 23 de junio de 2023.

Contra dicha decisión, el accionante, el 5 de julio de 2023, presentó recurso de
reposición en el que señaló lo siguiente:

7 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00
Demandante: José Samuel Silva Aguilar

“En línea con lo anterior, se insiste, a pesar que, para el momento de la
solicitud de exoneración u homologación para el IX curso de formación judicial,
era funcionario en carrera de la Rama Judicial, con posesión efectiva a partir
del 19 de noviembre de 2020, nunca había sido calificado, situación que por
demás no me es atribuible, razón por la cual no podía optar por solicitud de
exoneración al no contar para esa fecha con calificación alguna y, por ende, sin
ningún referente de calificación como sustitutiva de evaluación para las dos (2)
subfases del IX curso de formación judicial.

Prueba de lo anterior, se aporta como anexo del recurso, es que solo hasta el
30 de junio de 2023, fui notificado vía correo electrónico de mi primera y única
calificación integral de servicios como funcionario de carrera de la Rama
Judicial, firmada electrónicamente en esa misma fecha por el señor Magistrado
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, correspondiente al año
2021, ya que el tiempo de 2020, al ser menor a tres meses, no fue objeto de
calificación; fecha de calificación y notificación (30 de junio de 2023) posterior a
la fecha límite para solicitudes de exoneración u homologación para el IX curso
de formación judicial (8 de mayo de 2023).

(…)

Por las anteriores razones, de manera respetuosa solicito, se estudie
minuciosamente mi caso concreto, se reponga la resolución recurrida y, en
consecuencia, se acceda a la solicitud de homologación del IX Curso de
Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de todas las
especialidades de la Rama Judicial, en sus dos subfases, con la calificación
obtenida en el curso de formación judicial anterior.

En el evento de no accederse a la petición principal, de manera subsidiaria,
solicito se estudie la viabilidad de exonerarme del mencionado curso de
formación judicial, teniendo en cuenta que para la fecha de interposición de
este recurso ya cuento con mi primera y única calificación integral de servicios
como funcionario de carrera, de fecha 30 de junio de 2023, de la cual adjunto
copia, con puntaje de 99, muy superior a los 80 puntos exigidos”.

Dicho recurso fue desatado por medio de la Resolución No. EJR23-243 de 31 de
agosto de 2023, que confirmó la decisión de no acceder a la solicitud de
homologación, en los siguientes términos:

“Dentro de los términos establecidos en el cronograma de la Fase III de la
etapa de selección de la convocatoria No. 27, publicado el 29 de marzo de
2023, el aspirante presentó recurso de reposición contra la Resolución No.
EJR23-184 del 23 de junio de 2023, por medio de la cual se le negó la solicitud
de homologación del IX Curso de Formación Judicial inicial, para que se
revoque.

En la Resolución No. EJR23-184 del 23 de junio de 2023, objeto del recurso de
reposición que se resuelve, se negó la solicitud de homologación que presentó
el aspirante porque ostenta la calidad de funcionario judicial en carrera y no
cuenta con la calificación integral de servicios, situación fáctica que impide que
se adecuara a lo dispuesto en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400, que
dispone que podrán solicitar la homologación del IX Curso de Formación
Judicial Inicial los aspirantes que no hayan ocupado un cargo de funcionario en
carrera.

Para sustentar su desacuerdo, el recurrente adujo los reparos indicados en el
acápite de antecedentes. En consecuencia, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” procede a pronunciarse sobre cada uno de ellos, como sigue Revisada
la actuación recurrida y la documentación aportada por el aspirante, se
establece que contrario a lo que predica el recurrente, la decisión objeto de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00
Demandante: José Samuel Silva Aguilar

revisión respetó los lineamientos normativos que regulan la etapa de solicitudes
de homologación y exoneración, conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia de
la H. Corte Constitucional. Esto es, aplicando con rigurosidad y objetividad los
requisitos que para cada una de las figuras - exoneración u homologación-
precisó el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400.

En efecto, el referido Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 fue claro en
distinguir a los funcionarios y exfuncionarios en carrera de quienes no han
detentado cargo en propiedad dentro de la Rama Judicial, para efectos de dar
aplicación a las figuras anteriormente mencionadas.

Atendiendo el principio de legalidad y presumiéndose la conformidad del
referido Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 con el orden constitucional y
legal por no existir interpretación u orden judicial que altere el contenido, esta
unidad aplicó lo preceptuado en él e inclusive buscó dar claridad sobre el
asunto con el instructivo que en su momento se publicitó para recibir las
solicitudes, con el único fin de aclarar qué discentes podían optar por
exoneración u homologación y su canal para interponerse.

En consecuencia, no se observa que se haya dado algún trato diferencial e
injustificado en la decisión recurrida, puesto que la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla” se limitó a evaluar si el aspirante cumplía con los requisitos de
homologación, conforme a lo estipulado en el multicitado Acuerdo.

De otra parte, en relación con la solicitud subsidiaria de exoneración, sostuvo:

“Ahora bien, respecto a la solicitud subsidiaria planteada en el recurso,
referente a estudiar la posibilidad de dar aplicación a la figura de la
exoneración, al tenor del inciso segundo del artículo 80 de la Ley 1437 de
2011, que dispone “(…) La decisión resolverá todas las peticiones que hayan
sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso” y en
gracia de discusión, se procederá a estudiar, si es procedente otorgar ese
beneficio al recurrente.

Al respecto, se observa que el aspirante es funcionario judicial y pese a que
con el escrito de reposición presentó su calificación de servicios realizada el 30
de junio de 2023, esta resulta extemporánea porque, conforme al cronograma
de la Fase III de la etapa de selección del IX Curso de Formación Judicial
Inicial, el plazo máximo para ello era el 8 de mayo de 2023. En tal sentido, no
es procedente exonerarlo de realizar el IX Curso de Formación Judicial Inicial”.

En ese orden de ideas, el accionante sustentó sus inconformidades en que debió
efectuarse la homologación o exoneración del curso de formación judicial, por
considerar que cumple con los requisitos establecidos para ello, pues considera
que al momento en que formuló la solicitud no contaba con la calificación integral
de servicios que le permitiera postularse a la exoneración, razón por la cual acudió
a la homologación atendiendo que había presentado un curso de formación previo.
Ante esa situación relató que de no accederse a lo pretendido debe tomar un
curso que ya realizó y que, además, ostenta un componente eliminatorio en la
eventualidad de no ser aprobado.

Al respecto, cabe resaltar que el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre
de 2019, se expidió en el marco de la actuación administrativa desarrollada por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura en la Convocatoria No. 27 para adoptar el Acuerdo Pedagógico que
regirá el IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a magistrados y
jueces de la República en todas las especialidades. En relación con la
homologación y la exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial, el
referido acuerdo señala lo siguiente:
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Demandante: José Samuel Silva Aguilar

“De conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la ley 270 de 1996, el
acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de
la previa aprobación del Curso de Formación Judicial Inicial en los términos que
señala la ley.

Por lo tanto, los discentes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales de
carrera, podrán solicitar la exoneración del IX Curso de Formación Judicial
Inicial y en tal caso se tomará la última calificación de servicio como sustitutiva
de evaluación para las dos (2) subfases, siempre que sea superior a 80 puntos.

Así mismo, los discentes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en
carrera, hubiesen cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial
como etapa de procesos de selección o convocatorias anteriores, podrán
solicitar la homologación y se tomará la calificación obtenida en el curso de
formación judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases,
siempre que la calificación sea superior a 800 puntos. De haber cursado y
aprobado más de un curso de formación judicial inicial se tomará como
sustitutiva la mayor calificación obtenida.

Se delega en la Directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” la
competencia para tramitar y resolver las solicitudes de exoneración y
homologación incluidos los recursos contra los actos administrativos que las
decidan, que sean presentados por los discentes que hayan aprobado las fases
I y II de la etapa de selección de la convocatoria 27, de acuerdo con el listado
que remita la Unidad de Administración de Carrera Judicial”.

Del citado acuerdo se concluye que, para efectos de obtener la exoneración u
homologación del curso de formación judicial, el accionante debía (i) en caso de
ser funcionario de carrera aportar la última calificación de servicios, (ii) en el
evento de no ostentar un cargo de carrera en la Rama Judicial, haber cursado y
aprobado un curso de formación judicial. En relación con la exigencia de la
evaluación de servicios el artículo 169 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, sostiene
que “tiene como objetivo verificar que los servidores de la Rama Judicial
mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad, calidad y
eficiencia que justifican la permanencia en el cargo”.

5.2. Descendiendo al caso bajo examen, la Sala encuentra que la acción de tutela
cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto el debate propuesto por el
demandante recae en la falta de valoración de la calificación de servicios aportada
con el recurso de reposición a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, que por
medio de la Resolución No. EJR23-243 de 31 de agosto de 2023 indicó que su
presentación fue extemporánea sin resolver de fondo el asunto, por lo que se trata
de una decisión dictada en el marco de un concurso de méritos que aún no ha
concluido.

En el presente asunto, la urgencia de la intervención del juez de tutela tiene como
fundamento que, según el cronograma, el 17 de octubre de 2023 inició el IX Curso
de Formación Judicial, correspondiente a la fase III de la Convocatoria 27. De ahí
que la intervención se torne esencial para verificar si la decisión de denegar la
homologación o exoneración del curso de magistrados y jueces de la Convocatoria
No. 27, garantizó los derechos fundamentales del concursante.

5.3. Ahora bien, de las pruebas allegadas al trámite constitucional está probado
que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá por medio del Oficio No.
CSJBTOP23-128 de 15 de marzo de 2023 atendió una solicitud formulada por la
directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, en la cual informó:

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Demandante: José Samuel Silva Aguilar

“En atención al oficio No. EJO23-192 del 24 de febrero de 2022, recibido en la
Secretaría de esta Corporación el 24 de febrero del año en curso, mediante el
cual solicita a este Consejo Seccional, la remisión de la última calificación
integral de servicios que se encuentre en firme respecto del listado de jueces
relacionado, con ocasión de la fase de exoneración y homologación de la
Convocatoria No. 27 de conformidad con el Acuerdo No. PCSJA18-11077 del
16 de agosto de 2016; resulta pertinente realizar las siguientes
consideraciones:

(…)

2. De otra parte, conviene precisar que, no es posible el envío de las
calificaciones respecto de los funcionarios judiciales que seguidamente se
enuncian, debido a las situaciones que se advierten para cada caso en
particular:

(…)

José Samuel 5654245 No tiene
Silva Aguilar Calificación
debido a que
tomó posesión el
19 de noviembre
de 2020.

(…)”.

En dicha oportunidad, como se puede evidenciar, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá manifestó que no era posible remitir la calificación del
accionante dado que no contaba con ella, en tanto tomó posesión en el
cargo el 19 de noviembre de 2020.

Lo anterior conduce a establecer que, a la fecha de presentación de la solicitud de
homologación, esto es el 28 de abril de 2023, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” tenía conocimiento de que no se había reportado la última calificación de
servicios del demandante, pues había requerido de oficio esa información el 24 de
febrero de 2023 al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Conforme lo dispone el cronograma de la Convocatoria No. 27 -fase III etapa de
selección para el IX Curso de Formación Judicial Inicial-, publicado por la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla8”, las solicitudes de homologación o exoneración, así
como los correspondientes recursos podían ser presentados y debían ser
resueltos en las siguientes fechas:

8 Información tomada de la página web de la accionada:
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/noticia/cronograma-convocatoria-27-fase-iii-etapa-de-seleccion-ix-
curso-de-formacion-judicial
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Demandante: José Samuel Silva Aguilar

Bajo ese escenario, el peticionario no tuvo otra opción que solicitar, en un primer
momento, la aplicación de la figura de la homologación, pues a pesar de ser
funcionario de carrera judicial no contaba con la calificación de servicios para la
fecha en que debía formular la respectiva solicitud, lo que le impedía acudir a la
figura de la exoneración.

Al respecto, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” resolvió negarle la solicitud
de homologación luego de considerar que “Revisada la solicitud y los documentos
aportados por los aspirantes antes relacionados, así como la información reportada por
los Consejos Seccionales de la judicatura respecto de las calificaciones integrales de
servicios, se evidenció que son funcionarios judiciales de carrera; por lo tanto, su
situación fáctica no se adecúa a la norma que solicitan les aplique; esto es, lo
dispuesto en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 que dispone que podrán solicitar la
homologación del IX Curso de Formación Judicial Inicial los aspirantes que, no hayan
ocupado un cargo de funcionario en carrera; por tal motivo no es procedente conceder la
homologación del IX CFJI...” (subrayas y negrillas por fuera del texto original).

En ese orden de ideas, la decisión inicial adoptada por la Escuela Judicial en la
Resolución No. EJR23-184 de 23 de junio de 2023 fue acorde con lo establecido
en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-114 de 2019, que dispone que la figura de la
homologación procede para los participantes que no ostentan un cargo de carrera
en la Rama Judicial, pues para su caso en particular lo procedente era la
exoneración para la cual resultaba necesario allegar la última calificación de
servicios.

Contra la anterior determinación, el actor presentó recurso de reposición el 5 de
julio de 2023, con el que allegó copia de la calificación de servicios expedida por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 30 de junio de 2023, con el fin de
que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” considerara aplicar la homologación
o, de manera subsidiaria, estudiara la figura de la exoneración por cumplir con los
requisitos establecidos en el Acuerdo Pedagógico. En la mencionada calificación
de servicios se indicó que “no se realizó al 30 de diciembre de 2022, según lo
establecido en el Acuerdo PCSJA22-11983, por cuanto no se pudo recaudar el número
mínimo de fichas para cuantificar el factor calidad. Por ello, se cumplió el procedimiento
descrito en el artículo 29 del Acuerdo PSAA16-10618, lo que permitió,
extemporáneamente, recaudar las necesarias fichas de calidad para consolidar la
calificación integral”.

La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” confirmó la decisión de no acceder a la
figura de la homologación, por las mismas razones, y respecto de la petición
subsidiaria consistente en que se accediera a la exoneración concluyó que pese a
haber allegado la calificación de servicios, resultaba extemporánea de
conformidad con el cronograma de la Fase III de la etapa de selección del IX
Curso de Formación Judicial Inicial.

Así las cosas, a pesar de que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” conocía
con antelación que el actor no podía aportar en su momento la calificación de
servicios para sustentar la solicitud de exoneración del Curso de Formación
Judicial, a lo que se agrega que pasó por alto la justificación de la
extemporaneidad de la calificación que se incorporó una vez se expidió por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, se apoyó en un argumento que
comprometió seriamente la efectividad del derecho fundamental al debido proceso
administrativo.

La Sala no desconoce que el plazo máximo para presentar la solicitud de
homologación o exoneración era hasta el 8 de mayo de 2023, porque así se indicó
en las reglas de convocatoria. Empero, en este caso concreto, la particularidad
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Demandante: José Samuel Silva Aguilar

fáctica de que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” conociera
anticipadamente que, para el caso del actor no era posible sustentar su solicitud
de exoneración porque no contaba con la calificación de servicios, así como la
justificación de la extemporaneidad contenida en la calificación de servicios que se
allegó con el recurso de reposición, se constituía en una circunstancia
determinante y trascendental que debió ser valorada al momento de resolver el
recurso de reposición.

Dicho en otros términos, debió tener en consideración la imposibilidad que se le
presentó al actor de allegar la calificación de servicios del año 2021, cuya
expedición le correspondía al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, y no
trasladarle esa carga que resultó desproporcionada. Es decir, debió concluir al
resolver el recurso de reposición que la presentación de ese documento soporte
que se requería para efectuar el estudio de la exoneración del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, se hizo de manera oportuna.

Bajo ese contexto, la Sala encuentra que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo del señor José
Manuel Silva Aguilar en el estudio del recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No. EJR23-184 de 23 de junio de 2023, por la falta de valoración de la
calificación integral de servicios del año 2021, a sabiendas de que, para el
momento en el que se presentó la solicitud de homologación el actor no contaba
con ella, la que solo pudo ser allegada con el recurso de reposición y en la que el
calificador justificó su extemporaneidad en el procedimiento descrito en el artículo
29 del Acuerdo PSAA16-10618 de 7 de diciembre de 20169, expedido por la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, momento en el que solicitó
como petición subsidiaria que fuera exonerado del IX Curso de Formación Judicial.

Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso
administrativo del señor José Samuel Silva Aguilar, para lo cual dejará sin efectos
la Resolución No. EJR23-243 de 31 de agosto de 2023 y, en consecuencia, se
ordenará a la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia profiera un nuevo
acto administrativo en el que resuelva el recurso de reposición formulado por el
demandante contra la Resolución No. EJR23-184 de 23 de junio de 2023,
teniendo en cuenta que la calificación integral de servicios correspondiente al año
2021 fue presentada oportunamente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGASE la solicitud de acumulación presentada por el demandante a
la acción de tutela con radicado No. 66001-23-33-000-2023-00199-00, cuya
primera instancia fue conocida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, de
conformidad con las razones expuestas.

9 Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de

carrera de la Rama Judicial.
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Demandante: José Samuel Silva Aguilar

Segundo.- NIÉGASE la petición de desvinculación formulada por el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial.

Tercero.- AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso administrativo
del señor José Samuel Silva Aguilar. En consecuencia,

Cuarto.- DÉJASE sin efectos la Resolución No. EJR23-243 de 31 de agosto de
2023, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la
directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla.

Quinto.- ORDÉNASE a la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”,
que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia
profiera un nuevo acto administrativo en el que resuelva el recurso de reposición
formulado por el demandante contra la Resolución No. EJR23-184 de 23 de junio
de 2023, teniendo en cuenta que la calificación integral de servicios
correspondiente al año 2021 fue presentada oportunamente.

Sexto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Séptimo-. PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Octavo-. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente en comisión Presidenta (E)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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