Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-00372-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra acto administrativo dictado en el marco de un concurso de méritos: convocatoria 27 Rama Judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-00372-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-00372-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
5 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO EN EL MARCO DE UN CONCURSO DE MÉRITOS - Convocatoria 27 Rama Judicial / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA ANTE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Al ser un acto de trámite
En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala resolver, en primer lugar, el siguiente problema jurídico: ¿acertó el a quo al concluir que la acción de tutela presentada por la señora [M.E.G.B.] no supera el requisito de subsidiariedad? De encontrarse cumplido este requisito, (…) [L]a Sala advierte que la Resolución CJR20-0202 de 2020 no se trató de una decisión que culminara alguna de las etapas del concurso, sino que, por el contrario, se expidió con el propósito de dar continuidad al concurso. Luego, no constituye un acto definitivo, sino de trámite, pues no creó, modificó o extinguió situaciones jurídicas particulares y concretas de los concursantes. El propósito del acto, como se vio, fue impulsar la convocatoria y constituye una actuación intermedia que antecede al acto definitivo, como lo es el que conforma la lista de elegibles. Se trata entonces de un típico acto de trámite, en cuanto no concluye una actuación administrativa, pero la impulsa hasta llevarla a un acto definitivo. En casos similares, las Secciones Segunda, Subsección A, y Quinta del Consejo de Estado también han concluido que la Resolución CJR20-0202 de 2020 es un acto de trámite. Por último, la Sala precisa que no es cierto que, tratándose de concurso de méritos, el juez de tutela no pueda determinar la naturaleza del acto (de trámite o definitivo), como lo concluyó el a quo. Todo lo contrario, como se explicó, el juez de tutela parte de ese análisis para examinar justamente si la acción de tutela es o no procedente. Se resuelve, entonces, el primer problema jurídico: no acertó el a quo al concluir que la acción de tutela interpuesta por [M.E.G.] no cumplía el requisito de subsidiariedad. La acción de tutela sí es procedente para determinar si la Resolución CJR20-0202 de 2020 vulneró o no el derecho fundamental al debido proceso que invoca la demandante y, por lo tanto, continúa la Sala con el análisis del fondo del asunto.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO EN EL MARCO DE UN CONCURSO DE MÉRITOS - Convocatoria 27 Rama Judicial / CITACIÓN A NUEVO EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[L]a Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico de fondo: ¿la Resolución CJR20-0202 de 2020, expedida por la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la demandante? (…) [A juicio de la Sala,] la Resolución CJR20-0202 de 2020 es un acto administrativo de trámite, de ahí que, por su propia naturaleza, no es susceptible de recursos, tal y como lo prevé el artículo 75 del CPACA: “no habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa”. Tampoco se advierte que sea de los casos en que, de manera excepcional, se acepte la procedencia de recursos. En este punto, conviene precisar que, tratándose de concurso de méritos, el Consejo Superior de la Judicatura ostenta la potestad reglamentaria. (…) [De otra parte,] contra lo afirmado por la actora, se advierte que el acto administrativo acusado cuenta con suficiente motivación, pues da cuenta de las razones que se tuvieron en cuenta para corregir la actuación administrativa adelantada hasta ese momento. La repetición de las pruebas por los errores evidenciados en la estructuración de las preguntas constituye una decisión razonable en aras de salvaguardar el derecho al mérito en que se edifica el concurso. Aunque la actora señala que la Resolución CJR20-0202 de 2020 contradijo la Resolución No. CJR19-877 de 2019 en lo relativo a las inconsistencias del lector óptico, lo cierto es que el acto administrativo que aquí se acusa únicamente se fundamentó en las diferencias que se encontraron en las claves de 226 preguntas que afectaban los componentes de derecho administrativo, civil-comercial, familia, laboral y penal, y que se sumaban a otros ítems que desde la primera corrección ya se habían identificado. Luego, no es cierto que se cimentara en presuntos errores del lector óptico. (…) Por todo lo expuesto, la Sala concluye que la Resolución CJR20-0202 de 2020 no vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la actora y, en ese sentido, queda resuelto el segundo problema jurídico propuesto. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la acción de tutela.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00372-01(AC)
Actor: MARÍA ESTEFANÍA GONZÁLEZ BENAVIDES
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, Y OTRO
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora María Estefanía González Benavides contra la sentencia del 23 de abril de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela, la señora María Estefanía González Benavides pidió la protección del derecho fundamental al debido proceso, que estimó vulnerado por la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
Dejar sin efectos la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, proferida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, dentro de la Convocatoria No 27 adelantada para el concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, para los aspirantes al cargo de Juez Administrativo.
Continuar con las siguientes etapas del proceso de selección a partir de la calificación contenida en la Resolución No. CJR19-0679 del 7 de junio de 2019, confirmada por la Resolución No CJR19-877 del 28 de octubre de 2019, para los aspirantes al cargo de Juez Administrativo.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
2.2. La señora María Estefanía González Benavides se inscribió a la anterior convocatoria para proveer el cargo de juez administrativo y, el 2 de diciembre de 2018, presentó las pruebas de conocimientos generales y específicos, aptitudes y psicotécnicas.
2.3. Mediante Resolución No. CJR-559 del 28 de diciembre de 2018, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura publicó los resultados de la prueba de conocimientos y competencias. La demandante superó las pruebas con puntaje de 803,31. Esa decisión se publicó el 14 de enero de 2019.
2.4. En comunicado del 17 de mayo de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia informaron que se calificaría nuevamente la prueba de aptitudes, toda vez que en el proceso no se actualizaron las claves de respuesta, cuestión que produjo imprecisiones en la calificación de los examinados.
2.5. Por Resolución No. CJR19-0679 del 7 de junio de 2019, la Unidad de Carrera Judicial corrigió la actuación administrativa y publicó el nuevo resultado de la prueba de aptitudes y conocimientos. En esta oportunidad, la señora González Benavides también superó la prueba con 914,87 puntos.
2.6. El 3 de julio de 2019, la señora González Benavides solicitó: (i) la exhibición de preguntas, el cuadernillo de respuestas, el número de aciertos y las claves de respuestas asignadas por la Universidad Nacional y (ii) la ampliación del término para presentar y sustentar el recurso de reposición contra la Resolución No. CJR19-0679 de 2019, de acuerdo a los hallazgos que encontrara en la jornada de exhibición.
2.7. El 11 de agosto de 2019, la actora acudió a la jornada de exhibición y revisó el contenido de la prueba y estimó que no se presentaron inconsistencias. Por lo anterior, manifestó que no recurrió la Resolución No. CJR19-0679 del 7 de junio de 2019.
2.8. Mediante Resolución CJR20-202 del 27 de octubre de 2020, “por la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27”, la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura dispuso continuar el proceso de selección con una nueva citación y aplicación de pruebas de conocimientos generales y específicos, de aptitudes y psicotécnicas.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La señora María Estefanía González Benavides alegó que la Unidad de Registro Nacional de Elegibles del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron el derecho fundamental al debido proceso por las siguientes razones:
3.1.1. Que el Consejo Superior de la Judicatura desconoció que la actora tenía derecho a impugnar la Resolución CJR20-0202 de 2020, por cuanto esa decisión dejó sin efectos el puntaje que obtuvo en la prueba de aptitudes y conocimientos y que le permitía continuar en el proceso de selección.
3.1.2. Que, además, dicho acto administrativo carece de motivación, pues, a juicio de la demandante, las presuntas irregularidades en que se fundamentó no fueron suficientemente explicadas por la Unidad Administrativa de Carrera Judicial. Que, en efecto, no se indicaron con claridad los motivos que llevaron a adoptar una medida tan extrema y onerosa como lo era repetir la prueba de aptitudes y conocimientos. Que bien pudieron adoptarse otras medidas que permitieran rescatar la actuación administrativa adelantada hasta ese momento.
3.1.3. Que, aunque en la Resolución CJR20-0202 de 2020 se indicó que la presunta diferencia en las claves de respuesta impactó negativamente los componentes de las áreas de cada especialidad, incluyendo derecho administrativo, lo cierto es que las inconsistencias solo afectaron el componente general y algunas especialidades, entre las que excluyó el área de derecho administrativo. Que, además, tampoco se precisó a qué áreas del conocimiento pertenecen las 226 preguntas que requieren de validación o que fueron encontradas erróneas.
3.1.4. Que en la Resolución No. CJR19-877 de 2019 (que resolvió los recursos que se interpusieron contra la segunda calificación) se aseguró que después de la revisión manual que hizo la Universidad Nacional a las hojas de respuesta, solamente se habían detectado falencias en la lectura de las pruebas de seis participantes. Siendo así, sostuvo que no existía motivo razonable para que el acto administrativo cuestionado adujera que se encontraron inconsistencias relacionadas con el lector óptico. Que, en todo caso, los presuntos errores en el lector óptico no afectaban la validez de las preguntas, pues únicamente podía incidir en la calificación de cada participante.
3.1.5. Que dejar sin efectos la calificación de la segunda prueba, así se tratara de un acto de trámite, requería de motivación clara, que permitiera a las personas que tenían una expectativa legítima de continuar en las siguientes etapas del concurso, entender las razones por las que se adoptó esa medida, y no otra menos gravosa.
3.1.6. Que la decisión de repetir las pruebas de aptitudes y conocimientos desconoció los parámetros que guiaban el proceso de selección y que resultaba ilegal, porque desconoció los requisitos y términos de la convocatoria pública, así como los principios que gobiernan la función pública: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
3.1.7 Finalmente, la actora adujo que la acción de tutela es el medio judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los participantes, por cuanto la decisión que se cuestiona es un acto de trámite contra el que no proceden recursos de vía administrativa. Que, en todo caso, de estimarse que la Resolución No. CJR19-877 de 2019 constituía un acto administrativo que podía ser controvertido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debía estudiarse como mecanismo transitorio, pues los términos perentorios del concurso hacen necesaria y urgente la intervención del juez de tutela.
4. Intervenciones
4.1. El director del Proyecto Contrato 096 de 2018 de la Universidad Nacional manifestó que la acción de tutela era improcedente, por las razones que a continuación se resumen:
4.1.1. Que la Resolución CJR20-0202 de 2020 no vulneró ningún derecho fundamental, pues no tenía la virtud de definir una situación especial y concreta de la aspirante que aquí demanda, al no excluirla del proceso ni impedirle continuar en el concurso de méritos. Que dicho acto administrativo constituía un acto de trámite cuyo fin era darle impulso a la convocatoria y, por lo tanto, no reconocía ni generaba derechos adquiridos, comoquiera que la calificación era una actuación intermedia que, junto con otros componentes a cumplir, precedía al registro de elegibles, último que sí constituía en un acto definitivo, particular y concreto, que al estar en firme creaba derechos subjetivos susceptibles de exigencia.
4.1.2. Que, contra lo afirmado por la demandante, la Resolución CJR20-0202 de 2020 estuvo debidamente motivada, toda vez que contiene los fundamentos normativos y se explicaron las razones por las que fue necesario corregir la actuación administrativa en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso de todos los participantes y salvaguardar el principio de mérito que rige el concurso.
4.1.3. Que, de accederse a las pretensiones de la demandante, se generaría una grave lesión de derechos fundamentales de todos los participantes del concurso, al mantener una prueba “a la que le pesan las inconsistencias mencionadas en la parte motiva de la resolución, y cuya solución no es irrazonable, arbitraria, caprichosa ni desproporcionada”.
4.1.4. Que, en un caso similar, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia de tutela del 26 de enero de 2021, declaró improcedente la acción de tutela.
4.1.5. Que no se demostró la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, requisito para que la acción de tutela se tramitara como garantía de derechos fundamentales.
4.1.6. Que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la demandante alegaba que la Resolución CJR19-0679 del 7 de junio de 2019 contenía derechos adquiridos a su favor, de manera que de considerarse cierta esa afirmación, correspondería a la jurisdicción contencioso administrativa dirimir la controversia que plantea.
4.1.7. Que la acción de tutela tampoco cumplía con el requisito de inmediatez, debido a que se promovió luego de cinco meses de expedida la resolución que acusa, tiempo que, a su juicio, supera el margen de razonabilidad.
4.1.8. Finalmente, adujo que las Resoluciones CJR18-559 de 2018 y CJR19-0679 de 2019 generaron meras expectativas a la actora en cuanto a la posibilidad de continuar en el concurso, mas no de pertenecer a la lista de elegibles, pues aún podría ser excluida en alguna de las etapas clasificatorias. Que, por lo tanto, no era cierto que los citados actos administrativos dieran lugar a expectativas legítimas, como adujo la demandante.
4.2. La directora de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura manifestó que la acción de tutela era improcedente, con fundamento en que existía otro mecanismo de defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en que no se demostró, siquiera sumariamente, la existencia de un perjuicio irremediable. Que, de todas maneras, la solicitud de amparo también debía denegarse, porque no se presentaba vulneración de derechos fundamentales. Que la entidad publicó la Resolución CJR20-0202 de 2020, en virtud del deber legal de corregir toda la actuación administrativa desde la citación a pruebas escritas, por las inconsistencias encontradas y en prevalencia del principio del mérito.
5. Sentencia impugnada
5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por sentencia del 23 de abril de 2021, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
5.2. En concreto, el a quo estimó que si bien la génesis de la controversia radicaba en si la Resolución No. CJR20-202 del 27 de octubre de 2020 era un acto de trámite o definitivo y, en consecuencia, era objeto o no de control judicial ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo cierto era que la resolución de tales cuestionamientos correspondía al juez natural.
5.3. Que, actualmente, en la Sección Segunda de esta Corporación, se encuentra en trámite un proceso de nulidad, con medida provisional, contra el citado acto administrativo, motivo por el cual consideraba que era ahí donde se debía definir si ese era o no el mecanismo ordinario idóneo y procedente para estudiar los reparos contra el acto demandado.
5.4. A juicio del juez de primera instancia, la determinación del juez natural indiscutiblemente repercutiría en la procedibilidad o no de la acción de tutela, incluso, como mecanismo transitorio para controvertir la Resolución No. CJR20-202 de 2020, “por lo que una decisión al respecto por parte del juez constitucional vaciaría la competencia de aquel”.
5.5. La anterior decisión contó con un salvamento de voto, que se fundamentó en que el asunto debió conocerse de fondo, porque no era cierto que existiera un medio idóneo para cuestionar la resolución objeto de tutela, por tratarse de un acto administrativo de trámite y que, por lo tanto, no era susceptible de control judicial.
6. Impugnación
6.1. La actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó que se revocara y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la acción de tutela. Así, expuso que contrario a lo manifestado por el a quo, la acción de tutela sí era procedente para cuestionar la legalidad de la Resolución CJR20-0202 de 2020, porque esa decisión ocasionaba una grave vulneración al derecho fundamental al debido proceso y a los principios de buena fe, confianza legítima, legalidad de las actuaciones administrativas, seguridad jurídica, eficiencia y moralidad.
6.2. Adujo que el Consejo de Estado ha señalado que, por lo general, las decisiones dictadas en los concursos de méritos son actos de trámite, expedidos justamente para impulsar la continuidad de la convocatoria, y que contra los mismos no proceden los recursos de vía administrativa ni los medios de control de la Ley 1437 de 2011, motivo por el que la tutela era el medio judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los concursantes.
6.3. Sostuvo que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que la competencia del juez de tutela es tan amplia, que, incluso tratándose de actos administrativos pasibles de control por la vía contenciosa administrativa, podía entrar a conocer del asunto, desplazando al juez natural, cuando se demuestre que los actos vulneran derechos fundamentales.
6.4. Insistió en que en el presente debate se discutían derechos y garantías de raigambre fundamental, lo cual hacía necesaria y urgente la intervención del juez constitucional.
CONSIDERACIONES
De la acción de tutela
1.1. La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
1.2. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.
2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala resolver, en primer lugar, el siguiente problema jurídico: ¿acertó el a quo al concluir que la acción de tutela presentada por la señora María Estefanía González Benavides no supera el requisito de subsidiariedad?
2.2. De encontrarse cumplido este requisito, la Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico de fondo: ¿la Resolución CJR20-0202 de 2020, expedida por la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la demandante?
3. Solución del primer problema jurídico: ¿acertó el a quo al concluir que la acción de tutela presentada por la señora María Estefanía González Benavides no supera el requisito de subsidiariedad?
3.1. La Sala comienza por decir que la subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
3.1.1. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó:
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales (…).
3.1.2. Para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
3.1.3. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos de méritos, convocados para acceder a cargos públicos, esta Corporación ha sostenido que, por regla general, las decisiones dictadas en los concursos de méritos son actos administrativos de trámite, expedidos justamente para impulsar y dar continuidad a la convocatoria. Como se sabe, contra los actos de trámite no proceden los recursos ni las acciones contencioso administrativas y, por lo tanto, la tutela se ve como el remedio judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los concursantes. Por consiguiente, la Sección ha estudiado de fondo las tutelas en las que se discuten decisiones de mero trámite.
3.1.4. Sin embargo, en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe un acto administrativo que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados, esta Sección ha sostenido que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las personas que se someten a un concurso de méritos, pues se trata de un acto administrativo definitivo, que establece el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el puntaje. A la misma conclusión ha llegado la Sala frente a los actos que excluyen a los participantes del concurso de méritos, por cuanto también se trata de un acto administrativo definitivo. En esos casos, se ha concluido que la tutela es improcedente, habida cuenta de que existe otro medio para la protección de los derechos fundamentales violados o en situación de amenaza: la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.1.5. En conclusión, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite. Empero, si se discute una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso, por ejemplo) la acción de tutela es improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial, como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los que se puede hacer uso de las medidas cautelares.
3.1.5.1. No sobra advertir que, en materia de concursos de méritos, la competencia del juez de tutela es extremadamente restringida. Por eso, debe ser cuidadoso en examinar la vulneración de los derechos fundamentales de los concursantes. Solo en los casos en que aparezca bien probada la vulneración o amenaza puede adoptar medidas razonables y pertinentes para conjurarla. El cuidado que debe tener el juez de tutela lo obliga a prevenir que la protección que concede no haga traumático el concurso de méritos, al punto de volverlo interminable. Esto es, las decisiones que adopte no pueden llegar a afectar las condiciones normales en que se desarrolla el concurso ni afectar los derechos fundamentales de los demás concursantes.
3.2. En el sub lite, la señora María Estefanía González Benavides cuestiona la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, dictada por la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, que corrigió una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27. Específicamente, el citado acto administrativo resolvió:
ARTÍCULO 1.° CORREGIR la actuación administrativa contenida en las resoluciones CJR19-0679 y CJR19-0877 de 2019; CJR20-0185, CJR20-0187, CJR20-0188, CJR20- 0189 y CJR20-0200 de 2020, junto con los demás actos administrativos expedidos durante el procedimiento que se corrige, desde la citación a las pruebas de conocimientos generales y específicos, de aptitudes y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a derecho, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta resolución, y en consecuencia, CONTINUAR el trámite de la convocatoria, para lo cual, oportunamente se publicarán las citaciones y se aplicarán las pruebas.
3.2.1. La resolución acusada se refirió (i) a las irregularidades que se presentaron en la fase 1 de la convocatoria y que se intentaron corregir a través de la Resolución CJR-679 del 7 de junio de 2019 y (ii) a los requerimientos que extendió la Unidad de Carrera Judicial a la Universidad Nacional, respecto de errores que se siguieron identificando en acciones de tutela, relativos a la lectura óptica de hojas de respuesta y en la construcción de pruebas. Que, a partir de lo anterior, la Universidad Nacional realizó la verificación de validez del contenido de 226 preguntas, en las que encontró varios errores de estructuración, situación a partir de la cual, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura corrigió la actuación administrativa en aras de salvaguardar la prevalencia del mérito y determinó que se citaría nuevamente a pruebas.
3.2.2. A partir de lo anterior, la Sala advierte que la Resolución CJR20-0202 de 2020 no se trató de una decisión que culminara alguna de las etapas del concurso, sino que, por el contrario, se expidió con el propósito de dar continuidad al concurso. Luego, no constituye un acto definitivo, sino de trámite, pues no creó, modificó o extinguió situaciones jurídicas particulares y concretas de los concursantes. El propósito del acto, como se vio, fue impulsar la convocatoria y constituye una actuación intermedia que antecede al acto definitivo, como lo es el que conforma la lista de elegibles.
3.2.3. Se trata entonces de un típico acto de trámite, en cuanto no concluye una actuación administrativa, pero la impulsa hasta llevarla a un acto definitivo. En casos similares, las Secciones Segunda, Subsección A, y Quinta del Consejo de Estado también han concluido que la Resolución CJR20-0202 de 2020 es un acto de trámite.
3.2.4. Por último, la Sala precisa que no es cierto que, tratándose de concurso de méritos, el juez de tutela no pueda determinar la naturaleza del acto (de trámite o definitivo), como lo concluyó el a quo. Todo lo contrario, como se explicó, el juez de tutela parte de ese análisis para examinar justamente si la acción de tutela es o no procedente.
3.3. Se resuelve, entonces, el primer problema jurídico: no acertó el a quo al concluir que la acción de tutela interpuesta por María Estefanía González no cumplía el requisito de subsidiariedad. La acción de tutela sí es procedente para determinar si la Resolución CJR20-0202 de 2020 vulneró o no el derecho fundamental al debido proceso que invoca la demandante y, por lo tanto, continúa la Sala con el análisis del fondo del asunto.
4. Solución al segundo problema jurídico: ¿la Resolución CJR20-0202 de 2020, expedida por la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la demandante?
4.1. De manera preliminar, debe decirse que, a juicio de la actora, el acto acusado vulneró el debido proceso, por cuanto trajo como consecuencia que se dejara sin efectos el puntaje que obtuvo en las pruebas (914,87) y que le permitía continuar en el proceso de selección. En esa medida, el análisis de la Sala se limita a determinar la posible afectación del derecho fundamental invocado, mas no al estudio de legalidad de la Resolución CJR20-0202 de 2020.
4.2. Concretamente, la actora estima que la Resolución CJR20-0202 de 2020 vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto: (i) no fue susceptible de impugnación; (ii) incurrió en falsa motivación, en la medida en que no sustentó de manera suficiente la decisión, contradijo las afirmaciones de la Resolución No. CJR19-877 de 2019, desconoció la expectativa legítima de la actora en continuar en las siguientes etapas del concurso, y (iii) desconoció los parámetros que guían el proceso de selección, así como los requisitos y términos de la convocatoria pública y los principios que gobiernan la función pública. En ese mismo orden, la Sala resolverá los cargos de la demanda.
4.3. Sobre la violación del derecho al debido proceso por la imposibilidad de recurrir la Resolución CJR20-0202 de 2020. Como se dijo, la Resolución CJR20-0202 de 2020 es un acto administrativo de trámite, de ahí que, por su propia naturaleza, no es susceptible de recursos, tal y como lo prevé el artículo 75 del CPACA: “no habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa”.
4.3.1. Tampoco se advierte que sea de los casos en que, de manera excepcional, se acepte la procedencia de recursos. En este punto, conviene precisar que, tratándose de concurso de méritos, el Consejo Superior de la Judicatura ostenta la potestad reglamentaria. En efecto, el artículo 164 la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), establece: “la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera”.
4.3.2. En ejercicio de esa potestad, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura determinó en el numeral 5.3. del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 que solo procedería el recurso de reposición contra los siguientes actos:
El acto que contiene el resultado de las pruebas de aptitudes y conocimientos, el cual será resuelto por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por delegación.
El acto eliminatorio de cada una de las sub fases, general o especializada, en el Curso de Formación Judicial Inicial, que será dictado por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por delegación, y
El acto administrativo que contiene el puntaje obtenido por los aspirantes en la etapa clasificatoria, que será resuelto por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por delegación.
4.3.3. Como se ve, las reglas de la convocatoria tampoco prevén que el acto de corrección sea objeto de impugnación. De ahí que el hecho de que la Resolución CJR20-0202 de 2020 no prevea la posibilidad de ser recurrida no implica per se la violación del derecho al debido proceso. La imposibilidad de recurrir esa decisión proviene de la naturaleza misma del acto (acto de trámite) y del hecho de que no fue incluida entre los actos de trámite que se pueden recurrir en la convocatoria 27.
4.3.4. Se descarta, entonces, el argumento de la actora sobre la violación del debido proceso, en este punto.
4.4. Sobre la violación al debido proceso por insuficiente motivación de la Resolución CJR20-0202 de 2020. Para resolver, conviene decir nuevamente que, mediante Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, la directora de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura corrigió la actuación administrativa adelantada en la convocatoria 27, desde la citación a las pruebas de conocimientos generales y específicos.
4.4.1. En dicha resolución se explicó que, en mayo de 2020, revisores expertos de la Universidad Nacional, tras hacer la verificación de validez de contenido de 226 preguntas, encontraron que existían diferencias referidas a las claves inicialmente otorgadas por el autor, que afectaban los componentes de derecho administrativo, civil-comercial, familia, laboral y penal. Que, además, esos ítems eran adicionales a los que se identificaron en la primera corrección de la actuación administrativa, que afectaron tanto el componente general como los exámenes para los componentes laboral, civil, pequeñas causas, competencia múltiple, penal, civil – familia – laboral y salas únicas. Así se expresó en el acto administrativo:
Es así como, en mayo del presente año la Universidad Nacional de Colombia efectuó una revisión complementaria de items de las pruebas de conocimientos y aptitudes, únicamente desde el punto de vista psicométrico del 100% de las preguntas y no sobre su contenido, análisis del cual concluyó que debía hacerse la verificación de validez del contenido, únicamente de 226 preguntas, en las que los revisores expertos encontraron diferencias referidas a las claves inicialmente otorgadas por el autor, que afectan los componentes de derecho administrativo, civil-comercial, familia, laboral y penal, para magistrados y jueces.
Los mencionados items son adicionales a los ya identificados en la primera corrección de la actuación administrativa, unos que afectaron el componente general de las pruebas y otros impactaron los exámenes para los componentes de laboral, civil, pequeñas causas y competencia múltiple, penal, civil - familia - laboral y salas únicas.
De ello se desprende que dichos errores radican en la estructuración de las preguntas con incidencia directa en el resultado o la calificación, lo que afecta negativamente la calidad de la prueba, en contravía de lo perseguido con la convocatoria, la ley y la Constitución, de la prevalencia del mérito para ingresar o ascender en la rama judicial como juez o magistrado.
4.4.1.1. A partir de lo anterior, se consideró que los errores radicaban en la estructuración de las preguntas con incidencia directa en la calificación, lo que afectaba negativamente la calidad de la prueba, en contravía de lo perseguido con la convocatoria, la ley y la Constitución, “la prevalencia del mérito para ingresar o ascender en la rama judicial como juez o magistrado”. Que, por lo tanto, las inconsistencias en la prueba de aptitudes y conocimientos reportadas por la Universidad Nacional, tenían como consecuencia la repetición de las pruebas a cargo de esa institución educativa. En el acto administrativo se lee:
Las inconsistencias en la prueba de aptitudes y conocimientos, reportadas por la Universidad Nacional de Colombia, generan como respuesta la repetición de las pruebas a cargo de dicha institución educativa.
Formalmente, la actuación administrativa cumple con todas las fases hasta ahora desarrolladas, pero la base o prueba, que permite su continuación, está horadada por sustanciales inconsistencias (estructuración) que impiden proseguir con las etapas hasta tanto no se sustituya por cimiento consolidado. Es decir, una prueba con tales yerros no puede producir efectos válidos, por lo que se hace necesario corregir la irregularidad por medio del mecanismo previsto en el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
En consecuencia, la Universidad Nacional de Colombia construirá y aplicará nuevas pruebas de conocimientos generales, específicos y de aptitudes, con el propósito de garantizar que el mérito sea siempre su principio rector.
4.4.1.2. Adicionalmente, se resaltó que tratándose de concursos, cobraba mayor importancia la necesidad de corregir los yerros presentados en el trámite administrativo, si se tenía en cuenta que “se trata de un concurso para jueces y magistrados, dado que la administración de la carrera judicial se debe orientar a atraer y retener los servidores más idóneos para ocupar dichos cargos, responsables de la prestación del servicio público esencial de administrar justicia y en los cuales podrán permanecer hasta la edad de retiro forzoso, esto es, hasta los setenta (70) años”.
4.4.2. De acuerdo con lo anterior y contra lo afirmado por la actora, se advierte que el acto administrativo acusado cuenta con suficiente motivación, pues da cuenta de las razones que se tuvieron en cuenta para corregir la actuación administrativa adelantada hasta ese momento. La repetición de las pruebas por los errores evidenciados en la estructuración de las preguntas constituye una decisión razonable en aras de salvaguardar el derecho al mérito en que se edifica el concurso.
4.4.3. Aunque la actora señala que la Resolución CJR20-0202 de 2020 contradijo la Resolución No. CJR19-877 de 2019 en lo relativo a las inconsistencias del lector óptico, lo cierto es que el acto administrativo que aquí se acusa únicamente se fundamentó en las diferencias que se encontraron en las claves de 226 preguntas que afectaban los componentes de derecho administrativo, civil-comercial, familia, laboral y penal, y que se sumaban a otros ítems que desde la primera corrección ya se habían identificado. Luego, no es cierto que se cimentara en presuntos errores del lector óptico. La mención que se hizo fue únicamente a manera de antecedente.
4.4.4. Ahora, en cuanto a que la Resolución CJR20-0202 de 2020 desconoció que la actora tenía una expectativa legítima respecto de la continuación de las etapas del concurso, por haber obtenido un puntaje de 914,87 en la prueba de aptitudes y conocimiento, es preciso señalar que, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional en sentencia T-945 de 2009, “solamente la conformación de la lista de elegibles que debe adoptarse mediante acto administrativo, define la situación jurídica de los participantes, puesto que adquieren un derecho particular y concreto que les da la certeza de poder acceder al cargo para el cual concursaron. Durante las etapas del concurso, tan sólo tiene una expectativa de pasarlo”.
4.4.4.1. Siendo así, el acto administrativo que entrega el resultado de las pruebas de aptitudes y conocimientos únicamente podría generar una mera expectativa en los concursantes, teniendo en cuenta que se expide en la etapa clasificatoria del concurso, esto es, cuando aún no ha culminado el concurso ni se ha expedido el acto de conformación del Registro Nacional de Elegibles, que será el único que concrete la situación jurídica de los concursantes que incluya. De ahí que la decisión de retrotraer la actuación administrativa hasta la citación de pruebas no vulnera el derecho fundamental al debido proceso de la actora.
4.4.4.2. Con todo, conviene señalar que la corrección de la actuación administrativa no implicó la exclusión de la señora María Estefanía González Benavides del concurso, de manera que, en igualdad de condiciones de los demás participantes, podrá continuar en el proceso de clasificación.
4.5. Sobre la violación del debido proceso por desconocimiento de los parámetros que guían el proceso de selección, así como los requisitos y términos de la convocatoria pública y los principios que gobiernan la función pública. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa y que el ingreso a dichos empleos será por concurso público de méritos, salvo que la constitución o la ley determine otro sistema de nombramiento.
4.5.1. El concurso público de méritos es un procedimiento de selección de servidores públicos que tiene como fin evaluar las capacidades y aptitudes de los aspirantes a un cargo de carrera. Para el caso de la carrera judicial, el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 estableció que el concurso de méritos es «el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se fijará su ubicación en el mismo».
4.5.1.1. Para adelantar el concurso público de méritos en la carrera judicial, previamente se deben expedir las reglas que lo regularán, que vinculan tanto a la administración como a los aspirantes a los cargos y que se convertirán en una especie de ley para las partes. Así lo establece el propio artículo 164 de la Ley 270 de 1996:
Artículo 164. Concurso de méritos. (…)
Los concursos de mérito en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas:
(…)
2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos. Cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Sala Administrativa de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, y extraordinariamente cada vez que, según las circunstancias, el Registro de Elegibles resulte insuficiente.
4.5.1.2. Las reglas de la convocatoria, entonces, controlan la actividad de la propia administración y, a su vez, les permite a los concursantes conocer las bases del concurso, los criterios o requisitos mínimos para participar, la forma en que los evaluarán, las etapas del concurso, las pruebas que deben presentar, el resultado que deben obtener para aprobar el concurso, entre otros asuntos.
4.5.1.3. Concretamente, la sujeción a las reglas de la convocatoria implica, de un lado, que la administración no puede alterar inesperadamente las reglas previamente fijadas, pues las modificaciones intempestivas afectarían el principio de buena fe de los aspirantes que confían en que tales reglas se mantengan. Y, por otro lado, implica que el aspirante, una vez se inscribe al concurso, queda sometido a esas reglas y posteriormente no podrá pretender que se modifiquen en su favor. Justamente por lo anterior, lo apropiado es que la administración fije claramente las reglas que regularán el concurso de méritos y que los aspirantes, antes de la inscripción, lean detenidamente la convocatoria para que determinen si aceptan o no las reglas a las que se someterán.
4.5.1.4. Entonces, las reglas de los concursos de méritos son ley para las partes y, por ende, ni la administración ni los aspirantes las pueden desconocer. En palabras de la Corte Constitucional: «la convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico imperante».
4.5.2. En el presente asunto, el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, que convocó a concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, señaló que con esa convocatoria pública y abierta se buscaba “seleccionar a los abogados que se acerquen más y mejor al perfil de un juez con las competencias necesarias para el óptimo desempeño de sus funciones”.
4.5.2.1. Justamente en atención al anterior criterio, y en virtud de la figura prevista en el artículo 41 del CPACA, la Unidad Administrativa de Administración Judicial consideró que los errores de estructuración en 226 preguntas afectaban negativamente la calidad de la prueba, circunstancia que contrariaba el fin perseguido con la convocatoria, esto es, la prevalencia del mérito para el acceso a los cargos o ascenso en la Rama Judicial.
4.5.2.2. La Sala ve que la actuación de la administración tuvo como finalidad garantizar la idoneidad de la prueba, característica que resulta de gran relevancia, pues las pruebas que se realizan en los procesos de selección deben estar diseñadas para determinar si los aspirantes cumplen los méritos y calidades que se exigen para ocupar los cargos de carrera ofertados. La finalidad de las pruebas es «evaluar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos».
4.5.2.3. Precisamente por lo anterior, si la elaboración de las pruebas no cumple con estándares mínimos para determinar los conocimientos, capacidades o habilidades que se pretende evaluar, resulta razonable que, con el ánimo de garantizar que los aspirantes sean debidamente evaluados, se adecúe el procedimiento y se vuelvan a practicar las pruebas que sí cumplan con esos requisitos. No tendría sentido mantener una evaluación a partir de preguntas que no permiten medir la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los cargos ofertados, que, como se vio, es la finalidad de las pruebas que se realizan en los procesos de selección.
4.5.2.4. Esa decisión, además de ser razonable, garantiza el derecho a la igualdad que rige en materia de concurso de méritos, pues la corrección de la actuación se hizo para todos los participantes de la convocatoria 27 y, por ende, todos serán nuevamente evaluados.
4.6. Por todo lo expuesto, la Sala concluye que la Resolución CJR20-0202 de 2020 no vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la actora y, en ese sentido, queda resuelto el segundo problema jurídico propuesto.
4.7. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar:
2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora María Estefanía González Benavides, conforme con las razones expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Magistrado
Citó la sentencia de tutela del 26 de enero de 2021, proceso No. 2020-04843, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente una acción de tutela de similares supuestos fácticos.
Del magistrado Ramiro Pazos Guerrero.
En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de AC-00698[1], sostuvo que “las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro de la actuación propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para impulsar y dar continuidad al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las entidades involucradas. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso-administrativas, por lo tanto, en el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con otros medios de defensa para lograr la continuidad en el concurso docente y las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para lograr la protección a los derechos fundamentales invocados”.
Al respecto ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
Sentencias del 1° de julio de 2021, expedientes 11001-03-15-000-2021-03087-00 y 11001-03-15-000-2021-02796-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
En sentencia SU-0077, la Corte Constitucional estableció que los actos de trámite “no expresan en conjunto la voluntad de la administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas”.
Sentencia del 25 de marzo de 2021, dictada en el proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2020-04843-01. M.P. William Hernández Gómez.
Que convocó a concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
De conformidad con el Acuerdo PCSJA18-11077 16 de agosto de 2018, la etapa clasificatoria comprende los siguientes factores: i) Pruebas de aptitudes y conocimientos, ii) Prueba psicotécnica; iii) Curso de formación judicial inicial; iv) Experiencia adicional y docencia y v) Capacitación adicional.
Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.
Constitución Política. Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
Sentencia T-780 de 2015.
Artículo 41. En cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla.
Artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (régimen general de carrera administrativa). Así se estableció también en el instructivo de pruebas escritas de la convocatoria 27.
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