RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03644-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03644-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03644-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Giovanny Andrés Prieto Rincón, quien actúa en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03644-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: GIOVANNY ANDRÉS PRIETO RINCÓN
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Actos administrativos mediante
los cuales se determinaron los resultados de la etapa clasificatoria del
concurso para el cargo de juez administrativo y se conformó el registro
nacional de elegibles en el marco de la Convocatoria n.º 27.
Incumplimiento del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Giovanny Andrés Prieto Rincón, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
la Carrera Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de mayo de 2026, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin
de que protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos
públicos, y al principio del mérito, supuestamente vulnerados por la autoridad
accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“4.1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, derecho de defensa,
en concordancia con mi derecho de acceso a cargos públicos – principio del mérito.

4.2. Reconocer la especialización en derecho contractual de la Universidad del
Rosario, como un posgrado afín al cargo de juez administrativo, en el marco de la
convocatoria 27, y, en ese sentido, ordenar a la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura reconocer los 5 puntos que
otorga cada especialización conforme al Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018.

4.3. Ordenar que se actualice el registro de elegibles para jueces administrativos, en
caso de haberse expedido, con el nuevo puntaje, esto es, 684,15 puntos”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: Giovanny Andrés Prieto Rincón

2. Hechos

El actor manifestó que en virtud del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de
2018, “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial”, el Consejo Superior de la Judicatura convocó a los interesados en
vincularse a dichos cargos para que se inscribieran en el concurso de méritos
destinado a la conformación de los correspondientes registros nacionales de
elegibles.

Señaló que en virtud de dicho acuerdo se inscribió al concurso para el cargo de juez
administrativo, a lo que agregó que mediante la Resolución CJR26-0021 del 13 de
enero de 2026, se publicaron los resultados de la etapa clasificatoria del concurso
para el cargo, y que, en su caso particular, le fueron asignados los siguientes
puntajes:

Indicó que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición, al considerar que
la administración valoró de manera incompleta su formación académica en el factor
de capacitación adicional. Señaló que acreditó dos títulos de especialización -en
derecho tributario y en derecho contractual- que cumplen los requisitos de la
convocatoria y son afines al cargo de juez administrativo, por lo que debió
otorgársele un total de diez (10) puntos.

No obstante, afirmó que en el acto recurrido únicamente se le asignaron cinco (5)
puntos, sin que se indicara cuál de los títulos fue valorado ni se justificara la
exclusión del otro lo que, a su juicio, evidencia una falta de valoración integral de
las pruebas y una insuficiente motivación de la decisión.

Aludió que, mediante la Resolución CJR26-0324 de 30 de abril de 2026, se resolvió
el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar la decisión de 13 de
enero de 2026 en lo relativo al puntaje otorgado en los factores de capacitación
adicional y prueba psicotécnica. En dicha decisión se precisó que el puntaje
reconocido correspondía a la especialización en derecho tributario, debido a que el
posgrado en derecho contractual no se consideró afín al cargo de juez
administrativo, por estimarse que pertenece al ámbito del derecho civil.

Adujo que dicha decisión desconoció la procedencia de la especialización en
derecho contractual, así como el certificado de contenidos programáticos en el que
se detallan las asignaturas cursadas y su contenido, lo que evidencia una indebida
valoración probatoria. Sostuvo que esa circunstancia conllevó la exclusión de cinco
(5) puntos adicionales, los cuales inciden directamente en su posición dentro del
concurso, pues actualmente se ubica en el puesto 223, mientras que, de haberse
reconocido el referido posgrado, habría ascendido a la posición 199, dentro de un
total de 204 vacantes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: Giovanny Andrés Prieto Rincón

Finalmente, mediante la Resolución PCSJSR26-126 del 15 de mayo de 2026, se
conformó el Registro Nacional de Elegibles para el cargo de juez administrativo, en
el que el actor fue incluido con un puntaje de 679,15, ocupando la posición 223.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora expuso que se inscribió, fue admitido y superó las diferentes fases
de la Convocatoria 27 de la Rama Judicial como aspirante al cargo de juez
administrativo. Indicó que, en el marco de la etapa clasificatoria, le fueron asignados
136,09 puntos en la prueba psicotécnica y cinco (5) puntos en el factor de
capacitación adicional, pese a haber acreditado una especialización en derecho
contractual expedida por la Universidad del Rosario, junto con su respectivo
certificado de contenidos programáticos.

Refirió que conforme al Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, la formación académica
adicional da lugar al reconocimiento de cinco puntos por cada especialización
acreditada, siempre que se trate de un posgrado afín a la especialidad del cargo,
precisando que la lista de títulos allí prevista es de carácter enunciativo y no taxativo.
En ese sentido, sostuvo que la normativa permite el reconocimiento de otros
posgrados que, aun cuando no estén expresamente incluidos, guarden afinidad con
las funciones del cargo.

Manifestó que, no obstante lo anterior, la administración, mediante Resolución
CJR26-0324 de 30 de abril de 2026, interpretó de manera restrictiva las reglas del
concurso al negar la puntuación de la especialización en derecho contractual, bajo
el argumento de que esta correspondía al ámbito del derecho civil y no a la
especialidad de lo contencioso administrativo, sin efectuar un análisis material de
su contenido académico ni de su relación con la contratación estatal.

Señaló que dicha decisión desconoció el alcance del Acuerdo PCSJA18-11077 de
2018, pues omitió valorar que el programa académico cursado contiene múltiples
asignaturas directamente relacionadas con la contratación estatal, tales como
principios de la contratación pública, tipología contractual estatal, responsabilidad
contractual en el ámbito público, equilibrio económico del contrato y mecanismos de
solución de controversias, entre otras, lo que evidencia su afinidad con el ejercicio
de la función judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Sostuvo que la entidad no valoró adecuadamente el certificado de contenidos
programáticos aportado con el recurso de reposición, y aplicó una interpretación
restrictiva del criterio de afinidad, desconociendo el carácter enunciativo de la lista
de posgrados y la obligación de analizar el contenido material de la formación
acreditada. Asimismo, indicó que el acto administrativo adolece de falta de
motivación suficiente, en tanto no resolvió de manera concreta los argumentos
expuestos en el recurso ni explicó las razones por las cuales el posgrado no se
consideró afín.

Agregó que esta situación incidió directamente en su puntaje final, toda vez que
únicamente se le asignaron cinco puntos por capacitación adicional, cuando de
haberse reconocido la especialización, habría incrementado su calificación a 684,15
puntos, lo que le permitiría mejorar su posición dentro del registro de elegibles y
acceder a una de las vacantes disponibles para el cargo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: Giovanny Andrés Prieto Rincón

Por último, expuso que la administración también vulneró su derecho al debido
proceso en relación con la prueba psicotécnica, al limitarse a transcribir la
justificación técnica de las preguntas sin resolver de fondo los reparos planteados,
incumpliendo así el deber de motivación de los actos administrativos previsto en la
Ley 1437 de 2011.

4. Trámite procesal

Por auto de 13 de mayo de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad accionada -Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial-. De igual modo, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código
General del Proceso1.

También se ordenó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial, informar a todas las personas que hacen parte del listado de
aspirantes al cargo de Juez Administrativo (código 270011) señalado en la
Resolución CJR26-0021 de 13 de enero de 2026, mediante publicación en la página
web y/o aplicativo dispuesto para tales fines, sobre la admisión de la presente acción
de tutela, con el fin de que tengan conocimiento de la existencia de este mecanismo
constitucional como terceros interesados.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura

La directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial solicitó negar el
amparo, al considerar que el acto administrativo cuestionado no vulneró los
derechos fundamentales del actor. Señaló que los motivos de inconformidad
planteados contra la Resolución CJR26-00021 de 13 de enero de 2026 fueron
resueltos oportunamente mediante la Resolución CJR26-0324 de 30 de abril de
2026, cuya motivación se fundamentó en las disposiciones del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 2018, norma reguladora del concurso de méritos y que, por tanto, la
actuación administrativa se enmarcó en una función reglada.

Indicó que, en el caso del accionante, se asignaron 36,09 puntos en la prueba
psicotécnica y cinco (5) puntos en el factor de capacitación adicional, de
conformidad con los parámetros establecidos en la convocatoria.

En relación con este último factor, precisó que se otorgaron cinco (5) puntos por la
especialización en derecho tributario, al considerarse afín a la especialidad del
cargo de juez administrativo. Por el contrario, la especialización en derecho
contractual no fue objeto de puntuación, toda vez que, aunque la tabla de posgrados
prevista en el Acuerdo es enunciativa, delimita las áreas propias de cada
especialidad, dentro de las cuales dicha formación no se encuentra contemplada
1
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º 90887 a 90890 de 15 de
mayo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión. Así mismo, se publicó la providencia en la
página web del Consejo de Estado para el conocimiento de todos los terceros interesados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: Giovanny Andrés Prieto Rincón

para la jurisdicción contencioso administrativa, por corresponder al ámbito del
derecho civil.

Asimismo, sostuvo que la Unidad cuenta con autonomía para determinar
razonablemente la afinidad de los posgrados con el cargo objeto de la convocatoria,
dentro de los límites fijados por el Acuerdo, por lo que la decisión adoptada obedeció
a una aplicación de las reglas previamente establecidas y conocidas por los
participantes.

Para terminar, indicó que el recurso de reposición fue resuelto de manera oportuna
y motivada, atendiendo los planteamientos del accionante y aplicando las
disposiciones pertinentes, sin que se configure vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados.

5.2. Intervención del señor Giovanny Andrés Prieto Rincón

El accionante presentó escrito en el que informó hechos sobrevinientes tendientes
a reforzar la procedencia de la tutela para controvertir los actos administrativos que
determinaron los resultados de la etapa clasificatoria del concurso para el cargo de
juez administrativo. Al respecto, indicó que mediante Resolución PCSJSR26-126
de 15 de mayo de 2026 se conformó el registro de elegibles para el cargo de juez
administrativo, cuya etapa de escogencia de sedes debía surtirse dentro de los
primeros días del mes siguiente, lo que, a su juicio, torna ineficaz el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho frente a la protección oportuna de sus
derechos.

Sostuvo que la negativa de reconocer la especialización en derecho contractual
desconoce el carácter enunciativo del listado de posgrados previsto en el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018 y omite valorar su contenido académico relacionado con
la contratación estatal. Precisó que actualmente ocupa la posición 223 con 679,15
puntos, pero que, de reconocerse cinco (5) puntos adicionales, ascendería a 684,15
puntos y a la posición 199, lo que le permitiría acceder a una de las vacantes
disponibles, estimadas en más de 200.

En consecuencia, adujo la configuración de un perjuicio irremediable, por cuanto
consideró que la afectación es inminente, grave y requiere medidas urgentes, al
impedirle acceder al cargo de carrera.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, la acción de tutela
satisface el requisito de subsidiariedad y, de ser así, establecer si el Consejo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: Giovanny Andrés Prieto Rincón

Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos públicos, y al
principio del mérito del actor, con ocasión de los actos administrativos mediante los
cuales se determinaron los resultados de la etapa clasificatoria del concurso para el
cargo de juez administrativo y se conformó el registro nacional de elegibles.

3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de los concursos de méritos

El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional
de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un
perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar
un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados
o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”, toda vez que para
controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes medios de control en la
jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen idóneos para restablecer
el derecho conculcado.

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.

En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado dos supuestos
de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos dictados en el
marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con los actos de
trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial idóneo es la
2
acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control judicial . El

2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-
01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-
04643-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-
000-2020-03787-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-
23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº 11001-

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: Giovanny Andrés Prieto Rincón

segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando ha sido
publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto
administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se expidan
actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles, es
procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de
exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se encuentre
o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas aplicables en el
3
proceso de selección .
4
Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia SU-446 de 2011
destacó que “la lista o registro de elegibles es un acto administrativo de carácter particular
que tiene por finalidad establecer la forma de provisión de los cargos objeto de concurso,
con un carácter obligatorio para la administración. Junto con la etapa de la convocatoria,
es una fase hito y concluyente del sistema de nombramiento por vía del concurso público,
dado que a través de su conformación, la entidad pública con fundamento en los resultados
de las distintas fases de selección organiza en estricto orden de mérito el nombre de las
personas que deben ser designadas en las plazas ofertadas en la convocatoria, observando
para ello, las precisas reglas fijadas en ésta. Este acto tiene una vocación transitoria toda
vez que tiene una vigencia específica en el tiempo”.

Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de elegibles
se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y derechos
ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en algunos
casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela cuando
se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y eficaces
(T-551 de 2017 y T-160 de 2018).

En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
5
públicos de méritos, la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2022 señaló
que si bien la regla general indica la improcedencia de la acción de tutela para
resolver los conflictos que se enmarcan en los concursos de méritos cuando existen
actos susceptibles de control judicial, lo cierto es que la jurisprudencia ha fijado
algunas subreglas para los eventos en los cuales el medio de control no resulta
eficaz. En tal sentido que el mecanismo constitucional es procedente de forma
definitiva en los siguientes casos: (i) el empleo ofertado se encuentra con un periodo
fijo; (ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer puesto
en la lista de elegibles; (iii) presenta elementos que podrían escapar del control del
juez de lo contencioso administrativo por su relevancia constitucional y, (iv) cuando
por las condiciones particulares del demandante resulta desproporcionado acudir al
mecanismo.

03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 6 de junio de 2019, exp. Nº 11001-
03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 29 de abril de 2019, exp. Nº
11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 14 de junio de 2018, exp.
Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-05555-
01, C.P. Milton Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00928-00,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E).
4
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
5
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: Giovanny Andrés Prieto Rincón

6
En igual sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-156 de 2024 , indicó que
existe un medio de control idóneo y eficaz para controvertir los actos administrativos
definitivos dictados en un concurso de méritos, como lo es el de nulidad y
restablecimiento del derecho por cuanto la “(...) discusión se relaciona con un debate
sobre la legalidad del acto administrativo y las condiciones en las que este debía emitirse,
debate que es propio del juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Y recordó
que “el medio de control de nulidad puede adelantarse cuando los actos administrativos
“hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien
los profirió”.

Así mismo, la sentencia referida analizó cuándo se configura un perjuicio
irremediable que haga viable el amparo de manera transitoria en dichos eventos,
ante lo cual sostuvo “no se configura un perjuicio irremediable cuando los accionantes
“contaban con una mera expectativa de ser nombradas en los cargos a los cuales
concursaron, sin que se haya consolidado un derecho a acceder de inmediato a los cargos
públicos”. Para considerar que existe un derecho adquirido en materia de concursos, esta
corporación ha sostenido que se requiere acreditar “(a) [que] la persona participó en un
concurso de méritos; (b) que el nombre fue incluido en la lista de elegibles y (c) que existe
una vacante para ser designado”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia T-008 de 20267, señaló que
la acción de tutela resulta improcedente respecto de actos administrativos definitivos
o de aquellos que definan una situación jurídica particular y concreta, en la medida
en que estos pueden ser controvertidos ante el juez natural mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. En esa oportunidad, sostuvo que
ese mecanismo constituye la vía idónea y eficaz, pues prevé la adopción de
medidas cautelares, incluso de carácter urgente, que permiten al juez contencioso
administrativo adoptar decisiones encaminadas a proteger y garantizar
provisionalmente los derechos invocados mientras se resuelve el proceso.

En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite, bajo los supuestos
que ha identificado la jurisprudencia constitucional. No obstante, cuando se
controvierte una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de
elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso), la acción de tutela,
en principio, es improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial,
como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
los que se puede hacer uso de las medidas cautelares, para lo cual se han precisado
unas subreglas jurisprudenciales que habilitan, excepcionalmente, el ejercicio de la
acción de tutela.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Giovanny Andrés Prieto Rincón interpuso acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
cargos públicos y al principio del mérito, con ocasión de la expedición de la

6
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
7
M.P. Juan Carlos Cortés González.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: Giovanny Andrés Prieto Rincón

Resolución CJR26-0021 del 13 de enero de 2026, mediante la cual se publicaron
los resultados de la etapa clasificatoria del concurso para el cargo juez
administrativo; la Resolución CJR26-0324 de 30 de abril de 2026, que resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra dicha calificación; y la Resolución
PCSJSR26-126 del 15 de mayo de 2026, por la cual se conformó el registro nacional
de elegibles.

El actor indicó que se inscribió, fue admitido y superó todas las fases de la
Convocatoria 27 de la Rama Judicial para el cargo de juez administrativo, y que, en
la etapa clasificatoria, le fueron asignados 36,09 puntos en la prueba psicotécnica y
cinco (5) puntos en el factor de capacitación adicional.

Afirmó que la Resolución CJR26-0324 de 30 de abril de 2026 no valoró
integralmente la especialización en derecho contractual que acreditó, junto con su
certificado de contenidos programáticos, y al considerar que dicho posgrado no era
afín al cargo por corresponder al ámbito del derecho civil. Señaló que esa
interpretación desconoce el carácter enunciativo del listado de posgrados previsto
en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, así como el contenido material de su
formación, particularmente en lo relativo a la contratación estatal, lo que derivó en
una calificación inferior al no reconocérsele cinco (5) puntos adicionales en el
referido factor.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela, se advierte
que, con posterioridad a los actos administrativos mediante los cuales se
determinaron los resultados de la etapa clasificatoria, la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial expidió la Resolución PCSJSR26-126 de 15 de mayo de 2026,
mediante la cual se conformó el registro nacional de elegibles para el cargo de juez
administrativo, en el que el actor fue incluido con un puntaje de 679,15, ocupando
la posición 223, como se ve a continuación.

Así las cosas, se tiene que el acto administrativo mediante el cual se conformó el
registro nacional de elegibles para el cargo de juez administrativo tiene carácter
definitivo, por cuanto define la situación del actor frente al acceso a cargos de
carrera. A ello se suma que, como lo ha indicado la Corte Constitucional8, la
conformación del registro de elegibles materializa el principio del mérito previsto en
el artículo 125 de la Constitución Política.

En virtud de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, por
cuanto en el caso bajo examen no se cumple el requisito de subsidiariedad, en la
medida en que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y
eficaz para resolver el debate planteado, esto es, controvertir la legalidad del acto
administrativo mediante el cual se conformó el registro nacional de elegibles para el
cargo de juez administrativo, el cual, por su naturaleza definitiva, es susceptible de
control judicial.

8
Sentencia SU-446 de 2011.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: Giovanny Andrés Prieto Rincón

Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la acción de tutela
se torna procedente, cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa
judicial, se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable y se esté en
presencia de las excepciones señaladas en la jurisprudencia para admitir de manera
excepcional el mecanismo constitucional para controvertir decisiones en concursos
de méritos, tales como “(i) la inexistencia de un medio de control; (ii) la configuración de
un perjuicio irremediable; y (iii) que la discusión desborde la competencia del juez
administrativo”. Sobre el último supuesto, la Corte Constitucional ha sostenido que
se trata de argumentos de índole estrictamente constitucional que no puedan ser
conocidos por el juez de lo contencioso administrativo.

Adicional a lo anterior, la Sala debe precisar que el acto que contiene el registro de
elegibles que se utilizará para conformar las listas de elegibles con el fin de los
respectivos cargos es de naturaleza definitiva, por consolidar una situación
particular y concreta. Al respecto, esta corporación ha sostenido que “sea lo primero
aclarar que esta Corporación ha sido unificada en el criterio de que los actos expedidos
durante el transcurrir de una convocatoria son actos de trámite, pues solo se considera
definitivo el que contiene la lista de elegibles que ha de usarse para proveer los cargos que
9
se sometieron a concurso” .

Bajo ese contexto, la Sala no encuentra razones válidas para habilitar la
procedencia de este mecanismo de protección constitucional de naturaleza residual
y subsidiaria, pues ello sería desconocer que el ordenamiento jurídico ha previsto
un medio de defensa judicial con la aptitud suficiente para ventilar estas
controversias de naturaleza estrictamente legal. Adicionalmente, se evidencia que
no se está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues no se observan
circunstancias particulares que ameriten la intervención del juez constitucional ante
la existencia de una situación grave, urgente, inminente e impostergable que afecte
los derechos fundamentales del demandante, pues el mismo hace parte del registro
nacional de elegibles.

Por el contrario, se advierte que la inconformidad planteada por el accionante recae
sobre aspectos de estricta legalidad que desbordan el ámbito de competencia del
juez constitucional, tales como: (i) la correcta interpretación y aplicación de las
reglas del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 en relación con el factor de
capacitación adicional y la determinación de la afinidad de los posgrados con la
especialidad del cargo; (ii) la legalidad de la Resolución CJR26-0324 de 30 de abril
de 2026, en cuanto a la decisión de reconocer únicamente la especialización en
derecho tributario y excluir la especialización en derecho contractual por no
considerarse afín; (iii) la presunta falta de motivación del acto administrativo,
derivada de la alegada indebida valoración del certificado de contenidos
programáticos y de las pruebas aportadas; y (iv) la incidencia de dicha valoración
en la conformación del registro de elegibles, al asignarse al actor un puntaje que,
en su criterio, resulta inferior al que le correspondería.

En ese sentido, se trata de cuestionamientos que implican un juicio de legalidad
sobre los actos administrativos expedidos dentro del concurso de méritos, cuya
controversia corresponde ser dirimida a través de los mecanismos ordinarios de

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 1º de septiembre de 2014. Exp. 05001-
23-31-000-2008-01185-01. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: Giovanny Andrés Prieto Rincón

control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no mediante la acción
de tutela.

Sobre la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela la Corte
Constitucional señaló que, en línea de principio, “quien pretenda controvertir en sede
judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que para tales fines existen en la
jurisdicción contenciosa administrativa”10.

11
Conforme con lo ha señalado esta Sala , “esas situaciones están regladas en la Ley
270 de 1996 y, en los términos expuestos por el actor, antes que demostrar un perjuicio
irremediable, están encaminadas a una aparente infracción de las normas en que debería
fundarse. En efecto, el artículo 137 del CPACA prevé como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, que hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse. A modo ilustrativo, esta causal tiene que ver con la violación del
ordenamiento superior o de la regla de derecho de fondo que se exigía para el sustento del
acto administrativo y se configura por vulneración directa de esas normas, siempre que
ocurra en las siguientes situaciones: i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii)
interpretación errónea”.

De allí que el demandante pueda cuestionar la legalidad de la Resolución
PCSJSR26-126 del 15 de mayo de 2026, de conformidad con lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, a partir de las causales de nulidad previstas
en el artículo 137 de la misma normativa. Sumado a ello, debe resaltarse que al
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa el accionante puede reclamar la
adopción de medidas cautelares en virtud del artículo 229 y siguientes de la Ley
1437 de 2011.

Así las cosas, se observa que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es la vía judicial idónea y eficaz, pues como se indicó en precedencia no
está demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo que tampoco
resulta procedente como mecanismo transitorio, siendo en el marco del proceso
ordinario en donde deberá discutir lo que propone en esta sede constitucional.

Finalmente, la Sala destaca que, en un caso con contornos fácticos y jurídicos
similares, resolvió declarar improcedente la acción de tutela por carecer del
presupuesto de subsidiariedad12.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
presentada por el señor Giovanny Andrés Prieto Rincón.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

10
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
11
Sentencia de 10 de agosto de 2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-03127-00; sentencia de 7 de septiembre de
2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-04007-00 y, sentencia de 31 de agosto de 2023. Exp. 54001-23-33-000-
2023-00129-01. M.P. Wilson Ramos Girón.
12
Ver sentencia del 18 de junio de 2026, acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2026-02928-
00. C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03644-00
Accionante: Giovanny Andrés Prieto Rincón

FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Giovanny Andrés Prieto Rincón, quien actúa en nombre propio, contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.