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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06639-00

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06639-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el recurso de reposición formulado por FENALCE contra el auto admisorio de la demanda del 1.º de noviembre de 2023, por las razones expuestas. Segundo: Negar el amparo solicitado por la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales – FENALCE – mediante la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-06639-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06639-00
Accionante: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y
Leguminosas - Fenalce
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta

Tema: Acción de tutela contra providencia proferida dentro del proceso de
nulidad, en la que se rechazó la demanda respecto de uno de los actos
cuestionados.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ANTECEDENTES

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – en
adelante Fenalce –, actuando por intermedio de su representante legal, interpone
acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados
por la autoridad judicial accionada.

HECHOS

Instauró medio de control de nulidad con el fin de obtener la nulidad de la
Decisión núm. 3 de la Comisión de Libre Comercio del Acuerdo de Promoción
Comercial entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia,
relacionada con los contingentes arancelarios para el maíz amarillo, así como

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del Memorando núm. 000337 del 14 de noviembre de 2017 sobre el “tratamiento
importación maíz amarillo dentado” proferido por la DIAN.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en Sala Unitaria, a través de proveído
del 28 de febrero de 2023 admitió la demanda en relación con el Memorando
núm. 000337 del 14 de noviembre de 2017 y la rechazó respecto de la Decisión
núm. 3 de la Comisión de Libre Comercio del Acuerdo de Promoción Comercial
entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia, al considerar
que esta última decisión no es pasible de control jurisdiccional en tanto no se
trata de un acto administrativo expedido de manera unilateral por una entidad
pública o autoridad administrativa sino que corresponde a una interpretación
consensuada por los Estados parte acerca de una disposición del acuerdo
comercial aprobado por la Ley 1143 de 2017.

Inconforme con ello, Fenalce interpuso recurso de súplica que fue resuelto de
manera negativa por la Sección Cuarta de esta corporación mediante auto del
18 de mayo de 2023.

Señala que la autoridad judicial cuestionada no tuvo en consideración que en el
Capítulo XXI del tratado, en la Sección B, artículo 21.20 establece el
procedimiento interno y soluciones de controversias comerciales privadas, así:

1.- Cuando una cuestión de interpretación o de aplicación de este Acuerdo surja
en un procedimiento judicial o administrativo interno de una Parte y cualquier Parte
considere que amerita su intervención, o cuando el tribunal u órgano
administrativo solicite la opinión de alguna Parte, esa Parte lo notificará a las otras
Partes. La Comisión procurará, a la brevedad posible, acordar una respuesta
adecuada.

2.- La Parte en cuyo territorio se encuentre ubicado el tribunal o el órgano
administrativo, presentará al tribunal u órgano administrativo cualquier información
o interpretación acordadas sobre el Acuerdo recibidas por la Comisión, de
conformidad con los procedimientos de ese foro.

3.- Cuando la Comisión no logre llegar a un acuerdo respecto de la información
interpretación solicitada, cualquiera de las Partes podrá someter su propia opinión
al tribunal o al órgano administrativo, de acuerdo con los procedimientos de dicho
foro.

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Lo anterior, según la parte demandante, indica que la Ley 1143 de 2007
aprobatoria del tratado estableció el procedimiento interno y soluciones de
controversias comerciales privadas, como es el caso que ocupa la atención de
la Sala, permitiendo el derecho de acceso a la administración de justicia, en este
caso a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al estar
involucrado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la DIAN y la Comisión
Administradora, y facultó a cualquiera de las partes para someter la
interpretación al tribunal para su correspondiente solución.

PRETENSIONES

La parte accionante solicita dejar sin efectos los autos proferidos el 28 de febrero
y 18 de mayo de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y ordenarle
a dicha autoridad admitir la demanda frente a la Decisión núm. 3 de la Comisión
de Libre Comercio del Acuerdo de Promoción Comercial entre Los Estados
Unidos de América y La República de Colombia.

ACTUACIÓN PROCESAL

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 1.º de noviembre de 2023
mediante proveído en el que se ordenó notificar a la Sección Cuarta del Consejo
de Estado como accionado y a la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN como terceros con interés. Asimismo, a la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Sección Cuarta de esta corporación, a través de la magistrada ponente del
auto del 28 de febrero de 2023, pidió que se declare la improcedencia de la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional o, en su defecto, se niegue
el amparo constitucional reclamado.

Al efecto, sostuvo que la parte accionante, más que cuestionar la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales invocados, pretende revivir el debate
jurídico sobre el rechazo de la demanda respecto de la Decisión núm. 3 de la

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comisión de Libre Comercio, frente a lo cual dicha magistratura consideró, en el
auto del 28 de febrero de 2023, que la mencionada decisión escapa al medio de
control de nulidad ya que no se trata de un acto administrativo expedido de
manera unilateral por una entidad pública o autoridad administrativa, sino que
corresponde a una interpretación consensuada de los Estados Partes acerca de
una disposición del mencionado acuerdo comercial, la cual no fue expedida en
el contexto de una función administrativa que habilita el control de legalidad ante
esta jurisdicción.

Igualmente, puso de presente que dicha decisión fue confirmada en sede de
súplica a través de auto del 18 de mayo de 2023, en el cual se determinó que la
Decisión Núm. 3 de la Comisión de Libre Comercio del Acuerdo de Promoción
Comercial entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia no
puede ser objeto del juicio de legalidad.

Por tanto, precisó que, con el ejercicio de la acción constitucional, la accionante
evidencia su desacuerdo con las providencias cuestionadas y pretende una
nueva revisión conforme con los argumentos que propone, frente a lo cual insistió
en que la acción de tutela no constituye una tercera instancia para reabrir el
debate surtido.

POSICIÓN DE LOS INTERVINIENTES

La DIAN pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
argumentando que esta no cumple con los requisitos generales para su
procedencia puesto que el asunto no tiene relevancia constitucional; no se
identificó ni sustentó ninguna de las causales específicas de procedencia de la
acción y tampoco se configura la vulneración del debido proceso.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señaló que la acción de tutela
es improcedente para cuestionar aspectos que ya fueron debidamente resueltos
en el escenario del proceso de nulidad. Indicó, además, que dicha entidad no
tiene legitimación en la causa por pasiva, en tanto la presunta vulneración de
derechos fundamentales se atribuye a una autoridad judicial.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Cuestión previa

Previamente a resolver la presente controversia, la Sala observa que a través de
diversos memoriales, la parte accionante instauró recurso de reposición contra
el auto admisorio de la demanda del 1.º de noviembre de 2023 puesto que el
magistrado sustanciador del proceso no solicitó como prueba la remisión del
expediente de nulidad seguido con el radicado núm. 11001-03-24-000-2019-
00171-00 (26694) que cursa en la Sección Cuarta de esta corporación.

Respecto de lo anterior, es necesario señalar que el expediente en el marco del
cual se profirieron las decisiones que hoy se cuestionan es completamente digital
y reposa en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI –, a la cual
este juez constitucional tiene pleno acceso, razón por la cual es innecesario el
decreto de dicha prueba.

Por tanto, por economía procesal, sin necesidad de proferir una decisión previa
a esta providencia, se despachará desfavorablemente el recurso de reposición
interpuesto por la parte accionante contra el auto del 1.º de noviembre de 2023.

Por otra parte, en memoriales separados, la parte demandante formuló reforma
de la demanda a fin de que se entienda, también, como providencia demandada,
el auto del 26 de octubre de 2023 mediante el cual la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, a través de la magistrada sustanciadora del proceso de nulidad,
rechazó la reforma de la demanda allí propuesta en relación con la pretensión
de nulidad de la Decisión núm. 3 proferida por la Comisión de Libre Comercio.

Sobre ello, es oportuno señalar que el procedimiento de la acción de tutela
previsto en el Decreto 2591 de 1991, por ser breve y sumario, no contempla
dentro del trámite la etapa procesal de reforma de la demanda; sin embargo, en

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aras de dar prevalencia al derecho sustancial de la parte demandante, la Sala
examinará, también, dicha providencia.

II. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios,
imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la
cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos
derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial,
tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos
que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus
derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea
utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término
razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración
alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de
que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que
sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la
violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la
irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la
protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la
decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita
susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores
de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal
circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de
que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la
protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están
sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna
definitivas las providencias excluidas de revisión.”

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Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.

III. Caso concreto

En primer lugar, la Sala encuentra superados los requisitos generales de
procedencia de la presente acción de tutela para discutir las providencias del 28
de febrero; 18 de mayo y 26 de octubre de 2023 cuestionadas en esta sede,

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comoquiera que 1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional,
en la medida en que se centra en establecer si en las decisiones judiciales
controvertidas se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en
protección; 2) la accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para
discutir lo aquí expuesto; 3) la acción se presentó dentro de los seis meses
siguientes a la ejecutoria de aquellas, pues la que resolvió el recurso de súplica
se notificó el 16 de mayo de la presente anualidad; 4) no se está invocando una
irregularidad procesal; 5) la parte solicitante identificó claramente los hechos
generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de
una sentencia de tutela.

De conformidad con lo expuesto, a esta Subsección le corresponde examinar si
en las decisiones discutidas en esta sede se configuró el defecto sustantivo por
desconocimiento de la Ley 1143 de 2007 “Por medio de la cual se aprueba el
"Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados
Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", suscritos en
Washington el 22 de noviembre de 2006”, particularmente del Capítulo XXI,
Sección B, artículo 21.20 sobre los asuntos referidos a procedimientos judiciales
y administrativos.

Para resolver el disenso planteado, la Sala observa que la Sección Cuarta de
esta corporación, en el auto del 28 de febrero de 2023, consideró que no era
viable someter a juicio de legalidad a través del medio de control de nulidad la
decisión núm. 3 de la Comisión de Libre Comercio, toda vez que no se trata de
un acto administrativo expedido de manera unilateral por una entidad pública o
una autoridad administrativa sino que corresponde a una interpretación
consensuada por los Estados Parte acerca de una disposición del mencionado
acuerdo comercial aprobado por la Ley 1143 de 2007, realizada por la Comisión
de Libre Comercio que es el órgano encargado de su administración.

Por tanto, precisó que dicha decisión no fue expedida en el contexto de la función
administrativa que habilita el control de legalidad ante esta jurisdicción sino que
se produce de manera consensuada en el marco de un acuerdo comercial
celebrado por el Presidente de la República en ejercicio de la facultad prevista
en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución, el cual se encuentra

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incorporado al ordenamiento jurídico interno a través de una ley aprobatoria
previo control automático de constitucionalidad.

Por ello, concluyó que no es dable someter dicha decisión al control de la
jurisdicción por tratarse de asuntos que no están bajo su competencia en los
términos señalados en el artículo 237 de la Constitución y en las normas que
regulan la organización y fines de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Contra dicha decisión la hoy accionante interpuso recurso de súplica, el cual fue
resuelto por los demás integrantes de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en providencia del 18 de mayo de 2023, en la que consideraron, en similares
términos, que dicha decisión, al tener como objeto determinar, mediante una
interpretación conjunta de las partes firmantes el acuerdo, el alcance o
entendimiento relacionado con una de las partidas arancelarias sujetas a
tratamiento preferencial según lo dispone el mismo acuerdo, no puede
considerarse como una decisión pasible de control por parte de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, puesto que ella surge de una instancia bilateral,
como resultado de la conjunción de voluntades de ambos Estados tomada en el
seno de la instancia de resolución de conflictos establecida para ello y, en ese
sentido, el alcance de la misma compromete a ambos Estados, por lo que su
alcance no puede variar con base en una decisión tomada por una autoridad
judicial de una sola de las partes firmantes.

Además, señaló que no es posible entender que el sentido de la decisión
corresponde al simple ejercicio de una función administrativa por el hecho de
que haya sido suscrita por quien tiene funciones administrativas en Colombia
pues, dado su objeto, se entiende que la decisión cuestionada es un acto jurídico
bilateral de alcance internacional suscrito por una autoridad colombiana en el
marco de la conducción de las relaciones internacionales que corresponde al
Ejecutivo, antes que al ejercicio de funciones administrativas o poderes de
mando o subordinación.

Posteriormente, a través de proveído del 26 de octubre de 2023, el despacho
sustanciador del proceso de nulidad se pronunció sobre la reforma de la
demanda allí propuesta y resolvió (i) estarse a lo resuelto en los autos del 28 de

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febrero y 18 de mayo de 2023 proferidos por el despacho ponente y al Sala de
Sección cuarta del Consejo de Estado, en los que se dispuso rechazar la
demanda respecto a la Decisión núm. 3 de la Comisión de Libre Comercio del
Acuerdo de Promoción Comercial entre los Estados Unidos de América y la
República de Colombia; y (ii) admitir la reforma de la demanda contra el
Memorando núm. 000337 del 14 de noviembre de 2017 proferido por las
directoras de gestión de Aduanas y Fiscalización de la DIAN.

Lo anterior, permite a la Sala concluir que la Sección Cuarta de esta corporación,
en las decisiones cuestionadas, no desconoció las previsiones contenidas en la
Ley 1143 de 2007, sino que, a partir del contenido de las mismas, determinó con
certeza que la Decisión núm. 3, al ser un acto jurídico bilateral de alcance
internacional, no puede ser sometida al control judicial a través del medio de
control de nulidad, decisión que no se observa arbitraria o irrazonable.

Por lo expuesto, es claro para esta Sala que la autoridad judicial demandada no
incurrió en el defecto alegado, toda vez que las providencias cuestionadas
contienen una carga argumentativa suficientemente sustentada en la aplicación
de las normas vigentes que le permitió inferir que la Decisión núm. 3 proferida
por la Comisión de Libre Comercio, por tener un carácter bilateral que obliga a
dos Estados, no es susceptible de control jurisdiccional, lo que descarta una
actuar arbitrario por parte de la autoridad cuestionada.

De igual forma, se observa que la providencia del 26 de octubre de 2023 tampoco
quebranta los derechos invocados, toda vez que en ella se precisó que, al
solicitarse nuevamente la declaratoria de nulidad de la Decisión núm. 3 de la
Comisión de Libre Comercio, dicha autoridad debía sujetarse a lo ya resuelto
previamente en Sala Unitaria y por la Sala de Sección Cuarta a través de los
autos del 28 de febrero y 18 de mayo de 2023, en los que ya se había
despachado de fondo dicho aspecto; conclusión que no puede considerarse
contraria a las normas procedimentales que gobiernan la materia.

De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al análisis
que se realizó en las decisiones objeto de censura, hecho que no puede ser
calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los
principios de autonomía e independencia judicial.

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En ese contexto, no se encuentran estructurado el defecto sustantivo invocado
por la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, lo que impide la
intervención de este juez constitucional. Por consiguiente, se negará el amparo
solicitado por aquel mediante la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el recurso de reposición formulado por FENALCE contra el auto
admisorio de la demanda del 1.º de noviembre de 2023, por las razones
expuestas.

Segundo: Negar el amparo solicitado por la Federación Nacional de
Cultivadores de Cereales – FENALCE – mediante la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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