Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06639-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06639-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-06639-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
5 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06639-01
Accionante: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas
Se revoca la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06639-01
Accionante: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y
Leguminosas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad simple / Rechazo de la
demanda / Naturaleza jurídica del acto administrativo / Acuerdos internacionales
bilaterales / Se revoca la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declara la
improcedencia de la acción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Federación Nacional de
Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce) contra la sentencia proferida el
30 de noviembre de 2023 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 30 de octubre de 2023, la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y
Leguminosas (Fenalce) interpuso, por medio de su representante legal, una acción
de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado. La accionante consideró
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vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia porque la Sección Cuarta del Consejo de Estado rechazó
la demanda de nulidad que presentó contra de la Decisión No. 3 de la Comisión de
Libre Comercio del Acuerdo de Promoción Comercial entre los Estados Unidos de
América y la República de Colombia.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcriben):
<<PRIMERO: TUTELAR, en favor de Federación Nacional de Cultivadores de
Cereales y Leguminosas – sigla FENALCE –. ; los derechos fundamentales
invocados para su protección como son: DEBIDO PROCESO en conexión y
DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ERROR JUDICIAL,
VIA DE HECHO JUDICIAL, DERECHO A JUSTICIA EFECTIVA, PRINCIPIO DE LA
BUENA FE, PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA, PRINCIPIO DE EQUIDAD,
RECIPROCIDAD Y CONVENIENCIA NACIONAL, quebrantados en el proceso
radicado No. 10010324000-2019-00171-00 que cursa en la sección 4ª del Consejo
de Estado.
SEGUNDO: Como consecuencia de la protección a los derechos invocados,
ORDENAR y/o REVOCAR, el Auto del pasado 28 de febrero del 2023 y el Auto
confirmatorio de junio de 2023, proferido por la Consejera Ponente Stella Jeannette
Carvajal Basto y confirmado en sala de la Sección 4ª del Consejo de Estado, en el
que deciden en el proceso radicado No. 10010324000-2019-00171-00; RECHÁZASE
la demanda respecto a la Decisión núm. 3 de la Comisión de Libre Comercio del
Acuerdo de Promoción Comercial entre Los Estados Unidos de América y La
República De Colombia.
TERCERO: Como consecuencia de la protección a los derechos invocados,
ORDENAR y/o REVOCAR, parcialmente el Auto del pasado 26 de octubre del 2023,
proferido por la Consejera Ponente Stella Jeannette Carvajal Basto; en el que decide
ESTARSE A LO RESUELTO, de los autos del pasado 28 de febrero del 2023 y el
Auto confirmatorio notificado en junio de 2023, en el que dispuso RECHAZAR la
demanda respecto a la Decisión núm. 3 de la Comisión de Libre Comercio del
Acuerdo de Promoción Comercial entre Los Estados Unidos de América y La
República De Colombia; dentro del proceso radicado No. 10010324000-2019-00171-
00.
CUARTO: En consecuencia a la orden de REVOCAR la decisión de Autos
enunciados, ORDENAR, a la Sección Cuarta en responsabilidad del Consejera
Ponente Stella Jeannette Carvajal Basto; en el medio de control del radicado No.
10010324000-2019-00171-00; ADMITIR para estudio y control judicial la Decisión
núm. 3 de la Comisión de Libre Comercio del Acuerdo de Promoción Comercial entre
Los Estados Unidos de América y La República De Colombia; por tener la
competencia legal otorgada en la Ley 1143 de julio de 2007, en su capítulo XXI,
Sección B, y bajo amparo de Sentencia de exequibilidad C -750 de 2008 numeral
4.2.4
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QUINTO: ORDENAR, dar el trámite correspondiente al proceso del medio de control
de nulidad incoado, (No. 10010324000-2019-00171-00) con el fin de que sean
vinculados e integrados las partes en su totalidad, conforme a la legitimación en la
causa por pasiva correspondiente.
SEXTO: ORDENAR, que por secretaria se efectúen las notificaciones y trámites
requeridos para el cumplimiento de la misma>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 5 de abril de 2019 Fenalce presentó demanda en contra de la Nación -
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) para obtener la nulidad de (i) la Decisión No. 3 de la Comisión de
Libre Comercio del Acuerdo de Promoción Comercial entre los Estados Unidos de
América y la República de Colombia, relacionada con los contingentes arancelarios
para el maíz amarillo, y (ii) el memorando No. 000337 de 2017 de la DIAN. El proceso
se repartió en primera instancia a la Sección Primera del Consejo de Estado y se le
asignó el radicado 11001-03-24-000-2019-00171-00.
3.2.- El 29 de abril de 2022 la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó remitir
el expediente por competencia a la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3.3.- Mediante auto del 28 de febrero de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la demanda en relación con el memorando No. 000337 de 2017 de la
DIAN y la rechazó respecto de la Decisión No. 3 de la Comisión de Libre Comercio
del Acuerdo de Promoción Comercial entre los Estados Unidos de América y la
República de Colombia. Consideró que los actos de la Comisión de Libre Comercio
excedían el objeto de la nulidad, pues se trata de una interpretación consensuada
por los Estados parte que no fue expedida en ejercicio de la función administrativa.
3.4.- El 7 de marzo de 2023 Fenalce interpuso recurso de súplica contra el auto del
28 de febrero de 2023 bajo el argumento de que la Decisión No. 3 constituye un acto
administrativo complejo que está sujeto al control de legalidad de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, toda vez que contiene la voluntad de los Estados parte,
produce efectos en las relaciones jurídicas internas y fue suscrita por una autoridad
administrativa de la República.
3.5.- Mediante auto del 18 de mayo de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado resolvió la súplica. Explicó que las decisiones conjuntas de autoridades de
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Estados diferentes no configuran un acto administrativo complejo. La Decisión No. 3
de la Comisión de Libre Comercio no puede entenderse como una <<decisión
unilateral de la administración pública>>, sino que su naturaleza es la de un acto
jurídico bilateral e internacional suscrito en ejercicio de la facultad del Ejecutivo de
dirigir las relaciones internacionales, de conformidad con el numeral 2 del artículo
189 de la Constitución Política. Por lo tanto, concluyó que la Decisión No. 3 no era
un acto controlable mediante la acción de nulidad y confirmó el auto del 28 de febrero
de 2023.
3.6.- El 31 de julio de 2023 la accionante presentó memorial con reforma a la
demanda de nulidad, en la que añadió algunos hechos, modificó las pretensiones y
aportó pruebas adicionales.
3.7.- Mediante auto del 26 de octubre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la reforma de la demanda contra el memorando No. 000337 de 2017
de la DIAN. Respecto a la demanda contra la Decisión No. 3 de la Comisión de Libre
Comercio, decidió estarse a lo resuelto en los autos del 28 de febrero y 18 de mayo
de 2023.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Del escrito de tutela se infiere que la accionante alega que los autos del 28 de
febrero, 18 de mayo y 26 de octubre de 2023 incurrieron en los defectos sustantivo,
por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución.
4.1.- Frente al defecto sustantivo, sostiene que la autoridad judicial accionada
inaplicó las normas del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los
Estados Unidos (incorporado en la Ley 1143 de 2007), que regulan la interpretación
del tratado y la resolución de controversias.
4.1.1.- En primer lugar, argumenta que el artículo 21.20 de la sección B del capítulo
XXI del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los Estados Unidos
consagró la obligación de los Estados de notificar a la otra parte cuando surja una
cuestión relacionada con el tratado en un procedimiento judicial o administrativo
interno. Afirma que las disposiciones del tratado no impiden que los órganos
judiciales de la República conozcan las controversias sobre interpretación o
aplicación del acuerdo cuando se presenta un conflicto entre este y el ordenamiento
jurídico nacional.
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4.1.2.- En virtud de lo anterior, expone que la Decisión No. 3 de la Comisión de Libre
Comercio constituye un acto administrativo complejo que incorpora la voluntad de la
Administración; en concreto, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la
República de Colombia. Por lo tanto, se trata de un acto que sí está sujeto a control
por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
4.2.- Alega que se desconoció el precedente constitucional sentado en la sentencia
C-750 de 2008, mediante la cual la Corte Constitucional efectuó el control automático
de constitucionalidad de la Ley 1143 de 2007 y declaró su exequibilidad. Sostiene
que en la referida sentencia, la Corte Constitucional reconoció que las controversias
sobre la aplicación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los
Estados Unidos y que exceden el control abstracto constitucional pueden conjurarse
a través de los mecanismos judiciales internos. En este sentido, sostiene que la
acción de nulidad es uno de esos mecanismos previstos por el legislador para
defender el ordenamiento constitucional.
4.3.- Manifiesta que se configuró una violación directa del artículo 4 de la Constitución
Política, que consagra el principio de supremacía constitucional. Argumenta que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado está suponiendo que la Decisión No. 3 de la
Comisión de Libre Comercio es jerárquicamente superior al orden legal y
constitucional de la República, lo cual no es admisible en un Estado social de
derecho. Indica que el artículo 4 Superior exige que cualquier disposición jurídica del
ordenamiento internacional debe ser armónica con el ordenamiento nacional.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Sección Cuarta del Consejo de Estado (accionada) solicitó declarar la
improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el requisito de relevancia
constitucional, pues el actor pretende reanudar un debate meramente legal. Añade
que, en todo caso, la Decisión No. 3 de la Comisión de Libre Comercio no es un acto
administrativo porque no se expidió en ejercicio de la función administrativa que
habilita el control de legalidad propio de la acción de nulidad, de suerte que no se
configuró ningún defecto.
6.- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (tercero interesado) solicitó
declarar la falta de relevancia constitucional porque el actor pretende reanudar un
debate meramente legal y no invocó ningún defecto en específico.
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7.- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (tercero interesado) solicitó su
desvinculación de la presente acción constitucional por falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues las pretensiones de la tutela no están dirigidas a la entidad ni
se advierte que hubiese vulnerado derecho fundamental alguno.
E. Fallo impugnado
8.- Mediante sentencia del 30 de noviembre de 2023, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado negó el amparo. Expuso que no se configuró
ningún defecto en los autos del 28 de febrero y 18 de mayo de 2023 proferidos por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, toda vez que su interpretación de la Ley
1143 de 2007 no fue arbitraria o irracional. Además, resaltó que las providencias
atacadas contienen una carga argumentativa suficientemente sustentada en la
aplicación de las normas vigentes. Finalmente, precisó que el auto del 26 de octubre
de 2023 también se encuentra ajustado a derecho porque simplemente ordenó
estarse a lo resuelto en los autos del 28 de febrero y 18 de mayo de 2023.
F. Impugnación
9.- Mediante escrito radicado el 11 de diciembre de 2023, Fenalce impugna la
sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023 por la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado. Insiste en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
desconoció el precedente constitucional establecido en las sentencias C-750 de 2008
y C-400 de 1998, según el cual –a su juicio– la Corte Constitucional <<reconoce la
existencia de un monismo constitucionalista moderado y, dentro de esta concepción,
señala la sujeción de los tratados internacionales de libre comercio a la
Constitución>>.
9.1.- Así mismo, cuestiona que se hubiese admitido la demanda únicamente en
contra del memorando No. 000337 de 2017 de la DIAN, pues este acto administrativo
se fundamenta jurídicamente en la Decisión No. 3 de la Comisión de Libre Comercio.
Por lo tanto, afirma que es problemático ejercer un control de legalidad únicamente
sobre uno de los actos, pues no se estaría haciendo un estudio de fondo.
9.2.- Por otra parte, alega que las autoridades judiciales internas están llamadas a
intervenir en la interpretación y aplicación de los tratados internacionales a través de
las acciones judiciales consagradas por el legislador cuando un nacional se
encuentra sometido a los efectos lesivos de una norma de derecho internacional.
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II. CONSIDERACIONES
10.- Se acogerá la postura mayoritaria de la Sala y se revocará el fallo de primera
instancia, que negó el amparo. En su lugar, se declarará la improcedencia de la
acción de tutela porque no está acreditado el requisito de relevancia constitucional.
Lo anterior, en la medida en que la acción de tutela reitera los mismos argumentos
que fueron planteados en el recurso de súplica y resueltos en el proceso ordinario 1.
G. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperar
11.- En primer lugar, no se advierte la presencia de un defecto sustantivo, pues la
decisión de rechazar la demanda respecto de la Decisión No. 3 de la Comisión de
Libre Comercio se fundamentó en las normas aplicables al caso y no se desconoció
ninguna disposición legal relevante.
11.1.- En concreto, la accionante se refiere el artículo 21.20 de la sección B del
capítulo XXI del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los Estados
Unidos2 para sustentar que la Decisión No. 3 de la Comisión de Libre Comercio
constituye un acto administrativo sujeto a control mediante la acción de nulidad.
11.2.- Sin embargo, de la textualidad de la norma ibidem no se desprende la
conclusión que pretende hacer valer el actor. El artículo 21.20 de la sección B del
capítulo XXI del Acuerdo reguló el procedimiento acordado por los Estados parte en
el evento en que surja una controversia judicial o administrativa interna en relación
con el acuerdo de integración comercial y que resulte relevante para el otro Estado.
1 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque la accionante alega la vulneración de su derecho fundamental, entre otros, al debido
proceso, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la posición
mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso
ordinario, no se cumple con este requisito
2 <<Artículo 21.20: Asuntos Referidos a Procedimientos Judiciales y Administrativos.
1. Cuando una cuestión de interpretación o de aplicación de este Acuerdo surja en un procedimiento judicial o
administrativo interno de una parte y cualquier parte considere que amerita su intervención, o cuando un tribunal
u órgano administrativo solicite la opinión de alguna Parte, esa parte lo notificará a las otras Partes. La Comisión
procurará, a la brevedad posible, acordar una respuesta adecuada.
2. La Parte en cuyo territorio se encuentre ubicado el tribunal o el órgano administrativo, presentará al tribunal u
órgano administrativo cualquier información o interpretación acordadas sobre el Acuerdo recibidas por la
Comisión, de conformidad con los procedimientos de ese foro.
3. Cuando la Comisión no logre llegar a un acuerdo respecto de la información o interpretación solicitada,
cualquiera de las Partes podrá someter su propia opinión al tribunal o al órgano administrativo, de acuerdo con
los procedimientos de dicho foro>>.
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11.3.- Al efecto, se trata de una disposición que consagra el deber de la República
de Colombia –como sujeto de derecho internacional– de informar a los Estados
Unidos de América sobre cualquier actuación judicial o administrativa interna que
pueda interesarle porque se discute la interpretación o aplicación del tratado. Pero
no comprende un mandato imperativo de competencia de la jurisdicción contencioso
administrativa de conocer y resolver las controversias que se planteen en el derecho
nacional con ocasión del Acuerdo.
12.- En segundo lugar, no se configura el defecto por desconocimiento del
precedente porque la autoridad judicial accionada no desconoció la sentencia C-750
de 2008, mediante la cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la Ley
1143 de 2007. Al estudiar el alcance del control de constitucionalidad material sobre
acuerdos de liberalización comercial, la Corte precisó lo siguiente:
<<Por tanto, podrán surgir controversias en el desarrollo y ejecución del acuerdo
comercial que nos ocupa, suscitadas por el presunto menoscabo de los derechos
fundamentales o colectivos, las que si bien, al ser asuntos que corresponden a la
aplicación de la ley y por ello escapan al control abstracto de constitucionalidad, sin
embargo deberán ser controladas mediante los mecanismos internos que
respectivamente han sido instituido (sic) por el ordenamiento jurídico con dicho fin,
es decir, a través de las diversas acciones judiciales configuradas por el legislador, a
las cuales podrá acudirse en todo momento en defensa del ordenamiento
constitucional.
De tal manera, los efectos que resulten de la aplicación del tratado y que puedan
resultar contrarios a la Constitución deberán ser controlados a futuro mediante los
diferentes mecanismos de control establecidos en el ordenamiento jurídico para tales
casos, incluyendo la acción de tutela para la protección concreta de los derechos
fundamentales>>.
12.1.- Con ello, la Corte Constitucional enfatizó que el control abstracto de
constitucionalidad sobre las leyes aprobatorias de tratados internacionales no impide
que se presenten controversias relacionadas con la aplicación del Acuerdo. Es decir,
que la declaratoria de exequibilidad no niega la posibilidad de que la aplicación de la
norma en un caso particular genere un menoscabo a derechos fundamentales,
colectivos o subjetivos, que se pueden resolver a través de los mecanismos judiciales
internos que suponen un control concreto, como serían –por ejemplo– la acción de
reparación directa o la acción de tutela, no la acción de nulidad.
12.2.- Al respecto, es preciso recordar que esta Corporación ha establecido de
antaño que la acción de nulidad no es idónea para determinar la constitucionalidad
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de los actos jurídicos suscritos de manera bilateral entre dos sujetos de derecho
internacional3.
13.- En tercer lugar, no se configura el defecto por violación directa de la Constitución
porque la autoridad judicial accionada no transgredió el artículo 4 Superior. La Sala
advierte que el artículo 20.1 de la sección A del capítulo XX del Acuerdo de
Promoción Comercial entre los Estados Unidos de América y la República de
Colombia facultó a la Comisión de Libre Comercio, que está integrada por
representantes del nivel ministerial de cada Estado parte, para emitir interpretaciones
sobre las disposiciones del Acuerdo.
13.1.- De lo anterior, es claro que la Decisión No. 3 de la Comisión de Libre Comercio
es una declaración interpretativa conjunta y no constituye un acto administrativo
sujeto a control de legalidad mediante la acción de nulidad, toda vez que –se reitera–
su naturaleza es bilateral y sinalagmática.
13.2.- Por lo tanto, la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado es
adecuada y no implica –como lo plantea la accionante– que con tal decisión se esté
asumiendo que la Decisión No. 3 de la Comisión de Libre Comercio es
jerárquicamente superior al orden legal y constitucional de la República;
sencillamente, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no puede conocer de
una decisión que no constituye un acto administrativo.
14.- Finalmente, la Sala negará la solicitud de desvinculación elevada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, toda vez que fue vinculado al proceso
como tercero con interés.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 30 de noviembre de 2023 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLÁRASE
IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de relevancia constitucional frente a
los cargos elevados.
3 Consejo de Estado, Sección Primera. Auto del 25 de noviembre de 1993, Rad. 2105 (MP Miguel González
Rodríguez), auto del 15 de julio de 1995, Rad. 2928 (MP Libardo Rodríguez Rodríguez) y auto del 15 de julio de
1994, Rad. 2932 (MP Yesid Rojas Serrano).
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SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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