Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06696-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06696-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06696-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06696-00
Accionante: José Libardo Ruiz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL la parte actora pretende reabrir
el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural frente
a la condena en costas – asunto netamente económico / carga argumentativa.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor José Libardo Ruiz
Guzmán contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES
A. La demanda y sus fundamentos
1.- El 31 de octubre de 2023, el señor José Libardo Ruiz Guzmán presentó acción
de tutela en procura de obtener la salvaguarda de sus derechos fundamentales al
debido proceso y la igualdad. Estima que tales prerrogativas fueron vulneradas por
la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 12 de octubre de 2023, en
el marco de la acción de cumplimiento2 que promovió contra el municipio de Prado –
Tolima, con el propósito de que se diera aplicación al artículo 453 de la Ley 1437 de
2011, y en virtud de ello el ente territorial corrigiera una resolución del año 20124.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Referencia: 73001-33-33-007-2023-00263-01 (Int.1208-2023).
3 Según el mismo, “en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente
formales contenidos en los actos administrativos”.
4 Mediante la cual se concedió una licencia para la subdivisión de un lote, pero hubo un error en las medidas del
predio. Esa petición fue negada por el Municipio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06696-00
Accionante: José Libardo Ruiz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.- El asunto lo conoció en primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito de Ibagué. Mediante sentencia de 4 de agosto de 2023, se negó por
improcedente la acción de cumplimiento, al no configurarse los requisitos previstos
en la Ley 393 de 1997.
3.- El Tribunal Administrativo del Tolima, en fallo de 12 de octubre de 2023 confirmó
la decisión de primera instancia. Además de ello condenó en costas a la parte actora.
Sostuvo que el actor pretende la corrección de la Resolución 050 del 3 de septiembre
de 2012, a fin de lograr hacer efectiva la licencia de subdivisión de un predio urbano,
por lo que es claro que lo perseguido es el reconocimiento de una situación jurídica
particular, mas no el cumplimiento del mandato legal. En razón de ello, adujo que si
bien la disposición alegada consagra la posibilidad de que en cualquier momento
pueda efectuarse una corrección aritmética de los actos administrativos, la discusión
planteada no es un asunto meramente formal, por cuanto tiene la virtualidad de
modificar situaciones jurídicas sustanciales y materiales e incluso revivir términos
legales, ya que la resolución objeto de controversia lleva más de 10 años en firme,
por lo que se requiere un estudio de legalidad del acto administrativo que reconoció
la división urbanística, así como de los títulos de propiedad que originalmente fueron
afectados para expedir ese acto administrativo.
4.- Además, indicó que el demandante no cumplió con la carga que le correspondía,
la cual era demostrar que el mandato legal era inobjetable por cuanto se estaba en
presencia de una mera corrección aritmética, sumado al hecho de que el expediente
del asunto se encuentra extraviado, lo que crea una necesidad ineludible para la
entidad de efectuar su reconstrucción. En consecuencia, concluyó que la finalidad
perseguida por el accionante no se encuadra en el medio de control de cumplimiento,
y que si estimaba que la aludida resolución lesionaba sus intereses con ocasión al
error de digitación señalado, contaba con otros instrumentos judiciales que le
permitían alcanzar el fin propuesto, tales como la nulidad y restablecimiento del
derecho.
5.- Como fundamento de derecho de las pretensiones de la tutela, la parte actora
advirtió que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al
condenarlo en costas, en la medida en que “la acción de cumplimiento es
constitucional y no judicial”.
6.- Por otra parte, informó que es una “persona de la tercera edad con 75 años
cumplidos, (…) con régimen subsidiado”, que tiene “derecho a tener acceso a la
administración de justicia sin intimidación, para solicitar un amparo constitucional”.
Por último, citó los fallos de 6 de agosto de 2019, radicado 15001-33-33-007-2017-
00036-01 y de 5 de abril de 2018, radicado 76001-23-33-000-2012-00430-01, en los
que se indica que la condena en costas no se aplica para los procesos en que se
ventile un interés público.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06696-00
Accionante: José Libardo Ruiz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
7.- El asunto lo conoció el Juzgado Promiscuo Municipal de Prado - Tolima, quien
por auto de 31 de octubre de 2023 remitió el asunto al Consejo de Estado.
8.- Por auto de 7 de noviembre de 20235, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada, y se vinculó al municipio de Prado –
Tolima, como tercero interesado. Así mismo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo del Tolima6
9.- Manifestó que si bien los antecedentes jurisprudenciales constituyen una
herramienta útil para el análisis de las reglas sobre un derecho fundamental, su
contenido no es camisa de fuerza para el operador jurídico, porque ello conllevaría
a desconocer abiertamente la autonomía judicial prevista en el artículo 230
constitucional.
10.- Agregó que en el presente caso no es posible cuestionar a través de la acción
de tutela la legalidad del proveído censurado, por cuanto no existe una ruptura
abierta y grosera del ordenamiento jurídico, toda vez que la fundamentación de la
providencia no es producto del mero capricho de los operadores jurídicos.
11.- Concluyó que no hubo trasgresión alguna al debido proceso, pues la decisión
que se adoptó estuvo ajustada a las reglas procedimentales, pues incluso el numeral
7 del artículo 21 de la Ley 393 de 1997 habilita la condena en costas, fundada en las
probanzas obrantes en el expediente, las cuales permitieron concluir con absoluta
certeza que el accionante no interpuso de manera procedente la acción de
cumplimiento e incluso que su interposición se dio con la finalidad de subsanar y/o
suplir su inactividad.
II. CONSIDERACIONES
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
12.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales7. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
5 Notificada el 14 de noviembre de 2023.
6 Contestación enviada a través de correo electrónico el 15 de noviembre de 2023, consta de 8 folios.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06696-00
Accionante: José Libardo Ruiz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
13.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto
que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que
el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional8.
14.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
15.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos9: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha
relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.
D. Análisis del caso concreto
16.- En su escrito de tutela la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del
Tolima vulneró sus derechos fundamentales por condenarlo en costas, pues él
estaba ejerciendo una acción pública y no un proceso judicial. También citó los fallos
de 6 de agosto de 2019 (radicado 15001-33-33-007-2017-00036-01) y de 5 de abril
de 2018 (radicado 76001-23-33-000-2012-00430-01), en los que se indica que la
condena en costas no se aplica para los procesos en que se ventile un interés
público.
17.- Teniendo claro lo anterior, la Sala considera que si bien el accionante acude a
la acción de tutela con el propósito de que el juez constitucional se pronuncie
respecto de la condena en costas que le impuso la autoridad judicial demandada, lo
8 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
9 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06696-00
Accionante: José Libardo Ruiz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
cierto es que no resulta procedente que por conducto de esta acción constitucional
se discutan asuntos que no involucran la vulneración o afectación de derechos
fundamentales10.
18.- Pues es claro que la inconformidad del actor tiene una esencia netamente
económica, ya que en últimas pretende que se le sustraiga de la obligación de pagar
las costas a las que fue condenado, aspecto que no guarda ningún tipo de relación
con la garantía de derechos fundamentales11, lo que a juicio de la Sala desdibuja el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, proyectado en la
vulneración de derechos fundamentales, tal como lo ha sostenido esta
Corporación12:
<<Por otra parte, el alegato de la actora respecto de que el tribunal demandado incurrió
en desconocimiento del precedente horizontal porque en otros casos se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida, para la Sala, carece de relevancia
constitucional. Aunque la demandante pretenda darle el cariz de vicio o defecto, es
evidente que se encuentra inconforme con la decisión de la autoridad judicial
demandada de condenarlo en costas. En últimas, esa inconformidad tiene un móvil
económico, pues, como se sabe, la condena en costas procesales implica el
reconocimiento a favor de la parte contraria de los gastos en que incurrió para impulsar
el proceso (expensas) y de los honorarios de abogado (agencias en derecho).
En suma, lo que pretende la actora al invocar el desconocimiento del precedente, como
causal de prosperidad de la tutela contra providencias judiciales, es que se la releve
de pagar los gastos derivados de la condena en costas que le impuso el tribunal
demandado por haber sido vencida en el proceso que promovió, circunstancia que, a
todas luces, no comporta la vulneración de ningún derecho fundamental y, por ende,
escapa al ámbito de protección del juez de tutela>> (subrayado fuera de texto original).
19.- Aunado a ello, sobre el particular, esta Corporación ha señalado que “lo
referente a la condena en costas desborda la competencia del juez constitucional
para analizar los asuntos sometidos a su conocimiento, pues se trata de un tema
eminentemente económico que carece de relevancia constitucional”13.
20.- Además de lo anterior, y para abundar en razones, la Sala observa que el
asunto también carece de carga argumentativa, en la medida en que el actor
únicamente indicó que se le vulneraron sus derechos fundamentales por condenarlo
en costas pese a que él estaba ejerciendo una acción pública y no un proceso
judicial, y citó dos fallos sin hacer algún tipo de explicación adicional, con el fin de
endilgarle algún defecto específico a la providencia judicial de 12 de octubre de 2023,
sumado al hecho de que tampoco expuso por qué los dos casos citados son idénticos
al suyo en hechos, partes y pretensiones, ni identificó la similitud de los problemas
10 Sentencias T-903 de 2014, T-260/18, entre otras.
11 En ese mismo sentido, se pronunció el Consejo de Estado en las sentencias de tutela proferidas el 24 de
febrero y 26 de agosto de 2021. (expedientes: 11001-03-15-000-2021-00303-00 y 11001-03-15-000-2021-01776-
01).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de julio de 2015,
expediente No. 11001-03-15-000-2014-03538-01, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
13 Expediente: 11001-03-15-000-2018-03286-00, C. P. César Palomino Cortés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06696-00
Accionante: José Libardo Ruiz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
jurídicos, ni la ratio decidendi desconocida, es decir, no sustentó debidamente las
razones por las cuales dichas sentencias, en efecto, constituyen precedente
aplicable al caso concreto.
21.- En ese contexto, se advierte que, no basta con que el accionante enuncie los
derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que, a su sentir, incurrió la
autoridad accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener
una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y
motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los
derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que
ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y,
se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.
22.- Al respecto, debe recordarse que, por oposición al principio de informalidad
que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias
judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no sólo
señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de
detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y
demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una
actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no sólo por la materialidad de
la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la sustentan.
23.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió especificar
algún defecto al fallo de 12 de octubre de 2023, proferido por el Tribunal
Administrativo del Tolima, el juez de tutela no puede proceder a ello de forma
supletiva, dado que, como ya tuvo la oportunidad de señalarse, tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales, la carga de contar con una
argumentación coherente y suficiente recae en quien invoca el amparo
constitucional y no en quien la decide, en razón a que están de por medio el respeto
por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la garantía de
la independencia y autonomía de los jueces, que son elementos que hacen parte de
los cimientos del Estado y como tal legitiman el obrar de sus autoridades.
24.- De conformidad con lo anterior, la decisión que se adoptó en las sentencias
enjuiciadas relacionada con condenar en costas a la parte vencida en juicio, no
compromete ningún derecho fundamental del accionante, quien, por el contrario,
acude a la acción de amparo con el propósito de reabrir un debate legal que concluyó
de manera desfavorable a sus pretensiones, razón por la cual el asunto de referencia
carece de relevancia constitucional. Si bien el accionante sostiene que la decisión
censurada atenta contra su derecho de acceso a la administración de justicia, esa
afirmación no está debidamente sustentada pues la condena en costas se realiza al
final del proceso, y en esa medida la emisión o ejecutoria del fallo no estuvo ni está
supeditada al pago.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06696-00
Accionante: José Libardo Ruiz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
25.- Finalmente la Sala encuentra pertinente destacar que a pesar de que el actor
destaca que en el caso no resultaba procedente la referida condena, en tanto en el
proceso se ventilaba un interés público (artículo 188 CPACA); la decisión no se
antoja arbitraria o caprichosa pues el Tribunal accionado, en su contestación
recuerda que la Ley 393 de 1997 en su artículo 21 (numeral 7) indica que en el fallo
que ponga fin a la acción de cumplimiento se puede condenar en costas si se
encuentran acreditadas. En ese sentido, el razonamiento de la autoridad resulta
razonable, y no puede ser objeto de reproche, máxime si se tiene en cuenta que
sobre ese punto específico no se puso de presente ninguna sentencia de unificación
que vincule el criterio del juez.
26.- Por lo reseñado anteriormente, la Sala habrá de declarar improcedente la
solicitud de amparo.
27.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
14 VF
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