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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01776-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
27 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01776-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase parcialmente la sentencia de 11 de junio de 2021, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera denegó la acción de tutela para, en su lugar, declarar la improcedencia respecto del reproche atinente a la imposición de la condena en costas y agencias en derecho. SEGUNDO: Confírmase, en lo demás, la sentencia impugnada, por las razones anotadas en precedencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-01776-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

26 de agosto de 2021

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / TERCERA INSTANCIA - La parte actora pretende reabrir el debate / CONDENA EN COSTAS - Aspecto netamente económico

De manera que la controversia gira en torno a una cuestión meramente legal y de carácter patrimonial, pues la inconformidad de los actores se circunscribe a la viabilidad o no de imponerles dicha sanción, más allá de estar orientada a la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, por lo que la situación descrita es “de competencia exclusiva del juez ordinario” y, por ello, al juez constitucional no le corresponde dirimir aspectos como el que aquí se propone. (…) Es así como la Corte indicó que “la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de tal orden, es decir, las relativas a un derecho de índole económica deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, comoquiera que le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela de la referencia en cuanto a la censura de la condena en costas y agencias en derecho impuesta en la providencia acusada.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Adecuada valoración probatoria / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA IMPOSICIÓN DE RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD - Razonabilidad, proporcionalidad y legalidad / INDICIO GRAVE / JUSTIFICACIÓN DEL INDICIO / EXISTENCIA DEL INDICIO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / INDICIO NECESARIO

En criterio de la Sala el defecto invocado se vincula con asuntos probatorios y se presenta en los eventos en que: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce el acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso. (…) Al descender al caso en estudio, se advierte que el reparo de la parte actora radica en que la Subsección cuestionada no tuvo en cuenta que debían existir por lo menos dos indicios graves de responsabilidad penal en contra del señor [R.P.] para que fuera viable imponerle la medida de aseguramiento privativa de la libertad como posible responsable del delito de lavado de activos, al tenor de lo previsto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000. (…) Al revisar el contenido de la providencia de 13 de agosto de 2020, se encuentra que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Ramírez Pontón y sus familiares tras concluir que no se acreditó que las decisiones y medidas proferidas por la Fiscalía General de la Nación en contra del demandante fueron injustas, sino que fueron el resultado del análisis que realizó dicha entidad de los requisitos que exigía la normatividad penal vigente para la época en que ocurrieron los hechos, (…) A partir del análisis del anterior material probatorio, la colegiatura censurada explicó que el daño que sufrió el señor [R.P.] por estar privado de la libertad en un centro carcelario, entre el 18 de mayo y el 5 de junio de 2006, y en detención domiciliaria, desde el 6 de junio siguiente hasta el 16 de marzo 2009, no era imputable a la entidad demandada. En lo que concierne a la existencia de por lo menos dos indicios graves de responsabilidad para imponer la medida de aseguramiento, la Subsección en cuestión encontró cumplido este requisito toda vez que la Fiscalía contó con suficientes pruebas que comprometían al investigado en la posible comisión del punible de lavado de activos, (…) Entonces, aludió que la medida de aseguramiento que impuso la Fiscalía Décima de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá no obedeció a la existencia de una irregularidad, sino a la valoración de los medios probatorios con los que contaba en dicho momento procesal, los cuales “denotaban credibilidad” respecto de la posible participación del señor Ramírez Pontón en el ilícito investigado, pues en la Resolución del 18 de mayo de 2006. Finalmente, en la providencia objeto de reproche se dejó claro que la discrepancia entre lo decidido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali –el cual absolvió al procesado por considerar “como el actuar de simples giradores de cheques”– y por la fiscalía que conoció del asunto no resultaba suficiente para concluir que se presentó una falla del servicio debido a que no se originó por una actuación arbitraria.

Ahora bien, es importante precisar que para el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , un indicio es considerado como grave dependiendo del grado de convicción que proporcione, lo que implica que “exista una relación lógica inmediata” entre el hecho demostrado y el que se va a probar, para lo cual no existe una tarifa legal de la prueba (…) De ahí que el análisis realizado en el proveído objeto de controversia se enfocara en determinar las circunstancias que originaron el inicio de la investigación penal y el decreto de la detención preventiva, a partir de lo cual se encontró demostrado con grado de convicción que la detención preventiva que afrontó el acusado no fue injusta, por cuanto al momento de la captura se consideraba probable su participación en el delito de lavado de activos. Nótese que los indicios analizados por la colegiatura enjuiciada tienen una relación lógica con la conducta punible endilgada al referido ciudadano, comoquiera que estos giraron en torno a las irregularidades que existieron con ocasión a que suscribió cinco cheques desde la cuenta bancaria de la sociedad Improdiesel Ltda. a nombre de personas inexistentes, los cuales fueron consignados a una persona reconocida como integrante del cartel de Cali. Por lo tanto, se concuerda con el a quo en que este cargo no tiene vocación de prosperidad dado que la autoridad judicial tutelada comprobó los hechos ocurridos en el proceso penal bajo las reglas de la experiencia y la sana crítica, apreciación probatoria que la llevó a concluir con certeza que fue razonada la medida de aseguramiento en tanto que existían más de dos indicios con la connotación de graves.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTOS SUSTANTIVO Y PROCEDIMENTAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / INEXISTENCIA DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Cumplimiento de los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad

Para la Sala, no es viable analizar el reparo expuesto por los actores bajo la luz del defecto procedimental absoluto, pues el mismo se refiere a la conducta del juez cuando se aparta de las formas propias del juicio correspondiente, es decir del procedimiento legalmente establecido en las disposiciones adjetivas. De hecho, lo argumentado por la parte accionante se ajusta a la presunta configuración de un defecto sustantivo comoquiera que su reproche consiste en que se prescindió de lo señalado en los artículos 355 de la Ley 600 de 2000 y 28 de la Carta Política y, en criterio de esta Sección, dicho yerro se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”. Con todo, la Subsección enjuiciada lejos de desconocer las normas citadas por la parte actora analizó el asunto sometido a su consideración al tenor de lo establecido en estas, por ello, constató que la privación de la libertad del señor Ramírez Pontón se ajustara a los requisitos exigidos en el estatuto procesal y sustantivo penal vigente para esa época. De esta manera, encontró que dicha medida fue razonable y proporcional debido a que al momento de su imposición cumplió los presupuestos establecidos en los artículos 336 y 357 de la Ley 600 de 2000, los cuales estaban encaminados, entre otros, a garantizar la comparecencia del sindicado al proceso y evitar que entorpeciera la actividad probatoria.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 28 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULOS 336 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 357 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 355

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01776-01 (AC)

Actor: CRISTIAN RAMÍREZ PONTÓN Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional – Costas y agencias en derecho. Defecto fáctico y procedimental absoluto. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 11 de junio de 2021, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Primera denegó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Los señores Cristian Ramírez Pontón, Johan Sebastián Ramírez Hincapié y Luz Stella Hincapié García, por conducto de apoderado judicial, presentaron acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, junto con el principio de presunción de inocencia.

Consideraron vulneradas tales garantías constitucionales por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ocasión de la providencia de 13 de agosto de 2020, por medio de la cual revocó la decisión dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 19 de agosto de 2014 y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.

Por lo anterior, se solicitó:

“Ante la evidencia de vulneración a los derechos fundamentales de mis representados, solicito al Honorable Consejo de Estado, proceda a declarar su amparo y como consecuencia deje sin efectos la Sentencia de segunda instancia proferida el día 13 de Agosto de 2020 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, en proceso de reparación directa radicado bajo partida 760012333000201200476 01 (52.799), de la cual fuera Consejero ponente el doctor José Roberto Sáchica Méndez; Sentencia que fuera debidamente publicada mediante Notificación 17029 y Estado Sentencia fijado en la página web del Consejo de Estado de fecha 21 de octubre de 2020 y que se ordene a la misma Subsección, que en un término perentorio se profiera sentencia de fondo atendiendo las directrices de la decisión de ámbito constitucional.” (Sic en toda la cita)

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La parte actora relató que la Fiscalía Décima de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá, por medio de Resolución de 18 de mayo de 2006, impuso medida de aseguramiento de privación preventiva contra el señor Cristian Ramírez Pontón como posible responsable del delito de lavado de activos.

Narró que ello sucedió porque presuntamente el señor Ramírez Pontón, quien estaba autorizado para firmar cheques en nombre de la sociedad Impordiesel Ltda., giró cinco títulos valores que fueron consignados en las cuentas del señor Bernando Martínez Romero, quien utilizaba diferentes cuentas corrientes para recibir dineros de procedencia ilícita.

Indicó que el ente investigador, mediante providencia de 5 de junio de 2006, sustituyó la restricción intramural por detención domiciliaria al resolver una solicitud presentada por el señor Ramírez Pontón y, posteriormente, lo acusó a través de la Resolución de 25 de abril de 2007.

Adujo que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali, en proveído de 16 de marzo de 2009, ordenó la libertad inmediata del sindicado y el 27 de julio de 2010 dictó sentencia absolutoria a su favor, con respaldo en que no existía una prueba directa de su responsabilidad en la comisión del punible endilgado.

Señaló que, en vista de lo anterior, el señor Ramírez Pontón y su grupo familiar, promovieron el medio de control de reparación directa para que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación de los perjuicios causados con la detención de la que fue objeto aquel por considerar que fue injusta.

Explicó que del proceso conoció el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en providencia de 19 de agosto de 2014, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dado que el procesado sufrió un daño antijurídico que no estaba en la obligación de soportar, así como que existió una falla en el servicio pues no se reunieron los dos indicios graves de responsabilidad exigidos para dar sustento a la medida de aseguramiento.

Afirmó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al resolver los recursos de apelación que interpusieron ambas partes mediante sentencia de 13 de agosto de 2020, revocó el fallo del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones al encontrar que la medida de aseguramiento fue razonable, legal y proporcional, debido a que existían indicios de responsabilidad en contra del señor Ramírez Pontón.

Refirió que en dicha decisión se condenó a la parte demandante a pagar como agencias en derecho la suma de tres (3) smlmv, además de las costas que se causaron en la primera instancia.

3. Sustento de la petición

A juicio de los tutelantes, la autoridad judicial cuestionada incurrió en defecto fáctico al no tener en cuenta que debían existir por lo menos dos indicios graves de responsabilidad penal en contra del procesado para restringir su libertad, según lo previsto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.

En ese sentido, argumentaron que no podía considerarse como un indicio grave el que los cheques girados por el señor Ramírez Pontón pasaron a un establecimiento de comercio del señor Bernardo Martínez Romero porque tales documentos ostentaban unas marquillas “propias de este tipo de transacciones ilícitas”, sin tenerse en cuenta que estas también aparecían en cheques de otros bancos o en los movimientos bancarios que realizaron 35 personas más.

En su criterio, el comportamiento equívoco del acusado de girar unos cheques por sumas inferiores a diez millones de pesos ($10.000.000) a nombre de personas inexistentes, así como que los mismos fueron consignados en la cuenta de una persona reconocida como integrante del cartel de Cali, tampoco fueron indicios con el calificativo legal de graves.

Mencionaron que la decisión objeto de debate adolece de defecto procedimental absoluto, toda vez que desconoció que la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Ramírez Pontón no cumplió con las finalidades previstas en el artículo 355 de la Ley 600 de 2000 ni las formalidades legales previstas para tal fin, sino que fue desproporcionada, irracional y arbitraria.

Sobre este punto, destacaron que el artículo 28 de la Constitución prevé que nadie puede ser reducido a prisión o arresto, ni detenido “... sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”.

Para finalizar, cuestionaron la condena en costas y agencias en derecho impuesta en segunda instancia, por cuanto la colegiatura accionada aplicó el artículo 365 del Código General del Proceso para sustentarla, el cual entró a regir un año después de que se presentó la demanda de reparación directa.

4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 22 de abril de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción constitucional y ordenó notificar a la parte actora y como demandados a los magistrados que integran la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación; por tener interés en el resultado de la presente tutela decidió comunicar a la Fiscalía General de la Nación.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones:

4.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

El magistrado a cargo del proceso de reparación directa se opuso al amparo deprecado por la parte actora, tras señalar que la decisión controvertida se respaldó en los elementos probatorios aportados al expediente, con los cuales se encontró acreditado que detención del señor Ramírez Pontón fue razonable y proporcional.
Resaltó que en el fallo cuestionado se definió la legalidad de la actuación de la Fiscalía General de la Nación a partir de un análisis ponderado de las finalidades y los requisitos sustanciales de la medida de aseguramiento previstos en la normatividad aplicable, lo que evidenciaba que el reproche de los accionantes es desacertado.

Precisó que la parte actora tiene es una inconformidad con el juicio valorativo que empleó esa Subsección para encontrar la prueba indiciaria de responsabilidad penal como fundamento de la actuación legítima de la Fiscalía General de la Nación, la cual es inadmisible por cuanto la tutela no constituye una instancia adicional al proceso de reparación directa.

Comentó que el reparo de los tutelantes dirigido a debatir la condena en costas y agencias en derecho es desacertado, dado que este mecanismo constitucional no está instituido para que se ventilen ese tipo de cuestionamientos, aunado a que dicha decisión se impuso de conformidad con la norma de procedimiento que resultaba aplicable.

4.2. Fiscalía General de la Nación

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad afirmó que la solicitud de tutela es improcedente pues, en su criterio, no cumple el requisito de subsidiariedad por cuanto la parte actora no justificó por qué los otros mecanismos que tenían a su alcance –sin precisar cuáles– no resultaban idóneos para amparar sus derechos fundamentales y tampoco cumplió con la carga de demostrar la presunta configuración de los defectos planteados.

5. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia de 11 de junio de 2021, luego de encontrar superados los requisitos de procedibilidad adjetiva abordó el estudio de los yerros invocados por la parte actora, análisis a partir del cual resolvió denegar el amparo solicitado.

Lo anterior, al advertir que no se configuró el defecto fáctico planteado pues la colegiatura demandada verificó que la imposición de la medida de aseguramiento impuesta al señor Ramírez Pontón cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 336 y 357 de la Ley 600 de 2000 dirigidos, entre otros, a garantizar la comparecencia del sindicado al proceso y evitar que entorpeciera la actividad probatoria.

Expuso que la autoridad judicial accionada encontró que la medida de aseguramiento fue razonable, habida cuenta que en el momento de su imposición sí existían dos indicios graves de responsabilidad penal, los cuales permitían inferir la participación del señor Ramírez Pontón en los hechos delictivos por los cuales era investigado.

Decidió que tampoco se configuró el defecto procedimental absoluto, toda vez que la Subsección cuestionada tuvo en cuenta que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali profirió sentencia absolutoria por considerar que no existía prueba directa de la responsabilidad penal del procesado, sin embargo, estimó que dicha circunstancia no era suficiente para declarar responsable patrimonialmente al Estado por la privación de su libertad.

Esto, debido a que era necesario demostrar que la medida de aseguramiento de detención preventiva soportada por el acusado no se ajustó a los criterios formales y materiales para su imposición, y su prolongación durante el proceso penal, lo cual no fue acreditado en el caso estudiado.

Por último, indicó que no tenía vocación de prosperidad el reproche planteado en torno a la condena en costas y agencias en derecho a cargo de los demandantes, dado que esta decisión se sustentó en las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que remitía en lo que atañe a la liquidación y ejecución de la condena en costas a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, el cual fue derogado para dar vigencia al Código General del Proceso.

6. Impugnación

Mediante escrito remitido por correo electrónico el 30 de junio del año en curso, el apoderado de los tutelantes impugnó la providencia de primera instancia al insistir que la Subsección demandada incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto, bajo la siguiente línea argumentativa:

Reiteró que en la providencia en cuestión no se verificó sí la medida de aseguramiento que dictó el delegado de la Fiscalía General de la Nación en contra del señor Ramírez Pontón cumplió los requisitos formales y materiales contemplados en la ley procesal, ni constató la necesidad de imponerla en atención a los fines constitucionales.

Trajo a colación que todas las personas son libres y nadie puede ser molestado en su persona o familia, reducido a prisión, detenido ni registrado en su domicilio, “sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley”, según lo previsto en el artículo 28 de la Constitución.
Recalcó que en la norma vigente para el año de 2004 se estableció que deben existir dos indicios graves de responsabilidad para dictar una medida privativa de la libertad, lo cual no sucedió en su caso pues se le otorgó tal carácter “...apenas a una mera sospecha, solo porque la infiere un fiscal”.

7. Actuación procesal en segunda instancia

Estando el expediente al Despacho para resolver la impugnación presentada por la parte actora, se advirtió que no se dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a pesar de que fue la autoridad judicial que conoció en primera instancia del proceso de reparación directa con radicado 76001-23-33-000-2012-00476-00.

Además, tampoco se comunicó la iniciación del presente trámite procesal a los señores Marta Lucía Pontón de Ramírez, Miguel Ángel Rodríguez Chaves, Luz Stella Hincapié García, Christian Esteban, Katherine, Vanessa Ramírez Tobar, Betty Lucía, Mario de Jesús, Miguel Ángel y Fredeth Augusto Ramírez Pontón integrantes de la parte demandante en el aludido medio de control.

En tales condiciones, mediante auto de 15 de julio del presente año se ordenó notificar personalmente esa decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a los mencionados ciudadanos en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso. A pesar de que fueron debidamente notificados, no se pronunciaron respecto a los reproches expuestos en la tutela y la impugnación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera el 11 de junio de 2021, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, junto con el principio de presunción de inocencia de la parte actora, por presuntamente incurrir en los defectos fáctico y procedimental absoluto planteados, así como por condenarla en costas y agencias en derecho en segunda instancia.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

Para la Sala, no hay reparo en relación con la naturaleza del proceso en el cual se profirió la decisión atacada ni tampoco en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. No obstante, es necesario hacer un estudio en consideración con el presupuesto de la relevancia constitucional en lo referente a la controversia expuesta por la parte actora respecto a la condena en costas y agencias en derecho.

Cabe señalar que si bien el a quo encontró superado el presupuesto de la relevancia constitucional frente al reproche relacionado con la condena en costas y agencias en derecho impuesta por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, lo cierto es que en criterio de esta Sección tal requisito no se cumple.
Lo anterior, por cuanto los actores manifestaron su desacuerdo con dicha decisión al considerar que tuvo respaldo en la aplicación de las normas del Código General del Proceso, pese a que entró a regir un año después de que se presentó la demanda de reparación directa.

De manera que la controversia gira en torno a una cuestión meramente legal y de carácter patrimonial, pues la inconformidad de los actores se circunscribe a la viabilidad o no de imponerles dicha sanción, más allá de estar orientada a la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, por lo que la situación descrita es “de competencia exclusiva del juez ordinario” y, por ello, al juez constitucional no le corresponde dirimir aspectos como el que aquí se propone.

Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó que la acreditación de este requisito “supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” y que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber:

“(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”.

Es así como la Corte indicó que “la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de tal orden, es decir, las relativas a un derecho de índole económica deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, comoquiera que le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela de la referencia en cuanto a la censura de la condena en costas y agencias en derecho impuesta en la providencia acusada.
2.5. Caso concreto

En el sub lite, la parte actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, junto con el principio de presunción de inocencia, los cuales, en su sentir, fueron vulnerados por cuanto el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en defecto fáctico y procedimental absoluto en la providencia que profirió el 13 de agosto de 2020, en el marco del medio de control que promovió con el propósito de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Cristian Ramírez Pontón.

Así las cosas, la Sala pasará a analizar de manera separada cada uno de los cargos planteados y que fueron reiterados en la impugnación, de conformidad con los argumentos expuestos en la decisión objeto de controversia.

2.5.1. Defecto fáctico

En criterio de la Sala el defecto invocado se vincula con asuntos probatorios y se presenta en los eventos en que: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce el acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.

Además, precisó que al momento de invocar la ocurrencia de esta irregularidad es necesario que la parte actora “indique con claridad: a) cuál o cuáles han sido las pruebas objeto de una valoración indebida por parte del funcionario judicial y, b) por qué en cada caso, las consideraciones del juez se alejan de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana critica, al punto de tornarse arbitrarias o si se quiere absurdas.”

Al descender al caso en estudio, se advierte que el reparo de la parte actora radica en que la Subsección cuestionada no tuvo en cuenta que debían existir por lo menos dos indicios graves de responsabilidad penal en contra del señor Ramírez Pontón para que fuera viable imponerle la medida de aseguramiento privativa de la libertad como posible responsable del delito de lavado de activos, al tenor de lo previsto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.
Esto, al considerar que los hechos en los que se respaldó la decisión controvertida fueron tan solo meras sospechas, comoquiera que las marquillas que tenían los cheques girados por el investigado “propias de este tipo de transacciones ilícitas” aparecían también en los títulos valores de otros bancos o en los movimientos bancarios que realizaron 35 personas más.

Además, que tampoco fueron indicios graves el comportamiento equívoco del acusado de girar tales cheques por sumas inferiores a diez millones de pesos ($10.000.000) a nombre de personas inexistentes, así como que los mismos fueron consignados en la cuenta de una persona reconocida como integrante del cartel de Cali.

Como se ve, tales planteamientos se ajustan a la presunta indebida valoración de los elementos probatorios obrantes en el plenario del proceso de reparación directa que se valoraron para inferir que fue razonable la imposición de la medida de aseguramiento por cuanto existían suficientes indicios graves, por lo que es dable estudiar este cargo.

Al revisar el contenido de la providencia de 13 de agosto de 2020, se encuentra que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Ramírez Pontón y sus familiares tras concluir que no se acreditó que las decisiones y medidas proferidas por la Fiscalía General de la Nación en contra del demandante fueron injustas, sino que fueron el resultado del análisis que realizó dicha entidad de los requisitos que exigía la normatividad penal vigente para la época en que ocurrieron los hechos, con respaldo en las siguientes pruebas:

• Resolución del 18 de mayo de 2006, proferida por la Fiscalía Décima de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá, que impuso medida de aseguramiento de detención preventiva contra el señor Ramírez Pontón.

• Providencia de 5 de junio de 2006, mediante la cual el ente investigador sustituyó la medida de aseguramiento intramural por detención domiciliaria en favor del procesado.

• Providencia del 4 de agosto de 2006, en la cual Fiscalía Décima de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá mantuvo la medida de aseguramiento.

• Auto de 15 de junio de 2007 proferido por la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y se confirmó integralmente, por cuanto los medios de prueba aportados constituían graves indicios de responsabilidad que ameritaban la restricción de la libertad del procesado.

• Resolución de 25 de abril de 2007 expedida por la Fiscalía Décima de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá, en la que se acusó al señor Ramírez Pontón, entre otros, como factible responsable del lavado de activos.

• Providencia de 16 de marzo de 2009, por medio de la cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali revocó la detención domiciliaria y como consecuencia ordenó la libertad inmediata del acusado.

• Sentencia de 27 de julio de 2010 proferida por el mencionado juzgado, en la cual se absolvió al señor Ramírez Pontón del delito por el cual fue llamado a juicio.

A partir del análisis del anterior material probatorio, la colegiatura censurada explicó que el daño que sufrió el señor Ramírez Pontón por estar privado de la libertad en un centro carcelario, entre el 18 de mayo y el 5 de junio de 2006, y en detención domiciliaria, desde el 6 de junio siguiente hasta el 16 de marzo 2009, no era imputable a la entidad demandada.

En lo que concierne a la existencia de por lo menos dos indicios graves de responsabilidad para imponer la medida de aseguramiento, la Subsección en cuestión encontró cumplido este requisito toda vez que la Fiscalía contó con suficientes pruebas que comprometían al investigado en la posible comisión del punible de lavado de activos, en los siguientes términos:

“Por su parte, el artículo 356 ibídem sostiene que la detención preventiva se impondrá cuando existan al menos 2 indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente recaudadas dentro del proceso.

En el caso objeto de Litis, la Fiscalía General de la Nación, al definir la situación jurídica del señor Ramírez Pontón, tuvo en cuenta lo siguiente: i) los cinco cheques girados desde la cuenta bancaria de la sociedad Improdiesel Ltda., suscritos por el sindicado, contenían las marquillas que las autoridades habían identificado como propias de este tipo de transacciones ilícitas, ii) los títulos valores fueron girados por sumas inferiores a $10’000.000, ardid que evitaba la declaración de procedencia de los fondos, (iii) todos los cheques fueron girados a nombre de personas inexistentes y consignados en la cuenta de una persona reconocida como integrante del cartel de Cali.

Debe precisarse que esta investigación penal se adelantó en contra de 35 personas, fundada en un primer momento por los movimientos bancarios por ellas realizados que resultaron altamente coincidentes entre sí, sobre todo en lo relacionado con el valor de los giros y las marquillas que se hallaron en el anverso de estos documentos.

Posteriormente, con ocasión de la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, el sindicado aportó algunos documentos que, luego de analizadas por parte del funcionario instructor, sustentaron la decisión de mantener la detención preventiva domiciliaria. En esta oportunidad, se determinó, además de los indicios que fundamentaron la detención preventiva, que en los comprobantes de egreso que respaldaron contablemente el giro de los cheques, aparecía una nota que indicaba que los cheques debían ser girados a personas naturales distintas y ajenas a la sociedad proveedora a la que aparentemente se le pagaban las mercancías con los títulos valores girados.

Otro indicio que soportó la confirmación de la medida de aseguramiento fue el relacionado con que en todos los comprobantes de egreso aparecía la firma de la misma persona receptora cuando los cheques tenían distintos beneficiarios, situación que correspondía al modus operandi de las organizaciones dedicadas al lavado de activos.” (Negrilla fuera del texto original)

Entonces, aludió que la medida de aseguramiento que impuso la Fiscalía Décima de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá no obedeció a la existencia de una irregularidad, sino a la valoración de los medios probatorios con los que contaba en dicho momento procesal, los cuales “denotaban credibilidad” respecto de la posible participación del señor Ramírez Pontón en el ilícito investigado, pues en la Resolución del 18 de mayo de 2006 se indicó:

«En síntesis, apartados del criterio de la defensa, podemos precisar que los elementos de juicios (sic) que ha tenido en cuenta la Fiscalía para considerar ahora, que los indicados deben responder por el punible de lavar activos son los siguientes:

“Los 5 cheques se pagaron el mismo día pese a haber sido girados con anterioridad, el hecho es que se legalizaron el mismo día y en cifras fraccionadas, por valores inferiores a 10 millones de pesos, para evitar con ello el reporte de las transacciones de las autoridades financieras.

“Los beneficiarios de los cheques eran personas inexistentes, pues los nombres eran ficticios, tal y como se concluyó, ver cotejo de numeración de cédulas realizado por el grupo de Policía Judicial en apoyo con la registraduría nacional (sic) del Estado civil, así lo confirmó.
“Todos los cheques investigados presentaron las mismas características típicas de actividades de lavado de activos, al adverso de los mismos.

“Los cheques no presentaron cadena de endosos; es decir, que la única persona que lo tuvo en su poder, que obviamente no era ninguno de los beneficiarios, pues repetimos, estos eran ficticios, dispuso su directa consignación en las cuentas de Bernardo Martínez Romero.

“Los demás cheques girados desde esa cuenta, se determinó por parte de la Superintendencia bancaria, que algunos presentaban la marquilla característica de actividades de lavado de activos.

“Los comprobantes de egreso allegados por la defensa, muestran que fueron firmados por una persona distinta al supuesto beneficiario de los cheques, y ello era obvio, ya que se trataba de beneficiarios ficticios.

“Los sindicados mantenían también relaciones comerciales con el señor Alfredo Martín Prado, persona está (sic) que resultó también implicada en esta misma investigación, por similares hechos ocurridos con el giro de cheques en las mismas circunstancias, desde la cuenta corriente de su empresa AGROREPUESTOS LTDA., de la que era representante legal y por los que al igual que los aquí sindicados se llama responder.

“Los comprobantes de egreso, con los que legalizaron los primeros 4 cheques, al interior de la contabilidad de IMPRODIESEL, fueron firmados por una misma persona, pese a que los títulos se giraron a nombre de personas obviamente distintas a quien lo recibió, independientemente de que mediara una cuenta de cobro en la que los ‘solicitaban’ que los cheques expidieran a nombre de otras personas”.»

Finalmente, en la providencia objeto de reproche se dejó claro que la discrepancia entre lo decidido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali –el cual absolvió al procesado por considerar “como el actuar de simples giradores de cheques”– y por la fiscalía que conoció del asunto no resultaba suficiente para concluir que se presentó una falla del servicio debido a que no se originó por una actuación arbitraria.

Ahora bien, es importante precisar que para el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, un indicio es considerado como grave dependiendo del grado de convicción que proporcione, lo que implica que “exista una relación lógica inmediata” entre el hecho demostrado y el que se va a probar, para lo cual no existe una tarifa legal de la prueba, tras señalar:

«En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la connotación de levedad o gravedad del indicio no corresponde a nada distinto al control de su seriedad y eficacia como medio de convicción que en ejercicio de la “discrecionalidad reglada” en la valoración probatoria que realiza el juez, quien después de contemplar todas las hipótesis confirmantes e infirmantes de la deducción establece “jerarquías según el grado de aproximación a la certeza que brinde el indicio, sin que ello pueda confundirse con una tarifa de valoración preestablecida por el legislador..."».

Bajo este panorama, la Sala advierte que no le asiste razón a la parte actora al considerar vulnerados sus derechos fundamentales invocados por los motivos que expuso en el escrito de tutela y reiteró en la impugnación, toda vez que la Subsección cuestionada en ejercicio de su autonomía e independencia judicial analizó razonablemente la información contenida en las pruebas aportadas al proceso, las cuales le permitieron constatar que sí se cumplió el requisito consistente en la existencia de dos indicios graves de responsabilidad penal para imponer la medida de aseguramiento.

De ahí que el análisis realizado en el proveído objeto de controversia se enfocara en determinar las circunstancias que originaron el inicio de la investigación penal y el decreto de la detención preventiva, a partir de lo cual se encontró demostrado con grado de convicción que la detención preventiva que afrontó el acusado no fue injusta, por cuanto al momento de la captura se consideraba probable su participación en el delito de lavado de activos.

Nótese que los indicios analizados por la colegiatura enjuiciada tienen una relación lógica con la conducta punible endilgada al referido ciudadano, comoquiera que estos giraron en torno a las irregularidades que existieron con ocasión a que suscribió cinco cheques desde la cuenta bancaria de la sociedad Improdiesel Ltda. a nombre de personas inexistentes, los cuales fueron consignados a una persona reconocida como integrante del cartel de Cali.

Por lo tanto, se concuerda con el a quo en que este cargo no tiene vocación de prosperidad dado que la autoridad judicial tutelada comprobó los hechos ocurridos en el proceso penal bajo las reglas de la experiencia y la sana crítica, apreciación probatoria que la llevó a concluir con certeza que fue razonada la medida de aseguramiento en tanto que existían más de dos indicios con la connotación de graves.

2.5.2. Defecto procedimental absoluto

Es de anotar que la Corte Constitucional precisó que este yerro se presenta cuando la autoridad judicial demandada “se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico” y que se ocasiona porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente u ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso.

Además, la Corte indicó que “…este defecto requiere, además, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisión de fondo, y que esta deficiencia no pueda imputarse ni directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al derecho a un debido proceso.”

Al descender al asunto en estudio, se encuentra que la parte actora afirma que la colegiatura en cuestión incurrió en esta irregularidad al desconocer que la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Ramírez Pontón no cumplió con las finalidades previstas en el artículo 355 de la Ley 600 de 2000 ni las formalidades legales previstas para tal fin en el artículo 28 de la Constitución, sino que fue desproporcionada, irracional y arbitraria.

En primera instancia, se concluyó que este cargo tampoco se configuraba por encontrarse que el fallo cuestionado definió la legalidad de la actuación de la fiscalía que conoció del caso, a partir de un análisis ponderado de las finalidades y requisitos sustanciales de la medida de aseguramiento previstos en la normatividad aplicable, cuestión distinta es que los tutelantes no compartan lo resuelto en el proveído debatido.

Para la Sala, no es viable analizar el reparo expuesto por los actores bajo la luz del defecto procedimental absoluto, pues el mismo se refiere a la conducta del juez cuando se aparta de las formas propias del juicio correspondiente, es decir del procedimiento legalmente establecido en las disposiciones adjetivas.

De hecho, lo argumentado por la parte accionante se ajusta a la presunta configuración de un defecto sustantivo comoquiera que su reproche consiste en que se prescindió de lo señalado en los artículos 355 de la Ley 600 de 2000 y 28 de la Carta Política y, en criterio de esta Sección, dicho yerro se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

Con todo, la Subsección enjuiciada lejos de desconocer las normas citadas por la parte actora analizó el asunto sometido a su consideración al tenor de lo establecido en estas, por ello, constató que la privación de la libertad del señor Ramírez Pontón se ajustara a los requisitos exigidos en el estatuto procesal y sustantivo penal vigente para esa época.

De esta manera, encontró que dicha medida fue razonable y proporcional debido a que al momento de su imposición cumplió los presupuestos establecidos en los artículos 336 y 357 de la Ley 600 de 2000, los cuales estaban encaminados, entre otros, a garantizar la comparecencia del sindicado al proceso y evitar que entorpeciera la actividad probatoria.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el ilícito por el que se le investigó al señor Ramírez Pontón consistía en el lavado de activos, el cual contemplaba una pena de prisión entre 6 a 15 años, por lo que era procedente su captura conforme al artículo 357 ibíd., según el cual, la medida de aseguramiento procede “1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años”.

Así las cosas, la Sala revocará parcialmente la providencia impugnada, que denegó la acción de tutela de la referencia para, en su lugar, declarar la improcedencia respecto del reproche atinente a la imposición de la condena en costas y agencias en derecho, y la confirmará en lo demás.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase parcialmente la sentencia de 11 de junio de 2021, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera denegó la acción de tutela para, en su lugar, declarar la improcedencia respecto del reproche atinente a la imposición de la condena en costas y agencias en derecho.

SEGUNDO: Confírmase, en lo demás, la sentencia impugnada, por las razones anotadas en precedencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficia con el número de radicación en HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
Mediante escrito enviado el 19 de abril de 2021 al correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación. Proceso identificado bajo el radicado 76001-23-33-000-2012-00476-00 (01). Marta Lucía Pontón de Ramírez, Miguel Ángel Rodríguez Chaves, Luz Stella Hincapié García, Luz Stella Hincapié García, Christian Esteban, Johan Sebastián Ramírez Hincapié, Katherine, Vanessa Ramírez Tobar, Betty Lucía, Mario de Jesús, Miguel Ángel y Fredeth Augusto Ramírez Pontón. Código de Procedimiento Penal. “ARTICULO 355. FINES. La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria.”
Mediante oficios enviados el 26 de abril de 2021. Impugnación que fue presentada dentro del término, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 29 de junio de 2021. Notificado mediante oficio enviado por correo electrónico el 16 de julio del año en curso. En el auto que puso en conocimiento la nulidad por la falta de vinculación de los terceros con interés se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que realizara la notificación de los otros demandantes del proceso ordinario y, además, se ordenó la publicación en la página web del Consejo de Estado. Por lo anterior, se publicó un aviso en la página web del referido tribunal el 19 de julio siguiente. Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021. Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Ibídem. Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573 de 2017 y C-590 de 2005. Ibíd. sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 2017.
“No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia.”
En este mismo sentido se pronunció en las sentencias de 20 de febrero de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01 y 10 de diciembre de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04288-01. Sentencia de 26 de mayo de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2015-02017-01.
“ARTICULO 356. REQUISITOS. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva.
<Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad.”
Sentencia de 29 de noviembre de 2018, M.P. María Adriana Marín, rad. 13001-23-31-000-2005-01917-01.
“Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia mayo 8 de 1997. Radicación 9858.”
Corte Constitucional, sentencia T-367 de 2018. Ibídem. Código de Procedimiento Penal. “ARTICULO 355.

FINES. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria.”

“ARTICULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”
Ver entre otras, Corte Constitucional sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
“Cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar que se procede por un delito por el cual resulta obligatorio resolver situación jurídica, el funcionario judicial podrá prescindir de la citación y librar orden de captura.”

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