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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03588-01

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03588-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de agosto de 2024 por el Consejo de Estado – Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03588-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

11 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03588-01
Accionante: Luis Alfonso Quintero Correa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / falta de legitimación en la causa por activa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 9 de agosto de 2024, por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1.
El 10 de julio de 2024, el señor Luis Alfonso Quintero Correa, a través de
apoderada judicial1, presentó demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como el principio de
gratuidad. Consideró que dichas prerrogativas fueron vulneradas con la expedición
del fallo de 10 de abril de 2024 2, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho3 que promovió en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín; cuyo propósito
era que se declarara la nulidad del oficio a través del cual se le negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, y
la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías,
consagrada en la Ley 52 de 1975.

1 La abogada Diana Carolina Alzate Quintero manifestó actuar como apoderada judicial del señor Luis Alfonso

Quintero Correa.
2 Notificado el 11 de abril de 2024.
3 Radicado Número: 05001-33-33-029-2022-00412-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03588-01
Accionante: Luis Alfonso Quintero Correa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2.
El asunto le correspondió para su conocimiento al Juzgado Veinte Administrativo
del Circuito de Medellín, el cual mediante sentencia de 27 de septiembre de 2023
resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.
Esa decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del
fallo del 10 de abril de 2024, al estimar que a la demandante no le son aplicables las
disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, consagradas en los artículos
99 de la Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, pues su situación jurídica se
encuentra regulada por la Ley 91 de 1989, la cual no contempla las sanciones objeto
de reclamo; esto, conforme a la sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado el 11 de octubre de 2023. No condenó en costas de segunda instancia.

3.
La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al haberla condenado en costas. Arguyó que al momento en que
presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no existía sentencia
de unificación, por lo que actuó siempre bajo el principio de buena fe y confianza
legítima.

4.
Adujo que la autoridad accionada pudo realizar un análisis de ponderación
subjetivo respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la condena, para dar una aplicación razonable de la norma, teniendo en cuenta si
existieron acciones temerarias o dilatorias, y así verificar si se causaron dichas
costas. Agregó que la argumentación de la accionada debió estar dirigida a que no
se evidenciaba temeridad o mala fe, y que tampoco estaban probados los gastos
judiciales sufragados por la entidad demandada por tratarse de un asunto de pleno
derecho.

5.
Indicó que la accionada omitió tramitar en debida forma el proceso, en
consideración al curso que tomó el tema de la sanción consagrada en la Ley 50 de
1990. Tampoco tuvo en cuenta que en el caso objeto de sentencia de unificación no
se condenó en costas a la parte demandante.

6.
Trajo a colación las sentencias de 9 de febrero de 2023 (expediente 2017-01196),
16 de abril de 2015 (radicado 2012-00446) y 5 de abril de 2018 (radicado 2012-
00430) proferidas por el Consejo de Estado. También citó los artículos 188 de la Ley
1437 de 2011 y 47 de la Ley 2080 de 2021.

B. Sentencia de primera instancia

7. En fallo de 9 de agosto de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo solicitado. Indicó que no se acreditó el requisito
general de relevancia constitucional, toda vez que el accionante no cumplió con la
exigencia de explicar los motivos por los cuales la sentencia atacada afecta la faceta
constitucional de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03588-01
Accionante: Luis Alfonso Quintero Correa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

justicia, puesto que no identificó cuál de las garantías que componen el núcleo
esencial de los mismos, resultaba amenazada o lesionada por la providencia.

8. También adujo que el reparo del accionante que motivó la presentación de la
tutela es una discusión meramente económica.

9. Por último, respecto de las sentencias traídas a colación en la demanda, estimó
que la parte actora no cumplió con la carga de identificar cuál era la regla
jurisprudencial aplicable y que fue desatendida, ni indicó el problema jurídico que
fue resuelto en uno y otro evento, así como las pretensiones y los fundamentos de
hecho y de derecho que guardaban identidad con su caso.

C. La impugnación

10. La parte accionante hizo referencia a 27 sentencias emitidas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, y expresó que de aquellas puede inferirse
que antes de proferirse la sentencia de unificación, el Consejo de Estado reconocía
la sanción moratoria prevista el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a los
docentes oficiales de manera genérica, ya que los únicos principios que se tomaban
en cuenta para efectos del reconocimiento eran los de favorabilidad e igualdad. Citó
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el 47 de la Ley 2080 de 2021.

11. Manifestó que, en el presente proceso no aparecen probados los gastos judiciales

sufragados por la entidad demandada por tratarse de un asunto de puro derecho, y
tampoco aparece demostrada la temeridad o la mala fe. Citó el fallo de 16 de abril
de 2015 proferido por el Consejo de Estado.

12. Adujo que el artículo 188 del CPACA no impuso la obligación de imponer condena

en costas y agencias en derecho, pues el deber que de allí se desprende es el de
emitir un pronunciamiento al respecto, conforme a la valoración del debate procesal,
por lo que resulta válido prescindir de la imposición de la condena en costas.

13. Adicionalmente, afirmó que según el Consejo de Estado cuando se debaten
derechos laborales se tiene que atender que el trabajador es la parte débil dentro de
la relación laboral, que para el caso bajo examen se trata de un docente adscrito al
magisterio, que lo único que pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales,
actuando siempre con la confianza legítima.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

14.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.

4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03588-01
Accionante: Luis Alfonso Quintero Correa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

E. Análisis del caso concreto

15.
Se confirmará la decisión de primera instancia, pero por los motivos aquí
expuestos.

16. Revisado el escrito de tutela, la Sala no encuentra que la abogada Diana Carolina

Alzate Quintero tenga legitimación en la causa por activa para interponer la presente
acción constitucional en representación del señor Luis Alfonso Quintero Correa.

17. Según el artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir a

la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un representante-, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente, de los particulares. En consonancia con ello,
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 previó la posibilidad de que el mecanismo
constitucional sea interpuesto mediante apoderado judicial.

18. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el ejercicio de la

acción de tutela por medio de la figura del apoderamiento judicial, se habilita siempre
que: (i) el acto jurídico formal se concrete en un escrito que se denomina poder; (ii)
el referido poder sea especial, es decir, que haya sido otorgado por una sola vez y
con un objeto específico, de tal manera que “aquel que sea conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le
den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial”5; y (iii) el destinatario
del acto de apoderamiento sea un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional.

19. La Corte Constitucional también ha precisado que el poder otorgado para
presentar una acción de tutela, además de ser especial, debe ser específico. Así, el
apoderamiento judicial debe contener de forma clara y expresa los siguientes
elementos: (i) los nombres y datos de identificación del poderdante y su apoderado;
(ii) la autoridad pública o el particular contra la cual se va dirigir la acción de tutela;
(iii) el acto o documento que motiva la solicitud de amparo, y (iv) los derechos
fundamentales cuya protección se busca reclamar.

20. De manera que, en este tipo de asuntos, el contenido del acto de apoderamiento

es el que permite al juez constitucional verificar el cumplimiento del presupuesto de
procedibilidad atinente a la legitimación en la causa por activa.

21. En suma, cuando la acción de tutela se promueve a través de apoderado judicial,

además de acreditar que se encuentra habilitado para ejercer la profesión, el
abogado debe aportar el poder especial que lo faculta para actuar.

5 Sentencia T-1025 de 2006, reiterada en la sentencia T-194 de 2012.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03588-01
Accionante: Luis Alfonso Quintero Correa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

22. En el presente asunto, la abogada Alzate Quintero presentó la demanda de tutela

actuando como apoderada judicial del señor Luis Alfonso Quintero Correa. El poder
allegado al proceso fue conferido en los siguientes términos:

<<Señor
CONSEJO DE ESTADO (Reparto)
Ciudad
REFERENCIA: Poder. Acción de Tutela

LUIS ALFONSO QUINTERO CORREA, identificado (a) como aparece al pie de mi
respectiva firma, de la manera más respetuosa manifiesto que confiero PODER especial,
amplio y suficiente a la Doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 41.960.817 de Armenia y acreditada con la Tarjeta Profesional
de abogada No. 165.819 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en
mi nombre y representación inicie y lleve hasta su terminación ACCION DE TUTELA contra
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, por vulneración al derecho
fundamental del debido proceso, acceso a la administración de justicia, situación más
favorable al trabajador, al desconocimiento de precedente judicial vertical.

Mis apoderados quedan especialmente facultados para recibir notificaciones, conciliar,
transigir, desistir, además las de pedir copias, interponer todas las impugnaciones
necesarias tendientes a controvertir las decisiones que sean proferidas sin que pueda
decirse en momento alguno que actúa sin poder suficiente para la interposición de esta
tutela>>.

23.
Visto lo anterior, para esta Sala de Subsección el poder aportado no cumple con
los presupuestos que habilitan el apoderamiento judicial en materia de tutela, pues
no atiende al principio de especificidad. El documento se limita a otorgar la facultad
a la abogada Diana Carolina Alzate Quintero para que instaure una acción de tutela
en representación del señor Luis Alfonso Quintero Correa contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, sin especificar la providencia objeto de reproche
constitucional, ni la referencia del proceso dentro de la cual fue proferida.

24.
Ciertamente, la facultad otorgada en dicho acto es tan amplia que permite que la
profesional del derecho pueda promover diferentes acciones de tutela con objetos
distintos en nombre y representación del señor Quintero Correo, en un claro
desconocimiento del principio de especificidad que rige en los procesos de tutela.

25.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que este mecanismo
constitucional “no admite que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada
la representación de otro, ni la informalidad que caracteriza a la acción de tutela se
opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de procedibilidad”6.

26.
En ese sentido, si bien es cierto que la informalidad es una de las notas
características de la acción de tutela, cuyo fundamento estriba precisamente en la
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas

6 Sentencia T-417 de 2013.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03588-01
Accionante: Luis Alfonso Quintero Correa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos
requisitos mínimos de procedencia.

27.
En consonancia con lo anterior, la anterior exigencia no resulta desproporcionada
ni caprichosa, sino que, por el contrario, es razonable a la luz del marco normativo y
jurisprudencial que ha fijado una serie de requisitos para habilitar el apoderamiento
judicial en los procesos de tutela. Sin mencionar, que un abogado que pretenda
representar a otra persona en un proceso judicial debe tener claro el alcance de las
facultades concedidas y, en igual sentido, está obligado a acreditar la especificidad
de su encargo profesional, pues justamente se trata de un poder especial. Admitir la
omisión en su delimitación, implica considerar el mismo como un poder general y,
consecuentemente, exigir los requisitos que para el mismo dispone la ley, como que
su otorgamiento se haga por escritura pública7.

28.
Por lo reseñado anteriormente, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud
de amparo, pero, ante la falta de legitimación en la causa por activa de Diana
Carolina Alzate Quintero.

29.
Por último, también se debe anotar que, si hipotéticamente se llegare a dar por
superado el requisito de legitimación en la causa por activa, esta Sala observa que
el asunto no supera el requisito de relevancia constitucional, debido a que la cuestión
tiene una esencia netamente económica, ya que en últimas, la parte actora pretende
que se le sustraiga de la obligación de pagar las costas a las que fue condenada,
aspecto que no guarda ningún tipo de relación con la garantía de derechos
fundamentales8.

30.
Sumando a lo anterior, es claro que en el fallo cuestionado no se le condenó en
costas al señor Luis Alfonso Quintero Correa, pues aquellas se le impusieron en
primera instancia. Además, el Tribunal accionado no se pronunció al respecto,
debido a que contra ellas el accionante no presentó reparo en su escrito de
apelación.

31.
Desde esta perspectiva, la Sala recaba sobre el uso ponderado, oportuno y
adecuado de este mecanismo judicial, y llama la atención a la abogada Diana
Carolina Alzate Quintero, para que procure ejercer el mismo en forma responsable,
sólo ante situaciones que realmente demanden de la intervención del juez
constitucional, respecto de las cuales pueda acreditar los presupuestos mínimos de
procedencia que se extrañan en esta ocasión.

32.
En los términos precedentes, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 9 de agosto
de 2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera.

7 Código General del Proceso, Artículo 74.
8 En ese mismo sentido, se pronunció el Consejo de Estado en las sentencias de tutela proferidas el 24 de

febrero y 26 de agosto de 2021. (expedientes: 11001-03-15-000-2021-00303-00 y 11001-03-15-000-2021-
01776-01).
6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03588-01
Accionante: Luis Alfonso Quintero Correa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

33. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de agosto de 2024 por el
Consejo de Estado – Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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