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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03415-01

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03415-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 8 de agosto de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03415-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

11 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03415-01
Accionante: Nuris del Socorro Urrutia Calderín
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / falta de legitimación en la causa por activa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 8 de agosto de 2024, por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1.
El 3 de julio del año en curso, la abogada Diana Carolina Alzate Quintero, quien
manifestó actuar como apoderada judicial de la señora Nuris del Socorro Urrutia
Calderín presentó demanda de tutela, a fin de que se dejara sin efectos el fallo del
30 de enero de 2024, proferido por el Tribunal accionado en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho1 que promovió la señora Urrutia
Calderín en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia, con el
propósito de que se declarara la nulidad del acto a través del cual se le negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 por
la consignación tardía de sus cesantías.

2.
El asunto le correspondió para su conocimiento al Juzgado 29 Administrativo Oral
del Circuito de Medellín, el cual mediante sentencia del 21 de noviembre de 2022,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Esa
decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del fallo

1 Identificado con número de radicado: 05001-33-33-029-2022-00029-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03415-01
Accionante: Nuris del Socorro Urrutia Calderín
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

del 30 de enero de 2024, en el que, además, se dispuso no condenar en costas en
segunda instancia.

3.
La profesional del derecho sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
así como el principio de gratuidad de la señora Urrutia Calderín al haberla condenado
en costas.

4.
Alegó que la accionada pasó por alto que al momento en que se presentó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no existía sentencia de
unificación, por lo que actuó siempre bajo el principio de buena fe y confianza
legítima. Refirió que, en virtud de ello, debió realizar un análisis de ponderación
subjetivo respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la condena, para dar una aplicación razonable de la norma, teniendo en cuenta si
existieron acciones temerarias o dilatorias, y así verificar si se causaron dichas
costas. Es decir, la argumentación del Ad quem debió estar dirigida a que no se
evidenciaba temeridad o mala fe, ni que tampoco se encontraban probados los
gastos judiciales sufragados por la entidad demandada por tratarse de un asunto de
pleno derecho.

5.
Indicó que la autoridad enjuiciada omitió tramitar en debida forma el proceso, en
consideración al curso que tomó el tema de la sanción consagrada en la Ley 50 de
1990. Tampoco tuvo en cuenta que en el caso objeto de sentencia de unificación no
se condenó en costas a la parte demandante.

6. Adujo que el artículo 188 del CPACA no impuso la obligación de imponer condena

en costas y agencias en derecho, pues el deber que de allí se desprende es el de
emitir un pronunciamiento al respecto, conforme a la valoración del debate procesal,
por lo que resulta válido prescindir de la imposición de la condena en costas.

7. Afirmó que según el Consejo de Estado cuando se debaten derechos laborales se

tiene que entender que el trabajador es la parte débil dentro de la relación laboral,
que para el caso bajo examen se trata de un docente adscrito al magisterio, que lo
único que pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales, actuando siempre
con la confianza legítima.

8. Como sustento normativo y jurisprudencial, hizo referencia a 27 sentencias
emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y expresó que de
aquellas puede inferirse que antes de proferirse la sentencia de unificación, el
Consejo de Estado reconocía la sanción moratoria prevista el numeral 3 del artículo
99 de la Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales de manera genérica, ya que los
únicos principios que se tomaban en cuenta para efectos del reconocimiento eran
los de favorabilidad e igualdad. Asimismo, citó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
y el 47 de la Ley 2080 de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03415-01
Accionante: Nuris del Socorro Urrutia Calderín
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

B. Sentencia de primera instancia

9. En la providencia del 8 de agosto de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente el amparo solicitado. Estimó que no se cumplió el
requisito general de relevancia constitucional, en la medida que los
cuestionamientos que sustentaron la vulneración alegada no fueron planteados en
el proceso ordinario.

C. La impugnación

10. La abogada Alzate Quintero impugnó la decisión de primera instancia, en los

siguientes términos:

<< MOTIVOS DE INCORFOMIDAD

resulta claro que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, el cual exige que
se hayan utilizado todos los mecanismos judiciales con los que se cuentan antes de
acudir a esta acción subsidiaria de protección de los derechos fundamentales. No
se observa que exista alguna justificación para que el actor no haya expuesto su
inconformidad en sede ordinaria y mucho menos la existencia de un perjuicio
irremediable, por lo cual la acción se torna en improcedente.>>

11.
Para sustentar lo anterior, replicó los argumentos planteados en el escrito de
tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

12.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.

E. Análisis del caso concreto

13.
Se confirmará la decisión de primera instancia, pero por los motivos aquí
expuestos.

14. Revisado el escrito de tutela, la Sala no encuentra que la abogada Diana Carolina

Alzate Quintero tenga legitimación en la causa por activa para interponer la presente
acción constitucional en representación de la señora Nuris del Socorro Urrutia
Calderín.

15. Según el artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir a

la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un representante-, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera

2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03415-01
Accionante: Nuris del Socorro Urrutia Calderín
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente, de los particulares. En consonancia con ello,
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 previó la posibilidad de que el mecanismo
constitucional sea interpuesto mediante apoderado judicial.

16. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el ejercicio de la

acción de tutela por medio de la figura del apoderamiento judicial, se habilita siempre
que: (i) el acto jurídico formal se concrete en un escrito que se denomina poder; (ii)
el referido poder sea especial, es decir, que haya sido otorgado por una sola vez y
con un objeto específico, de tal manera que “aquel que sea conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le
den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial”3; y (iii) el destinatario
del acto de apoderamiento sea un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional.

17. La Corte Constitucional también ha precisado que el poder otorgado para
presentar una acción de tutela, además de ser especial, debe ser específico. Así, el
apoderamiento judicial debe contener de forma clara y expresa los siguientes
elementos: (i) los nombres y datos de identificación del poderdante y su apoderado;
(ii) la autoridad pública o el particular contra la cual se va dirigir la acción de tutela;
(iii) el acto o documento que motiva la solicitud de amparo, y (iv) los derechos
fundamentales cuya protección se busca reclamar.

18. De manera que, en este tipo de asuntos, el contenido del acto de apoderamiento

es el que permite al juez constitucional verificar el cumplimiento del presupuesto de
procedibilidad atinente a la legitimación en la causa por activa.

19. En suma, cuando la acción de tutela se promueve a través de apoderado judicial,

además de acreditar que se encuentra habilitado para ejercer la profesión, el
abogado debe aportar el poder especial que lo faculta para actuar.

20. En el presente asunto, la abogada Alzate Quintero presentó la demanda de tutela

actuando como apoderada judicial de la señora Nuris del Socorro Urrutia Calderín.
El poder allegado al proceso fue conferido en los siguientes términos:

<<Señor
CONSEJO DE ESTADO (Reparto)
Ciudad
REFERENCIA: Poder. Acción de Tutela

Nuris del Socorro Urrutia, identificado (a) como aparece al pie de mi respectiva firma, de
la manera más respetuosa manifiesto que confiero PODER especial, amplio y suficiente a
la Doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 41.960.817 de Armenia y acreditada con la Tarjeta Profesional de abogada
No. 165.819 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y

3 Sentencia T-1025 de 2006, reiterada en la sentencia T-194 de 2012.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03415-01
Accionante: Nuris del Socorro Urrutia Calderín
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

representación inicie y lleve hasta su terminación ACCION DE TUTELA contra el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, por vulneración al derecho fundamental
del debido proceso, acceso a la administración de justicia, situación más favorable al
trabajador, al desconocimiento de precedente judicial vertical.

Mis apoderados quedan especialmente facultados para recibir notificaciones, conciliar,
transigir, desistir, además las de pedir copias, interponer todas las impugnaciones
necesarias tendientes a controvertir las decisiones que sean proferidas sin que pueda
decirse en momento alguno que actúa sin poder suficiente para la interposición de esta
tutela>>.

21.
Visto lo anterior, para esta Sala de Subsección el poder aportado no cumple con
los presupuestos que habilitan el apoderamiento judicial en materia de tutela, pues
no atiende al principio de especificidad. El documento se limita a otorgar la facultad
a la abogada Diana Carolina Alzate Quintero para que instaure una acción de tutela
en representación de la señora Nuris del Socorro Urrutia Calderín contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, sin especificar la providencia objeto de reproche
constitucional, ni la referencia del proceso dentro de la cual fue proferida.

22.
Ciertamente, la facultad otorgada en dicho acto es tan amplia que permite que la
profesional del derecho pueda promover diferentes acciones de tutela con objetos
distintos en nombre y representación de la señora Urrutia Calderín, en un claro
desconocimiento del principio de especificidad que rige en los procesos de tutela.

23.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que este mecanismo
constitucional “no admite que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada
la representación de otro, ni la informalidad que caracteriza a la acción de tutela se
opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de procedibilidad”4.

24.
En ese sentido, si bien es cierto que la informalidad es una de las notas
características de la acción de tutela, cuyo fundamento estriba precisamente en la
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos
requisitos mínimos de procedencia.

25.
En consonancia con lo anterior, la anterior exigencia no resulta desproporcionada
ni caprichosa, sino que, por el contrario, es razonable a la luz del marco normativo y
jurisprudencial que ha fijado una serie de requisitos para habilitar el apoderamiento
judicial en los procesos de tutela. Sin mencionar, que un abogado que pretenda
representar a otra persona en un proceso judicial debe tener claro el alcance de las
facultades concedidas y, en igual sentido, está obligado a acreditar la especificidad
de su encargo profesional, pues justamente se trata de un poder especial. Admitir la
omisión en su delimitación, implica considerar el mismo como un poder general y,
consecuentemente, exigir los requisitos que para el mismo dispone la ley, como que
su otorgamiento se haga por escritura pública5.

4 Sentencia T-417 de 2013.
5 Código General del Proceso, Artículo 74.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03415-01
Accionante: Nuris del Socorro Urrutia Calderín
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

26.
Por lo reseñado anteriormente, esta Subsección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo, pero, ante la falta de legitimación en la causa por activa de la
abogada Diana Carolina Alzate Quintero.

27.
Ahora, si en gracia de discusión se llegara a tener por superado el mentado
requisito, esta Sala coincide con el A quo en que el asunto también se torna
improcedente por no acreditar el presupuesto general de relevancia constitucional,
toda vez que la parte actora busca reabrir un debate en torno a la condena en costas
bajo reproches que no fueron alegados en las instancias respectivas durante el
proceso contencioso administrativo.

28.
Cabe precisar que en el fallo cuestionado no se condenó en costas a la señora
Nuris del Socorro Urrutia Calderín, pues aquellas se le impusieron en primera
instancia. Sin embargo, de esa providencia, se extrae que en el recurso de apelación
que interpuso contra la decisión adoptada por el Juzgado 29 Administrativo Oral del
Circuito de Medellín no presentó algún reparo dirigido a cuestionar la determinación
de la condena en costas, por lo que no habría lugar a exigirle al Tribunal haber
emitido un pronunciamiento al respecto al momento de estudiar la alzada.

29.
Y, a pesar de que el juez de tutela de primera instancia también advirtió esa
omisión, en el escrito contentivo de la impugnación tampoco se presentó algún
alegato orientado a objetar esa consideración que fue la que sirvió de sustento para
la declaratoria de improcedencia de la acción constitucional. En su lugar, se limitó a
replicar los argumentos esbozados en la demanda de tutela que versaron sobre una
supuesta indebida imposición de la condena en costas, asunto que, se insiste, no
fue debatido ante el juez natural de la causa.

30.
El hecho de no haberse ventilado dicha inconformidad en el proceso ordinario,
impide que sea objeto de estudio por el juez de tutela, en tanto su labor no puede
estar orientada a enmendar la negligencia de las partes, ni mucho menos suplantar
al juez natural en su función esencial como juez de instancia.

31.
A lo anterior, se suma que la discusión propuesta tiene una esencia netamente
económica, ya que, en últimas, lo que se pretende que se sustraiga a la parte
demandante de la obligación de pagar las costas a las que fue condenada en primera
instancia, aspecto que no guarda ningún tipo de relación con la garantía de derechos
fundamentales6.

32.
Desde esta perspectiva, la Sala recaba sobre el uso ponderado, oportuno y
adecuado de este mecanismo judicial, y llama la atención a la abogada Diana

6 En ese mismo sentido, se pronunció el Consejo de Estado en las sentencias de tutela proferidas el 24 de

febrero y 26 de agosto de 2021. (expedientes: 11001-03-15-000-2021-00303-00 y 11001-03-15-000-2021-
01776-01).
6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03415-01
Accionante: Nuris del Socorro Urrutia Calderín
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Carolina Alzate Quintero, para que procure ejercer el mismo en forma responsable,
sólo ante situaciones que realmente demanden de la intervención del juez
constitucional, respecto de las cuales pueda acreditar los presupuestos mínimos de
procedencia que se extrañan en esta ocasión.

33.
En los términos precedentes, Sala CONFIRMARÁ la sentencia del 8 de agosto
de 2024 proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación.

34. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 8 de agosto de 2024 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

7 VF

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