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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01254-01

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01254-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 2 de abril de 2025, emitida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que negó el amparo constitucional reclamado, para declarar improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2025-01254-01 Accionante: Ecopetrol S. A. Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01254-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., primero (01) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01254-01
Accionante: Ecopetrol S. A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso ejecutivo. Porcentaje de descuento por concepto de
retención en la fuente sobre pago de condena judicial / MODIFICA NEGATIVA DE
AMPARO, PARA DECLARAR IMPROCEDENCIA – No se supera requisito de
relevancia constitucional. Reproches pretenden suscitar una instancia adicional y
carecen de suficiente carga argumentativa

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 2 de abril de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo constitucional
reclamado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 4 de marzo de 2025, Ecopetrol S. A. -a través de apoderado judicial- promovió
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, con el fin de que se
amparara su derecho fundamental al debido proceso 1 y se dejara sin efectos la
sentencia de 2 de julio de 2024, emitida dentro de la acción ejecutiva2 que instauró
el señor William Vega Bermeo en su contra, encaminada a obtener el cumplimiento
total de la condena impuesta en las sentencias dictadas el 1º de marzo de 2016 y 15
de febrero de 2017 en el medio de control de reparación directa con radicado 52001-
33-31-701-2011-00132-013, junto con sus respectivos intereses moratorios.

1 También invocó la protección del principio de seguridad jurídica.
2 Expediente 52001-33-33-009-2019-00034-02 (12.274).
3 Se condenó a Ecopetrol a pagarle al señor William Vega Bermeo 100 salarios mínimos legales mensuales

vigentes (smlmv) por concepto de perjuicios morales, $577.775.994 por perjuicios materiales y 100 smlmv por
daño a la salud.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01254-01
Accionante: Ecopetrol S. A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

2.
En la providencia acusada se confirmó parcialmente4 la decisión judicial de 20 de
octubre de 2021 del Juzgado Noveno Administrativo de Pasto, que ordenó seguir
adelante con la ejecución. Se determinó que el porcentaje descontado el 10 de julio
de 20175, en el acto con el que se daba cumplimiento a las sentencias ordinarias,
por concepto de la retención en la fuente por el impuesto de renta a la condena
judicial no corresponde al que legalmente se debía aplicar. Se debía deducir una
tarifa del 3.5%, conforme al artículo 401 del Estatuto Tributario, mas no la del 20%
estipulada en el artículo 401-2 ibidem, porque esta norma excluye de manera
expresa los pagos realizados como resultado de demandas contra el Estado, como
en este caso. Por otro lado, indicó que se debía condenar en costas a la parte
ejecutada, por ser la parte vencida, en atención a los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 365 del
Código General del Proceso (CGP).

3.
La parte actora indicó que con decisión acusada6, la autoridad judicial incurrió en
defecto sustantivo, pues interpretó y aplicó de manera indebida el artículo 401-2,
dado que ignoró su verdadero alcance y significado. Este precepto legal le exige
realizar la retención en la fuente del 20% sobre el valor total de la condena por lucro
cesante, en razón a que el beneficiario de esta es residente en Colombia.

4.
Además, el artículo 401 del Estatuto Tributario, en el que se fundamentó el
Tribunal accionado solamente aplica para retención en la fuente por otros ingresos,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) el beneficiario debe ser
una persona natural de nacionalidad colombiana, y (ii) la demanda debe ser contra
el Estado en un proceso contencioso-administrativo. Último presupuesto que no se
satisface, porque no es procedente ni aceptable que se le catalogue como una
entidad estatal. Es una sociedad anónima de economía mixta, sometida al régimen
de las sociedades comerciales, por lo que está sujeta a las obligaciones y
responsabilidades fiscales que le son propias.

5.
Adujo que acaeció una decisión sin motivación, porque la autoridad judicial
accionada omitió exponer de manera clara, detallada y razonada los fundamentos
fácticos y jurídicos que sustentan la decisión de adoptó, lo que genera una
inseguridad jurídica y arbitrariedad. Es decir, no se suministraron los argumentos que
justificaban la aplicación de la retención en la fuente del 3.5% en lugar del 20%.

6.
Asimismo, omitió pronunciarse sobre los conceptos tributarios 1875 de 25 de
junio de 2015 y 49245 de 1994 y los artículos 16 y 368 del Estatuto Tributario, que

4 En el sentido de revocar su ordinal tercero, para en su lugar, condenar en costas, en primera instancia, a la

parte vencida. En lo demás se confirmó la providencia recurrida.
5 Canceló mediante transferencia bancaria $610.220.945 y se practicó una retención en la fuente del 20%, esto

es, $115.098.450. Asimismo, el 18 de agosto de 2017 se canceló $9.360.339 por intereses moratorios. Estos
correspondían a $11.700.836, pero sobre esa suma se realizó una retención del 20%, es decir, $2.430.167.
6 También informó que con ocasión a esta providencia, el 2 de enero de 2025 canceló a órdenes del Juzgado

Noveno Administrativo de Pasto $271.279.296, por conceptos de lucro cesante ($94.956.222), saldo de intereses
moratorios ($1.521.109) y intereses moratorios por no pago de saldo de lucro cesante desde el 10 de julio de
2017 hasta el 30 de septiembre de 2024 ($174.801.965).
2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01254-01
Accionante: Ecopetrol S. A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

le imponen el cumplimiento de obligaciones tributarias, en particular, la de actuar
como agente retenedor en la fuente a título de impuesto sobre la renta, en su
condición de sociedad anónima, al ser una empresa industrial y comercial del Estado.

7.
También resulta cuestionable la decisión del Tribunal de imponerle condena en
costas, pues ello constituye un agravamiento de la situación procesal del apelante y,
con ello, desconoce el principio de non reformatio in pejus.

8.
De igual modo, se configuró desconocimiento del precedente, en tanto se
desatendió la sentencia C-913 de 2003 de la Corte Constitucional, al aplicar de
manera errónea el artículo 401-2 del Estatuto Tributario. En esa providencia se
analizó la constitucionalidad del artículo 91 de la Ley 788 de 2002, que adicionó al
Estatuto Tributario el artículo 401-2. Se precisó que la retención en la fuente es
obligatoria para pagos que constituyen indemnizaciones por lucro cesante, como el
que se sufragó en este caso. Aunque en la providencia acusada se citaron apartes
de la aludida sentencia de la Corte Constitucional, no se tuvo en cuenta su contexto
y alcance completo, lo que conllevó que se arribara a conclusiones incorrectas en
cuanto a la aplicación del porcentaje de deducción por retención en la fuente
respecto a la condena judicial.

B. Sentencia de primera instancia

9.
Mediante sentencia de 2 de abril de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo constitucional reclamado7. Sostuvo que el
fallo acusado contiene una motivación suficiente y coherente, la cual justifica el
sentido en que se emitió.

10.
Anotó que la ausencia de motivación por parte de Ecopetrol S. A., en su recurso
de apelación, impedía que el Tribunal accionado se pronunciara en forma concreta
respecto de la inconformidad acerca del porcentaje aplicado como retención en la
fuente sobre la condena judicial. No obstante, la autoridad judicial abordó ese tema,
conforme a las pruebas aportadas y a la normativa aplicable, de las que era dable
concluir que la tutelante aplicó un porcentaje de deducción por retención en la fuente
diferente al que legalmente correspondía, lo que disminuyó el monto de la
indemnización, por ende, no era procedente decretar la excepción de pago total de
la obligación.

11.
Lo anterior, evidencia que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial cuenta con
soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que este mecanismo
constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.

7 También negó la sucesión procesal respecto del señor William Vega Bermeo (q. e. p. d.), en razón a que el 29

de junio de 2022 falleció, por parte de la madre de la menor Margui Vanesa Vega Orobio, hija de aquel, porque
eso le correspondía a la autoridad judicial que tramita el proceso ejecutivo. Sin embargo, fue reconocida como
tercera interesada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01254-01
Accionante: Ecopetrol S. A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

C. La impugnación

12.
La parte actora sostuvo que no se tuvo en cuenta la sentencia C-913 de 2003 de
la Corte Constitucional, en la cual se indicó que el artículo 401-2 del Estatuto
Tributario no exonera de la retención en la fuente del 20%, sino que regula su
recaudo. Además, invocó providencias del Consejo de Estado 8 , que avalan la
actuación de los agentes retenedores públicos conforme a los conceptos de la DIAN
vigentes.

13.
Advirtió que su actuación se enmarca dentro de la Resolución 91 de 2020 de la
DIAN, que consagra que los conceptos emitidos por esa entidad son obligatorios, los
cuales, además, constituyen un criterio auxiliar de interpretación para los
contribuyentes y jueces. Sin embargo, los expedidos por la DIAN sobre la materia en
cuestión no se tuvieron en cuenta en este asunto.

14.
Anotó que ya realizó el pago completo de la obligación, incluidos los intereses,
cuyos valores descontados fueron trasladados a la DIAN, por tanto, exigir
nuevamente esos montos implicaría configurar un doble pago, en contravía del
artículo 1625 del Código Civil y del principio de prohibición del enriquecimiento sin
causa (artículo 2301 ibidem).

15.
De confirmar la sentencia impugnada, se genera un precedente inadecuado para
las entidades públicas que actúan como agentes de retención, desincentivando el
cumplimiento tributario legítimo y promoviendo litigios indebidos.

16.
Indicó que se pronunció sobre la sucesión procesal solicitada en este trámite, a
pesar de que la menor no fue parte en esta acción, se instauró la tutela sin pretensión
alguna relacionada con esa figura procesal y la respectiva petición no fue formulada
ante el juez del proceso ejecutivo. En esa medida, el reconocimiento como tercera
interesada en nada afecta la integración de las partes en la acción ejecutiva.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

17.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19919.

F. Análisis del caso concreto

8 Exp. 25405 de 2019 y expediente 11001-03-15-000-2021-01432-00.
9 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01254-01
Accionante: Ecopetrol S. A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

18.
La Sala modificará el fallo objeto de impugnación, para declarar la improcedencia
de la acción, al diferir de la apreciación del juez de primera instancia, consistente en
que el presente asunto supera el presupuesto de relevancia constitucional.

19.
No se evidencia que el a quo haya desplegado motivación alguna tendiente a dar
por acreditado tal requisito. Sin embargo, esta Sala aclara que no resulta suficiente
para tener por satisfecha esa exigencia que se invoquen derechos fundamentales
presuntamente vulnerados y la configuración de causales específicas de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, sino que se debe desarrollar
una argumentación encaminada a demostrar la afectación constitucional que se
alega, situación que no se configura en este asunto.

20.
Lo anterior, por cuanto las inconformidades de la parte actora evidencian
desacuerdo con la providencia objeto de censura, en particular, con la aplicación del
artículo 401 del Estatuto Tributario a su caso, al estimar que lo procedente era
resolver el litigio bajo el amparo del artículo 401-2 ibidem. Se pretende emplear esta
acción como una instancia adicional con el fin de reabrir una cuestión jurídica ya
zanjada por el juez natural de la causa, para que se acoja la tesis que pregona la
parte actora, sin que se advierta una suficiente carga argumentativa. La simple
inconformidad con una decisión judicial no habilita a quien presuntamente se ve
afectado con aquella para que acuda ante el juez constitucional con el propósito de
modificarla, como se expondrá a continuación.

21.
La tutelante aduce que se incurrió en defecto sustantivo, al interpretar
indebidamente el artículo 401-2 del Estatuto Tributario, que exige la aplicación de un
20% como retención en la fuente sobre el valor total de una condena por lucro
cesante, al ser el beneficiario de esta residente en Colombia. Por lo que no se avenía
a su caso el artículo 401 ibidem, en razón a que el porcentaje allí establecido es para
otros ingresos.

22.
La autoridad judicial anotó que el artículo 401-2 prevé “que están sometidos a
retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta por concepto de
indemnizaciones diferentes a las salariales, las percibidas por los nacionales como
resultados de demandas contra el Estado y las previstas en los artículos 45 y 223
del citado Estatuto. Es decir, que la norma en cuestión exceptúa expresamente de la
tarifa de 20% las indemnizaciones percibidas por los residentes en el país como
resultado de demandas contra el Estado”. En ese sentido, “como el beneficiario de
la condena (indemnización) resultó siendo un nacional, a su caso solo era
procedente la aplicación del artículo 401 del Estatuto Tributario”.

23.
Para la Sala la anterior conclusión no comporta algún tipo de arbitrariedad, sino
que es el resultado de un ejercicio hermenéutico que se enmarca en los límites de la
razonabilidad. Diferente es que la parte actora no comparta la norma bajo la cual se
desató su litigio. Sin embargo, la simple inconformidad con una decisión judicial no

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Accionante: Ecopetrol S. A.
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habilita la interposición de la tutela. Se debe demostrar la afectación constitucional
que se alega, lo cual no se evidencia en este asunto.

24.
Además, el mencionado reproche, consistente en la indebida aplicación
normativa, al estimar que se debía acudir al artículo 401-2 del Estatuto Tributario y
no al artículo 401 ibidem, fue expuesto en el recurso de apelación y estudiado por el
Tribunal accionado sin que la parte actora destinara argumentación encaminada a
demostrar que lo considerado por la autoridad judicial al respecto involucrara algún
tipo de arbitrariedad.

25.
En esa medida, no es aceptable que la tutelante pretenda que se le imponga al
juez natural la aplicación de determinada norma para definir la controversia sometida
a su conocimiento, sin que se evidencie que la elegida por la autoridad judicial
comporte algún tipo de capricho o arbitrariedad. Por el contrario, estuvo justificada
en la exclusión del porcentaje previsto en el artículo 401-2 del Estatuto Tributario por
concepto de retención en la fuente (20%), para los pagos cuyo origen provengan de
resultados de demandas contra el Estado, y de la regulación expresa del porcentaje
del 3.5 para este tipo de pagos en el artículo 401 ibidem.

26. Por ende, el simple desacuerdo con la decisión judicial atacada no habilita a la

parte a la que aquella le resultó desfavorable para promover esta acción con el
objeto de que se acoja la tesis que pregona. Acceder a lo pretendido implicaría
invadir la órbita de competencia del juez natural, como si este escenario
constitucional hubiera sido instituido como una tercera instancia, para imponer el
sentido en que se deben zanjar los litigios sin considerar el razonamiento
desplegado por la autoridad judicial accionada para arribar a la conclusión que no
comparte una de las partes.

27.
La accionante indica que no se suministraron las razones por las cuales se había
avalado el porcentaje de retención en la fuente del 3.5 y no del 20. No obstante, ello
no corresponde a la realidad, pues, conforme a lo anotado en precedencia, la
autoridad judicial justificó su decisión de aplicar al litigio el artículo 401 del Estatuto
Tributario, en lugar del 401-2. Distinto es que la parte actora difiera de lo concluido
sobre el particular.

28.
Por otro lado, la tutelante alega que no se tuvieron en cuenta los conceptos
emitidos por la Dian y los artículos 16 y 368 del Estatuto Tributario para zanjar la
controversia. Sin embargo, la Sala advierte que si bien es cierto que en el fallo
acusado no se hizo referencia alguno a tales conceptos ni a los citados preceptos
legales, lo cierto es que dicha omisión carece de la potencialidad de modificar la
decisión adoptada. El problema jurídico versaba sobre la aplicación de los artículos
401 y 401-2 del Estatuto Tributario, ejercicio para el cual no se evidencia que la
autoridad judicial tuviera que acudir a dichos instrumentos jurídicos, pues dilucidó el
asunto de acuerdo con el contenido de dichas normas.

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Accionante: Ecopetrol S. A.
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29.
Asimismo, indicó que no compartía la condena en costas que se le impuso, pues
ello agravaba su situación procesal como apelante, lo que conllevaba el
desconocimiento del principio de non reformatio in pejus.

30.
Al respecto, cabe anotar que la parte ejecutante, al igual que la tutelante, interpuso
recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, en cuanto a que no se
condenó en costas a la parte vencida, circunstancia que habilitaba que el ad quem
se pronunciara sobre el particular. En todo caso, el mecanismo idóneo para suscitar
lo relativo a la inobservancia del principio de non reformatio in pejus es el recurso
extraordinario de revisión. Esta herramienta jurídica, consagrada en el artículo 250
(numeral 5) del CPACA, resulta apropiada para corregir yerros en las providencias
ejecutoriadas, tales como la desatención del mencionado principio, por ende, a ese
recurso puede acudir la parte actora para exponer los planteamientos que
fundamentan el aludido reproche.

31.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera oportuno precisar que la discusión
sobre la imposición de condena en costas denota una implicación de índole
netamente económica, en razón a que tiene como objeto que se les sustraiga a las
actoras de la obligación de sufragarlas, lo cual no guarda relación alguna con la
garantía de derechos fundamentales 10 , por ende, no trasciende al plano
constitucional y ello impide que adquiera la relevancia necesaria para abordar ese
aspecto en sede de tutela. En ese sentido, se ha pronunciado esta Corporación, al
precisar que “lo referente a la condena en costas desborda la competencia del juez
constitucional para analizar los asuntos sometidos a su conocimiento, pues se trata
de un tema eminentemente económico que carece de relevancia constitucional”11.

32.
Por último, la parte actora invoca desconocimiento del precedente, al
presuntamente no observar la sentencia C-913 de 2003 de la Corte Constitucional.
En estricto sentido, ello se refiere a un defecto sustantivo12, pero sin perjuicio de la
denominación que el accionante le dé, ciertamente lo expuesto no corresponde a la
realidad, porque el Tribunal accionado citó la mencionada sentencia de
constitucionalidad para soportar su decisión de aplicar el artículo 401 del Estatuto
Tributario en el caso concreto. En aquella providencia se precisó que las exclusiones
previstas en el artículo 401-2 ibidem obedecen a que cada una de esas hipótesis
tiene su propia regulación. En particular, “las indemnizaciones que perciben los
nacionales como resultado de demandas contra el Estado se regulan por lo dispuesto
en el artículo 401 del E.T.”.

33.
La parte actora aduce en el escrito de impugnación que de confirmar la sentencia
impugnada, se causaría un precedente inadecuado, así como la configuración de un

10 En ese mismo sentido, se pronunció el Consejo de Estado en las sentencias de tutela proferidas el 24 de

febrero y 26 de agosto de 2021. (expedientes: 11001-03-15-000-2021-00303-00 y 11001-03-15-000-2021-01776-
01).
11 Expediente: 11001-03-15-000-2018-03286-00, C. P. César Palomino Cortés.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-304 de 2024.

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doble pago y con ello el desconocimiento del principio de prohibición del
enriquecimiento sin causa.

34.
No obstante, se advierte que el estudio del presente asunto está enmarcado en la
posible transgresión de derechos fundamentales originada con la decisión judicial,
sin que dicho estudio lo integren los efectos monetarios que aquella genera, máxime
cuando para su adopción no se evidencia algún tipo de arbitrariedad. Es decir, los
efectos adversos que genera una decisión judicial para la parte que le resultó
contraria a sus intereses, carecen de la entidad de configurar afectación
constitucional, pues para tenerla por acreditada se requiere que se superen los
presupuestos generales para la procedencia de la tutela contra providencia judicial,
lo cual no se colmó en este trámite constitucional.

35.
También adujo en su impugnación que no se debió haber emitido pronunciamiento
alguno sobre la solicitud de sucesión procesal en sede de tutela. Sin embargo,
aunque se hizo referencia a dicha solicitud, esta fue negada. El juez de primera
instancia advirtió que la procedencia de tal figura procesal se debía analizar por el
juez ejecutivo. No obstante, consideró que dicha situación que no impedía que fuera
reconocida la solicitante como tercera interesada, en representación de la menor hija
de quien obró como demandante en el proceso ejecutivo. Por demás, la referida
vinculación en nada muta el análisis hecho en los párrafos precedentes.

36.
Así las cosas, se precisa que la acción de tutela no es dable emplearla para revivir
una discusión jurídica ya zanjada por el juez natural de la causa, con el fin de obtener
una decisión que le resulte favorable a sus intereses, máxime cuando no se
desarrolla una argumentación suficiente, que demuestre la afectación constitucional
que se alega.

37.
En ese orden de ideas, se torna evidente la falta de cumplimiento del presupuesto
de relevancia constitucional, por tanto, se modificará la sentencia impugnada, para
declarar improcedente el amparo.

38.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 2 de abril de 2025, emitida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que negó el amparo
constitucional reclamado, para declarar improcedente la acción de tutela, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01254-01
Accionante: Ecopetrol S. A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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