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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02858-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02858-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 4 de septiembre de 2024, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, para declarar improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02858-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02858-01
Accionante: Camila Fernanda Garzón Rodríguez y otra1
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Reajuste
salarial y prestacional / MODIFICA, PARA DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA – Falta de relevancia constitucional. Reproches involucran una
discusión de índole económica (condena en costas) y carecen de carga
argumentativa y se pretende reabrir un debate jurídico ya zanjado por el juez natural

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 4 de septiembre de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, en cuanto al desconocimiento del precedente, y se negó el amparo
reclamado frente a los defectos fáctico y sustantivo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 5 de junio de 2024 las señoras Camila Fernanda Garzón Rodríguez y Johana
Marcela Roa Sánchez, a través de apoderado judicial, promovieron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
E, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad.

2.
Solicitaron que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 2 de febrero de 2024
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovieron
contra la Procuraduría General de la Nación, encaminado a obtener un reajuste

1 Johana Marcela Roa Sánchez.
2 Expediente 11001-33-35-028-2019-00265-01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02858-01
Accionante: Camila Fernanda Garzón Rodríguez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E

salarial y prestacional en su condición de procuradoras judiciales I, con base en lo
devengado por los jueces del circuito ante quienes ellas son delegadas.

3.
En la referida providencia se revocó la sentencia de 28 de junio de 2022, mediante
la cual el a quo3 accedió parcialmente4 a las pretensiones de la demanda, para en
su lugar, negarlas. Se consideró que la remuneración mensual de las demandantes
desde cuando se vincularon al empleo de procuradoras judiciales I para asuntos
penales, código 3PJ, grado EG, siempre ha sido superior a la de los jueces del
circuito ante quienes ellas intervienen. No solamente se debe tener en cuenta la
asignación básica, que se refiere a la cifra asignada para los cargos en cada
anualidad, sino la remuneración, que la constituye todo lo que se recibe como
contraprestación por el servicio prestado.

4.
Además, condenó en costas a la parte demandante, en un monto de $700.000 a
cada una, por concepto de agencias en derecho de ambas instancias, porque el
recurso de apelación interpuesto por el extremo pasivo fue desatado favorablemente.

5.
Las tutelantes afirmaron que se incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. El
Tribunal accionado confundió los conceptos de remuneración, salario y prestación,
pues determinó que se debía computar todo lo que se denominara salario, pero
incluyó unas prestaciones que no tenían esa característica, lo cual desbordaba el
problema jurídico. Así, consideró la prima especial de servicios, de que trata el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y la bonificación judicial, creada con el Decreto 383
de 2023.

6.
No se dilucidó el porqué de la diferencia en el monto que se paga a un juez del
circuito y a un procurador judicial I, ni se verificó que no todos esos procuradores
reciben el mismo monto por concepto de la bonificación judicial5.

7.
No se tuvo en cuenta que durante los años 2016 a 2020 los factores salariales y
prestaciones sociales fueron fraccionados y pagados de manera ilegal y diferente en
la Rama Judicial 6 y en la Procuraduría General de la Nación 7 , lo cual se puede
verificar en los certificados relacionados en la providencia acusada. Por esa razón,
la demanda ordinaria se enfocó, de acuerdo con el artículo 280 de la Constitución

3 Juzgado Veintiocho Administrativo de Bogotá.
4 Reconoció reajuste salarial a partir de los efectos fiscales de su nombramiento de las demandantes, y no desde

el día de su posesión.
5 Los procuradores judiciales I penales reciben la bonificación en un monto superior, pues tienen mayor carga

laboral frente a sus pares en otras especialidades. Deben atender diligencias ante los jueces penales del circuito,
municipales de control de garantías y de brigada y de instrucción penal militar de la justicia penal militar.
6 El salario básico mensual de los Jueces del Circuito “se fraccionó ilegalmente en 2 emolumentos: (i) salario

básico, y (ii) prima especial de servicios sin carácter salarial. Esta última no correspondió al 30% del
salario tal como lo ordena el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sino que su quantum fue el 23.0769185%, ello
se debe a la fórmula u operación aritmética aplicada por esa entidad”.
7 La remuneración básica mensual de los Procuradores Judiciales I “fue fraccionada ilegalmente en 3

emolumentos: (i) salario básico, (ii) gastos de representación, y (iii) prima especial de servicios sin carácter
salarial. Está última en efecto correspondió al 30% del salario legal, tal como lo dispone el art. 14 de la Ley
4ª de 1992”.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02858-01
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Política, en el monto de la remuneración mensual señalada por el poder ejecutivo,
para así evitar las irregularidades advertidas.

8.
Aunque se precisó que la remuneración es todo lo percibido por el servidor, no se
mencionaron todos los factores salariales y prestaciones sociales devengados por
ambos empleos, ni auscultó el porqué de la diferencia que se advierte en ellos. Para
poner en evidencia las diferencias salariales que alegaron, relacionaron los
correspondientes valores en el cuadro que se muestra a continuación:

9.
Además, al condenarlas en costas se configuró desconocimiento del
precedente. El criterio del Consejo de Estado sobre la materia, en procesos
laborales, ha consistido en que esta condena no puede ser objetiva, ni una
imposición automática frente aquel que resulte vencido en juicio. Se debe analizar y
argumentar su causación y comprobación, así como un actuar temerario o de mala
fe. Citó como desatendidas las sentencias de 20 de agosto de 20158 y de unificación
de 2 de septiembre de 20199 y 15 de diciembre de 202010 de esta Corporación.

B. Sentencia de primera instancia

10.
Mediante sentencia de 4 de septiembre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela frente al desconocimiento del
precedente alegado, en lo que atañe a la condena en costas, al no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional. Se estimó que, aunque la parte actora citó
diferentes providencias para explicar que no debió ser condenada en costas, dado
que no se acreditó su causación ni había actuado de mala fe, lo cierto es que lo hizo
con el fin de discutir la forma como debían interpretarse las normas sobre ese

8 Expediente 47001-23-33-000-2012-00013-01 (1755 2013), C. P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez.
9 Expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
10 Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-18).

3

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aspecto, es decir, involucra un asunto meramente legal y procesal, que desemboca
en una discusión de carácter económica.

11.
En cuanto a los defectos fáctico y sustantivo, se evidencia que superan el
presupuesto de relevancia constitucional, dado que en primera instancia se había
accedido parcialmente a las pretensiones y no tuvieron otra oportunidad para
formular argumentos. No obstante, estos no se configuraron, por lo que se negó el
amparo. El Tribunal accionado explicó de manera razonada y suficiente por qué las
demandantes no tenían derecho a la nivelación pretendida11.

C. La impugnación

12.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia, puesto que no
se abordaron los yerros enrostrados en el escrito de tutela. Aunque la autoridad
accionada hizo un análisis de la remuneración mensual percibida por uno y otro
funcionario, no examinó el trasfondo de esos pagos, ni las consecuencias de los
mismos. Tampoco se advirtió sobre la incongruencia alegada frente al problema
jurídico, porque si se pretendía resolver el caso en términos monetarios, debió
verificar la totalidad de lo devengado y no basarse únicamente en la remuneración
mensual, pues esta lleva consigo ciertas repercusiones en los demás factores
salariales, así como en las prestaciones sociales. Además, incluyó la bonificación
judicial que no tiene la connotación de factor salarial.

13.
El a quo avaló el argumento del Tribunal accionado bajo la connotación de la
sustentación, pero no verificó si esta era coherente y acorde con el caso concreto y
con la misma tesis prohijada por esa Corporación. No se tuvo en cuenta la
remuneración mensual legalmente decretada y el fraccionamiento realizado a
aquella, el cual repercute en la liquidación y pago de los factores salariales y
prestaciones sociales.

14.
En lo que atañe a la condena en costas, adujo que se busca es el acatamiento del
ordenamiento jurídico, integrado también por la jurisprudencia de las altas cortes,
aspecto que resulta suficiente para habilitar la intervención del juez de tutela. No se
consideró que el artículo 280 Superior prevé que los procuradores judiciales
delegados ante los jueces de la República tienen las mismas calidades, derechos,
remuneración y prestaciones. Por ende, al advertir una diferencia en la remuneración
mensual decretada por el Gobierno Nacional con aquella pagada por la Procuraduría
General de la Nación, se acudió a instancias administrativas y judiciales para obtener
esa igualdad remunerativa a la que alude ese precepto constitucional, lo cual no
involucra mala fe o temeridad alguna.

11 Las actoras desde su vinculación como procuradoras judiciales I venían recibiendo la remuneración mensual

acorde a lo dispuesto en el Decreto 186 de 2014 y para el período que reclamaban haber devengado una
remuneración inferior a la establecida para los jueces con categoría del circuito, no debía atenderse una
comparación numérica, sino acudir al concepto de remuneración, es decir, todo aquello que se percibe como
contraprestación del servicio y no solo la asignación básica.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02858-01
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II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

15.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199112.

F. Análisis del caso concreto

16.
La Sala advierte que el estudio de la presente tutela, aunque tiene su origen en el
desacuerdo con una providencia judicial, se debe dividir en dos tópicos, uno
relacionado con la imposición de la condena en costas, respecto de lo cual se alega
desconocimiento del precedente, y el otro relativo a la negativa de las súplicas
ordinarias, frente a lo cual se aduce la configuración de los defectos fáctico y
sustantivo.

17.
En lo que atañe al desconocimiento del precedente respecto de la imposición de
la condena en costas, se comparte lo determinado por el a quo, en el sentido de
evidenciar que tal reproche no satisface el presupuesto de relevancia constitucional,
motivo por el cual se confirmará la improcedencia de la acción en cuanto a ese
reparo.

18.
La discusión sobre la imposición de condena en costas denota una implicación de
índole netamente económica, en razón a que tiene como objeto que se les sustraiga
a las actoras de la obligación de sufragarlas, lo cual no guarda relación alguna con
la garantía de los derechos fundamentales 13 , por ende, no trasciende al plano
constitucional y ello impide que adquiera la relevancia necesaria para abordar ese
aspecto en sede de tutela. En ese sentido, se ha pronunciado esta Corporación, al
precisar que “lo referente a la condena en costas desborda la competencia del juez
constitucional para analizar los asuntos sometidos a su conocimiento, pues se trata
de un tema eminentemente económico que carece de relevancia constitucional”14.

19.
Por otro lado, en cuanto a los defectos fáctico y sustantivo, la Sala difiere de la
apreciación del juez de primera instancia, en el sentido de concluir que los reproches
enmarcados en estas causales específicas de procedibilidad de la tutela cumplen el
presupuesto de relevancia constitucional. No resulta suficiente para dar por
acreditado el aludido requisito que en sede ordinaria en primera instancia se haya
obtenido una decisión favorable y el ad quem la haya revocado para proferir una
contraria a los intereses de la parte que había resultado favorecida, circunstancia
que le impidió a esta exponer en otro escenario su inconformidad.

12 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
13 En ese mismo sentido, se pronunció el Consejo de Estado en las sentencias de tutela proferidas el 24 de

febrero y 26 de agosto de 2021. (expedientes: 11001-03-15-000-2021-00303-00 y 11001-03-15-000-2021-01776-
01).
14 Expediente: 11001-03-15-000-2018-03286-00, C. P. César Palomino Cortés.

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20.
Para dar por superado dicho presupuesto es indispensable examinar si la
argumentación planteada en el escrito de amparo tiene como propósito acreditar la
afectación constitucional que se alega, situación que no se configura en este asunto.
Las inconformidades de la parte actora evidencian desacuerdo con la providencia
objeto de censura, pero sin que se demuestre el modo en que lo decidido por el
Tribunal accionado quebranta sus garantías superiores. El simple desacuerdo con
una decisión judicial que le resulta desfavorable a un extremo del litigio, no lo habilita
para que acuda ante el juez constitucional con el fin de reabrir el debate jurídico y
modificar tal determinación, como se expondrá a continuación.

21.
La controversia ordinaria giró en torno a que se concediera un reajuste salarial
reclamado por las tutelantes en su condición de procuradoras judiciales I, al estimar
que devengaban una remuneración mensual inferior a las personas que se
desempeñaban como jueces del circuito, a pesar de que eso contrariaba el artículo
280 de la Carta Política. Ello se materializó en el artículo 10 del Decreto 186 de
201415, pues se estipuló que “A partir del 1° de enero de 2014, la remuneración
mensual de los Procuradores Judiciales I será de cinco millones novecientos noventa
y dos mil ochenta y cuatro pesos ($5.992.084) moneda corriente. El treinta por ciento
(30%) de esta remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de
conformidad con el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, aplicable a los Jueces de la
República”. De igual modo, se consagró que “los Procuradores Judiciales I que
desempeñen el cargo y que actúen de manera permanente como Agentes del
Ministerio Público ante las autoridades judiciales, tendrán derecho a percibir la
bonificación judicial para aquellas, en los términos y condiciones establecidos en el
Decreto 383 de 2013”. Por tal razón, pidieron se inaplicara por inconstitucional e
ilegal el monto allí indicado, así como los Decretos subsiguientes16 que reajustaban
porcentualmente la escala salarial allí fijada.

22.
De acuerdo con el artículo 280 Superior, “Los agentes del Ministerio Público
tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones
de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”
(destaca la Sala), con base en ello resulta acertada la afirmación de las tutelantes,
según la cual la remuneración de los procuradores judiciales I y los jueces del circuito
debe ser la misma. No obstante, la autoridad accionada concluyó que tal precepto
constitucional no se había desatendido, en la medida en que, para determinar la
igualdad en la remuneración, no solamente se debe tener en cuenta la asignación
básica, sino lo devengado como contraprestación por el servicio prestado.

23.
La Sala evidencia que la inconformidad de la parte actora comporta un desacuerdo
con la manera cómo el Tribunal accionado estableció lo que constituía remuneración
mensual, pues, a juicio de aquella, ello solo debía comprender la asignación fijada

15 “Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo”.
16 Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.

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en los aludidos Decretos, mientras que para dicha Corporación integraban también
ese concepto la prima especial, contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
y la bonificación judicial, prevista en el Decreto 383 de 2013.

24.
La conclusión a la que arribó la autoridad accionada, lejos de materializar algún
tipo de arbitrariedad, resulta razonable, dado que los dos emolumentos a los que se
hizo referencia en precedencia, fueron incluidos en el mencionado artículo 10 del
Decreto 186 de 2014, como parte de la remuneración mensual. Por tanto, contrario
a lo aducido por las tutelantes, el Tribunal no tenía la obligación de explicar la
diferencia entre el monto devengado por bonificación judicial entre los procuradores
judiciales I y jueces del circuito, ni de incluir para la comparación salarial todos los
emolumentos devengados17 a los que aludieron las actoras, cuanto más si estos se
causan por determinados eventos, se reciben en ciertas épocas del año y tienen una
regulación especial, circunstancia que omitió considerar la parte actora y que no es
dable analizar en sede de tutela.

25.
Por consiguiente, para esta Sala se encuentra dentro del marco de la autonomía
judicial el hecho de que la autoridad accionada haya sostenido que el ingreso
mensual de los procuradores judiciales I y de los jueces del circuito no se agota con
la asignación básica contemplada en los Decretos citados en precedencia. También
reciben de manera periódica otros emolumentos que inciden en dicha remuneración
mensual, que se debían considerar para dilucidar si, en efecto, se generó o no una
desigualdad salarial entre esos cargos, evento en el que se transgredería el artículo
280 Superior, pero como ello no ocurrió, era razonable que se hayan despachado de
manera desfavorable las pretensiones ordinarias.

26.
En ese sentido, se desató la controversia con fundamento en razones objetivas y
razonables, diferente es que no en el modo que pretendía la parte actora, lo que no
constituye afectación constitucional alguna, máxime cuando el Tribunal explicó por
qué no era viable solamente tener en consideración para examinar la prosperidad de
sus súplicas la asignación básica, es decir, por qué no era factible acoger la tesis
defendida por aquella.

27.
Así las cosas, los reproches de la parte demandante reflejan, además de una
carencia en la argumentación con miras a demostrar la afectación constitucional que
alega, una inconformidad con la manera como el juez natural de la controversia la
zanjó, lo cual no habilita el estudio de fondo de la tutela, pues no basta para tal efecto
invocar derechos fundamentales que se estiman vulnerados y unas causales
específicas de procedibilidad de la tutela y expresar un desacuerdo con la decisión
judicial atacada.

28.
Por las anteriores consideraciones, se torna evidente la falta de cumplimiento del
presupuesto de relevancia constitucional que impusiera examinar el fondo de este

17 Como bonificación por servicios, primas de servicios, de vacaciones y de navidad, cesantías e intereses a las

cesantías.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E

asunto. La tutela no fue estatuida para emplearse como una instancia adicional en
un litigio surtido en debida forma, máxime cuando la decisión censurada no comporta
arbitrariedad alguna y no se despliega la carga argumentativa suficiente para poner
en evidencia los yerros constitucionales planteados.

29.
En ese orden de ideas, se modificará la sentencia impugnada, para declarar la
improcedencia del trámite constitucional.

30.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 4 de septiembre de 2024, proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación, para declarar improcedente la acción de tutela,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE18
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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