Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06284-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06284-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06284-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06284-001
Demandante: Martha Lucía Hernández Ducuara y otras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
– Falta de relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El18, 22 y 27 de noviembre de 2024, las señoras Martha Lucia Hernández
Ducuara, Alba Patricia y Sol Jimena Álvarez Sánchez y María de Jesús Navarro
Duran presentaron acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, en busca de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad.
2. Todas ellas solicitaron que se dejara sin efectos la sentencia del 16 de mayo de
20243, proferida por el Tribunal accionado en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho4, que promovieron junto con otras5 en contra de la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio6, la Fiduprevisora S.A., el departamento del Tolima y el municipio de
Honda. Su propósito era obtener la nulidad de la Resolución 4141 del 11 de julio de
2017, por medio de la cual la Secretaría de Educación del departamento del Tolima
les negó la solicitud de actualización de la fecha de su vinculación a partir de su
1 Acumulado con los expedientes 11001-03-15-000-2024-06431-00 y 11001-03-15-000-2024-06542-00.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Notificada el 23 de mayo de ese mismo año por correo electrónico.
4 Con radicado número 73001-33-33-005-2018-00080-00/01.
5 Betulia García Arrieta, María Oliva Hernández Lara y Martha García Pacheco.
6 En adelante Fomag.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06284-00
Demandante: Martha Lucía Hernández Ducuara y otras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
posesión, esto es, el 22 de enero de 1996. A título de restablecimiento del derecho,
solicitaron el reconocimiento y pago de las cesantías causadas por el periodo
comprendido entre el 22 de enero de 1996 y el 30 de agosto de 1999, junto con sus
respectivos intereses, así como el reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en la Ley 1071 de 20067.
3. Dichoasunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al
Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, el cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda por medio de fallo del 29 de junio de
2021. En su parte resolutiva, dispuso:
<< (…) TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución Nro. 4141 del 11 de
julio de 2017 (…).
CUARTO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que
liquide anualmente las cesantías de las señoras Martha García Pacheco, María Oliva
Hernández Lara, Betulia García Arrieta y Alba Patricia y Sol Jimena Álvarez
Sánchez desde el momento de su posesión 22 de enero de 1996 y hasta el año 1998
inclusiva. Respecto de la señora María Jesús Navarro Durán, tal liquidación solo
procede desde el momento de su posesión 22 de enero de 1996 y únicamente por ese
año (…).
A su turno, (…) deberá expedir el acto de reconocimiento y pago de las cesantías por
los periodos mencionados, al acreditarse el retiro definitivo del servicio o acreditarse
el cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento y pago parcial.
A su vez, deberá liquidar y pagar los intereses a las cesantías sobre el valor acumulado
al 31 de diciembre del respectivo año, desde el 22 de enero de 1996 hasta el 31 de
diciembre de 1998 para el caso de las señoras Martha García Pacheco, María Oliva
Hernández Lara, Betulia García Arrieta y Alba Patricia y Sol Jimena Álvarez
Sánchez; y desde el 22 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996 para el
caso de la señora María Jesús Navarro Durán.
(…) SEXTO: NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por la señora Martha
Lucía Hernández Ducuara (…).
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda (…).
OCTAVO: Sin costas (…).>>.
4. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima en la
providencia del 16 de mayo de 2024. La autoridad judicial señaló que aun cuando se
probó que las demandantes se vincularon al municipio de Honda desde el 22 de
enero de 1996, no se había efectuado la liquidación de las cesantías desde esa fecha
hasta 1998, teniendo derecho a ello.
7 “por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas
o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
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5. Indicó que la entidad competente para corregir la fecha de iniciación de afiliación
de las actoras y, a partir de ello, liquidar sus prestaciones sociales, incluidas las
cesantías, era el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y no el
departamento del Tolima ni la Fiduprevisora S.A. Por lo tanto, le correspondía al
Fomag liquidar las cesantías por los periodos pendientes, pero sin proceder a su
pago, dado que las accionantes continuaban en servicio al momento de la
presentación de la demanda, y las cesantías definitivas sólo se reconocen cuando
se demuestre la desvinculación laboral. Tampoco procedía el pago de las cesantías
parciales, pues para tales efectos es menester acreditar el cumplimento de los
requisitos legales.
6. En cuanto al reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de las
cesantías, el Tribunal precisó que si bien dicho aspecto fue reclamado en la
demanda, en sus fundamentos no se indicó el momento en que se habría causado
la sanción ni el tipo de cesantías solicitadas. Tampoco se hizo alusión algún acto de
liquidación y reconocimiento de dicha prestación, ni se explicó si estas fueron
canceladas, si hubo mora en el pago o en qué momento se habría generado, razón
por la cual el cargo carecía de sustento suficiente para prosperar.
7. Adicionalmente, resaltó que el pago de la referida sanción sólo procede ante el
incumplimiento o demora en el reconocimiento y pago efectivo de las cesantías que
ya han sido previamente reclamadas por los docentes. No es aplicable cuando la
controversia surge por una indebida liquidación de dicha prestación.
8. En lo que respecta al caso de la señora Martha Lucía Hernández Ducuara,
consideró que no era procedente el argumento según el cual se había probado que
se le adeudaban las cesantías causadas por el periodo comprendido entre 1996 a
1998. Lo anterior, debido a que en el acervo probatorio obraba la Resolución no.
3557 de 19 de junio de 2019, por medio de la cual el Secretario de Educación y
Cultura del departamento del Tolima reconoció y ordenó el pago de unas cesantías
parciales a su favor, en la que se incluyeron los periodos de 1996 a 1998, acto que
goza de presunción de legalidad.
9. Los reparos formulados en relación con la señora María de Jesús Navarro Durán
tampoco fueron acogidos. El Tribunal arguyó que en el expediente obraba la
Resolución no. 1778 del 15 de abril de 2016, mediante la cual la Secretaría de
Educación y Cultura del departamento del Tolima reconoció y ordenó el pago de
unas cesantías parciales a su favor, incluyendo los periodos de 1997 a 1998, acto
que también se presumía legal. Respecto a la apreciación de que no existía prueba
de su pago, destacó que en el acervo probatorio constaba una solicitud presentada
por la actora el 30 de marzo de 2017, en la que se pidió el reconocimiento de la
sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías, afirmando que el pago
se había efectuado el 6 de septiembre de 2016.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06284-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10. Por último, en lo concerniente al reproche de la no condena en costas en primera
instancia, adujo que el a quo actuó conforme al artículo 375, numeral 5 del CGP, que
faculta al juez para abstenerse de imponer dicha condena cuando la demanda
prospere de manera parcial.
11. Como sustento de sus pretensiones, la señora Martha Lucía Hernández Ducuara
alegó que el Tribunal enjuiciado desconoció los documentos del expediente
administrativo que hacían parte del acervo probatorio. En particular, la Resolución
2921 del 27 de mayo de 2011, el extracto de intereses de las cesantías del 20 de
abril de 2011 y el oficio del 7 de julio de 2018, ambos expedidos por el Fomag, la
certificación de salarios por el periodo comprendido entre 1996 a 2002 emitida el 23
de septiembre de 2008 por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Honda, el
reporte de cesantías expedido el 9 de diciembre de 2008 por la Secretaría de
Educación del Tolima, la certificación del 8 de junio de 2009 emitida por la Dirección
de Talento Humano de la Secretaría Administrativa de la Gobernación del Tolima,
así como el formulario del 19 de mayo de 2019.
12. A su juicio, dichos elementos evidenciaban que aun cuando los periodos
comprendidos entre 1996 a 1998 fueron incluidos en la liquidación contenida en la
resolución que sirvió de fundamento a la decisión, los valores correspondientes
nunca fueron efectivamente cancelados.
13. Esgrimió que las accionadas efectuaron una indebida valoración probatoria al
otorgar pleno valor a un acto administrativo que se expidió un año después de haber
sido presentada la demanda, es decir, cuando ya se había trabado la litis. Además,
afirmó que dicha circunstancia ratificaba la procedencia de la sanción moratoria.
Argumentó que en el expediente obraban pruebas que evidenciaban la reclamación
formal de dicha sanción ante la entidad demandada por la demora en el pago de las
cesantías.
14. Sumado a lo anterior, la señora Hernández Ducuara aseveró que el Tribunal
transgredió su derecho a la igualdad, toda vez que, a pesar de que su caso
presentaba iguales condiciones a las de las otras demandantes, solo a estas últimas
se les reconocieron las cesantías reclamadas.
15. En la demanda de la señora María de Jesús Navarro Duran, se reprochó la falta
de valoración del formulario del 5 de mayo de 2015, la Resolución 1131 del 21 de
septiembre de 2010, el extracto de intereses a las cesantías expedido el 15 de junio
de 2012 por el Fomag y la certificación de salarios emitida por la Secretaría de
Gobierno de la Alcaldía de Honda el 25 de noviembre de 2009. Según afirmó, dichos
documentos daban cuenta que los valores liquidados en la resolución que sustentó
la decisión impugnada no coincidían con lo efectivamente pagado, pues todavía se
le adeudan los montos correspondientes a los periodos de 1996 a 1998. También
evidenciaban que la sanción moratoria ya había sido reclamada ante la entidad
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
accionada. En ese sentido, también cuestionó el valor probatorio que le otorgó el
Tribunal al referido acto administrativo.
16. Además de haber alegado un desconocimiento a su derecho a la igualdad bajo
los mismos argumentos planteados por la señora Hernández Ducuara, la actora
Navarro Duran señaló que dicha prerrogativa también fue vulnerada por el Tribunal
al haber negado la condena en costas, pese a que las entidades demandadas fueron
vencidas tanto en primera como en segunda instancia por haberle negado el
reconocimiento de sus cesantías, lo que la obligó a demandar su protección ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
17. El reproche relacionado con la condena en costas también fue expuesto en el
escrito de tutela presentado por las señoras Alba Patricia y Sol Jimena Álvarez
Sánchez en su escrito de tutela.
18. Además, sostuvieron que el Tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria al negar el reconocimiento de la sanción moratoria por la demora en el
pago de las cesantías reclamadas, pese a que se demostró que en el primer trámite
de retiro parcial de cesantías que llevaron a cabo, estas no habían sido incluidas.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
19. Por auto del 21 de noviembre de 2024, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela
presentada por la señora Martha Lucia Hernández Ducuara8; (ii) notificar de su
presentación a las autoridades judiciales accionadas; (iii) vincular a las señoras
María Jesús Navarro Duran, Betulia García Arrieta, María Oliva Hernández Lara,
Martha García Pacheco, Alba Patricia y Sol Jimena Álvarez Sánchez, al Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la
Fiduprevisora S.A., al departamento del Tolima y al municipio de Honda, en calidad
de terceros con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y; (v) requerir al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Ibagué para que remita copia digital del expediente con radicado número 73001-33-
33- 005-2018-00080-00/01.
20. Posteriormente, a través de auto del 18 de diciembre de 2024, se avocó
conocimiento de las demandas impetradas por Alba Patricia y Sol Jimena Álvarez
Sánchez9 y María de Jesús Navarro Duran10, recibidas en cumplimiento de los
proveídos del 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2024, proferidos por los
consejeros Oswaldo Giraldo López y Hernando Sánchez Sánchez, respectivamente,
con el fin de que se estudiara su acumulación. En tal sentido, se dispuso su admisión
y acumularlas al expediente 11001-03-15-000-2024-06284-00.
8 Tramitada con radicado número 11001-03-15-000-2024-06284-00.
9 Tramitada con radicado número 11001-03-15-000-2024-06431-00.
10 Tramitada con radicado número 11001-03-15-000-2024-06542-00.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(i) Tribunal Administrativo del Tolima11
21. Luego de transcribir las consideraciones expuestas en la sentencia cuestionada,
adujo que las solicitudes de amparo formuladas por las accionantes devienen
improcedentes, toda vez que su propósito es reabrir un debate que ya fue zanjado
por el juez de la causa.
(ii) Fiduprevisora S.A.12
22. Actuando en calidad de vocera y administradora del Fomag, pidió su
desvinculación del trámite de tutela por estimar que carece de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto no funge como ente nominador y tampoco tiene la
facultad de expedir, modificar o revocar decisiones judiciales.
(iii) Ministerio de Educación Nacional13
23. Sostuvo que el debate propuesto en el presente asunto carece de relevancia
constitucional, pues se reduce a una controversia estrictamente económica. En
razón a ello, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.
24. Con posterioridad a que se admitiera la demanda instaurada por la señora Martha
Lucía Hernández Ducuara, el abogado Cesar Ernesto Morales Rodríguez allegó un
memorial14, en el que aportó un acto de apoderamiento otorgado por aquella para
que ejerciera su representación en el trámite de tutela de la referencia.
25. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué remitió copia digital del
expediente requerido. No se pronunció sobre los hechos ni las pretensiones
formuladas en el presente asunto.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
26. La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la
Fiduprevisora S.A., pues es evidente que le asiste un interés legítimo para actuar en
el presente asunto, dado que fungió como parte demandada en el proceso dentro
del cual se profirió la sentencia que se busca dejar sin efectos en el trámite de tutela
de la referencia.
11 Intervenciones visibles a índices 10, 29 y 30 del expediente digital.
12 Intervenciones digitales visibles a índices 17 y 26 del expediente digital.
13 Intervención digital visible a índices 27 y 28 del expediente digital.
14 Visible a índice 15 del expediente digital.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
D. Caso concreto
27. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no acreditar el
cumplimiento del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional. A efectos de abordar el análisis del aludido presupuesto, se
sintetizarán los reproches formulados en cada una de las demandas objeto de
acumulación.
28. Porun lado, se cuestionó la valoración probatoria efectuada por el Tribunal
Administrativo del Tolima frente a la determinación de negar el reconocimiento de las
cesantías reclamadas por Martha Lucía Hernández Ducuara y María de Jesús
Navarro Durán, así como la sanción moratoria respecto de todas las demandantes.
En cuanto al caso de las señoras Hernández Ducuara y Navarro Durán, también se
alegó un desconocimiento de su derecho a la igualdad, bajo el argumento de que,
en el mismo proceso, se concedió el reconocimiento de las cesantías a las demás
accionantes. A su vez, se reprochó el análisis sobre la no imposición de la condena
en costas a las entidades demandadas.
29. Ninguno de estos cuestionamientos reviste relevancia constitucional. Aquellos
encaminados a estructurar una deficiencia de tipo fáctico buscan, en realidad, utilizar
la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario. Lo relacionado
con la sanción moratoria y la condena en costas, además, se reduce a un asunto de
índole netamente económica. Finalmente, los argumentos que sustentan la presunta
vulneración del derecho a la igualdad carecen de carga argumentativa.
30. Al igual que en el escrito de tutela, en el recurso de apelación interpuesto contra
la decisión adoptada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué
se alegó que las pruebas obrantes en el expediente acreditaban que a la señora
Hernández Ducuara se le adeudaban las cesantías correspondientes a los periodos
entre 1996 a 1998 y que, en el caso de la señora Navarro Durán, no solo se le debían
las del año 1996, sino también las de 1997 y 1998.
31. Al respecto, el Tribunal, en la sentencia del 16 de mayo de 2024, precisó que en
el acervo probatorio obraban las resoluciones 3557 del 19 de junio de 2019 y 1778
del 15 de abril de 2016, mediante las cuales se reconoció y ordenó el pago de las
cesantías parciales a favor de las señoras Martha Lucía Hernández Ducuara y María
de Jesús Navarro Durán. En dichos actos se incluyeron como periodos liquidados
los años 1996 a 1998 y 1997 a 1998, respectivamente, los cuales gozaban de
presunción de legalidad. Además, resaltó que no era cierto que no existiera prueba
del pago a la señora Navarro Durán de aquellas correspondientes al año 1996,
puesto que en el expediente obraba una solicitud en la que se afirmaba de forma
expresa que el monto liquidado en la Resolución 1778 del 15 de abril de 2016 había
sido cancelado el 6 de septiembre de ese mismo año.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06284-00
Demandante: Martha Lucía Hernández Ducuara y otras
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
32. Bajo ese escenario, no solo es evidente que las inconformidades planteadas en
sede de tutela para sustentar una indebida valoración de las pruebas también fueron
expuestas en el proceso ordinario, sino que, además, tales reparos fueron abordados
de manera razonable por la autoridad accionada en la providencia cuestionada.
33. A partir de una apreciación conjunta de las pruebas, el fallador concluyó
válidamente que se encontraba acreditado que a las demandantes se les había
reconocido sus cesantías por los periodos comprendidos entre 1996 y 1998, según
se advertía en unos actos administrativos que integraban el acervo probatorio y que
gozaban de presunción de legalidad. Cabe resaltar que dichos actos no fueron
tachados de falsos ni objeto de contradicción por las demandantes.
34. El hecho de otorgar mayor valor probatorio a una prueba sobre otra no constituye,
per se, una vulneración de derechos fundamentales, ni implica que se haya omitido
el estudio de determinadas pruebas, siempre que la conclusión a la que arribe el juez
se encuentre sustentada en un análisis razonable, coherente y conforme a los
principios de la sana crítica y la autonomía judicial, como aconteció en el caso de
marras.
35. Lo mismo ocurre frente a la sanción moratoria, pues también fue motivo de
inconformidad en la alzada. Sobre este punto, la autoridad judicial consideró que no
había lugar a su reconocimiento debido a la falta de sustentación y la ausencia de
elementos probatorios que permitieran establecer si efectivamente se incurrió en
mora en la consignación de las cesantías reclamadas. En todo caso, precisó que
dicha sanción únicamente procede ante el incumplimiento o la demora en el
reconocimiento y pago efectivo de la prestación, pero no frente a una indebida
liquidación de cesantías.
36. Además de constituir una reiteración de los argumentos propuestos en el recurso
de apelación, ya abordados de forma razonable por el juez natural, dicha discusión
se reduce a un asunto meramente económico que no trasciende la esfera de lo
constitucional.
37. De conformidad con la sentencia SU-573 de 2019, el debate acerca del
reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
gira en torno al pago de un derecho patrimonial, accesorio a las cesantías, que no
involucra alguna afectación de derechos fundamentales.
38. En dicha providencia, la Corte Constitucional puntualizó que la sanción moratoria
generada por el pago tardío de cesantías no es un derecho fundamental, ni está
ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. Esto debido a
que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria al derecho a recibir el pago
del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento es de orden legal y su
carácter es netamente patrimonial; y (ii) al ser accesorio, el no reconocimiento de la
sanción moratoria no implica, en principio, una afectación al derecho a la seguridad
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social, al mínimo vital, a la igualdad o al debido proceso. Por esa razón, los
accionantes se encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren
necesarias para demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.
39. Sin embargo, en el caso bajo estudio, ninguna de las accionantes alegó ni probó
que la negativa de reconocimiento y pago de la referida sanción les hubiera generado
una afectación económica que comprometiera gravemente su existencia o
supervivencia. Tampoco se acreditó algún tipo de trato diferenciado por parte de la
autoridad enjuiciada frente a otros casos con identidad fáctica, ni que la decisión
adoptada hubiera sido el resultado de una actuación arbitraria o caprichosa que
contraviniera de manera manifiesta el mandato superior.
40. Esa conclusión también se predica de la discusión sobre la condena en costas,
pues tiene una esencia estrictamente económica y no está dirigida a la protección de
algún derecho fundamental15.
41. Por otra parte, los alegatos planteados en relación con el derecho a la igualdad
adolecen de la carga argumentativa suficiente para superar el requisito de relevancia
constitucional. Para sustentar la vulneración alegada, las señoras Martha Lucía
Hernández Ducuara y María de Jesús Navarro Durán se limitaron a aducir que el
Tribunal “falló en casos de iguales condiciones, a favor de las otras demandantes,
dando una interpretación diferente” a la aplicada en su caso, sin precisar cuáles eran
los supuestos de hecho idénticos que compartían todos los casos, que obligaran al
juez a otorgarles un trato igual.
42. El hecho de que todas hubieran concurrido al mismo proceso y tuvieran una
pretensión común no implica, per se, que el fallador estuviera atado a efectuar un
mismo análisis para todas ellas, pues, para ello, era necesario que las demandantes
se encontraran en una situación fáctica idéntica.
43. Sin embargo, a partir de un estudio acucioso y pormenorizado, el Tribunal
encontró que, si bien todas las demandantes eran docentes oficiales vinculadas al
servicio desde el 22 de enero de 1996 y que en su registro de afiliación al Fomag la
fecha de vinculación estaba errada, lo cierto es que el expediente administrativo de
cada una de ellas daba cuenta de unas situaciones diferentes respecto a la
liquidación de las cesantías por los periodos objeto de reclamo, que ameritaban un
estudio independiente.
44. De manera que si bien el operador judicial otorgó una respuesta distinta a cada
una, esto se fundamentó en la existencia de una serie de elementos fácticos que
diferenciaban unos casos de otros, por lo que no se puede predicar algún tipo de
15 En ese mismo sentido, se pronunció el Consejo de Estado en las sentencias de tutela proferidas el 24 de
febrero y 26 de agosto de 2021. (expedientes: 11001-03-15-000-2021-00303-00 y 11001-03-15-000-2021-01776-
01).
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06284-00
Demandante: Martha Lucía Hernández Ducuara y otras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
discriminación en dicha conducta, que vulnere el derecho fundamental a la igualdad.
45. Cuando se pretende cuestionar una providencia judicial a través de la acción de
tutela, no basta con alegar una vulneración de derechos fundamentales, sino que se
debe desplegar un ejercicio argumentativo que demuestre de forma suficiente tal
afectación constitucional, lo que se echa de menos en esta oportunidad.
46. Así las cosas, resulta claro que el propósito de las demandantes es someter el
caso a la discusión de una instancia adicional bajo simples inconformismos que no
merecen censura alguna desde la óptica constitucional, con el único propósito de
que se acojan sus pretensiones, lo que desnaturaliza la finalidad del mecanismo de
amparo.
47. Porlo expuesto en precedencia, la Sala declarará improcedente el amparo
deprecado por las señoras Martha Lucia Hernández Ducuara, María de Jesús
Navarro Durán y Alba Patricia y Sol Jimena Álvarez Sánchez.
48. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiduprevisora
S.A., conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: RECONOCER personería jurídica al abogado César Ernesto Morales
Rodríguez, portador de la tarjeta profesional 153.675 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado de la señora Martha Lucía Hernández Ducuara, en los
términos y para los efectos del poder que reposa en el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06284-00
Demandante: Martha Lucía Hernández Ducuara y otras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
16 VF
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