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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06636-00

Declara improcedente el amparo: no cumple con el requisito

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06636-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección General Marítima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06636-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06636-00
Accionante: JOSÉ MARÍA CASTILLO MIRANDA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor José María Castillo Miranda solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital, cuya vulneración
le atribuyó a la providencia de 17 de junio de 2024, proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de
revisión con el número de radicación 11001-03-26-000-2023-00035-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de
17 de febrero de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de reparación directa
con radicado núm. 11001-33-36-034-2017-00261-00/01, “[…] por “haberse dictado la
sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados” […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06636-00
Accionante: José María Castillo Miranda

2.2. Aclaró que el proceso de reparación directa con radicado núm. 11001-33-36-034-
2017-00261-00/01 fue iniciado por las secuelas psicológicas que le causó encontrarse
en la motonave “Adonai”, cuyo titular de navegación era la empresa PST Global
Services S.A.S., cuando fue interceptada el 2 de octubre de 2014 por guardacostas
estadounidenses, hasta el 7 de noviembre de 2014 cuando le fue permitido zarpar a
puerto colombiano.

2.3. Indicó que el asunto le correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, autoridad judicial, que mediante sentencia de 17 de junio de 2024
resolvió declarar infundado el recurso extraordinario de revisión y condenar en costas
a la parte demandante, porque no se logró probar la existencia de documentos falsos
o adulterados que hayan sido el fundamento de la providencia de 17 de febrero de
2022.

2.4. Refirió que al condenarlo en costas la autoridad judicial accionada no “[…] tuvo en
cuenta los argumentos acerca de la perdida [sic] de capacidad laboral que sostuvo mi
apoderado judicial en el momento de la presentación del recurso extraordinario de
revisión, escrito en el hecho N° 5, y la prueba presentada en los anexos (sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera –
Subsección A), del libelo inicial del recurso instaurado, que constatan tales
argumentos y que se encuentra debidamente demostrados en el expediente del
proceso inicial durante el trámite ordinario que llevo su curso en el Juzgado
Administrativo de Cundinamarca, y en Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera – Subsección “A”, en donde quedo probada la perdida [sic] de la
capacidad laboral que tuve como consecuencia de la interceptación que se realizó en
aguas colombianas por parte del navío canadiense, el día 02 de octubre del año 2014,
en donde fui raptado ilegalmente por la autoridades canadiense y remolcado desde
aguas colombianas como ya mencioné con antelación, hasta aguas internacionales
con destino a la base de Guantánamo - Cuba […]”.

2.5. Relató que la pérdida de su capacidad laboral en un porcentaje del 51.10% no fue
analizado ni en la primera y segunda instancia del curso del proceso ordinario, y
mucho menos en el recurso extraordinario de revisión, pese a que su apoderado lo
expuso de manera clara con cada una de las pruebas presentadas.

2.6. Aseguró que “[…] [p]or los hechos ocurridos el día 02 de octubre del año 2014, y
las secuelas que me dejo [sic] el mismo soy una persona que dependiente a
medicamentos y atenciones especiales psicológicas y psiquiátricas, las cuales he
venido teniendo bajo el régimen subsidiado en salud al que pertenezco por las
razones expuestas en el ítem anterior […]”.

2.7. Realizó un recuento de las pruebas que aportó al proceso de reparación directa
núm. 11001-33-36-034-2017-00261-00/01 y que a su juicio no fueron analizadas por

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Accionante: José María Castillo Miranda

la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de IGUALDAD,
MINIMO [sic] VITAL, DEBIDO PROCESO, por las razones expuestas en los
argumentos que sustentan esta acción constitucional, a favor de la parte
accionante.

TERCERO: REVOCAR el resuelve N° 2 de la sentencia proferida por el
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera
Subsección A, proferida el diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro
(2024), el cual dicta lo siguiente: SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte
demandante; FIJAR como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente
la suma equivalente de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a
la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Por Secretaría, LIQUIDAR lo
correspondiente.), del aludido fallo no se tuvo en cuenta los argumentos acerca
de la pérdida de capacidad laboral que sostuvo mi apoderado judicial en el
momento de la presentación del recurso extraordinario de revisión, escrito en
el hecho N° 5, y la prueba presentada en los anexos (sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera – Subsección A),
del libelo inicial del recurso instaurado, que constatan tales argumentos y que
se encuentra debidamente demostrados en el expediente del proceso inicial
durante el trámite ordinario que llevo su curso en el Juzgado Administrativo de
Cundinamarca, y en Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera
– Subsección “A”, en donde quedo probada la perdida de la capacidad laboral
que tuve como consecuencia de la interceptación que se realizó en aguas
colombianas por parte del navío canadiense, el día 02 de octubre del año 2014,
en donde fui raptado ilegalmente por la autoridades canadiense y remolcado
desde aguas colombianas como ya mencioné con antelación, hasta aguas
internacionales con destino a la base de Guantánamo - Cuba […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 10 de diciembre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a
los señores Andrés Aníbal Castillo López, Juan David Castillo López, Alba Rosa
Miranda Pérez, Leonardo Alberto Castillo Miranda, Eunice Helena Castillo Miranda,
Alyca Paola Sierra Miranda, Jesús Daniel Castillo Delgado, Laura Catalina Castillo
Delgado, Gabriela Francisca Wedefor Sierra, Skarleth Sofía Miranda Sierra, Elvira
Rosa Miranda Pérez y Stella Marina Miranda Pérez, a la Nación - Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional - Armada Nacional y Dirección
General Marítima, a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del
Circuito de Bogotá.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06636-00
Accionante: José María Castillo Miranda

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló, a
través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, que “[…] [l]a carencia
argumentativa de la demanda presentada es evidente porque el accionante omitió
su deber de indicar de forma clara y concreta el tipo de defecto que se configura
con ocasión de la inconformidad que plantea1 y cómo este impacta los derechos
fundamentales que invocó […]”.

5.2. Agregó que el accionante “[…] propuso una discusión esencialmente de carácter
económico2, con la cual pretende que se sustraiga de la obligación de pagar las costas
a las que fue condenado, aspecto que no guarda ningún tipo de relación con la
garantía de derechos fundamentales3 […]”.

5.3. La Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores informó, a través del
coordinador del grupo interno de trabajo de asuntos legales de la oficina asesora
jurídica interna, que no existe una vulneración de los derechos fundamentales del
accionante, toda vez que “[…] al actor se le brindó las distintas oportunidades
procesales con el fin de realizar la defensa de sus derechos […]”.

5.4. Sostuvo que la parte accionante “[…] desnaturaliza la acción de tutela, ya que
utiliza la acción constitucional como una instancia judicial, toda vez que reitera en el
recurso los argumentos que ya fueron expuestos en el escrito de demanda, con el fin
de que el juez constitucional se refiera nuevamente sobre ellos […]”, por lo que
solicitó que no se accediera a las pretensiones del mecanismo constitucional.

5.5. La Dirección General Marítima de Colombia – DIMAR solicitó, a través del
coordinador general de la dirección general marítima, que se le declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que “[…] es la Autoridad Marítima
Colombiana que de acuerdo con las funciones establecidas en el Decreto Ley 2324
de 1984 tiene a su cargo entre otras, las funciones de regular, dirigir y controlar las
actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general, la seguridad
de la vida humana en el mar […]”.

5.6. Enconclusión, mencionó que no podría pronunciarse sobre la condena en
costas que ordenó la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1
En síntesis, se indicó que la causal 2° del art. 250 CPACA se configuró, toda vez que obraban pruebas documentales que
contenían información contradictoria y por ende, una debía ser falsa; sin embargo, el juez no lo verificó.
2
Cuestionó que se le haya condenado en costas, cuando en el expediente obraban pruebas que daban cuenta de su carente
situación económica y su pérdida de capacidad laboral.
3
Sentencias de tutela proferidas el 24 de febrero y 26 de agosto de 2021. (expedientes: 11001-03-15-000-2021-00303-00 y
11001-03-15-000-2021-01776-01).

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06636-00
Accionante: José María Castillo Miranda

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Dirección General Marítima de
Colombia.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068 señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Así
las cosas, y teniendo en cuenta que la Dirección General Marítima de
Colombia hizo parte del proceso de reparación directa con radicado núm. 11
0013336034201700261-00/01, en el cual se profirió la decisión de segunda

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Accionante: José María Castillo Miranda

instancia de 17 de febrero de 2022 que fue objeto del recurso extraordinario de
revisión con radicado núm. 11001-03-26-000-2023-00035-00, la Sala considera
que a esa entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción
constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud de desvinculación elevada,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06636-00
Accionante: José María Castillo Miranda

hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06636-00
Accionante: José María Castillo Miranda

VI.5. El caso concreto

19. El señor José María Castillo Miranda solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital, cuya vulneración
le atribuyó a la providencia de 17 de junio de 2024, proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de
revisión con el número de radicación 11001-03-26-000-2023-00035-00.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

9

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Accionante: José María Castillo Miranda

aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,

18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: José María Castillo Miranda

pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.

27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital, por haber
incurrido, de acuerdo con los argumentos expuestos en un defecto fáctico.

28. Refirió que al condenarlo en costas la autoridad judicial accionada no “[…] tuvo en
cuenta los argumentos acerca de la perdida [sic] de capacidad laboral que sostuvo mi
apoderado judicial en el momento de la presentación del recurso extraordinario de
revisión, escrito en el hecho N° 5, y la prueba presentada en los anexos (sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera –
Subsección A), del libelo inicial del recurso instaurado, que constatan tales
argumentos y que se encuentra debidamente demostrados en el expediente del
proceso inicial durante el trámite ordinario que llevo su curso en el Juzgado
Administrativo de Cundinamarca, y en Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera – Subsección “A”, en donde quedo probada la perdida [sic] de la
19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06636-00
Accionante: José María Castillo Miranda

capacidad laboral que tuve como consecuencia de la interceptación que se realizó en
aguas colombianas por parte del navío canadiense, el día 02 de octubre del año 2014,
en donde fui raptado ilegalmente por la autoridades canadiense y remolcado desde
aguas colombianas como ya mencioné con antelación, hasta aguas internacionales
con destino a la base de Guantánamo - Cuba […]”.

29. Relató que la pérdida de su capacidad laboral en un porcentaje del 51.10% no fue
analizado ni en la primera y segunda instancia del curso del proceso ordinario, y
mucho menos en el recurso extraordinario de revisión, pese a que su apoderado lo
expuso de manera clara con cada una de las pruebas presentadas.

30. Aseguró que “[…] [p]or los hechos ocurridos el día 02 de octubre del año 2014, y
las secuelas que me dejo [sic] el mismo soy una persona que dependiente a
medicamentos y atenciones especiales psicológicas y psiquiátricas, las cuales he
venido teniendo bajo el régimen subsidiado en salud al que pertenezco por las
razones expuestas en el ítem anterior […]”.

31. Realizó un recuento de las pruebas que aportó al proceso de reparación directa
núm. 11001-33-36-034-2017-00261-00/01 y que a su juicio no fueron analizadas por
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá.

32. Laexposición de la parte accionante para acreditar la vulneración de sus
derechos al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital reitera los argumentos
presentados dentro del recurso extraordinario de revisión con el número de
radicación 11001-03-26-000-2023-00035-00.

33. Se resalta que cuando se alega la configuración de un defecto fáctico es deber
de la parte accionante, a efectos de superar la carga mínima argumentativa, cumplir
con los siguientes requerimientos, y no solo con identificar las pruebas que fueron
dejadas de valorar o indebidamente valoradas por la autoridad judicial: i) explicar e
identificar las reglas de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica que fueron
omitidas por el juez; ii) exponer por qué la omisión de la autoridad judicial fue
determinante en decisión adoptada, y iii) indicar las razones por las que la omisión
de la autoridad judicial constituye una actuación grosera, arbitraria e irrazonable21.

34. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada mediante providencia judicial no
conduce a que el juez de tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta
autoridad no actúa como instancia adicional o de revisión del proceso y, es por esto,
que la intervención del juez constitucional se encuentra limitada por los argumentos
que el extremo accionante haya expuesto o planteado en el mecanismo de amparo.

21
Al respecto, ver sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida por esta Sala de Decisión dentro de la acción de tutela
promovida por la sociedad SOLLA S.A. en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con radicado número 11001-
03-15-000-2020-00342-00.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06636-00
Accionante: José María Castillo Miranda

35. Esta falencia argumentativa no puede ser subsanada por el juez de tutela, dado
que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia judicial que
ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de una
carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En armonía
con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 señaló lo
siguiente:

[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”22. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]. [Negrilla fuera del texto].

36. Por otra parte, resulta relevante traer a colación lo decidido por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia que es objeto de la
presente acción constitucional:

“[…] El recurrente eleva su inconformidad con la decisión que cuestiona, sin
especificar el o los documentos que considera falsos. Por el contrario, discrepa
sobre el análisis probatorio realizado por el ad quem, a partir del cual definió
la competencia y la jurisdicción de las autoridades colombianas para intervenir
en la retención ilegal del buque “Adonai”.
[…]

20. Del escrito contentivo del recurso, no se identificó con precisión cuál era el
documento que debía tomarse como falso, pues se refirió ambiguamente a un
documento que contrariaba la información proporcionada por la Cancillería, sin
indicar con detalle la identificación del mismo, esto es, la fecha del documento
aludido, el folio en el que obra en el expediente o el número de radicado o
referencia de tal oficio. Menos aún, se adujo el aparte presuntamente alterado,
o la información incierta, así como las pruebas que den cuenta de tales
afirmaciones.

21. Si bien el recurrente hizo referencia de un material probatorio que sustenta
el recurso en la última fila de un cuadro denominado FICHA DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, lo cierto es que relacionó 16 folios del
expediente del proceso de reparación directa (24 a 31 y 82 a 89), los cuales
contienen diversos documentos, incluyendo dos documentos distintos emitidos
por la Cancillería frente a los cuales no se sustenta ni especifica cuál de ellos
se reputa como falso, de ahí que no se satisface las exigencias previstas para
la configuración de la causal invocada.

22. En igual sentido, revisada la intervención efectuada por la parte que integra
el litisconsorte necesario, no se identificó un documento frente al cual se
reputara algún tipo de falsedad o alteración; por el contrario, se controvierten
manifestaciones esgrimidas en el fallo de primera instancia, tendientes a

22
Sentencia SU-074 de 2022.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06636-00
Accionante: José María Castillo Miranda

indicar que las entidades demandadas sí tenían conocimiento del agravio que
estaba padeciendo en esos momentos el señor Castillo Miranda, toda vez que
se demostró que sí hacía parte de la tripulación del Buque Adonai y que dicho
buque sí se encontraba en aguas de jurisdicción colombiana, de ahí que
exponga que las entidades demandadas no actuaron de conformidad con el
ordenamiento jurídico, lo que ocasionó que sus representados padecieran un
daño, frente al cual estime que el juez de turno no lo reputó a la demandadas,
pues no examinó más allá de la lógica y veracidad de los documentos aludidos
en las instancias procesales que se llevaron a cabo.

23. La causal contemplada en el numeral 2° del artículo 250 del CPACA, tiene
como finalidad modificar aquellas providencias que tuvieron como sustento
actuaciones irregulares o ilícitas, que incidieron de manera directa sobre la
decisión proferida. En relación con la prosperidad de dicha causal, el Consejo
de Estado ha señalado que se configura con dos supuestos: (i) la exhibición
de uno o más documentos, los cuales deben concurrir con la demostración de
su falsedad o adulteración y, (ii) que tales documentos hayan sido
indispensables e incidentes en el fallo que se revise23.

24. En este caso, no se cumple con la primera exigencia24, y en tanto este
recurso extraordinario no está llamado a permitir la reapertura de las fases
probatorias del proceso primigenio, debe ser negado.

25. Así las cosas, no obran elementos que sirvan para dar por demostrada la
causal invocada, pues no se ha acreditado la existencia de documentos falsos
o adulterados que hayan servido de fundamento para proferir la sentencia del
17 de febrero de 2022. Por el contrario, el soporte fáctico y jurídico reafirma la
consideración según la cual el recurrente pretende instrumentalizar este
recurso extraordinario para revivir el análisis probatorio y jurídico del proceso
de reparación directa, lo cual, según se explicó, se aparta del objeto y fin para
el cual se consagró […]”. [Subrayado fuera del texto].

37. Lacita anterior permite evidenciar que, contrario a lo expuesto por la parte
accionante, la autoridad judicial accionada hizo un análisis razonable de los
argumentos expuestos en el recurso extraordinario y concluyó que el accionante no
especificó cuál o cuáles eran los documentos presuntamente falsos.

38. En criterio de la Sala, la presente discusión no gira en torno al alcance de un
derecho fundamental porque lo pretendido por el accionante es que el juez de tutela
efectúe un análisis de la controversia resuelta por el juez natural, con el propósito
de que se revoque la decisión judicial por el simple hecho de que no la comparte o
su resultado es desfavorable a sus intereses.

39. Sin perjuicio de todo lo anterior, y por último, se observa que el accionante tuvo
a su disposición la solicitud de adición a través de la cual pudo ventilar el argumento

23
Esta causal alude exclusivamente a documentos, de modo que no se extiende a los demás medios de prueba previstos
del artículo 165 del CGP (testimoniales, dictamen pericial, inspección judicial etc.).
24
Para determinar si un documento aportado como prueba a un proceso es falso o ha sido adulterado, ha de tenerse en
cuenta que la falsedad documental puede ser material o ideológica, siendo la primera la mutación física del documento, esto
es, su adulteración, y correspondiendo la segunda a la alteración intelectual de su contenido, esto es, faltar a la verdad en
las declaraciones contenidas. Devis Echandía. Temis, 2017. Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo II.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06636-00
Accionante: José María Castillo Miranda

relacionado con que la autoridad judicial accionada se abstuvo de analizar la pérdida
de su capacidad laboral, pese a que hacía parte del objeto de la litis.

40. Por lo expuesto, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
General Marítima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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