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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00035-00

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00035-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por José María Castillo Miranda contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de febrero de 2022. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante; FIJAR como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente la suma equivalente de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Por Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente. 6 Radicación: 11001-03-26-000-2023-00035-00 (69.563) Recurrente: José María Castillo Miranda Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y otros Referencia: Recurso extraordinario de revisión TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia y agotado el trámite anterior, ARCHIVAR el presente asunto y dejar las constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00035-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

17 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00035-00 (69.563)
Recurrente: José María Castillo Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Estudio de la causal
prevista en el numeral 2° del artículo 250 del CPACA - No se configuró en el
presente asunto.

Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera – Subsección A, a través de la cual se confirmó el fallo dictado por el
Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá que negó las
súplicas de la demanda de reparación directa.

El recurrente plantea la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral
2º del artículo 250 del CPACA, en tanto que el fallo acusado se sustentó en
documentos que contenían información equivocada.

I. A N T E C E D E N T E S

La sentencia objeto del recurso extraordinario

1. Corresponde a la decisión del 17 de febrero de 2022, mediante la cual Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección A confirmó el fallo
que negó las pretensiones de la demanda presentada contra la Nación – Ministerio
de Relaciones Exteriores – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y la
Dirección General Marítima, con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por la omisión en el control de las actividades de
seguridad y tráfico marítimo, la cual ocasionó la retención ilegal a la que fue
sometido el demandante por más de treinta (30) días, mientras se desempeñaba
como marino del buque “Adonai”.

2. Según manifestó la parte actora, el 2 de octubre de 2014, el buque Adonai fue
interceptado y abordado por un buque de guerra canadiense y por la guardia costera
estadounidense, para conducirlos a su base militar en Guantánamo – Cuba. Indicó
que fueron despojados de sus bienes personales, estuvieron completamente
incomunicados y sometidos a rigurosos e intensos interrogatorios por parte de
agentes del FBI y militares estadounidenses. Frente a estas circunstancias, las
entidades aquí demandadas no desplegaron ningún tipo de actuación tendiente a

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00035-00 (69.563)
Recurrente: José María Castillo Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

evitar o alivianar dicha retención ilegal. Tal situación afectó gravemente la salud
mental del señor Castillo Miranda, al punto de ser diagnosticado con episodios
psicóticos agudos, trastorno de ansiedad y estrés postraumático, lo que conllevó a
reducir su capacidad laboral a un 51.10%, pues así fue calificado por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena.

3. Mediante sentencia del 6 de julio de 2023 1 , el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Indicó
que no se probó que la motonave “Adonai” fuera objeto de intervención por parte de
buques extranjeros por omisión o inactividad de las demandadas, así como tampoco
que el señor José María Castillo se encontrara en la embarcación durante los
hechos reclamados.

4. Esta fue confirmada el 17 de febrero de 20222, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera - Subsección A. El ad quem expresó que pese a
acreditarse que el señor Castillo Miranda se encontraba a bordo del barco Adonai
para la fecha en que fue interceptado por los buques extranjeros, lo cierto es que el
daño no puede ser imputable a las demandadas, pues no se advirtió que tal
panorama fáctico hubiese sido producto del actuar pasivo o activo de aquellas.

5. Explicó que el navío Adonai no enarbolaba la bandera colombiana sino de la
República de Sao Tomé y Príncipe (país de África Occidental), razón por la que no
era el Estado Colombiano el llamado a asumir el caso; en suma, si bien los
apelantes alegaron que la interceptación se llevó a cabo en zona marítima
colombiana, lo que se comprobó fue que se realizó en aguas internacionales según
memorando de 4 de julio de 2019, expedido por la Cancillería, razón por la que los
buques extranjeros tenían permitido navegar por dichas coordenadas; asimismo, el
artículo 110 de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, faculta
a los buques de guerra a visitar y abordar navíos ante la duda de su nacionalidad
con el fin de verificar el derecho del barco para enarbolar su pabellón.

6. Se advirtió que cuando el caso se puso en conocimiento de la Armada Nacional,
la misma ejecutó las gestiones para las que sí estaba facultada, tales como
suministrar información a la cancillería del zarpe y la bandera de embarcación y
reportar la intervención a la dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio
al Ciudadano. Igual sucedió de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual
informó que no se contaba con documentación ni información del marino Castillo
Miranda; por el contrario, la única solicitud radicada con ocasión al caso particular,
era la de un hijo de otro marino enviada al cónsul de Colombia en la Habana para
que le brindara atención. También se encontró que el demandante no formuló
solicitud ante las autoridades demandadas con el fin de que las mismas desplegaran
algún accionar tendiente a salvaguardar sus derechos vulnerados para el momento
de los hechos.

1
Folios 162 a 192, archivo: ED_2ARCHIVOJOSECASTI(.pdf) NroActua 2, índice 2.
2
Folios 130 a 147, archivo: ED_2ARCHIVOJOSECASTI(.pdf) NroActua 2, índice 2.

2

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00035-00 (69.563)
Recurrente: José María Castillo Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

7. Por manera que el ad quem concluyó que no puede determinarse la imputabilidad
del daño antijurídico.

El recurso extraordinario de revisión y su trámite

8. En escrito presentando el 17 de febrero de 20233, la parte demandante interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia indicada, con fundamento en
la causal 2° del artículo 250 del CPACA, esto es, por “haberse dictado la sentencia
con fundamento en documentos falsos o adulterados”.

9. La parte recurrente recabó en que la decisión adoptada se emitió con sustento
en unos documentos que reputa como falsos y que sirvieron de fundamento para
negar las pretensiones de la demanda. De manera puntual, indicó que tales
documentos mostraban que las entidades demandadas no tenían jurisdicción ni
competencia sobre los hechos reclamados pues no ocurrieron en territorio
colombiano, pues en un documento aportado al proceso por la Cancillería, se indicó
que las coordenadas sí pertenecían al mar colombiano. Por ende, es claro que los
documentos que indicaron la ubicación del buque Adonai no coincidía con la
realidad.

11. 10. Mediante auto de 6 de junio de 2023, el despacho admitió la demanda y
ordenó notificar personalmente a la contraparte, al Ministerio Público y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el mismo proveído, atendiendo a la
solicitud probatoria formulada en el recurso, se ofició al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para que remitiera copia digital del expediente identificado con
número 11001-33-36-034-2017-00261-01.

12. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el presente recurso pretendía
utilizarse como una instancia adicional, pues el caso fue abordado y decidido bajo
los principios de la libre apreciación y la sana crítica; además, fueron varias las
razones expuestas por las que no se accedió a las pretensiones de la demanda.

13. El Ministerio de Defensa adujo que al recurrente no le asistía razón, pues no
advirtió alguna tacha de falsedad frente a la prueba documental.

14. El Ministerio Público y las demás demandadas guardaron silencio.

15. En auto de 29 de febrero de 2024 4 , se dispuso vincular en calidad de
litisconsorte necesarios de la parte recurrente, a los demás demandantes 5 del
proceso de reparación directa que aquí se cuestiona. En el término del traslado,
presentaron escrito de intervención, mediante el cual se reiteraron los argumentos
evocados en la demanda y se pronunciaron frente a las consideraciones allegadas
por la contraparte, en el sentido de controvertirlas. De otro lado, presentaron

3
Índice 2, Samai. Archivo: ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 2.
4
Índice 34, Samai.
5
Leonardo Alberto Castillo Miranda, Andrés Aníbal Castillo López, Juan David Castillo López, Alba Rosa Miranda Pérez,
Jesús Daniel Castillo Delgado, Laura Catalina Castillo Delgado, Eunice Helena Castillo Miranda, Alyca Paola Sierra Miranda,
Gabriela Francisca Wedefor Sierra, Skarleth Sofia Miranda Sierra, Elvira Rosa Miranda Pérez y Stella Marina Miranda Pérez.

3

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00035-00 (69.563)
Recurrente: José María Castillo Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

pruebas documentales a fin de ser tenidos en cuenta, mediante los cuales aducían
que se acreditaba que el señor Castillo Miranda era marino; que sí estaba en el
buque en cuestión, entre otros.

16. En providencia de 14 de mayo de 20246, este despacho negó el decreto de
pruebas solicitadas en la intervención anterior, tras considerar que algunas de ellas
no eran pertinentes para demostrar la causal invocada, en tanto que las mismas no
guardaban relación con el documento respecto del cual se invocó la aludida
falsedad o adulteración; en cuanto a las demás pruebas, se advirtió que ya obraban
en el expediente digital.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

17. No existiendo razones o motivos que conduzcan a declarar una nulidad o
adoptar una medida de saneamiento, procede la Sala a resolver el recurso indicado.

18. Conforme pasa a indicarse a continuación la Sala encuentra que no están
acreditados los supuestos para la configuración de la causal 2° del artículo 250 del
CPACA.

19. El recurrente eleva su inconformidad con la decisión que cuestiona, sin
especificar el o los documentos que considera falsos. Por el contrario, discrepa
sobre el análisis probatorio realizado por el ad quem, a partir del cual definió la
competencia y la jurisdicción de las autoridades colombianas para intervenir en la
retención ilegal del buque “Adonai”. Indicó lo siguiente:

“ (…) podemos decir que el documento falso tuvo total relevancia en la decisión
tomada, pues el argumento fáctico en las diferentes instancias fue que la
embarcación no se encontraba en aguas Colombianas, cosa que se logró
desmentir con el documento aportado por la cancillería donde se estableció
que las coordenadas pertenecían a territorio Colombiano por lo tanto, la
prueba que es supuestamente falsa tuvo una influencia máxima a la hora
de tomar la decisión y fue la que impidió el restablecimientos de los
derechos deprecados por el señor CASTILLO MIRANDA.

Es claro entonces, que el hecho de que se expida un documento donde se
indique una ubicación que jamás coincidió con la realidad es un claro ejemplo de
falsedad y encaja perfectamente con la causal, por la tanto no hay lugar a dudas
sobre la procedencia de este recurso.

(…)

Es menester aclarar, que la decisión en instancias anteriores se basó en la
versión dada por la parte demandante en la cual nunca se demostró que el señor
CASTILLO MIRANDA se encontraba por fuera del país. Todo lo contrario a lo
aquí demostrado donde se ha dejado claridad de la ubicación al momento de los
hechos (…)” (se destaca).

20. Del escrito contentivo del recurso, no se identificó con precisión cuál era el
documento que debía tomarse como falso, pues se refirió ambiguamente a un

6
Índice 69, Samai.

4

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00035-00 (69.563)
Recurrente: José María Castillo Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

documento que contrariaba la información proporcionada por la Cancillería, sin
indicar con detalle la identificación del mismo, esto es, la fecha del documento
aludido, el folio en el que obra en el expediente o el número de radicado o referencia
de tal oficio. Menos aún, se adujo el aparte presuntamente alterado, o la información
incierta, así como las pruebas que den cuenta de tales afirmaciones.

21. Si bien el recurrente hizo referencia de un material probatorio que sustenta
el recurso en la última fila de un cuadro denominado FICHA DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, lo cierto es que relacionó 16 folios del
expediente del proceso de reparación directa (24 a 31 y 82 a 89), los cuales
contienen diversos documentos, incluyendo dos documentos distintos emitidos por
la Cancillería frente a los cuales no se sustenta ni especifica cuál de ellos se reputa
como falso, de ahí que no se satisface las exigencias previstas para la configuración
de la causal invocada.

22. En igual sentido, revisada la intervención efectuada por la parte que integra
el litisconsorte necesario, no se identificó un documento frente al cual se reputara
algún tipo de falsedad o alteración; por el contrario, se controvierten
manifestaciones esgrimidas en el fallo de primera instancia, tendientes a indicar
que las entidades demandadas sí tenían conocimiento del agravio que estaba
padeciendo en esos momentos el señor Castillo Miranda, toda vez que se demostró
que sí hacía parte de la tripulación del Buque Adonai y que dicho buque sí se
encontraba en aguas de jurisdicción colombiana, de ahí que exponga que las
entidades demandadas no actuaron de conformidad con el ordenamiento jurídico,
lo que ocasionó que sus representados padecieran un daño, frente al cual estime
que el juez de turno no lo reputó a la demandadas, pues no examinó más allá de la
lógica y veracidad de los documentos aludidos en las instancias procesales que se
llevaron a cabo.

23. La causal contemplada en el numeral 2° del artículo 250 del CPACA, tiene
como finalidad modificar aquellas providencias que tuvieron como sustento
actuaciones irregulares o ilícitas, que incidieron de manera directa sobre la decisión
proferida. En relación con la prosperidad de dicha causal, el Consejo de Estado ha
señalado que se configura con dos supuestos: (i) la exhibición de uno o más
documentos, los cuales deben concurrir con la demostración de su falsedad o
adulteración y, (ii) que tales documentos hayan sido indispensables e incidentes en
el fallo que se revise7.

24. En este caso, no se cumple con la primera exigencia8, y en tanto este recurso
extraordinario no está llamado a permitir la reapertura de las fases probatorias del
proceso primigenio, debe ser negado.

7
Esta causal alude exclusivamente a documentos, de modo que no se extiende a los demás medios de prueba previstos del
artículo 165 del CGP (testimoniales, dictamen pericial, inspección judicial etc.).
8
Para determinar si un documento aportado como prueba a un proceso es falso o ha sido adulterado, ha de tenerse en cuenta
que la falsedad documental puede ser material o ideológica, siendo la primera la mutación física del documento, esto es, su
adulteración, y correspondiendo la segunda a la alteración intelectual de su contenido, esto es, faltar a la verdad en las
declaraciones contenidas. Devis Echandía. Temis, 2017. Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo II.

5

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00035-00 (69.563)
Recurrente: José María Castillo Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

25. Así las cosas, no obran elementos que sirvan para dar por demostrada la
causal invocada, pues no se ha acreditado la existencia de documentos falsos o
adulterados que hayan servido de fundamento para proferir la sentencia del 17 de
febrero de 2022. Por el contrario, el soporte fáctico y jurídico reafirma la
consideración según la cual el recurrente pretende instrumentalizar este recurso
extraordinario para revivir el análisis probatorio y jurídico del proceso de reparación
directa, lo cual, según se explicó, se aparta del objeto y fin para el cual se consagró.

25. Por lo expuesto, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto.

Costas

26. El artículo 255 del CPACA, establece que, si se declara infundado el recurso,
se condenará en costas y perjuicios al recurrente. Por su parte, el artículo 365 del
CGP, prevé que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, siempre
y cuando se demuestren causadas y, en la medida de su comprobación.

27. En el presente asunto, como se declara infundado el recurso extraordinario
de revisión interpuesto por el señor José María Castillo Miranda, se condenará en
costas, comoquiera que se encontraron causadas las agencias en derecho, dada
la gestión ejecutada por los apoderados del Ministerio de Relaciones Exteriores y
el Ministerio de Defensa.

28. En ese orden, de conformidad con el artículo 366.4 del CGP y en los términos
del acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fija
como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente y a favor del Ministerio
de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, la suma equivalente de tres
(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en partes iguales.

III. PARTE RESOLUTIVA

29. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sección Tercera,
Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por José María Castillo Miranda contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de febrero de 2022.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante; FIJAR como agencias
en derecho a cargo de la parte recurrente la suma equivalente de tres (3) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Por
Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente.

6

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00035-00 (69.563)
Recurrente: José María Castillo Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia y agotado el trámite anterior,
ARCHIVAR el presente asunto y dejar las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF

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