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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06720-01

Fecha
16 de mayo de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06720-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el fallo de 1. º de marzo de 2024, por medio del cual la Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de los accionantes, para, en su defecto, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela de la referencia. 29 La SU-072 de 2018 estableció: «09. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial-- del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante» [énfasis de la sala]. 30 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU- 573 de 2017 y C-590 de 2005. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Carlos José Alvarado Molina y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06720-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06720-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

16 de mayo de 2024

Demandante: Carlos José Alvarado Molina y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06720-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Ricaurte, Cundinamarca, dieciséis [16] de mayo de dos mil veinticuatro
[2024]

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado 11001-03-15-000-2023-06720-01
Demandantes: CARLOS JOSÉ ALVARADO MOLINA Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa por
privación injusta de la libertad – Revoca decisión de amparo y
declara la improcedencia del mecanismo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de
1.º de marzo de 2024, proferido por la Sala de Conjueces de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que amparó los derechos fundamentales
de los accionantes.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 2 de noviembre de 2023, el señor Carlos José Alvarado Molina y otros1
instauraron, a través de apoderado, acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, con el fin de que se protejan
sus derechos fundamentales al «LA LIBERTAD, A LA VIDA DIGNA, AL BUEN
NOMBRE, A LA HORNA, A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD y A LA
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA2».

Las mencionadas garantías las consideraron vulneradas con la expedición de las
providencias de 20 de mayo de 2014 y 2 de junio de 2023 que negaron, en ambas
instancias, las pretensiones del medio de control de reparación directa identificado
con el radicado 25000-23-26-000-2012-00996-01.

1 María Hortensia Molina Avilés, Luz Marina Alvarado Molina, Mariana Alejandra Trilleras Alvarado,

Sara María Trilleras Alvarado, Alba Milena Alvarado Molina, Sebastián Macías Alvarado, Ángela
María Alvarado Molina, Diana Carolina Alvarado Molina, Yuribia Ortencia Alvarado Molina, Valeria
Gómez Alvarado, Jhon Fernando Alvarado Molina, Laura Victoria Trilleras Alvarado Laura María
Alvarado Cardozo, María José Arias Alvarado y Juan David Gómez Alvarado
2 Transcrito con errores ortográficos y mayúsculas del texto original.

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Demandante: Carlos José Alvarado Molina y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06720-01

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• El señor Carlos José Alvarado Molina y otros3 presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y el Ministerio
de Defensa Nacional, por la presunta privación injusta de la libertad4 que padeció
un familiar5 con ocasión de un proceso penal adelantado por la presunta comisión
de los delitos de lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, cuya
libertad se dio por preclusión6.

• El 20 de mayo de 2014, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C de Descongestión negó las pretensiones del medio de
control al considerar que «la medida de aseguramiento que le fue impuesta estuvo
sustentada en los elementos probatorios que permitían considerar su participación
en los delitos […], a pesar de que la fiscalía ordenó la preclusión a su favor los
desestimó y concluyó que no había lugar a la formulación de acusación 7».

• La parte desfavorecida interpuso recurso de apelación, oportunidad en la que
advirtió que el caso se debió estudiar desde la óptica del régimen objetivo,
sumado a que el Ejército Nacional sí estaba legitimado materialmente en la causa
por pasiva, porque también participó en la producción del daño con la
presentación del informe a la fiscalía.

• Mediante auto de 29 de enero de 2015 se decretó como prueba en segunda
instancia la copia del expediente No. 9831 ED8. Además, se negó el decreto de la
prueba consistente en la remisión del proceso 4246 LA9, con fundamento en que
«ya reposaba en el plenario». Esta decisión no fue objeto de recursos.

3 Mencionados en la referencia n. º 1 de esta providencia.
4 La captura se dio con fundamento en un informe del Comité Interinstitucional de Lucha contra las

Finanzas de las Organizaciones Terroristas de las Fuerzas Militares, el cual fue presentado «a la
Fiscalía General de la Nación [en el cual se] daba cuenta de la posible participación de personas
con el grupo guerrillero de las Farc, entre las cuales se encontraba el señor Carlos José Alvarado
Parra, cuyas actividades económicas e incrementos patrimoniales podían estar vinculadas al grupo
subversivo, según lo indicaron fuentes humanas». Luego, «la Fiscalía 15 Especializada de la
Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos, con fundamento en
[dicho] informe de las fuerzas militares que comentaba que, el señor CARLOS JOSÉ ALVARADO
PARRA pasó de ser un comerciante de huevos en Planadas- Tolima, a un importante empresario
de la ciudad de Ibagué-Tolima y de los reportes de la UIAF, DIJIN e INTERPOL sobre
“VARIACIONES PATRIMONIALES PENDIENTES POR JUSTIFICAR” y basados en los testimonios
de RAUL AGUDELO MEDINA alias “Olivo Saldaña” (ex integrante de las FARC por más de 18
años y quien colaboraba para ser beneficiario de la Ley de Justicia y Paz), le fueron imputados
varios delitos».
5 señor Carlos José Alvarado Parra [q.e.p.d].
6 «[L]a Fiscalía 15 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el

Lavado de Activos precluyó la investigación en favor del procesado, para lo cual desacreditó las
declaraciones rendidas en la actuación penal, particularmente las emanadas de alias “Olivo
Saldaña”, a quien tildó de manipulador y de querer obtener beneficios judiciales a cambio de
información».
7 «Además, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Defensa, por

cuanto no fue la autoridad que impuso la medida de aseguramiento, y por activa respecto de los
hijos y nietos del señor Carlos José Alvarado Parra, en atención a que los registros civiles de
nacimiento fueron aportados en copia simple».
8 Correspondiente a la extinción de dominio que afrontaba el demandante en otro proceso.
9 Que originó la demanda contenciosa.

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• El 2 junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, luego
de hacer alusión, entre otras, de las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018
de la Corte Constitucional10, confirmó el fallo del a quo.

• En primer lugar destacó que, como no se allegó la totalidad del expediente
contentivo de la investigación penal, «particularmente lo atinente a la revocatoria
de la medida de aseguramiento11, [esa], circunstancia [impedía] estudiar el
contexto y las razones que motivaron esta decisión, con el fin de analizar si se
presentó alguna irregularidad».

• Sin embargo, al poderse constatar que «la medida de aseguramiento no tuvo
como único sustento la declaración de reinsertados, sino que también se
fundamentó en un reporte de la UIAF y en un dictamen que refirió una variación
patrimonial del sindicado con aspectos pendientes por justificar, […]», ello permitió
al tribunal de cierre establecer que «la medida de aseguramiento que impuso la
Fiscalía partió de una situación fáctica racional, contaba con elementos
probatorios que involucraban al procesado y permitían considerar su posible
participación en los delitos que le fueron atribuidos, al margen de que no se
hubiese proferido condena en su contra».

• Para llegar a esa conclusión, el ad quem destacó las siguientes pruebas que
respaldaron la disposición que limitó la locomoción del señor Carlos José Alvarado
Molina en establecimiento carcelario: [i] la declaración de exintegrantes de las
Farc, quienes relacionaron al aquí demandante con el grupo subversivo en lo
atinente al manejo de recursos para invertir en actividades de apariencia lícita; [ii]
un informe elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, que
refería «reporte de operaciones sospechosas», y [iii] un dictamen pericial rendido
por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en el cual se establecieron
«variaciones patrimoniales pendientes por justificar».

• Expuso que «los elementos con los que contaba la Fiscalía, frente a los cuales
ya se ha efectuado el razonamiento correspondiente, permitían la imposición de la
medida de aseguramiento, desde el punto de vista de los requisitos legales 12».

• Explicó «que los requisitos en materia probatoria para la imposición de la
medida de aseguramiento son diferentes a los exigidos por el legislador para
determinar la responsabilidad penal del procesado a través de la acusación y la
eventual condena, puesto que en este último evento las evidencias deben estar
ligadas a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, a efectos de determinar con
certeza su participación en el delito».

• Por último, negó el cargo contra la cartera ministerial, al exponer que «basta
con señalar que los informes únicamente constituyen criterios orientadores de la
investigación y no obligan a la autoridad judicial a la imposición de medidas de
aseguramiento. En los procesos regulados por la Ley 600 de 2000, la definición de

10 En esta providencia el tribunal citó a la Sección Tercera, Subsección A, Sentencias de 31 de

marzo y 24 de abril del 2023, proferidas al interior de los expedientes con radicados internos;
53.759 y 49.281, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, que a su vez hacen alusión a las sentencias
C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, de la Corte Constitucional.
11 «La providencia no fue aportada con la demanda y el auto que negó su decreto en segunda

instancia no fue impugnado por la parte demandante».
12 Artículo 356 de la ley 600 de 2000.

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situación jurídica es del resorte exclusivo de la Fiscalía General de la Nación,
actuación cuya legalidad, proporcionalidad y necesidad ya se estableció en
acápite anterior».

• La providencia de segunda instancia fue notificada el 23 de junio de 2023 y la
acción de tutela de la referencia fue radicada el 2 de noviembre de 2023.

1.3. Pretensión

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales A LA LIBERTAD, A LA
VIDA DIGNA, AL BUEN NOMBRE, A LA HORNA, A LA IGUALDAD, AL
DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD y A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA toda
vez que EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección
Tercera, Subsección “C” de Descongestión, en sentencia del día 20 de
mayo del año 2014 y posteriormente, el CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A” en
sentencia del 2 de junio de 2023 incurrieron en. i) DEFECTO FÁCTICO, ii)
DEFECTO SUSTANTIVO, iii) DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN, ii)
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE y iii) VIOLACIÓN DIRECTA DE
LA CONSTITUCIÓN.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias de primera y
segunda instancia proferidas en su orden por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” de Descongestión, el día 20
de mayo del año 2014; y por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, el 2 de junio de 2023, por
medio de las cuales se negaron las pretensiones en el proceso de
REPARACIÓN DIRECTA promovido por CARLOS JOSÉ ALVARADO PARRA
y otros en contra de la NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y
OTRO.

TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, que, en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso de
REPARACIÓN DIRECTA promovido, garantizando la protección de los
derechos fundamentales aquí solicitados y teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la
presente Litis13.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte tutelante consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los defectos: fáctico, sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la constitución14, al desconocerse que existía
una decisión que puso en evidencia el daño antijuridico, esto es, la que precluyó la
investigación, la cual, si se hubiese tenido en cuenta, al aplicar un régimen
objetivo, hubiera ocasionado que se condenara a las demandadas.

Señaló que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A incurrió en un
yerro de índole fáctico, en su dimensión negativa, comoquiera que omitió valorar la

13 Transcrito con posibles errores ortográficos.
14 La Sala resumirá exclusivamente los cargos en contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección A, en atención a que, como se establecerá más adelante, el análisis del mecanismo
constitucional de concentrará en la providencia que puso fin al proceso.

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preclusión 4246 de 29 de abril de 2011 «a través de la cual se demostró la
falsedad en la declaración de “Olivo Saldaña” y la [c]are[n]cía de validez del
informe de “Inteligencia Militar”, al igual que la justificación del patrimonio de
Carlos José Alvarado Parra, lo que contrajo la ilegalidad de las únicas pruebas con
las que se imputó y se decretó medida de aseguramiento al actor».

Destacó que la «declaración del ex integrante de las FARC “Olivo Saldaña” fue
desacreditada en el proceso de desmovilización y que, con sus dichos pretendía
obtener beneficios de la Ley de Justicia y Paz, donde fue recibido y a la vez
expulsado como gestor de paz, al comprobarse las incongruencias de sus
argumentos».

Cuestionó que el ad quem afirmara «conocer el contenido de la preclusión
aportada con la demanda, al igual que el proceso penal aportado por la Fiscalía, y
a párrafo seguido señala[ra] la imposibilidad de conocer las razones por la que se
dejó en libertad al accionante. Argumento que carece de motivación y a todas
luces es violatorio al derecho de acceso a la administración de justicia […]».

Precisó que el tribunal de cierre incurre en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto al desconocer el contenido de la decisión que dejó en libertad al
actor, particularmente «al haber manifestado en la sentencia […]: “circunstancia
que impide estudiar el contexto y las razones que motivaron esta decisión”, toda
vez que el juez contencioso se excusa en razones formales como impedimento,
denegando la aplicación de la justicia al caso, evitando la eficacia del derecho
sustancial […]».

Afirmó que si bien en la sentencia se expuso que no se aportó la decisión que
revocó la medida restrictiva de la libertad, «[l]lama profundamente la atención esta
observación, toda vez que dicho documento reposa en el proceso allegado por la
Fiscalía, del documento contentivo de la PRECLUSIÓN, en la relación del material
probatorio está narrada […]», lo que también configura un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto «en la aplicación de las pruebas y al exigir la carga de
la prueba al demandante a fin de que demostrara su inocencia […]», máxime
cuando la decisión que precluyó la investigación contiene el reconocimiento de la
responsabilidad administrativa de la fiscalía.

En línea de lo anterior, indicó que «el juez natural omitió el decreto oficio de las
pruebas y decidió negar las pretensiones del accionante, vulnerando con su actuar
los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, buen
nombre, honra, libertad, debido proceso, juez natural y violó de manera directa la
presunción de inocencia de Alvarado Parra».

Expuso que las pruebas con las que se profirió la restricción de la libertad eran
ilícitas, luego el juez de segunda instancia no podía valorarlas para establecer la
razonabilidad de la medida, porque de llegar a hacerlo se trasgrede la presunción
de inocencia del accionante, máxime cuando la autoridad competente, así ya las
catalogó.

Aseveró que en el fallo de segundo grado «[e]xiste «carencia absoluta de
fundamento jurídico», porque no se analizó correctamente los presupuestos de
legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento en los

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términos de la SU-072 de 2018.

Agregó que la «Sección incurr[ió] en el yerro de DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN, por
cuanto su decisión no tiene fundamentos fácticos y jurídicos que denoten la
legitimación de su órbita funcional, en tanto que la argumentación de la decisión
es defectuosa y abiertamente insuficiente, por haber encontrado probada la culpa
del accionante sin valorar que este ya había sido exento de toda responsabilidad
mediante Resolución de Preclusión 4246 del 29 de abril de 2011, […]».

Finalmente, se desarrolló un acápite denominado «PRUEBAS DESCONOCIDAS
SIN VALORACIÓN DE LOS JUECES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA»,
en donde se detalló toda la actuación que se suscitó al interior del proceso penal15.

Posterior a la radicación de la acción constitucional, los accionantes procedieron a
complementarla, en el sentido de aportar copia de la decisión por medio de la cual
se revocó la medida de aseguramiento16.

1.5. Trámite procesal de la acción

El 19 de enero de 2024, la Sala conformada por los conjueces Ilvar Nelson Jesús
Arévalo Perico, Héctor Santaella Quintero y Jorge Iván Acuña Arrieta, declaró
fundados los impedimentos de los «Magistrados integrantes de la Sección
Segunda Subsección A, doctores Jorge Iván Duque Gutiérrez17 y Rafael Francisco
Suárez Vargas».

El 19 de diciembre de 2023 el conjuez ponente de la decisión de primera instancia
admitió la acción y ordenó la notificación de las autoridades judiciales accionadas.

Por su parte, vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a la
Nación - Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa Nacional.

1.6. Intervención

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente contestación:

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, luego de resumir los
actuaciones procesales que consideró relevantes, solicitó declarar improcedente el
mecanismo constitucional porque «la sentencia examinó la totalidad de elementos
probatorios para concluir que la medida de aseguramiento no fue irracional y
caprichosa, sino que obedeció a las circunstancias acreditadas para la fecha de su
imposición, especialmente porque la información aportada por la UIAF y las
pruebas periciales daban cuenta de aspectos sospechosos en el incremento
patrimonial del procesado que no fueron aclarados».

15 También se incluyó un acápite denominado «DEL MATERIAL PROBATORIO EN EL PROCESO

DE REPARACIÓN DIRECTA», en el cual, cabe destacar, que no se evidencia la decisión de
revocatoria de la medida de aseguramiento.
16 La documentación fue solicitada a la Fiscalía General de la Nación el 29 de septiembre de 2023

y la respuesta fue dada el 3 de noviembre de 2023.
17 La tutela fue repartida al despacho del consejero Gabriel Valbuena Hernández, pero, debido a la

culminación de su periodo constitucional, el expediente pasó al despacho del consejero Jorge Iván
Duque.

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Resaltó que «la tutela lo que refleja es la inconformidad de la conclusión a la que
llegó la Sala, puesto que sí se analizó el material probatorio de manera rigurosa,
pero no en la forma que pretendía el demandante, de ahí que lo que se busca a
través de la solicitud de amparo constitucional es un nuevo análisis que dé lugar a
la indemnización pretendida, lo cual no resulta viable, desde la óptica de la
naturaleza y la finalidad de este mecanismo judicial».

Destacó que la «demanda de tutela se limitó a cuestionar el razonamiento
expuesto por la Sala, concerniente a la valoración probatoria lo que, lejos de
configurar los defectos mencionados tangencialmente, demuestra que lo
pretendido es que se estudie nuevamente la controversia, a partir de la reiteración
de los argumentos plasmados en la demanda de reparación directa y en el recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia».

1.7. Fallo impugnado

El 1. º de marzo de 2024, la Sala de Conjueces de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales advertidos
en la acción de tutela.

Para llegar a esa conclusión, en primera medida expuso que el asunto era
relevante desde el punto de vista constitucional, «debido a la importancia de los
derechos constitucionales fundamentales como la libertad, la dignidad, el buen
nombre y la honra, entre otros que se aducen como presuntamente vulnerados, y
además se plantea que en las sentencias cuestionadas ha debido manejarse un
criterio objetivo de responsabilidad y no subjetivo como lo hicieron, aspectos estos
de relevancia constitucional».

Luego se precisó que era cierto que «la Fiscal que decidió la detención preventiva,
no se interesó en lo más mínimo por examinar la veracidad, credibilidad y
antecedentes de su testigo estrella señor Agudelo Medina que en realidad no se
desmovilizó voluntariamente de las FARC, sino que fue capturado por las fuerzas
militares y luego se acogió al programa de justicia y paz con el fin de obtener
beneficios y rebajas en sus sanciones, respecto de su actividad en las FARC [...]».

Se afirmó que «no se consideraron con objetividad, racionalidad y responsabilidad,
las explicaciones que suministró sobre su patrimonio el Señor Alvarado Parra en la
indagatoria que se le tomó previo su captura innecesaria para tomarle indagatoria,
y luego, se decidió su detención precautelativa».

En el fallo también se indicó que «como lo anota la Fiscalía en la Preclusión, se le
otorgó el valor de plena prueba a esa declaración del denominado Olivo Saldaña,
una figura extraña y un avivato, exjefe de extorciones de las FARC; haciendo caso
omiso la Fiscal, que dentro del ordenamiento penal las declaraciones o versiones
suministradas por informantes, por la Policía Judicial y por la inteligencia militar no
constituyen prueba y menos plena prueba, según el artículo 50 de la ley 504 de
1999».

Lo anterior, para concluir que:

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[…], la Sala encuentra una situación concreta y clara de la configuración
de la Indebida valoración de la prueba por parte de la decisión judicial
de primera instancia y de segunda instancia que la confirmó, cuando
igual que lo hizo la Fiscal que ordenó la detención preventiva,
encontraron prueba plena de tal decisión de detención preventiva, en la
declaración de Alias Olivo Saldaña y en un informe sobre unas
sospechas respecto del patrimonio del Señor Alvarado Parra, un
comerciante del Tolima con reconocimiento público, después de más de
45 años dedicado a vender alimentos sobre todo en sectores populares
y a bajos precios, y que era sujeto de amenazas para extorsionarlo, por
parte de diferentes sujetos, según explicaciones que dio en la
indagatoria y otras diligencias , como se señala en la preclusión de la
investigación sumaria.

Igualmente, se le dio valor de prueba a un informe financiero no
terminado, pues los mismos peritos que lo presentaron manifestaron,
que estaban pendientes por estudiar varios documentos para llegar a
una conclusión. Así lo dice la propia Fiscalía en su decisión de
Preclusión, luego de revisar cuidadosamente el expediente del proceso
adelantado contra el Señor Alvarado Parra.

Además, se expuso que «[s]i la funcionaria de la Fiscalía que ordenó la medida de
privación de la libertad, no hubiese actuado con la ligereza y análisis irracional,
como la califica la propia Fiscalía en el acto de Preclusión, habría exigido que ese
informe financiero se adelantara y concluyera antes de tomar la determinación de
afectar la libertad del Señor Alvarado Parra y otros».

También se consideró que «[s]alta a la vista la actitud precipitada en irracional de
la Fiscal 35 delegada cuando no recibió indagatoria al Señor Alvarado Parra que
se presentó voluntariamente a su Despacho para que se adelantara tal diligencia».

Asimismo, agregó que:

Ante esa actitud correcta del conocido y apreciado comerciante en el
Tolima Señor Alvarado Parra- como lo explica la Fiscalía en el Acto de
preclusión y es de público conocimiento -, la Fiscal antes citada decidió
fue ordenar su captura para oírlo luego en indagatoria y acto seguido
decidió privarlo de la libertad, sin darle el más mínimo análisis a las
claras explicaciones dadas en la indagatoria, y en cambio dándole el
valor de plena prueba a un avivato y falaz exguerrillero, como lo califica
la propia Fiscalía en su decisión de preclusión de la investigación.

Igualmente se desarrolló que:

resulta clara la configuración de la indebida valoración de las pruebas
llevada a cabo en la sentencia de primera instancia que respald[ó]
totalmente la decisión de la Fiscalía, y claro, la de segunda instancia
que la confirmó. Y toman esa determinación las autoridades judiciales
en las dos instancias, valorando indebidamente, las pruebas, igual que
lo hizo la Fiscalía en su determinación de ordenar la detención
preventiva. De esta forma se encuentra claramente configurado el
Defecto Fáctico., por indebida valoración de las pruebas, por parte de
las sentencias aquí cuestionadas, y desde luego una violación al debido
proceso.

Asimismo, se agregó que «[p]or supuesto, como las sentencias aquí cuestionadas

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no hicieron el análisis riguroso sobre si se había cumplido o no estas exigencias
de la Sentencia SU- 072 de 2018, incurrieron en el defecto fáctico alegado por la
parte accionante».

Por todo lo anterior, la sala de conjueces consideró que las autoridades judiciales
accionadas habían valorado indebidamente la decisión que precluyó la
investigación penal, y si bien estimó que «hay suficiente fundamento que justifica
acceder al amparo constitucional solicitado, la Sala considera, que resulta
importante analizar el siguiente cargo formulado a la sentencia de segunda
instancia por sus connotaciones jurídicas», esto es, el cargo por falta de
motivación.

Al respecto, la sala expuso que el aludido cargo no estaba llamado a prosperar,
porque, aunque no se compartan sus fundamentos, sí se evidencia carga
argumentativa en la decisión.

Finalmente, el a quo constitucional dispuso:

Al respecto, no le cabe duda a esta Sala, que la Fiscalía al actuar
antijurídicamente, como se ha analizado en estas consideraciones, no
cumplió en lo más mínimo los exigentes parámetros de legalidad,
razonabilidad y proporcionalidad, como lo establece la Sentencia SU-
072 de 2018, en estos casos de privación injusta de la libertad, y en
consecuencia, ha debido ser condenada a responderle
patrimonialmente a los afectados que demandaron en el medio de
control de Reparación Directa multicitado en estas consideraciones.

3.Conclusiones:

Teniendo en cuenta el análisis que se ha hecho respecto de los cargos
formulados por la parte accionante, la Sala encuentra claramente
configurados los cargos de Defecto Fáctico en que incurrieron las
autoridades judiciales en las sentencias aquí censuradas, y, en
consecuencia, en segundo lugar, el de violación de Normas
Constitucionales, como los artículos 13,15,21,23.28,29 y 229, relativos
a la libertad, dignidad, buen nombre, honra, presuncion de inocencia y
acceso a la administración de justicia de los demandantes, al proferirse
las sentencias aquí censuradas.

Con la prueba de la configuración de los anteriores requisitos
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, es indudable que se impone la protección constitucional
invocada en esta demanda, la cual se debe concretar, en primer lugar,
dejando sin efecto las sentencias aquí censuradas de primera y
segunda instancia. En segundo lugar, se dispondrá que el Consejo de
Estado profiera una nueva sentencia dentro del proceso de reparación
directa promovido por la parte allá demandante, y profiera dicha
sentencia en el término prudencial de treinta (30) días, contados a partir
de la notificación de esta sentencia, teniendo en cuenta en su integridad
las consideraciones y conclusiones de esta Sala.

Y, tercero, en la sentencia de reemplazo antes citada, tendrán en
cuenta los Magistrados de la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, que sin duda se configuró una falla antijuridica por
parte de la Fiscalía General de la Nación, que fue la entidad que tomó

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la determinación arbitraria de decretar la privación injusta de la libertad
del Señor Carlos José Alvarado Parra y Otros, basándose en unos
hechos falso que consideró’ como pruebas, sin tener ese carácter, con
razones que esta Sala encuentra con sustento en los hechos, es decir
con suficiente respaldo probatorio, como se analizó en párrafos
anteriores.

En consecuencia, se debe condenar a dicha Fiscalía a responder
patrimonialmente con la indemnización de los daños y perjuicios
antijuridicos materiales y morales que le ocasionó al antes citado
Alvarado Parra y su familia (Cónyuge, hijos y nietos, demandantes en la
acción de Reparación Directa), de conformidad con el articulo 90,
teniendo en cuenta que la Fiscalía no actuó cumpliendo los exigentes
presupuestos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, al tomar la
decisión de la privación injusta de la libertad, tal como lo explica la
sentencia SU-072 del 2018.

1.8. Impugnación18

La Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A solicitó revocar el fallo de
primera instancia, para ello primero resaltó los siguientes aspectos:

I. La sentencia impugnada comporta una violación al principio de autonomía
judicial al disponer que se debe declarar que la Fiscalía General de la
Nación incurrió en una falla en el servicio y que se debe condenar19,
II. La orden impartida en el fallo impugnado conlleva la vulneración de
garantías procesales mínimas, comoquiera que, si se dejan sin efectos las
dos sentencias de la sede ordinaria, no es posible ordenar al juez de
segunda que profiera una decisión, ya que se convertiría el proceso en
única instancia20,
III. Se ordena al Consejo de Estado adoptar una nueva decisión sin que esté
delimitado su marco de competencia funcional, máxime cuando en los
términos del artículo 328 del Código General del Proceso, su competencia
está delimitada por lo indicado en el respectivo recurso de apelación, y
sobre la base del mismo se debe revisar lo resuelto por la primera instancia,
y en este asunto, al dejarse sin efectos la sentencia de primera instancia, el
recurso de apelación quedó sin objeto.

Luego expuso que el fallo impugnado adopta una doctrina contraria al régimen de
responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, lo que afecta la
garantía del juez natural de la causa, ya que solo fundamenta su decisión en «la
presunción de inocencia que fue ratificada al decretarse la preclusión, [y] la

18 El fallo fue notificado el 4 de abril de 2024, la impugnación se presentó el 9 siguiente y el auto la

concedió se profirió el 17 subsiguiente.
19 Asimismo, destacó que «Ese direccionamiento desquicia las bases de un estado social de

Derecho, pues desarticula las competencias y termina por sacrificar la autonomía judicial,
reduciendo la actividad del juez natural a simplemente estarse a lo resuelto por el juez de tutela,
despojado del poder propio de la función a su cargo, sin campo para el análisis legal y probatorio
que se espera de toda decisión judicial y vaciando de contenido su función judicial».
20 «Con la orden de amparo se genera una pretermisión de instancia, pues la decisión de

reemplazo termina siendo de única instancia. Con ello se priva a las partes de su derecho a la
defensa, pues se anula la posibilidad de recurrir y obtener un pronunciamiento de segunda
instancia, según lo dispone el estatuto procesal aplicable. La orden afecta consecuencialmente el
recurso de apelación que la parte actora formuló en su momento contra el fallo que ahora se deja
sin efectos».

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retrotrae en el tiempo y la superpone con los supuestos legales y probatorios que
abren paso a la imposición de la medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en la Ley 600 de 2000».

Lo anterior omite considerar que «el estándar probatorio en cada etapa del
proceso penal es disímil y la fuerza de convicción que se requiere para imponer
medida de aseguramiento no es la misma que sustenta la acusación, la sentencia
condenatoria o una providencia de preclusión, pues el proceso penal justamente
propone una valoración escalonada que incrementa el rigor hacia la certeza final
de la responsabilidad penal del sindicado».

En este orden de ideas «el juez de tutela valoró la legalidad, proporcionalidad,
razonabilidad y necesidad de la medida de aseguramiento, pero a partir de
pruebas posteriores y especialmente con fundamento en las consideraciones que
sustentaron la preclusión de la investigación a favor del procesado, con lo que
tergiversó la aplicación de la sentencia SU-072 de 2018».

En consecuencia, concluyó que «[u]n razonamiento como el que aquí se cuestiona
conlleva que se aplique una responsabilidad automática por el hecho de la
preclusión o la absolución del sindicado, con claro desconocimiento de los criterios
decantados por la jurisprudencia del Consejo de Estado como juez natural de la
cuestión, así como la de la Corte Constitucional sobre la materia».

1.9. Memorial adicional

El 7 de mayo de 2024, el apoderado de los accionantes puso en conocimiento de
esta Sala que uno de lo magistrados que suscribió la providencia acusada21 es
familiar del «funcionario que tuvo a cargo los bienes de propiedad del señor
CARLOS JOSE ALVARADO PARRA, que se vieron afectados dentro del proceso
penal No. 4246LA […] Por lo tanto considero Honorable Magistrado que estas
circunstancias fácticas deben ser valoradas por su Despacho al momento de
adoptar las decisiones que en derecho correspondan».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Si bien los tutelantes manifestaron que la vulneración de sus garantías
constitucionales devienen de las sentencias proferidas en ambas instancias por
las autoridades judiciales accionadas, lo cierto es que el análisis en sede
constitucional se realizaría a partir de la providencia de segundo grado del proceso
ordinario, esto es, el proveído de 2 junio de 2023, proferido por el Consejo de

21 Magistrado José Roberto Sáchica Méndez.

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Estado, Sección Tercera, Subsección A, comoquiera que con dicha decisión se
puso fin a la controversia al interior del proceso contencioso.

2.2.2. Por su parte, esta sala no se referirá a la prueba documental aportada en la
complementación del escrito de tutela, ya que el estudio que realiza el juez
constitucional, en tutela contra providencia judicial, se delimita a los cargos del
mecanismo en consonancia con las pruebas y actuaciones que se allegaron y
surtieron al interior de expediente contencioso, en las oportunidades procesales
pertinentes. Circunstancia que se acentúa en este caso, porque el juez de
segunda instancia negó su decreto y la parte demandante no se opuso a tal
determinación.

2.3. Por último, en lo que atañe a la situación expuesta a esta colegiatura por el
apoderado de los accionantes referida, de manera general, a que uno de los
magistrados que suscribió la providencia acusada tiene un grado de
consanguinidad con el entonces funcionario que tuvo a cargo los bienes de
propiedad de Carlos José Alvarado Parra, y que, tal alegación podría entenderse
como una recusación, esta no se tramitará como tal, ya que por un lado no se
formuló en ese sentido, y en todo caso, el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991
establece que «[e]n ningún caso será procedente la recusación» al interior de la
acción de tutela.

Sumado a lo anterior, el apoderado no desarrolla cuál podría ser la consecuencia
jurídica del presunto vínculo que alega en su escrito, donde cabe resaltar que, de
llegar a ser cierto lo expuesto, tal lazo no tiene incidencia en la decisión que hoy
nos ocupa, ya que los impedimentos se predican de los magistrados que
suscriben la providencia y el consejero José Roberto Sáchica Méndez no hace
parte de esta Sala de decisión.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 1. º de marzo de 2024, proferida por la Sala de
Conjueces de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
amparó los derechos fundamentales alegados en la acción de tutela22.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad;
(iii) la generalidad del defecto alegado, y (iv) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

22 Si bien el tutelante manifestó que la vulneración de sus garantías constitucionales deviene de las

sentencias proferidas en ambas instancias por las autoridades judiciales accionadas, lo cierto es
que el análisis en sede constitucional se realizaría a partir de la providencia de segunda instancia
del proceso ordinario, esto es, el proveído de 1. º junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, comoquiera que con dicha
decisión se puso fin a la controversia al interior del proceso contencioso. Además, como no se hizo
una imputación en concreto en lo que tiene que ver con la fiscalía y la Rama Judicial, esta sala no
hará mayor alusión al respecto.

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 23
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema24.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales25.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 26, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia Constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene
que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

23 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
24 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
25 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
26 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Por su parte, esta sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201427, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la
vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada,
puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la
tutela no puede convertirse en una tercera instancia28.

Sobre el particular, se difiere de lo expuesto por el a quo constitucional, dado que
se considera que este asunto no es relevante desde el punto de vista
constitucional, como se pasará a explicar.

En primera medida se recuerda que, tanto en el recurso de apelación al interior del
proceso contencioso, como en el escrito de tutela, se indicó que la providencia
controvertida valoró indebidamente las pruebas sin tener en cuenta el precedente
aplicable.

En esta oportunidad tales fundamentos se enmarcaron en la configuración de los
defectos fáctico, sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la constitución. Luego, es posible concluir que
los argumentos expuestos apuntan a convertir este mecanismo constitucional en
una tercera instancia.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos de la parte accionante frente a la apreciación de las pruebas del
proceso contencioso expuestos en la solicitud de amparo, sin el debido contraste
de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría
contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
28 Énfasis de la sala.

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En este orden de ideas, para esta sala el argumento que se refiere a la indebida
valoración probatoria, que a su vez se cimentó en los demás yerros, no cuenta con
la carga argumentativa para ser estudiado, en el marco de la trasgresión de
derechos fundamentales, porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto
en sede ordinaria, no desvirtúa, a prima facie, el análisis realizado por el tribunal
de cierre frente a los medios probatorios.

Al respecto se recuerda que la decisión del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A se sustentó en que la Fiscalía General de la Nación contaba con
indicios razonables que respaldaban la limitación de la locomoción del señor
Carlos José Alvarado Parra en establecimiento carcelario, como lo son: [i] la
declaración de exintegrantes de las Farc, quienes relacionaron al aquí
demandante con el grupo subversivo en lo atinente al manejo de recursos para
invertir en actividades de apariencia lícita; [ii] un informe elaborado por la Unidad
de Información y Análisis Financiero UIAF, que refería «reporte de operaciones
sospechosas», y [iii] un dictamen pericial rendido por la Dirección de Investigación
Criminal e Interpol, en el cual se establecieron «variaciones patrimoniales
pendientes por justificar».

Ahora, los accionantes reiteraron que el tribunal de cierre no tuvo en cuenta que
las autoridades penales no debieron imponer la medida restrictiva de la libertad
porque las pruebas que la sustentaron eran ilegales, tal cual se puso en evidencia
la decisión que precluyó la investigación, sin embargo, no expone o controvierte la
razón del a quo que se refiere a que «los requisitos en materia probatoria para la
imposición de la medida de aseguramiento son diferentes a los exigidos por el
legislador para determinar la responsabilidad penal del procesado a través de la
acusación y la eventual condena, puesto que en este último evento las evidencias
deben estar ligadas a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, a efectos de
determinar con certeza su participación en el delito».

En este orden de ideas, se advierte que los tutelantes pretenden reabrir el debate
probatorio y buscan que el juez de tutela imponga una valoración distinta a la que
asumió el juez natural de la causa, el cual estableció, con sustento en la SU-072
de 2018 y otros antecedentes, que la limitación de la libertad era razonable según
el material probatorio aportado en esa etapa, sin que los accionantes
controvirtieran dichos fundamentos, más allá de señalar que si se hubiera tenido
en cuenta la preclusión, el daño antijurídico era evidente, como si se tratara de un
caso por responsabilidad objetiva que, al evidenciarse tal decisión, opera la
condena automática.

En este punto, se recuerda que esta Sala, investida como juez constitucional, no le
corresponde establecer cómo se estudia la razonabilidad de la medida restricitva,
sino que le compete analizar si la decisión del tribunal es irrazonable o
desproporcionada, lo que, de entrada, según los cargos de la tutela, no se
advierte.

Ahora, en la tutela también se alegó, de manera sucinta, que se encontró probada
«la culpa del accionante», sin embargo, en el mecanismo que hoy nos ocupa la
autoridad judicial no declaró tal excepción, donde en todo caso cabe resaltar que
esta Sala no encuentra carga argumentativa cuando se alega que el estudio del

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cumplimiento de los requisitos normativos para limitar la locomoción sea
constitutivo de una violación de tal principio, porque con tal estudio es que
precisamente es posible extraer si la imposición de la medida es razonada, bajo
los parámetros la SU-072 de 201829.

En este orden de ideas, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales del tutelante, sino que, por el
contrario, se advierten argumentos con el fin de intentar acreditar el daño
antijurídico expuesto en la demanda por la presunta privación injusta de la libertad,
para, a su vez, disentir del análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial de
segundo grado demandada.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por los accionantes, la sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional,
máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa,
lo que implica que la tutela se torna improcedente.

En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»30 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se revocará la decisión de primera instancia que accedió al amparo,
para, en su lugar, declarar improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de 1. º de marzo de 2024, por medio del cual la
Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado amparó los derechos fundamentales de los accionantes, para, en su
defecto, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela de la
referencia.

29 La SU-072 de 2018 estableció: «09. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en

perspectiva judicial-- del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único
título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si
la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan
la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos
los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será
en aplicación del principio iura novit curia, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de
Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber
demostrativo que le asiste al demandante» [énfasis de la sala].
30 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el
número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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