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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06759-00

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06759-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 110010315000 2023 06759 00 Actor: Sistema Universitario del Eje Cafetero -SUEJE-. quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-06759-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-06759-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO -SUEJE-

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
CARECER DEL REQISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA
HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE LA SITUACIÓN FÁCTICA Y
JURÍDICA DEL CASO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL
ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE
ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
IGUALDAD

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

1
En adelante SECCIÓN CUARTA.

2

Número único de radicación: 110010315000 2023 06759 00
Actor: Sistema Universitario del Eje Cafetero -SUEJE-.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO -SUEJE-,

actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de

tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la

igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN

CUARTA de esta Corporación al haber proferido en segunda instancia

la sentencia de 14 de septiembre de 2023, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 660012333000-2016-00605-02.

I.2.- Hechos

Indicó que el día 19 de abril de 2012 presentó la declaración de renta

por el año gravable 2011, en la cual incluyó una renta exenta por el

valor de $521.204.000, un impuesto a cargo por el valor de

$33.452.000 y un valor a pagar por $2.120.000.

Manifestó que por error en la mencionada declaración determinó el

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Número único de radicación: 110010315000 2023 06759 00
Actor: Sistema Universitario del Eje Cafetero -SUEJE-.

impuesto de renta como contribuyente del régimen especial, pese a

que no es responsable de tal obligación bajo ninguna de las

modalidades del Estatuto Tributario.

Explicó que mediante auto núm. 4248 de 11 de junio de 2021, la

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN2-

inició el procedimiento de determinación oficial del impuesto de renta

del año gravable de 2011.

Anotó que surtido el trámite respectivo la DIAN desestimó sus

argumentos de defensa y expidió la liquidación de revisión oficial

núm. 162412015000018 de 26 de marzo de 2015 con la cual

modificó la liquidación privada del año gravable 2011, en el sentido

de adicionar ingresos por intereses y rendimientos financieros por

valor de $450.873.000, rechazar los gastos operacionales de

administración por $337.136.000, disminuir la renta exenta por

$31.333.000 y aplicar la sanción por inexactitud de $262.189.000,

con lo que se fijó un saldo total a pagar de $428.177.000.

Indicó que interpuso el recurso de reconsideración respectivo, no

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En adelante la DIAN.

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obstante, a través de Resolución núm. 002473 de 5 de abril de 2016,

la DIAN dispuso confirmar en todas sus partes el acto impugnado.

Informó que promovió un medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra la DIAN, con la finalidad de

discutir la legalidad del acto administrativo que contiene la

liquidación oficial de revisión.

Expuso que el proceso aludido fue atribuido para su trámite en

primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

RISARALDA que, mediante sentencia de 27 de agosto de 2021,

declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y dejó

en firme la declaración privada.

Agregó que la DIAN interpuso el recurso de apelación respectivo, el

cual le correspondió a la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación

que, mediante sentencia de 14 de septiembre de 2023, modificó la

decisión recurrida y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos

administrativos demandados y, en consecuencia, lo condenó al pago

del impuesto sobre la renta por el período 2011 con base en la

liquidación inserta en dicha providencia, por un total de

$283.404.000.

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Indicó que, conforme con el artículo 95 de la Ley 489 de 29 de

diciembre de 19983, es una asociación sin ánimo de lucro de varias

universidades públicas y figura como una entidad descentralizada

indirecta de naturaleza especial y de carácter público.

Explicó que la providencia cuestionada desconoció el precedente

contenido en la sentencia de 7 de noviembre de 2012, proferida por

la misma SECCIÓN CUARTA dentro del expediente 110010327000

2010-00041-00, conforme con la cual “[…] dado que las

universidades públicas no son contribuyentes del impuesto sobre la

renta con ocasión de sus actividades como entidad pública, SUEJE,

como asociación de universidades de ese carácter, goza del mismo

beneficio […]”.

Explicó que pese a que la SECCIÓN CUARTA no aplicó el precedente

aludido porque se trataba de un impuesto diferente, lo cierto es que

en aquel se determinó que las asociaciones de universidades tenían

3
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones […]”.

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las mismas prerrogativas tributarias de los entes territoriales que las

conforman.

Afirmó que, en ese orden de ideas, el hecho de que en segunda

instancia del proceso ordinario hubiese resultado vencido, vulnera

sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, por cuanto

la SECCIÓN CUARTA desatendió el precedente judicial aludido.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] Se ruega a la H. Sala Plena del Consejo de Estado tutelar
los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad
por el defecto enlistado y desarrollado en el capítulo anterior -
desconocimiento del precedente judicial de cara a la Sentencia
No. 18438 del 07 de noviembre de 2012- y, en consecuencia,
respetuosamente solicito que se le ordene a la Sección Cuarta
del Consejo del Estado representada en el caso sub lite por el H.
Consejero Ponente Dr. Wilson Ramos Girón, que en un término
prudencial se profiera una nueva decisión en segunda instancia
en el proceso bajo el radicado 66 001-23-33-000-2016-00605-
02, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
atendiendo el criterio que fue desarrollado por la misma Sección
Cuarta de la H. Corporación en la sentencia proferida en el año
2012, cuya Consejera Ponente fue la Dra. Martha Teresa Briceño
de Valencia […]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA manifestó que la presente acción de

tutela carece del requisito general de la relevancia constitucional,

comoquiera que lo pretendido por el actor es que se haga un nuevo

juicio sobre un asunto que fue definido en la providencia cuestionada.

Indicó que la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se

configura el defecto de desconocimiento del precedente judicial,

cuando la ratio decidendi de la sentencia señalada no es aplicable por

tratarse de un caso distinto.

Señaló que la sentencia de 7 de noviembre de 2012 invocada por el

actor no era aplicable como fue señalado en la providencia

cuestionada, dado que el caso allí analizado fue diferente en la

medida en que en esa oportunidad el caso versó sobre el “[…]

impuesto de timbre, cuyo hecho generador, base imponible, tarifa y

demás elementos de la obligación jurídico tributaria son diferentes

de los establecidos para el impuesto sobre la renta; este último que

correspondió al debate planteado en el juicio que fue definido en la

sentencia objeto de la presente acción de tutela […]”.

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Afirmó que por tal razón “[…] la Sala no estuvo en la obligación de

precisar, rectificar o reafirmar la postura jurídica plasmada en aquella

sentencia, pues el debate que ocupó a la corporación estuvo referido

a un impuesto diferente, el cual presenta unas especiales

particularidades respecto de la sujeción pasiva en el impuesto sobre

la renta, que debía ser atendidas respecto de las asociaciones de

entes autónomos universitarios […]”.

I.5.2.- La DIAN, vinculada en calidad de tercera con interés directa

en las resultas del proceso, indicó que la presente acción de tutela

carece de relevancia constitucional, comoquiera que el operador

jurídico decidió no aplicar el precedente invocado con base en una

razón válida derivada de la diferencia del impuesto tratado en cada

caso.

Agregó que es claro que los cargos formulados en la acción de tutela

tienen como finalidad que este mecanismo se convierta en una

tercera instancia para reabrir una discusión que ya fue dirimida por

el juez natural.

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

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jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional

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que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso

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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los

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fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la

sentencia de 14 de septiembre de 2023, proferida por la

SECCIÓN CUARTA de esta Corporación dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 660012333000-2016-00605-02.

En el proceso aludido el actor discutió la legalidad de unos actos

administrativos a través de los cuales la DIAN le impuso una

liquidación oficial de revisión, sobre la declaración de renta privada

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que presentó para el año 2011.

El actor pretendía que se declarara que no estaba obligado a declarar

la renta al ser una asociación de universidades públicas o, en todo

caso, que se dejara en firme la declaración privada que presentó en

su momento.

El reproche del actor subyace del hecho de que, en su sentir, la

autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial

contenido en la sentencia de 7 de noviembre de 2012, proferida por

la misma SECCIÓN CUARTA, dentro del expediente identificado con

el número único de radicación 110010327000-2010-00041-00,

conforme con la cual no es contribuyente del impuesto sobre la renta,

como no lo son las universidades que lo conforman.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación

vulneró los derechos al debido proceso e igualdad e incurrió en el

defecto de desconocimiento del precedente judicial, al haber

proferido la sentencia de 14 de septiembre de 2023 aludida.

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Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción

[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

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tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

que propone el actor carece de relevancia constitucional, dado que

recae sobre un aspecto que fue resuelto por la SECCIÓN CUARTA

de esta Corporación de forma admisible y razonable, así:

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“[…] La apelante sostiene que la demandante, tal como lo
informó en su Rut, pertenece al régimen tributario especial en
renta, de acuerdo con lo regulado en el artículo 19 del ET, al ser
una asociación con personería jurídica sin ánimo de lucro, la cual
no se encuentra incluida en el artículo 23 ídem, como sí los están
las entidades de educación superior aprobadas por el Icfes que
la integran; de manera que enfatizó que el beneficio aplicable a
cada una de las universidades, no era extensible para la
demandante.

En ese orden de ideas, planteó que el precedente de la
Sección Cuarta invocado en la sentencia apelada
(sentencia del 07 de noviembre de 2012, exp. 18438, CP:
Martha Teresa Briceño de Valencia) desborda la
interpretación gramatical de los artículos 22 y 23 del ET,
cuando claramente la norma no lo señala. Igualmente
señaló que, el fallo de constitucionalidad C-671 de 1999 que
también se indicó por el tribunal estudió el artículo 95 de la Ley
489 de 1998 respecto de la naturaleza de las asociaciones de
universidades públicas, pero no versó sobre si eran o no
contribuyentes del impuesto sobre la renta y si las prerrogativas
de las universidades públicas le eran extensibles. A partir de ello,
aseveró que el precedente excedió la facultad judicial al otorgar
de manera extensiva calificaciones como no contribuyentes o
beneficios a las asociaciones como la actora.

[…]

Ahora bien, es cierto que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998
autoriza la asociación entre entidades públicas -dentro de ellas,
entidades autónomas universitarias- y tal asociación daría como
resultado personas jurídicas sin ánimo de lucro, sin embargo, la
nueva persona jurídica no tendría la categoría de entidad
descentralizada, pues no siquiera las entidades que
individualmente la conforman detentan tal calidad, como fue
analizado en precedencia, ni siquiera tendría el carácter de ente
universitario autónomo, comoquiera que esto está reservado
para las universidades de educación superior, connotación que
no tiene la persona jurídica resultante de la asociación.

En línea con lo anterior, el señalamiento de la Corte
Constitucional efectuado con ocasión del estudio de
exequibilidad del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, mediante
sentencia C-671 de 1999, en el sentido que «… la disposición en
estudio solo podrá considerarse ajustada a las normas

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superiores cuando la asociación surgida se sujete al mismo
régimen que, en consonancia con la naturaleza de las entidades
participantes y el régimen propio de función administrativa o de
servicio público a su cargo hubiere señalado la ley de creación o
autorización de estas… el ejercicio de las prerrogativas y
potestades públicas, los regímenes de los actos unilaterales, de
la contratación, los controles y la responsabilidad serán las
propios de las entidades estatales según lo dispuesto en las leyes
especiales sobre dichas materias», no estaba referido a tópicos
de naturaleza diferente a la de las entidades públicas, como los
temas fiscales, entre otras razones porque tal aspecto no fue
objeto de regulación por parte de la ley 489 de 1998.

Respecto de la sentencia del 07 de noviembre de 2012
(exp. 18438, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia), con
base en la cual se sustentó la providencia de primer
grado, se advierte que para la Sala no constituye un
precedente para para el caso sometido a análisis,
comoquiera que fue proferida para un impuesto diferente
al que nos ocupa, materia en la cual, es regulada la
sujeción pasiva de manera taxativa […]”. (Destacado fuera
de texto).

De la transcripción en cita la Sala advierte que en la providencia

cuestionada, la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación indicó que

con fundamento en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 y la sentencia

C 671 de 1999, si bien las universidades públicas están autorizadas

para asociarse, la nueva persona jurídica no tendría su misma

naturaleza jurídica, por lo que esta no estaría exenta del impuesto

sobre la renta bajo el argumento aducido por el actor.

Además, dicha autoridad de forma expresa se refirió al precedente

que ahora es invocado por el actor y que sirvió de fundamento de la

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decisión proferida en primera instancia del proceso ordinario, para

indicar que dicha providencia no era aplicable porque esta había

versado sobre un impuesto diferente al tratado en ese asunto.

Dicha conclusión no implica ninguna arbitrariedad que amerite entrar

a hacer mayor precisión al respecto en sede de tutela, dado que, en

efecto, en el precedente invocado se resolvió una acción de nulidad

simple frente al Oficio Tributario 080372 de 2009 proferido por la

DIAN, en lo relacionado con el impuesto de timbre, aspectos que

difieren del asunto origen de la controversia, por una parte, por el

carácter de los actos implicados (general y particular,

respectivamente) y, por otra, los tributos respectivos, el objeto de la

acción y el medio de control.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201714, en la que se

14
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201815, sostuvo lo

siguiente:

“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la

15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar unas decisiones judiciales como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad judicial que conoce un

asunto, se debe respetar por el juez de tutela, quien no puede

desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito

de sus competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran

derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró

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probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de

relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

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quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de diciembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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