Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2016-00605-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2016-00605-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 66001-23-33-000-2016-00605-02
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
14 de septiembre de 2023
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00605-02 (26151)
Demandante: Sueje
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00605-02 (26151)
Demandante: Sistema Universitario del Eje Cafetero, Sueje
Demandado: DIAN
Temas: Sujeción pasiva al impuesto sobre la renta de las asociaciones de
universidades públicas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia
del 27 de agosto del 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
segunda de decisión, que resolvió (índice 2 de Samai):
1. Declárese la nulidad de la Resolución Liquidación Oficial de Revisión nro. 162412015000018 del
26 de marzo de 2015, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Pereira y la Resolución nro. 002473, del 05 de abril de 2016, expedida
por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica del Nivel
Central de la DIAN, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra
la Liquidación Oficial de Revisión, por las razones expresadas en la parte considerativa de esta
providencia.
2. Como consecuencia de la declaración que antecede y, a título de restablecimiento del derecho,
se declara en firme la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios del
período gravable 2011, presentada por la entidad demandante, por los argumentos anotados en la
parte motiva de este proveído.
3. Sin costas en esta instancia, por las razones vertidas en esta providencia.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante Liquidación Oficial de Revisión nro. 162412015000018, del 26 de marzo de
2015, la demandada modificó la autoliquidación del impuesto sobre la renta del año
gravable 2011, presentada por la actora, en el sentido adicionar ingresos por
rendimientos financieros, rechazar la deducción por depreciación, disminuir la renta
exenta y sancionar por inexactitud. Tras recurrirse esta decisión, fue confirmada
mediante la Resolución nro. 002473 del 05 de abril de 2016, que resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto (índice 2 de Samai).
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
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Demandante: Sueje
(f. 8):
1. Declarar nula la Liquidación Oficial de Revisión nro. 162412015000018 del 26 de marzo del
2015, proferida por la [demandada], por medio de la cual se modificó la liquidación privada del
impuesto sobre la renta del año gravable 2011 determinando un mayor valor por impuesto y se
aplicó sanción por inexactitud.
2. Declarar nula la Resolución nro. 002473 del 05 de abril del 2016, proferida por la … DIAN,
mediante la cual se decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación
mencionada en el numeral anterior, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración
interpuesto por el contribuyente, confirmando la primera actuación.
3. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare que
Sueje-Sistema Universitario del Eje Cafetero … no es contribuyente del impuesto sobre la renta y,
por lo tanto, no debe responder por ningún valor por impuestos y sanciones por concepto de
impuesto sobre la renta del año gravable 2011, y ordenando que se efectúen los ajustes del caso
en la cuenta corriente del contribuyente, con el fin de eliminar de sus registros la deuda a cargo por
concepto de los mayores valores determinados por impuesto y por sanciones en los actos
anulados.
4. En subsidio de la pretensión incluida en el numeral 3, que como consecuencia de lo anterior y a
título de restablecimiento del derecho se declare que la liquidación privada contenida en la
declaración presentada por Sueje-Sistema Universitario Del Eje Cafetero … por el impuesto sobre
la renta del año gravable 2011 se encuentra en firme y, por lo tanto, la entidad no debe responder
por ningún valor por impuestos y sanciones por concepto del impuesto sobre la renta del año
gravable 2011, y ordenando que se efectúen los ajustes del caso en la cuenta corriente del
contribuyente, con el fin de eliminar de sus registros la deuda a cargo.
A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 29, 95, 121, 122, 209 y
338 de la Constitución; 95 de la Ley 489 de 1998; 1° a 3°, 137 y 138 del CPACA (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011);
19, 22, 23, 26 a 28, 104, 127, 128, 131, 131-1, 134, 135, 141, 647, 683, 705, 706, 714
y 779 del ET (Estatuto Tributario); y 3° a 5° del Decreto 4400 de 2004 y artículo 156 de
la Ley 1151 de 2007, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2 de Samai):
La actora consideró que los actos incurrieron en falsa motivación al señalarse como
contribuyente del régimen especial, lo que no era cierto, porque Sueje reunía las
condiciones para considerarse como una entidad oficial descentralizada a que se refería
el artículo 22 del ET. Aludió a que, acorde con el artículo 338 de la Constitución y la
jurisprudencia, los tratamientos preferenciales eran de aplicación restrictiva, de manera
que tal artículo no podía extenderse a entidades diferentes.
Destacó que era una entidad sin ánimo de lucro estatal, con personería jurídica, de
carácter gremial y académico, y señaló que, para determinar su naturaleza jurídica y por
tanto el régimen legal, era preciso considerar la calidad de las universidades que la
componen dentro de la organización del estado, así como las posibilidades legales de
la creación de asociaciones. A tales efectos, se remitió al artículo 95 de la Ley 489 de
1989 referido a la facultad de las entidades públicas para asociarse para el cumplimiento
de funciones administrativas o la prestación de servicios, lo cual puede efectuarse a
través de la creación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. En la misma línea, se
refirió a que la Corte Constitucional se había pronunciado sobre la exequibilidad de
dicha norma (sentencia C-671 de 1999), destacando que en tal providencia se había
señalado, entre otros aspectos que, las entidades descentralizadas indirectas, con
personalidad jurídica que pudieren surgir por convenios de asociaciones entre dos o
más entidades públicas, deben sujetarse a la voluntad legislativa respecto de los
objetivos y estructura de cada una de las entidades partícipes. Dijo que, acorde con
esto, las universidades como entes autónomos públicos, que no hacen parte de la rama
ejecutiva, descentralizadas indirectas, tienen la facultad de asociarse, conforme con el
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Código Civil y el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. Seguidamente aludió a algunos
pronunciamientos de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en
relación con las asociaciones entre entidades públicas.
Así, concluyó que la actora era una entidad estatal descentralizada indirecta de carácter
especial, creada por la voluntad de las universidades estales que la integran
(universidades de Caldas, Quindío, Tecnológica de Pereira, Tolima, Nacional sede
Manizales, Unad y Cinoc), y en consecuencia, amparada por lo establecido en el artículo
22 del ET, que la considera no contribuyente del impuesto sobre la renta. En este punto,
acotó que esta disposición estaba formulada de manera general, no distinguía respecto
de los entes descentralizados allí comprendidos, de manera que no le era dable al
intérprete hacerlo; y enseguida puntualizó que, las universidades públicas eran
entidades descentralizadas especiales directas por servicios y las asociaciones de
universidades públicas, eran entidades descentralizadas especiales indirectas por
servicios.
Argumentó que se vulneró el debido proceso y el principio de legalidad por violación del
precedente (sentencia del 07 de noviembre de 2012, exp. 18438, CP: Martha Teresa
Briceño de Valencia), esto bajo el señalamiento de que, en aquella providencia se
manifestó que las asociaciones de universidades públicas estaban exentas del tributo
de timbre allí estudiado, en tanto que gozaban de las mismas prerrogativas de las
entidades que las integraban, lo cual no implicaba una interpretación analógica
extensiva como lo asumió la demandada en aquel juicio, sino que proviene de la ley. A
partir de ello, expuso que los argumentos de ese fallo eran aplicables al asunto
controvertido, aunque se tratara de otro impuesto, pues acorde con el artículo 22, las
universidades públicas, como entidades descentralizadas directas por servicios, no son
contribuyentes del impuesto sobre la renta, de manera que tampoco lo sería la
asociación que gozaba de las mismas prerrogativas, estaría «excluida de la calidad de
sujeto pasivo del mencionado impuesto»; adujo que el desconocimiento de este
precedente por parte de la DIAN, fue puesto de presente desde el recurso interpuesto
en sede administrativa.
Afirmó que los actos fueron expedidos con violación del debido proceso y desviación de
poder, puesto que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que, para que
proceda la suspensión, debe practicarse efectivamente la inspección, y que esta deber
ser efectuada antes de que se ocurra la firmeza de la declaración, lo que coincide con
el plazo para notificar el requerimiento especial (sentencia del 16 de octubre de 2014,
exp. 19611, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez); seguidamente expuso que su
declaración obtenía firmeza el 19 de abril de 2014 sin que a esa fecha se hubiere
notificado el requerimiento especial, pues ello se hizo el 15 de julio de 2014 y la
inspección tributaria se inició el 19 de junio y finalizó el 30 de ese mes y año, esto es,
por fuera de la oportunidad legal y, como resultado de esto, estimó que las pruebas
recolectadas carecían de validez.
También precisó que al tenor de la aludida sentencia la inspección tributaria ameritaba
recolección directa de pruebas (inmediación), sin que pudiera acudirse a ella para
ampliar la firmeza, so pena de configurarse desviación de poder, como sucedió en su
caso, pues se utilizó para una finalidad distinta, ya que la Administración acudió a esa
figura faltando veintidós días para la firmeza, incluso, reprochó que el decreto de tal
inspección tuvo lugar un año y casi diez meses después de haberse expedido el auto
de apertura de investigación y un año y seis meses luego de proferirse requerimientos
ordinarios, por lo que la inactividad de su contraparte la condujo a considerar que su
propósito fue extender la firmeza; en todo caso, no se suspendió el término porque el
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inicio y finalización de la inspección fue a partir del 19 de abril de 2014, por lo que el
requerimiento especial no fue tempestivo.
Frente a la adición de ingresos por rendimientos financieros, consideró que hubo una
aplicación indebida de la normativa e, incluso, se incurrió igualmente en falsa motivación
pues no es cierto que en el recurso interpuesto, no se adujeron razones de
inconformidad contra tales ingresos, pues el cuestionamiento principal al recurrir fue que
ella no era contribuyente del impuesto sobre la renta respecto de ingresos propios y con
mayor razón si eran de terceros. En la misma línea, adujo que se desconoció que solo
son gravables los ingresos propios, inclusive para quienes sean contribuyentes.
Argumentó que la certificación del pago de los rendimientos, no era prueba suficiente
bancaria para adicionar los ingresos porque que no todos eran propios, puesto que
obedecieron a la ejecución de proyectos por convenios y contratos celebrados con
diversas entidades públicas, quienes suministraban los recursos con el compromiso de
que se le reintegrasen tales rendimientos originados en la administración, junto con los
dineros restantes al finalizar la ejecución, por lo que, se registraban contablemente a
nombre de las entidades beneficiarias, para luego transferirles, y a esos efectos señaló
que aportaba certificación de revisor fiscal con la relación de esos traslados.
En relación con el rechazo de la deducción del gasto por depreciación, argumentó que
no se le tuvo en cuenta la alícuota a la que tenía derecho por el año gravable 2011, y
que correspondía a $116.134.468, de manera que, cuando la Administración tributaria
desconoció la totalidad de $337.136.000, debió reconocer la alícuota por dicho periodo,
para lo cual aportaba certificación de revisor fiscal como soporte de la procedibilidad de
la deducción por la alícuota de la depreciación del período 2011.
Por último, estimó que no incurrió en los supuestos fácticos del artículo 647 del ET para
la procedencia de la sanción y, seguidamente aseveró que hubo una diferencia de
criterios, en tazón a que la autoridad la consideró contribuyente del régimen tributario
especial, no obstante ser no contribuyente del impuesto sobre la renta.
Contestación
La demandada se opuso a las pretensiones (índice 15 de Samai)1. Argumenta que
conforme a los artículos 22 y 23 del ET, los estados financieros de la demandante y el
certificado de existencia y representación legal, es una corporación sin ánimo de lucro
(art. 19 ET), cuyo Rut revelaba que pertenecía al régimen tributario especial y era
responsable en IVA y en retención en la fuente y la exención prevista para entidades
universitarias no puede interpretarse extensivamente, porque la asociación que de esas
entidades se hace da como resultado una persona jurídica distinta, con naturaleza y
objeto diferente, regida por el derecho privado.
Respecto del cargo relativo a la inaplicación del precedente judicial aplicable, expuso
que al tenor de lo anterior, la actora pertenece al régimen tributario especial en renta y
frente a la extensión de las prerrogativas de las entidades públicas que se asocian,
aclaró que el debate era la adición de ingresos que no fueron declarados, como tampoco
reinvertidos en el objeto social, lo que llevaba a tenerse como una renta gravable a la
tarifa especial del 20% y que indistintamente de la clasificación como contribuyente en
1 Formuló la excepción de indebido agotamiento de la actuación administrativa frente al cargo de extemporaneidad
en la notificación del requerimiento especial, la adición de ingresos y el rechazo de la deducibilidad, que no fueron
planteadas ni en la respuesta al acto preparatorio ni el recurso. El tribunal desestimó este medio exceptivo, mientras
que esta corporación, en auto del 29 de agosto de 2019 (exp. 23655, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), revocó
parcialmente la decisión, en consideración a que hubo un indebido agotamiento de la actuación administrativa frente
al cargo de extemporaneidad en el acto preparatorio, único aspecto apelado de la providencia que negó la excepción.
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razón de su naturaleza jurídica, debía cumplir con las obligaciones fiscales de declarar
y pagar los tributos a cargo, porque el beneficio a la entidad pública no aplicaba a las
asociaciones.
Sumado a ello, que no desconoció el precedente porque la fiscalización no recayó en el
IVA por el servicio de educación, en cuyo evento los integrantes y la asociada prestarían
el mismo servicio excluido del tributo, pero en cambio lo revisado en la declaración versó
sobre las cifras consignadas por la contribuyente del régimen especial en renta y no
frente a los ingresos declarados por cada una de sus integrantes.
Seguidamente, defendió que la notificación de la inspección tributaria permitió que el
requerimiento especial fuera oportuno. Respecto del cargo por adición de ingresos,
insistió en que sobre ello hubo indebido agotamiento de la actuación administrativa,
porque la demandante no cuestionó esos aspectos en sede administrativa; pero que, en
todo caso, en las notas de los estados financieros hubo ingresos no operacionales por
$97.091.361 que correspondieron a vínculos comerciales de la actora asociados a
inversiones en cuotas o partes de interés social y derechos fiduciarios por una inversión
del valor de $366.654.681, por lo que en la investigación se dedujo que el monto
declarado por valor de $91.473.515 obedeció a rendimientos por tal inversión; empero,
expuso que también se comprobó la contabilización de intereses y de retenciones en la
fuente sobre pagos efectuados por entidades financieras respecto de inversiones, lo
cual afectaba cuentas del activo sin reflejarse la contabilización del ingreso, lo que llevó
a la adición de ingresos en el monto de $450.872.804, por lo que contradije que la única
prueba que sustentara tal adición haya sido la certificación bancaria a la que alude la
parte demandante, sumado a que esos ingresos eran propios de la contribuyente, ya
que, en materia fiscal, los ingresos corresponden a quienes figuran como titulares de
las inversiones que los originan.
Además, expuso que, al tenor del artículo 790 del ET, quien alegue que un activo
poseído pertenece a un tercero debe demostrarlo y así no lo hizo la actora a lo largo de
la investigación administrativa, aunque contabilizó a su nombre la totalidad de las
inversiones y era su carga probatoria acreditar que estas pertenecían de terceros, como
también los rendimientos.
En lo atinente al gasto tomado por depreciación, afirmó que no se logró probar el
cumplimiento de los requisitos de deducibilidad ni tampoco fueron justificados dentro del
recurso de reconsideración los hechos, pruebas y fundamentos jurídicos que
sustentaron la glosa en la liquidación oficial de revisión, por lo que ratificó su posición
de indebido agotamiento. Al respecto, señaló que se trató del rechazo de una deducción
por depreciación declarada en el monto de $337.136.000, sobre el cual la demandante
precisa que dentro de tal cifra se involucraba la alícuota de depreciación del período
2011 por valor de $116.134.468; sin embargo, estimó que esto era un hecho nuevo de
la actora porque no probó durante la actuación los requisitos para su procedencia y al
recurrir la liquidación demandada no desvirtuó los hechos y pruebas contra ella aducidas
y la cuantía de la alícuota que sostiene la demandante pertenecer al período revisado
no fue alegada en la respuesta al acto preparatorio ni con el recurso de reconsideración;
contrario a ello, cuando se adelantó la inspección tributaria se le requirió para que
presentara los cálculos de la depreciación que sustentaría el valor declarado y se
concedió plazo para ello, tras lo cual se pidió que se extendiera por tres meses, empero
no se logró determinar el cumplimiento de los artículos 128, 131, 134, 136 y 141 del ET
y se desconoció la señalada suma declarada por deducción por depreciación.
Finalmente, estimó procede la sanción por inexactitud del artículo 647 ET, habida cuenta
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de que se omitieron ingresos y se incluyeron deducciones improcedentes que
generarían un menor impuesto a pagar y, adujo que las sanciones reguladas en el
estatuto eran administrativas de naturaleza objetiva.
Sentencia de primera instancia
El tribunal anuló los actos demandados (índice 2 de Samai). Luego de hacer referencia
a la previsión constitucional que regula la existencia de organismos autónomos (art. 113
CP), así como a algunas disposiciones de la Ley 489 de 1998 (arts. 39 y 40), a la Ley
30 de 1992 y a la sentencia del Consejo de Estado en del 07 de noviembre de 2012
(exp. 18438, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia), en consonancia con la sentencia
C-671 de 1999 de la Corte Constitucional, señaló que se encontraba acreditado en el
proceso que, la demandante era una asociación de entidades públicas, sin ánimo de
lucro, de carácter gremial y académico que, en tal carácter tenía las mismas
prerrogativas de las entidades que la integraban, de manera que la normativa aplicable
eran los artículos 22 y 23 del ET en lo referido a «establecimiento oficial
descentralizado» (carácter que atribuyó a la actora), y a instituciones de educación
superior sin ánimo de lucro.
Así, concluyó que se evidenciaba la infracción de las normas en que debían fundarse
los actos y falsa motivación, en cuanto los actos se fundaron en el artículo 19 del ET,
norma que a su juicio no le era aplicable.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión (índice 2 de Samai). Argumentó que la actora informó
en su Rut la condición de pertenecer al régimen tributario especial en renta, entre otras
obligaciones fiscales, en línea con lo cual, presentó su declaración de renta del período
2011. También señaló que, el artículo 19 del ET especificaba las entidades
pertenecientes al régimen tributario especial, dentro de las que se encontraban las
asociaciones sin ánimo de lucro. Advirtió que el artículo 23 ibidem señalaba
taxativamente las entidades no contribuyentes, dentro de las cuales se incluían las
entidades de educación superior aprobadas por el ICFES, más no las asociaciones,
creadas para colaborar con las funciones administrativas o para prestar servicios, como
la entidad Sueje, de manera que no era posible extenderle tal tratamiento.
En el mismo orden adujo que, no era entendible la postura de la Sala al indicar que la
sentencia del Consejo de Estado en que se fundamentó́ la decisión, hacía extensiva la
calificación de “sujetos no contribuyentes de renta a las asociaciones de universidades
públicas” pues esto desborda la interpretación gramatical de los artículos 22 y 23 del
E.T., cuando es claro que la norma no lo señala.
Manifestó que sin bien la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 95 de
la Ley 489 de 1998, esa declaratoria estaba referida a la naturaleza de las asociaciones
de universidades públicas, y no respecto de si son o no contribuyentes, y/o si las
prerrogativas de las universidades públicas deben ser extensibles a ellas. Por lo tanto,
el Consejo de Estado desborda su facultad al otorgar de manera extensiva calificaciones
como (no contribuyentes) o beneficios a las asociaciones de universidades por el simple
hecho de que guarda identidad en la naturaleza, con las universidades públicas.
Igualmente precisó que, los beneficios en materia tributaria deben estar expresa y
directamente determinados en la norma, y que atendiendo el texto de los artículos 22 y
23 del ordenamiento tributario, la actora no se encontraba calificada como no
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contribuyente, de manera que el «operador judicial» no podría atribuirle esa calidad.
Así, debía acudirse al artículo 19 ídem, el cual determina que las entidades sin ánimo
de lucro son sujetos obligados en el impuesto a la renta.
Respecto de las glosas, aseguró que la deducción de la depreciación se rechazó por la
falta de prueba en sede administrativa del cumplimiento de los requisitos para su
procedencia y que la sanción por inexactitud era procedente porque omitió ingresos no
declarados y por incluir costos y deducciones inexistentes, que derive en un menor valor
del impuesto, de manera que se configuraba la inexactitud sancionable del artículo 647
del ET.
Por último, calificó como apresurada la decisión del Tribunal al ubicar la actora, en las
excepciones de los artículos 22 o 23 del Estatuto Tributario, puesto que resulta
incoherente afirmar que no es declarante de renta y declarar en firme el denuncio
tributario, puesto que estaba demostrado que era contribuyente del impuesto a la renta
y complementarios, bajo los lineamientos propios del artículo 19 ejusdem.
Pronunciamientos finales
La actora se opuso a los argumentos de la parte apelante, sostuvo que el tribunal definió
acogiendo el precedente. Agregó que el artículo 22 del ET calificó como no
contribuyentes del impuesto sobre la renta, a los establecimientos públicos y las
entidades oficiales descentralizadas, y que las prerrogativas de las universidades se
proyectan para la asociación de estas (índice 12 de Samai).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos de apelación
formulados por la demandada contra la sentencia de primera instancia que anuló los
actos administrativos demandados. En concreto, corresponde establecer si, como lo
aduce la apelante, la demandante es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, en la
medida en que es una persona jurídica distinta de los entes universitarios, no
comprendida en los artículos 22 y 23 del ordenamiento tributario. De resolverse
favorablemente este planteamiento, la Sala analizará los cargos de fondo que replica la
demandante en contra de las glosas.
La apelante sostiene que la demandante, tal como lo informó en su Rut, pertenece al
régimen tributario especial en renta, de acuerdo con lo regulado en el artículo 19 del ET,
al ser una asociación con personería jurídica sin ánimo de lucro, la cual no se encuentra
incluida en el artículo 23 ídem, como sí los están las entidades de educación superior
aprobadas por el Icfes que la integran; de manera que enfatizó que el beneficio aplicable
a cada una de las universidades, no era extensible para la demandante.
En ese orden de ideas, planteó que el precedente de la Sección Cuarta invocado en la
sentencia apelada (sentencia del 07 de noviembre de 2012, exp. 18438, CP: Martha
Teresa Briceño de Valencia) desborda la interpretación gramatical de los artículos 22 y
23 del ET, cuando claramente la norma no lo señala. Igualmente señaló que, el fallo de
constitucionalidad C-671 de 1999 que también se indicó por el tribunal estudió el artículo
95 de la Ley 489 de 1998 respecto de la naturaleza de las asociaciones de
universidades públicas, pero no versó sobre si eran o no contribuyentes del impuesto
sobre la renta y si las prerrogativas de las universidades públicas le eran extensibles. A
partir de ello, aseveró que el precedente excedió la facultad judicial al otorgar de manera
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Demandante: Sueje
extensiva calificaciones como no contribuyentes o beneficios a las asociaciones como
la actora.
Igualmente precisó que, los beneficios en materia tributaria deben estar expresa y
directamente determinados en la norma, y que acorde con los artículos 22 y 23 del
ordenamiento tributario, la actora no se encontraba calificada como no contribuyente,
de manera que no podría atribuirle esa calidad. Así, debía acudirse al artículo 19 ídem,
el cual determina que las entidades sin ánimo de lucro son sujetos obligados en el
impuesto a la renta.
Por su parte, el tribunal consideró que la demandante, en su condición de asociación
de universidades públicas, gozaba de las mismas prerrogativas de las entidades que la
conforman, entonces la normativa aplicable eran los artículos 22 y 23 del ET referido a
«establecimiento oficial descentralizado» como la actora, así como instituciones de
educación superior sin ánimo de lucro.
2- Con miras a desatar la contienda, debe observarse que los artículos 22 y 23 del ET,
en la versión vigente para la época de los hechos, determinan taxativamente los tipos
de entidades que no se consideran contribuyentes, el primero relaciona algunos
organismos que componen la estructura del Estado como sería el caso, entre otros, de
los establecimientos públicos y «demás establecimientos oficiales descentralizados»
siempre que la ley expresamente no los señale como contribuyentes. A su turno, el
artículo 23 ET determina taxativamente otras entidades no contribuyentes del
mencionado tributo, entre ellas, las instituciones de educación superior aprobadas por
el Icfes que sean constituidas como personas jurídicas sin ánimo de lucro, sin aludir a
la naturaleza pública o privada de la respectiva institución.
En relación con el artículo 22 del Estatuto Tributario, en lo que interesa a este proceso,
cabe destacar que bajo el escenario de la regulación de la estructura del Estado de
aquella época en la que fue incorporada la regulación de no sujeción del impuesto sobre
la renta para los establecimiento públicos y entidades descentralizadas (artículo 4º Ley
81 de 1960) resulta pertinente mencionar que mediante la reforma administrativa
adoptada mediante los decretos 10502 y 3130 de 19683; se determinaban como
organismos del nivel descentralizado de la administración, los establecimientos
públicos, empresas industriales y comerciales del Estado (en adelante, EICE) y las
sociedades de economía mixta. Ahora bien, el artículo 4.° del Decreto 3130 de 1968
autorizaba la creación de organismos descentralizados indirectos.
Con ocasión de la Constitución de 1991, se determinó que además de los órganos que
integran las ramas del poder público, existían otros autónomos e independientes para
el cumplimiento de las demás funciones del estado, y en consonancia con tal previsión
y el artículo 69 constitucional, la Ley 30 de 1992 (servicio público de la educación
superior), estableció en su artículo 57 que las universidades estatales u oficiales deben
organizarse como entes universitarios autónomos con régimen especial, y que «[l]as
instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de
universidad según lo previsto en la presente Ley, deberán organizarse como
establecimientos públicos del orden nacional, departamental, distrital o municipal»
(subraya la Sala). En armonía con esto, la Ley 489 de 1998 estableció las entidades y
organismos estatales sujetos a régimen especial, entre ellos, los entes universitarios
autónomos (art. 40 ídem); todo esto, pone de presente que las universidades públicas
no integran la rama ejecutiva del nivel central, ni descentralizado.
2 Este relativo a las normas generales para la reorganización y el funcionamiento de la administración nacional.
3 Estatuto orgánico de las entidades descentralizadas del orden nacional.
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Demandante: Sueje
Consistente con lo anterior, la Corte Constitucional ha puntualizado, en torno al
tratamiento legal aplicable a los entes universitarios autónomos, que estos no se ubican
«dentro de la administración central o descentralizada, pues como lo ha precisado la
jurisprudencia de esta Corporación, las universidades estatales por su carácter de entes
autónomos no conforman ninguna de las ramas del poder ni pueden formar parte de la
administración nacional» (sentencia C-121 de 2003). En ese mismo sentido, la
sentencia constitucional C-220 de 1997 indicó que este tipo de entidades autónomas no
están sometidas al control de tutela que se ejerce sobre los establecimientos públicos y
sobre «las entidades y autoridades descentralizadas, tanto territorialmente como por
servicios». Igualmente, resulta oportuno remitirse a los pronunciamientos de las
sentencias C-1019 de 2012 y C-589 de 1997 de la Sala Plena de esa corporación,
conforme con las cuales se «advirtió que la participación de miembros del Gobierno
nacional o local en los consejos superiores de las universidades oficiales no significa
que estas “hagan parte de la administración central o descentralizada, o se conviertan
por ello en órganos dependientes y bajo el control de tutela del Estado”».
Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta judicatura conceptuó que «[s]i
bien es cierto los entes universitarios autónomos comparten varias de las características
de las entidades descentralizadas del orden nacional, tales como personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, no es menos cierto
que difieren en otras, como no estar sujetas al control de tutela, el proceso de creación,
la configuración del régimen laboral, amén que, por no pertenecer a la rama ejecutiva
del poder público, sino constituir órganos autónomos e independientes por mandato
constitucional, no resulta dable asignarles el carácter de entidades descentralizadas,
concepto que está restringido a personas jurídicas que integran la rama ejecutiva del
poder público».
Conforme con lo anterior, a partir de la nueva legislación incorporada en vigencia de la
Carta, las universidades públicas no tendrían la naturaleza ni de establecimiento
público, ni de organismos descentralizados, son entes autónomos universitarios con
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio
independiente, potestades para elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las
funciones que les correspondan, organización y elección de directivas, del personal
docente y administrativos, el régimen financiero, de contratación y control fiscal.
Ahora bien, es cierto que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 autoriza la asociación
entre entidades públicas -dentro de ellas, entidades autónomas universitarias- y tal
asociación daría como resultado personas jurídicas sin ánimo de lucro, sin embargo, la
nueva persona jurídica no tendría la categoría de entidad descentralizada, pues no
siquiera las entidades que individualmente la conforman detentan tal calidad, como fue
analizado en precedencia, ni siquiera tendría el carácter de ente universitario autónomo,
comoquiera que esto está reservado para las universidades de educación superior,
connotación que no tiene la persona jurídica resultante de la asociación.
En línea con lo anterior, el señalamiento de la Corte Constitucional efectuado con
ocasión del estudio de exequibilidad del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, mediante
sentencia C-671 de 1999, en el sentido que «… la disposición en estudio solo podrá
considerarse ajustada a las normas superiores cuando la asociación surgida se sujete
al mismo régimen que, en consonancia con la naturaleza de las entidades participantes
y el régimen propio de función administrativa o de servicio público a su cargo hubiere
señalado la ley de creación o autorización de estas… el ejercicio de las prerrogativas y
potestades públicas, los regímenes de los actos unilaterales, de la contratación, los
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controles y la responsabilidad serán las propios de las entidades estatales según lo
dispuesto en las leyes especiales sobre dichas materias», no estaba referido a tópicos
de naturaleza diferente a la de las entidades públicas, como los temas fiscales, entre
otras razones porque tal aspecto no fue objeto de regulación por parte de la ley 489 de
1998.
Respecto de la sentencia del 07 de noviembre de 2012 (exp. 18438, CP: Martha Teresa
Briceño de Valencia), con base en la cual se sustentó la providencia de primer grado,
se advierte que para la Sala no constituye un precedente para para el caso sometido a
análisis, comoquiera que fue proferida para un impuesto diferente al que nos ocupa,
materia en la cual, es regulada la sujeción pasiva de manera taxativa.
3- Teniendo presente todo lo anterior la Sala advierte que, mediante la Escritura Pública
nro. 1971, del 26 de septiembre de 2000, se constituyó la corporación de universidades
públicas del eje cafetero para el desarrollo regional -Alma Mater-, integrados por las
universidades públicas de Caldas, del Quindío, Tecnológica de Pereira, del Tolima. Este
acto señaló que la naturaleza jurídica de esta entidad debía «materializarse en un ente
autónomo, de las características de una corporación sin ánimo de lucro, como una
persona jurídica de carácter académico que agrupa a los entes universitarios que
representamos, que regirá por las normas del derecho privado, gozará de autonomía
presupuestal, administrativa y financiera y estará vinculada a las universidades
fundadoras y sujeto a estas mediante la tutela administrativa» (índice 2 de Samai).
En su objeto social, esta entidad estaba dirigida a: 1. emprender acciones coordinadas
para desarrollar proyectos, planes y programas de docencia, investigación y extensión
en todos los campos del saber. 2. Realizar actividades de consultoría, estudios, asesoría
y prestación de servicios académicos con entidades públicas o privadas de cualquier
nivel. 3. Celebrar contratos y convenios para la realización de su objeto social, con
sujeción a las normas del derecho privado …. 7. Facilitar el intercambio de estudiantes,
profesores y empleados administrativos entre los asociados en la modalidad de
pasantías, transferencias, comisiones, intercambios y demás modalidades que
correspondan con los intereses institucionales de la corporación … y de cada uno de
sus asociados. 9. Servir de instrumento de integración universitaria … y contribuir a la
identificación, formulación y ejecución de planes de desarrollo universitario
mancomunados para los asociados. 10. Colaborar en la formulación de la política
pública en materia regional y en la educación superior colombiana (índice 2 de Samai).
En el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Pereira indica que la demandante se encuentra en el libro de registro de
entidades sin ánimo de lucro y, de igual forma, se observa que su objeto social es
coincidente con el del documento de constitución, antes transcrito.
Igualmente, obra en el expediente la actualización del Rut efectuada el 22 de julio de
2016, con base en el cual se observa que la actora mantiene su calificación de
pertenecer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta (código 04).
Obran igualmente algunas copias de liquidaciones de contratos y convenios
interadministrativos celebrados entre la demandante, el Ministerio de Educación
Nacional y otras entidades territoriales, relativos a ejecución de proyectos de
infraestructura escolar en el departamento del Quindío; acompañamientos para
fortalecer las fases de fiscalización del proyecto de fortalecimiento de educación técnica
y tecnológica; apoyo al ministerio en el desarrollo de las actividades del proyecto de
educación para el trabajo y el desarrollo humano; contrato de gerencia de proyectos de
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interventoría obra pública en el municipio de Castilla La Nueva, Meta (tomo 23 índice 2
de Samai).
4- De conformidad con lo analizado en precedencia, la Sala constata que al tenor de la
normativa aplicable y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la entidad
conformada por entes autónomos universitarios no es un establecimiento público, como
tampoco una entidad del orden descentralizado, naturaleza que ni siquiera detentan los
entes autónomos universitarios, que la conforman. Tampoco tiene esta entidad la
calidad de ente universitario autónomo, conforme se desprende de los contratos y
convenios interadministrativos suscritos, por lo cual, no se enmarca en los artículos 22
y 23 del ET, como sí se enmarca en el artículo 19 ibidem que regula el régimen tributario
especial, por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, categoría en la cual se clasificó
la propia actora y conforme con la cual estuvo cumpliendo sus deberes formales y
sustanciales.
Por todo lo expuesto, prospera el cargo de apelación.
5- Dado que prosperó la apelación la Sala entrará a analizar las glosas propuestas por
la Administración, conforme con los cargos de la demanda, que no fueron analizados
por el a quo, estos son: (i) Si la inspección tributaria practicada, tuvo la virtualidad de
suspender el término para notificar el requerimiento (ii) improcedencia de la adición de
rendimientos financieros, (i) procedencia del gasto por depreciación correspondiente al
año 2011, y (iv) si había lugar a imponer la sanción de inexactitud.
Previamente debe advertirse que, la actora no cuestionó en la demanda el rechazo
parcial de la renta exenta que inicialmente fue declarada por valor $521.204.000, pese
a que la demandada la disminuyó a $489.871.000, por lo que este aspecto no hará parte
del estudio. Asimismo, la Sala no se ocupará de los cargos de nulidad asociados a la
firmeza de la declaración tributaria, por la presunta extemporaneidad del requerimiento
especial, en tanto, esta corporación determinó en providencia de segunda instancia, que
se había configurado inepta demanda, por indebido agotamiento de la sede
administrativa, respecto de ese cargo de nulidad (auto del 29 de agosto de 2019, exp.
23655; CP: Julio Roberto piza Rodríguez).
5.1- Respecto de la diligencia de inspección tributaria decretada por la demandada,
cuestiona la demandante que: (i) el artículo 779 del ET no establece un término de
duración de la inspección tributaria, pero a la luz de la jurisprudencia, dicha diligencia
estaría limitada por el vencimiento del término de la firmeza de la declaración tributaria
que, en principio, coincide con el contemplado para notificar el requerimiento especial;
de manera que su práctica no podía extenderse más allá de la firmeza, y para el caso,
la inspección se extendió hasta el 30 de junio de 2014, es decir, por fuera de la firmeza
de la declaración tributaria que, señala operó el 19 de abril de 2014; y por esto, las
pruebas recolectadas carecían de validez al tenor del artículo 29 constitucional; (ii) la
demandada acudió a esta diligencia, con una finalidad diferente a la del ordenamiento,
esto es, ampliar el plazo de notificación del requerimiento especial, con desviación de
poder, pues fue ordenada en auto del 26 de marzo de 2014, un año y diez meses
después de la apertura del expediente administrativo, casi seis meses después de la
última actuación y a “escasos” veintidós días del término de firmeza de la declaración.
La contraparte cuestionó que este reparo no fue planteado en sede administrativa, pero
además, defendió que la notificación de la inspección tributaria suspendió el término
para notificar el requerimiento especial, de manera que este fue oportuno,
específicamente, indicó que esta se llevó a cabo el 31 de marzo de 2014 (antes del 19
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de abril de 2014-firmeza) y finalizó el 30 de junio de ese mismo año.
En orden a dilucidar el cuestionamiento así planteado, partirá la Sala de advertir que el
efecto de suspender el término para notificar el requerimiento especial, a partir de la
notificación del auto que la decrete, por un lapso de tres meses, cuando la diligencia es
oficiosa, fue consagrado por la ley (artículo 706 ET), sin condicionar tal circunstancia a
que la diligencia se practicara dentro del término original de firmeza, como lo pretende
la parte actora, en tanto, la notificación de la decisión de practicar la inspección, impide
la consolidación de la caducidad de la potestad de gestión de la autoridad para revisar
el denuncio tributario, se suspende el cómputo del término de «firmeza» de la
declaración, reanudándose tras la culminación de los tres meses previstos legalmente
para el efecto.
Entonces, si bien en principio la liquidación privada adquiría firmeza el 19 de abril de
2014, la notificación de la inspección tributaria efectuada el 31 de marzo de 2014 (fecha
no controvertida por la actora) suspendió el plazo de notificación del acto preparatorio,
y tras la finalización de la diligencia de inspección el 30 de junio de 2014, se reanudó el
cómputo del tiempo faltante (diecinueve días), para que operara la firmeza de la
declaración, lo que culminaba el 19 de julio, de manera que la notificación del
requerimiento especial realizada el 15 de julio de 2014 (índice 2 de Samai), fue
tempestiva.
Respecto de la argumentación de la actora, en el sentido de que la finalidad de la
inspección tributaria fue la ampliación del término para notificar el requerimiento
especial, lo cual sustentó en que la diligencia fue decretada tardíamente, en
consideración a la fecha de apertura de la investigación, y a “escasos” días de que se
configurara la firmeza; no encuentra la Sala que esto haya configurado una desviación
de poder, como se cuestiona en la demanda, puesto que la Administración actuó dentro
del término legalmente previsto para el efecto, practicó la diligencia, recaudando las
pruebas que consideró pertinentes para la investigación, todo lo cual se ajusta al
ordenamiento jurídico.
No prospera el cargo.
5.2- Frente a los ingresos no operacionales adicionados por la demandada en cuantía
de $450.873.000, se advierte que a partir de las retenciones en la fuente reportadas por
la actora con ocasión de un requerimiento ordinario de información por valor de
$31.442.662.98, la Autoridad cruzó las entidades financieras que practicaron y
certificaron tales retenciones, encontrando que correspondía a rendimientos financieros
($256.712.654 de Bancolombia y $194.160.150 de Sudameris-tomo 24, índice 2 de
Samai), los cuales no fueron declarados por la actora, pese a haberse descontado las
retenciones en la fuente.
La actora durante su intervención en sede administrativa se redujo a sostener que no
era «contribuyente» del impuesto sobre la renta, al tenor de los artículos 22 y 23 del ET,
mas no cuestionó la adición de los ingresos por rendimientos financieros, esto solo lo
efectuó en la instancia judicial, argumentando una aplicación indebida de la normativa
y falsa motivación de los actos, por cuanto se trataba de ingresos de terceros; en su
criterio no resultaba suficiente prueba las certificaciones financieras que dieron cuenta
de estos intereses, sobre los cuales se aplicó retención en la fuente. Explicó que aunque
estos estaban a su nombre, debía reintegrarlos, junto con los dineros restantes al
finalizar la ejecución, en virtud de los convenios y contratos celebrados con diversas
entidades públicas que suministraban los recursos con ese compromiso, por lo que
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contablemente se registraban a nombre de las entidades beneficiarias, a quienes se les
transfería, para lo cual aportó certificación de revisor fiscal con la relación de los
rendimientos.
Al respecto, la demandada en su contestación cuestionó que tales reproches no fueron
efectuados durante la actuación administrativa, por lo que hubo un indebido
agotamiento en sede administrativa (esta excepción fue desestimada por el tribunal en
la audiencia inicial, y al no ser recurrida por la demandada, cobró ejecutoria). Igualmente
señaló que non era aceptable la argumentación en torno a que no se trataba de ingresos
propios, por cuanto la actora era la titular de las inversiones. Dijo también que acorde
con el artículo 790 del ET si se aducía que un activo se tenía a nombre de un tercero,
debía probarlo, lo cual no ocurrió; además señaló que si los registró contablemente
debió declararlos.
Así, le corresponde a la Sala establecer si era o no procedente la adición de los ingresos
por rendimientos financieros.
5.3- Obra en el expediente certificado de revisor fiscal del 25 de julio de 2016, que hace
constar que la contabilidad de la demandante es llevada en debida forma, sus libros
contables se encuentran debidamente registrados ante la autoridad competente, están
respaldados por comprobantes internos y externos, reflejan la situación financiera de la
entidad, no han sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos, ni la
actora se encuentra en circunstancias del artículo 74 del C de Co. Seguidamente señala
que la suma de $399.797.363.08 no eran ingresos propios de la compañía.
Acorde con el monto certificado, observa la Sala que la demandante reconoce como
ingresos propios parte de la cifra adicionada ($51.076.000), pues el valor que se
pretende hacer valer como de terceros en el certificado, asciende a $399.797.363.08
del monto glosado en cuantía de $450.873.000.
Ahora bien, el revisor fiscal metodológicamente relacionó las cifras de rendimientos
financieros de forma separada, atendiendo a la entidad financiera que los reconoció
para lo cual identifica en su certificación cuadros nros. 1 (el correspondiente a los
rendimientos por valor de $180.738.662.89) y 2 (consistente en rendimientos por
$219.058.700.19), respecto de los cuales señaló con identidad de expresiones que las
cifras discriminadas en tales cuadros: «relacionan consignaciones y transferencias de
rendimientos financieros efectuados durante el año 2011 … a favor de las entidades allí
mencionadas, con quienes Sueje celebró convenios o contratos … forma parte de la
presente certificación y corresponde a la información tomada de la contabilidad de la
entidad que se encuentra debidamente soportada en comprobantes internos y
externos» (índice 2 de Samai).
Además, el revisor fiscal, en lo atinente a los rendimientos financieros por valor de
$219.058.700.19 enunciados en el cuadro 2 de la certificación, precisó que «[e]n esta
forma se demuestra que del valor de los rendimientos financieros que la DIAN consideró
como ingresos propios de Sueje por el año gravable 2011, la suma de $219.058.700.19
corresponden a ingresos recibidos para terceros, pendientes de pago a las entidades
financieras …». A continuación, los cuadros están compuestos por columnas que
indican la entidad presuntamente perceptora de los rendimientos financieros, el
convenio suscrito con la actora, fecha de contabilización, comprobante de
contabilización, valor de los rendimientos, comprobante de reintegro y el valor de
reintegro.
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Si bien la certificación de revisor fiscal constituye prueba para efectos tributarios,
conforme al artículo 777 del ET, bajo las reglas de sana crítica la información certificada
no ofrece certeza para acreditar que los rendimientos fueron recibidos para terceros.
Sobre el particular se echa de menos el señalamiento de la contabilización, que
evidencie el reconocimiento de un pasivo, como correspondería, súmese a ello, que en
parte alguna se explica las razones por las que la actora debía trasladar los rendimientos
derivados de los recursos recibidos como contratista, en desarrollo de los convenios
suscritos.
De hecho, al cotejarse uno de los convenios interadministrativos relacionado en la
certificación del revisor fiscal, el nro. 2009-147, suscrito entre la actora y el municipio
de Castilla La Nueva, Meta, contra el acta de liquidación de ese convenio, obrante en el
tomo 23 del expediente administrativo del 04 de marzo de 2011, en el cual se identifica
a la demandante como contratista y cuyo objeto contractual consistía en: «interventoría
técnica, administrativa y financiera para la optimización de redes de alcantarillado y
aguas lluvias en el casco urbano del municipio de Castilla La Nueva, en desarrollo del
proyecto 2008501500046, no hay evidencia alguna de que la actora tenga la obligación
de restituir suma alguna.
En efecto, el detalle de la liquidación que se identifica como «balance financiero del
anexo» expresamente identifica los montos pagados por anticipos a la contratista, el
valor total del contrato y la comprobación de que fue ejecutado en su totalidad, además
de que el municipio adeudaba a la actora la suma de $12.993.742.50, sin que hubiere
saldo a favor del municipio, pues en dicha casilla se explicitó la cifra de $0 (índice 2 de
Samai). Agréguese que tampoco se observó en el convenio una cláusula en la que se
pactara la devolución de recursos provenientes de rendimientos financieros
Lo propio se concluye respecto del acta de liquidación del contrato interadministrativo
con el Ministerio de Educación Nacional nro. 1253 de 2009 [acta que no tiene fecha], el
cual tenía como objeto contractual el desarrollo de proyectos de infraestructura escolar
en el departamento del Quindío, pues en la liquidación efectuada, se identificó que hubo
un monto no ejecutado dentro del valor total del contrato por la suma de $67.950.888;
sin que se evidencie compromiso de restitución de rendimientos financieros generado
pro recursos entregados a la actora (tomo 23, índice 2 de Samai).
5.4- Ahora bien, si se trataba de recursos de terceros, resulta inexplicable e
inconsistente que la actora haya detraído las retenciones en la fuente que fueron
practicadas sobre los correspondientes rendimientos financieros, que alega pertenecer
a terceros, en su denuncio de renta del período 2011.
Por lo expuesto, no prospera el cargo de la demanda.
6- Procede la Sala a analizar el rechazo de la deducción por depreciación por valor de
$337.136.000.
A estos efectos se advierte que la nota 2.5 de los estados financieros aprobados en el
Acta 34 del 20 de marzo de 2011 por el consejo directivo de la compañía, se señala que
como la actora no había tomado la depreciación de años anteriores por un concepto
técnico, se incluyeron en el año 2011 (tomo 24, índice 2 de Samai).
Aunque la demandada requirió a la actora para que presentara el cálculo de la
depreciación teniendo en cuenta la alícuota del período 2011 y no la de ejercicios
anteriores, la demandante no lo hizo en el plazo concedido tras el requerimiento, pues
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consideró requerir tres meses para el efecto. Al igual que sucedió respecto de la glosa
anterior, la actora no cuestionó este rechazo, sino que se circunscribió a señalar que no
era «contribuyente» del impuesto sobre la renta.
Por su parte la demandada cuestionó el indebido agotamiento en sede administrativa,
pero se reitera que el tribunal desestimó esa excepción, lo que al no ser impugnado por
la demandada cobró ejecutoria.
La actora sostuvo en la demanda que, el rechazo de la deducción del gasto por
depreciación no tuvo en cuenta la alícuota a la que tenía derecho sobre el año gravable
2011, para lo cual aportó certificación de revisor fiscal que da cuenta de un gasto por
depreciación por valor de $116.134.468 para el período 2011, lo cual no fue
controvertido por la Administración en la contestación de la demanda, solo se señala en
la apelación que el rechazo obedeció a que no se logró probar en sede administrativa
el cumplimiento de los requisitos para su procedencia, y que es nuevo el planteamiento
relativo a que en el monto rechazado comprendía la alícuota correspondiente al año
investigado, además reprochó que el certificado solo fue allegado en la instancia judicial,
pese a que le fueron solicitados desde la inspección tributaria.
Sobre este particular se advierte que, el rechazo de la depreciación tuvo como origen la
revelación de los estados financieros, relativa a que la actora tomó en el año gravable
2011 gasto por depreciación correspondiente a ejercicios anteriores, de manera que no
provino de un específico cuestionamiento del gasto correspondiente al año revisado
por la Administración, solo que, la falta de presentación de los cálculos que le fueron
requeridos a la actora, determinó el rechazo de la totalidad del gasto por depreciación
que se había tomado como deducción en cuantía de $337.136.000.
Respecto del reproche de apelación en el sentido de que la actora no probó en sede
administrativa y que solo en esta instancia allegó el certificado, se reitera el criterio de
la sección, en el sentido de la procedencia de allegar pruebas en la instancia judicial, y
e consecuencia procederá a la valoración de la prueba que fue aportada a fines de
acreditar la alícuota de depreciación correspondiente al año gravable 2011.
Es así como se observa que el certificado de revisor fiscal, a más de dar cuenta de que
la contabilidad es llevada en debida forma, del registro de los libros contables y de la
existencia de comprobantes internos y externos, presenta detalladamente (cuadro nro.
3) la relación de los activos depreciables de la actora (equipo de cómputo y muebles y
enseres), con la indicación del nombre, código, descripción, fecha de compra, valor
histórico, año, alícuota de depreciación y comprobante de contabilidad de su registro, a
partir de lo cual certifica como gasto del año la suma de $116.134.468.
Considerado el saldo inicial de los activos reflejados en el balance de prueba, las
adquisiciones reportadas del año 2011, así como los criterios para la depreciación que
señalan las notas a los estados financieros (método de línea recta, vida útil probable de
los activos a las tasas anuales del 20% para los equipos de computación y 10% para
maquinaria y equipo de oficina), para la Sala resulta procedente el reconocimiento del
gasto por depreciación en la alícuota correspondiente al año gravable 2011 por valor de
$116.134.488, atendida la razonabilidad del monto certificado, el que por demás, no fue
controvertido por la Administración, ni en la contestación de la demanda, ni en la
apelación.
Prospera el cargo de la demanda.
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7- Finalmente, procede la Sala con el estudio de la sanción de inexactitud, cuya
exoneración pretende la demandante, bajo el entendido de que no incurrió en los
supuestos fácticos del artículo 647 del ET para la procedencia de la sanción y, al mismo
tiempo porque entiende que se configuró una diferencia de criterios, porque la autoridad
la consideró contribuyente del régimen tributario especial, no obstante ser no
contribuyente del impuesto sobre la renta.
Acorde el artículo 647 del ET, son conductas sancionables, entre otras, la inclusión de
costos, gastos o deducciones improcedentes, a menos que concurra alguna
circunstancia constitutiva de un error de apreciación sobre el derecho aplicable (que no
sobre los hechos del caso) que actúe como causal de exoneración punitiva. En el caso
enjuiciado pudo establecerse que el actor incurrió en omisión de ingresos por concepto
de rendimientos financieros e incluyó deducciones parcialmente improcedentes, e
inclusive, se observó que la autoridad rechazó una porción de la renta exenta declarada-
que no fue objeto de censura por la parte actora-, en consecuencia, encuentra la Sala
adecuación típica entre la conducta reprochada y el tipo infractor descrito en la citada
norma.
Si bien, la actora sostuvo ser no contribuyente del impuesto sobre la renta, aduciendo
estar comprendida en los artículos 22 y 23 del ET, tal postura no era consistente con las
conductas por ella desplegadas, esto es, la identificación en el Rut como entidad del
régimen tributario especial, la presentación de la declaración con tal carácter y el
reconocimiento del beneficio neto o excedente en las actas de la entidad.
En consecuencia, no se vislumbra que la actuación enjuiciada se haya derivado del
equivocado convencimiento de estar amparado por la normativa fiscal que regula el
tema, de manera que los aspectos glosados como fueron la adición de ingresos,
rechazo parcial de la deducción y disminución de la renta exenta, no pueden atribuirse
a errores en la apreciación del derecho. No prospera el cargo.
Sin perjuicio de lo anterior, y acogiendo el principio constitucional de favorabilidad en
materia sancionatoria, la Sala disminuirá la sanción al 100% del mayor tributo
determinado, atendiendo lo decidido en esta providencia respecto de la deducción de la
depreciación, en la alícuota acreditada en el proceso. Por consiguiente la liquidación del
impuesto sobre la renta del período 2011, quedará así:
Concepto Liquidación privada Liquidación oficial Liquidación CE
Total patrimonio líquido $1.722.595.000 $1.722.595.000 $1.722.595.000
Ingresos brutos operacionales $7.831.563.000 $7.831.563.000 $7.831.563.000
Ingresos brutos no operacionales $287.925.000 $287.925.000 $287.925.000
Interés y rendimiento financiero $91.474.000 $542.347.000 $542.347.000
Total ingresos brutos $8.210.962.000 $8.661.835.000 $8.661.835.000
Total ingresos netos $8.210.962.000 $8.661.835.000 $8.661.835.000
Costo de venta (sist. Permanente) $683.276.000 $683.276.000 $683.276.000
Total costos $683.276.000 $683.276.000 $683.276.000
Gastos operacionales de administra. $6.760.649.000 $6.423.513.000 $6.539.647.000
Otras deducciones $78.573.000 $78.573.000 $78.573.000
Total deducciones $6.839.222.000 $6.502.086.000 $6.618.220.000
Renta líquida del ejercicio $688.464.000 $1.476.473.000 $1.360.339.000
Renta líquida $688.464.000 $1.476.473.000 $1.360.339.000
Total rentas exentas $521.204.000 $489.871.000 $489.871.000
Renta líquida gravable $167.260.000 $986.602.000 $870.468.000
Impuesto sobre la renta gravable $33.452.000 $197.320.000 $174.094.000
Impuesto neto de renta $33.452.000 $197.320.000 $174.094.000
Total impuesto a cargo $33.452.000 $197.320.000 $174.094.000
Total retenciones año gravable $31.332.000 $31.332.000 $31.332.000
Anticipo por año gravable siguiente $0 $0 $0
Saldo a pagar por impuesto $2.120.000 $165.988.000 $142.762.000
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00605-02 (26151)
Demandante: Sueje
Sanciones $0 $262.189.000 $140.642.0004
Total saldo a pagar $2.120.000 $428.177.000 $283.404.000
O total saldo a favor $0 $0 $0
De conformidad con la anterior liquidación, la Sala se modificará la providencia
impugnada, para declarar la nulidad parcial de los actos y declarar a título de
restablecimiento del derecho que, el valor a pagar por el impuesto sobre la renta del
período 2011 a cargo de la demandante será el determinado en la liquidación inserta en
esta providencia.
8- La Sala se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia, en tanto prosperó
parcialmente la demanda, conforme lo previsto en el artículo 365.5 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modifíquese los ordinales primero y segundo de la sentencia apelada, los cuales
quedarán así:
Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 162412015000018,
del 26 de marzo del 2015, junto con la Resolución nro. 002473, del 05 de abril del 2016.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declarar que el valor a pagar por el impuesto
sobre la renta del período 2011 a cargo de la demandante será el determinado en la liquidación
inserta en la parte considerativa de esta providencia.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
4
Sobre el mayor impuesto de $140.642.000, diferencia entre el valor declarado y el liquidado en esta instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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