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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06764-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06764-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al descanso del señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 2. En consecuencia, ordenar al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Presidencia de la República, que, según sus competencias, en el término un (1) mes, contado a partir de la notificación de esta decisión, adelante y culmine todas las actuaciones necesarias para designar en encargo o interinidad las funciones de la Notaría Setenta y Cinco (75) de Bogotá mientras designa en propiedad el cargo. 8 Corte Constitucional. Sentencia C-331 de 2023. 9 Corte Constitucional. Sentencia T-398 de 2013. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-06764-00 Demandante: Ramón Alberto Lozada de la Cruz 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06764-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06764-00
Demandante: Ramón Alberto Lozada de la Cruz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-06764-00
Demandante RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Mora administrativa. Reemplazo de notario. Derechos
al debido proceso, acceso a la pensión y descanso.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 3 de noviembre de 2023, el señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz interpuso
acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del
Derecho y la Superintendencia de Notariado y Registro, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la vida, salud, trabajo y debido proceso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental a la salud por conexidad con el derecho
fundamental a la vida, al derecho al trabajo y al derecho al debido proceso.

SEGUNDO: Ordenar a la Presidencia de la República y/o a quien corresponda, que
proceda a nombrar, a la mayor brevedad, al remplazo del suscrito para que se desempeñe
como Notario 75 del Círculo Notarial de Bogotá D.C».

2. Hechos

Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Desde el 16 de marzo de 2009, el señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz
funge como notario 75 del Círculo Notarial de Bogotá́ en propiedad.
2.2. El 26 de agosto de 2022 el señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz cumplió́
70 años. Por ese motivo, el 29 de agosto de 2022 aquel informó a la
Superintendencia de Notariado y Registro haber alcanzado la edad de retiro
forzoso dispuesta en el artículo 1º del Decreto 321 de 2017.
2.3. Mediante Decreto Nro. 2330 del 28 de noviembre de 2022, el Ministerio de
Justicia y del Derecho dispuso retirar del servicio al señor Ramón Alberto
Lozada de la Cruz por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.
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Demandante: Ramón Alberto Lozada de la Cruz

Sin embargo, con fundamento en el artículo 1501 del Decreto Ley 960 de 1970,
en la parte resolutiva de dicha decisión se indicó que el retiro solo se efectuaría
una vez su reemplazo asumiera el cargo y funciones de notario. Así se indicó
en el acto administrativo:

«Parágrafo. El señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz, no podrá separarse del desempeño
de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba remplazarlo ».

3. Fundamentos de la acción

El accionante sostuvo que la omisión por parte de la administración de llevar a cabo
su relevo como notario constituye una violación a sus derechos a la vida, salud,
trabajo y debido proceso.

Con respecto a sus derechos a la vida y a la salud, indicó que desde el año 2007
ha sufrido de tres infartos cardíacos, el primero el 9 de mayo de ese año, el segundo
el 1 de noviembre de 2013 y el tercero el 30 de octubre de 2022. El actor manifestó
que el último infarto le generó consecuencias graves, puesto que «disminuyó
considerablemente la Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo -FEVI-, la cual quedó en un
25%, lo que es indicativo de una insuficiencia cardiaca grave, lo que a su vez trajo como
consecuencia que pasé a ser un paciente del programa denominado "Falla Cardiaca" del
Hospital Universitario San Ignacio; además con el riesgo eventual de una muerte súbita y ad
portas de la colocación de un marcapasos». Añadió que el 5 de junio de 2023 se le
encontró un quiste en el riñón izquierdo y el 12 de septiembre de 2023 un aneurisma
aórtico abdominal.

Manifestó que por sus condiciones de salud, esto es insuficiencia cardíaca severa
e insuficiencia renal crónica, requiere de total disponibilidad de tiempo para poder
adelantar todos los tratamientos, exámenes de salud necesarios, pues de no
controlarse adecuadamente estas pueden desencadenar su fallecimiento. Además,
indicó que es su deseo desplazarse a territorios a nivel del mar, en los que pueda
culminar sus días.

Añadió que, aunque el relevo oportuno no necesariamente habría evitado las
consecuencias de la salud que ahora sobrelleva, lo cierto es que al menos habría
podido tener disponibilidad de tiempo para dedicarse a la prevención y al cuidado
de su salud.

De otra parte, manifestó que dentro del derecho al trabajo se encuentran las
garantías del descanso y del retiro laboral. Indicó que en su caso, comenzó a
trabajar desde el 1º de diciembre de 1972 cuando mediante el Decreto 2266 fue
ascendido al grado de teniente de corbeta de la Armada Nacional, de manera que
lleva más de cincuenta años de trabajo continuo. A su vez afirmó que, pese a cumplir
todas las normas y términos legales para retirarse definitivamente de su vida laboral,
la administración se obstina en obligarlo a continuar trabajando «como se dice
coloquialmente: quien sabe hasta cuándo».

En lo que concierne al derecho al debido proceso, resaltó que ha trascurrido más
de catorce meses sin que la Administración designe a una persona que lo reemplace
en su cargo de notario. Esto denota el desconocimiento de los términos de ley por
parte de esta última.

1 Decreto Ley 960 de 1970. Artículo 150. «El Notario no podrá separarse del desempeño de sus funciones
mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba remplazarlo».
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Finalmente, informó que el contrato de arrendamiento del local autorizado para
adelantar las actividades notariales se venció en el mes de agosto de 2022 e indicó
que para esa fecha ya tenía conocimiento que el inmueble en el cual se encuentra
ubicada la notaría iba a ser demolido para levantar una nueva construcción en el
segundo semestre de 2023.

Explicó que ante la necesidad y el apremio del arrendador de recibir el inmueble, y
dado que en noviembre de 2022 se expidió el Decreto 2330 de 2022 en el que se
dispuso su retiro del servicio, consideró como tiempo más que razonable y
prudencial seis meses para el nombramiento del nuevo notario.

Por ende, indicó que el 19 de diciembre de 2022 suscribió un acta de conciliación
con el arrendador, efectuada en la Notaría Veinte (20) de Bogotá, en la cual se
acordó que en caso de que los inmuebles arrendados no se entregaran al 30 de
junio de 2023 se pagaría a título de sanción un valor equivalente al doble del canon
de arrendamiento que se pagó hasta el 30 de junio antes citado. Aseguró que esas
«Sumas (…) se encuentran pendientes de liquidar con los propietarios del inmueble».

Finalmente, aseguró que tras varias solicitudes ante la Superintendencia de
Notariado y Registro se le comunicó que podía efectuar el traslado del local. Sin
embargo, el actor manifestó lo siguiente: «No tengo la disposición ni el sustento
económico para efectuar un traslado de la sede de la notaría con un costo mínimo de unos $100
millones de pesos. Necesito, antes de fallecer dejar arreglado mis obligaciones laborales,
fiscales, tributarias, y con los usuarios».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 14 de noviembre de 2023, el magistrado a quien inicialmente
se le repartió el asunto, con fundamento en el artículo 1º del Decreto 333 de
2021, dispuso remitir la acción a la oficina de reparto de los juzgados del
circuito de Bogotá, pues la tutela se interpuso contra entidades del orden
nacional, como la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y la
Superintendencia de Notariado y Registro.

4.2. En providencia de 28 de noviembre de 2023, el Juzgado Veinticuatro Civil del
Circuito de Bogotá declaró su falta de competencia, propuso conflicto al
respecto y remitió el expediente a la Corte Constitucional.

4.3. Mediante Auto 175 de 31 de enero de 2024, la Corte Constitucional dejó sin
efectos el auto del 14 de noviembre de 2023 y consecuentemente dispuso
remitir el expediente a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para
tramitarlo y adoptar la decisión.

4.4. Tras la remisión del asunto al Consejo de Estado, el 29 de febrero de 2024 el
consejero de Estado Milton Chaves García manifestó su impedimento para
conocer de la acción de tutela interpuesta, con fundamento en la causal
prevista en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Para sustentar lo anterior, explicó que al ser elegido el 26 de enero de 2024
como presidente del Consejo de Estado adquirió la condición de integrante del
Consejo Superior de la Carrera Notarial, de conformidad con lo establecido en
el artículo 164 del Decreto 960 de 1970.

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Sostuvo, entonces, que le asiste interés en el resultado de la presente acción
de tutela, dado que ese órgano tiene por función garantizar el sistema de
nombramiento de los notarios y la acción de tutela presentada, justamente,
tiene por objeto el nombramiento del notario 75 del Círculo Notarial de Bogotá
en reemplazo del señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz.

4.5. En auto de 13 de marzo de 2024, el despacho ponente declaró fundado el
impedimento manifestado por el consejero Milton Chaves García y, en
consecuencia, se le separó del conocimiento del presente asunto.
4.6. Mediante auto de 19 de marzo de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz contra el presidente
de la República y el Consejo Superior de la Carrera Notarial; se ordenó notificar
al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Superintendencia de Notariado y
Registro en calidad de terceros; y se dispuso efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.7. La Superintendencia de Notariado y Registro presentó informe en defensa
propia y representación del Consejo Superior de la Carrera Notarial.
La Superintendencia manifestó que su competencia se circunscribe a la
orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que
prestan los notarios y los registradores de instrumentos públicos. Asimismo,
sostuvo que le compete adelantar el trámite de carácter técnico y no decisorio
de los nombramientos de los notarios. Puntualmente, le corresponde la
emisión del concepto previo establecido en el artículo 1 del Decreto 2874 de
1994 y del concepto favorable, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
3 del artículo 25 del Decreto 2723 de 2014 y artículo 4 del Decreto 2817 de
1974.
Añadió que el numeral 8 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014 dispone
como función del despacho del Superintendente «8. Certificar la vacancia en las
notarías de primera categoría»; y el numeral 2 del artículo 25 de la norma en cita
señala que la Dirección de Administración Notarial deberá «2. Proyectar para la
firma del Superintendente de Notariado y Registro la certificación de la vacancia del cargo
de notario de primera categoría y expedir las certificaciones de vacancia para las Notarías
de segunda y tercera categoría».

En consecuencia, sostuvo que «a la Superintendencia de Notariado y Registro le
compete los asuntos estrictamente técnicos y administrativos relacionados con los
nombramientos de los notarios del país y el derecho de preferencia».

De otra parte, informó que la finalidad del Consejo Superior de Carrera Notarial
es garantizar y proteger el sistema de mérito en el nombramiento de los
notarios en propiedad, así como administrar la carrera notarial. A su vez,
adelanta el procedimiento operativo para que tal derecho pueda ser ejercido
por los notarios de carrera y consecuentemente las notarías vacantes sean
provistas en propiedad.
Por otro lado, indicó que según el artículo 5 del Decreto 2163 de 1970 «Los
notarios serán nombrados para período de cinco (5) años, así: Los de primera categoría
por el Gobierno Nacional; los demás, por los Gobernadores, Intendentes y Comisarios
respectivos. La comprobación de que se reúnen los requisitos exigidos para el cargo se
surtirá ante la autoridad que hizo el respectivo nombramiento, la cual lo confirmará una
vez acreditados».

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Por consiguiente, afirmó que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, como
órgano rector de la carrera notarial y los concursos de mérito, adelanta las
gestiones conducentes al nombramiento en propiedad, bien sea en virtud del
ejercicio del derecho de preferencia o con ocasión al concurso de notarios. De
ahí que su labor radica en solicitar al nominador correspondiente la expedición
del acto administrativo de nombramiento.

Seguido, explicó que con fundamento en el Decreto Ley 960 de 1970, la Ley
588 de 2000 y el Decreto 1069 de 2015 el nombramiento de los notarios se
puede efectuar en tres categorías: (i) en propiedad, ya sea en ejercicio del
derecho de preferencia o en virtud de un concurso de méritos; (ii) en encargo
(literal c del artículo 2.2.6.1.5.3.6. del Decreto 1069 de 2015); y (iii) en interinidad, cuando
el concurso sea declarado desierto mientras se hace el nombramiento en
propiedad, cuando la causa que motive el encargo se prolongue más de tres
meses, mientras esta subsista o se hace la designación en propiedad o por
falta absoluta del titular (inciso 2 del artículo 2 de la Ley 588 de 2000).

Asimismo, aseguró que para que la designación en interinidad o en encargo
se surta se debe atender lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2163 de
1970, es decir que el Gobierno Nacional y los gobernadores como
nominadores de los notarios en los círculos de primera, segunda y tercera
categoría deben remitir a la Superintendencia de Notariado y Registro la hoja
de vida y anexos correspondientes para la emisión del concepto previo, el
concepto favorable y el concepto emitido antes de la confirmación de los
nombramientos en propiedad. Por ende, sostuvo que «es el nominador natural a
quien le compete dar inicio a los trámites conducentes a los nombramientos en interinidad
o encargo en el círculo notarial correspondiente, atendiendo a la facultad discrecional de
designación que la ley le ha conferido».

En lo que respecta al caso del tutelante manifestó que, en cumplimiento del
numeral 8 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014, mediante oficio
SNR2022IE020224 de 15 de diciembre de 2022 la Dirección de Administración
Notarial remitió a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera
Notarial la certificación de vacancia de la Notaría Setenta y Cinco (75) del
Círculo Notarial de Bogotá; «notaría de primera categoría, en atención a que dicho
círculo notarial quedó vacante por el retiro forzoso del titular». Allí se informó que la
vacante debía ser provista en ejercicio del derecho de preferencia, de
conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 178 del Estatuto
del Notariado.

Informó que, consecuentemente, la vacancia de la Notaría Setenta y Cinco
(75) Notarial de Bogotá fue publicada el 21 de diciembre de 2022 y que se
dispuso que la etapa de presentación de solicitudes por parte de notarios de
carrera interesados en dicha vacante abarcaría del 22 de diciembre de 2022
al 2 de enero de 2023, siempre que cumplieran con los requisitos descritos en
el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.

Seguido, el 10 de abril de 2023 la Secretaría Técnica del Consejo Superior de
la Carrera Notarial publicó la certificación de vacancia de la Notaría Setenta y
Cinco (75) del Círculo Notarial de Bogotá, con el fin de que los notarios de
carrera interesados en ejercer el derecho de preferencia presentaran sus
solicitudes.

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Una vez finalizado el término para la recepción de solicitudes de preferencia,
el 10 de abril de 2023 la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera
Notarial procedió con la publicación de resultados del procedimiento
adelantado para proveer por preferencia en la Notaría Setenta y Cinco (75) del
Círculo Notarial de Bogotá. Allí se indicó que sería postulado el señor Henry
Cadena Franco, Notario Sesenta (60) del Círculo Notarial de Bogotá.

No obstante, indicó que el señor Alejandro Hernández Muñoz notario
Cincuenta y Cinco (55) del Círculo Notarial de Bogotá presentó observaciones
contra la anterior decisión. Por consiguiente, en sesión presencial del 29 de
mayo y que continuó virtualmente el 1, 2 y 5 de junio de 2023, el Consejo
Superior de la Carrera Notarial decidió lo siguiente:
«El Consejo Superior de la Carrera Notarial aprueba a la Secretaria (sic) Técnica del Consejo
Superior, continúe con los trámites de preferencia en las Notarías Catorce (14), Veintitrés (23),
Sesenta y Nueve (69) y Setenta y Cinco del Círculo Notarial de Bogotá, reconociéndole al
Doctor Alejandro Hernández Muñoz el puntaje obtenido en el concurso de 2010».

Sin embargo, informó que a través de comunicaciones de 5 de julio y 14 de
agosto la señora Janeth Patricia Rodríguez Ayala notaria Setenta y Uno (71)
del Círculo Notarial de Bogotá interpuso recurso de reposición frente a la
decisión antes descrita. En sesión del 28 de noviembre de 2023, el Consejo
Superior de la Carrera Notarial dispuso que no reponía la decisión antes
adoptada y, en consecuencia, concluyó que el puntaje a tener en cuenta para
los trámites de preferencia en los que participe el señor Alejandro Hernández
Muñoz sería el obtenido en el concurso de 2010.

Así las cosas, el 16 de enero de 2024 se publicó el resultado de la Notaría
Setenta y Cinco del Círculo Notarial de Bogotá, es decir que al señor Alejandro
Hernández Muñoz notario Cincuenta y Cinco (55) Notarial de Bogotá le asistía
el derecho a ser nombrado en aquella. Seguido, el 21 de febrero de 2024 se
envió oficio de postulación OAJ – 83 con radicado SNR2024EE002294 de 23
de enero de 2024. Sin embargo, mediante comunicación allegada el 25 de
enero de 2024 el señor Alejandro Hernández Muñoz manifestó desistir del
nombramiento.

Por consiguiente, el 6 de febrero de 2024 se remitió oficio de postulación OAJ
– 114 con radicado SNR2024EE004528 de 5 de febrero de 2024 al señor
Henry Cadena Franco, pues él es el notario que sigue en estricto orden
descendente de puntaje para proveer la vacante generada. Subrayó que a la
fecha este último no ha remitido correo aceptando o desistiendo frente a la
postulación.

Expuesto lo anterior, manifestó que de acuerdo con el artículo 150 del Decreto
Ley 960 de 1970 «El Notario no podrá separarse del desempeño de sus funciones
mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba remplazarlo». En concordancia
con dicha disposición normativa en el parágrafo del artículo primero del
Decreto 2330 de 28 de noviembre 2022 se estableció: «Parágrafo. El señor
Ramón Alberto Lozada de la Cruz, no podrá separarse del desempeño de sus funciones
mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba remplazarla».

La anterior implica que el señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz no puede
dejar de desempeñar sus funciones hasta que la persona designada para
reemplazarla haya asumido esa responsabilidad. El propósito de esta
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condición busca garantizar una transición pacífica y que la notaría no se quede
sin notario, a fin de que la prestación del servicio público notarial continúe con
normalidad.

Ahora bien, indicó que si una vez finalizado el término para la recepción de
solicitudes de preferencia no se radican más solicitudes por parte de los
notarios de carrera, y debido a que a la fecha no existe lista de elegibles
vigente (la última tuvo vigencia hasta el 3 de julio de 2018), le corresponde:
«a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial comunicarle esta
situación al señor Presidente de la República y al Director de Administración Notarial de la
Superintendencia de Notariado y Registro, indicándoles que de conformidad con lo establecido
en el artículo 5° del Decreto 2163 de 1970, corresponderá al Gobierno Nacional como
nominador natural de las notarías de primera categoría, efectuar un nombramiento con el fin
de dar continuidad a la prestación del servicio público notarial.
Entonces, de no existir solicitudes en ejercicio del derecho de preferencia frente a la Notaría
Setenta y Cinco (75) del Círculo Notarial de Bogotá, ni lista de elegibles vigente; de
conformidad con lo estipulado en el artículo 148 del Decreto 960 de 1970 en concordancia con
el artículo 2 de la Ley 588 de 2000, el nominador natural deberá designar un notario en
interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso con el fin de
garantizar la efectiva prestación del servicio público notarial».

En suma, manifestó que mientras se adelanta el procedimiento operativo para
el ejercicio del derecho de preferencia para la provisión en propiedad, le
corresponde al Gobierno Nacional como nominador de los notarios en los
círculos de primera categoría, remitir a la Superintendencia de Notariado y
Registro la hoja de vida y anexos correspondientes para la emisión del
concepto previo y el concepto favorable, para la designación en encargo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2163 de 1970.

Señaló que todas las notarías que han quedado vacantes desde el 13 de mayo
de 2022 han sido ofertadas a los notarios de carrera para el ejercicio del
derecho de preferencia. Esta gestión se ha efectuado como consecuencia del
fallo de 17 de marzo de 2022 proferido por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado en el proceso Nro. 11001-03-25-000-2017-00531-00,
en el cual se dispuso lo siguiente:
«Artículo Tercero.- Sin restablecimiento del derecho, según las razones esgrimidas en
precedencia; más se conmina al Consejo Superior de la Carrera Notarial, que no vuelva a
incurrir en violación al no reconocer el derecho de preferencia a un Notario de carrera, como
la de este caso»

Aseguró que dicha situación en la práctica ha generado una dificultad para
efectivizar el derecho de carrera, debido a que «todas las notarías vacantes deben
ofertarse y en la medida que exista un notario de carrera interesado en ser nombrado se debe
seguir con el trámite formando una cadena de nombramientos en propiedad hasta que en
alguna de las notarías no exista ningún interesado, donde se podrá realizar un nombramiento
en interinidad y con ello que la Superintendencia de Notariado y Registro proceda con las
entregas de todas la notarías previamente ofertadas en preferencia».

En consecuencia, informó que mediante oficio OAJ – 1666 /
SNR2023EE103938 del 27 de septiembre de 2023 la Secretaría Técnica del
Consejo Superior de la Carrera Notarial le comunicó al presidente de la
República las notarías que quedaron a su disposición, entre las que se
encuentra la Notaría Setenta y Cinco (75) del Círculo Notarial de Bogotá.

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Además, se le informó de la solicitud del reemplazo inmediato en el cargo ante
la imposibilidad de continuar en el cargo mientras se adelanta el procedimiento
operativo para el ejercicio del derecho de preferencia.

Por consiguiente, sostuvo que tanto la Superintendencia de Notariado y
Registro como el Consejo Superior de la Carrera Notarial han cumplido con el
trámite respectivo para el nombramiento del notario en la Notaría Setenta y
Cinco (75) del Círculo Notarial de Bogotá, con el fin de que se materialice el
retiro forzoso por edad cumplida.

Finalmente, aseguró que en el caso no existe vulneración al derecho al debido
proceso del actor, puesto que el accionante siempre tuvo conocimiento de los
trámites adelantados en el marco del derecho de preferencia al trámite que se
daría para su reemplazo. Igualmente, afirmó que tampoco existe vulneración
al derecho al trabajo del tutelante, porque aquel continúa prestando el servicio
notarial. Razón por la cual solicitó la declaratoria de improcedencia por la falta
de vulneración a derechos fundamentales.

4.8. El Ministerio de Justicia y del Derecho sostuvo que para que el señor
Ramón Alberto Lozada de la Cruz pueda apartarse del cargo de notario es
necesario efectuar el nombramiento en derecho de preferencia, trámite que es
adelantado por la Secretaría Técnica. Sin embargo, aseguró que esta última
aún no ha allegado un proyecto de decreto con el cual se designe un notario
en propiedad. Es decir, es la Superintendencia de Notariado y Registro la que
informa a quién se debe designar en ejercicio de derecho de preferencia, o en
la situación de que ningún notario se haya postulado para dicha notaría quién
será nombrado en encargo o en interinidad.

De otra parte, precisó que el ministro de Justicia y del Derecho, a pesar de ser
integrante y presidir el Consejo Superior de la Carrera Notarial, no tiene a su
cargo la representación judicial de los asuntos concernientes a este último.

Por otro lado, sostuvo que desde el 19 de octubre de 2022 ha procedido a
nombrar en aplicación del derecho de preferencia, de conformidad con las
decisiones adoptadas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial y con lo
dispuesto en el numeral 3° del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.

En cambio, explicó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 148
del Decreto Ley 960 de 1970, 67 del Decreto 2148 de 1983 y 2.2.6.1.5.3.7 del
Decreto 1069 de 2015, el nombramiento en interinidad se presenta en aquellos
eventos en que no se haya convocado a concurso, cuando una vez convocado
este haya sido declarado desierto, cuando la causa que motive el encargo se
prolongue más de tres meses mientras esta subsista o se haga la designación
en propiedad.

Finalmente, solicitó no conceder la solicitud de amparo constitucional elevada
por el accionante, puesto que su petición está surtiendo el trámite que
corresponde a este tipo de situaciones administrativas.

4.9. Mediante auto de 11 de abril de 2024, se ordenó notificar a la Presidencia de
la República, pues se advirtió que la notificación no se había efectuado
correctamente.

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4.10. La Presidencia de la República manifestó que el proceso para reemplazar
una notaría vacante implica la intervención de diversos órganos, cuya
participación varía según la modalidad elegida para llenar la vacante. En la
primera etapa del proceso, la Superintendencia de Notariado y Registro
desempeña un papel fundamental al liderar la fase inicial, encaminada a
satisfacer la necesidad de nombramiento. En caso de que la fase inicial no
culmine con éxito, corresponderá al Gobierno Nacional continuar con el
proceso de selección. Esta transición de responsabilidad, sostuvo, implica la
necesidad de una coordinación efectiva entre los distintos actores
involucrados.

Informó que mediante Acuerdo 026 del 30 de junio de 2016, el Consejo
Superior de la Carrera Notarial conformó una lista de elegibles para proveer a
nivel nacional la totalidad de las notarías que a la fecha se encontraran en
interinidad o encargo, las que se llegaren a crear durante el desarrollo del
concurso y la vigencia de la lista de elegibles, o las que resultaran vacantes
después del ejercicio de los derechos de carrera; lista de elegibles que tuvo
vigencia hasta el 3 de julio de 2018.

A su vez, señaló que mediante sentencia de 17 de marzo de 2022 la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en el expediente 11001-03-25-
000-2017-00531-00 conminó al Consejo Superior de la Carrera Notarial para
que no vuelva a incurrir en violación al no reconocer el derecho de preferencia
a un notario de carrera, cuando se genere la vacancia por el ejercicio previo
del derecho de preferencia.

Así las cosas, manifestó que el caso del tutelante aún está en la fase inicial,
en la cual es la Superintendencia de Notariado y Registro la que tiene
competencia para determinar el éxito de la fase o la necesidad de comunicar
al Gobierno Nacional que se proceda con otra modalidad de reemplazo.

Entonces, solo si no existen solicitudes en ejercicio del derecho de preferencia
frente a la Notaría Setenta y Cinco (75) del Círculo Notarial de Bogotá, ni lista
de elegibles vigente, corresponderá al nominador natural designar un notario
en interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo
concurso con el fin de garantizar la efectiva prestación del servicio público
notarial.

Una vez se culmine el anterior proceso que adelanta la Superintendencia y se
emita la comunicación sobre el resultado de dicha fase inicial, se procederá
como en derecho corresponda, con la finalidad que la vacante sea provista con
prontitud.

Ahora bien, sostuvo que de acuerdo con lo informado por la Superintendencia
tras el desistimiento del notario Cincuenta y Cinco (55) Notarial de Bogotá
Alejandro Hernández Muñoz quien se había postulado para la vacante del
tutelante, el 6 de febrero de 2024 se remitió oficio de postulación OAJ – 114
con radicado SNR2024EE004528 de 5 de febrero de 2024 al señor Henry
Cadena Franco notario Sesenta (60) del Círculo Notarial de Bogotá. Lo anterior
en razón a que este último es quien continúa por puntaje. Sin embargo, aquel
no ha remitido correo aceptando o desistiendo la postulación. Por lo tanto,
afirmó que el trámite de nombramiento aún se encuentra en la fase inicial y

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resaltó que a la fecha no se ha comunicado al Gobierno Nacional la necesidad
de proceder con otra modalidad de reemplazo.

En consecuencia, sostuvo que ha cumplido exhaustivamente con el riguroso
proceso de nombramiento de notarios, específicamente en el contexto de una
notaría de primera categoría. Todo el procedimiento se ha llevado a cabo de
manera meticulosa y conforme a las disposiciones legales establecidas.

Por lo expuesto, aseguró que de su parte no ha existido omisión alguna. Motivo
por el cual solicitó negar las pretensiones respecto de la Presidencia de la
República.
4.11. El 29 de abril de 2024, en virtud de la informalidad propia de la acción de tutela,
el despacho sustanciador se comunicó telefónicamente con el señor Ramón
Alberto Lozada de la Cruz, a fin de corroborar si aún continuaba
desempeñándose como notario Setenta y Cinco (75) de Bogotá. Aquel afirmó
que aún seguía ejerciendo tal cargo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y descanso del señor Ramón Alberto
Lozada de la Cruz, en razón a que aún no se ha designado a una persona para que
lo reemplace como notario de la Notaría Setenta y Cinco (75) del Círculo Notarial
de Bogotá.
De entrada, la Sala advierte el cumplimiento en el caso del requisito de
subsidiariedad, debido a que lo pretendido por el demandante no es la declaratoria
de nulidad del Decreto Nro. 2330 del 28 de noviembre de 2022, mediante el cual se
dispuso el retiro del servicio al señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz por
cumplimiento de la edad de retiro forzoso.
Al contrario, lo pretendido por este último es que se designe de manera pronta a su
reemplazo para apartarse de las funciones notariales y gozar de su derecho al
descanso. El cuestionamiento, entonces, gira en torno al tiempo que ha transcurrido
sin que haya sido designado su reemplazo.

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
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3. La mora administrativa
El artículo 29 de la Constitución Política establece que el derecho fundamental al
debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Así,
tal disposición constitucional prevé que toda persona tiene derecho a «un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas». En desarrollo de tal precepto la Corte
Constitucional ha señalado que una de las garantías que componen el debido
proceso administrativo es el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de
un tiempo razonable y sin dilaciones injustificadas o inexplicables3.
En consecuencia, se vulnera dicho elemento del debido proceso, trátese de un
proceso judicial o administrativo, cuando: «(i) el incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora
desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto,
la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global
de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora»4.

A su vez, sobre el plazo razonable la Corte Constitucional ha explicado que «se
refiere a que el proceso se tramite sin dilaciones injustificadas, donde la razonabilidad se
establece en cada caso particular y ex post, teniendo en cuenta los siguientes cuatro elementos:
“(i) la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la autoridad
competente; y (iv) la situación jurídica de la persona interesada”»5.

De igual forma, la ausencia de plazos legales no exime de responsabilidad a las
autoridades de resolver los asuntos que les son planteados dentro de términos
razonables, puesto que se tratan de actuaciones regidas por los principios de
eficacia, economía y celeridad previstos en el artículo 209 de la Constitución. En
estos eventos el juez deberá examinar las particularidades de cada caso para
determinar si la complejidad del asunto, el estado del procedimiento, el impulso del
interesado y la actividad de la entidad justifican o no la dilación.
4. Análisis del caso
4.1. Explicado lo anterior, la Sala considera que las autoridades accionadas han
trasgredido los derechos fundamentales al debido proceso del señor Ramón
Alberto Lozada de la Cruz como consecuencia de una mora injustificada en la
designación de una persona que lo reemplace en el cargo de notario Setenta
y Cinco (75) del Círculo Notarial de Bogotá.
La Sala encuentra que desde el acto de retiro del servicio del demandante
(Decreto Nro. 2330) proferido el 28 de noviembre de 2022 a la fecha en la que se
dicta esta providencia han pasado un (1) año, cinco (5) meses y cuatro (4) días
sin que se haya designado un reemplazo que le permita al demandante
separarse de las funciones notariales.
Es más, en estricto sentido, desde el momento en que el actor cumplió la edad
de retiro forzoso (26 de agosto de 2022) hasta la fecha ha pasado más de un (1)
año y ocho (8) meses; término que sin duda no solo desconoce los plazos
previstos en la norma especial de carrera notarial, pues el artículo 182 6 del

3 Corte Constitucional. Sentencia T-046 de 2023.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2006.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-046 de 2023.
6 Decreto 960 de 1970. Artículo 182: «RETIRO FORZOSO. El Notario que llegue a encontrarse en
circunstancia de retiro forzoso deberá manifestarla al funcionario que lo haya designado, tan pronto como
ella ocurra. El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, o de la Vigilancia Notarial,
o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal».
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Decreto 960 de 1970 (Estatuto Notarial) dispone que el retiro del notario que
alcance la edad forzosa debe realizarse dentro del mes siguiente a haber
alcanzado esa edad, sino también la noción de plazo razonable.
Sobre el tema, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha
señalado lo siguiente:
«(...) la interpretación sistemática de las normas que regulan el servicio notarial, especialmente
los artículos 137, 145, 147, 148, 150, 151, 182 y 190 del Decreto Ley 960 de 1970, en armonía
con el artículo 2º de la Ley 588 de 2000 y las correspondientes disposiciones reglamentarias,
permiten concluir con claridad que una vez producida la falta absoluta de un notario y la
vacante en la respectiva notaria, lo cual se genera, entre otras circunstancias, por la llegada
del notario a la edad de retiro forzoso (independientemente de un acto administrativo que así
lo declare), el Gobierno Nacional o los gobernadores, según corresponda, deben proceder a
retirar efectivamente al notario (si este no lo hace voluntariamente), en un plazo no superior a
un mes, y simultáneamente, proceder a nombrar a la persona que lo deba reemplazar, ya sea
en propiedad, o bien en interinidad, ora en encargo, según corresponda, sin que el artículo
150 del estatuto notarial constituya impedimento u obstáculo alguno para realizar dicha
actuación»7.

No se desconoce que la Superintendencia de Notariado y Registro acreditó
que el 6 de febrero de 2024, tras el desistimiento del notario Cincuenta y Cinco
(55) del Círculo Notarial de Bogotá Alejandro Hernández Muñoz, remitió al
señor Henry Cadena Franco, notario Sesenta (60) del Círculo Notarial de
Bogotá, la postulación para suplir la vacante en ejercicio del derecho de
preferencia disponible en la notaría presidida por el accionante. Sin embargo,
lo cierto es que ha transcurrido un término excesivo desde la fecha en que el
actor cumplió la edad de retiro forzoso sin que se haya logrado culminar el
trámite para nombrar a un reemplazo. A lo cual se suma que tras esa última
gestión realizada en febrero de 2024 no se acreditó haber efectuado diligencia
alguna.
Ahora bien, la Sala no desconoce que, por regla general y en atención al
mérito, la designación de la vacante que resulta del retiro del servicio del señor
Ramón Alberto Lozada de la Cruz debe realizarse en propiedad y que tal
circunstancia en la práctica podría tomar más del mes de que trata el artículo
182 del Decreto 960 de 1970 (Estatuto Notarial).
Sin embargo, no se puede pasar por alto que el régimen especial de carrera
notarial prevé diferentes formas de designación de notarios para asegurar la
continuidad en la prestación del servicio notarial: en propiedad (por lista de
elegibles vigente o en ejercicio del derecho de preferencia) , encargo o interinidad.

En efecto, el Decreto 960 de 1970 en el Capítulo III señala que ante el retiro
por alcanzar la edad de retiro forzoso lo procedente será que se designe
notario. El nombramiento puede hacerse en propiedad, por encargo o en
interinidad. Sobre cada una de esas modalidades de designación, el Decreto
960 de 1970 prevé:
«ARTÍCULO 146. <NOTARIO EN PROPIEDAD>. Para ser Notario en propiedad, se
requiere el lleno de los requisitos legales exigidos para la correspondiente categoría, y
además, haber sido seleccionado mediante concurso conforme a los artículos 172 y 174.
La designación en propiedad da derecho al titular a no ser suspendido ni destituido sino
en los casos y con las formalidades que determina el presente estatuto».

7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 8 de febrero de 2017. Radicado: 11001-
03-06-000-2017-00001-00 (2326). C.P. Álvaro Namén Vargas.
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«ARTÍCULO 148. <NOTARIOS INTERINOS>. Habrá lugar a designación en interinidad:
1. Cuando el concurso sea declarado desierto, mientras se hace el nombramiento en
propiedad;
2. Cuando las causa que motive el encargo se prolongue más de tres meses, mientras
ella subsista o se hace la designación en propiedad».
«ARTÍCULO 151. <NOTARIO ENCARGADO>. Cuando falte el Notario, la primera
autoridad política del lugar podrá designar un encargado de las funciones, mientras se
provee el cargo en interinidad o en propiedad según el caso».
«ARTÍCULO 152. <DURACIÓN DEL ENCARGO>. El encargo no podrá durar más de
noventa días y recaerá, de ser ello posible, en la persona que el Notario indique, bajo su
entera responsabilidad».

En este punto, conviene precisar que la Corte Constitucional, en Sentencia C-
741 de 1998 se pronunció sobre la exequibilidad de tales figuras de
nombramiento, en los siguientes términos:
«en nada viola la Constitución que la ley distinga entre los notarios en propiedad y aquellos
por encargo o interinos. Con todo, esta Corporación precisa que estas figuras son exequibles
en el sentido de que son mecanismos razonables para asegurar la continuidad de la función
notarial, pero que la Carta ha adoptado un modelo que privilegia la prestación de este servicio
por notarios en propiedad, nombrados por concurso, y que por ende hacen parte de la carrera
notarial. No otro es el sentido del mandato perentorio del artículo 131 superior sobre la
necesidad del concurso para proveer en propiedad el cargo de notario».

Lo anterior denota que mientras la vacante es provista en propiedad, en
ejercicio de las facultades nominadoras, las entidades demandadas pueden
válidamente designar un reemplazo en encargo o en interinidad para asegurar
la continuidad de la función notarial. De esta manera se garantiza tanto la
prestación del servicio como el debido proceso del actor.
Por consiguiente, se considera que el hecho de que haya transcurrido más de
un (1) año y ocho (8) meses desde que el accionante cumplió la edad de retiro
forzoso sin que se haya culminado el procedimiento para designar a un
reemplazo constituye una trasgresión al derecho al debido proceso del
accionante. Esto obedece a que se le ha sometido a una dilación excesiva que
supera con creces la noción de plazo razonable, pese a que el ordenamiento
jurídico consagra alternativas temporales para designar un relevo mientras se
logra el nombramiento en propiedad.
4.2. De otra parte, la Sala considera que la falta de designación de reemplazo del
demandante como notario Setenta y Cinco (75) del Círculo Notarial de Bogotá
afecta de manera grave y directa el derecho del señor Ramón Alberto Lozada
de la Cruz al descanso.
Sobre este último, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el descanso
constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en
condiciones dignas. Instrumentos internacionales ratificados por Colombia en
materia laboral y el artículo 53 de la Constitución Política, según el que el
derecho al descanso constituye una de las garantías fundamentales de los
trabajadores, dan cuenta de esto.
La Corte Constitucional ha precisado que el derecho al descanso no debe
comprenderse exclusivamente como el tiempo para el reposo y la reposición
de energía, sino como el espacio para de realización del ser humano más allá
del trabajo bien sea mediante pasatiempos o la concreción de un proyecto

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personal o familiar. Esta acepción del derecho al descanso es inmanente al
concepto de dignidad humana, de vivir bien y como se quiere8.
Por su parte, el derecho a la pensión de vejez también se interrelaciona con el
derecho al trabajo, dignidad humana, el mínimo vital y la seguridad social. En
términos de la Corte Constitucional, el derecho a acceder a la pensión, una
vez cumplidos la totalidad de los requisitos de ley, asegura «un descanso
“remunerado” y “digno”, fruto del esfuerzo prolongado durante años de trabajo, cuando en
la productividad laboral se ha generado una notable disminución»9.

Así las cosas, la mora excesiva en que han incurrido las autoridades
accionadas en el nombramiento de un reemplazo afecta los derechos
fundamentales al descanso del demandante, al no permitirle separarse de su
cargo y al posponer indefinida y excesivamente la posibilidad de gozar su
tiempo y energía como bien él desee.
No se justifica que, en razón a trámites administrativos, se dilate por un tiempo
excesivo el derecho al descanso de un adulto mayor que llegó a la edad de
retiro forzoso, que tiene a cuestas toda una vida de trabajo y quien además
padece de afecciones serias de salud. Menos aun cuando el ordenamiento
jurídico establece modalidades de nombramiento transitorias mientras que se
efectúa el nombramiento en propiedad, en privilegio del mérito.
5. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Presidencia de la
República incurrieron en mora en la designación de un reemplazo del demandante
y, esa mora, afecta los derechos fundamentales al debido proceso y al descanso
del demandante.
En consecuencia, se accederá al amparo solicitado y se le ordenará a dichas
autoridades adelantar y culminar las actuaciones necesarias para nombrar a un
reemplazo del señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz en el cargo de notario
Setenta y Cinco (75) de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al descanso del
señor Ramón Alberto Lozada de la Cruz, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
2. En consecuencia, ordenar al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la
Superintendencia de Notariado y Registro y a la Presidencia de la República,
que, según sus competencias, en el término un (1) mes, contado a partir de la
notificación de esta decisión, adelante y culmine todas las actuaciones
necesarias para designar en encargo o interinidad las funciones de la Notaría
Setenta y Cinco (75) de Bogotá mientras designa en propiedad el cargo.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-331 de 2023.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-398 de 2013.
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3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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