Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03896-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03896-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03896-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
20 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03896-00
Demandante: Wilmar Emilio David Jaramillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03896-00
Demandante: WILMAR EMILIO DAVID JARAMILLO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Entrega de notarías. Derechos de carrera notarial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Wilmar Emilio David Jaramillo, en
nombre propio, contra la Presidencia de la República y otros.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 26 de julio de 20241, en ejercicio de la acción de tutela Wilmar Emilio David Jaramillo,
en nombre propio, pidió la protección de su derecho fundamental de acceso a cargos
públicos.
A juicio de la parte actora, la vulneración de la garantía superior se presenta con ocasión
de la omisión de las autoridades accionadas de adelantar las actuaciones
correspondientes para que funja como notario tercero del círculo de Envigado.
2. Pretensiones
El demandante formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Tutelar mi derecho al acceso y desempeño de cargos públicos.
SEGUNDO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO y a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en cabeza del doctor
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, se sirvan expedir en forma inmediata el decreto de
nombramiento de quien ha de fungir como notario treinta y uno (31) de Medellín, a efectos de que la
doctora Paulina Gómez González haga entrega de su Despacho, me reciba la notaría primera de
Envigado y yo pueda recibir la notaría tercera de ese círculo.
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el proceso, la Sala destaca los siguientes
hechos relevantes:
A través de comunicación del 27 de enero de 2023, la Superintendencia de Notariado y
Registro le informó al accionante (quien funge como notario primero del círculo de
Envigado) que podía postularse para ser titular de la Notaría Tercera de dicho municipio.
El 1º de febrero de 2023, el demandante se postuló, pero como no allegó toda la
documentación requerida, el 13 y 24 de los mismos mes y año la Secretaría Técnica del
1 Índice 1 de Samai.
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Consejo Superior de Carrera Judicial lo requirió para que la complementara, lo cual hizo
ese mismo día mediante correo electrónico.
El 1° de junio de 2023 Wilmar Emilio David Jaramillo promovió acción de tutela contra
la Presidencia de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro (a la que
se le asignó el número de radicación 11001-03-15-000-2023-02942-00), con el
propósito de que se les ordenara nombrarlo como notario tercero del círculo de
Envigado, asunto constitucional asignado al Consejo de Estado, Sección Cuarta.
Durante el trámite de la aludida acción, la parte allí demandada allegó copia del Decreto
1106 de 4 de julio de 2023, mediante el cual el presidente de la República nombró al
tutelante como notario 3º del círculo de Envigado (lo que fue confirmado por la
Superintendencia de Notariado y Registro, con Resolución 7426 de 18 de julio de 2023),
motivo por el cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
El 27 de julio de 2023 el gobernador de Antioquia posesionó al accionante como notario
3º del círculo de Enviado y ese mismo día la Superintendencia de Notariado y Registro
le envió el oficio SNR2023EE082763, que informó las exigencias que debía cumplir para
que le fuera entregada la respectiva notaría. Los documentos requeridos fueron
remitidos el 4 de septiembre de 2023 al director de gestión notarial del referido ente
estatal.
El 2 de octubre de 2023 el actor le pidió a la Superintendencia de Notariado y Registro
que adelantará las diligencias pertinentes para que le fuera entregada la Notaría Tercera
del Círculo de Envigado, solicitud desatada el 19 de los mismos mes y año, en el sentido
de señalarle que lo deprecado estaba condicionado a la designación de su reemplazo
en la Notaría Primera del aludido municipio.
Paulina Gómez González, quien se desempeña como notaria 31 del círculo de Medellín,
promovió acción de tutela (acumulada en el expediente 11001-03-15-000-2024-00664-
00), con el propósito de que se ordenara nombrarla en la notaría primera del círculo de
Envigado.
Durante el trámite del amparo el presidente de la República, a través del Decreto 202
del 20 de febrero de 2024, la nombró en el mencionado cargo, motivo por el cual el 6
de mayo de 2024 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado.
No obstante, en esa decisión el alto tribunal contencioso-administrativo exhortó al
presidente de la República y al Ministerio de Justicia y del Derecho para que designara
el reemplazo de la señora Gómez González en la Notaría 31 del Círculo de Medellín y
así pudiera fungir como notaria primera del círculo de Envigado.
El nombramiento de Paulina Gómez González fue ratificado por la Superintendencia de
Notariado y Registro, con Resolución 2059 de 29 de febrero de 2024, por lo que se
posesionó el 6 de marzo del año en curso ante el gobernador de Antioquia.
4. Fundamentos de la tutela
El actor sostiene que no se le ha entregado la Notaría Tercera del Círculo de Envigado,
porque para ello a Paulina Gómez González (quien fue designada en la Notaría Primera
del Círculo de Enviado) se le debe de asignar un reemplazo en la Notaría 31 del Círculo
de Medellín, y ello no ha ocurrido, lo que vulnera su derecho fundamental de acceso a
cargos públicos.
Que el alcalde de Medellín es el llamado a nombrar un notario de manera temporal en
la Notaría 31 del Círculo de esa ciudad, en cumplimiento del artículo 151 del Decreto
960 de 1970.
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Señaló que el «token» que adquirió para desempeñarse como notario tercero del círculo
de Envigado ya casi caduca y no lo ha utilizado. Además, el que compró para la Notaría
a su cargo está por expirar, por tanto, debe adquirir otro si no es designado prontamente
en la Notaría Tercera del Círculo de Envigado.
Que a pesar de que en la sentencia de 6 de mayo de 2024 el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, exhortó a las precitadas autoridades para que
designaran el reemplazo de Paulina Gómez González, ello no ha acontecido.
5. Trámite procesal
Por auto del 2 de agosto de 2024, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a las autoridades accionadas y vincular
como terceros con interés a Paulina Gómez González, al alcalde de Medellín y a
Fernando Rodríguez Olmos, quien se desempeña como notario tercero del círculo de
Envigado.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 8 de
agosto de 2024.
El 9 de septiembre de 2024, el magistrado Milton Chaves García manifestó que estaba
impedido para conocer del asunto, de conformidad con la causal contemplada en el
numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto fue elegido el
23 de enero de 2024 como presidente del Consejo de Estado y adquirió la condición de
integrante del Consejo Superior de la Carrera Notarial.
Que, en los términos del artículo 164 del Decreto 960 de 1970, ese órgano tiene por
función garantizar el sistema de nombramiento de los notarios y, como la acción de
tutela presentada tiene por objeto la designación del reemplazo de Paulina Gómez
González, quien se desempeña como notaria 31 del círculo de Medellín (para que se
puedan entregar las notarías primera y tercera del círculo de Envigado), le asiste interés
en el resultado de la acción de tutela.
6. Intervenciones
La Alcaldía de Medellín adujo que carecía de legitimación en la causa por pasiva, dado
que no tenía competencia para satisfacer las pretensiones del demandante y no había
incurrido en acción u omisión alguna que quebrantara derechos fundamentales del
tutelante.
El Ministerio de Justicia y del Derecho afirmó que adelantó las actuaciones que le
correspondían para designar al tutelante como notario tercero del círculo de Envigado y
que derivaron en que ello aconteciera. Además, la Superintendencia de Notariado y
Registro es la llamada a disponer la entrega de la notaría al actor, pero para eso es
necesario que a su reemplazo (Paulina Gómez González) le sea recibida la notaría 31
del círculo de Medellín, lo cual no ha acontecido.
Que la tutela de la referencia deviene en improcedente, comoquiera que no se constata
la exigencia de un perjuicio irremediable, ya que el accionante sigue desempeñándose
como notario primero del círculo de Envigado, por tanto, no se encuentra frente a una
situación de vulnerabilidad que impongan adoptar medidas urgentes en este trámite
constitucional.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República pidió que se
declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad2,
2 No identifica cuál es el mecanismo idóneo y eficaz
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no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable y en la actualidad se surte
el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico para la entrega de las notarías
a las que hace mención el demandante, en el cual, dice, intervienen varias entidades.
La Superintendencia de Notariado y Registro indicó que son a «los nominadores» a
quienes les corresponde designar en interinidad a los notarios cuando exista vacancia de
ellos, conforme al artículo 2º de la Ley 588 de 2000, y el trámite para ello está regulado
en el Decreto 2163 de 1970. Además, el artículo 5º del Decreto 2163 de 1970 establece
que el Gobierno Nacional es el encargado de nombrar a notarios, por tanto, es el llamado
a adoptar las medidas necesarias para asegurar que al accionante le sea entregada la
notaría tercera del círculo de Envigado.
Que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor, dado que actualmente se
desempeña como notario, por tanto, no se le ha impedido acceder a cargos públicos.
Además, «una vez finalizado el término para la recepción de solicitudes de preferencia en la
Notaría Treinta y Uno (31) del Círculo Notarial de Medellín – Antioquia se pudo evidenciar que
NO se presentaron solicitudes por parte de los notarios de carrera», por lo que «de conformidad
con lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2163 de 1970, corresponderá al Gobierno
Nacional como nominador natural de las notarías de primera categoría, efectuar un
nombramiento con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio público notarial».
Paulina Gómez González afirmó que, a pesar de ser nombrada y ratificada como notaria
primera del círculo de Envigado, no ha podido desempeñarse como tal porque aún no se
ha designado su reemplazo en la Notaría 31 del Círculo de Medellín, a pesar de haber
trascurrido más de 6 meses, lo que le ha impedido materializar «su proyección en el plano
profesional».
Fernando Rodríguez Olmos, quien funge como notario tercero del círculo de Envigado,
señaló que la acción de tutela de la referencia no cumple la exigencia de procedibilidad
de subsidiaridad, toda vez que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.
Que cumple con los requisitos para desempeñarse como notario y no es dable nombrar
en el cargo que ocupa al tutelante, comoquiera que contra el acto administrativo que lo
designó promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue
admitida el 13 de diciembre de 2023 por el Juzgado 23 Administrativo de Medellín.
Indicó que en la actualidad no hay una lista de elegibles vigente que deba ser utilizada en
la designación del titular de la notaría que preside y tampoco existe un «procedimiento
operativo del derecho de preferencia», pues el anterior «fue revocado por el Consejo Superior
de la Carrera Notarial el 20 de mayo de 2024».
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestiones previas.
1.1 Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional3 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
3 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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En el presente asunto, la alcaldía de Medellín indicó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, ya que carece de competencia para atender las pretensiones
formuladas en la acción de tutela de la referencia y no ha vulnerado derecho
fundamental alguno del actor.
No obstante, la Sala precisa que la vinculación de esa autoridad al trámite constitucional
fue en calidad de tercero con interés, porque el demandante indicó en el escrito de tutela
que era su alcalde el encargado de designar al reemplazo de Paulina Gómez González
en la Notaría 31 del Círculo de Medellín, para que ella pudiera recibirle la Notaría
Primera del Círculo de Envigado y él lograra acceder a la Tercera de ese municipio,
situación que justifica su comparecencia en este asunto constitucional e impide
desvincularla.
1.2 Sobre la manifestación de impedimento
Los impedimentos son instrumentos procesales que permiten garantizar la protección
de los principios de independencia e imparcialidad del juez, los cuales, a su vez, hacen
parte del derecho fundamental al debido proceso y constituyen pilares esenciales de la
administración de justicia.
La independencia hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia
no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones o exigencias que
interfieran en su juicio. La imparcialidad, por su parte, se predica del derecho a la
igualdad de todas las personas ante la ley. De ahí que se trate de un asunto de índole
moral y ética, así como de responsabilidad judicial4.
El numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal establece como causal
de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente
suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal.
Sobre esa causal de impedimento, la Corte Constitucional5 ha señalado que:
Dicha causal se sustenta en la utilidad, provecho o menoscabo que la decisión del proceso le
representa a quien ejerce la función jurisdiccional o a sus parientes más cercanos.
Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que la palabra
“interés” se refiere a la “(…) expectativa manifiesta por la posible utilidad o menoscabo, no sólo de
índole patrimonial sino también intelectual o moral, que la solución del asunto en una forma
determinada acarrearía al funcionario judicial o a sus parientes cercanos, y que, por aparecer
respaldada en serios elementos de juicio, compromete la ponderación e imparcialidad del juzgador,
tornando imperiosa su separación del proceso”.
Asimismo, el Consejo de Estado estableció que el interés en el proceso puede ser: i) directo cuando
los efectos de la sentencia cobijan personalmente al juez; o, ii) indirecto, en el evento en que la
sentencia definitiva proferida en el proceso de conocimiento del juez puede servir de precedente
jurisprudencial –favorable o desfavorable-, para futuras demandas, lo que le representa un beneficio
o utilidad mediata. De igual manera, esa Corporación ha considerado que la configuración de la
causal en cita requiere que se trate de un interés particular, personal, cierto y actual, que permita
una relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento y genere la imposibilidad de una
decisión imparcial.
En relación con ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la configuración
de esta causal está condicionada a que el interés sea directo y actual. El primero de estos
presupuestos, se refiere a que el juzgador obtenga para sí o para los suyos, una ventaja o provecho
de tipo patrimonial, intelectual o moral. El segundo, consiste en que el beneficio se encuentre latente
o sea concomitante al momento de proferir una decisión, razón por la que no puede fundarse en
hechos pasados ni futuros.
4 Sentencia C-365 de 2000.
5 Auto A-073 de 2020
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8. En este orden de ideas, la causal de impedimento establecida en el numeral 1º del artículo 56
de la Ley 906 de 2004, (i) puede operar directa o indirectamente mediante el beneficio o interés de
personas muy cercanas al funcionario judicial; y (ii) debe ser actual y subjetiva para que pueda
configurarse.
En el caso concreto, está probado que el magistrado Milton Chaves García, en calidad
de presidente del Consejo de Estado, integra el Consejo Superior de la Carrera Notarial.
Ahora, el Acuerdo No. 1 de 20206 señala cuál es la naturaleza, finalidad y funciones del
Consejo Superior de la Carrera Notarial, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 1o. NATURALEZA JURÍDICA Y FINALIDAD DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
CARRERA NOTARIAL. El Consejo Superior de la Carrera Notarial es un organismo de naturaleza
legal, colegiado y autónomo, que dirige y administra la Carrera Notarial y los Concursos de Méritos
para el ingreso de los notarios a la misma. Como órgano rector su finalidad es garantizar,
propender y proteger el sistema de mérito en el nombramiento de los notarios en propiedad,
conforme a lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 164 del decreto-ley 960 de 1970, la ley 588 de 2000, el decreto número 2148 de 1983 y
demás normas concordantes.
ARTÍCULO 4o. FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL. Son
funciones del Consejo, las siguientes:
a) Establecer las reglas específicas de cada concurso de méritos para el ingreso a la Carrera
Notarial;
b) Convocar y realizar los concursos de méritos para el ingreso a la Carrera Notarial;
c) Adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los concursos de mérito, de oficio
o a petición de parte. Lo anterior, con el fin de observar su adecuación al principio de selección
objetiva, que de no cumplirse implicará la suspensión preventiva de los mismos;
d) Invitar o convocar a las Universidades con acreditación vigente expedida por el Ministerio de
Educación, para que funjan como operador logístico dentro del concurs o de mérito, de
conformidad con lo establecido en la ley;
e) Autorizar la contratación con la universidad seleccionada como operador logístico del Concurso;
f) Realizar las entrevistas de conformidad con lo establecido por la ley. En virtud de ello, el Con sejo
Superior determinará con antelación el nombre de los jurados que llevarán a cabo cada entrevista
en particular y ordenará las publicaciones respectivas, las cuales serán establecidas en el
cronograma de cada concurso de méritos;
g) Conformar, organizar y entregar a los nominadores las listas de elegibles para los
nombramientos de notarios en propiedad;
h) Resolver las peticiones, recursos y solicitudes de revocatoria directa relacionadas con las
competencias del Consejo Superior de la Carrera Notarial;
i) Definir los lineamientos para el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial del Consejo
Superior de la Carrera Notarial, que se hará a través de su Secretaría Técnica;
j) Conocer y resolver los impedimentos y recusaciones que se formulen contra s us integrantes, de
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo;
k) Expedir instrucciones para la correcta aplicación de las normas que regulan la Carrera Notarial;
l) Establecer los procedimientos relativos al ejercicio de los derechos que se desprenden del
ingreso a la Carrera Notarial, de acuerdo con la Constitución y la ley;
m) Solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro la asignación de los recursos
necesarios para realizar los concursos;
n) Elaborar los programas y cronogramas de trabajo del Consejo Superior;
o) Adoptar, interpretar y modificar sus reglamentos;
p) Aprobar de manera virtual o presencial las actas de sus sesiones dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su recepción;
q) Las demás que le atribuya la ley.
Lo anterior quiere decir que, en efecto, el Consejo Superior de la Carrera Notarial tiene
funciones relacionadas con la dirección y administración de la carrera notarial.
Ahora, como la acción de tutela está directamente relacionada con la carrera notarial y
la necesidad de designar un reemplazo para el cargo de Notario 31 del Círculo de
Medellín, la Sala estima que se configura la causal de impedimento invocada, porque
podría intervenir en el procedimiento de reemplazo de notario.
6 Por el cual se adopta el reglamento del Consejo Superior de la Carrera Notarial .
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Siendo así, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el magistrado
Milton Chaves García7. Por lo tanto, queda separado del conocimiento del asunto de la
referencia.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Wilmar
Emilio David Jaramillo, con el propósito de ordenar que se designe al reemplazo de
Paulina Gómez González en la Notaría 31 del Círculo de Medellín, en aras de que ella
le reciba la Notaría Primera del Círculo de Envigado y él pueda asumir la Tercera de
este municipio.
La Sala anticipa que denegará las pretensiones del tutelante pues la omisión de designar
el reemplazo de Paulina Gómez González en la Notaría 31 del Círculo de Medellín no
afecta sus derechos de la carrera notarial. En la actualidad el accionante se desempeña
como notario primero del Círculo de Envigado mientras se adelantan los trámites para
designar su reemplazo y no se acredita la existencia de un perjuicio irremediable que
haga necesario acceder a las súplicas formuladas en este trámite constitucional.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la carrera
notarial y la designación de notarios en el país y (ii) analizará el caso concreto.
3. La carrera notarial y la designación de notarios en el país
La actividad notarial está definida en el artículo 1º del Decreto 960 de 19708 como
aquella mediante la cual se «otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el
Notario y a lo que este exprese respecto de los hechos percibidos por él en el ejercicio de sus
funciones», y quienes la ejercen se denominan notarios, quienes son particulares que
ejercen funciones públicas, en virtud de la figura de la descentralización por
colaboración9.
Los artículos 145 del Decreto 960 de 1970 y 2.2.6.1.5.3.6 del Decreto 1069 de 201510
establecen los tipos de vinculación de los notarios, a saber, (i) en propiedad, que
acontece cuando se supera un concurso de méritos, (ii) en encargo, que procede para
«suplir faltas del titular» de la notaría, y (iii) en interinidad, que ocurre cuando: a) no se ha
surtido el procedimiento de selección, b) se realiza un encargo superior a 3 meses o c)
hay «falta absoluta del titular».
Ahora bien, la primera de las mencionadas formas de designación de los notarios se
sustenta en el artículo 146 del Decreto 960 de 1790, que establece que se hará a través de
concurso de méritos, lo que asegura que quien tenga esa condición cuente con las
calidades necesarias para desempeñarse como tal11, finalidad plausible que fue elevada a
rango constitucional, por conducto del artículo 13112 superior.
Una de las prerrogativas que tienen quienes ingresan a la carrera notarial, es el
denominado «derecho de preferencia» contemplado en el artículo 178 del Decreto 960 de
1970, que consiste en poder ser designado «a solicitud propia [en] otra Notaría de la misma
categoría [de la que es titular y] que se encuentre vacante». Para ello, debe certificarse la
7 En un caso similar, por auto del 13 de marzo de 2024, también fue declarado fundado el impedimento manifestado
por el magistrado Milton Cháves García. Exp. 11001-03-15-000-2023-06764-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
8
«Por el cual se expide el estatuto del Notariado».
9 Corte Constitucional, sentencia C-1040 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho».
11 Sentencia C-177 de 2009, M. P. Clara Elena Reales Gutiérrez.
12 «Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del
régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino
a la administración de justicia.
El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso […]».
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vacante, con el fin de que aspiren a ella los notarios en propiedad que deseen ser
nombrado allí.
Cabe anotar que cuando la vacante corresponde a una notaría de primera categoría, el
encargado de certificarla es el superintendente de notariado y registro, conforme al numeral
8 del artículo 1313 del Decreto 960 de 1970, y para las demás categorías, esa función le
compete a la Dirección de Administración Notarial de la Superintendencia de Notaria y
Registro, de acuerdo con el artículo 25, numeral 214, ibidem.
Luego de cumplirse el estudio de los respectivos requisitos, se le informara al aspirante
para que dentro de los 3 días siguientes acepte o rechace la postulación (artículo
2.2.6.3.3.3 del Decreto 1069 de 201515). Si decide aceptarla, se realizará el
nombramiento respectivo, el cual le compete al Gobierno Nacional si el notario es de
primera categoría o a los gobernadores para los demás, el cual debe ser ratificado por
la Superintendencia de Notariado y Registro o las primeras autoridades de los
departamentos, en su orden, de acuerdo con el artículo 2.2.6.1.5.3.1 16 ibidem.
No obstante, «[e]l Notario no podrá separarse del desempeño de sus funciones mientras no
se haya hecho cargo de ellas quien deba remplazarlo»17, premisa en virtud de la cual el
notario solo podrá fungir como tal en la notaría en que fue designado en virtud del
derecho de preferencia, solo cuando en la que ocupa se nombre a su sucesor.
Ahora bien, una de las formas a través de las que es dable designarle el reemplazo a
un notario que ha hecho uso del derecho de preferencia, es el nombramiento en
interinidad, el cual lo debe hacer el Gobierno Nacional (presidente de la República y el
Ministerio de Justicia y del derecho18) si aquel es de primera categoría o los gobernados
para las demás, tal como lo señala el artículo 5º del Decreto 2163 de 1970.
4. Caso concreto
Al analizar las pruebas que reposan en el expediente de la referencia, la Sala advierte
que el actor funge como notario en propiedad en la Notaría Primera del Círculo de
Envigado y aspiró por derecho de preferencia a la Tercera de ese municipio.
Luego de surtirse el trámite administrativo correspondiente, mediante Decreto 1106 de
4 de julio de 2023 el Gobierno Nacional nombró al demandante como notario tercero del
círculo de Envigado, designación que ratificó la Superintendencia de Notariado y
Registro, con Resolución 7426 de 18 de julio de 2023, motivo por el cual se posesionó
el 27 siguiente ante el gobernador de Antioquia.
No obstante, el tutelante no ha podido asumir la Notaría Tercera del Círculo de Envigado
en atención al artículo 15019 del Decreto 960 de 1970, pues no ha podido entregar su
notaría actual a Paulina Gómez González, quien fue designada como su reemplazo y
está a cargo de Notaría 31 del Círculo de Medellín, en la que no se ha nombrado a un
nuevo notario.
13 «Son funciones del Despacho del Superintendente, las siguientes:
[…]
8. Certificar la vacancia en las Notarías de primera categoría».
14 «Son funciones de la Dirección de Administración Notarial, las siguientes:
2. Proyectar para la firma del Superintendente de Notariado y Registro la certificación de la vacancia del cargo de
notario de primera categoría y expedir las certificaciones de vacancia para las Notarías de segunda y tercera
categoría».
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«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho».
16 «La Superintendencia de Notariado y Registro confirmará los notarios de círculos de la primera categoría y los
gobernadores, los de la segunda y tercera […]».
17 Artículo 150 del Decreto 960 de 1970.
18 Artículo 115 de la Constitución Política: «[…] El Presidente y el ministro o director de departamento
correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno […]».
19 «[e]l Notario no podrá separarse del desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien
deba remplazarlo».
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03896-00
Demandante: Wilmar Emilio David Jaramillo
En la solicitud de amparo el demandante pide que se ordene nombrarle el reemplazo a
Paulina Gómez González en la Notaría 31 del Círculo de Medellín, con el fin de que ella
pueda recibirle la Notaría Primera del Círculo de Antioquia y posteriormente asumir la
Tercera de ese municipio.
Ahora bien, al decidir la acción de tutela 11001-03-15-000-2024-00664-00, en la que
actuó como demandante Paulina Gómez González, mediante sentencia de 6 de mayo
de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado e indicó que, con fundamento en el recuento
normativo efectuado en precedencia, que «la Superintendencia de Notariado y Registro
debe certificar la vacancia de la respectiva notaría y remitir a la Secretaría Técnica del Consejo
Superior de la Carrera Notarial dicha certificación para que esa entidad adelante un
procedimiento operativo desde la publicación de la vacancia hasta la comunicación dirigida al
nominador correspondiente».
Por su parte, en la contestación de la tutela la Superintendencia de Notariado y Registro
adujo que su director de administración notarial fue enterado por la Secretaría Técnica
del Consejo Superior de la Carrera Notarial que «una vez finalizado el término para la
recepción de solicitudes de preferencia en la Notaría Treinta y Uno (31) del Círculo Notarial de
Medellín – Antioquia se pudo evidenciar que NO se presentaron solicitudes por parte de los
notarios de carrera», por lo que «de conformidad con lo establecido en el artículo 5° del Decreto
2163 de 1970, corresponderá al Gobierno Nacional como nominador natural de las notarías de
primera categoría, efectuar un nombramiento con el fin de dar continuidad a la prestación del
servicio público notarial».
En atención a lo anterior, se evidencia que el tutelante se desempeña como notario
primero del círculo de Envigado y accedió a ese cargo en virtud del derecho de
preferencia de que trata el artículo 178 del Decreto 960 de 1970, situación de la que se
colige que sus derechos de carrera notarial se han garantizado, de ahí que no sea dable
atribuirle a los demandados afectación de la garantía superior invocada en el escrito de
tutela (acceso a cargos públicos).
Asimismo, se observa que se surten los trámites administrativos correspondientes para
designar el reemplazo de Paulina Gómez González en la Notaría 31 del Círculo de
Medellín, con lo que ella podría recibirle al actor la Notaría Primera del Círculo de
Envigado para que él asuma la Tercera de ese municipio, de manera que no se
evidencia negligencia por parte de las autoridades accionadas reprochable en esta
instancia judicial.
Por último, como el actor funge como notario primero del círculo de Envigado no se
advierte una situación que involucre un perjuicio irremediable que haga imperioso
acceder al amparo deprecado.
No se desconoce que en sentencia de 18 de abril de 2024 la Sala, al decidir la acción
de tutela 11001-03-15-000-2023-07001-01, realizó un análisis de fondo y ordenó
designar al reemplazo del allí demandante, quien se desempeñaba como notario 43 del
círculo de Bogotá y había alcanzado la edad de retiro forzoso, sin embargo, los
supuestos fácticos allí debatidos son disímiles a los del expediente de la referencia,
situación que impide en este trámite adoptar una decisión en el mismo sentido.
Así las cosas, como se constata que los derechos fundamentales del actor no son
vulnerados por las autoridades accionadas, dado que en la actualidad se desempeña
como notario, se están adelantado los trámites pertinentes para designar al reemplazo
de Paulina Gómez González en la Notaría 31 del Círculo de Medellín, conforme lo
señaló la Superintendencia de Notariado y Registro en la contestación de la tutela, y no
se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable, la Sala denegará el amparo
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03896-00
Demandante: Wilmar Emilio David Jaramillo
deprecado20.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Milton Chaves
García, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Denegar la solicitud de desvinculación de la alcaldía de Medellín, de acuerdo con
la motivación.
3. Denegar las pretensiones de Wilmar Emilio David Jaramillo formuladas en la
acción de tutela de la referencia, de acuerdo con la parte motiva.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
20 La Sala no desconoce que en sentencia de 18 de abril de 2024 la Sala, al decidir la acción de tutela 11001-03-
15-000-2023-07001-01, realizó un análisis de fondo y ordenó designar al reemplazo del allí demandante, quien se
desempeñaba como notario 43 del círculo de Bogotá y había alcanzado la edad de retiro forzoso, sin embargo, los
supuestos fácticos allí debatidos son disímiles a los del expediente de la referencia, situación que impide en este
trámite adoptar una decisión en el mismo sentido. Máxime cuando en ese caso estaba probada la posible
configuración de un perjuicio irremediable
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